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GIEI: hubo “colusión” del Ejército con el crimen en Iguala y supo que otras autoridades lo estaban

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El 25 de julio, Carlos Martín Beristain y Ángela María Buitrago, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ofrecieron su último informe sobre los hallazgos, avances, obstáculos y pendientes sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Foto: Cuartoscuro

En su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó “la colusión” de sectores del Ejército en Iguala con el narcotráfico, así como el “conocimiento” que tenía de los nexos de otras autoridades, desde antes de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas.
Para el GIEI, “eso explica en parte su actuación, ocultamiento y falta de protección a los jóvenes, a pesar de la información con que contaban desde las 18 horas de ese día, 26 de septiembre de 2014, y durante toda la noche”.
En el apartado “Actuación del Ejército”, los expertos internacionales refieren que los hechos ocurrieron en el contexto del trasiego de drogas entre Iguala y Chicago, en Estados Unidos, y que “las escuchas telefónicas” durante el proceso judicial contra Pablo Vega, conocido como El Transformer, líder de una célula de Guerreros Unidos, y otros, en 2014, “muestran que había colusión entre ese grupo delictivo con mandos militares, tanto del 27 Batallón de Infantería, como del 41 Batallón de de Iguala”.
Por ejemplo, en el documento GAOI 5321, del 2 de octubre de 2014, de la comandancia de la 35 Zona Militar, se cita una información donde se refieren a “un Teniente B. del Ejército”, además de que “se encontraron con una camioneta del 27 Batallón, a cargo de dicho teniente, el cual habría dicho textualmente: ‘ya van a empezar a chambiar para abrirme a la verga’”, y la respuesta de un jefe policiaco fue: ‘sí, ya vamos a tirar vergazos. Como va’”.
El Teniente B. aparece también en la declaración del Testigo Protegido D, como alguien que ayudó a la policía de Huitzuco a ocultar su participación en los hechos, y que estaba coludido con el narcotráfico, de acuerdo con el informe.
“Igual aparece el referido en otras declaraciones de miembros de la delincuencia organizada”.
El GIEI sostiene, en su informe, que testimonios y declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos aportados ante el juez por testigos protegidos, confirmaron estos hechos y señalaron a algunos de los miembros del Ejército “de estar implicados, como los comandantes en esa época de ambos batallones, y al menos un capitán y un teniente identificados, así como otros miembros del Ejército”.
El GIEI obtuvo transcripciones de conversaciones de miembros de Guerreros Unidos con mandos militares, “que permiten ver cuál es el grado de vinculación y retribución que se acuerda con miembros del Ejército, para la época de los hechos”.
Documenta que en diversas declaraciones del Testigo Protegido J se dice que los miembros del 41 Batallón de Infantería, y en particular un comandante, recibían dinero de la organización criminal y tenían reuniones a las que acudían, con jefes de la organización varios de los soldados del 41 Batallón, y según esta declaración, eran pagados por ellos.
También señala que en la declaración del Testigo Identificado J, ante el Juzgado Primero de Tamaulipas, el 24 de marzo de 2023, se “muestra la entrega de dinero a autoridades militares”.
Refiere que “las escuchas” de Chicago, Estados Unidos, señalan pagos y relaciones con varios militares, que las declaraciones de testigos protegidos han señalado que les proporcionaban dinero periódicamente, para que dejaran llevar a cabo sus acciones a los Guerreros Unidos.
“Esta colusión es parte de las condiciones que facilitaron que se llevase a cabo la desaparición de los estudiantes. La simulación de actuación, llevada a cabo por el 27 Batallón durante esa noche, sin interferir en ninguno de los ataques, y llegando supuestamente cuando los muertos y desaparecidos ya se habían producido, tuvo además su continuidad en el ocultamiento de información, el desvío de la atención a otras supuestas razones para su no protección de los jóvenes y la negación de hechos ya probados”, refiere el informe.
Sostiene, además, que todas las autoridades de los ámbitos estatal y federal tenían conocimiento previo de la colusión con la delincuencia organizada, de autoridades y policías municipales de Iguala, y varias de ciudades cercanas, “tal y como puede verse en las actas de la Coordinación Guerrero Seguro, donde participaban Ejército, Marina, Policía Federal, Procuraduría de Justicia Estatal (ahora FGE), Procuraduría General de la República (ahora FGR), Seguridad Pública Estatal y gobierno de Guerrero (gobernador, secretario general de Gobierno, secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, vocero y asesor)”.
El informe añade: “Desde meses antes de los hechos, existía conocimiento previo, que se muestra en cuatro tipos de fuentes distintas, tales como actas del Grupo Guerrero Seguro, documentos de Sedena a los que tuvo acceso el GIEI y que se encuentran en sus archivos, documentos del CISEN y entrevistas con personas clave o responsables institucionales de la época”.
Con respecto al Grupo de Coordinación Guerrero Seguro, los expertos del GIEI aseguran que existen documentos y actas de las reuniones, desde mayo de 2014, donde se hacía referencia a la “cooptación” de policías y autoridades locales por la delincuencia organizada.
Destaca que en el anexo FCA GAOI 4957, del 25 de octubre de 2013, de la 35 Zona Militar, denominado Agenda de riesgos y amenazas, se incluye una relación de funcionarios con presuntos vínculos con la delincuencia organizada, varias de ellas, implicadas en el caso Ayotzinapa.
Refiere que, entre ellos, hay diputados federales y locales, así como presidentes municipales y directores de Seguridad Pública de Teloloapan, Iguala, Cocula y Apaxtla.
También destaca que existía el antecedente del asesinato de Arturo Hernández Cardona, “militante de oposición de Iguala” en 2013, hecho al que ya aparecía ligado entonces el propio presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y por cuya responsabilidad fue sentenciado a 90 años de cárcel, en mayo de 2023”.
“La gravedad de la situación era tan conocida que, desde mayo de 2014, se solicitó desarmar a la policía de Iguala en el Grupo de Coordinación Guerrero Seguro”.
Insiste en que las autoridades militares y el CISEN conocían la connivencia y cooptación por parte del narcotráfico, de diferentes presidentes municipales de la zona, desde hace al menos dos años.
Refiere que, por ejemplo, en la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero del 3 de mayo de 2014, el comandante de la 9 Región Militar expuso que “con la detención de X, un mayor retirado, quien operaba una célula delictiva en Iguala, se desarticuló el objetivo de formar una policía única y ahora es indispensable quitar al teniente que está al frente de la Policía Municipal de Apaxtla, ya que forma parte de la estructura que encabezaba el mayor”.
En el informe se hace referencia a múltiples hechos de violencia, que ocurrieron los dos años anteriores a los ataques y a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, donde se afirma que en caso de haber intervenido, se habrían evitado.
“Existe una amplia evidencia del nivel de información que tenía Sedena, en ese momento, sobre actividades delictivas de grupos ligados al narcotráfico y la delincuencia organizada, lo que permite ver que, lejos de ser cuestiones ajenas al propio Ejército, hacían parte de sus patrullajes, recogida de información y análisis del contexto, que permitían tener conocimiento directo de la situación”.
Añade: “Podemos afirmar que la situación del crimen organizado, en la jurisdicción de la 35 Zona Militar, incluida la sede del Batallón 27 de Iguala, era grave y se tenía conocimiento global de su accionar, reflejándose del 16 de enero de 2013 al 22 de septiembre de 2014, en la estadística de delitos del fuero federal”.
Menciona que documentos de Sedena muestran cómo el Ejército tenía monitoreo de la situación e información de vínculos, entre autoridades de distintos niveles en varias localidades de la zona de Iguala y aledañas, donde aparecen incluso nombres de personas con distintos niveles de implicación en los hechos, algunas de ellas detenidas y judicializadas, y otras no”.
“Es decir, se tenía conocimiento previo de la implicación con el crimen organizado de varias de las personas vinculadas a la investigación sobre Ayotzinapa, no sólo el presidente municipal de Iguala”, pero señala que esto se negó en el proceso de investigación posterior.
Menciona que, si bien con posterioridad algunas de estas personas fueron detenidas, hay otras que están pendientes de vincular a proceso.
Asimismo, refiere que encontraron a personal que había sido parte de la Sedena y que estaban prófugos de la justicia penal militar, sin embargo, prestaban sus servicios en las policías de Iguala y Cocula.
Los expertos exponen en el informe que toda esta información, que implicaba a mandos militares con la delincuencia organizada, así como la omisión antes y después del caso Ayotzinapa, y su participación en los hechos, quiso ser despejada en una entrevista y plantearon la solicitud a los mandos.
–El GIEI expresa la necesidad de contar con la intervención de esa institución, para tener la posibilidad de entrevistar de manera directa a los integrantes del 27 Batallón de infantería, ¿aceptaría usted?–preguntaron a un mando de la Sedena.
–No, porque no son (los del GIEI) autoridades mexicanas, y no tienen la facultad para entrevistarnos –fue la respuesta, según se consigna en el informe.

