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Reciben familias los cuerpos de 5 desaparecidos que estuvieron 3 años en la morgue de la capital

 

Familiares de cinco desaparecidos de los municipios de Chilapa, Zitlala y Atlixtac recibieron ayer los restos de sus parientes identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que hizo los estudios de ADN en marzo y en septiembre del año pasado.
Personal del EAAF tomó muestras a 34 familias de igual número de personas desaparecidas para la confronta de datos con los cadáveres que están en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo.
Con los resultados entregados el 11 y el 12 de junio fueron identificadas 6 víctimas de esos tres municipios, desaparecidas desde finales de 2015.
Mientras tanto los familiares de una sexta persona se rehusaron a recibir sus restos por la falta de apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para pagar los gastos funerarios.
Los familiares reclamaron la entrega de los restos a la Fiscalía General del Estado (FGE) con el apoyo del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y aproximadamente a las 5 de la tarde recibieron lo que quedaba de sus familiares, tras más de tres años depositados en el Semefo porque la FGE no hacía los estudios y la confronta de datos para su identificación.
“No son cuerpos los que están recibiendo los familiares, son restos por la negligencia tanto de la Procuraduría General de la República (PGR) como de la Fiscalía. Los cuerpos fueron localizados desde el 5 de enero del 2016, apenas pocos días después de su desaparición, y si las instituciones hubieran realmente hecho su trabajo las familias no tendrían que haber esperado más de 3 años para saber que los resultados eran positivos”, denunció el director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández.
Ayer los familiares de cinco de los seis identificados tuvieron que esperar de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde para recibir a sus familiares fallecidos. Durante casi 6 horas hicieron trámites para solicitar la entrega de sus familiares muertos y trasladarlos a sus lugares de origen para sepultarlos.
Olivares Hernández informó que los restos de una sexta persona serán entregados el 28 de junio debido a que sus familiares se inconformaron ante la CEAV porque solamente les ofrecieron apoyo para el ataúd, el traslado y un cheque de 3 mil 500 pesos para gastos funerarios.

Hijos, albañiles, jóvenes, se cuentan entre las víctimas de la violencia

Los restos de uno de los desaparecidos son de Bonifacio Ramírez Hermelindo, quien tenía 35 años cuando desapareció el 25 de diciembre del 2014. Era de Alpoyeca, municipio de Atlixtac.
Alejandra, su madre, declaró ante la FGE cuando presentó la denuncia, que el día que desapareció su hijo fue a vender tomate a Chilapa, que él mismo cultivaba.
Después de vender su producto el joven se trasladó a la tienda Chedraui en donde un taxista de su pueblo lo vio parado con un garrafón de agua en la mano y cuando le dijo que se fueran, el ahora finado le dijo que se quedaría un rato más, desde entonces ya no lo volvieron a ver vivo.
Otro de los identificados es Miguel Sánchez Mateos quien tenía 24 años cuando desapareció el 12 de diciembre del 2014. Era originario de San Lucas Teocuitlapa, municipio de Acatepec, pero vivía en la colonia Los Chapulines de Chilapa.
El padre de Miguel informó que su hijo era albañil y que el 12 de diciembre de 2014 salió de su casa a la escuela primaria Dominga Sánchez en donde trabajaba en la construcción de unas aulas.
Contó que ese día el ingeniero de la obra le llamó para que fuera a abrir el portón porque llevarían material. Su hijo ya no regresó, y el 15 de diciembre desaparecieron otros dos albañiles que trabajaban en la misma obra.
También fue identificado Mauro Migueleño Joaquín de 26 años, quien desapareció el 24 de diciembre de 2014. Era originario de Alcozacán, municipio de Chilapa. Rosalinda, su madre, relató que el día que desapareció su hijo fue a “pasear” a Chilapa a donde los jóvenes de su pueblo acostumbran ir ese día a la celebración de una posada, y ya no regresó.
El tercero es Juan Santos Santiago, quien tenía 19 años cuando desapareció el 30 de diciembre de 2014. El ahora occiso era de El Terrero I, municipio de Chilapa, y aproximadamente a las 8 de la mañana del día que desapareció se encontraba en la base de las camionetas que dan el servicio de transporte a su pueblo, acompañado de su primo Roberto Santos Cruz, y las mamás de ambos quienes traían a vender al mercado productos de su comunidad. Los cuatro acordaron reunirse a las 12 del día para regresar juntos a su pueblo.
La mamá de Juan dijo que minutos después vio a su hijo que discutía con unos desconocidos y cuando a señas le preguntó qué pasaba el joven le respondió, también con ademanes, que se siguiera de largo.
A las 12 cuando regresaron al lugar que quedaron de verse los dos jóvenes no llegaron, y las dos mujeres fueron a buscar a sus hijos hasta las 4 de la tarde pero no los encontraron.
El quinto de los cadáveres que fue reclamado por sus familiares fue el de Roberto Santos Cruz de 24 años, quien desapareció el mismo día, en el mismo lugar y en las mismas circunstancias que su primo Juan Santos, también era originario de El Terrero I.
Manuel Olivares informó que los restos de la sexta persona que fue identificada tras el cotejo de las muestras del ADN aplicadas por personal del EAAF serán entregados el 28 de junio como fue el acuerdo de sus familiares con el presidente de la CEAV, Luis Camacho Mancilla, en una reunión la tarde del jueves pasado.
Los restos de estos cinco hombres fueron hallados el 5 de enero de 2015 en el paraje conocido como El Huizache, municipio de Chilapa. En ese lugar había seis fosas clandestinas de las que fueron exhumados 10 cuerpos completos y 11 cabezas, pero la FGE no realizó a tiempo los estudios para conocer los perfiles genéticos de las víctimas, y no fue posible identificar los cadáveres hasta que aplicó los estudios el EAAF, insistió Olivares Hernández.
La CEAV contrató los servicios de la funeraria Chilpancingo para el traslado a los lugares de origen de las víctimas a fin de que sus familiares finalmente los sepulten.

