Uno de los abogados de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Isidoro Vicario Aguiar, en el momento que da su mensaje afuera del cuartel del 27 Batallón en Iguala, donde exigió el castigo al Ejército por la desaparición de los 43 estudiantes. A fondo padres de los estudiantes desparecidos. Una Urvan de la empresa Coppel incendiada por integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) afuera del 27 Batallón en Iguala Fotos: Lenin Ocampo Torres
Lenin Ocampo Torres
Iguala
Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa fueron recibidos con gases lacrimógenos en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, cuando iban a realizar un mitin junto a los alumnos de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), para exigir la aparición con vida de sus hijos y castigo al Ejército.
Los padres iniciaron su primer día de lucha con motivo del noveno aniversario de la desaparición de sus hijos –el 26 de diciembre del 2014– en esa ciudad, intentaron realizar una protesta afuera del Batallón al que culpan junto al grupo criminal Guerreros Unidos de desaparecer a su hijos.
Ayer, al menos mil integrantes de la FECSM que viajaban en 24 camiones, llegaron a las 12 y media a Iguala junto a los padres y madres, para realizar un mitin, donde sólo pudo hablar Isidoro Vicario Aguilar, uno de sus abogados e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Durante su mensaje exigió al Ejército que permitan abrir los expedientes para acceder a los archivos militares del 26 de septiembre del 2014 y que los padres conozcan el paradero de sus hijos.
“Hemos dicho que el Ejército mexicano es el que se ha negado a dar información para saber el paradero de los 43 estudiantes, hay esta negación de parte del Ejército y lo único que saben dar es recibir a los padres y madres de los 43 con gases lacrimógenos” dijo el abogado.
En el mismo mensaje recalcó que en ese Batallón se encontraba uno de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (Cerfi), que se encargaba de investigar a los movimientos sociales con la inteligencia militar y “donde están los archivos para saber dónde están los 43 desaparecidos”.
En noviembre de 2022 El Sur dio a conocer un informe filtrado en los archivos Guacamaya, donde se señala al 27 Batallón de Infantería como uno de los cinco Cerfi que existen en el país y que se dedica al espionaje en los estados de Guerrero, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Tlaxcala e Hidalgo.
La información filtrada dejó al descubierto que el Cerfi del 27 Batallón de Infantería tiene la capacidad de intervención de comunicaciones y el acceso a las redes sociales por la plataforma tecnológica con la que cuentan.
Después de que el abogado mencionó sobre la existencia del Cerfi su discurso fue suspendido por las ganadas de gas lacrimógeno que fueron lanzadas desde el interior del Batallón.
En ese momento los padres se replegaron y se subieron a su autobús, mientras que los normalistas rurales contestaron regresando los gases y aventando al menos cien petardos al cuartel.
El Periférico de Iguala se convirtió en una guerra de petardos y gases lacrimógenos, donde la gente que se encontraba cerca del lugar quedó intoxicada por el lacrimógeno.
Los gases que lanzaron los militares afectaron a pacientes del Hospital General, de la Secundaria 70 y del Conalep que se encuentran en la zona aledaña a las instalaciones militares.
En el acceso vehicular al cuartel del 27 Batallón los estudiantes quitaron las barricadas de alambres de púas y metieron una camioneta Urvan de la empresa Coppel a la cual le prendieron fuego.
La batalla de gases y petardos duró más de 20 minutos. Los normalistas se retiraron a la una de la tarde y minutos después llegaron los bomberos de Iguala, que apagaron la Urvan.
Después salieron militares a recoger los residuos de las granadas que lanzaron y retiraron los petardos que no alcanzaron a explotar.
El día de hoy los padres y madres se reunirán con el presidente Andrés Manuel López Obrador y los integrantes del FECSM trasladarán sus protestas a la Cuidad de México.
El 25 de julio, Carlos Martín Beristain y Ángela María Buitrago, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ofrecieron su último informe sobre los hallazgos, avances, obstáculos y pendientes sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Foto: Cuartoscuro
En su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó “la colusión” de sectores del Ejército en Iguala con el narcotráfico, así como el “conocimiento” que tenía de los nexos de otras autoridades, desde antes de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas.
Para el GIEI, “eso explica en parte su actuación, ocultamiento y falta de protección a los jóvenes, a pesar de la información con que contaban desde las 18 horas de ese día, 26 de septiembre de 2014, y durante toda la noche”.
En el apartado “Actuación del Ejército”, los expertos internacionales refieren que los hechos ocurrieron en el contexto del trasiego de drogas entre Iguala y Chicago, en Estados Unidos, y que “las escuchas telefónicas” durante el proceso judicial contra Pablo Vega, conocido como El Transformer, líder de una célula de Guerreros Unidos, y otros, en 2014, “muestran que había colusión entre ese grupo delictivo con mandos militares, tanto del 27 Batallón de Infantería, como del 41 Batallón de de Iguala”.
Por ejemplo, en el documento GAOI 5321, del 2 de octubre de 2014, de la comandancia de la 35 Zona Militar, se cita una información donde se refieren a “un Teniente B. del Ejército”, además de que “se encontraron con una camioneta del 27 Batallón, a cargo de dicho teniente, el cual habría dicho textualmente: ‘ya van a empezar a chambiar para abrirme a la verga’”, y la respuesta de un jefe policiaco fue: ‘sí, ya vamos a tirar vergazos. Como va’”.
El Teniente B. aparece también en la declaración del Testigo Protegido D, como alguien que ayudó a la policía de Huitzuco a ocultar su participación en los hechos, y que estaba coludido con el narcotráfico, de acuerdo con el informe.
“Igual aparece el referido en otras declaraciones de miembros de la delincuencia organizada”.
El GIEI sostiene, en su informe, que testimonios y declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos aportados ante el juez por testigos protegidos, confirmaron estos hechos y señalaron a algunos de los miembros del Ejército “de estar implicados, como los comandantes en esa época de ambos batallones, y al menos un capitán y un teniente identificados, así como otros miembros del Ejército”.
