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La Comisión para el caso Ayotzinapa ha actuado con ética y humanismo, dice Luisa María Alcalde

Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación,en su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados con motivo del análisis del quinto informe de gobierno federal Foto: Cuartoscuro

Martha Martínez y Claudia Salazar / Agencia Reforma

Ciudad de México

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, declaró que en el caso Ayotzinapa están garantizando el derecho a la verdad, fortaleciendo las líneas de investigación y atendiendo con diligencia las demandas de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.
“La Comisión (para la Verdad en el caso Ayotzinapa) no ha torturado, no ha sembrado pruebas ni ha alterado escenas del crimen, al contrario, ha actuado con ética y humanismo, atendiendo con diligencia las demandas de las familias de los 43”, reiteró durante su comparecencia en el marco de la Glosa por el Quinto Informe de Gobierno en la Cámara de Diputados.
Ante los legisladores, agregó que se protege a periodistas y defensores de derechos humanos, por ello, el presupuesto del Mecanismo de Protección se ha incrementado en 125 por ciento con respecto al sexenio anterior, de 780 millones de pesos a mil 750 millones de pesos.
Explicó que gracias a que se cambiaron los lineamientos y protocolos, se facilitó la adhesión de mil 378 periodistas y defensores de derechos humanos a los que había en 2018.
Finalmente, en materia de violencia de género, sostuvo que los feminicidios se han reducido durante esta Administración y atribuyó este logro a la política de seguridad y de bienestar y a la red de sororidad construida por las mujeres.
“Los feminicidios se han reducido en un 30 por ciento durante esta Administración, esto por supuesto que es gracias a la política de seguridad y bienestar, pero también al profesionalismo, al compromiso de las mujeres, de Inmujeres, de Conavim y a miles de mujeres que han tejido una red de sororidad a través de refugios, unidades de atención a víctimas”, señaló.

Se garantizará y respetará el resultado de las elecciones

Ante diputados, también aseguró que el gobierno federal respetará los resultados de las elecciones de 2024.
En medio de las críticas por lo que la oposición calificó como una “campaña anticipada” de las llamadas corcholatas y la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para respetar las determinaciones del INE respecto a su conferencia mañanera, la funcionaria afirmó que esta administración dará todas las garantías para que el desarrollo de los comicios se haga de forma libre, pacífica y ordenada.
Durante su comparecencia, dijo que, para ello, brindarán seguridad y protección a quienes aspiren a un cargo de elección popular.
Además, subrayó que el presidente ha sido categórico respecto a que no se tolerará el uso de recursos públicos con fines electorales.
“De cara al proceso electoral de 2024, esta administración dará todas las seguridades y garantías para que éste se desarrolle de forma libre, pacífica y ordenada. El presidente López Obrador ha sido categórico al respecto: cero tolerancia al uso de recursos públicos con fines electorales, máximas garantías de seguridad y protección a quienes aspiren a un cargo de elección popular y, sobre todo, respeto absoluto a la voluntad del pueblo.
“Tenemos la responsabilidad de demostrar que hemos desterrado para siempre el autoritarismo, el fraude electoral y las prácticas antidemocráticas del pasado y que, con independencia de nuestros proyectos políticos, de nuestras preferencias, de intereses personales, tenemos un compromiso superior y ese compromiso es con el pueblo”, indicó.
Alcalde afirmó que en el país hay gobernabilidad, porque hay condiciones de bienestar social y laboral, y negó que haya crisis en materia migratoria, de seguridad y de violencia de género.

Ante la violencia, se atienden las causas

En materia de seguridad, aseguró que se sigue atendiendo de manera prioritaria a través de una estrategia opuesta a la del pasado y que radica en tres pilares: la atención de las causas que generan la violencia, las reuniones de seguridad que se llevan a cabo todos los días y que se replican en los estados, y la Guardia Nacional, que a cuatro años de su creación tiene 128 mil elementos desplegados en todo el país y cuenta con el respaldo del 80 por ciento de la población.
“Estos tres pilares han permitido que hoy tengamos resultados alentadores. Basta señalar que con datos no nuestros, sino del INEGI, los delitos de incidencia delictiva en nuestro país han bajado en 24 por ciento, y aquellos delitos más dolorosos para la gente, como por ejemplo, el homicidio, ha bajado en 17 por ciento, el robo en 26 por ciento y el secuestro en 80 por ciento”, detalló.
Por otro lado, sostuvo que la migración mexicana hacia Estados Unidos ha venido disminuyendo, gracias a la reducción de la pobreza y a que existen mejores oportunidades de empleo y bienestar en el país.
Sin mencionar las oleadas de migrantes que han desbordado al Instituto Nacional de Migración (INM), Alcalde afirmó que programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro han beneficiado a más de 40 mil personas en El Salvador y Honduras, además que han generado más de 230 mil empleos en ambos países.
Sostuvo que las estrategias prioritarias del presidente han permitido reducir en un 57.8 por ciento la intensión de migrar en Honduras y en un 31.8 por ciento en El Salvador.
“Por eso, ya estamos listos para implementar también Sembrando Vida en Guatemala, en Belice y en Cuba, pero, sobre todo y más importante, es que estos resultados, ya objetivos, son evidencia que nos ayuda a convencer a los Estados Unidos que no hay estrategia más eficaz que invertir en la gente para que tenga opciones donde están sus raíces”, dijo.

Organiza por primera vez un gobierno estatal la ceremonia luctuosa por Genaro Vázquez

Zacarías Cervantes

San Luis Acatlán

El representante del Comité Sanluisteco, Valentín Hernández Chapa, entrega a Abel Barrera, de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la guerra sucia la solicitud de que se investigue la muerte de Genaro Vázquez Foto : Lenin Ocampo Torres

En el 51 aniversario de la muerte del guerrillero Genaro Vázquez Rojas, representantes de su familia, el Comité Sanluisteco y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), entregaron a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidos de 1965 a 1990 una solicitud para que se investiguen las circunstancias de su muerte el 2 de febrero de 1972.
El documento lo recibió el integrante de esa Comisión, Abel Barrera Hernández, durante la ceremonia luctuosa que se realizó la mañana de ayer en la Plaza Cívica de esta población de la Costa Chica de donde fue originario Vázquez Rojas.
En esta población por primera vez se realizó una ceremonia oficial organizada por la Dirección de Actividades Cívicas del Gobierno estatal y en representación de la gobernadora estuvo el director David Loma Hernández.
Asistieron, además, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia y ex alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez, el delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Vázquez Quintero.
Además de los correligionarios de Genaro Vásquez Rojas, José Bracho Campos y Arturo Miranda Ramírez, así como el representante del Comité Sanluisteco Valentín Hernández Chapa, en tanto que la familia del guerrillero homenajeado fue representada por la viuda Consuelo Solís y su hijo Genaro Vázquez Solís.