 

Van siete familias de desaparecidos en el tercer día de toma de muestras de ADN en Chilpancingo

En el tercer día en la segunda jornada de toma de muestras de ADN por peritos de la Policía Federal Científica (PF) sólo asistieron siete familias para dejar sus muestras de sangre en el centro de salud Guillermo Soberón Acevedo en el primer cuadro de Chilpancingo.
El viernes inició la actividad que lleva a cabo el gobierno federal y estatal por medio de la PF y la Procuraduría General de la Republica (PGR) para que familias se tomen muertas de sangre para encontrar a sus seres queridos.
A las 9 de la mañana iniciaron los trabajos de dos peritos de la corporación quienes atendieron a las familias que dejaban sus muestras de sangre en la clínica en la Alameda Granados Maldonado en el primer cuadro de la ciudad.
Una peritos de la corporación quien se reservó su nombre comentó que en el tercer día sólo asistieron siete familias a las que se les hicieron las pruebas de sangre para que sean cotejadas con las muestras de cuerpos encontrados.
La primera jornada se hizo el 19 al 24 de febrero y en esa ocasión se instalaron módulos durante una semana en Iguala, Chilpancingo y Acapulco y se hicieron 324 muestras de ADN. (Luis Blancas / Chilpancingo).

 

Van familiares de un militar desaparecido a la campaña de toma de muestras de ADN en Iguala

Entre los casos de víctimas de desaparición de los que ayer se presentaron sus familiares a la toma de muestras de ADN, está el de un soldado retirado del 27 Batallón de Infantería desaparecido en agosto de 2011 cuando salió de Iguala a la Ciudad de México para tramitar su ingreso a la Policía Federal, narró su esposa que acudió con sus tres hijas a las pruebas de genética.
En el segundo día de la campaña estatal en las instalaciones del centro de salud Agustín Batalla Cepeda de Iguala, antes de las 4 de la tarde se habían presentado familiares de otras cuatro víctimas de desaparición, sumados a los cinco casos que se presentaron el lunes.
Las muestras de genética son tomadas por dos agentes de la Policía Científica de la Policía Federal con el acompañamiento dos representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Afuera del consultorio habilitado para esta campaña estatal ayer hubo integrantes del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, quienes toman datos de las nuevas familias y los invitan a acercarse a esa agrupación, que tiene registrados más de 300 casos.
A pesar del miedo que existe entre los familiares de personas desaparecidas, en muchos de los casos de forma violenta, una joven mujer que llegó acompañada de sus tres hijas de 16, 13 y 11 años a que le tomaran las muestras de ADN, narró la desaparición de su esposo, un militar del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, desaparecido desde agosto de 2011 cuando tenía 30 años.
Su esposo José Manuel Flores Bahena era originario de Iguala. Antes de su interés de ingresar a la Policía Federal recibió su cambio para Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde estuvo unos meses y en marzo de 2011 se dio de baja del Ejército para iniciar sus trámites de ingreso a la PF,.
Dijo que desconoce cómo ocurrió su desaparición, pues su esposo le informó que iría a la Ciudad de México, pero ya no supo nada de él ni recibió alguna llamada para pedirle algún tipo de rescate.
Mencionó que su interés de acudir a las muestras de ADN lo hace por su tranquilidad y la de sus hijas, que le siguen preguntando por su padre.
Otro caso es el de una joven de 19 años levantada junto a su novio el 3 de enero en esta ciudad. El joven fue hallado desmembrado al día siguiente.
Ayer antes de las 4 de la tarde se habían presentado los familiares de otras tres víctimas de desaparición, una de ellas, la más reciente, de una joven de 19 años que el 3 de enero pasado fue levantada con su novio por hombres armados que irrumpieron en la casa de ella y se llevaron a los dos.
Según los registros periodísticos de El Sur y los datos proporcionados por familiares del colectivo, el novio de la joven apareció desmembrado la madrugada del día siguiente junto a una narcomanta en la entrada de la colonia El Capire, pero ella sigue desaparecida.
También se presentaron los padres de un hombre desaparecido en la cabecera municipal de Buenavista de Cuéllar en 2015. Además otra mujer que busca a su hijo desaparecido desde 2014.
En Acapulco familiares se quejan del lugar designado

La presidenta de la asociación civil Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, María Emma Mora Liberato informó que cinco nuevas familias contactaron con la organización luego de acudir a realizarse la toma de muestras de ADN.
Consultada por teléfono respecto de la campaña de colecta de muestras que realiza el gobierno del estado, reclamó que no se consultó a la organización para proponer un lugar más transitado y de fácil acceso para el centro de recolección de las muestras.
Dijo que los integrantes de la organización que apoyaron a la difusión de la campaña no identificaron de inmediato el centro de salud número 1 de Ciudad Renacimiento ubicado en el Circuito Interior, colindando con el río de La Sabana.
La dirigente de las familias de los desaparecidos expresó que el gobierno debió de ubicar el centro de toma de muestras en otro lugar de fácil acceso, para que más gente acuda, porque hay gente que tiene familia desaparecida y que vive en la zona poniente y hay miedo de ir a Renacimiento, un asentamiento considerado por las autoridades con un alto incidente delictivo.
La asociación de desaparecidas de Acapulco tiene 89 personas en la base de datos con sus muestras de ADN, y este lunes cinco familias nuevas contactaron a la organización para pedir asesoría.
En una visita al centro de salud número 1 de Renacimiento de las 9:30 a las 10:50 de la mañana se observó a una familia dejar sus muestras, y otra llegó a preguntar si podían dejar sus muestras a pesar de que su familiar tenía cuatro días de desaparecidos.
En ambos casos las familias no quisieron dar información de sus familiares, argumentando temor.
Desde el lunes no hay ningún aviso afuera del centro de salud de la campaña, y ayer continuó igual.