El GIEI obtuvo transcripciones de conversaciones de miembros de Guerreros Unidos con mandos militares, “que permiten ver cuál es el grado de vinculación y retribución que se acuerda con miembros del Ejército, para la época de los hechos”.
Documenta que en diversas declaraciones del Testigo Protegido J se dice que los miembros del 41 Batallón de Infantería, y en particular un comandante, recibían dinero de la organización criminal y tenían reuniones a las que acudían, con jefes de la organización varios de los soldados del 41 Batallón, y según esta declaración, eran pagados por ellos.
También señala que en la declaración del Testigo Identificado J, ante el Juzgado Primero de Tamaulipas, el 24 de marzo de 2023, se “muestra la entrega de dinero a autoridades militares”.
Refiere que “las escuchas” de Chicago, Estados Unidos, señalan pagos y relaciones con varios militares, que las declaraciones de testigos protegidos han señalado que les proporcionaban dinero periódicamente, para que dejaran llevar a cabo sus acciones a los Guerreros Unidos.
“Esta colusión es parte de las condiciones que facilitaron que se llevase a cabo la desaparición de los estudiantes. La simulación de actuación, llevada a cabo por el 27 Batallón durante esa noche, sin interferir en ninguno de los ataques, y llegando supuestamente cuando los muertos y desaparecidos ya se habían producido, tuvo además su continuidad en el ocultamiento de información, el desvío de la atención a otras supuestas razones para su no protección de los jóvenes y la negación de hechos ya probados”, refiere el informe.
Sostiene, además, que todas las autoridades de los ámbitos estatal y federal tenían conocimiento previo de la colusión con la delincuencia organizada, de autoridades y policías municipales de Iguala, y varias de ciudades cercanas, “tal y como puede verse en las actas de la Coordinación Guerrero Seguro, donde participaban Ejército, Marina, Policía Federal, Procuraduría de Justicia Estatal (ahora FGE), Procuraduría General de la República (ahora FGR), Seguridad Pública Estatal y gobierno de Guerrero (gobernador, secretario general de Gobierno, secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, vocero y asesor)”.
El informe añade: “Desde meses antes de los hechos, existía conocimiento previo, que se muestra en cuatro tipos de fuentes distintas, tales como actas del Grupo Guerrero Seguro, documentos de Sedena a los que tuvo acceso el GIEI y que se encuentran en sus archivos, documentos del CISEN y entrevistas con personas clave o responsables institucionales de la época”.
Con respecto al Grupo de Coordinación Guerrero Seguro, los expertos del GIEI aseguran que existen documentos y actas de las reuniones, desde mayo de 2014, donde se hacía referencia a la “cooptación” de policías y autoridades locales por la delincuencia organizada.
Destaca que en el anexo FCA GAOI 4957, del 25 de octubre de 2013, de la 35 Zona Militar, denominado Agenda de riesgos y amenazas, se incluye una relación de funcionarios con presuntos vínculos con la delincuencia organizada, varias de ellas, implicadas en el caso Ayotzinapa.
Refiere que, entre ellos, hay diputados federales y locales, así como presidentes municipales y directores de Seguridad Pública de Teloloapan, Iguala, Cocula y Apaxtla.
También destaca que existía el antecedente del asesinato de Arturo Hernández Cardona, “militante de oposición de Iguala” en 2013, hecho al que ya aparecía ligado entonces el propio presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y por cuya responsabilidad fue sentenciado a 90 años de cárcel, en mayo de 2023”.
“La gravedad de la situación era tan conocida que, desde mayo de 2014, se solicitó desarmar a la policía de Iguala en el Grupo de Coordinación Guerrero Seguro”.
Insiste en que las autoridades militares y el CISEN conocían la connivencia y cooptación por parte del narcotráfico, de diferentes presidentes municipales de la zona, desde hace al menos dos años.
Refiere que, por ejemplo, en la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero del 3 de mayo de 2014, el comandante de la 9 Región Militar expuso que “con la detención de X, un mayor retirado, quien operaba una célula delictiva en Iguala, se desarticuló el objetivo de formar una policía única y ahora es indispensable quitar al teniente que está al frente de la Policía Municipal de Apaxtla, ya que forma parte de la estructura que encabezaba el mayor”.
En el informe se hace referencia a múltiples hechos de violencia, que ocurrieron los dos años anteriores a los ataques y a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, donde se afirma que en caso de haber intervenido, se habrían evitado.
“Existe una amplia evidencia del nivel de información que tenía Sedena, en ese momento, sobre actividades delictivas de grupos ligados al narcotráfico y la delincuencia organizada, lo que permite ver que, lejos de ser cuestiones ajenas al propio Ejército, hacían parte de sus patrullajes, recogida de información y análisis del contexto, que permitían tener conocimiento directo de la situación”.
Añade: “Podemos afirmar que la situación del crimen organizado, en la jurisdicción de la 35 Zona Militar, incluida la sede del Batallón 27 de Iguala, era grave y se tenía conocimiento global de su accionar, reflejándose del 16 de enero de 2013 al 22 de septiembre de 2014, en la estadística de delitos del fuero federal”.
Menciona que documentos de Sedena muestran cómo el Ejército tenía monitoreo de la situación e información de vínculos, entre autoridades de distintos niveles en varias localidades de la zona de Iguala y aledañas, donde aparecen incluso nombres de personas con distintos niveles de implicación en los hechos, algunas de ellas detenidas y judicializadas, y otras no”.
“Es decir, se tenía conocimiento previo de la implicación con el crimen organizado de varias de las personas vinculadas a la investigación sobre Ayotzinapa, no sólo el presidente municipal de Iguala”, pero señala que esto se negó en el proceso de investigación posterior.