“Genaro estaba vivo”

Consuelo Solís, esposa de Genaro Vázquez Rojas, habla en la ceremonia a 51 años de la muerte del fundador de la ACNR, en San Luis Acatlán Foto: Lenin Ocampo Torres

A 51 años de la muerte del guerrillero, por primera vez los familiares, la ACNR que fundó, y el Comité Sanluisteco solicitaron por escrito la investigación de su muerte.
Su lugarteniente, José Bracho, insistió lo que declaró en una conferencia de prensa el lunes en Chilpancingo, respecto a que Vázquez Rojas no murió en el accidente el 2 de febrero de 1972, sino que fue levantado con vida por militares y policías y trasladado al Cuartel Militar de Morelia, Michoacán.
La solicitud que leyó Valentín Hernández, refiere que en el contexto del 51 aniversario de la muerte del comandante guerrillero Genaro Vásquez Rojas, la ACNR, el Comité Cívico Sanluisteco y la esposa e hijos del guerrillero, “comparecemos ante ustedes para demandarles que consideren en su agenda de trabajo de investigación sobre los crímenes de lesa humanidad consumados en el periodo del 1965 a 1990, las circunstancias de su muerte”.
Agrega que a 51 años de su muerte siguen sin aclararse las circunstancias en que perdió la vida. Agregó que a pesar de que en su momento, en la versión oficial se dijo que murió en el accidente, “sus acompañantes aseguran que cuando se retiraron Genaro estaba vivo y después se presentaron elementos del Ejército y de la policía y lo trasladaron al campo militar de Morelia donde posteriormente lo dieron por muerto”.
Se insistió que a pesar de que él viajaba en el asiento de atrás, en el lugar de menor riesgo del vehículo, las fuentes oficiales aseguraron que resultó muerto.
Además, de acuerdo al oficio, la esposa de Vázquez Rojas, cuando le entregaron el cadáver “apreció en su frente una herida en una forma de V, que da lugar a inferir que su muerte fue provocada intencionalmente al recibir un culatazo de algún rifle de alto poder por elementos del Ejército.
“Estas y muchas otras evidencias podrán ser presentadas en su momento para su investigación minuciosa y profesional a fín de que no quede ninguna duda ante la historia, ni ante su familia sobre las verdaderas causas de su muerte de tan destacado luchador social acaecido en el contexto de la llamada Guerra sucia en la que el Estado mexicano desplegó una feroz guerra de contrainsurgencia y de exterminio en contra de la disidencia armada y no armada”.

Genaro es parte de la memoria historica: Abel Barrera

Abel Barrera Hernández, integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, quien recibió el documento, expresó que “qué bueno que hay una iniciativa de las familias, de los colectivos, de los movimientos y de las organizaciones para exigir que se esclarezca su muerte. A nombre de los comisionados y comisionadas les decimos que tomaremos a pecho esta solicitud”.
Aclaró que a los integrantes de esta Comisión les toca hacer la investigación histórica, “y asumir la responsabilidad del mandato presidencial, lo haremos con todo el compromiso y con toda la responsabilidad que nos implica esta tarea”.
Agregó que a los miembros de esta Comisión les interesa seguir recogiendo los testimonios y que van a seguir realizando los Diálogos por la Verdad para “que su palabra se escuche en el país y en el estado”.
Agregó que para esta Comisión este año es de escuchar a las víctimas y recuperar su memoria, tener todos los documentos y archivos personales y familiares para que sean parte del acervo y de la Casa de la memoria que se va a crear en el país. Agregó que Genaro Vázquez es parte del patrimonio de la memoria.

“No soy la viuda, soy la esposa de Genaro”: Consuelo Solís

La viuda de Vázquez Rojas celebró que ahora los homenajes sean oficiales y públicos porque antes “esto no se podía hacer, porque por pegar un volante en una esquina o en una pared iba uno a dar a la cárcel”.
Recordó que en el quinto aniversario de la muerte de Vázquez Rojas, antes de partir al panteón para limpiar y colocar flores, llegó el Ejército a arrebatarles las fotografías que llevaban para pegar en la tumba y ella les gritó: “llévense todas las que quieran que al fin traigo muchas más”.
Por ello insistió que para ella y su familia es algo grandioso que ahora se haga aquí como un acto cívico y público y que haya autoridades que tienen algún puesto en el gobierno “y que están aquí y no tienen miedo de hablar”.
Además, dijo que antes, sus hijos e hijas fueron perseguidos porque eran hijas de un “pandillero, roba vacas, de un ladrón”; reprochó que muchos maestros no los defendieron, “a veces con lágrimas en los ojos me decían: ‘hoy me dijeron esto’, y ella les preguntaba ‘’¿y tú que piensas?’, ‘que él fue un hombre bueno’”, le respondían.
Añadió que ahora, al reconocerlo oficialmente como un luchador social es una gran satisfacción porque ya no se podrán burlar de sus hijos.
Recordó la anécdota de cuando fue detenida. Dijo que entonces iba con una hija adoptiva a buscar a un compañero; Jorge Mota González, quien apenas murió hace tres meses.
Explicó que cuando vio carros con gente armada le habló a un licenciado, José Rojo Coronado, a quien le dijo: “váyase a mi casa y si en 10 o 15 minutos no llego, ya me agarró la policía”. Añadió que así fue; “él llegó a mi casa y yo ya nunca llegue, me detuvieron con mi hija”.
Recordó que entonces le preguntaron que donde estaba Genaro y ella les respondió: “quienes lo persiguen son ustedes, ustedes deben de saber dónde está, no yo, porque él dormirá en un lugar y al otro día ya no va a estar en el mismo”.
Entonces la separaron de su hija y le dijeron que si cuando la oyera gritar se le iba a refrescar la memoria, “¿saben ustedes lo que se siente?; es un dolor inmenso y sin poder hace nada. Entonces yo sí sufrí lo que muchos no creen; la represión espantosa de los gobiernos anteriores”.
Consuelo Solís aprovechó para reprochar algo que, dijo, no le gusta, y es cuando le gente dice: “es la viuda de Genaro”, y, aclaró: “no soy la viuda, soy la esposa de Genaro Vázquez Rojas, porque Genaro Váquez no ha muerto”, y de entre el público se escuchó un: “Genaro vive, la lucha sigue”.
Otra anécdota fue cuando en el Cuartel Militar de la Ciudad de México le entregaron el cuerpo rodeado de soldados y de perros amaestrados; “entramos con miedo, mis niñas estaban pequeñas y les dije: si les ofrecen de comer no acepten nada”.
En tanto, dijo que ella pensaba: “si no es (el cuerpo), ni modo, voy a decir que es él para que le den oportunidad de continuar con la lucha”. Añadió: “desgraciadamente cuando las enfermeras y una doctora destaparon su cara en el hospital, me convencí que él era, llevaba puesto el anillo de matrimonio, no se lo pudieron quitar”.
Recordó por qué su hijo más pequeño se llama Roque Filiberto. Explicó que fue por Roque Salgado Ochoa (un guerrillero) que cayó en la Montaña junto con su hermano Filiberto Solís Morales defendiendo la causa”. Añadió que Roque muy grave y su hermano ayudándolo, murieron abatidos.
Explicó que al mes de que nació su hijo, llegó a su casa una mujer con traje típico de la región y le dijo: “el compa y los compañeros de allá (le dijo señalando la Montaña) piden que si el niño que acaba de nacer puede llevar el nombre de los compañeros que cayeron defendiendo la Patria”.
Y ella, desconfiada, cuestionó: “y como sé que la manda el compañero”, y la mujer desconocida metió la mano (dijo señalando bajo el brasier) y sacó un pañuelito y le mostró el anillo de matrimonio de Genaro.
Entonces creyó que era cierto que quien le pedía era su esposo, “y por eso mi hijo, el menor, lleva el nombre de Roque Filiberto”, explicó con voz quebrada.
Como parte de la ceremonia, los asistentes colocaron una ofrenda floral y una guardia de honor en el busto de Vázquez Rojas en el zócalo de San Luis Acatlán y posteriormente marcharon al panteón municipal donde colozcaron otra ofrenda floral en la tumba del guerrillero.