 

Militares cambiaron lugar y hora del hallazgo del cuerpo desollado de Mondragón: GIEI

Alejandro Guerrero

Iguala

En su sexto y último informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hizo nuevas revelaciones de manipulación de información y alteración de las escenas del crimen dentro de las investigaciones del caso Ayotzinapa en las que participaron efectivos del Ejército, entre ellas, que el normalista Julio César Mondragón Fontes, quien fue torturado y desollado del rostro, no fue hallado en la zona de Ciudad Industrial de Iguala como se ha dicho en la versión oficial, sino a 8 kilómetros de allí, en el poblado de Mexcaltepec, municipio de Taxco.
Asimismo, en su informe presentado este martes en el que los investigadores, Ángela Buitrago y Carlos Beristain además se despidieron del caso Ayotzinapa, evidencian una serie de contradicciones entre las comandancias del 27 y 41 Batallón de Infantería dependientes de la 35 Zona Militar, que en septiembre de 2014 ambas tenían sede en Iguala, y después de los hechos, el segundo fue transferido a Teloloapan.
Un reporte oficial enviado a la 35 Zona Militar la mañana del 27 de septiembre de ese año, indica que el hallazgo ocurrió en el poblado de Mexcaltepec, municipio de Taxco. Sin embargo, otro oficio del 41 Batallón refiere que Julio César Mondragón fue localizado en la zona industrial de Iguala, luego de una llamada anónima. En al menos tres documentos de la Sedena hay contradicciones sobre el lugar y la hora del hallazgo, así como de las autoridades que intervinieron en esa diligencia.
Mondragón Fontes, conocido por sus compañeros como El Chilango, estudiante de primer grado de la Normal de Ayotzinapa, estuvo desde la llegada de los normalistas a Iguala y su desaparición se dio después de los ataques en la esquina de la calle Juan Álvarez y Periférico Norte, luego de que policías municipales le cerraron el paso a los tres autobuses en los que viajaban.
Al tratar de resguardarse luego del segundo ataque en Álvarez y Periférico, fue interceptado por sus captores quienes lo torturaron con brutalidad, después lo asesinaron y lo desollaron del rostro por miembros de Guerreros Unidos con el probable apoyo de policías, de acuerdo con las investigaciones.
Hasta antes de este informe, la versión oficial era que el muchacho fue encontrado a las 8:30 de la mañana del 27 de septiembre de 2014 en la zona de Ciudad Industrial, en la esquina de las avenidas Industria Electrónica e Industria Textil, a 850 metros de la esquina de la calle Juan Álvarez y Periférico Norte, sitio en el que incluso se construyó un obelisco en su memoria.
El oficio 0932 firmado por un Coronel de Infantería del 41 Batallón indicaba que fueron efectivos de este cuartel quienes hicieron el hallazgo luego de recibir una llamada “anónima”.
El GIEI encontró otra contradicción de este hecho en archivos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En el informe se muestra un reporte oficial realizado por el responsable de Derechos Humanos de Sedena en el que se muestran las dos fotografías difundidas del cuerpo desollado y torturado de Mondragón Fontes.
Al pie de las fotografías enviadas al Estado Mayor de la 35 Zona Militar el 27 de septiembre de 2014 se lee: “aspecto general del cuerpo sin vida del sexo masculino localizado a inmediaciones del poblado de Mexcaltepec, municipio de Taxco de Alarcón, Gro.”.
“Es decir, la leyenda que acompaña a las fotografías del cuerpo de Julio César, señala otro lugar cercano a Taxco, donde habría sido encontrado el cuerpo. Este hecho debe ser investigado por la UEILCA, dado que contradice las versiones ya de por sí contradictorias sobre quienes intervinieron y las circunstancias del hallazgo del cuerpo de Julio César Mondragón”, indica el informe de los expertos.
El GIEI detectó además contradicciones en los informes oficiales de Sedena entre las horas del hallazgo y las corporaciones que intervinieron en las diligencias, las cuales consideró, deben ser investigadas y esclarecidas por la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa.
En el informe se indica que el comandante del 41 Batallón, “ordenó al C. TTe. F.J.A.H. al mando de la F.R. se trasladara al lugar de los hechos con la finalidad de corroborar la información de referencia, localizando el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino de aprox. 25 años de edad, con el rostro desollado, con vestimenta pantalón de mezclilla color negro, playera tipo sport color rojo, tenis color blanco y bufanda de color negro con rayas a la altura del cuello”.
Detalla que llegaron un agente del MP, un perito criminalista, el titular de Semefo, el jefe de Policía Ministerial, el encargado de la policía del Estado y un policía estatal del C-4 de Iguala, información que fue enviada incluso al comandante del 27 Batallón y al comandante de la Zona Militar 35 en Chilpancingo, firmado por el Coronel de Infantería R. H.N.-CMTE, el 27 de septiembre.
El GIEI precisó que no existe constancia de por qué intervino este batallón, que hasta entonces no había aparecido en la documentación oficial.
Sin embargo, de manera totalmente contradictoria, en comunicaciones oficiales del 27 Batallón se refiere que fue éste el que llegó al lugar después de una llamada del C-4 a las 9:50 de la mañana del 27 de septiembre.
Los documentos oficiales a los que tuvo acceso el grupo de expertos indican que luego de una llamada a C-4, “a las 10:20 de la mañana, el Comandante del 27/o. Batallón de Infantería ordenó a la Fuerza de Reacción, al mando del C. Teniente de lnfantería J.O.C., saliera a corroborar la información del cuerpo sin vida; lugar a donde también arribaron integrantes de la Policía Municipal de Iguala y Policía Estatal acompañando a las CC. Lie. M.C.L. Agente del Ministerio Público y V.D.R. Perito en Criminalística”.
Se observa que entre las contradicciones en esta referencia aparece Policía Municipal y no aparece Policía Ministerial, ni el encargado de la Policía Estatal del C-4. Tampoco hace referencia que en el lugar ya estuvieran efectivos del 41 Batallón custodiando el área.
El 17 de agosto de 2017, el teniente J.G. responsable de inteligencia del 27 Batallón, quien recibía toda la información del C-4, declaró ante la entonces PGR, que había un error en el mensaje “FCA” que había dado cuenta de la hora en que se habría comunicado que existía un cuerpo sin vida en la zona industrial de Iguala, señalando que el aviso se habría recibido antes de las 9 de la mañana.
Una contradicción más, indica, es que a respuesta de preguntas hechas por el GIEI y la Covaj, en el oficio SEDENADH-R-1060 “señala de nuevo que no intervino el 41 batallón, cosa que se contradice de nuevo con la evidencia documental revisada por el GIEI”.
El poblado de Mexcaltepec, en el que en febrero de 2014 se hizo el primer hallazgo masivo de fosas clandestinas de los que se tiene registro, está a 8 kilómetros de la zona de Ciudad Industrial, donde según la versión oficial fue hallado Julio César Mondragón.
Esta comunidad de Taxco está situada a 2 kilómetros de la comunidad de El Naranjo, Iguala, donde policías municipales del grupo Los Bélicos, al servicio de la organización Guerreros Unidos, mantenían uno de los tres retenes de vigilancia de acceso al municipio por los que nadie entraba ni salía en esa época sin ser revisado en tiempos del alcalde José Luis Abarca Velázquez.

