Protestan organizaciones y colectivos en Atoyac; exigen a la Secretaría de Salud que abra la Clínica de la Mujer

Francisco Magaña

Atoyac

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, integrantes de organizaciones sociales y colectivos de mujeres de Atoyac exigieron a la Secretaría de Salud que abra la Clínica de la Mujer -ubicada dentro del hospital general- que fue cerrada y dejó sin atención a quienes padecen cáncer.
Asimismo denunciaron que el mastógrafo está descompuesto, faltan especialistas y las mujeres tienen que realizarse estudios en clínicas particulares.
Ayer integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), el Colectivo de Mujeres Campesinas (Comucam) y Madres Solteras protestaron y pegaron pancartas afuera de la Clínica de la Mujer en Atoyac que permanece cerrada.
Durante la manifestación las inconformes exigieron una investigación porque aseguraron que tanto el Ayuntamiento como la Jurisdicción Sanitaria 05 de la Costa Grande hicieron una inspección y aseguraron que todo está bien.
Acusaron que hace falta de atención por parte de los encargados de la clínica y que a las mujeres les están cobrando para interpretar sus estudios cuando debería ser un servicio gratuito. Señalaron que esto violenta el derecho a la salud de las mujeres en un tema tan delicado como el cáncer.
Comentaron que el cierre de las instalaciones desalienta a la mujer para atenderse contra la enfermedad que día a día va en aumento e insistieron en que se abra la Clínica de la Mujer.
Destacaron que el cáncer es una enfermedad silenciosa peligrosa “que no te dado mucho tiempo”.
Mencionaron que por la violación a su derecho a la salud y ante el incremento de casos de mujeres con cáncer decidieron manifestarse.
En otro momento resaltaron que la Clínica de la Mujer que ahora es “un elefante blanco le están sacando ellos provecho, y seguro lo estarán reportando que están en funciones y estarán cobrando sus honorarios”.
Expresaron que con este cambio de gobierno las cosas serían diferentes “se dijo se iba a trabajar bien que no iba a haber corrupción y es lo que estamos viendo desde el poder es la misma gata revolcada”.
Por su parte, la dirigente del Frente de Defensa Popular Francisco Villa Clemencia Guevara Tejedor, consideró que en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer no es solo ponerse un moñito “es cuando debemos atención y acción”
Dijo que “hace unos días se denunció que había medicamentos caducados y se calificó como violencia institucional, violencia política desde que no hay un mastógrafo y debería de estar abierta la Clínica de la Mujer; y se dice que son nuestros derechos, tenemos el derecho a la salud, al trabajo, una vivienda a vivir sin violencia”.
Indicó que como organizaciones sociales son gestores y por eso llamó al Gobierno Federal de la 4T y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a que “no nada más estén de pasarelas utilizando los trajes regionales o vistiéndose de naranja sino que implementen políticas públicas que coadyuven y que colaboren en los mecanismos para que las mujeres seamos libres de violencia”, destacó.

 

El Estado no cumple la sentencia de la Coidh en el caso Radilla ni con la Comverdad: activistas

 

El gobierno mexicano no ha cumplido la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) sobre la detención y desaparición de Rosendo Radilla Pacheco a 8 años de que se emitió la sentencia, denunciaron ante el Tribunal Internacional de Conciencia la hija del desaparecido, Tita Radilla, y el secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata.
Mientras tanto los integrantes de la Comisión de la Verdad (Comverdad) denunciaron que el gobierno de Guerrero no ha cumplido las recomendaciones que emitieron en su informe en 2014, entre las que se encuentra la publicación y distribución del mismo.
En el segundo día de actividades del organismo internacional en el ex seminario del Padre Humberto Osorio Refino, se dijo que la impunidad provoca que las desapariciones forzadas se sigan cometiendo, con la diferencia de que durante la guerra sucia las cometían directamente los militares y policías y ahora es el crimen organizado en colusión con el gobierno.
Dentro del tema: El fenómeno de la desaparición forzada, los ex comisionados de la Comverdad presentaron su informe, mientras que Tita Radilla y Julio Mata presentaron el caso de la detención y desaparición de Rosendo Radilla. Al final se trató el tema: La desaparición forzada en Iguala y Chilpancingo, en donde familiares de víctimas narraron sus testimonios.
Encabezaron el jurado James Smit, José Luis Fuentes, Gilberto Saucedo, Stefany Bello, Carmen Matus y Raymundo Díaz Taboada.
De la desaparecida Comverdad estuvieron los cinco comisionados, José Enrique González, Nicomedes Fuentes, Pilar Noriega, Arquímedes Morales e Ilda Navarrete.
González Ruiz dijo que la Comverdad se creó “ante la ineficacia y la corrupción” de las instancias gubernamentales y a instancias de familiares de víctimas de desapariciones que pedían una justicia alternativa.
Sin embargo el gobierno estatal no cumplió las recomendaciones que emitió, ni la publicación del informe.
Arquímedes Morales comentó a los integrantes del Tribunal Internacional de Conciencia que sobre el derecho a la justicia el gobierno no cumplió, por ejemplo, con las averiguaciones previas de casos de desaparición forzada pendientes por resolver en la Coordinación General de Investigación. En cuando a las medidas legislativas, tipificar la desaparición forzada conforme al artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y establecer la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada.