Los 43 en el Palacio Nacional

Con el dolor a cuestas por el asesinato de su hijo Julio César Ramírez Nava, en la trágica noche de Iguala, don Tomás Ramírez libró una descomunal batalla contra la enfermedad
y el olvido gubernamental. Se fue en el amanecer de este sexenio exigiendo justicia y castigo a los responsables por este crimen abominable. Doña Bertha, la madre aguerrida de Julio César, en medio de tantas precariedades y sufrimientos es un ejemplo de dignidad y reciedumbre.

Este lunes 3 de diciembre será una fecha memorable para el país, por el encuentro histórico que protagonizarán las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional.
Este momento es de suma trascendencia, no sólo por la carga simbólica que conlleva el movimiento de los 43 padres y madres que cimbraron las estructuras de un poder presidencial omnipotente y arrogante, sino porque es un giro total en la nueva forma de ejercer el poder público tendiendo la mano a quienes han luchado con toda su fuerza para exigir a las autoridades que cumplan su responsabilidad de investigar estos hechos atroces y dar con el paradero de sus hijos. Es muy significativo que el nuevo presidente coloque como primera acción de su gobierno la firma del decreto presidencial para alcanzar la verdad y acceder a la justicia sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Las madres y padres de familia tuvieron que padecer 50 meses para establecer un acuerdo con el titular del Poder Ejecutivo que de cara a la nación se compromete a investigar estos deleznables hechos. También tuvieron que dar la batalla en diferentes frentes: en el plano internacional solicitaron la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la valiosa contribución del Equipo Argentino de Antropología fForense para dilucidar la inconsistencia de la “verdad histórica” y el apoyo invaluable de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Fue determinante su acuerpamiento como un colectivo ejemplar que logró conformar la comuna de Ayotzinapa entre los padres y madres de familia y el apoyo incondicional de los estudiantes. En estos cuatro años han logrado constituir un referente nacional de las luchas más emblemáticas de los últimas cinco décadas. El movimiento que generaron en torno a esta causa fue inédito porque lograron romper ese muro infranqueable impuesto por una figura presidencial intocable, blindada por el aparato represivo del Estado y por la parafernalia mediática que con un discurso hueco propalaban una imagen falsa de las autoridades federales.
Como país nunca hubiéramos imaginado que 43 padres dedicados al trabajo del campo y 43 madres entregadas a las labores domésticas y a la atención de sus hijos lograran irrumpir en la escena nacional como actores con gran autoridad moral cuyas acciones de protesta y sus denuncias públicas emitidas con un lenguaje sencillo y punzante lograron convocar a un gran número de organizaciones sociales y civiles a lo largo y ancho del país.
Se transformaron en el emblema de la protesta social; en el número que condensa el quiebre de un sistema corrupto y en el punto de coincidencia de una abigarrada fuerza social cuyas luchas han sido forjadas a lo largo de los años, con el costo de muchas vidas peleando incansablemente desde las trincheras de la resistencia.
Desde el momento en que las madres y padres decidieron emplazar a los candidatos a la Presidencia de la República para que públicamente fijaran su postura sobre el caso Ayotzinapa, optaron por colocar en la agenda de los candidatos el caso de los 43. Fue en Iguala donde el entonces candidato de Morena, compartió la tribuna con una amplia delegación de madres y padres de familia, quienes le pidieron que fijara su posición sobre el tema. Desde esa fecha López Obrador asumió el compromiso de investigar a fondo el paradero de los 43 estudiantes. Este compromiso lo ratificó el 26 de septiembre, cuando se cumplía el cuarto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes. El candidato electo instruyó al hoy subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas que se conformara un equipo de trabajo con los representantes legales de las madres y padres de familia para trazar las principales líneas del decreto presidencial que se fue afinando a lo largo de dos meses para que hoy culmine este esfuerzo con la firma del mismo.
Hay muchas expectativas de que se pueda emprender con el nuevo gobierno una ruta de trabajo que tome en cuenta la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito Judicial, con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia sobre el caso de Iguala. Tanto los dos informes del GIEI, como el último informe elaborado por el Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH y el exhaustivo informe que recientemente presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abonan para que el nuevo diseño de la Comisión de Investigación pueda profundizar en las diferentes líneas, tomando en cuenta la opinión de los familiares de las víctimas, así como sus representantes legales y la misma CNDH.
Será determinante la asistencia y cooperación de la CIDH y la oficina de la ONU en México, así como el apoyo de los expertos internacionales para que coadyuven en el esclarecimiento del caso. El mismo subsecretario Alejandro Encinas ha manifestado su compromiso de dar cumplimiento al mandato presidencial de atender el caso de Ayotzinapa con el fin de dar con el paradero de los 43 estudiantes. En diferentes foros ha dicho que no va estar de “florero”, ni se va a prestar para componendas. Impulsará las líneas de investigación trazadas por el GIEI y estará muy atento a las propuestas y opiniones que emitan los familiares de los estudiantes.
Las madres y padres han sido muy claros y contundentes, reconocen en primer lugar la apertura, el compromiso y la sensibilidad del nuevo presidente de la República. Se han sentidos escuchados y valorados. Ellas y ellos han manifestado que por primera vez sienten que se les reconoce y respeta como personas con dignidad, sin embargo, han subrayado que la confianza se va a ganar en la medida que se avance en las investigaciones y haya resultados tangibles y científicos. Han reiterado que no se van a poner obstáculos, ni proteger a funcionarios, mucho menos limitar espacios o lugares para indagar el paradero de sus hijos. Estarán muy atentos en este nuevo proceso de investigación, serán partícipes y cooperadores con el Ministerio Público, por lo mismo estarán vigilantes de todas sus actuaciones. Sabrán respetar su investidura y autonomía, pero siempre y cuando vele por el derecho de las víctimas. El discurso d el presidente Andrés Manuel López Obrador en su toma de posesión, centrado en lo que definió como un cambio de régimen político y que lo sintetiza como la Cuarta Transformación, tiene en el caso de Ayotzinapa la prueba de fuego. Su proclama de “no tengo derecho a fallarle al pueblo de México” es un compromiso muy profundo en el que la mayoría de los mexicanos y mexicanas ponen sus esperanzas para que acabe la corrupción y la impunidad que son la causa principal de la desigualdad económica y social, de la inseguridad y de la violencia que padecemos.
Para las y los guerrerenses, este mensaje presidencial conlleva la transformación de estructuras gubernamentales que están ancladas en la corrupción y coludidas con organizaciones delincuenciales y por lo mismo tiene que haber cambios sustantivos en las instituciones del estado. No podemos quedarnos con la mera retórica y las autoridades locales deben entender que no pueden continuar con las mismas prácticas que reproducen la corrupción y que protegen intereses ilícitos dentro del aparato gubernamental. No podemos aceptar que los ciudadanos y ciudadanas sigamos relegados de los derechos básicos y sobre todo resignarnos a padecer el flagelo de la violencia a causa de la incapacidad de las autoridades y la complicidad que existe con grupos de poder fáctico, al no querer desmantelarlos y por el contrario permitir que se asuman como amos y señores en varias regiones del estado.
Las autoridades están obligadas a rendir cuentas y a terminar con el maridaje que se ha reproducido a lo largo de los años entre la clase política y las élites económicas. Tiene que haber una depuración a fondo de las corporaciones policiales y de la misma Fiscalía General del Estado. No podemos seguir arrastrando vicios y tolerando abusos y acciones ilícitas de las autoridades. Los colectivos de las víctimas de la violencia tienen que ser atendidos y escuchados con la misma presteza y compromiso como lo está haciendo el nuevo presidente de la República. El electorado de Guerrero votó por un cambio que por la vía de los hechos es un mandato del pueblo para que las autoridades se alineen a este clamor y coloquen en el centro de su acción política el respeto irrestricto a los derechos humanos. Los familiares de las víctimas de la violencia no sólo han perdido a sus seres queridos, sino que también perdieron la confianza en las autoridades del estado que las han estigmatizado e ignorado, y a pesar de ello siguen en la primera línea dando la pelea, poniendo en riesgo sus vidas, con el único fin de que haya verdad y justicia y se acabe este sistema corrupto. El gobierno de Guerrero tampoco tiene derecho a fallarle al pueblo.