¿Por qué el Ejército no entrega la información?, ¿qué esconden?, preguntan a AMLO padres de los 43

El padre Mario González durante su intervención en la conferencia de prensa celebrada en Cencos en la Ciudad de México en la que expresaron su postura sobre el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Foto: Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos expresaron ayer su tristeza por la salida de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de las investigaciones del caso Ayotzinapa; manifestaron su respaldo al informe que dejan, y exigieron una reunión “urgente” con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para pedirle que el Ejército entregue la información sobre la desaparición de sus hijos, y preguntaron ¿por qué lo la entregan? ¿qué esconden?.
La conferencia de prensa en el Centro de Comunicación Social (Cencos) en la Ciudad de México que se transmitió por Facebook, se realizó después de una reunión que los padres y madres tuvieron con el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas Rodríguez, después de que un día antes el GIEI dio a conocer su último informe sobre Ayotzinapa.
Por medio de su asesor jurídico Vidulfo Rosales Sierra, advirtieron que en adelante ya no van a dialogar con otras autoridades y exigieron una reunión urgente con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Manifestaron que el presidente les está fallando y reclamaron su derecho a conocer la verdad.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rosales Sierra advirtió que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), incurren en un delito al ocultar información del caso Ayotzinapa.
El abogado explicó que el gobierno mexicano debió responder a las peticiones de información que le planteo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) porque fue integrado por la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), ante la cual el gobierno mexicano tiene la obligación de acatar sus recomendaciones.
Explicó asimismo que el gobierno mexicano está obligado a seguir las investigaciones sobre la base del informe que dejó el GIEI; “para nosotros no será válido que al rato surja otro informe que el gobierno quiera sacar, otra posición u otra interpretación, no es necesario otro informe, este es el documento sobre el que tiene que seguir el gobierno sus investigaciones, ahí están los puntos nodales y no hay para dónde hacerse”, exigió.
Dijo que para los padres y madres, lo más importante de este informe son las rutas que deben de seguirse para dar con los jóvenes, es decir hacia dónde pudieron haber sido llevados.
“Y si los archivos que tiene el Ejército nos están diciendo que 17 estudiantes pudieron haber sido llevados a un punto denominado La Brecha de Los Lobos, ¿qué esperamos para poner a disposición ese informe?.
El abogado añadió que todos esos informes los tiene el Ejército en sus archivos y exigió que los ponga a disposición de la autoridad que está investigando el caso, porque, además, tiene la obligación por ley, insistió.
“No entendemos qué se esconde, por qué la reticencia o por qué la negativa”, reprochó el abogado.
Expuso que la posición de los padres y madres es que, en adelante, ya no pueden seguir dialogando con otras autoridades; “urge de inmediato una reunión con el presidente de la República para dialogar estos temas y poner sobre la mesa, en términos objetivos, cuáles son los obstáculos que impiden poner esa información a disposición de la autoridad que está investigando”.

“Nos sentimos hoy muy tristes, enojados y preocupados…”

La madre Cristina Bautista dijo que a ocho años 10 meses de la desaparición de sus hijos siguen de pie, “pero como madres y padres nos sentimos hoy muy tristes, enojados y preocupados por no haber alcanzado la verdad en el informe de los expertos del GIEI y no se está cumpliendo con la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador”.
“No alcanzamos la verdad, pero dejan las herramientas para que sigan las investigaciones. Nos sentimos desesperados, pero agradecemos el acompañamiento del GIEI”.
Emiliano Navarrete, declaró que si el gobierno aceptó la presencia de los expertos del GIEI en el país para investigar el caso Ayotzinapa, debió proporcionarles la información y las herramientas necesarias para que desempeñaran bien su trabajo, “pero hubo obstáculos como ellos lo afirmaron”.
Reprochó que por eso decidieron irse “por no ver seriedad de las autoridades y no compartirles información para ponerla en manos de la Fiscalía”.
El padre de familia lamentó que en este gobierno siga la manipulación de la información que tiene en su poder.
“Y los expertos se van sin saber dónde están nuestros hijos, pero nos quedan nuestros representantes legales, de quienes seguimos teniendo su respaldo firme”.
Pero dijo que a más de ocho años sienten el dolor que le causaron a sus hijos al pisotear sus derechos humanos, como el derecho a la vida de jóvenes, “de los que el gobierno se llena la boca diciendo que son el futuro del país, y, como si tuviera al reporesentante del gobierno enfrente cuestionó: ¿Entonces por qué los desapareces?, ¿por qué los matas? ¿por qué les quitas el derecho e la vida?, ¿por qué eres así tan inhumano gobierno mexicano?, ¿por qué te ensañas con tu propia gente?, ¿con tus jóvenes que tienen derecho a la vida y a salir adelante?.
Don Emiliano advirtió que no descansarán hasta llegar a la verdad.