En cuanto a las medidas preventivas, el retiro de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública, en cumplimiento del artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, así como que se sancione a los cuerpos policiacos o de seguridad pública que no pongan inmediatamente al detenido a disposición del Ministerio Público, y establecer en toda agencia del ministerio público un registro de personas detenidas.
En cuanto a las medidas de reparación no ha cumplido la reparación económica de acuerdo a los estándares internacionales a familiares de desaparecidos y sobrevivientes, simplificar y agilizar los trámites para que las víctimas y sus familiares reciban los recursos lo más pronto posible, así como suprimir como requisito la acreditación de violación a los derechos humanos de la Recomendación 26/2001 de la CNDH.
De las medidas administrativas o institucionales la Comverdad recomendó exentar a las víctimas o familiares del pago de derechos en los trámites administrativos, especialmente en el Registro Civil, y que en aquellos casos en que debe realizarse la modificación de actas del Registro Civil en los casos de errores del propio registro, modificar las actas sin mayor trámite.
También recomendó que se retiren los nombres de las personas que intervinieron en desapariciones forzadas de los lugares públicos, y que se retire el nombre del Ejército del lugar de honor del Congreso del Estado.
Pilar Noriega dijo que la conclusión a la que llegó la Comverdad es que en la etapa de la guerra sucia se ejerció una represión sistemática y generalizada, y que es la misma que se sigue viviendo en la actualidad, “la diferencia es que en aquellos años no había duda de que los responsables fueron el Ejército y la policía, y todos los detenidos-desaparecidos tienen nombre y apellidos”.
Nicomedes Fuentes agregó que en efecto, no ha habido cambios entre lo que sucedió en aquellos años y lo que pasa en la actualidad, que, dijo, “es la continuación de la guerra sucia”, y añadió que lo que ocurrió en la década de 1970 no sirvió como experiencia para evitar que se volviera a repetir. Dijo que la ventaja es que hoy se ha vencido el miedo.
Enseguida, Morales Carranza advirtió que las cosas van a seguir igual mientras no haya un cambio de régimen.
Entonces, el director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, José Filiberto Velázquez preguntó que si lo que se vivió en las elecciones del 1 de julio es realmente un cambio o una simulación, y el ex comisionado dijo que para él “sólo es un cambio de caras y falta ver el comportamiento del nuevo gobierno”, y añadió, “esto dependerá de lo que podamos hacer como ciudadanos”.