Mensaje “importantísimo”, la creación de la comisión por Ayotzinapa: Abel Barrera

Momento en que diputados de todos los partidos corean del 1 al 43 por los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala – Foto: Captura de video

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró “un mensaje importantísimo para Guerrero” que mañana se firme el decreto que crea la comisión especial para “la verdad y la justicia”, que investigará lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La creación de la comisión, y el ritual de entrega del bastón de mando de los pueblos originarios al nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, son “un arranque con paso firme”. Un anuncio de una nueva relación del gobierno federal con los pueblos indígenas y las víctimas.
Consultado por teléfono, Abel Barrera dijo que ahora falta la implementación del ambicioso proyecto de AMLO, pero confió en que “se puede construir el piso básico de la igualdad”.
Consideró que es muy importante el mensaje de que habrá, la justicia que se ha venido postergando, “precisamente por este pacto de impunidad que hay entre autoridades y grupos que están delinquiendo en nuestro país y en nuestro estado”.
Se refirió al decreto que creará una comisión especial para “la verdad y la justicia”, que investigará lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos en Iguala en 2014, que se firmará en Palacio Nacional en una ceremonia del presidente con los padres de los jóvenes.
La firma del decreto será “un punto central, sobre todo para poder hablar de una nueva etapa en esta lucha contra la corrupción, de la impunidad. Y generará una nueva relación entre víctimas, padres y madres de familia que luchan por la presentación de sus hijos con el gobierno de la República”.
Consideró que es un hecho inédito que el presidente se sentará “de cara a las familias, para asumir el compromiso de alcanzar la justicia y verdad. Eso para Guerrero es un mensaje importantísimo, porque empieza un acto ya de gobierno con víctimas, que vienen a representar todo un movimiento nacional de exigencia de justicia y verdad”.
En el tema de la justicia, dijo que hay apertura del nuevo gobierno federal, de “escuchar al pueblo, y de parte del pueblo hay una exigencia de justicia que tiene que ver con el castigo a los responsables (…) y la postura del presidente es de no entrar en un desgaste, pero yo creo que a las víctimas no se les cancela ese derecho a que se exija justicia y presentar denuncias ante la autoridad competente. Ahora sí se va a poner aprueba el sistema de justicia, que no va a ver impunidad y que se va a proceder en consecuencia”.
El director de Tlachinollan reconoció que tienen muchas expectativas a partir de los anuncios de compromisos y la ratificación de los mismos, durante su mensaje tras la toma de protesta, en el sentido de construir un nuevo pacto “con los pueblos indígenas, y con el pueblo de México” para transparentar la vida pública, y “romper con el pacto de impunidad para proteger a una clase gobernante”.
Reconoció que López Obrador sea el primer presidente que haya participado en el ritual de los pueblos originarios de entrega del bastón de mando, “es un acto inédito, también de un nuevo acercamiento de una nueva relación del gobierno federal con los pueblos indígenas, que habían estado muy subordinados y que no los habían tomado en cuenta”.
El director de Tlachinollan espera que los proyectos que impulse el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador se realicen en común acuerdo con los pueblos originarios.
Abel Barrera consideró que existe una amplia expectativa de recuperar la confianza en la autoridad, que toma en cuenta a “la gente que siempre ha estado desplazada, excluida, de los beneficios públicos. Hay un nuevo escenario, un nuevo discurso, nuevos símbolos y también nuevas maneras de establecer una relación más horizontal, más directa, más transparente con los pueblos originarios”.

Protestan padres de los 43 en la Suprema Corte; exigen la creación de la comisión de la verdad

Madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos y alumnos de esa escuela protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para exigir que se acate la orden de crear una comisión de la verda que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas.
Los manifestantes se reunieron de nueva cuenta para exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes, y derribaron vallas de seguridad para instalarse en la entrada principal de la sede de la máxima instancia de impartición de justicia en el país.
A casi cuatro años de la desaparición forzada de los 43 normalistas y el asesinato de tres estudiantes y tres ciudadanos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, los familiares solicitaron ser recibidos por los ministros de la corte, quienes, como se anunció la semana pasada, estudian atraer los recursos relacionados con la sentencia del tribunal de Tamaulipas que ordenó crear una comisión de la verdad y la justicia, que investigaría de nuevo la desaparición de los normalistas.
Los padres y madres se reunieron el miércoles de la semana pasada media hora con el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, cuando protestaban en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Más tarde medios informaron que la posibilidad de recibirlos, ya en forma oficial, fue planteada por Aguilar Morales a sus colegas antes de la sesión pública del pleno.
El mitin de este lunes frente a la corte inició después de las 11 de la mañana y estuvieron los familiares y normalistas e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes gritaron consignas a favor de los maestros.
Mientras los familiares mostraban fotografías de los jóvenes desaparecidos y gritaban “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, representantes de los normalistas desaparecidos en Iguala exigían que una comisión fuera recibida por Aguilar Morales.
Poco después ante a la falta de respuesta un grupo de normalistas tiró las vallas alrededor de la corte. Padres y madres aprovecharon para colocarse sobre la escalera principal, donde mostraron carteles con las fotografías de sus hijos desaparecidos.
En junio el tribunal colegiado de Tamaulipas consideró que la investigación de la Procuradurúa General de la República (PGR) carecía de imparcialidad y ordenó crear una comisión de la verdad para investigar de nuevo el caso. La PGR rechazó la sentencia argumentando imposibilidad y actualmente busca que la corte falle en contra de la instauración de esa comisión.
Los familiares de los estudiantes desaparecidos han manifestado su enojo ante el hecho de que la PGR intenta impedir la creación de un mecanismo que podría resolver el caso.

