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Confirma Encinas en su renuncia que se va al equipo de Sheinbaum

Claudia Guerrero y Érika Hernández

Agencia Reforma / Ciudad de México

Alejandro Encinas anunció ayer su renuncia al cargo de subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y dijo que en estos cinco años buscó garantizar el respeto a la dignidad de las personas y proteger los derechos humanos de los mexicanos.
El anuncio ocurre después de que se reunió con la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum a cuyo equipo se sumará.
Encinas será sustituido en la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, por Félix Arturo Medina Padilla, funcionario cercano a la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.
En su carta renuncia presentada al presidente Andrés Manuel López Obrador, Encinas afirmó que durante cinco años trabajó con el mayor compromiso para alcanzar los objetivos que le pidió, y buscó garantizar el respeto a la dignidad de las personas y proteger los derechos humanos de los mexicanos.
“Hemos enfrentado la herencia más dolorosa creando instituciones sólidas donde antes había simulación. Junto con el equipo que integramos, hemos dado pasos importantes por enfrentar graves violaciones a derechos humanos, garantizar los derechos a la verdad, la memoria, la reparación y la no repetición de hechos vergonzosos para el país.
“Estoy convencido que avanzamos en la conformación de un sistema de derechos humanos que ha asumido las responsabilidades del Estado eludidas anteriormente por los gobiernos neoliberales, poniendo énfasis en quienes más lo necesitan, bajo una visión de justicia social”, dijo.
Agradeció al presidente su apoyo y confianza, y no haber dudado nunca en enfrentar la verdad por dolorosa que ésta sea.
Prometió que desde su nueva posición, en el equipo de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, buscará consolidar la transformación que inició en 2018.
Al dar el anuncio, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante la reunión del Gabinete de Seguridad se despidió a Encinas, y dieron la bienvenida a Medina.
También aprovechó para elogiar al nuevo subsecretario, a quien calificó como un servidor público “honesto y bien preparado”.
“Es egresado de la UNAM, es un muy buen servidor público, preparado, honesto, con convicciones”, expresó.
En sus redes sociales, Medina le agradeció el nombramiento: “Agradezco al presidente la distinción que me da y su confianza en el encargo. Trabajaremos duro, con sensibilidad y constancia en favor de los derechos humanos en México”.
Por la noche, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján difundió un tuit con el siguiente mensaje: “Le dimos la bienvenida a @arturomedinap como nuevo titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la @SEGOB_mx . Estoy segura que hará una excelente labor en esta última pero fundamental etapa de consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación.
Hasta ayer, el ahora subsecretario se desempeñaba como Procurador Fiscal, cargo que ocupaba desde 2021, y al que llegó, afirmaron fuentes en el Gobierno, por recomendación de la funcionaria encargada de la seguridad en el país.
Antes de esto estuvo a cargo de la coordinación de las Mesas de Paz de la Secretaría de Seguridad, entre 2020 y 2021.
“Sabemos que hará una gran labor para México porque es honesto, dedicado y muy trabajador”, le deseó la funcionaria a Medina, a quien calificó como su amigo.
El pasado 23 de agosto, Karla Quintana, la máxima autoridad federal en la localización de las más de 110 mil personas desaparecidas en México, renunció a la Comisión Nacional de Búsqueda.
Colaboradores de la ex funcionaria advirtieron que, por instrucciones del Presidente, la SSP habría tomado el control en la elaboración del nuevo censo de personas desaparecidas, en el que se pretenden “depurar” las cifras.

Prohíbe una jueza que Alejandro Encinas llame “torturador” a Tomás Zerón

 

Abel Barajas / Agencia Reforma

Cuernavaca, Morelos

Una juez federal prohibió a la Secretaría de Gobernación (Segob) y en particular al subsecretario Alejandro Encinas, señalar públicamente a Tomás Zerón de Lucio como “torturador” y creador de la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa.
María Isabel Bernal Hernández, juez séptima de distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, concedió una suspensión provisional al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que impide al funcionario hacer este tipo de manifestaciones por cualquier medio.
“Se concede la suspensión provisional a Tomás Zerón de Lucio, para el único efecto de que las autoridades responsables se abstengan de continuar realizando declaraciones verbales, escritas o la publicación de contenido en páginas oficiales o redes sociales, mediante las que se afirme, sugiera o presente dentro de un contexto especial al quejoso, sosteniendo que es un torturador, que realizó actos de tortura o creó la ‘verdad histórica’ en el caso Ayotzinapa”, resolvió Bernal.
“Su concesión no se advierte que se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público (fracción ll), y porque de no concederse la medida cautelar de referencia, se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación”.
La medida protectora estará vigente por lo menos hasta el próximo 2 de octubre, fecha en que la impartidora de justicia resolverá la suspensión definitiva, la que, en caso de ser concedida, ampliará la prohibición por tiempo indefinido.
La juzgadora, sin embargo, en el mismo fallo rechazó eliminar de las páginas de internet oficiales y redes sociales como Facebook, X, Instagran y You Tube, toda publicación que lo presente a Zerón como culpable, “torturador” y creador de la “verdad histórica”.
Una de las publicaciones que continuará en internet es el comunicado de prensa 438/2023, con el título “Tomás Zerón, hoy prófugo de la justicia, creó la verdad histórica con base en la tortura y alteración de pruebas”, publicado en la página del gobierno de México, el 25 de agosto de este año, y que Zerón pidió cancelar porque viola su derecho a la presunción de inocencia.
La juez Bernal dijo que, por tratarse de un tema de fondo, la eliminación de contenidos deberá ser resuelta en la sentencia de amparo y no en la medida cautelar, razón por la que le negó la suspensión provisional sobre este aspecto.
“Además, de concederse la medida suspensión para los efectos referidos, equivaldría a resolver el fondo del juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, pues se estaría determinando la inconstitucionalidad de los actos reclamados, constituyendo a la parte quejosa en el derecho que persigue con la promoción del juicio de amparo, lo que no es materia de la medida cautelar”, expuso.
A solicitud de la Fiscalía General de la República, jueces federales han girado cinco órdenes de aprehensión contra Tomás Zerón, tres de ellas por delitos de servidores públicos y supuestos desvíos en contratos de la PGR, y dos relacionadas con el caso Ayotzinapa.
Estas últimas, son por la presunta tortura a Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo, operador del grupo criminal Guerreros Unidos, tras su detención en 2015; y por trasladar al río San Juan, sin abogado y sin orden ministerial, a Agustín García El Hereje, acusado de participar en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.
Desde hace varios años, Tomás Zerón se encuentra en Israel, país que no tiene tratado de extradición con México.