Menciona que, si bien con posterioridad algunas de estas personas fueron detenidas, hay otras que están pendientes de vincular a proceso.
Asimismo, refiere que encontraron a personal que había sido parte de la Sedena y que estaban prófugos de la justicia penal militar, sin embargo, prestaban sus servicios en las policías de Iguala y Cocula.
Los expertos exponen en el informe que toda esta información, que implicaba a mandos militares con la delincuencia organizada, así como la omisión antes y después del caso Ayotzinapa, y su participación en los hechos, quiso ser despejada en una entrevista y plantearon la solicitud a los mandos.
–El GIEI expresa la necesidad de contar con la intervención de esa institución, para tener la posibilidad de entrevistar de manera directa a los integrantes del 27 Batallón de infantería, ¿aceptaría usted?–preguntaron a un mando de la Sedena.
–No, porque no son (los del GIEI) autoridades mexicanas, y no tienen la facultad para entrevistarnos –fue la respuesta, según se consigna en el informe.
Las instalaciones del 27 Batallón en Iguala con vallas de seguridad en previsión de protestas del movimiento de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Foto: Alejandro Guerrero / archivo
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
El 27 Batallón de Infantería implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es uno de los cinco Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (Cerfi) que existen en el país y se dedica al espionaje en los estados de Guerrero, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Tlaxcala e Hidalgo, según correos electrónicos filtrados por los hackers Guacamaya.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha negado constantemente que en su gobierno existan labores de espionaje, los documentos filtrados en los correos revelan otros datos.
Un escrito fechado en agosto de 2022 y enviado por el Cerfi “Centro” (Iguala, Guerrero) al comandante de la IX Región Militar (Ricardo Flores González) que muestra la negativa para que el personal Cerfi se integre al Grupo de Respuesta Interinstitucional (GRI), deja al descubierto su forma de operación para el seguimiento de inteligencia del 27 Batallón de infantería (BI).
El documento revela las capacidades tecnológicas con las que cuentan, que van desde el monitoreo técnico de audios, intercepción de llamadas (CDR), geolocalizaciones, plataforma integral de inteligencia, análisis de vínculos, reconocimiento facial, acceso a redes sociales, reconocimientos de placas automotrices y recuperación de datos (forensia digital).
“Actualmente cuenta con un efectivo de 14 analistas, cuya tarea fundamental es el monitoreo técnico derivado de intervención de Comunicaciones Privadas (ICP), conectados a una plataforma tecnológica que permite acceder a los registros de llamadas, geolocalizaciones y de esta forma integrar paquetes de inteligencia operables”.
Según el documento, el Cerfi Centro actualmente “tiene 179 líneas en seguimiento bajo su responsabilidad”.
“La fortaleza de los Cerfi se encuentra en sus propias instalaciones, lugar donde se recibe, analiza, valora y en su caso se comparte para explotación, la información que se genere”.
Otro documento en diapositivas de Power Point revela la ubicación de los cinco Cerfis en el país y la forma de operación que tienen con otras corporaciones de seguridad.
El Cerfi en Guerrero según el documento tiene su centro de operatividad en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, en Iguala de la Independencia.
Después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los padres y madres de los normalistas; las organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos; los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el mismo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, han señalado el seguimiento a los alumnos de Ayotzinapa y la participación del 27 Batallón la noche del 26 de septiembre del 2014.
El pasado 18 de agosto, Encinas Rodríguez reveló durante el informe del Caso Ayotzinapa, que uno de los 43 estudiantes desaparecidos, Julio César López Patolzin, era integrante del Ejército y estaba bajo el mando del teniente de Infantería, Marcos Macías Barbosa, del 27BI.
En noviembre del año pasado fue detenido el capitán José Martínez Crespo, por delincuencia organizada y presuntamente por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes.
El capitán también pertenece al 27 Batallón y fue acusado por algunos normalistas sobrevivientes de intimidarlos y amenazarlos cuando ellos se encontraban refugiados en el Hospital Cristina de Iguala.
El pasado 27 de septiembre, en el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, reporteros denunciaron que las transmisiones en vivo que realizaron del discurso de los padres y del vocero, Vidulfo Rosales Sierra, fueron bajados u ocultados de sus redes sociales.
Una semana después, al menos cinco líneas telefónicas de celulares de corresponsales de medios estatales y nacionales que estuvieron en las protestas en la ciudad de Iguala fueron hackeadas.
La información filtrada en los correos por Guacamaya y a la cual tuvo acceso El Sur, deja al descubierto que el Cerfi del 27 Batallón de Infantería tiene la capacidad de intervención de comunicaciones y el acceso a las redes sociales por la plataforma tecnológica con la que cuentan.
Capacidades Tecnológicas de los Cerfi
Dentro de sus capacidades tecnológicas, los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (Cerfi), cuentan con siete aeronaves no tripuladas que pueden recorrer distancias de mil kilómetros y con capacidad infrarroja que identifica blancos por sus características térmicas.
Además, tiene sistemas de comunicación celular, SkyEye (cámara de fotos georreferenciadas) y 16 cámaras de alta definición en tiempo real.
El documento de Power Point de 10 diapositivas, menciona que los objetivos principales de estas aeronaves son los grupos de la delincuencia, los grupos armados (en referencia a las guerrillas y autodefensas), el monitoreo del Popocatépetl y vigilancia a ductos de Pemex.
Cuentan con una plataforma integral de inteligencia que procesa miles de millones de datos con la ayuda de un módulo Osint (Open Source INTelligence), traducido como Inteligencia de Fuentes Abiertas, que se encarga de recolectar información y datos de las diferentes plataformas de redes sociales.
También tienen la capacidad de comparar fotos de rostro de los principales blancos de interés y el reconocimiento de placas vehiculares para su geolocalización.