“Seguiremos en la lucha”

“Son 47 meses de dignidad y de coraje de parte, sobre todo, de las madres y normalistas de Ayotzinapa. Estamos aquí en la Suprema Corte para exigir que se instale la comisión de la verdad tal y como lo señaló el tribunal de Tamaulipas. Queremos verdad y justicia en este caso. Esperamos que los ministros den respuesta conforme a derecho y de manera autónoma, por el bien de las víctimas de la nación”, declaró a El Sur Felipe de la Cruz, vocero de los familiares.
“No descansaremos hasta que el caso sea resuelto, seguiremos en la lucha”, afirmó.
Finalmente fueron recibidos por Francisco Barradas Vista, asesor del ministro presidente y encargado de la atención a ciudadanos, pero los manifestantes demanadaban ser recibidos por los ministros.
Tras permanecer en la entrada principal más de una hora, padres y madres se retiraron sin haberse entrevistado con algún ministro.
“Los familiares estuvieron en la espera, pero no pasó nada. Los ministros no los recibieron”, lamentó De la Cruz.
–Falta un mes para que se cumplan cuatro años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, ¿qué decidirán si en estos días no hay respuesta de la corte?-, se le preguntó.
–Ya se acabó la jornada por los 47 meses, ya nos vamos a regresar a Guerrero. Si no hay respuesta a nuestras peticiones en estos días planearemos nuestra estrategia para el 26 de septiembre. Serán cuatro años, cuatro años de resistencia.

Celebran padres de los 43 que la SCJN analice la comisión de la verdad

En la semana de actividades por la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y para exigir una investigación real del caso, este viernes se anunció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el primer paso para resolver si es viable en términos jurídicos la integración de una comisión de la verdad, tal y como lo ordenó el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Tamaulipas.

Luego de una reunión el miércoles con el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales –quien se encontraba en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) cuando las madres y padres protestaban–, éste instruyó turnar a los ministros la solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) de echar atrás la sentencia del tribunal, a fin de que se emita un pronunciamiento en una sesión privada próximamente.

Este anuncio se da al tiempo que se realiza en la capital del país la Jornada 47 de Acción Global por Ayotzinapa, y luego de que el jueves las madres y padres de los normalistas desaparecidos protestaron en la PGR para reclamar a los funcionarios que intentan impedir la comisión de la verdad, cuya creación fue ordenada el 31 de mayo.

Para este viernes estaba programado un mitin frente a la Suprema Corte, pero los padres lo suspendieron.

“No quisimos tener actividad en la calle. Decidimos hoy reunirnos en privado con nuestros abogados, valorar y buscar estrategias para el domingo 26 –día de la marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez–. El viernes la corte no sesiona, no le vimos mucho sentido, no está ninguno de los ministros quienes son los que queremos que nos escuchen”, explicó a El Sur vía telefónica, Felipe de la Cruz, vocero de los familiares. Adelantó que la actividad será el próximo lunes.

De la Cruz dijo también que no les ha llegado la notificación de que la Suprema Corte analizará la posibilidad de formar una comisión de la verdad. “Si ya lo decidieron y anunciaron, falta que nos digan a nosotros”, comentó.

–¿Qué opina de esta decisión?

–Esperamos que la resolución de la Suprema Corte sea conforme a derecho, y creemos que eso ayudaría mucho a México y a nosotros, aunque no nos han informado aún. Desconocemos totalmente cómo está la situación en ese sentido. Pero si la corte ya determinó que va a iniciar el análisis, qué bueno que se vaya dando este proceso, porque es urgente para nosotros la resolución sobre la comisión, de esa manera nosotros avanzaríamos.

Si la corte decide a favor de los familiares, remarcó De la Cruz, “a los padres y madres de familia les daría un remanso de tranquilidad, pues será la posibilidad de poder llegar al paradero de los jóvenes”.

“Lastiman las palabras de Peña Nieto”

El 22 de junio el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán en reemplazo del procurador, rechazó la orden del tribunal de Tamaulipas y presentó un “incidente de imposibilidad real, jurídica y material”.

El 4 de julio el Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito determinó suspender por “tiempo indefinido” el cumplimiento de los amparos, que ordenaban crear una comisión de la verdad para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un principio se dijo que la sentencia del tribunal colegiado impugnada por la PGR daba un plazo de 10 días para integrar una comisión de la verdad, y que debía estar integrada por el Ministerio Público, los familiares de los 43 estudiantes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La decisión fue criticada y aplaudida por analistas, como informó El Sur. Los críticos dijeron que era inconstitucional la creación de la comisión y los defensores opinaron que debía hacerse pues sentaría un precedente en el país en defensa de los derechos humanos.

La tarde del viernes Felipe de la Cruz anunció que además del mitin del próximo lunes frente a la Suprema Corte, un grupo de normalistas se manifestará en Iguala.

–En un mes se cumplirán cuatro años de este caso.

–Lamentablemente, y no ha habido ningún tipo de respuesta. Definitivamente hoy los padres y madres de los 43 están llegando al hartazgo ante la insensibilidad del presidente Enrique Peña Nieto, respecto a lo que dijo hace unos días en la entrevista que le hicieron en Televisa, que la delincuencia organizada había terminado con los jóvenes en Cocula, tratando de fortalecer la ‘verdad histórica’, cuando sabemos que no existe. Son cositas que a nosotros nos llenan de rabia, de intolerancia, que él sigue insistiendo en algo que no es cierto y sigue pensando que al terminar su gobierno quedará eximido de culpa. Son crímenes que no tienen término y creemos que la justicia va a llegar.

–Insiste en su postura inicial.

–Lo dice abiertamente, en la red, en la televisión, y eso lastima, porque los padres de familia tienen conocimiento de que los jóvenes fueron separados en grupos y él insiste en que están muertos.

–¿Qué esperan del próximo gobierno?

–Como todo gobierno, que cumpla con su responsabilidad de respetar los derechos humanos y sobre todo a nosotros como víctimas, el derecho a saber la verdad y justicia. Por el momento no tenemos planeada una reunión con el presidente electo y su equipo. Aún no, pero creemos que más adelante podríamos buscar de alguna forma encontrarnos con Andrés Manuel López Obrador.