El GIEI?dejó las bases y deben seguirse sus líneas de investigación basadas en pruebas

Otro de los padres, Mario González, declaró que los miembros del GIEI dejaron bases contundentes para demostrar que todas las corporaciones del Estado tuvieron participación en la desaparición de sus hijos y que es fundamental seguir las líneas de investigación del informe.
“Tenemos la esperanza de llegar a la verdad con este informe que tiene pruebas, y es lo fundamental”.
Explicó que después de su reunión de ayer con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, salieron convencidos de que la línea será la misma, y esta es impedir que se le quiera dar la vuelta (al informe) y llevarlos por otro lado, “se tiene que seguir estrictamente la ruta que dejó el GIEI y entregar la información que pidió”.
Reclamó al presidente que les está fallando; “que recuerde que hubo un decreto firmado por él, por la Sedena y por las instituciones en el que se comprometieron a dar todas las facilidades para encontrar a nuestros muchachos, y está incumpliendo con su palabra y eso es malo para un presidente de un país”, le advirtió.
Agregó que como padres merecen conocer la verdad “por lo que hemos hecho, por lo que hemos luchado, por lo que hemos sufrido y carecido, ya basta de tanta cerrazón”.
Enseguida preguntó que si está la información ¿por qué no la entregan?, ¿qué esconden?, ¿cuál es el problema de no entregarla?, y añadió que si en verdad no hay nada, ahí se va a ver”.
Cuestionó que el Ejército que antes era respetado, ahora “da un poco de pena porque se ha coludido con el narcotráfico, con la maña y desgraciadamente los que pagamos son la gente de a pie, la que quiere salir adelante, como nuestros hijos, ¿qué chingada culpa tenían nuestros hijos? o ¿por qué ese ataque tan cobarde?, y lo peor de todo, estando vigilándolos desde la salida de la escuela, (iban) hasta montados en el camión y todavía dicen que no saben nada”.
Si tuvieran un poco de vergüenza debieron haber entregado la información al GIEI, añadió.
“Es duro pensar que las instituciones que están obligadas a cuidarnos y a protegernos son las primeras que nos desaparecen”.
En seguida preguntó que si el presidente no les da las garantías para que el Ejército y la Marina les entregue la información ¿en-tonces quién podrá entregárnosla, si el jefe supremo y la máxima autoridad es el presidente?.
Para don Mario González está bien que haya detenidos por el caso, pero dijo que también es necesaria la verdad, “y la verdad la debimos haber tenido en este informe”.
Al presidente López Obrador le dijo que les urge una reunión con él, “para decirle que no se vale jugar con 43 padres, que México tiene el derecho de saber qué pasó con los 43 normalistas”.
En la etapa de preguntas y respuestas, el abogado Rosales Sierra insistió que dialogar con otras autoridades ya no tiene sentido, porque lo que se tiene que debatir y dilucidar es respecto a los informes que tiene la Sedena y que sólo el presidente tiene la facultad para decidir que se entreguen como comandante de las Fuerzas Armadas.
Informó que en la reunión con Encinas les dijo que recibió el informe y que le van a dar seguimiento, “e insiste en que no hay divergencias con el trabajo que ellos han venido realizando”.
Declaró que les dijo que han avances y que hay detenidos, pero Rosales aclaró que también en el anterior gobierno dijeron que había avances y detenidos pero no se esclareció nada, “no sabemos dónde están los 43 jóvenes desaparecidos”.
Informó que el acuerdo con el funcionario fue que gestionará una reunión lo más pronto posible con el presidente López Obrador.

Ángela Buitrago tiene la esperanza de que se consiga la información que falta de Ayotzinapa

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

“Tengo la esperanza de que este año se pueda conseguir la información” restante sobre el caso Ayotzinapa, dice la doctora en derecho Ángela María Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. “Tenemos la esperanza de que este año sea definitivo”, enfatiza. Y por eso también cree, afirma, que las instituciones, entre ellas el Ejército Mexicano, “pueden ayudarnos a conseguir la información que falta”.
En entrevista con El Sur, Buitrago analiza los retos que enfrentará en 2023 lo que queda del grupo de especialistas internacionales creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para contribuir en el esclarecimiento del caso: en octubre del año pasado se anunció que sólo Buitrago y el doctor en psicología de origen español Carlos Beristain continuarían con la investigación, luego de que en su último reporte –difundido ese mes– dieran a conocer las irregularidades detectadas en decenas de capturas de Whatsapp que presentó como pruebas la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), liderada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
–¿Qué avance en información esperarían después tantos años de investigación?
–Consideramos que avances ha habido. Es un tema importante que anotar. Se han vencido algunos de los rezagos en donde había quedado la investigación. En los últimos años ha habido un esfuerzo fuerte, precisamente para limpiarla de todo lo que no era cierto. Se requiere, de todos modos, encontrar otros documentos y otras informaciones que podrían brindar mayor ayuda, pero sabiendo lo que no es cierto.
No existe evidencia que “garatice la originalidad” de las capturas de pantalla de los mensajes de Whatsaap, determinó el GIEI en su última conferencia pública, lo que provocó que organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaran la rigurosidad de la investigación oficial.
“Conociendo que hay una información adicional (de las instituciones sobre el caso), nos toca seguir insistiendo en ella”, añade la experta colombiana.
–¿Creen que la Secretaría de la Defensa Nacional y otras instituciones entregarán más información?
–Seguiremos insistiendo en que nos envíen información. Tengo la esperanza de que así será, porque ya hemos completado una lista de lo que falta y la hemos enviado. Nos han enviado información, también el Ejército. Así que el tema es que también hemos contado con información, demorada, lenta, por una serie de razones expuestas, y esperamos que sigan colaborando con entregar más documentación. Por eso tenemos la esperanza de que este año sea definitivo. Sabemos que ese es un proceso. Un proceso que empezó a darse con la voluntad del presidente actual (Andrés Manuel López Obrador), pues ordenó la entrega de información. Se ha hecho, pero falta. Se seguirá insistiendo. Y esperamos que la entreguen en este año. Todas las voluntades se juntan para eso. Así que vamos a ver si sí es definitivo.