Pide Zerón amparo para que Encinas no lo llame “torturador” y creador de la “verdad histórica”

Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

Tomás Zerón de Lucio presentó una demanda de amparo en la que solicita una orden judicial que prohíba a la Secretaría de Gobernación y, en particular, al subsecretario Alejandro Encinas, señalarlo públicamente como “torturador” y creador de la “verdad histórica”.
El ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) pidió una suspensión para que se ordene eliminar de las páginas oficiales y redes sociales, como Facebook, X, Instagram y You Tube, toda publicación que lo presente como culpable y bajo esos señalamientos, ya que afirma que violan su derecho a la presunción de inocencia.
De acuerdo con registros judiciales, la demanda de garantías fue turnada al Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo, en Ciudad de México, el cual analizará si es competente para pronunciarse sobre este asunto y si procede o no la suspensión solicitada.
“(Se solicita la suspensión para que) las autoridades responsables se abstengan de continuar realizando declaraciones verbales, escritas o la publicación de contenido de páginas oficiales o redes sociales mediante las que se afirme, sugiera o presente dentro de un contexto especial al quejoso, sosteniendo que es un torturador, que realizó actos de tortura o creó la ‘verdad histórica’ en el caso Ayotzinapa”, señaló.
“De continuar con lo anterior, seguiría la afectación a la presunción de inocencia del quejoso en su vertiente de trato extra procesal dentro de las investigaciones iniciadas en su contra, ya que la generación de mensajes como los emitidos por las autoridades responsables y que ahora se reclaman, pueden influir para generar una versión sesgada en los órganos de acusación y de impartición de justicia, porque de manera informal se adelanta una declaración de condena a través de un juicio mediático, volviendo al proceso penal correspondiente en una mera formalidad”.
El hoy prófugo de la justicia, y radicado en Israel, presentó esta demanda judicial contra el subsecretario Alejandro Encinas y la Segob.
Al primero, le reclama la trasgresión a los principios de presunción de inocencia y el debido proceso, por acusarlo públicamente de crear con base en torturas la “verdad histórica” del Caso Ayotzinapa.
Zerón señala que Encinas hizo estas manifestaciones el pasado 25 de agosto, en la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, con motivo del noveno aniversario del Caso Ayotzinapa, en este mes.
También hizo expresiones en el mismo sentido en un video de la Segob, que difundió el subsecretario en su cuenta de X (antes Twitter).
El ex jefe de la AIC también reclama a la Segob la orden de publicar en el portal del gobierno de México, el comunicado de prensa 438/2023, con el título “Tomás Zerón, hoy prófugo de la justicia, creó la verdad histórica con base en la tortura y Alteración de pruebas”.
En dicho texto, se queja el ex mando policiaco, se hacen afirmaciones sobre las conductas que le imputan y se adjunta un video con tales señalamientos.
“Lo anterior, es una clara violación a los principios de presunción de inocencia y debido proceso”, refiere.
Contra Zerón pesan cinco órdenes de aprehensión, tres de ellas por delitos de servidores públicos y supuestos desvíos en contratos de la PGR, y dos relacionadas con el Caso Ayotzinapa.
Estas últimas son por la presunta tortura a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, operador del grupo criminal Guerreros Unidos, tras su detención en 2015.
Otra es por trasladar al río San Juan, sin abogado y sin orden ministerial, a Agustín García, El Chereje, uno de los sicarios del mismo grupo criminal que está acusado de participar en la desaparición de los estudiantes.

Ve Encinas campaña de desinformación para vulnerar la investigación de Ayotzinapa

Simpatizantes de Marcelo Ebrard, que asistieron a la presentación de su plan de salud en Acapulco Foto: Carlos Carbajal

