Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó “la colusión” de sectores del Ejército en Iguala con el narcotráfico, así como el “conocimiento” que tenía de los nexos de otras autoridades, desde antes de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas.
Para el GIEI, “eso explica en parte su actuación, ocultamiento y falta de protección a los jóvenes, a pesar de la información con que contaban desde las 18 horas de ese día, 26 de septiembre de 2014, y durante toda la noche”.
En el apartado “Actuación del Ejército”, los expertos internacionales refieren que los hechos ocurrieron en el contexto del trasiego de drogas entre Iguala y Chicago, en Estados Unidos, y que “las escuchas telefónicas” durante el proceso judicial contra Pablo Vega, conocido como El Transformer, líder de una célula de Guerreros Unidos, y otros, en 2014, “muestran que había colusión entre ese grupo delictivo con mandos militares, tanto del 27 Batallón de Infantería, como del 41 Batallón de de Iguala”.
Por ejemplo, en el documento GAOI 5321, del 2 de octubre de 2014, de la comandancia de la 35 Zona Militar, se cita una información donde se refieren a “un Teniente B. del Ejército”, además de que “se encontraron con una camioneta del 27 Batallón, a cargo de dicho teniente, el cual habría dicho textualmente: ‘ya van a empezar a chambiar para abrirme a la verga’”, y la respuesta de un jefe policiaco fue: ‘sí, ya vamos a tirar vergazos. Como va’”.
El Teniente B. aparece también en la declaración del Testigo Protegido D, como alguien que ayudó a la policía de Huitzuco a ocultar su participación en los hechos, y que estaba coludido con el narcotráfico, de acuerdo con el informe.
“Igual aparece el referido en otras declaraciones de miembros de la delincuencia organizada”.
El GIEI sostiene, en su informe, que testimonios y declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos aportados ante el juez por testigos protegidos, confirmaron estos hechos y señalaron a algunos de los miembros del Ejército “de estar implicados, como los comandantes en esa época de ambos batallones, y al menos un capitán y un teniente identificados, así como otros miembros del Ejército”.
El GIEI obtuvo transcripciones de conversaciones de miembros de Guerreros Unidos con mandos militares, “que permiten ver cuál es el grado de vinculación y retribución que se acuerda con miembros del Ejército, para la época de los hechos”.
Documenta que en diversas declaraciones del Testigo Protegido J se dice que los miembros del 41 Batallón de Infantería, y en particular un comandante, recibían dinero de la organización criminal y tenían reuniones a las que acudían, con jefes de la organización varios de los soldados del 41 Batallón, y según esta declaración, eran pagados por ellos.
También señala que en la declaración del Testigo Identificado J, ante el Juzgado Primero de Tamaulipas, el 24 de marzo de 2023, se “muestra la entrega de dinero a autoridades militares”.
Refiere que “las escuchas” de Chicago, Estados Unidos, señalan pagos y relaciones con varios militares, que las declaraciones de testigos protegidos han señalado que les proporcionaban dinero periódicamente, para que dejaran llevar a cabo sus acciones a los Guerreros Unidos.
“Esta colusión es parte de las condiciones que facilitaron que se llevase a cabo la desaparición de los estudiantes. La simulación de actuación, llevada a cabo por el 27 Batallón durante esa noche, sin interferir en ninguno de los ataques, y llegando supuestamente cuando los muertos y desaparecidos ya se habían producido, tuvo además su continuidad en el ocultamiento de información, el desvío de la atención a otras supuestas razones para su no protección de los jóvenes y la negación de hechos ya probados”, refiere el informe.
Sostiene, además, que todas las autoridades de los ámbitos estatal y federal tenían conocimiento previo de la colusión con la delincuencia organizada, de autoridades y policías municipales de Iguala, y varias de ciudades cercanas, “tal y como puede verse en las actas de la Coordinación Guerrero Seguro, donde participaban Ejército, Marina, Policía Federal, Procuraduría de Justicia Estatal (ahora FGE), Procuraduría General de la República (ahora FGR), Seguridad Pública Estatal y gobierno de Guerrero (gobernador, secretario general de Gobierno, secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, vocero y asesor)”.
El informe añade: “Desde meses antes de los hechos, existía conocimiento previo, que se muestra en cuatro tipos de fuentes distintas, tales como actas del Grupo Guerrero Seguro, documentos de Sedena a los que tuvo acceso el GIEI y que se encuentran en sus archivos, documentos del CISEN y entrevistas con personas clave o responsables institucionales de la época”.
