No teme ser asesinada, dice la madre de Jonathan Romero a cuatro años de su desaparición

La señora Socorro Gil, madre del joven Jonathan Guadalupe Romero Gil, acompañada de otros familiares de desaparecidos, pidió la presentación de su hijo al cumplirse 4 años de su desaparición frente a la playa Tlacopanocha Foto: Carlos Carbajal

Jacob Morales Antonio

A cuatro años de la detención y desaparición de Jonathan Guadalupe Romero Gil, por policías municipales de Acapulco, su madre Socorro Gil Guzmán dice que no tiene miedo de ser asesinada, como otras cinco madres buscadoras en México.
“Yo jamas he tenido miedo, y yo he dicho que si me van a matar buscando a mi hijo, pues ni modo, no puedo hacer otra cosa. A lo mejor ya muerta me reuniré con mi hijo”, dijo la mujer en un acto en frente de playa Tlacopanocha, lugar donde fue detenido su hijo el 5 de diciembre de 2018, por policías municipales.
La tarde de este lunes se realizó un acto para exigir la presentación con vida de Jonathan, en el mural que su familia pintó el año pasado, frente a playa Tlacopanocha, donde se ofreció una misa. En el lugar la mujer colocó los rostros de otros jóvenes, hombres y mujeres desaparecidos, y cuyas familias se han unificado en el Colectivo Memoria, Verdad y Justicia.
Gil Guzmán informó que no hay avances en el caso y que las investigaciones han comenzado de cero por parte de la Fiscalía General del Estado, luego de que el ex fiscal encargado del caso, David García Muñoz, desapareció un video donde se aprecia el momento de la detención de su hijo.
“Están comenzando desde cero las investigaciones. Tengo confianza en que encuentren a mi hijo”. Indicó que la alcaldesa Abelina López Rodríguez intervino sólo para que la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón la atendiera.
Indicó que cambiaron muchas cosas en la carpeta de investigación y que es un trabajo complicado, porque no hay nada “partiendo de que se encargaron de borrar las evidencias”.
La mujer recordó que pidió que se investigara al dueño del bar donde trabajaba el amigo de su hijo, quien apareció muerto, pero el fiscal de ese momento no quiso que se le indagara y a ella no se le permitió declarar.
La mujer dijo que ha vivido un infierno de amenazas, extorsiones y desplazamientos, ahora viene de entrada por salida a Acapulco. Se divorció de su pareja, “es parecido al infierno vivir así

El Estado no cumple la sentencia de la Coidh en el caso Radilla ni con la Comverdad: activistas

 

El gobierno mexicano no ha cumplido la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) sobre la detención y desaparición de Rosendo Radilla Pacheco a 8 años de que se emitió la sentencia, denunciaron ante el Tribunal Internacional de Conciencia la hija del desaparecido, Tita Radilla, y el secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata.
Mientras tanto los integrantes de la Comisión de la Verdad (Comverdad) denunciaron que el gobierno de Guerrero no ha cumplido las recomendaciones que emitieron en su informe en 2014, entre las que se encuentra la publicación y distribución del mismo.
En el segundo día de actividades del organismo internacional en el ex seminario del Padre Humberto Osorio Refino, se dijo que la impunidad provoca que las desapariciones forzadas se sigan cometiendo, con la diferencia de que durante la guerra sucia las cometían directamente los militares y policías y ahora es el crimen organizado en colusión con el gobierno.
Dentro del tema: El fenómeno de la desaparición forzada, los ex comisionados de la Comverdad presentaron su informe, mientras que Tita Radilla y Julio Mata presentaron el caso de la detención y desaparición de Rosendo Radilla. Al final se trató el tema: La desaparición forzada en Iguala y Chilpancingo, en donde familiares de víctimas narraron sus testimonios.
Encabezaron el jurado James Smit, José Luis Fuentes, Gilberto Saucedo, Stefany Bello, Carmen Matus y Raymundo Díaz Taboada.
De la desaparecida Comverdad estuvieron los cinco comisionados, José Enrique González, Nicomedes Fuentes, Pilar Noriega, Arquímedes Morales e Ilda Navarrete.
González Ruiz dijo que la Comverdad se creó “ante la ineficacia y la corrupción” de las instancias gubernamentales y a instancias de familiares de víctimas de desapariciones que pedían una justicia alternativa.
Sin embargo el gobierno estatal no cumplió las recomendaciones que emitió, ni la publicación del informe.
Arquímedes Morales comentó a los integrantes del Tribunal Internacional de Conciencia que sobre el derecho a la justicia el gobierno no cumplió, por ejemplo, con las averiguaciones previas de casos de desaparición forzada pendientes por resolver en la Coordinación General de Investigación. En cuando a las medidas legislativas, tipificar la desaparición forzada conforme al artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y establecer la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada.