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, reiteró el compromiso del gobierno federal por dar resolución al caso Ayotzinapa como un asunto de Estado.
Encinas declaró que el gobierno federal se encuentra frente a una campaña de desinformación que tiene como objetivo atacar la investigación, razón por la cual se informará sobre las acciones que ha llevado a cabo la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia.
“Hoy el Estado mexicano encara una campaña de desinformación que pretende vulnerar una investigación cuyos resultados no tienen precedente. Por ello, a partir de esta semana, se informará sobre todas las acciones que ha realizado la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa en los últimos años” puntualizó Encinas.
Mediante un comunicado de prensa y un video, Encinas Rodríguez afirmó que el objetivo primordial es conocer la verdad de lo ocurrido y encontrar a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.
“Nuestro objetivo es conocer la verdad de los hechos, dar con el paradero de los 40 estudiantes que falta por encontrar y castigar a los responsables de este crimen”, precisó Encinas.
Según esta declaración, de los 43 normalistas desaparecidos, Encinas daría por localizados a tres, de quienes se han localizado fragmentos óseos en distintos lugares y fechas. Sin embargo, los padres siguen pidiendo la localización de los 43.
Añadió que desde el inicio de los trabajos, los padres y madres de los normalistas desaparecidos solicitaron que se atendiera primordialmente cuatro ejes de la investigación.
De acuerdo con Encinas se trataba de la participación de elementos del 27 Batallón de Infantería en los hechos, el posible traslado de 25 estudiantes al municipio de Huitzuco por parte de policías de los tres órdenes de gobierno, el análisis de la red telefónica y el trasiego de droga de Iguala a Chicago, como posible motivación de la agresión.
En lo correspondiente a la participación de integrantes de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los estudiantes, destacó la detención de 14 militares, entre los que se encuentran dos generales.
“Todos estos temas han sido atendidos hasta el día de hoy. Y hoy se encuentran detenidos y sujetos a proceso 14 militares de distintos grados, entre ellos dos generales”, comentó Encinas Rodríguez.
Por su parte, en la investigación sobre el posible traslado de 25 de los normalistas al municipio de Huitzuco de los Figueroa, señaló que hay 19 policías detenidos, tanto municipales como estatales y federales. “Sobre los hechos relacionados con el municipio de Huitzuco, están detenidos siete policías municipales, seis policías estatales y seis policías federales ministeriales. También todos ellos sujetos a proceso”, externó.
Respecto a la petición de investigar las líneas telefónicas móviles, el funcionario indicó que se ha realizado el análisis de 87 millones de registros, permitiendo el mapeo y geolocalización de números de trascendencia.
“Se realizó el análisis de 87 millones de registros de redes telefónicas que permitió la depuración de 84 mil registros de las llamadas realizadas los días 26 y 27 de septiembre, así como el mapeo y geolocalización de 116 números que son de vital importancia para derribar por completo la verdad histórica”, declaró.
El subsecretario indicó que en la hipótesis del trasiego de droga como posible motivo de la agresión a los normalistas, se cuentan con testimonios que vinculan a autoridades con el grupo Guerreros Unidos y que se encuentran detenidos por distintos delitos.
“Sobre el trasiego de drogas, se cuenta con testimonios y pruebas que vinculan a diversas autoridades con el grupo delictivo Guerreros Unidos y hoy dichas personas se encuentran detenidas por delincuencia organizada y otros delitos” señaló.

Quienes lo denuncian buscan mantener la impunidad en la desaparición de los 43, responde Alejandro Encinas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, declaró que es acusado de falsificar pruebas en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), por personas vinculadas a “otras autoridades” y a la delincuencia organizada que perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, que pretenden dinamitar su función para mantener la impunidad.
En relación a los abogados de cuatro militares detenidos por los crímenes de Iguala, que lo demandaron este martes 8 de noviembre ante la Fiscalía General de la República y exigieron su renuncia.
Los representantes del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirota Ochoa, y el sargento Eduardo Mota Esquivel, Alejandro Robledo y César Omar González, señalaron del informe que presentó Encinas el 18 de agosto, es falto de rigor, con evidencia cuestionable, “por no decir abiertamente falsificada” y puso en riesgo la investigación y el acceso de los familiares a la verdad y la justicia.
Con un mensaje en redes sociales y otro en la página del oficial del gobierno federal, el subsecretario ratificó su convicción de que el informe preliminar responde a la pregunta de qué fue lo que pasó con los normalistas, una hipótesis que respaldan con información amplia, “sin falsificación alguna”, subrayó.
Enfatizó que “no hay marcha atrás” en los avances de esa investigación, que también fueron cuestionada por padres de los estudiantes detenidos desaparecidos y sus representantes, además del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que detectó inconsistencia en la información de respaldo.
También precisó que las imputaciones contra los militares, delincuencia organizada y desaparición forzada fue sustentada por la Fiscalía General de la República, con “evidencias sólidas y contundentes”, al estar vinculados a proceso por un juez. Confió en que se obtendrán sentencias condenatorias.
Lamentó que los abogados de los militares “pretendan confundir engañar para litigar en medios lo que no pueden demostrar en tribunales”
Como presidente de la Covaj, dijo que le corresponde garantizar el acceso a la verdad y a la justicia a los estudiantes desaparecidos, a sus familiares y a la sociedad en general, y no permitirá que se manipule y desinforme sobre el trabajo que realizan.
Rechazó que la función de la Comisión, implique alguna afectación a la presunción de inocencia o al debido proceso de los detenidos, porque la comisión ni es juez ni fiscal, sólo colabora con ellos.
“Informar a la sociedad de los avances que tenemos no representa sino el cumplimiento de nuestras obligaciones, pretender que garantizar el derecho a la verdad implica una violación a los derechos de los imputados es absurdo. Sostener que además implica la comisión de algún delito, es una aberración, quieren confundir al distraer la atención sobre su participación en estos hechos”.
Explicó que las comisiones de la verdad emiten opiniones no vinculantes, y en su caso aportan elementos útiles para el esclarecimiento de los hechos, distinto a quienes, fuera de los tribunales, pretenden enturbiar el proceso, litigando en medios de comunicación o filtrado información que pone en riesgo la integridad de testigos o colaboradores
Pidió distinguir funciones que corresponden a la Comisión de la Verdad, y a la Fiscalía Especial de la FGR; el objeto de la primera es proporcionar asistencia a las y los familiares, investigar los hechos para conocer la verdad, y buscar a los estudiantes.
“Por mandato presidencial busca garantizar el acceso a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad, informando de sus hallazgos, como ocurrió con la presentación del informe preliminar el 18 de agosto”.
De la Fiscalía Especial dijo que depende la investigación penal, y después de analizar los elementos que aporte la Comisión, decidirá qué pruebas presenta para su judicialización. Por lo tanto, el informe del Covaj no ha sido parte hasta el momento de los casos que ha FGR ha judicializado, puntualizó
Ante la campaña para desvirtuar el informe preliminar, aseguró personas del viejo régimen “que deberían estar investigando con rigor y que obedecen intereses, que buscan dinamitar nuestra misión y proteger a quienes durante años han tratado de mantener la impunidad”.
Reiteró que el informe de la Covaj, responde a la pregunta de qué fue lo que pasó, con un análisis integral de 154 eventos que se corrobora con un amplio de información que respalda las hipótesis que hemos sostenido sobre estos hechos sin falsificación alguna.
Lamentó que los abogados de los militares presuntamente involucrados en los hechos, pretendan confundir engañar para litigar en medios lo que no pueden demostrar en tribunales
“Los que me acusan son los que vinculados con otras autoridades y que con la delincuencia organizada perpetraron la desaparición de los 43 normalistas. Detrás de ellos, están quienes pretenden mantener la impunidad en este caso”, acusó
Sin embargo, aseguró que el gobierno cumplirá su encomienda y el compromiso con padres y madres de los estudiantes, deconocer la verdad, dar con el parader de los muchachos y allanar el camino hacia la justicia.