 

En Zihuatanejo hay en la morgue unos 10 cadáveres y no se les han hecho pruebas de ADN, informan

En Zihuatanejo y Atoyac el Servicio Médico Forense (Semefo) no tiene instalaciones y ocupa funerarias privadas para el levantamiento de cadáveres, la práctica de autopsias y la conservación de los cuerpos no reconocidos.
En la de Zihuatanejo, Funerales del Pacífico, hay casi una decena de cadáveres embalsamados en espera de que los peritos de la Fiscalía General del Estado les hagan las pruebas periciales de ADN correspondientes para su identificación, uno está ahí desde agosto de 2016.
Se ubica en el centro de este puerto y de acuerdo con algunos de sus empleados cumple los requisitos de la Secretaría de Salud para trabajar en un ambiente seguro, pues el costo del equipo que utilizan cuando van a levantar los cuerpos y cuando les hacen la autopsia correspondiente corre a cargo de esta empresa particular.
Durante el 2017 los trabajadores de esta funeraria participaron en 190 diligencias de levantamiento cadavérico a las que acudió el Ministerio Público del fuero común, entre estas por muertes violentas, accidentes, muertes por causas desconocidas entre otros.
En lo que va de 2018 han acudido a 17 diligencias de las que ha dado cuenta el Ministerio Público, aunque prefirieron omitir cuántas han sido por muerte violenta.
La funeraria habilitada como Semefo no cuenta con cámara frigorífica para conservar los cuerpos que no han sido reconocidos o reclamados por algún familiar. Antes cuando mucho esperaban una semana y los cuerpos eran enterrados en la fosa común.
Sin embargo por disposición de los nuevos protocolos para la identificación cadavérica, en estas instalaciones mantienen casi una decena de cadáveres a los que todavía no se les practican los exámenes de genética forense, antropología y dactiloscopia.
Agregaron que por carecer de infraestructura adecuada para mantener congelados los cuerpos los tienen embalsamados y embolsados, en espera de que los peritos de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado acudan a tomar las muestras. Indicaron que aunque están bien preparados los cuerpos no dejan de ser un riesgo de infección latente, principalmente para los trabajadores.
Pero además con la preparación que tienen para su conservación para cuando la Fiscalía envíe a los peritos a tomar las muestras ya no darán los mismos resultados que si se hubieran tomado antes, pues los químicos puestos en los cuerpos alteran el resultado de cualquier tipo de pruebas que les vayan a practicar.
Lamentaron que aunque la empresa funeraria le ha notificado al agente titular del Ministerio Público del fuero común tanto verbalmente como por escrito que tomen las muestras a los cadáveres almacenados para que puedan ser enviados al Cementerio Forense Estatal, no han tenido una respuesta favorable, pues el envío de los expertos no depende de esta agencia, sino de las oficinas centrales de la Fiscalía, según la respuesta que les han dado.

La funeraria en Atoyac

Desde el 20 de octubre 2008 se instaló de manera oficial en la funeraria Sarabia en Atoyac el servicio de Servicio de Médico Forense, a raíz de que el municipio presenta un alto índice de muertes violentas, además las familias tenían que trasladarse a Acapulco a reclamar los cuerpos de sus víctimas.
Además representa, a decir los administradores del lugar, un ahorro para los dolientes en tiempo y dinero.
Dijeron que antes tenían que ir a recoger el cuerpo a Acapulco, generándoles un gasto de hasta 6 mil pesos además de tiempo y riesgos, ya que los cuerpos venían sin ser preparados para su sepultura.
El personal es pagado por la funeraria desde el levantamiento cadavérico, donde incluyen el técnico del levantamiento del cuerpo en el lugar de los hechos, así como el técnico de la necropsia que ayuda al médico legista.
El Ministerio Público sólo da la constancia de entrega de cadáver.
El mantenimiento de las instalaciones adaptadas para la operatividad de un Semefo fue hecho por los administradores de la funeraria. Cada seis meses tienen revisión de la Secretaria de Salud.
La empleada de la funeraria, Nemesia Hernández dijo que “las familias antes la pasaban muy mal, aparte de la situación de dolor que atraviesa el ir hasta Acapulco a un Semefo donde el olor es muy feo por la gran cantidad de muertos que hay, además de incómodo en sus instalaciones y tenían que esperar más de medio día”.
Abundó que incluso los cuerpos que no eran identificados se quedaban allá, “ahora con el Semefo en Atoyac si ocurre que no es identificado el cuerpo se prepara para un mes con gastos de la propia funeraria, en espera de que pueda ser reclamado”.
Dijo que la demanda que hay en Atoyac en el Semefo es mayor en comparación a otros municipios de la Costa Grande.
Agregó que ha habido casos extremos donde se han atendido asesinatos de hasta cinco víctimas por día, como en San Juan de las Flores, en la sierra de Atoyac, además de los 10 en el incendio de un choque en San Jerónimo.
Asimismo, en este año en un sólo día en enero hubo tres muertes y dos enfrente de las instalaciones, de campesinos de Agua Fría.
En el 2017 se atendieron 60 levantamientos cadavéricos, 53 de hombres y siete de mujeres.
El 2018 inició con mayor demanda por la ola de violencia, en lo que va del año van nueve asesinatos, entre ellos el de una mujer.