Recibe el presidente de la Corte a padres de los 43

Tras una protesta frente a la Judicatura Federal en la Ciudad de México, familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala hace casi cuatro años se reunieron con Luis María Aguilar. Le pedimos que los ministros “no actúen bajo consigna del gobierno federal actual” y validen el fallo de un tribunal federal que ordenó la formación de una Comisión de la Verdad para el caso, informa Melitón Ortega. Y otro padre, Mario González, señaló que el presidente Enrique Peña Nieto se irá con su “verdad construida a base de torturas” Foto: Agencia Reforma

Protestan padres de los 43 frente al Consejo de la Judicatura para exigir la Comisión de la Verdad

Se reúnen con el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, a quien le piden que él y sus colegas “no actúen bajo consigna del gobierno federal actual”, informa Melitón Ortega

Agencias Reforma y Proceso

Ciudad de México

Padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa protestaron frente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para exigir la conformación de la Comisión para la Justicia y la Verdad.
Acompañados de alumnos de la Normal Raúl Isidro Burgos los familiares llegaron a las instalaciones ubicadas en Insurgentes Sur.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruzdijo que la sentencia de un Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordena crear la comisión y que fue impugnada por el gobierno federal con cientos de recursos, en uno de los cuales otro juez lo frenó.
“Venimos a exigirle al Consejo de la Judicatura que se le dé cumplimiento a la sentencia que dictan los jueces del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, en el sentido de que se reponga la investigación (del caso Ayotzinapa) y se conforme la Comisión de la Verdad”, dijo consultado en el lugar.
En el mitin que improvisaron, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, se refirió también a los comentarios que el Presidente Enrique Peña Nieto dio anoche en una entrevista televisiva en la que refrendó la llamada “verdad histórica”.
“Estamos aquí en la Judicatura pidiéndole a estos ministros que se pronuncien y ya le paren su boca a este mugre presidente, Enrique Peña Nieto, que a cada rato sale a abrir la boca para decir nuevamente estupideces”, expresó.
En tanto, Mario César González, padre del joven desaparecido César Manuel González, consideró que si el mandatario está convencido de que la verdad de los hechos es que los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula, que deje que se conforme la Comisión de la Verdad para que llegue a la misma conclusión.
“Las escuchas de Estados Unidos (de llamadas a miembros del crimen en Chicago) nunca dijeron que el último paradero fue el basurero de Cocula, dijeron que tenían 60 paquetes y que tan fácil era decir dónde estaban”, agregó.
A prácticamente cuatro años de los ataques del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, los padres de los normalistas consideraron que con el cambio de gobierno federal el caso se puede destrabar.
En vísperas de que se cumplan 47 meses de la desaparición de los estudiantes, padres, madres y alumnos acudieron al CJF para exigir una audiencia, luego de no obtener respuesta a la solicitud que entregaron el 25 de julio.
En la jornada Ni perdón ni olvido, los familiares realizaron una protesta frente a las oficinas del CJF, aprovechando la presencia del presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, quien de manera extraordinaria conversó con ellos por aproximadamente 30 minutos.
El representante de los padres, Melitón Ortega mencionó que en julio entregaron al CJF un documento en el que fijaban su posición frente a la embestida del gobierno de Peña Nieto, para revertir la sentencia garantista diseñada por el magistrado Mauricio Fernández de la Mora.
De acuerdo con un reportaje publicado en la edición de Proceso que circula esta semana, contra esa resolución histórica se han interpuesto alrededor de cien recursos judiciales presentados por la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF).
También participaron las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Salud, Hacienda y Gobernación, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la Cámara de Diputados.
Presuntos implicados en el caso, pertenecientes a la Semar, la Sedena y la PF, han alimentado ese centenar de recursos auspiciados por las mismas dependencias a las que pertenecen.
La estrategia judicial camina en tres bandas: ante el Tribunal Colegiado, el Tercer Tribunal Unitario responsable de vigilar la implementación de la sentencia y la SCJN. Todos coinciden en solicitar que no se revierta la sentencia y que el caso sea atraído por el máximo tribunal de justicia del país.
Ortega destacó que en la reunión con el ministro Aguilar Morales, 34 padres y madres, además de tres representantes de la Normal de Ayotzinapa, le plantearon que él y sus colegas “no actuaran bajo consigna del gobierno federal actual”, que “no está dispuesto a que se investigue” a funcionarios federales.
La estrategia del gobierno federal, abundó, revela una intención de no resolver el caso, porque “el día que se haga la investigación como debe de ser, el que saldrá raspado, con mucha responsabilidad, será el propio Enrique Peña Nieto, por eso se han dado a la tarea de interponer esos recursos”.
Durante su encuentro con integrantes del CJF, presidido por Aguilar Morales, los familiares de las víctimas insistieron que es indispensable que den muestras de que no reciben indicaciones del gobierno federal.
“Por eso decimos que queremos ver esa autonomía y esa independencia, así como transparencia de que no están trabajando bajo consigna de nadie”, puntualizó Ortega, luego de advertir que los padres y madres estarán pendientes del momento en que a la SCJN le toque revisar los recursos interpuestos por las dependencias federales y presuntos implicados.
Tras señalar que durante el encuentro se le solicitó al ministro presidente una reunión con el pleno de la SCJN, el vocero reiteró que el futuro de un caso tan relevante puede “marcar al país”.
“Nosotros decimos que en sus manos (de los ministros) está un hecho tan importante que, si ellos resuelven que se cumpla la sentencia, lógicamente sería un trabajo histórico para esta SCJN, de lo contrario habrá que hablar de una página negra, una página llena de irregularidades”, subrayó.
En nombre de los padres y madres de los desaparecidos, Melitón Ortega reconoció la disposición del ministro presidente de la SCJN de recibirlos, y dijo que además se comprometió a “ser vigilante de lo que resuelvan los magistrados de Tamaulipas”.

Peña Nieto se irá con su “verdad construida a base de torturas”, dice el padre de uno de los 43

Es falso que quiere que se resuelva el caso, su gobierno está impidiendo la Comisión de la Verdad ordenada por un tribunal federal, señala Mario González