 

Los 43 en el Palacio Nacional

Con el dolor a cuestas por el asesinato de su hijo Julio César Ramírez Nava, en la trágica noche de Iguala, don Tomás Ramírez libró una descomunal batalla contra la enfermedad
y el olvido gubernamental. Se fue en el amanecer de este sexenio exigiendo justicia y castigo a los responsables por este crimen abominable. Doña Bertha, la madre aguerrida de Julio César, en medio de tantas precariedades y sufrimientos es un ejemplo de dignidad y reciedumbre.

Este lunes 3 de diciembre será una fecha memorable para el país, por el encuentro histórico que protagonizarán las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional.
Este momento es de suma trascendencia, no sólo por la carga simbólica que conlleva el movimiento de los 43 padres y madres que cimbraron las estructuras de un poder presidencial omnipotente y arrogante, sino porque es un giro total en la nueva forma de ejercer el poder público tendiendo la mano a quienes han luchado con toda su fuerza para exigir a las autoridades que cumplan su responsabilidad de investigar estos hechos atroces y dar con el paradero de sus hijos. Es muy significativo que el nuevo presidente coloque como primera acción de su gobierno la firma del decreto presidencial para alcanzar la verdad y acceder a la justicia sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Las madres y padres de familia tuvieron que padecer 50 meses para establecer un acuerdo con el titular del Poder Ejecutivo que de cara a la nación se compromete a investigar estos deleznables hechos. También tuvieron que dar la batalla en diferentes frentes: en el plano internacional solicitaron la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la valiosa contribución del Equipo Argentino de Antropología fForense para dilucidar la inconsistencia de la “verdad histórica” y el apoyo invaluable de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Fue determinante su acuerpamiento como un colectivo ejemplar que logró conformar la comuna de Ayotzinapa entre los padres y madres de familia y el apoyo incondicional de los estudiantes. En estos cuatro años han logrado constituir un referente nacional de las luchas más emblemáticas de los últimas cinco décadas. El movimiento que generaron en torno a esta causa fue inédito porque lograron romper ese muro infranqueable impuesto por una figura presidencial intocable, blindada por el aparato represivo del Estado y por la parafernalia mediática que con un discurso hueco propalaban una imagen falsa de las autoridades federales.
Como país nunca hubiéramos imaginado que 43 padres dedicados al trabajo del campo y 43 madres entregadas a las labores domésticas y a la atención de sus hijos lograran irrumpir en la escena nacional como actores con gran autoridad moral cuyas acciones de protesta y sus denuncias públicas emitidas con un lenguaje sencillo y punzante lograron convocar a un gran número de organizaciones sociales y civiles a lo largo y ancho del país.
Se transformaron en el emblema de la protesta social; en el número que condensa el quiebre de un sistema corrupto y en el punto de coincidencia de una abigarrada fuerza social cuyas luchas han sido forjadas a lo largo de los años, con el costo de muchas vidas peleando incansablemente desde las trincheras de la resistencia.
Desde el momento en que las madres y padres decidieron emplazar a los candidatos a la Presidencia de la República para que públicamente fijaran su postura sobre el caso Ayotzinapa, optaron por colocar en la agenda de los candidatos el caso de los 43. Fue en Iguala donde el entonces candidato de Morena, compartió la tribuna con una amplia delegación de madres y padres de familia, quienes le pidieron que fijara su posición sobre el tema. Desde esa fecha López Obrador asumió el compromiso de investigar a fondo el paradero de los 43 estudiantes. Este compromiso lo ratificó el 26 de septiembre, cuando se cumplía el cuarto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes. El candidato electo instruyó al hoy subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas que se conformara un equipo de trabajo con los representantes legales de las madres y padres de familia para trazar las principales líneas del decreto presidencial que se fue afinando a lo largo de dos meses para que hoy culmine este esfuerzo con la firma del mismo.
Hay muchas expectativas de que se pueda emprender con el nuevo gobierno una ruta de trabajo que tome en cuenta la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito Judicial, con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia sobre el caso de Iguala. Tanto los dos informes del GIEI, como el último informe elaborado por el Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH y el exhaustivo informe que recientemente presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abonan para que el nuevo diseño de la Comisión de Investigación pueda profundizar en las diferentes líneas, tomando en cuenta la opinión de los familiares de las víctimas, así como sus representantes legales y la misma CNDH.
Será determinante la asistencia y cooperación de la CIDH y la oficina de la ONU en México, así como el apoyo de los expertos internacionales para que coadyuven en el esclarecimiento del caso. El mismo subsecretario Alejandro Encinas ha manifestado su compromiso de dar cumplimiento al mandato presidencial de atender el caso de Ayotzinapa con el fin de dar con el paradero de los 43 estudiantes. En diferentes foros ha dicho que no va estar de “florero”, ni se va a prestar para componendas. Impulsará las líneas de investigación trazadas por el GIEI y estará muy atento a las propuestas y opiniones que emitan los familiares de los estudiantes.
Las madres y padres han sido muy claros y contundentes, reconocen en primer lugar la apertura, el compromiso y la sensibilidad del nuevo presidente de la República. Se han sentidos escuchados y valorados. Ellas y ellos han manifestado que por primera vez sienten que se les reconoce y respeta como personas con dignidad, sin embargo, han subrayado que la confianza se va a ganar en la medida que se avance en las investigaciones y haya resultados tangibles y científicos. Han reiterado que no se van a poner obstáculos, ni proteger a funcionarios, mucho menos limitar espacios o lugares para indagar el paradero de sus hijos. Estarán muy atentos en este nuevo proceso de investigación, serán partícipes y cooperadores con el Ministerio Público, por lo mismo estarán vigilantes de todas sus actuaciones. Sabrán respetar su investidura y autonomía, pero siempre y cuando vele por el derecho de las víctimas. El discurso d el presidente Andrés Manuel López Obrador en su toma de posesión, centrado en lo que definió como un cambio de régimen político y que lo sintetiza como la Cuarta Transformación, tiene en el caso de Ayotzinapa la prueba de fuego. Su proclama de “no tengo derecho a fallarle al pueblo de México” es un compromiso muy profundo en el que la mayoría de los mexicanos y mexicanas ponen sus esperanzas para que acabe la corrupción y la impunidad que son la causa principal de la desigualdad económica y social, de la inseguridad y de la violencia que padecemos.
Para las y los guerrerenses, este mensaje presidencial conlleva la transformación de estructuras gubernamentales que están ancladas en la corrupción y coludidas con organizaciones delincuenciales y por lo mismo tiene que haber cambios sustantivos en las instituciones del estado. No podemos quedarnos con la mera retórica y las autoridades locales deben entender que no pueden continuar con las mismas prácticas que reproducen la corrupción y que protegen intereses ilícitos dentro del aparato gubernamental. No podemos aceptar que los ciudadanos y ciudadanas sigamos relegados de los derechos básicos y sobre todo resignarnos a padecer el flagelo de la violencia a causa de la incapacidad de las autoridades y la complicidad que existe con grupos de poder fáctico, al no querer desmantelarlos y por el contrario permitir que se asuman como amos y señores en varias regiones del estado.
Las autoridades están obligadas a rendir cuentas y a terminar con el maridaje que se ha reproducido a lo largo de los años entre la clase política y las élites económicas. Tiene que haber una depuración a fondo de las corporaciones policiales y de la misma Fiscalía General del Estado. No podemos seguir arrastrando vicios y tolerando abusos y acciones ilícitas de las autoridades. Los colectivos de las víctimas de la violencia tienen que ser atendidos y escuchados con la misma presteza y compromiso como lo está haciendo el nuevo presidente de la República. El electorado de Guerrero votó por un cambio que por la vía de los hechos es un mandato del pueblo para que las autoridades se alineen a este clamor y coloquen en el centro de su acción política el respeto irrestricto a los derechos humanos. Los familiares de las víctimas de la violencia no sólo han perdido a sus seres queridos, sino que también perdieron la confianza en las autoridades del estado que las han estigmatizado e ignorado, y a pesar de ello siguen en la primera línea dando la pelea, poniendo en riesgo sus vidas, con el único fin de que haya verdad y justicia y se acabe este sistema corrupto. El gobierno de Guerrero tampoco tiene derecho a fallarle al pueblo.