En cuanto a las medidas preventivas, el retiro de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública, en cumplimiento del artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, así como que se sancione a los cuerpos policiacos o de seguridad pública que no pongan inmediatamente al detenido a disposición del Ministerio Público, y establecer en toda agencia del ministerio público un registro de personas detenidas.
En cuanto a las medidas de reparación no ha cumplido la reparación económica de acuerdo a los estándares internacionales a familiares de desaparecidos y sobrevivientes, simplificar y agilizar los trámites para que las víctimas y sus familiares reciban los recursos lo más pronto posible, así como suprimir como requisito la acreditación de violación a los derechos humanos de la Recomendación 26/2001 de la CNDH.
De las medidas administrativas o institucionales la Comverdad recomendó exentar a las víctimas o familiares del pago de derechos en los trámites administrativos, especialmente en el Registro Civil, y que en aquellos casos en que debe realizarse la modificación de actas del Registro Civil en los casos de errores del propio registro, modificar las actas sin mayor trámite.
También recomendó que se retiren los nombres de las personas que intervinieron en desapariciones forzadas de los lugares públicos, y que se retire el nombre del Ejército del lugar de honor del Congreso del Estado.
Pilar Noriega dijo que la conclusión a la que llegó la Comverdad es que en la etapa de la guerra sucia se ejerció una represión sistemática y generalizada, y que es la misma que se sigue viviendo en la actualidad, “la diferencia es que en aquellos años no había duda de que los responsables fueron el Ejército y la policía, y todos los detenidos-desaparecidos tienen nombre y apellidos”.
Nicomedes Fuentes agregó que en efecto, no ha habido cambios entre lo que sucedió en aquellos años y lo que pasa en la actualidad, que, dijo, “es la continuación de la guerra sucia”, y añadió que lo que ocurrió en la década de 1970 no sirvió como experiencia para evitar que se volviera a repetir. Dijo que la ventaja es que hoy se ha vencido el miedo.
Enseguida, Morales Carranza advirtió que las cosas van a seguir igual mientras no haya un cambio de régimen.
Entonces, el director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, José Filiberto Velázquez preguntó que si lo que se vivió en las elecciones del 1 de julio es realmente un cambio o una simulación, y el ex comisionado dijo que para él “sólo es un cambio de caras y falta ver el comportamiento del nuevo gobierno”, y añadió, “esto dependerá de lo que podamos hacer como ciudadanos”.

A 44 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco

Julio Mata Montiel presentó el caso de Responsabilidad Internacional del Estado por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco.
Explicó que el caso resulta paradigmático en el derecho mexicano por establecer la obligación de adoptar estándares del derecho internacional en relación con la investigación y sanción de la desaparición forzada.
Denunció que a 44 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla la impunidad perdura no sólo en este caso, sino en todos los de ese periodo y los de a partir del 2006 a la fecha en el que es evidente el exterminio contra el pueblo, y la notoria simulación que ha mantenido el Estado mexicano para cumplir las obligaciones nacionales e internacionales.
Agregó que a casi 9 años de que la Coidh emitió la recomendación del caso Rosendo Radilla, el Estado mexicano ha incumplido las recomendaciones, entre éstas que haga una investigación exhaustiva de todos los casos de ese periodo, que son más de 850 en todo el país.
Asimismo que se recupere la memoria, la verdad y pleno acceso a la justicia para todos los familiares y para todo el pueblo de México.
Que se hagan y entreguen a las universidades todos los archivos del accionar del Ejército mexicano y de los funcionarios públicos de entonces, de diferentes cuerpos paramilitares que han actuado al cobijo del Estado y que sólo es una parte los que están en el Archivo General de la Nación.
Además el reconocimiento de la competencia del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la desaparición forzada para recibir denuncias individuales, fortalecimiento, y la implementación de sus acciones urgentes y permitiendo la realización de la visita in situ solicitada.
Expuso que la desaparición forzada de personas en México ha sido utilizada como forma de presión desde la década de 1970.
Denunció que para los familiares y las victimas no hay acceso a la justicia, “los perpetradores de las desapariciones son protegidos por las autoridades de todos los órdenes”, y que la impunidad permea todas las instituciones del Estado.
Agregó que en la actualidad a finales de 1990 y a pesar de cientos de denuncias ante la PGR y a las comisiones de derechos humanos, “no se ha revelado el paradero de uno solo de los detenidos-desaparecidos, y menos existe un solo enjuiciado o condenado por el delito de desaparición forzada en el periodo reciente”, tampoco hay protección a los familiares que denuncian.
Agregó que, por el contrario, el gobierno divide a los colectivos de víctimas ofreciéndoles prebendas y los que las rechazan son amenazados, encarcelados, desaparecidos o asesinados.
Tita Radilla expuso que lo que pasa hoy es consecuencia de que las violaciones del pasado quedaron en la impunidad, denunció que “el gobierno solamente simula que hace las cosas, por ejemplo dijo que en el caso de Rosendo Radilla se hacen excavaciones en busca de su cuerpo pero no hay resultados, y todavía no existe una sola persona sancionada”.