Los otros cuatro Cerfis son: Noroeste, en la III Región Militar de Mazatlán, Sinaloa; Noreste, Séptima Zona Militar de Apodaca Nuevo León; Occidente, VI Región Naval de Manzanillo Colima y Sureste, Tercera Zona Naval de Coatzacoalcos, Veracruz.
Entre los casos de víctimas de desaparición de los que ayer se presentaron sus familiares a la toma de muestras de ADN, está el de un soldado retirado del 27 Batallón de Infantería desaparecido en agosto de 2011 cuando salió de Iguala a la Ciudad de México para tramitar su ingreso a la Policía Federal, narró su esposa que acudió con sus tres hijas a las pruebas de genética.
En el segundo día de la campaña estatal en las instalaciones del centro de salud Agustín Batalla Cepeda de Iguala, antes de las 4 de la tarde se habían presentado familiares de otras cuatro víctimas de desaparición, sumados a los cinco casos que se presentaron el lunes.
Las muestras de genética son tomadas por dos agentes de la Policía Científica de la Policía Federal con el acompañamiento dos representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Afuera del consultorio habilitado para esta campaña estatal ayer hubo integrantes del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, quienes toman datos de las nuevas familias y los invitan a acercarse a esa agrupación, que tiene registrados más de 300 casos.
A pesar del miedo que existe entre los familiares de personas desaparecidas, en muchos de los casos de forma violenta, una joven mujer que llegó acompañada de sus tres hijas de 16, 13 y 11 años a que le tomaran las muestras de ADN, narró la desaparición de su esposo, un militar del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, desaparecido desde agosto de 2011 cuando tenía 30 años.
Su esposo José Manuel Flores Bahena era originario de Iguala. Antes de su interés de ingresar a la Policía Federal recibió su cambio para Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde estuvo unos meses y en marzo de 2011 se dio de baja del Ejército para iniciar sus trámites de ingreso a la PF,.
Dijo que desconoce cómo ocurrió su desaparición, pues su esposo le informó que iría a la Ciudad de México, pero ya no supo nada de él ni recibió alguna llamada para pedirle algún tipo de rescate.
Mencionó que su interés de acudir a las muestras de ADN lo hace por su tranquilidad y la de sus hijas, que le siguen preguntando por su padre.
Otro caso es el de una joven de 19 años levantada junto a su novio el 3 de enero en esta ciudad. El joven fue hallado desmembrado al día siguiente.
Ayer antes de las 4 de la tarde se habían presentado los familiares de otras tres víctimas de desaparición, una de ellas, la más reciente, de una joven de 19 años que el 3 de enero pasado fue levantada con su novio por hombres armados que irrumpieron en la casa de ella y se llevaron a los dos.
Según los registros periodísticos de El Sur y los datos proporcionados por familiares del colectivo, el novio de la joven apareció desmembrado la madrugada del día siguiente junto a una narcomanta en la entrada de la colonia El Capire, pero ella sigue desaparecida.
También se presentaron los padres de un hombre desaparecido en la cabecera municipal de Buenavista de Cuéllar en 2015. Además otra mujer que busca a su hijo desaparecido desde 2014.
En Acapulco familiares se quejan del lugar designado
La presidenta de la asociación civil Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, María Emma Mora Liberato informó que cinco nuevas familias contactaron con la organización luego de acudir a realizarse la toma de muestras de ADN.
Consultada por teléfono respecto de la campaña de colecta de muestras que realiza el gobierno del estado, reclamó que no se consultó a la organización para proponer un lugar más transitado y de fácil acceso para el centro de recolección de las muestras.
Dijo que los integrantes de la organización que apoyaron a la difusión de la campaña no identificaron de inmediato el centro de salud número 1 de Ciudad Renacimiento ubicado en el Circuito Interior, colindando con el río de La Sabana.
La dirigente de las familias de los desaparecidos expresó que el gobierno debió de ubicar el centro de toma de muestras en otro lugar de fácil acceso, para que más gente acuda, porque hay gente que tiene familia desaparecida y que vive en la zona poniente y hay miedo de ir a Renacimiento, un asentamiento considerado por las autoridades con un alto incidente delictivo.
La asociación de desaparecidas de Acapulco tiene 89 personas en la base de datos con sus muestras de ADN, y este lunes cinco familias nuevas contactaron a la organización para pedir asesoría.
En una visita al centro de salud número 1 de Renacimiento de las 9:30 a las 10:50 de la mañana se observó a una familia dejar sus muestras, y otra llegó a preguntar si podían dejar sus muestras a pesar de que su familiar tenía cuatro días de desaparecidos.
En ambos casos las familias no quisieron dar información de sus familiares, argumentando temor.
Desde el lunes no hay ningún aviso afuera del centro de salud de la campaña, y ayer continuó igual.
Un soldado del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala fue hallado torturado, ejecutado a balazos, atado de los pies y manos cubierto con una narcomanta en Tepecoacuilco.
En el mensaje firmado por el grupo criminal Gente Nueva señalan a mandos militares de ese batallón de que tienen nexos con narcotraficantes, y de recibir dinero de ellos.
Según fuentes policiacas de Seguridad Pública del estado a las 7 de la mañana de ayer en una llamada anónima al número de emergencias 911, vecinos de la calle Agrarista del barrio tradicional La Mohonera, en Tepecoacuilco, reportaron el hallazgo del cuerpo de un hombre.
A las 7:45 llegaron al lugar policías estatales, municipales y soldados del Ejército. El cuerpo estaba cubierto con un pedazo de manta blanca en la que estaba escrito un narcomensaje dirigido a mandos del Ejército.
Las fuentes consultadas indicaron que tenía el tiro de gracia en la cabeza y otro balazo en el cuerpo, tenía huellas de haber sido torturado, estaba amordazado, con los pies atados con una agujeta al igual que las manos, las cuales las tenía hacia la espalda.