 

“Ojalá encontremos a los 43 o supiéramos en dónde están”, dice Astudillo

“Ojalá encontremos a los 43”, dice Astudillo
y se desmarca así de la “verdad histórica”

La declaración de la CIDH el lunes en Ayotzinapa es un punto de partida, señala el gobernador. Coincide con Peña Nieto en que han bajado los delitos en Guerrero, y subraya que en particular los homicidios dolosos

Brenda Escobar

Petatlán

A pregunta sobre el rechazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la versión gubernamental de que los normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que él sigue deseando “igual que muchos, que ojalá un día, pronto, encontráramos a los 43 o supiéramos en dónde están”.
El lunes enviados de la CIDH entregaron a los padres de los 43 un informe preliminar de su investigación, y en el acto celebrado en la normal rural Esmeralda Arosemena dijo que “lastima” e “indigna” que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, siga hablando de la “verdad histórica”, que sostiene que los estudiantes fueron asesinados y luego quemados.
“Me parece que ese (la declaración de la CIDH) es un punto de partida, yo siempre seré muy cuidadoso por el dolor que ha causado esto, por las consecuencias que ha traído a sus familiares pero también las consecuencias que ha traído al estado, hay que tener presente toda esta ruta que se ha seguido; yo, mi conclusión, mi precisión y lo digo con una gran responsabilidad y emoción digo por sentimiento, que ojalá pronto los encontráramos y supiéramos dónde están”.
Astudillo Flores estuvo en la Universidad Tecnológica de la Costa Grande (UTCG), donde inauguró dos nuevos edificios de esta institución, con una inversión de 35 millones de pesos; luego, se trasladó a la carretera que conduce a la playa San Valentín, donde dio el banderazo de inicio de la pavimentación de los primeros cuatro kilómetros de un total de ocho y medio de esta vía, en la que su gobierno invertirá 25 millones de pesos.
Al término del banderazo de inicio de la pavimentación, fue abordado por los reporteros.
Fue interrogado también respecto a las cifras que el presidente Enrique Peña Nieto presentó respecto a la baja de la incidencia delictiva de 26.4 por ciento en el presente año y de las opiniones de organizaciones sociales en el sentido de que dichos números son cifras infladas; el gobernador atajó, “bueno, ahí están las cifras, yo tengo las cifras y las cifras efectivamente marcan una disminución en una serie de delitos, especialmente el homicidio doloso”.
“Hace algún tiempo estábamos todavía en un 6.5 y andamos sobre un 4 punto y fracción (en la baja del delito), hay indiscutiblemente números menores, pero no solamente eso, somos uno de los estados que no hemos aumentado nuestras cifras e indicadores delictivos mientras hay otros estados que han aumentado entre el 200 y el 300 por ciento”.