Con respecto al Grupo de Coordinación Guerrero Seguro, los expertos del GIEI aseguran que existen documentos y actas de las reuniones, desde mayo de 2014, donde se hacía referencia a la “cooptación” de policías y autoridades locales por la delincuencia organizada.
Destaca que en el anexo FCA GAOI 4957, del 25 de octubre de 2013, de la 35 Zona Militar, denominado Agenda de riesgos y amenazas, se incluye una relación de funcionarios con presuntos vínculos con la delincuencia organizada, varias de ellas, implicadas en el caso Ayotzinapa.
Refiere que, entre ellos, hay diputados federales y locales, así como presidentes municipales y directores de Seguridad Pública de Teloloapan, Iguala, Cocula y Apaxtla.
También destaca que existía el antecedente del asesinato de Arturo Hernández Cardona, “militante de oposición de Iguala” en 2013, hecho al que ya aparecía ligado entonces el propio presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y por cuya responsabilidad fue sentenciado a 90 años de cárcel, en mayo de 2023”.
“La gravedad de la situación era tan conocida que, desde mayo de 2014, se solicitó desarmar a la policía de Iguala en el Grupo de Coordinación Guerrero Seguro”.
Insiste en que las autoridades militares y el CISEN conocían la connivencia y cooptación por parte del narcotráfico, de diferentes presidentes municipales de la zona, desde hace al menos dos años.
Refiere que, por ejemplo, en la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero del 3 de mayo de 2014, el comandante de la 9 Región Militar expuso que “con la detención de X, un mayor retirado, quien operaba una célula delictiva en Iguala, se desarticuló el objetivo de formar una policía única y ahora es indispensable quitar al teniente que está al frente de la Policía Municipal de Apaxtla, ya que forma parte de la estructura que encabezaba el mayor”.
En el informe se hace referencia a múltiples hechos de violencia, que ocurrieron los dos años anteriores a los ataques y a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, donde se afirma que en caso de haber intervenido, se habrían evitado.
“Existe una amplia evidencia del nivel de información que tenía Sedena, en ese momento, sobre actividades delictivas de grupos ligados al narcotráfico y la delincuencia organizada, lo que permite ver que, lejos de ser cuestiones ajenas al propio Ejército, hacían parte de sus patrullajes, recogida de información y análisis del contexto, que permitían tener conocimiento directo de la situación”.
Añade: “Podemos afirmar que la situación del crimen organizado, en la jurisdicción de la 35 Zona Militar, incluida la sede del Batallón 27 de Iguala, era grave y se tenía conocimiento global de su accionar, reflejándose del 16 de enero de 2013 al 22 de septiembre de 2014, en la estadística de delitos del fuero federal”.
Menciona que documentos de Sedena muestran cómo el Ejército tenía monitoreo de la situación e información de vínculos, entre autoridades de distintos niveles en varias localidades de la zona de Iguala y aledañas, donde aparecen incluso nombres de personas con distintos niveles de implicación en los hechos, algunas de ellas detenidas y judicializadas, y otras no”.
“Es decir, se tenía conocimiento previo de la implicación con el crimen organizado de varias de las personas vinculadas a la investigación sobre Ayotzinapa, no sólo el presidente municipal de Iguala”, pero señala que esto se negó en el proceso de investigación posterior.
Menciona que, si bien con posterioridad algunas de estas personas fueron detenidas, hay otras que están pendientes de vincular a proceso.
Asimismo, refiere que encontraron a personal que había sido parte de la Sedena y que estaban prófugos de la justicia penal militar, sin embargo, prestaban sus servicios en las policías de Iguala y Cocula.
Los expertos exponen en el informe que toda esta información, que implicaba a mandos militares con la delincuencia organizada, así como la omisión antes y después del caso Ayotzinapa, y su participación en los hechos, quiso ser despejada en una entrevista y plantearon la solicitud a los mandos.
–El GIEI expresa la necesidad de contar con la intervención de esa institución, para tener la posibilidad de entrevistar de manera directa a los integrantes del 27 Batallón de infantería, ¿aceptaría usted?–preguntaron a un mando de la Sedena.
–No, porque no son (los del GIEI) autoridades mexicanas, y no tienen la facultad para entrevistarnos –fue la respuesta, según se consigna en el informe.