Compromiso, esfuerzo,
Sacrificio

Luego de más de ocho años en la investigación independiente de uno de los casos emblemáticos del siglo, donde las propias instituciones han reconocido la participación del Estado en la desaparición de los 43 normalistas, Buitrago comparte que el caso Ayotzinapa ha representado “un compromiso, un esfuerzo y un sacrificio”.
Lo anterior, explica, “en términos de poder ir a lugares innaccesibles, generar trabajo en torno a entender la situación. Ha sido un compromiso conjunto de equipo, en torno a una medida cautelar que decretó la CIDH.
“Ese es un punto importante que destacar, que la CIDH decretó la medida cautelar con base en una petición del gobierno (mexicano) en ese momento, también de nuestra actuación en estos años. Y, sobre ese supuesto, la decisión de los padres de que sigan siendo acompañados por el grupo, y que sigamos trabajando en pos de tratar de hallar la verdad. Así que reitero que significa un tiempo de esfuerzo, dedicación, compromiso. Y sin lugar a dudas, una decisión de seguir trabajando por el caso.
–¿Qué otras instituciones se esperaría que participaran en los esfuerzos de la investigación?
–Por orden del presidente se abrieron todos los archivos de todas las instituciones. Cualquier documento que tengan es bienvenido para ir profundizando y mirando todos los aspectos que faltan dentro de esta investigación. Hemos obtenido muchísima información documental. Se han abierto las puertas de todas las instituciones y con la orden presidencial hemos podido ingresar a los archivos de la Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, etcétera (…) no podemos desconocer estos hechos. Por eso debemos seguir insistiendo en que quien tenga más información y pueda encontrar más información, la entregue a la investigación, porque esos documentos sobre lo que se recepcionó, lo que se dijo, lo que se oyó, es fundamental.
–¿Están satisfechos con lo que han conseguido?
–Satisfechos no está uno nunca en términos informativos cuando falta información. Sí estoy satisfecha de que se haya roto un cierre y un candado desde hace algunos años, con lo que se obtuvo información que nunca se hubiera sabido si no es por eso. En eso sí. Pero también soy consciente y lo hemos dicho en todos los informes, que hay información que falta.

Las familias, “al principio,
en medio y al final”

La abogada colombiana destaca el papel de madres y padres de los normalistas desaparecidos. Las familias, indica, están “al principio, en medio y al final” del caso y en las indagaciones que se han realizado.
“Las directas víctimas de todo este asunto”, dice, son ellos, “que han vivido ocho años de no saber dónde están sus hijos. Y sobre esos supuestos también han tenido la dignidad suficiente, la fuerza suficiente para seguir avanzando en procesos en que se abre la puerta a que, nuevamente, la institucionalidad genere confianza” para poder obtener los resultados.
Ellos “han sufrido en carne propia el tema de la desaparición de sus hijos y sobre esa base cualquier cosa externa, mientras no sepan dónde está el paradero de sus hijos, qué pasó con ellos, los va a seguir afectando”.
–Todo va encaminado hacia esclarecer la verdad a las familias.
–El tema del caso, en particular, y la existencia del GIEI se justifica por los padres (…) se merecen una respuesta completa, apropiada y real sobre lo que pudo haber pasado con sus hijos. Los padres, de principio a fin, son los afectados directos, y sus familias también son víctimas de toda la violencia que surgió el 26 y el 27, y desde luego, posterior a los hechos, cuando sea crean documentos falsos, se dicen cosas que no son. O sea, la violencia es un medio donde se siguen desenvolviendo todos estos elementos a través de lo que descubrimos: que la investigación se hizo con tortura y que todo eso llevó a la anulación de las causas (penales).
–¿Es este el reto más importante de sus carreras como expertos?
–Yo he contado con la oportunidad de tener en otros países, también en mi país, otros retos, que significan tener a la víctima en medio. Todos, dentro de su densidad, son retos muy importantes. Temas que tienen que ver con víctimas en grandes violaciones de derechos humanos, son muy importantes. Lo que sí diría es que el cariño y afecto, el haber compartido con los padres del caso Ayotzinapa de manera permanente, nos hace mucho más cercanos en ese dolor y esa tristeza.
Esa base en todos los retos de graves violaciones tiene la misma densidad y el mismo crompromiso, expone Buitrago, sin embargo, “el caso Ayotzinapa tiene componentes que lo hacen especial y, desde ese punto de vista, pues genera una mayor aproximación al sufrimiento de las víctimas. Hablo de la naturaleza del caso, el ataque a jóvenes que apenas están comenzando a vivir la vida. Muchachos de 24 años en su mayoría, que tenían la esperanza de construir un futuro mejor y que no pudieron llegar a hacerlo, sobre todo los tres casos de los muchachos cuyas partes de sus restos hemos encontrado”.
Concluye Buitrago: “Así que esto lo hace muy especial. En el sentido de entender las particularidades de la fuerza de la violencia, de la falta de piedad, y de tratarse de personas tan jóvenes en las que sus familias habían puesto todas las esperanzas y habían puesto, además, todo el esfuerzo para que tuvieran un futuro mejor”.

Levantan plantón en PGR padres de los 43 tras acuerdo de seguimiento de las líneas del GIEI

 

Los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos levantaron ayer el plantón frente a la Procuraduría General de la República (PGR), en el que estuvieron 26 días para exigir que el gobierno federal siga las líneas de investigación que estableció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para buscar a sus hijos.
De acuerdo con el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, este martes unos 700 integrantes de organizaciones sociales, nacionales e internacionales, que formaron la Asamblea Nacional Popular (ANP), marcharon con los padres de los normalistas desde el anti monumento a los 43, ubicado en el Paseo de la Reforma, hasta el plantón frente a la PGR.
Más tarde, en una conferencia de prensa, los padres dieron a conocer un balance de las acciones que llevaron a cabo durante los 26 días que mantuvieron el plantón, y a la una de la tarde comenzaron a desarmar el campamento, para regresar a la Normal Rural de Ayotzinapa, en Tixtla.
Vía telefónica, Felipe de la Cruz dijo que las autoridades federales se comprometieron a dar seguimiento a las líneas de investigación que estableció el GIEI, es decir, el trasiego de drogas, los teléfonos de los jóvenes, la intervención de la Policía Municipal de Huitzuco y del Ejército en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, y la responsabilidad del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y del entonces fiscal Iñaky Blanco Cabrera.
Además, en una reunión el viernes pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifirán se comprometió a que en los siguientes días los padres de los normalistas desaparecidos y sus representantes tendrán una mesa de trabajo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Señaló que aún no se les indica la fecha, lugar y hora, para llevar a cabo la mesa de trabajo con Osorio Chong, aunque los padres de los normalistas desaparecidos consideraron que luego de las marchas, bloqueos y protestas en la Ciudad de México, es una avance que el gobierno federal decida reanudar las mesas de diálogo y seguir las cuatro líneas de investigación.
De acuerdo con el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, el levantamiento del plantón se da después de acordar con el gobierno federal una reunión con representantes de la PGR y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 31 de mayo y otra en la primera quincena de junio con Osorio Chong.
Previo a esas reuniones, los padres y madres sostendrán un encuentro preparatorio con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, en la que se reafirmarán las cuatro peticiones que sostuvieron en esta movilización.
Rosales Sierra explicó que las mesas de trabajo fueron acordadas con Campa Cifrián en reuniones interinstitucionales el pasado 10 de mayo.
Vidulfo Rosales reconoció que, “hay un desgaste en la salud y en la situación física de los padres de familia, y no podemos jugarnos todo en un plantón, la lucha continúa, ésta es una más”.