A 44 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco

Julio Mata Montiel presentó el caso de Responsabilidad Internacional del Estado por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco.
Explicó que el caso resulta paradigmático en el derecho mexicano por establecer la obligación de adoptar estándares del derecho internacional en relación con la investigación y sanción de la desaparición forzada.
Denunció que a 44 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla la impunidad perdura no sólo en este caso, sino en todos los de ese periodo y los de a partir del 2006 a la fecha en el que es evidente el exterminio contra el pueblo, y la notoria simulación que ha mantenido el Estado mexicano para cumplir las obligaciones nacionales e internacionales.
Agregó que a casi 9 años de que la Coidh emitió la recomendación del caso Rosendo Radilla, el Estado mexicano ha incumplido las recomendaciones, entre éstas que haga una investigación exhaustiva de todos los casos de ese periodo, que son más de 850 en todo el país.
Asimismo que se recupere la memoria, la verdad y pleno acceso a la justicia para todos los familiares y para todo el pueblo de México.
Que se hagan y entreguen a las universidades todos los archivos del accionar del Ejército mexicano y de los funcionarios públicos de entonces, de diferentes cuerpos paramilitares que han actuado al cobijo del Estado y que sólo es una parte los que están en el Archivo General de la Nación.
Además el reconocimiento de la competencia del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la desaparición forzada para recibir denuncias individuales, fortalecimiento, y la implementación de sus acciones urgentes y permitiendo la realización de la visita in situ solicitada.
Expuso que la desaparición forzada de personas en México ha sido utilizada como forma de presión desde la década de 1970.
Denunció que para los familiares y las victimas no hay acceso a la justicia, “los perpetradores de las desapariciones son protegidos por las autoridades de todos los órdenes”, y que la impunidad permea todas las instituciones del Estado.
Agregó que en la actualidad a finales de 1990 y a pesar de cientos de denuncias ante la PGR y a las comisiones de derechos humanos, “no se ha revelado el paradero de uno solo de los detenidos-desaparecidos, y menos existe un solo enjuiciado o condenado por el delito de desaparición forzada en el periodo reciente”, tampoco hay protección a los familiares que denuncian.
Agregó que, por el contrario, el gobierno divide a los colectivos de víctimas ofreciéndoles prebendas y los que las rechazan son amenazados, encarcelados, desaparecidos o asesinados.
Tita Radilla expuso que lo que pasa hoy es consecuencia de que las violaciones del pasado quedaron en la impunidad, denunció que “el gobierno solamente simula que hace las cosas, por ejemplo dijo que en el caso de Rosendo Radilla se hacen excavaciones en busca de su cuerpo pero no hay resultados, y todavía no existe una sola persona sancionada”.

 

La Ley de Seguridad busca legalizar las torturas del Ejército, denuncia la Afadem en Atoyac

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) conmemoró el 103 aniversario del natalicio del líder atoyaquense Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por militares en 1974.
La ceremonia fue presidida por el secretario ejecutivo de esa organización, Julio Mata Montiel, en el Zócalo de Atoyac frente a la placa del perdón que el gobierno federal colocó en disculpa a los familiares de Radilla Pacheco. Ahí denunció que se quieren legalizar los asesinatos y torturas del Ejército.
Esa placa se colocó sin la presencia de los familiares de Rosendo Radilla y de otros desaparecidos de la guerra sucia, y no se invitó a la actividad a las organizaciones que demandan justicia.
En la colocación de la ofrenda floral los familiares y miembros de la organización explicaron que la vicepresidenta de la organización, Tita Radilla Martínez no pudo asistir porque estaba en un foro en la Ciudad de México.
Mata Montiel destacó que la defensora de derechos humanos fue para inconformarse por la propuesta de Ley de Seguridad Interior que pretende oficializar mecanismos de desaparición y tortura del Ejército, “son asesinos, han desaparecido personas, torturado y ahora se quiere legalizar que el Ejército torture y desaparezca a la gente como lo hizo con Rosendo Radilla hace 42 años, con dos días que se llevó al cuartel que había en Atoyac”.
El secretario ejecutivo de la Afadem dijo que este es un día importante para la organización, porque el caso Rosendo Radilla ayudó a modificar las leyes mexicanas después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sentenció al Estado mexicano.
A 103 tres años de su nacimiento dijo que los familiares y la organización exigen la presentación con vida de Rosendo Radilla y de más de 500 desparecidos de Atoyac en la época de terrorismo de Estado en la década del 70, cuando miles de militares sitiaron el municipio y desaparecieron a más de 300 ciudadanos.
La bisnieta del desaparecido, Cintia Martínez Nogueda destacó que en tres generaciones de su familia no han visto investigaciones serias en el caso.
Criticó que en las excavaciones que ordenó la Comisión Interamericana de los Derechos Humano (CIDH) para localizar los cuerpos, se van posponiendo porque las autoridades dicen que no hay dinero y que esperen.
Destacó que su abuela Tita Radilla ha persistido y luchado pese a muchas adversidades, lo que les da ánimo y fuerza a las nuevas generaciones para exigir justicia.