 

 

Piden familiares que PGR atraiga los estudios de ADN a los cuerpos acumulados en el Semefo

 

Familiares de desaparecidos ratificaron su petición a la Procuraduría General de la República (PGR) de que atraiga la toma de muestras del ADN a los cuerpos y restos humanos que se encuentran en espera de estos estudios en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de los estados del país.
Mientras tanto, la coordinadora de Ciencia Forense Ciudadana, Julia Alonso Carvajal, se reunió este miércoles con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) para pedir la intervención de esa dependencia federal a fin de que se resuelva el retraso en la aplicación de las pruebas del ADN a los cuerpos acumulados en las instalaciones de los Semefo en el estado, que según el director, Ben Yehuda Martínez Villa, suman 750, y atribuyó la responsabilidad del retraso de las muestras a Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE).
A su vez, la presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, Guadalupe Rodríguez Narciso, informó que durante la huelga de hambre y plantón afuera de la Secretaría de Gobernación del 17 al 30 de enero, los familiares de desaparecidos, organizados en colectivos, presentaron un pliego petitorio para agilizar la toma de muestras de los cuerpos y restos humanos, porque en estados como Guerrero el gobierno está incumpliendo con esa disposición legal.
Dijo que los planteamientos fueron ratificados ahora ante la PGR para que la toma de muestras sea atraída por esa dependencia federal.
En el documento entregado a la dependencia federal se establece que los familiares de los desaparecidos, “no queremos panteones”, y exigieron a la Secretaría de Gobernación la inmediata identificación y entrega de cuerpos y restos a las familias de desaparecidos de todo el país.
También demandaron la toma de muestras de ADN y confrontas a todos los cuerpos y restos humanos resguardados en Semefo y fosas de todo el país; que la PGR y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) realicen jornadas de tomas de ADN en todos los estados del país, para alimentar la base de datos de Plataforma México.
Asimismo, que la PGR y la CNS hagan la toma de muestras de ADN aunque las familias no tengan denuncias; que ordene a todos los gobernadores que entreguen a la brevedad a la CNS los resultados de tomas de muestras de ADN; que la PGR acelere la recuperación de cuerpos y restos en fosas clandestinas que ya están localizadas.
Además, exigieron la entrega de cuerpos y restos, que según la confronta de la CNS ha dado positivo, para que sus familiares les den sepultura; la entrega de cuerpos y restos recuperados en fosas clandestinas y que sus familiares han identificado por sus ropas y la confronta de ADN.
También exigieron la búsqueda de personas desaparecidas “que sabemos están con vida en algunos puntos ya localizados en la Sierra de Guerrero”. Además, que a la brevedad la PGR judicialice todas las muestras de ADN que se han realizado y se realizarán a familiares de víctimas de todo el país.
Finalmente, demandaron una reunión de trabajo con titulares de las fiscalías de desparecidos y con funcionarios de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), “para escuchar sus planes de trabajo y avances para resolver el problema de las desapariciones”.
La presidenta del Colectivo de Chilpancingo, Rodríguez Narciso, dijo que los familiares están en espera de la respuesta a su documento, con el que se resolvería el problema que ha provocado Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) con el retraso en la aplicación de las muestras del ADN a los 750 cadáveres que se encuentran en las instalaciones del Semefo en Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
Rodríguez Narciso se quejó de que las autoridades de Guerrero, no han atendido sus reclamos para que se agilicen los trabajos, pues dijo que entre esos cuerpos o restos humanos a los que no se les han realizado las muestras para la confronta con la de sus familiares, podrían estar muchos de los desaparecidos que están buscando.
Vía telefónica, la coordinadora de Ciencia Forense Ciudadana, Julia Alonso Carvajal, informó también brevemente que este miércoles acudió a la Secretaría de Gobernación para pedir la intervención de la dependencia federal y se agilice en Guerrero la toma de muestras a los cuerpos acumulados en los Semefo.

 

Se tomarán muestras de ADN en Acapulco, Iguala y la capital a familiares de desaparecidos

La secretaria general del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz informó que la Procuraduría General de la República (PGR) en coordinación con la Fiscalía General Estado (FGE) y la Policía Federal (PF) tomarán muestras de ADN a familiares de desaparecidos para que sean comparadas con los 125 cuerpos sin identificar de los 158 exhumados de fosas clandestinas en más de tres años. La toma de muestras será del 5 al 11 de marzo en centros de salud de Iguala, Chilpancingo y Acapulco.
Ayer por la tarde en una llamada telefónica Bahena Cruz dio a conocer que una comisión del colectivo se había trasladado a la Ciudad de México para que les entregaran un cuerpo que es de un familiar que está en el colectivo, con esto suman 33 cuerpos identificados y entregados por la PGR a tres años y tres meses de la conformación del colectivo, periodo en el que han exhumado cuerpos en Iguala, Cocula, Taxco y Teloloapan.
De los 33 cuerpos, 23 son de familiares que están en el colectivo y los otros son de personas que no forman parte de la organización.
Indicó que la petición de toma de muestras fue porque hay 125 cuerpos que ya tienen su perfil genético y que aún están sin identificar en la PGR ya que en la confronta de muestras de familiares de desaparecidos y los cadáveres no hay ninguna coincidencia en el ADN.
Llamó a las personas que tengan algún familiar desaparecido a que se tomen las muestras de ADN para comparar los resultados con el perfil genético de los cuerpos sin identificar.
“Probablemente alguno de esos cuerpos que se tienen en la PGR y en la Fiscalía de Guerrero corresponde a su familiar desaparecido, por lo que para nosotros es importante identificar y entregar esos cuerpos”, indicó.