El recuento de actividades

Acompañados de estudiantes de normales rurales del país y de organizaciones sociales, los familiares de los desaparecidos marcharon del anti monumento a los 43 al plantón en la PGR, donde presentaron un balance de las actividades que llevaron a cabo en la capital y anunciaron el levantamiento del plantón.
A Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, le correspondió leer el pronunciamiento en el que informaron que desde que se instalaron en plantón, el pasado 20 de abril, los familiares de los normalistas de Ayotzinapa y sus simpatizantes marcharon 14 veces en distintas partes de la Ciudad de México, hicieron cinco mítines de denuncia, ocho actos político culturales y tuvieron cuatro reuniones con autoridades.

 

Marchan padres de los 43 en Cdmx; exigen que se investigue la desaparición de los jóvenes

Padres y familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, marcharon con antorchas en la Ciudad de México, acompañados de organizaciones y activistas, para exigir la presentación con vida de los jóvenes.
A las 8 de la noche, unos 500 manifestantes se concentraron en el plantón que los padres mantienen en la Procuraduría General de la República (PGR), y desde ahí marcharon con antorchas al antimonumento a los 43, en el paseo de la Reforma, donde hicieron un mitin para exigir que el gobierno federal siga las líneas de investigación que planteó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En declaraciones telefónicas, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y representante legal de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra dijo que los padres exigen que el gobierno federal dé una respuesta respecto de la detención de los policías municipales de Huitzuco que presuntamente participaron en los ataques en Iguala.
Contó que los padres hicieron el recorrido acompañados de organizaciones sociales del país y activistas, quienes portaron antorchas y lonas con retratos de los 43 normalistas desaparecidos.
Dijo que, durante el mitin los padres exigieron que el gobierno federal siga las líneas de investigación que planteó el GIEI, como el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, y la participación de la Policía Federal y el Ejército, así como el envío de un grupo de normalistas a Huitzuco.
Informó que, a la fecha, el diálogo entre los padres y el gobierno federal no se ha retomado, por lo que es necesario que las autoridades den resultados respecto de la investigación del caso.
Dijo que durante la próxima semana, los padres de familia encabezarán diversas actividades político-culturales en el plantón que mantienen en la PGR, para exigir el esclarecimiento de los hechos y la presentación con vida de los jóvenes.

Exigen padres de los 43 que senadores llamen a Raúl Cervantes ante irregularidades en la investigación

Familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos de Ayotzinapa exigieron a los senadores que citen a comparecer al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, sobre las irregularidades, obstáculos y retrasos en la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y que en el Senado se conforme una comisión especial de seguimiento para Ayotzinapa, en una reunión en la Cámara de Senadores.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz informó que en el décimo tercer día del plantón frente a la PGR en el paseo de la Reforma, marcharon a las oficinas del Senado con estudiantes y activistas, para exigir una reunión con los senadores.
Relató que se instalaron en protesta en el acceso del edificio, donde no hubo incidentes, y que a las 12 del mediodía los recibió un grupo de senadores, entre los que identificó al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México Alejandro Encinas.
También estuvieron en el grupo el priista José Olvera, el diputado perredista Francisco Martínez Neri y la diputada de Morena, Araceli Damián.
Indicó que en la reunión que duró una hora y media, hicieron el planteamiento de que el Senado llame a comparecer al procurador y que haga un seguimiento de la actuación de la PGR, mediante una comisión especial para el caso Ayotzinapa.
Contó que los diputados del PRI y del PAN dijeron que no tenían capacidad de respuesta inmediata y debían esperar a junio, cuando se reúne el Pleno de los senadores para someter a votación el planteamiento.
Felipe de la Cruz añadió que Alejandro Encinas y un representante del PRD se dijeron dispuesto a cabildear la propuesta, y que en la reunión, Encinas abogó para dar una respuesta a los padres el próximo jueves 11 de mayo, en ese mismo lugar.
Por su parte, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra indicó que entre los planteamientos que hicieron los padres y madres a los legisladores está, “exhortar a la PGR a avanzar en cuatro líneas de investigación establecidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”, sobre la responsabilidad de soldados del 27 Batallón de Infantería en los hechos; mostrar los avances de los análisis de la telefonía celular, entre ellos las identidades de personajes apodados El Caminante y El Patrón; interrogar a dos policías federales y a municipales de Huitzuco, y esclarecer el trasiego de droga de Iguala a Chicago en autobuses de pasajeros, como posible móvil de la desaparición.
Por parte de los familiares encabezaron la reunión Vidulfo Rosales, Felipe de la Cruz y la mamá del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, Cristina Bautista.
Durante la reunión, afuera del Senado una comisión de normalistas continuó con un mitin en el parque Luis Pasteur, bajo la vigilancia de policías con equipo antimotines.

Acuerda la ANP un plantón el 20 de abril en la PGR de la CDMX en sus acciones por Ayotzinapa

La Asamblea Nacional Popular (ANP), que integran organizaciones estatales y nacionales, acordó instalar un plantón indefinido el 20 de abril en la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México, y otras acciones para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Unos 150 delegados de 36 organizaciones estatales y nacionales se reunieron este sábado en el comedor estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixtla, para discutir las acciones que llevarán a cabo del 20 de abril al 27 de septiembre de este año, para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
En declaraciones luego de la asamblea, el vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Melión Ortega dijo que en la asamblea se aprobó una acción nacional que consiste en un paro indefinido para exigir que el gobierno federal cumpla con seguir las cuatro líneas de investigación que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que son el trasiego de drogas, los teléfonos de los jóvenes, la intervención de la policía municipal de Huitzuco y del Ejército en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
De acuerdo con Melitón Ortega, en la ANP se aprobó apoyar el plantón indefinido en la PGR en la Ciudad de México a partir del 20 de abril, así como una jornada de acciones a partir de esa fecha, en Guerrero y en el país.
Dijo que se ratificaron los acuerdos de la V Convención Nacional, que se llevó a cabo el 26 y 27 de febrero en la Ciudad de México, en la que se acordó consolidar a la ANP como un ente nacional para dar seguimiento a las luchas sociales por la presentación con vida de los desaparecidos en el país.
Por otra parte, Melitón Ortega dijo que continuará el apoyo incondicional para la lucha magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el país, así como una marcha en mayo y otra manifestación en junio para conmemorar los ataques en Nochixtlán, Oaxaca.
Las acciones son para continuar la lucha social por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, el esclarecimiento de los hechos y castigo para los culpables de los ataques el 26 y 27 de septiembre de 2014. (Alina Navarrete Fernández / Tixtla).