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

Para el padre del normalista de Ayotzinapa desaparecido César González, Mario González, el presidente Enrique Peña Nieto se irá con su “verdad construida a base de tortura y de mentiras”, pero la justicia llegará y “lo alcanzará dónde esté”.
Este martes en la noche en el programa En Punto la periodista Denise Maerker presentó una entrevista a Peña Nieto, a 111 días de que deje el cargo, en donde habla del balance de su gobierno.
La entrevista duró poco más de 24 minutos, de los que dedicó uno con 26 segundos al tema de Ayotzinapa, y dijo, “más allá de dudas y cuestionamientos yo me quedo con la convicción de que muy lamentablemente el crimen organizado, que ha permeado muchas de las esferas de actuación de los gobiernos municipales, tuvieron que ver en esta… la desaparición y que hayan sido quemados en este basurero”.
Dijo que fue uno de los “eventos” que marcaron a su administración, por lo que aseguró que se queda con el dolor que tuvieron y que siguen teniendo los padres en estos años en demanda de justicia.
Subrayó que todos los elementos de investigación concluyen lo mismo, que los estudiantes normalistas desparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 fueron quemados en el basurero de Cocula.
“Incluso información reciente conocida por los padres y por los que le están dando seguimiento a este caso saben de labores de inteligencia realizada por el gobierno norteamericano, donde detectan llamadas de un grupo delincuencial que operaba en Chicago que tenía vínculo con el grupo delincuencial en México, donde se confirma qué hicieron con los estudiantes, los quemaron en el basurero, entonces esto es lo que yo creo que sucedió”, enfatizó.
Insistió que si la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), tuvo fallas o errores “pues bueno, está abierta y creo que sigue en curso”.
Ayer, en respuesta, Mario González dijo que no entiende por qué da esas declaraciones si su gobierno interpuso más de 100 amparos, “está impidiendo que se lleve a cabo la comisión de investigación”.
Consultado vía telefónica puntualizó que Peña Nieto quiere concluir su mandato con sólo su verdad, la que construyó a “base de torturas y de mentira”.
“Desafortunadamente él sabe que no es verdad lo que dice, pero nosotros como padres seguiremos y respecto a su postura de sobre las autoridades locales insisto, por qué puso 100 amparos para que no sea investigado”.
Agregó que no ha cumplido con brindar la información clara sobre el caso, ni en dónde están sus hijos, por lo que durante cuatro años han estado en pie de lucha por acceder a la información del archivo de investigación, y nunca ha ayudado.
“Siempre él quiere imponer lo que le conviene para cerrar el caso, pero la justicia llegará y lo alcanzará hasta donde él esté”, agregó.

Protestan padres de los 43 frente al Consejo de la Judicatura para exigir la Comisión de la Verdad

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se cubren de la lluvia de ayer en la Ciudad de México, en donde protestaron para exigir la Comisión de la Verdad Foto: Agencia Reforma

El Estado no cumple la sentencia de la Coidh en el caso Radilla ni con la Comverdad: activistas

El gobierno mexicano no ha cumplido la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) sobre la detención y desaparición de Rosendo Radilla Pacheco a 8 años de que se emitió la sentencia, denunciaron ante el Tribunal Internacional de Conciencia la hija del desaparecido, Tita Radilla, y el secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata.
Mientras tanto los integrantes de la Comisión de la Verdad (Comverdad) denunciaron que el gobierno de Guerrero no ha cumplido las recomendaciones que emitieron en su informe en 2014, entre las que se encuentra la publicación y distribución del mismo.
En el segundo día de actividades del organismo internacional en el ex seminario del Padre Humberto Osorio Refino, se dijo que la impunidad provoca que las desapariciones forzadas se sigan cometiendo, con la diferencia de que durante la guerra sucia las cometían directamente los militares y policías y ahora es el crimen organizado en colusión con el gobierno.
Dentro del tema: El fenómeno de la desaparición forzada, los ex comisionados de la Comverdad presentaron su informe, mientras que Tita Radilla y Julio Mata presentaron el caso de la detención y desaparición de Rosendo Radilla. Al final se trató el tema: La desaparición forzada en Iguala y Chilpancingo, en donde familiares de víctimas narraron sus testimonios.
Encabezaron el jurado James Smit, José Luis Fuentes, Gilberto Saucedo, Stefany Bello, Carmen Matus y Raymundo Díaz Taboada.
De la desaparecida Comverdad estuvieron los cinco comisionados, José Enrique González, Nicomedes Fuentes, Pilar Noriega, Arquímedes Morales e Ilda Navarrete.
González Ruiz dijo que la Comverdad se creó “ante la ineficacia y la corrupción” de las instancias gubernamentales y a instancias de familiares de víctimas de desapariciones que pedían una justicia alternativa.
Sin embargo el gobierno estatal no cumplió las recomendaciones que emitió, ni la publicación del informe.
Arquímedes Morales comentó a los integrantes del Tribunal Internacional de Conciencia que sobre el derecho a la justicia el gobierno no cumplió, por ejemplo, con las averiguaciones previas de casos de desaparición forzada pendientes por resolver en la Coordinación General de Investigación. En cuando a las medidas legislativas, tipificar la desaparición forzada conforme al artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y establecer la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada.

En cuanto a las medidas preventivas, el retiro de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública, en cumplimiento del artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, así como que se sancione a los cuerpos policiacos o de seguridad pública que no pongan inmediatamente al detenido a disposición del Ministerio Público, y establecer en toda agencia del ministerio público un registro de personas detenidas.
En cuanto a las medidas de reparación no ha cumplido la reparación económica de acuerdo a los estándares internacionales a familiares de desaparecidos y sobrevivientes, simplificar y agilizar los trámites para que las víctimas y sus familiares reciban los recursos lo más pronto posible, así como suprimir como requisito la acreditación de violación a los derechos humanos de la Recomendación 26/2001 de la CNDH.
De las medidas administrativas o institucionales la Comverdad recomendó exentar a las víctimas o familiares del pago de derechos en los trámites administrativos, especialmente en el Registro Civil, y que en aquellos casos en que debe realizarse la modificación de actas del Registro Civil en los casos de errores del propio registro, modificar las actas sin mayor trámite.
También recomendó que se retiren los nombres de las personas que intervinieron en desapariciones forzadas de los lugares públicos, y que se retire el nombre del Ejército del lugar de honor del Congreso del Estado.
Pilar Noriega dijo que la conclusión a la que llegó la Comverdad es que en la etapa de la guerra sucia se ejerció una represión sistemática y generalizada, y que es la misma que se sigue viviendo en la actualidad, “la diferencia es que en aquellos años no había duda de que los responsables fueron el Ejército y la policía, y todos los detenidos-desaparecidos tienen nombre y apellidos”.
Nicomedes Fuentes agregó que en efecto, no ha habido cambios entre lo que sucedió en aquellos años y lo que pasa en la actualidad, que, dijo, “es la continuación de la guerra sucia”, y añadió que lo que ocurrió en la década de 1970 no sirvió como experiencia para evitar que se volviera a repetir. Dijo que la ventaja es que hoy se ha vencido el miedo.
Enseguida, Morales Carranza advirtió que las cosas van a seguir igual mientras no haya un cambio de régimen.
Entonces, el director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, José Filiberto Velázquez preguntó que si lo que se vivió en las elecciones del 1 de julio es realmente un cambio o una simulación, y el ex comisionado dijo que para él “sólo es un cambio de caras y falta ver el comportamiento del nuevo gobierno”, y añadió, “esto dependerá de lo que podamos hacer como ciudadanos”.