Espera transición correcta en municipios y que alcaldes dejen para el aguinaldo

Una reportera le preguntó si ya tiene decidido a cuáles tomas de protesta de los próximos alcaldes asistirá, y respñondió: “Pues primero, yo aspiro y deseo que estas transiciones que se han ya iniciado sirvan para que la población pueda sentir menos el cambio de autoridad; o sea, que los servicios públicos que al final de cuentas es el tema central de un municipio se puedan hacer de manera correcta, el tema del agua, el tema de la basura, el tema de salud, el tema del alumbrado, el tema de la policía que hoy es el problema número uno”.
“Todos estos temas sean correctamente transitados y también, por supuesto las circunstancias económicas que son tan importantes. Entonces, yo espero que estos procedimientos que ya se iniciaron, sean perfectamente regulados por la Auditoría General del Estado y que cada quien aporte lo que tenga que aportar en términos de la propia ley y en términos de los propios resolutivos de los instrumentos de supervisión”.
Sobre si algunos alcaldes salientes le han solicitado ayuda para dejar cubierto el pago del aguinaldo para los trabajadores municipales, el gobernador dijo que, “creo que muchos municipios tienen dinero acumulado, no sé quiénes no lo tengan, pero quienes lo tengan acumulado, yo les hago un llamado a que lo cuiden para que sea utilizado para los aguinaldos de fin de año”.
“Y que este dinero cumpla con el objetivo para que sirva para los trabajadores, ¿por qué lo digo?, porque el dinero que no exista seguramente va a ser solicitado de alguna manera al gobierno. Entonces yo pido que si hay algún dinero guardado para previsión de los aguinaldos, las autoridades actuales y las autoridades que van a entrar sea uno de los temas principales en las actas de entrega–recepción”.
Enseguida, aseguró que su gobierno “no cuenta con recursos, también es muy importante, ya los hemos facilitado, los hemos prestado, pero por supuesto yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que cada quien cumpla con las responsabilidades que tiene, mi llamado es a cumplir con la responsabilidad y mi llamado también especial es que el dinero prevenido por quienes van a terminar sea un dinero diríamos que sea intocable porque es dinero de los trabajadores de los municipios, de los Ayuntamientos”.
La gira de trabajo

Este martes, Héctor Astudillo estuvo en la cabecera municipal de Petatlán, en la UTCG, donde inauguró el ciclo escolar 2018-2019 de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas del estado de Guerrero, así como también dos edificios de este plantel en el que se invirtieron 35 millones de pesos.
Fue recibido por el rector René Galeana Salgado y por la presidenta municipal, Leticia Rodríguez Armenta, quienes lo acompañaron durante el recorrido que hizo por los nuevos edificios donde saludó a los alumnos y maestros.
También estuvieron presentes la delegada de la Secretaría de Educación Pública en la entidad, Flor Añorve Ocampo; el jefe de la oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca; el alcalde interino de Zihuatanejo, Homero Rodríguez Rodríguez y el alcalde electo de ese municipio, Jorge Sánchez Allec; el director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Jorge Alcocer Navarrete, y el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero, (CICAEG), Javier Taja Ramírez.
Durante su participación, el director del IGIFE, Jorge Alcocer, destacó que el gobierno de Astudillo Flores ha invertido 253 millones de pesos en infraestructura educativa en las cinco universidades tecnológicas y la universidad politécnica en la entidad.
Cuando tocó su turno al micrófono, el gobernador destacó que apoyará a todos los alumnos de la UTCG que participen en los programas de intercambio educativo en el extranjero; ahí mismo entregó un apoyo económico a un profesor que este mismo martes salió a China, donde se capacitará.
Luego, Héctor Astudillo dijo que regresará a esta institución dentro de un mes y medio para entregar un autobús con capacidad para 40 personas.
Posteriormente, el gobernador se trasladó a la carretera que conduce a la playa San Valentín, donde dio el banderazo de inicio de la pavimentación de los primeros cuatro kilómetros de un total de 8.5 kilómetros de esta vía; ahí, el director del CICAEG, Javier Taja Ramírez, informó de las obras de pavimentación que el gobierno del estado está llevando a cabo en la Costa Grande y en específico, indicó que se invertirán 24 millones de pesos para esta obra.
Ahí, el gobernador fue abordado por líderes transportistas, quienes le solicitaron que los apoye a pavimentar otras calles de la cabecera municipal, así como también se le acercaron ciudadanos a hacerle peticiones diversas.

 

Se reúnen directivos de la CIDH con Sánchez Cordero y Encinas; tratan del caso Ayotzinapa

 

Agencia Reforma

Ciudad de México

Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encargados de supervisar la investigación del caso Ayotzinapa del gobierno mexicano se reunieron con integrantes de la próxima administración federal, para revisar el panorama de las garantías individuales.
La misión internacional fue encabezada por el secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrao en compañía de Esmeralda Arosemena, relatora para México, y el comisionado Luis Ernesto Vargas.
Los funcionarios de la CIDH fueron recibidos por Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, y Alejandro Encinas, designado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para dar seguimiento a la indagación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“La junta directiva de la CIDH se ha reunido informalmente, por invitación y en el marco de la transición, con los futuros miembros del gobierno de México para conversar sobre el panorama de la situación de los derechos humanos”, indicó Abrao en su cuenta en Twitter.
Encinas reportó también el encuentro en su Twitter y señaló que “su visita es en el contexto del mecanismo de seguimiento sobre el caso de #Ayotzinapa”.
En la mañana el equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación y la Cancillería.
El gobierno federal expresó a las enviados de la CIDH y representantes de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, que tiene la firme voluntad de agotar todas las líneas de investigación para lograr el esclarecimiento total del caso.
Esta postura se dio a menos de una semana de que el presidente Enrique Peña respaldara en un spot la versión de la PGR, conocida como “verdad histórica”, de que los estudiantes de Ayotzinapa fueron incinerados.