Desechar la versión del basurero, pide en primera visita al país el mecanismo del caso Ayotzinapa

El Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo ayer su primera visita al país, y presentó su plan de trabajo para atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El presidente de la CIDH, James Cavallaro llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a desechar de una vez por todas la hipótesis de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, e insistió en que se entreviste al Ejército, en particular a los soldados del 27 Batallón de Infantería que estuvieron activos la noche de los ataques a los normalistas en Iguala.
Durante la presentación el comisionado Enrique Gil Botero, relator para México y coordinador del mecanismo, advirtió que existen recomendaciones técnicas específicas emitidas por el GIEI que aún están pendientes de ser cumplimentadas.
“Esperamos total colaboración de parte de las autoridades mexicanas para alcanzar el objetivo común de establecer la verdad y que se haga justicia”, dijo.
James Cavallaro agregó que precisamente llegar a la verdad sobre lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es la principal deuda del Estado mexicano con los estudiantes, sus familiares y la sociedad en su conjunto.
“El trabajo del GIEI demostró que los cuerpos de los estudiantes no fueron cremados en el basurero de Cocula”, mencionó.

El plan de trabajo

El plan de trabajo del mecanismo de seguimiento contempla visitas oficiales a México de los comisionados de la CIDH en abril, junio y noviembre del próximo año.
Adicionalmente, en el mismo lapso, el equipo técnico que trabajará en el caso realizará otras cuatro visitas al País, además de que se realizarán sesiones públicas en el marco de los periodos de sesiones de la CIDH.
Durante cada visita a México, tanto el quipo técnico como los comisionados tendrán la facultad de reunirse con los padres de los normalistas y sus representantes, así como con otras organizaciones internacionales y de la sociedad civil.
También podrán sostener reuniones de alto nivel con representantes del Estado, y acceder al expediente del caso o cualquier otra fuente de información.
El Mecanismo Especial de Seguimiento se regirá por cuatro objetivos específicos: monitorear el avance de la investigación, asesorar y apoyar el proceso de búsqueda de los desaparecidos, asegurar la atención integral a las víctimas y familiares, e impulsar las medidas estructurales para evitar la repetición de hechos similares.
El mecanismo seguirá las recomendaciones del GIEI que más obstáculos han enfrentado del gobierno federal.
James Cavallaro destacó “la necesidad de unificar las investigaciones, de no seguir con la fragmentación y de investigar de forma integral”, dijo.
“Hay que seguir y conseguir las declaraciones testimoniales pendientes, hay muchos integrantes, por ejemplo, del Batallón 27 (del Ejército), hay que seguir buscando esas declaraciones”, demandó.
Resaltó la necesidad de continuar indagando los celulares de los normalistas que siguieron activos después del 26 de septiembre de 2014 y abundar en la línea de investigación del quinto autobús, relacionada con el tráfico de heroína a Estados Unidos.
La tortura que pudieron haber sufrido al menos 60 detenidos que mostraron lesiones corporales y el patrimonio de los presuntos responsables, fueron otros temas mencionados por Cavallaro.
“Hay que seguir investigando sobre la obstrucción de las investigaciones, el tema de qué pasó el día 28 de octubre de 2014, un día antes de que descubrieran los restos de uno de los normalistas”.
“¿Qué estaban haciendo agentes de la PGR (Procuraduría General de la República) un día antes sin registrar el hecho?, ¿qué está haciendo Tomás Zerón con un detenido que tenía varias lesiones corporales? Hay que investigar, tiene que haber consecuencias para ese tipo de actuación, ese es un tema que vamos a seguir?, adelantó.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao informó que para garantizar el funcionamiento del mecanismo, proyectado para operar hasta noviembre del próximo año, el Estado mexicano aportó 565 mil 236 dólares, recursos con los que se podrá contratar peritos especializados de acuerdo con las sugerencias del equipo técnico, que estará integrado de cinco personas adscritas a la Secretaría Ejecutiva del organismo.
El funcionario de la CIDH destacó que tras una revisión del expediente, la próxima semana “se estará enviando a las autoridades mexicanas las primeras observaciones de diligencias que se requieren hacer, y el Estado mexicano estará obligado a dar una respuesta sobre la realización de esas acciones”.
También destacó que entre las solicitudes de información que el Mecanismo de Seguimiento enviará al Estado mexicano se encuentra “por qué no hay una determinación oficial de la investigación que se abrió a Tomás Zerón”.
Abrao presentó un cronograma de actividades que iniciaron este jueves con el encuentro con las autoridades y la prensa, para continuar este viernes 11 con una visita a la Escuela Normal de Ayotzinapa, donde presentarán el plan de trabajo a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

“¿Habrá habido intereses que hubiesen llevado a que dieran declaraciones falsas?”, pregunta Cavallaro de los detenidos

El comisionado presidente de la CIDH consideró fundamental cambiar la narrativa oficial y dejar de buscar formas de reforzar la versión de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
“No hay que seguir hablando de diversas líneas de investigación, hay que hablar de líneas factibles, esa no es factible”, expuso.
“Lo que entendemos nosotros es que no se ha, en todos los espacios del Estado, descartado de forma definitiva esta hipótesis, y nuestra posición es la posición del GIEI, una posición basada en estudios científicos que demuestra la imposibilidad (de la incineración de los jóvenes en el basurero)”.
De no descartar esta teoría, dijo que se reduce la urgencia de investigar por qué seis detenidos, quienes además presentaban signos de tortura, declararon algo falso.
“Si eso no pasó corresponde la pregunta ¿por qué seis personas dieron declaraciones en ese sentido?, ¿qué habrá pasado? Bueno, varias de esas personas sufrieron lesiones corporales, graves en algunos casos.
“¿Por qué?, ¿habrá habido presiones?, ¿habrá habido intereses que hubiesen llevado a que dieran declaraciones falsas?, ¿y si se siguieran esas líneas de investigación se pudiera llegar a la posible obstrucción de justicia y a nuevas teorías de por qué habría interés en no seguir ciertas líneas?”, planteó.
Enrique Gil Botero quien coordinará el mecanismo de seguimiento destacó que entre los puntos mencionados por Cavallaro se concentran más de 200 líneas de investigación pendientes de explorar.
“O sea que hay mucho material probatorio en ciernes o que abre hipótesis probatorias que no se han explorado”, explicó.