Peritos de la Fiscalía con sede en la zona Norte que se hicieron cargo de las diligencias encontraron dos casquillos percutidos, uno calibre .9 milímetros y otro calibre .45. El cuerpo estaba sin identificar y fue trasladado a la morgue de Iguala.
Más tarde fuentes consultadas dieron a conocer el mensaje que había en el texto dirigido a mandos del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, a los que señalan de nexos y de recibir dinero de narcotraficantes.
En el texto se lee, “se les advirtió, nosotros no perdonamos traiciones ni mamadas y para que vean que no estamos jugando cuando decimos esto, aquí está el primero y los que faltan, en especial los mandos del 27 Batallón de Infantería, ya que se hizo un acuerdo y ustedes no lo respetaron. Bien que estiraron la mano para recibir el dinero, mierdas y ahora se hacen los dignos”.
“No es que critique su trabajo ni quiero enseñarles cómo hacerlo, simplemente es un punto de vista. Señor Osorio Chong, supervise sus corporaciones ya que se venden al mejor postor. Atte: Gente Nueva”, dice el mensaje en contra del Batallón de Infantería señalado también se haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que ayer cumplieron 40 meses desaparecidos.
En la tarde las fuentes consultadas confirmaron que el joven hallado ejecutado y torturado era un soldado en activo del 27 Batallón de Iguala de nombre Bernabé, de 27 años, vecino de la localidad de Minas Viejas, municipio de Taxco.
Ayer sus familiares lo identificaron y reclamaron el cuerpo, y presentaron la denuncia correspondiente por homicidio en contra de quien o quienes resulten responsables.
Ejecutan en el portón de su casa a un hombre en Chilpancingo
Hombres armados con Ak-47 Calibre 7.62 mataron en el portón de su casa a quemarropa a un vecino de la calle Monterrey, en la colonia San Juan, de Chilpancingo.
A las 11:35 de la noche de este sábado fue reportado a través del número de emergencia 911 un ataque a balazos en la colonia ubicada al norte de la ciudad.
El reporte oficial indica que hombres armados tocaron al portón de una vecindad diciendo se había registrado un choque sobre la calle y que uno de los carros estacionados había sido afectado.
Al salir la víctima a confirmar el choque, fue recibida a balazos, y quedó tendida dentro de la vecindad.
El hecho provocó la movilización de autoridades de seguridad y paramédicos de la Cruz Roja, que al llegar al lugar confirmaron que la víctima había muerto.
Hasta las 12 de la medianoche, no se tenía más información sobre la identidad de la víctima.
Hieren a balazos a un hombre y a un niño de tres años en Xochipala, Zumpango
Este viernes en la noche un hombre y un niño de tres años y siete meses resultaron heridos a balazos en la comunidad de Xochipala, municipio de Eduardo Neri (Zumpango).
En un informe policiaco se relata que en una llamada al 911 se alertó a las 8:30 de la noche que dos personas provenientes de Tlacotepec, municipio de Heliodoro Castillo, fueron heridas cuando pasaban por Xochipala.
La versión indica que hombres armado atacaron el vehículo en el que viajaban dejando heridos al niño Alan y a Román de 32 años. En el auto también viajaba una mujer que resultó ilesa.
Trabajadores de Protección Civil estatal llegaron a la comunidad a brindar la atención y trasladaron a los heridos a un hospital privado.
Trascendió que los agredidos habían asistido a un acto de precampaña a la cabecera municipal de Tlacotepec.
Detienen a tres hombres y a una mujer menor de edad con un arsenal, mariguana y vehículos en San Jeronimito
En San Jeronimito, municipio de Petatlán, fueron detenidos tres hombres y una mujer menor de edad en posesión de un arsenal, equipo táctico, presunta mariguana y tres vehículos con reporte de robo.
En un boletín de prensa se informó que la Policía Estatal adscrita a la Coordinación Operativa de la Región de Costa Grande detuvo este sábado a cuatro personas, tras un reporte al número de emergencias 911.
En la llamada se dijo que había personas armadas en carros en una brecha que conduce al río, y ahí detuvieron a las cuatro que iban a bordo de una camioneta Mazda CX5, gris.
“A un masculino que se encontraba sentado del lado del copiloto se le apreciaba entre sus manos un arma de fuego larga, por lo que los policías estatales descendieron de las patrullas asegurando en el lugar a tres masculinos y una fémina”, se describe.
Los detenidos fueron identificado como José Celedonio de 38 años, quien portaba un fusil AK-47 calibre 7.62X39 milímetros, con un cargador metálico con 30 cartuchos útiles del mismo calibre, Manuel de 40 años portaba un fusil marca Sturm. Ruger&co. INC, calibre .223mm, con la leyenda Southport. Conn. USA, matrícula 181-36122, con un cargador metálico abastecido con 20 cartuchos útiles calibre .223mm, Alexis Jordán de 23 años portando un fusil AK-47 con las leyendas 1970, EC2636, 0634, con un cargador con 30 cartuchos útiles del mismo calibre, así como a una menor de edad que portaba un fusil Bush Master calibre .223-5.56mm, modelo XM15-E25, con un cargador abastecido con 20 cartuchos útiles calibre .223mm..
En la camioneta modelo 2015 placas de circulación CHP-50-68 del estado de Guerrero, número de serie JM3KE2B78F0464587 que resultó con reporte de robo, se localizaron 5 cargadores metálicos con capacidad para 30 cartuchos calibre 7.62x39mm, 3 cargadores metálicos con capacidad para 30 cartuchos calibre .223mm, un cargador metálico con capacidad para 20 cartuchos calibre .223mm, 126 cartuchos útiles calibre 7.62x39mm, 40 cartuchos útiles calibre .223mm, 30 cartuchos útiles calibre .50mm, un chaleco negro con su panel balístico; 2 fornituras color negro; una fornitura color verde con 4 cartucheras; una camisola color verde pixelada tipo militar; un uniforme completo verde camuflado (camisola y pantalón); una mochila color negro con 64 bolsitas transparentes con hierba seca con características propias de la marihuana y un peso aproximado de un kilogramo.