El retraso en los peritajes a los cuerpos en el Semefo frena el esfuerzo de familiares de desaparecidos

La falta de estudios a los cadáveres depositados en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), –que según la dirección de la institución suman 750–, frena los esfuerzos de las familias de los distintos colectivos que buscan a sus desaparecidos, y a su vez el gobierno del estado incumple una obligación legal de hacerlos, denunciaron los representantes de los colectivos de Chilpancingo y Acapulco.
La presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, Guadalupe Rodríguez Narciso declaró que por el retraso en la aplicación de las pruebas del ADN a los cientos de cuerpos depositados en los semefos, en su reciente huelga afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México, demandaron que sea la Procuraduría General de la República (PGR) la que se encargue de la práctica de los estudios.
Dijo que les respondieron que con la nueva ley la federación aporta los recursos para que se hagan en los estados, pero en Guerrero la Fiscalía siempre argumenta que no hay recursos, y que no cuentan con equipo ni material para esas pruebas.
Desde el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo supuestamente se instaló un “moderno equipo con tecnología de punta” para tomar las muestras del ADN con rapidez para la identificación de los cuerpos, para el que hubo una inversión de 92 millones 887 mil pesos, pero según personal del Semefo de Chilpancingo nunca constataron el uso ni la existencia de ese equipo.
El viernes el director general del Servicio Médico Forense, Ben Yehuda Martínez Villa informó que existen depositados bajo el resguardo de esa institución en Acapulco, Chilpancingo e Iguala 750 cadáveres, problema que se ha generado por el incremento de la violencia en la entidad, pero también por el retraso “más de lo debido” de los Servicios Periciales de la Fiscalía para la práctica de los exámenes de genética forense, antropología y dactiloscopia.
Según los trabajadores del Semefo de Chilpancingo la cifra de cadáveres es “récord e histórica” y rebasa la capacidad de las instalaciones de las tres ciudades que son sólo para 270 cuerpos.
El presidente del colectivo de Acapulco, Ciro Fuentes denunció que las autoridades estatales siempre se quejan de que no cuentan con recursos, con equipo ni material como los reactivos, “y este año menos habrá recursos, todo lo van a destinar a las campañas políticas”, advirtió.
Informó que también por la falta de equipo y recursos desconfían de los estudios que ya se han hecho a los cadáveres, que han sido enviados a la fosa común y al Panteón Estatal Forense, “y creemos que habrá entre ellos algunos de nuestros familiares que están desaparecidos y que andamos buscando”.
Denunció que al no hacer las pruebas del ADN a los cadáveres para la confronta con los resultados de las que se han hecho los familiares, “la autoridad va frenando y obstaculizando los esfuerzos que realizan los familiares que buscan a sus desaparecidos”.
Incluso en el caso de los estudios que ya se han hecho a algunos de los cuerpos que han ido a parar a la fosa común o al Panteón Estatal Forense, “no nos han dado una satisfacción de que hicieron bien las cosas, tenemos muchas dudas y desconfianza en la autoridad”.
Ciro Fuentes declaró que las pruebas a los cadáveres es una de las demandas que han planteado con más insistencia, que también han pedido las exhumaciones a varios cuerpos en los panteones para que se les hagan las pruebas de ADN y poder confrontarlas con los resultados de las que se hicieron las familias, pero no han tenido respuesta.
Por su parte la representante de los familiares de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez exigió a las autoridades “que se pongan a trabajar”, agregó que la existencia de tantos cadáveres en las instalaciones del Semefo es la prueba de que el Estado no ha cumplido con su obligación legal.
Añadió que en su huelga de hambre del 17 al 30 de enero afuera de la Segob, una de las demandas fue que la federación atraiga esa obligación que el estado no ha hecho, “pero nos dijeron que con la nueva Ley de Desaparición Forzada hay presupuesto para los estados y que los van a obligar a que hagan los estudios a todos los cuerpos que tienen”.
Se quejó de que sin esos estudios nunca van a lograr encontrar a sus familiares desaparecidos, “aún cuando a nosotros ya se nos hizo el estudio del ADN, si a los cadáveres no se les práctica no podrá haber la confronta y nunca los vamos a encontrar, por eso para nosotros tiene una importancia enorme que se realicen”.
Denunció que del gobierno del estado no querían hacer nada, y que las autoridades prefirieron instalar el Panteón Estatal Ministerial, “que en nada nos beneficia”.
Rodríguez Narciso denunció que el recurso que les envió la federación para la práctica de las pruebas lo destinaron para la construcción del Panteón Estatal Ministerial, que no sirve en nada para la localización de las personas desaparecidas.
Declaró que la Fiscalía siempre ha tenido presupuesto para los estudios, pero dice que no hay recursos, “entonces lo que vamos a hacer ahora es a obligarlos a que trabajen porque ya estamos cansados de tocar puertas y que nadie nos dé esperanzas”.
Informó que según información que les dieron en la PGR el costo para la práctica de los estudios es de 15 a 20 mil pesos, y que el tiempo puede ser de una semana a 6 meses, según las condiciones en que se encuentren los cuerpos.
Informó que en su visita a la PGR demandaron que si en el estado no hay presupuesto y equipo que contraten servicios particulares, para que todos los cuerpos que estén en las morgues se entreguen a sus familiares pero que no ha ocurrido porque les hace falta su ADN, de lo contrario el gobierno está atentando contra los derechos de esos seres, “porque fueron personas que también tienen derechos”.
Informó que con la nueva Ley de Desaparición Forzada el gobierno estatal tendrá que trabajar tanto con los cuerpos como en la búsqueda de los desaparecidos, de lo contrario advirtió que van a proceder con acciones legales.
Denunció que los familiares han trabajado en la búsqueda de sus familiares con sus propios recursos.
A pesar de que la Fiscalía argumenta a los familiares de personas desaparecidas que no cuenta con recursos ni equipo para los estudios, el 28 de mayo de 2010 el gobernador Zeferino Torreblanca inauguró el Laboratorio de Genética Forense de la entonces Procuraduría General de Justicia (hoy FGE), y el 14 de octubre de ese año entregó a la Dirección de Servicios Periciales el equipo de laboratorio.
Entonces se dijo que era, “un moderno equipo con tecnología de punta”, y Torreblanca detalló en su quinto informe que la edificación y equipamiento del Laboratorio de Genética Forense tuvo una inversión global de 92 millones 887 mil pesos.
El laboratorio está ubicado en el edifico de Servicios Periciales, atrás de las instalaciones de la FGE
En su inauguración se informó que serviría para la identificación de cadáveres, pues se podrían practicar allí estudios para determinar la identidad de personas o restos óseos, y con ello localizar a personas desaparecidas por medio de la extracción de ADN y la tipificación genética.
También se informó que el equipo cuenta con sistemas automatizados de extracción, secuenciación y cuantificación de material genético a través de un robot de extracción que trabaja 16 muestras de forma simultánea y que con ello “se disminuye el tiempo en los dictámenes y se reduce la probabilidad de contaminación para lograr resultados confiables”.
Se supone, por la información que se dio el día de la inauguración, que hay una cámara frigorífica que conserva los restos óseos sin que sufran mayor degradación de los tejidos, así como con área de entomología forense, “que determina en base a la fauna cadavérica el intervalo de tiempo de muerte”.
Sin embargo, trabajadores del Semefo de Chilpancingo aseguraron que nunca han visto trabajar ese equipo por Servicios Periciales en la aplicación de muestras a los cuerpos, suponen que hace falta personal capacitado para utilizarlo, o bien que el equipo nunca existió, pues el lugar en donde supuestamente fue instalado es un área restringida a la que según les han contado los de esa Dirección, el personal no tiene acceso.