La PGR ha cumplido 93% de las recomendaciones del GIEI, informa el gobierno federal

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián afirmó que hay plena disposición del gobierno federal para trabajar con el Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa.
En la Segob el funcionario dijo que así se lo hicieron saber a Gil Botero y James Cavallaro.
Comentó que los objetivos específicos serán profundizar las labores de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, avanzar en la investigación ministerial y en las tareas de atención a las víctimas.
“Sabemos que es un elemento importante porque significa esperanza para los padres (de las víctimas) y por ello lo vemos con toda seriedad en el gobierno de México”, añadió.
En un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como de la PGR se señaló que en la primera reunión de trabajo entre el coordinador del mecanismo el comisionado Gil Botero, y representantes de “alto nivel”, se informó que “hasta el momento la Procuraduría ha dado cumplimiento a 93% de las recomendaciones que en su momento hiciera el GIEI, y que la indagatoria continúa siguiéndose en todas las líneas de investigación, sin excluir ninguna de ellas”.
Según la comunicación oficial, se notificó al relator de México sobre “el uso de tecnologías avanzadas para la realización de nuevos operativos de búsqueda, y las medidas tomadas hasta ahora para atender integralmente a las víctimas”.
Se indica que en el encuentro “se reafirmó la voluntad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no sólo para continuar trabajando en la atención del presente caso, sino también en lo que se refiere al seguimiento a las recomendaciones de la CIDH que resultaron de su visita en 2015, así como a otros casos pendientes ante la Comisión, con miras a identificar aquellos susceptibles de solución en el mediano plazo, de conformidad con los estándares internacionales”.
Las dependencias sostuvieron en su comunicado que la primera visita del mecanismo de seguimiento “es una muestra no sólo del compromiso para fortalecer la cooperación con la Comisión y con el relator Gil Botero, sino también para atender de manera efectiva el caso Iguala, privilegiando la interlocución que el gobierno de la República ha establecido con los familiares de las víctimas y sus representantes”.

Piden 11 organizaciones internacionales a Peña Nieto cooperar con la CIDH

Once organizaciones internacionales demandaron al presidente Enrique Peña Nieto la cooperación plena del Estado mexicano con el Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa.
“Creemos que es de suma importancia que el mecanismo cuente con la plena cooperación del Estado mexicano para que no enfrente obstáculos en su trabajo como los que experimentó el GIEI durante su mandato”, dicen en la misiva.
“El mecanismo especial es una oportunidad más para que el gobierno mexicano demuestre su compromiso con la verdad y justicia en el caso”, afirmó Maureen Meyer, coordinadora del programa para México de WOLA.
“Mientras México no resuelva el caso Ayotzinapa a través de una investigación profesional, seria y confiable, la atención mundial seguirá puesta sobre la voluntad y capacidad del gobierno mexicano para encontrar a los estudiantes y sancionar a los responsables”, advirtió.
Las organizaciones entre las que se encuentran la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) y el Robert F. Kennedy Human Rights, demandaron que se investigue a fondo a funcionarios que pudieron participar en la obstrucción de justicia.

Intenta el Estado retrasar el mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa, denuncian padres de los 43

A dos meses de estar exigiendo una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega denunció que el gobierno federal está retrasando la conformación del mecanismo internacional de seguimiento en la investigación de los crímenes de Iguala.
Ortega recordó que sucedió lo mismo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, que comenzó su mandato cinco meses después de que se acordó su integración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte de las medidas cautelares ante la desaparición forzada de los estudiantes, y a seis meses de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
En consulta telefónica, Melitón Ortega informó que los padres esperan que la reunión con Osorio se concrete el próximo miércoles o el jueves, y que en la reunión mensual con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, el 12 de junio, les deben informar los avances de la investigación del caso.
En tanto, insisten en la conformación del mecanismo que sustituirá al GIEI, que fue separado de la investigación hace dos meses, y en la destitución del director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio.
Subrayó que el funcionario obstruyó la labor del GIEI y quiso desviar la investigación hacia el basurero de Cocula, sembrando evidencias en distintos escenarios.
En cuanto al mecanismo, recordó que las características ya fueron definidas, y en las mesas de trabajo el Estado mexicano ha planteado a la CIDH que su duración sea de seis meses y hasta un año, tiempo suficiente para esclarecer los crímenes.
Sin embargo, indicó que el GIEI permaneció en la investigación un año, durante dos mandatos, y estuvo en la ruta para encontrar la verdad, pero su labor fue obstruida por funcionarios de la misma Procuraduría.
En ese sentido, los padres de familia consideran que el gobierno federal querrá gastar el tiempo del nuevo mecanismo, que se agoten los plazos, para decir al mundo que aceptó el escrutinio internacional. Desconfían de buena voluntad que expresa el gobierno federal.
Asimismo, Melitón Ortega habló de la violencia institucional contra el movimiento magisterial, particularmente en Oaxaca, donde fueron asesinadas nueve personas durante un desalojo a balazos, y la violencia común, que todos los días está sumando homicidios cruentos (decapitados, desmembrados).
Por otra parte, indicó que los padres han recibido amenazados para dejar la lucha; la semana pasada fueron atacados de manera directa por desconocidos que lanzaron piedras al autobús en que se trasladaban a la ciudad de México, en Cuernavaca, Morelos, a pesar de que las medidas cautelares de la CIDH se extienden a los familiares y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Denunció que la respuesta del gobierno a toda expresión de protesta, “es el garrote, el hostigamiento y el asesinato. De esa manera quiere acallar las voces… no puede seguir así esas agresiones de las fuerzas policiacas hacia el sector magisterial, cuando organismos internacionales y movimientos nacionales, religiosos han hecho pronunciamientos en favor de los maestros”.
De la violencia diaria, los crímenes sin control, opinó que son parte de una descomposición social, de la que son responsables las mismas autoridades “coludidas con la delincuencia”.
Estos temas se abordan en las reuniones de trabajo entre los padres de familia, para definir cómo seguir presionando a las autoridades para que les entreguen a sus hijos.
“Para nosotros, eso significa que las policías de los tres niveles no funcionan para garantizar la seguridad en Guerrero y en todo el país, su política de seguridad pública tiene que ser modificada”, opinó.
No obstante, añadió que el interés de los gobiernos en turno está por la clase empresarial, mientras al pueblo permanece en el abandono total.