El segundo vehículo marca Kia, tipo Sportage, color negro, modelo 2017, placas de circulación PZN-99-90 del Estado de México, número de serie KNDPR3NC7H7329418, también con reporte de robo en el REPUVE del 7 de noviembre de 2017; el tercero, marca Honda, tipo HR-V, color rojo, modelo 2016, placas de circulación PZE-55-41 del estado de Morelos, número de serie 3HGRU5739GM007577, con reporte de robo en el REPUVE del 10 de diciembre de 2017.
Ante los hecho se solicitó el apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México, para trasladarlos y ser puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Federación en Acapulco.
Era vecino de El Capire el ejecutado el jueves en Pantla del Zapotal, Iguala
En otro hecho, la mañana de ayer familiares identificaron el cuerpo del joven de 23 años, ejecutado la mañana del jueves en la comunidad de Pantla del Zapotal, municipio de Iguala.
El cuerpo fue identificado como Ángel, de 23 años, quien era vecino de la colonia El Capire de Iguala y era montador de toros. Se informó que desapareció el miércoles por la noche y su cuerpo fue localizado la mañana del jueves con el tiro de gracia y vendado de los ojos.
Detiene la Policía Federal en Paso Texca a un conductor que transportaba 6 kilos de cocaína
La Policía Federal al detener a un conductor que no portaba el cinturón de seguridad cuando conducía sobre la carretera federal Acapulco -Coyuca, a la altura de la comunidad Paso Texca, descubrió un compartimiento en el que escondía seis kilos 300 gramos de cocaína.
Según un boletín de prensa difundido en la pagina oficial de la Policía Federal, se decomisaron alrededor de 6 kilos 300 gramos de cocaína que iban ocultos en un compartimento adaptado al asiento del copiloto de un automóvil.
En el comunicado se detalla que sobre la carretera del libramiento de Acapulco, justo en el poblado Paso Texca, municipio de Acapulco, una patrulla de la Policía Federal marcó el alto a un automóvil porque el conductor no portaba cinturón de seguridad.
Al informarle su falta al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal los oficiales realizaron una inspección al automóvil en la que descubrieron el compartimiento.
Debajo del asiento del copiloto se ocultaban siete envoltorios que contenían polvo blanco con las características similares a la cocaína.
El conductor del carro fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien determinará la situación jurídica del detenido así como el tipo y peso exacto de la sustancia.
A 31 meses de los ataques y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en esta ciudad, normalistas e integrantes de las organizaciones sociales que los acompañan colocaron ofrendas florales en memoria de los tres estudiantes asesinados, y denunciaron hostigamiento y persecución del gobierno federal en contra de jóvenes de la Normal Rural y los padres de los 43 desaparecidos.
En la mañana ante la versión de que padres de los normalistas, estudiantes de Ayotzinapa y organizaciones que los acompañan iban a protestar en esta ciudad, los retenes militares que son permanentes en las entradas a la ciudad fueron retirados, la vigilancia y la seguridad en el 27 Batallón de Infantería se reforzó con la colocación de vallas metálicas y la sede del Ayuntamiento fue vigilada por agentes armados de la Policía Federal.
Una hora después de la hora convocada, a las 6 de la tarde inició la primera actividad en la estela colocada a los normalistas asesinados Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, en la esquina de la calle Juan Álvarez y periférico Norte, sitio al que llegaron cuatro normalistas de Ayotzinapa en un autobús de la estrella de oro, en representación de los padres.
Tras la colocación de una corona de flores de dos estudiantes en el sitio en el que ocurrieron los primeros ataques a los estudiantes, un joven reclamó la falta de atención de las autoridades federales a los padres de los 43 desaparecidos, a quienes los recibieron con policías antimotines y gases lacrimógenos cuando pedían una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación.
Denunció que han recibido amenazas, hostigamiento y persecución de autoridades del gobierno federal como forma de presión para dejar el movimiento.
Crítico que a 31 meses de los hechos el gobierno federal les cierra las puertas y hace caso omiso a sus peticiones, con la finalidad de dar por cerrado el caso y sostener la “mentira histórica”, como se refirió a la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, lo que el gobierno federal llama la “verdad histórica”.
Un representante del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, reclamó que no haya personas sentenciadas por asesinato y desaparición forzada, y demandó justicia para los asesinados, la presentación con vida de los 43 alumnos de la Normal Rural y castigo para los culpables.
“Ya estamos hartos de que nos estén diciendo mentiras, y si a nosotros como ciudadanos nos duele y nos afecta esta situación, entendemos y justificamos los actos que realizan los padres de familia por la ausencia de sus hijos luego de 31 meses”.
El primer mitin concluyó a las 6:35 y los cerca de 50 activistas del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala y la comitiva de normalistas, se trasladaron en vehículos a la estela de Julio César Mondragón Fontes, para colocar también una ofrenda floral y hacer un segundo mitin en el que reiteraron la exigencia de justicia y presentación con vida de los 43 normalistas.
Un maestro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) que tomó la palabra en el segundo acto donde fue hallado torturado y desollado del rostro el normalista Julio César Mondragón, calificó ese hecho como “una muestra de la podredumbre del PRI-gobierno”, dijo que van a seguir luchando para que sean castigados los involucrados en los ataques y la desaparición de los normalistas.
Advirtió que seguirán al lado de los padres y los normalistas para exigir justicia y no descartó la posibilidad de que una comisión se sume al plantón en la Procuraduría General de la República (PGR).
Después de las 7 de la noche la comisión de normalistas salió hacia Chilpancingo y los miembros de las organizaciones se trasladaron a la explanada municipal, donde hicieron un acto cívico-cultural como lo han hecho cada mes desde la desaparición de los jóvenes.
El representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega declaró ayer en esta ciudad que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha informado de la inspección de sus agentes en el paraje Las Parotas, al poniente de Iguala, donde se buscan posibles entierros clandestinos.
En declaraciones a reporteros al término de las actividades del segundo día de la Caravana por la Memoria y la Esperanza, consideró que el relevo de mandos en el Ejército es para “proteger” a los que participaron en los ataques y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en referencia al cambio de mando en el 27 Batallón de Infantería.
De las exploraciones de posibles entierros clandestinos que iniciaron el martes peritos forenses, antropólogos y agentes de los ministerios públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) en la zona de Las Parotas, cerca del lugar de hallazgo de fosas clandestinas, dijo que a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos no se les está dando información de estas diligencias.
Informó que apenas se reunirán con sus abogados para saber qué es lo que está haciendo la PGR, porque “nosotros no tenemos conocimiento”.
Recordó que una de las exigencias de los padres es que la PGR tiene que avanzar en las investigaciones con la presencia de sus abogados, lo cual fue un acuerdo.
Sostuvo que “ya no hay confianza en la PGR, en el trabajo que realizan, ni en la investigación ni en la búsqueda”, aunque no descartó que en esa diligencia este alguno de los representantes legales de los padres.
Mencionó los cambios, rotaciones y ascensos en el Ejército y en particular el caso del 27 Batallón de Infantería de Iguala, señalado de operar los ataques contra los normalistas, en donde ya hubo dos cambios de jefe militar, uno fue el coronel José Rodríguez Pérez, quien a finales de julio de 2015 fue relevado en el cargo y ascendido a general brigadier, después de los ataques a los 43 normalistas.
El representante de los padres consideró que estos cambios y ascensos a mandos militares son parte de la “protección” para que nunca se investigue al general José Rodríguez ni a los soldados que tuvieron qué ver, “fue ascendido y lo están premiando, es una manera de proteger a este comandante para que nunca se le investigue y que esta investigación nunca se esclarezca”.
De la investigación de la periodista Anabel Hernández que revela que se usaron armas registradas en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que sólo portan sus soldados, y que fueron utilizadas en los ataques a los normalistas, Melitón Ortega exigió que el gobierno dé una explicación de por qué fueron hallados esos casquillos, “¿acaso las armas del Ejército tienen que estar en manos de otras organizaciones y de otras personas?, o ¿cuántas veces se les han perdido las armas o municiones a los soldados del Ejército, o en qué momento pasó”, fueron algunos de los cuestionamientos que hizo.
Una reportera le preguntó de su próxima reunión con el procurador de la República, Raúl Cervantes Andrade, y el representante de los padres indicó que en tanto no se les informe de la investigación en contra del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, de la detención de dos policías federales y una línea en la que se investigue a los policías municipales de Huitzuco, “no tenemos nada a qué regresar, porque no hay nada qué platicar, queremos avances y resultados en las líneas de investigación”.
Soldados del Ejército quitaron los retenes de las entradas a la ciudad, y la seguridad en los accesos al 27 y 41 batallones de infantería fue reforzada ante la versión de que normalistas y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa protestarían en este lugar.
Antes de las 9 de la mañana de ayer policías militares que mantienen la vigilancia permanente en los retenes de Loma de Coyotes, en la salida a Teloloapan, El Tomatal en la salida a Chilpancingo y El Naranjo en la salida a Taxco abandonaron los puestos y fueron concentrados en el 27 Batallón de Infantería.
En la entrada principal del cuartel militar del 27 Batallón en el periférico oriente, la seguridad fue reforzada con la colocación de vallas metálicas con alambre de púas, además fue cerrado el portón que se colocó después de las protestas de padres de os 43 normalistas desaparecidos y estudiantes, y el acceso a vehículos no oficiales se suspendió.
En el perímetro frente al batallón y en el estacionamiento de la plaza Galerías Tamarindos, propiedad del ex alcalde detenido el perredista José Luis Abarca Velásquez, vinculado con el caso de los ataques y la desaparición de los normalistas, se vio la vigilancia de policías estatales y federales.
En el acceso al 41 batallón en la carretera Iguala-Taxco, ubicado atrás del 27 batallón, la seguridad implementada fue menor, pero también se levantaron vallas metálicas.
Desde la mañana surgió la versión de que normalistas y padres de los 43 desaparecidos vendrían a Iguala a una protesta, lo cual no sucedió pero alertó a las diferentes corporaciones policiacas y militares, a quienes también se les vio en recorridos de vigilancia en distintos puntos de la ciudad.
Después de la 1 de la tarde fuentes del Ayuntamiento informaron que ante la versión de que vendrían normalistas y padres de los desaparecidos, personal de la Secretaría de Finanzas de las áreas de ingresos y egresos sacaron cajas de papelería, las cuales estaban subiendo a una camioneta de alquiler, presuntamente como parte del desalojo y resguardo de material ante una posible protesta.
Más tarde otras versiones indicaron que la papelería extraída del edificio de gobierno municipal es parte del informe de ingresos y egresos del ejercicio 2016, el cual trasladaron a un lugar que no se informó.
En una nueva escalada de violencia en Iguala, seis hombres fueron ejecutados en diferentes hechos entre el 24 y 25 de diciembre, uno de ellos fue hallado con las manos atadas, huellas de tortura y un narcomensaje en el que se acusa a un líder transportista y a otras personas de tener vínculos con la delincuencia.
La ola de ejecuciones a pesar de la presencia las policías estatal y federal, y de soldados del ejército de los batallones de Infantería 27 y 41, este último sede del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI), dejó nueve ejecutados en cuatro días y un total de 39 desde el 30 de septiembre.