 

 

Eran de Chilapa dos de las víctimas halladas en las fosas de Zitlala, según el cotejo del ADN

 
Tras el cotejo de los resultados de los estudios del ADN a familiares de desaparecidos, dos cuerpos que se encontraban en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo fueron identificados y entregados.
Se trata de Genaro Moctezuma González, quien al momento en que desapareció tenía 44 años, y de acuerdo al folio de registro 120736 de la Fiscalía General del Estado (FGE), desapareció en  Tepoxcuautla, Chilapa, el 10 de noviembre de 2016.
Sus restos fueron encontrados el 16 de noviembre en fosas de Zitlala. Según la carpeta de investigación 12021610100068161116 fueron hallados en la fosa 4 y en la bolsa 3.
En el registro dice que Moctezuma González tiene como señas particulares una cicatriz en el pecho, una en el pie y que su dentadura se encuentra completa, lo que también habría servido para la identificación de los restos por sus familiares, a quien lo entregaron la tarde del domingo.
La segunda víctima es Santiago González Moctezuma, quien al momento de su desaparición tenía 34 años y según el folio de la FGE 119700, desapareció en Chilapa el 9 de octubre de 2016. De acuerdo a la carpeta de investigación 12040190200163301016 relacionada con la carpeta 196/2016, los restos de Santiago fueron encontrados a finales de noviembre de 2016 en las fosas de Zitlala. Sus restos fueron hallados en la fosa 15 y de acuerdo a la cadena de custodia estaba identificado como el cadáver C.
El presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), José Luis Gallegos Peralta informó que la tarde de ayer esperaban a los familiares para entregarles los restos.
Los dos cuerpos son de los 34 que fueron encontrados del 22 al 24 de noviembre del año pasado cerca del cerro de Tenanchitla, municipio de Zitlala, en 20 fosas clandestinas.
Consultado vía telefónica el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro informó que los cuerpos que ya fueron identificados no se encuentran dentro de los desaparecidos que reclama ese colectivo. Díaz Navarro tiene documentados más de 100 casos de desaparecidos de los municipios de Chilapa y Zitlala.
También fue consultado el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, e igual rechazó que los identificados sean los que busca ese organismo. El Centro Morelos tiene documentados 97 casos de personas desaparecidas de los municipios de Chilapa, Zitlala y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango).
Mientras tanto la FGE tiene registradas en su página de Internet 258 víctimas de desaparición forzada en 2016, entre éstas fueron localizados los registros de Santiago González Moctezuma y Genaro Moctezuma González.
Consultado vía telefónica el presidente del CEAV informó que en el caso de Genaro Moctezuma González, el cuerpo ya fue reclamado por sus familiares al quedar satisfechos con los resultados de la confronta de los estudios del ADN.
Mientras tanto en el caso de Santiago González Moctezuma, estaban por llegar sus familiares la tarde de ayer para entregarles los restos.
Declaró que aunado al dolor de las víctimas al identificar a sus familiares desaparecidos entre los muertos, se agrega un problema más, la falta de recursos económicos para el traslado a sus comunidades, además de los gastos para los funerales.
Aseguró que la CEAV los apoya con el ataúd, el servicio funerario y el traslado, “porque la verdad es todo un drama para los familiares”, dijo Gallegos Peralta.
Informó que en los últimos meses la CEAV ha estado trabajando de manera coordinada con la Fiscalía, sobre todo en la aplicación de los estudios de ADN y que es así que han podido localizar varios cuerpos por la confronta de los resultados del examen aplicado a los familiares y a los cuerpos depositados en el Semefo, o en el Cementerio Estatal Ministerial.
“La verdad que el proceso es un drama terrible, pero nosotros hacemos lo que podemos y les apoyamos no sólo en la asesoría jurídica para que les entreguen los cuerpos, sino también con los apoyos necesarios para que a esa frustración de los familiares, le restemos cuando menos el problema de buscar dinero, porque cuando no lo tienen regularmente no recogen el cuerpo inmediatamente, regresan a sus comunidades a pedir prestado o a veces ya no regresan”, dijo el presidente de la CEAV.