A 44 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco

Julio Mata Montiel presentó el caso de Responsabilidad Internacional del Estado por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco.
Explicó que el caso resulta paradigmático en el derecho mexicano por establecer la obligación de adoptar estándares del derecho internacional en relación con la investigación y sanción de la desaparición forzada.
Denunció que a 44 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla la impunidad perdura no sólo en este caso, sino en todos los de ese periodo y los de a partir del 2006 a la fecha en el que es evidente el exterminio contra el pueblo, y la notoria simulación que ha mantenido el Estado mexicano para cumplir las obligaciones nacionales e internacionales.
Agregó que a casi 9 años de que la Coidh emitió la recomendación del caso Rosendo Radilla, el Estado mexicano ha incumplido las recomendaciones, entre éstas que haga una investigación exhaustiva de todos los casos de ese periodo, que son más de 850 en todo el país.
Asimismo que se recupere la memoria, la verdad y pleno acceso a la justicia para todos los familiares y para todo el pueblo de México.
Que se hagan y entreguen a las universidades todos los archivos del accionar del Ejército mexicano y de los funcionarios públicos de entonces, de diferentes cuerpos paramilitares que han actuado al cobijo del Estado y que sólo es una parte los que están en el Archivo General de la Nación.
Además el reconocimiento de la competencia del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la desaparición forzada para recibir denuncias individuales, fortalecimiento, y la implementación de sus acciones urgentes y permitiendo la realización de la visita in situ solicitada.
Expuso que la desaparición forzada de personas en México ha sido utilizada como forma de presión desde la década de 1970.
Denunció que para los familiares y las victimas no hay acceso a la justicia, “los perpetradores de las desapariciones son protegidos por las autoridades de todos los órdenes”, y que la impunidad permea todas las instituciones del Estado.
Agregó que en la actualidad a finales de 1990 y a pesar de cientos de denuncias ante la PGR y a las comisiones de derechos humanos, “no se ha revelado el paradero de uno solo de los detenidos-desaparecidos, y menos existe un solo enjuiciado o condenado por el delito de desaparición forzada en el periodo reciente”, tampoco hay protección a los familiares que denuncian.
Agregó que, por el contrario, el gobierno divide a los colectivos de víctimas ofreciéndoles prebendas y los que las rechazan son amenazados, encarcelados, desaparecidos o asesinados.
Tita Radilla expuso que lo que pasa hoy es consecuencia de que las violaciones del pasado quedaron en la impunidad, denunció que “el gobierno solamente simula que hace las cosas, por ejemplo dijo que en el caso de Rosendo Radilla se hacen excavaciones en busca de su cuerpo pero no hay resultados, y todavía no existe una sola persona sancionada”.

Suprema Corte, impedida para frenar Comisión de la Verdad por Ayotzinapa, responde a la PGR

El gobierno de Enrique Peña Nieto debe cumplir con la Comisión de la Verdad ordenada por la justicia federal y, sólo en caso de entrar en desacato, podrá intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, notificó a la Procuraduría General de la República (PGR) que el máximo tribunal del país carece de competencia para conocer las quejas que interpuso en contra de la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para investigar el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
La PGR argumentó imposibilidad “real, jurídica y material” para cumplir con el fallo que ordenó al Ejecutivo gestionar ante el Congreso presupuesto para el funcionamiento de la Comisión.
Los magistrados del Tribunal determinaron además que esa Comisión de la Verdad deberá estar integrada por familiares de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quienes da la prerrogativa de fijar las líneas de la nueva investigación.
La PGR se quejó ante la SCJN por considerar que el fallo invade la facultad constitucional del Ministerio Público de encabezar la investigación de los delitos.
El ministro presidente de la Corte respondió que la PGR y el propio presidente de la República deben fundamentar al Tribunal Colegiado, con sede en Matamoros, Tamaulipas, si existe una imposibilidad jurídica para el cumplimiento del fallo. Les dio tres días para que le contesten. La decisión del presidente de la Corte se conoció este lunes 9.
En caso de que el Ejecutivo y la PGR incumplan con el fallo del Tribunal Colegiado, éste podría iniciar un juicio por inejecución y hacérselo saber a la Suprema Corte.
Sólo en esas condiciones el máximo tribunal del país podría intervenir si considera que debe atraer el caso y entonces analizar la constitucionalidad de la sentencia del Colegiado anunciada el 4 de junio pasado.

Ocho dependencias del gobierno federal presentaron recursos jurídicos contra la comisión de la verdad

El gobierno federal inició una ofensiva jurídica sin precedentes para eliminar las sentencias que ordenan crear una Comisión de la Verdad y ocho secretarías y órganos del gobierno presentaron el 6 de julio “recursos de revisión extraordinaria” con los que buscarían llevar a la Suprema Corte de Justicia los cuatro amparos concedidos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, que ordenó crear la Comisión de la Verdad para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Los recursos fueron presentados por la PGR, las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Salud y Hacienda, la Policía Federal, el Órgano de Prevención y Readaptación Social, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, todos ante el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, al que corresponde supervisar el cumplimiento de los amparos.
Sabino Pérez García, magistrado del tribunal unitario, pidió ayer a las dependencias anexar más copias de sus recursos, antes de acordar el trámite que les dará.
La Ley de Amparo no prevé un revisión “extraordinaria”, por lo que no está claro si Pérez García admitirá los recursos, y en su caso, si los enviará al mismo Tribunal Colegiado que concedió los amparos, o los canalizará a la Corte, que probablemente no los admitiría.
Pérez García ya analiza un incidente de imposibilidad de cumplimiento jurídico de los amparos, en lo que toca a la creación de la Comisión de la Verdad, que fue promovido por la PGR, y al cual se sumó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En este incidente se alega que la Comisión de la Verdad va más allá de las facultades constitucionales del tribunal colegiado que concedió los amparos, y de los propios órganos que deben acatarlos, pues la investigación quedaría en manos de representantes de las víctimas y la CNDH, con el Ministerio Público como mero auxiliar.
El artículo 102 de la Constitución faculta exclusivamente a las procuradurías para investigar los delitos, y no otorga a la CNDH atribuciones para fincar cargos penales.
La sentencia que dicte Pérez García en este incidente podrá ser impugnada mediante recurso de inconformidad, que la Corte podría atraer.

Desecha Corte quejas

En paralelo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia desechó ayer cuatro recursos de queja presentados por la PGR y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Las quejas impugnan el primer requerimiento a las autoridades para cumplir los amparos, notificado por el magistrado Pérez García el 19 de junio.
El ministro presidente, Luis María Aguilar, ordenó enviar las quejas a Pérez García, para que decida si las suma a los incidentes de imposibilidad de cumplimiento ya en curso.
“Requiérase al tribunal unitario para que, en caso de ordenar la apertura del incidente de inejecución de sentencia correspondiente, lo haga del conocimiento de esta Suprema Corte para que se provea lo conducente, a efecto de que, en su caso, se solicite la facultad de atracción”, agregó Aguilar.
También advirtió que, en dicho incidente de inejecución, la Corte podría determinar si algunos fragmentos de las sentencias de amparo no fueron congruentes con los temas que se plantearon al tribunal colegiado, cuya función inicial únicamente era revisar autos de formal prisión contra integrantes de Guerreros Unidos que confesaron matar y quemar a los normalistas.
Se trata de los primeros acuerdos que dicta la Corte en relación con estos amparos. (Víctor Fuentes / Agencia Reforma / Ciudad de México).