Cerca de las 8:30 de la mañana del jueves, mediante una denuncia anónima a los números de emergencia 066 se informó del hallazgo del cuerpo de un hombre ejecutado a balazos en un predio baldío de la avenida Club de Leones, del fraccionamiento del Valle, ubicado cerca de la zona de residencias del bulevar Heroico Colegio Militar, entre la caseta de peaje de la carretera Iguala-Cuernavaca y las instalaciones del 27 Batallón.
Recostado boca abajo, con las manos atadas hacia la espalda, huellas de tortura en diferentes partes del cuerpo y el tiro de gracia en la cabeza, fue hallado el cuerpo de un hombre robusto de unos 40 años, junto a él fue hallado un narcomensaje en una cartulina blanca, que fue decomisada por el Ministerio Público.
Aunque en un inicio se ocultó el mensaje que había en la cartulina, fuentes oficiales informaron que en el texto se leía: “Gobierno federal y militar pongan atención: Esto va para ustedes Nicolás Nájera Salgado, El May, el Tío; el Profe José Luis Ramírez, El Churros o la Bruja, Gabino, El Gaby, El Chiquilín, Enrique Pérez Carreto, Victórico Martínez López; ellos son los encargados de tantas muertes en Iguala, extorsión, secuestros… Nosotros sí nos podemos defender, las mujeres no. Salgan a peliar. Asesinos despertaron al diablo perros. Att: Daniel (el travieso jajaja)”.
Cerca del cuerpo fueron asegurados cuatro casquillos percutidos .9 milímetros por agentes del Ministerio Público y peritos que realizaron las diligencias.
La zona fue acordonada por policías federales, estatales y ministeriales, y al final de las diligencias el cuerpo fue trasladado al Semefo de esta ciudad en calidad de desconocido.
Asesinan a tres montadores de toros en una casa de la colonia López Mateos
A las 3:15 de la tarde del mismo jueves, fueron reportadas por vecinos de la colonia Adolfo López Mateos, al poniente de la ciudad, detonaciones de arma de fuego.
Minutos después, policías federales y estatales confirmaron que en una casa ubicada en la calle Narciso Mendoza esquina con prolongación de Arteaga, de ese asentamiento, tres hombres de entre 25 y 30 años fueron ejecutados a balazos adentro de una casa.
Los tres fueron hallados boca abajo con varias heridas de bala, y los tres tenían el tiro de gracia; dos estaban tirados en el piso y uno en una cama.
Según versiones de testigos, hombres armados, a bordo de una motocicleta llegaron hasta la vivienda y, después de disparar a los tres hombres huyeron con rumbo desconocido.
Sólo se informó que los tres hombres ejecutados eran montadores de toros y tenían unos ocho días de haber llegado a Iguala, contratados por el empresario César Carrillo Salgado, de quien tampoco se sabe de su paradero, según las fuentes.
Después de las diligencias, los tres cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad en calidad de desconocidos.
Balean a un taxistas y a otro hombre en la colonia Juan Álvarez, cerca del centro de la ciudad
Cerca de las 3:45 de la tarde de ayer, hombres armados a bordo de dos motocicletas ejecutaron a balazos a dos hombres en la calle Simón Bolívar esquina con Miguel Hidalgo, en la colonia Juan Álvarez, cerca del centro de la ciudad.
Los cuerpos fueron identificados por familiares como José Luis Román Díaz, de 49 años, conductor del taxi 810 Nissan Tsuru con placas 70-49-FFN de Guerrero, de la organización Frente Transportista, el cual quedó recostado en la calle, boca arriba, con al menos tres disparos en el tórax; el segundo cuerpo, identificado como Norberto Palacios Pineda de unos 35 años, quedó hincado en la puerta derecha trasera del taxi, recargado hacia el asiento.
Según testigos, al menos cinco jóvenes a bordo de dos motocicletas pasaron por el lugar, uno de ellos descendió de la motocicleta con una pistola en la mano y abrió fuego contra los dos hombres, para después huir en la misma motocicleta.
Policías federales y estatales aseguraron y acordonaron la zona, en tanto que peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público que realizaron las diligencias hallaron en la zona al menos siete casquillos percutidos calibre .9 milímetros.
Ambos cuerpos fueron trasladados al Semefo de esa ciudad.
El alcalde del municipio de Apaxtla, Salvador Martínez Villalobos informó que aún no hay avances para dar con el paradero de los siete vecinos que fueron levantados por pistoleros con vestimenta tipo militar el pasado 8 de diciembre.
Consultado por teléfono, el alcalde por el Partido Nueva Alianza comentó que no han recibido comunicación con los delincuentes para negociar y liberar a los siete vecinos privados de su libertad.
Dijo que aunque no tienen resultados de la búsqueda de los vecinos, “siguen los operativos de búsqueda en el municipio por parte de la Policía Estatal y del 27 Batallón de Infantería para encontrar los siete personas plagiadas”.
Explicó que el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que se había utilizado durante cinco días para la búsqueda sigue en mantenimiento, según le informaron.
Martínez Villalobos comentó que han recibido apoyo del gobernador Héctor Astudillo Flores y del Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y del Operativo Tierra Caliente para dar con el paradero de los siete vecinos de Apaxtla.
Hace 14 días, el 8 de diciembre fueron levantados por entre 15 y 20 hombres armados con vestimenta tipo militar cinco pasajeros de una Urvan de la ruta Apaxtla-El Caracol, quienes fueron identificados como Pablo Hernández Trujillo, Feliciano Hernández Aguilar y Maribel Castrejón Sánchez de la comunidad de Amacahuite, y Carmelo García Estrada y Gustavo Ríos Tinoco de la comunidad de Tetela del Río, municipio de Heliodoro Castillo, el último, chofer de la Urvan.
También fueron levantados Isidro Sarabia Sánchez y Ubaldo Chavelas Morales, ambos leñadores de la cabecera municipal de Apaxtla. (Luis Blancas / Chilpancingo).