Toman los forenses argentinos muestras de ADN a familiares de seis desaparecidos de Chilapa

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzó este martes los estudios a los familiares de desaparecidos en los municipios de Chilapa y Zitlala, para la confronta de su ADN con el de los cadáveres encontrados cerca del cerro de Tenanchitla, municipio de Zitlala en noviembre del año pasado, y a los cuerpos y restos depositados en gavetas del Cementerio Estatal Forense hace un mes.
Ayer fueron seis de 37 familias de desaparecidos que pueden acudir en los próximos siete días a practicarse el estudio correspondiente.
Los familiares que acudirán en esta primera etapa son solamente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, que reciben el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
Las seis familias se concentraron desde las 10 de la mañana en un aula del Centro Estatal de Capacitación de la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde los peritos argentinos les aplicaron un cuestionario para conocer las circunstancias en que desapareció su familiar y conocer las señas particulares. Después les tomaron las muestras de ADN.
Circunstancialmente el fiscal Javier Olea Peláez recorrió en la mañana algunas áreas del edificio donde se hacían los estudios, en la explanada presenció las prácticas de entrenamiento de un grupo de agentes ministeriales.
Consultado respecto del trabajo de los peritos argentinos rechazó que sea por desconfianza a la labor de la Fiscalía, como lo denunciaron el lunes en Chilapa el presidente del Colectivo Siempre Vivos, José Díaz Navarro y el presidente del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández.
Dijo que, por el contrario, con los resultados de su peritaje van a comprobar la certeza de los estudios que la Fiscalía ha hecho a los cadáveres que se encuentran en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y los que han sido trasladados al Cementerio Estatal Forense.
El lunes en Chilapa fue la primera reunión de los integrantes del EAAF con los familiares de desaparecidos agrupados en el colectivo Siempre Vivos de Chilapa, y allí acordaron iniciar los estudios este martes en las instalaciones de la Fiscalía.
En los próximos siete días se van a tomar entre 10 y 12 muestras diarias a tres familiares por cada desaparecido, éstos pueden ser la madre, el padre y un hermano o un hijo del desaparecido si lo tuviera. Aunque en algunos casos únicamente podrían ser dos personas a las que se les practique el estudio.
Los familiares que acudieron ayer son de seis desaparecidos durante la incursión de civiles armados del grupo denominado Paz y Justicia, del 9 al 14 de mayo de 2015 en Chilapa.
El presidente del Centro Morelos de Chilapa, Manuel Olivares Hernández declaró que el trabajo del EAAF es importante para dar certeza a los familiares y a los ciudadanos en general, pues dijo que no tienen confianza en las autoridades estatales y federales en cuanto a los peritajes se refiere.
“La ciudadanía tiene mucha desconfianza de los resultados que a veces se ofrecen por parte de los gobiernos federal y estatal, a pesar de que digan que hay muchos avances en la forma de hacer su trabajo, pero para mayor certeza y seguridad de los familiares es necesario que se haga este tipo de trabajo por parte de peritos independientes, porque sólo así se estaría aceptando un resultado que fuera positivo por parte de los servicios periciales de la Fiscalía, si éste concuerda con el del EAAF”, explicó.
El Centro Morelos ha venido acompañando a familiares de 97 desaparecidos, algunos desde el 2013, pero Olivares Hernández explicó que no todos han presentado denuncias y no existe averiguación previa o carpeta de investigación.
Informó que de estas 97 personas desaparecidas solamente presentaron denuncias 37, por lo que serían las únicas que podrían presentarse en los próximos siete días a practicarse los estudios.
Aunque Olivares Hernández aclaró que hay algunos familiares de estos 37 desaparecidos que mantienen la esperanza de encontrarlos con vida, y no han aceptado la toma de muestras porque no esperan encontrarlos muertos, “muchos prefieren mantener la esperanza de que su familiar va a aparecer con vida”.
Explicó que hasta la mañana de ayer habían confirmado familiares de 27 de los 37 desaparecidos con averiguación previa o carpeta de investigación que están de acuerdo en practicarse los estudios, pero insistió en que en esta primera etapa podría aplicarse la prueba a familiares de las 37 víctimas.
Servicios periciales de la FGE aprovechó la presencia de los familiares de los desaparecidos para practicar sus propios estudios, y al respecto Olivares Hernández criticó que “eso es un indicativo de que no hicieron su tarea en su momento”, y que no se habían realizado los estudios a los familiares de los desaparecidos por la falta de confianza a las autoridades estatales. Olivares informó que los resultados de las muestras podrían estar listos aproximadamente en dos o tres meses, y anunció que en marzo se tomarán las muestras a los 43 cadáveres y a las nueve cabezas que fueron encontrados en el cerro de Tenanchitla, del municipio de Zitlala, para la confronta.
Informó que también se aplicarán los estudios a los 11 cuerpos que se encontraron en el crucero de Ayahualulco en octubre del año pasado, por lo que consideró que serán alrededor de 50 cuerpos hallados en los últimos meses a los que se les van a practicar los estudios.