 

Levantan plantón en PGR padres de los 43 tras acuerdo de seguimiento de las líneas del GIEI

 

Los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos levantaron ayer el plantón frente a la Procuraduría General de la República (PGR), en el que estuvieron 26 días para exigir que el gobierno federal siga las líneas de investigación que estableció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para buscar a sus hijos.
De acuerdo con el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, este martes unos 700 integrantes de organizaciones sociales, nacionales e internacionales, que formaron la Asamblea Nacional Popular (ANP), marcharon con los padres de los normalistas desde el anti monumento a los 43, ubicado en el Paseo de la Reforma, hasta el plantón frente a la PGR.
Más tarde, en una conferencia de prensa, los padres dieron a conocer un balance de las acciones que llevaron a cabo durante los 26 días que mantuvieron el plantón, y a la una de la tarde comenzaron a desarmar el campamento, para regresar a la Normal Rural de Ayotzinapa, en Tixtla.
Vía telefónica, Felipe de la Cruz dijo que las autoridades federales se comprometieron a dar seguimiento a las líneas de investigación que estableció el GIEI, es decir, el trasiego de drogas, los teléfonos de los jóvenes, la intervención de la Policía Municipal de Huitzuco y del Ejército en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, y la responsabilidad del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y del entonces fiscal Iñaky Blanco Cabrera.
Además, en una reunión el viernes pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifirán se comprometió a que en los siguientes días los padres de los normalistas desaparecidos y sus representantes tendrán una mesa de trabajo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Señaló que aún no se les indica la fecha, lugar y hora, para llevar a cabo la mesa de trabajo con Osorio Chong, aunque los padres de los normalistas desaparecidos consideraron que luego de las marchas, bloqueos y protestas en la Ciudad de México, es una avance que el gobierno federal decida reanudar las mesas de diálogo y seguir las cuatro líneas de investigación.
De acuerdo con el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, el levantamiento del plantón se da después de acordar con el gobierno federal una reunión con representantes de la PGR y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 31 de mayo y otra en la primera quincena de junio con Osorio Chong.
Previo a esas reuniones, los padres y madres sostendrán un encuentro preparatorio con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, en la que se reafirmarán las cuatro peticiones que sostuvieron en esta movilización.
Rosales Sierra explicó que las mesas de trabajo fueron acordadas con Campa Cifrián en reuniones interinstitucionales el pasado 10 de mayo.
Vidulfo Rosales reconoció que, “hay un desgaste en la salud y en la situación física de los padres de familia, y no podemos jugarnos todo en un plantón, la lucha continúa, ésta es una más”.

El recuento de actividades

Acompañados de estudiantes de normales rurales del país y de organizaciones sociales, los familiares de los desaparecidos marcharon del anti monumento a los 43 al plantón en la PGR, donde presentaron un balance de las actividades que llevaron a cabo en la capital y anunciaron el levantamiento del plantón.
A Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, le correspondió leer el pronunciamiento en el que informaron que desde que se instalaron en plantón, el pasado 20 de abril, los familiares de los normalistas de Ayotzinapa y sus simpatizantes marcharon 14 veces en distintas partes de la Ciudad de México, hicieron cinco mítines de denuncia, ocho actos político culturales y tuvieron cuatro reuniones con autoridades.

 

Exigen padres de los 43 que senadores llamen a Raúl Cervantes ante irregularidades en la investigación

Familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos de Ayotzinapa exigieron a los senadores que citen a comparecer al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, sobre las irregularidades, obstáculos y retrasos en la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y que en el Senado se conforme una comisión especial de seguimiento para Ayotzinapa, en una reunión en la Cámara de Senadores.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz informó que en el décimo tercer día del plantón frente a la PGR en el paseo de la Reforma, marcharon a las oficinas del Senado con estudiantes y activistas, para exigir una reunión con los senadores.
Relató que se instalaron en protesta en el acceso del edificio, donde no hubo incidentes, y que a las 12 del mediodía los recibió un grupo de senadores, entre los que identificó al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México Alejandro Encinas.
También estuvieron en el grupo el priista José Olvera, el diputado perredista Francisco Martínez Neri y la diputada de Morena, Araceli Damián.
Indicó que en la reunión que duró una hora y media, hicieron el planteamiento de que el Senado llame a comparecer al procurador y que haga un seguimiento de la actuación de la PGR, mediante una comisión especial para el caso Ayotzinapa.
Contó que los diputados del PRI y del PAN dijeron que no tenían capacidad de respuesta inmediata y debían esperar a junio, cuando se reúne el Pleno de los senadores para someter a votación el planteamiento.
Felipe de la Cruz añadió que Alejandro Encinas y un representante del PRD se dijeron dispuesto a cabildear la propuesta, y que en la reunión, Encinas abogó para dar una respuesta a los padres el próximo jueves 11 de mayo, en ese mismo lugar.
Por su parte, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra indicó que entre los planteamientos que hicieron los padres y madres a los legisladores está, “exhortar a la PGR a avanzar en cuatro líneas de investigación establecidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”, sobre la responsabilidad de soldados del 27 Batallón de Infantería en los hechos; mostrar los avances de los análisis de la telefonía celular, entre ellos las identidades de personajes apodados El Caminante y El Patrón; interrogar a dos policías federales y a municipales de Huitzuco, y esclarecer el trasiego de droga de Iguala a Chicago en autobuses de pasajeros, como posible móvil de la desaparición.
Por parte de los familiares encabezaron la reunión Vidulfo Rosales, Felipe de la Cruz y la mamá del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, Cristina Bautista.
Durante la reunión, afuera del Senado una comisión de normalistas continuó con un mitin en el parque Luis Pasteur, bajo la vigilancia de policías con equipo antimotines.