Vamos a aprender de los peritos, reconoce el fiscal

Cuando los peritos del EAAF hacían su trabajo en una aula del Centro Estatal de Capacitación, llegó al edificio el fiscal Olea Peláez quien recorría las áreas aledañas. Consultado respecto al trabajo de los peritos argentinos, informó que su intervención fue a petición del presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, y del Centro Morelos, “y nosotros no tuvimos ningún inconveniente porque pueden mejorar los estudios que nosotros tenemos hechos”.
El lunes el presidente de Siempre Vivos José Díaz, y el presidente del Centro Morelos Manuel Olivares declararon en Chilapa que solicitaron la intervención de los peritos del EAAF porque hay desconfianza en el trabajo de la Fiscalía General del Estado.
Consultado al respecto el fiscal rechazó que haya desconfianza, “ellos (los antropólogos argentinos) se darán cuenta que los estudios periciales que hemos hecho a los cuerpos encontrados en fosas son los idóneos”, consideró.
Dijo que el hecho de que los peritos argentinos estén aquí, para la Fiscalía es importante para que “renueven lo que hemos avanzado y enseñen a nuestros peritos más circunstancias”.
Olea Peláez declaró que la coordinación de periciales de Guerrero está muy avanzada, y que por eso la FGE no tuvo inconveniente en que los peritos argentinos hicieran los peritajes, “porque no nos perjudica, al contrario, nos pueden enseñar”.
Agregó: “el aprender más no empobrece, nos pueden enseñar muchas cosas para ser más rápidos y ser más precisos, por eso, adelante, que bueno que están aquí”.

Los datos de los cadáveres que llevan al Cementerio Forense en la capital deben digitalizarse, pide la CEAV

El presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en el estado, José Luis Gallegos Peralta explicó ayer que lo que piden los colectivos de familiares de desaparecidos de Iguala, Chilpancingo y Acapulco es que los datos de los cadáveres que son llevados al Cementerio Forense Estatal se digitalicen, y se abra una página web para que puedan consultarlos fácilmente vía Internet.
Gallegos Peralta informó que ha tenido contacto con los representantes de los colectivos de esas tres ciudades y que lo que están solicitando es que las fichas técnicas que contiene cada cuerpo, con datos como el ADN, El lugar donde fue encontrado el cuerpo, el tipo de ropa y las circunstancias en que fue encontrado se digitalicen.
Estuvo de acuerdo en la viabilidad de las peticiones, porque dijo que esos detalles para los buscadores o buscadoras son importantes, y es necesario que estén digitalizados en un archivo al que se pueda tener acceso.
“Si van a hacer un panteón ministerial en donde van a colocar los cadáveres no identificados, está bien, pero no pueden colocarlos sin antes tener esos datos”, expresó vía telefónica José Luis Gallegos quien aclaró que él sólo ha recibido la inquietud de parte de los familiares de las víctimas.
Explicó que le han dicho que además esos datos deben estar accesibles a ellos, de lo contrario tampoco tendría mucha congruencia que existan esas fichas técnicas, “porque al final de cuentas los datos se van a quedar allí porque nadie tiene acceso”.
Añadió que por eso están pidiendo que se digitalicen y que se abra una página web a la que todo tenga acceso a ese tipo de información con la finalidad de que, cuando sea necesario los puedan relacionar con sus familiares, no solamente con la confronta del ADN, “sino con toda la información que se tenga de los cuerpos para poder ubicar a las personas que buscan”.
“Entonces yo creo que es correcto que se digitalice toda la información de los 460 cuerpos que van a ser depositados en el panteón ministerial, pero ellos también quieren que haya un sitio web para que esos datos puedan ser fácilmente consultados desde cualquier lugar”, declaró.
Sin embargo reconoció que, al parecer, no les han hecho caso, “y me parece que su petición es relevante y que se debe apoyar a los familiares, a quienes hay que dar todos los medios y facilidades para que si lo desean, dentro de sus estrategias de búsqueda, cuenten con el respaldo institucional y tecnológico, y puedan lograr sus objetivos”.
Gallegos Peralta dijo que lo que no es correcto es seguir en la polémica con respecto a si es correcto o no llevar los cuerpos al panteón ministerial, o si es legal o no, porque en el fondo se está olvidando el objetivo de los buscadores, que es tener la información disponible y localizables los cuerpos.
Advirtió que si al final de cuentas los cadáveres se van a la fosa común nadie los va a reclamar, “pero si tienen las fichas técnicas que contengan el ADN, ropa, circunstancia y los datos específicos para que se puedan compartir con estas gentes, a través de un sitio web me parecería lo correcto”.
El presidente de CEAV explicó que un problema al que se enfrentan los familiares es a la secrecía de la información, pues no les permiten ser coadyuvantes en el reconocimiento de los cuerpos, cuando dijo que la secrecía debe ser sólo cuando se corre el riesgo de que el presunto delincuente pueda sustraerse de la acción de la justicia, “pero aquí no aplica ese término, al contrario, de lo que se trata es de identificar los cuerpos, situación que no ha logrado el Ministerio Público hasta este momento”.