La campaña contra expertos de la CIDH es para proteger a Murillo, señala Encinas

El senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que el gobierno de México está desacreditando y descalificando al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para no castigar y actuar contra el ex procurador Jesús Murillo Karam, quien sembró pruebas para la “verdad histórica”, que fue desestimada por los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El perredista, en declaraciones, sostuvo que el gobierno ha politizado el caso de los alcaldes relacionados con delincuentes. Además, de que la presencia de más soldados y policías en los municipios del estado sólo genera más violencia, y ejemplificó con el caso de Iguala, donde aseguró que no hay una disminución de los hechos violentos.
Encinas Rodríguez dijo, durante su intervención en el acto de homenaje al dirigente social Eloy Cisneros Guillén, que ”es evidente” que el gobierno “quiere descalificar y desestimar” a los integrantes del GIEI, por “una razón elemental, el reconocer efectivamente el informe de los expertos de la Comisión Interamericana implicaría no solamente derrumbar los pilares de la llamada verdad histórica, sino implicaría establecer responsabilidades al ex procurador (Jesús) Murillo Karam”.
“A todos los responsables de la investigación, por haber alterado el lugar de los hechos, por haber sembrado pruebas, por haber generado un conjunto de informaciones falsas y nosotros tenemos que seguir insistiendo en que queremos conocer la verdad”.
El 6 de febrero, organizaciones defensoras de derechos humanos internacionales expresaron su apoyo al GIEI, en su investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por una campaña de desprestigio coordinada contra el GIEI, que está ganando una mayor cobertura en los medios mexicanos.
El senador sostuvo que la nueva necropsia realizada al cuerpo del estudiantes desollado, Julio César Mondragón, que fue desenterrado el 4 de noviembre pasado y enterrado el viernes en Tenancingo, Estado de México, “va a traer al debate esa falsedad tan profunda que es la llamada verdad histórica, que el gobierno quiere imponernos, porque día a día salen a relucir la gran cantidad de anomalías, de engaños y de mentiras por las que se construyó esa falsa verdad histórica y más aún, ahora que se quiere desvirtuar la investigación del grupo internacional de la CIDH”.
Encinas Rodríguez exigió la presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y castigo a los responsables, “sean quienes sean, hayan ocupado el cargo público que hayan ocupado, porque Guerrero no se merece este tipo de autoridades y este tipo de acontecimientos”.
En declaraciones, abundó que la Fiscalía General del Estado, encargada de dar seguimiento de la investigación en el fuero común de los hechos de Iguala, está estancada. “Así como el hecho de no dar, por parte del MP local, toda las facilidades para la investigación”.
“Creo que hay un entorpecimiento por parte de la Procuraduría del Estado (Fiscalía General del Estado), para profundizar y agilizar estas investigaciones, que nada ayudan”. Indicó que en el proceso de exhumación del cuerpo de Julio César Mondragón, “el juez que lleva la causa hizo cuestiones absurdas, como enviar por un lado a Veracruz a uno de los grupos de los acusados y luego a Nayarit, y no permitir que fuera atraída la investigación al ámbito federal”.
En su discurso, también lamentó que Guerrero se encuentre en una situación de una gran violencia e inseguridad; sin embargo, dijo que la situación no se va a remontar con más policías, con más marinos o con más soldados en las calles. Dijo que el gobierno del estado debe de enfocarse en políticas preventivas, como atender los problemas de desigualdad, pero particularmente con la participación de los ciudadanos.
“La presencia de los grupos militares y policiacos en el estado no solamente no han disminuido la violencia y la inseguridad, sino que la han incrementado y ahí está el mejor ejemplo en Iguala, donde participa hoy la Armada Nacional, Ejército, Gendarmería y la policía estatal, y no solamente no ha disminuido la violencia sino que el secuestro, la extorsión y la desaparición forzada de las personas se ha incrementado”.
Sostuvo que de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad, “hoy tres de cada cuatro guerrerense que ha sido desaparecido forzosamente, son de Iguala y de la región de Tierra Caliente, a pesar del operativo especial” de seguridad.
En declaraciones, abundó que no basta replantear la operación especial en Tierra Caliente y que está se extienda a 80 municipios de Guerrero, Michoacán, Morelos, y Estado de México, “sino que se necesita una actuación más diligente, más responsable de la autoridad, de repartir justicia y en eso el gobernador no ha dado signos positivos”.
Agregó que la estrategia federal de seguridad no ha cambiado y sigue como la que implementó el presidente Felipe Calderón, “sigue la guerra contra las drogas”.
El senador dijo que se ha politizado el caso de los alcaldes a los que se les relaciona con grupos delincuenciales, en el caso del alcalde de Cocula, Erick Ulises Ramírez Crespo, detenido el 9 de febrero, señaló: “Se supone que las dirigencias de los partidos, antes de la elección del año pasado, hicieron consultas puntuales a la Procuraduría y a la Defensa Nacional, al Cisen y no hubo ninguna acusación. ¿Dónde está la falla?”.
Sostuvo que los partidos tienen que garantizar una buena selección de sus candidatos, ser el primer filtro, pero la autoridad no puede permitir que cuando existan indicios y averiguaciones, de algunos candidatos con la delincuencia organizada, dejar correr los asuntos, porque esto se presta al manejo político de las instituciones judiciales.
De la amenaza del ex diputado perredista local, Roger Arellano Sotelo, al corresponsal de Proceso, Ezequiel Flores, afirmó que “no va a ser con amenazas como se resuelva el problema, si se tiene una queja contra el reportero que proceda por la vía legal, no con amenazas” y se pronunció por garantizar la seguridad de quienes trabajan en el periodismo.