Una de las lonas en las que se solicita ayuda para encontrara Luis Felipe Espinoza, de 33 años, su hijo Luis Abel Espinoza, de 17, y Rafael Verónica Dimas, de 54 Foto: Zacarías Cervantes
Familiares de tres desaparecidos de Zumpango colocaron lonas este jueves en un puente peatonal de Chilpancingo, para solicitar ayuda a la población para su localización.
Se trata de Luis Felipe Espinoza Pantaleón, de 33 años, y su hijo Luis Abel Espinoza Meza, de 17; así como Rafael Verónica Dimas, de 54 años.
Los tres desaparecieron el pasado 8 de septiembre, cuando se dirigían de Chilpancingo a Zumpango, y sus familiares presentaron la denuncia el 10 de septiembre.
Las lonas con sus fotografías y sus datos fueron colgadas por la mañana, en el puente peatonal de la colonia Obrera, al poniente de la ciudad.
Un familiar de Rafael Verónica dijo que él es “una persona trabajadora, responsable y siempre cariñoso con sus familiares. Le encanta pasar el tiempo con sus nietos y siempre está dispuesto a ayudar a los demás”, por lo que dijo que no cree que ande metido en “cosas malas”.
“Estamos muy preocupados por él, ya que tiene diabetes y está sin medicamentos. Sin su tratamiento, su salud podría deteriorarse rápidamente”, dijo y pidió el apoyo de la población para localizarlo.
“Por favor, ayúdennos a encontrarlo. Si tienen alguna información sobre su paradero, por favor comuníquense al número 800 832 7692”, pidió.
Vecinos de la colonia Obrera, donde se colocaron las lonas, informaron que desde la tarde del miércoles por la tarde se colgaron del puente peatonal, pero que por la noche policías municipales fueron a retirarlas.
Sin embargo, los familiares de los desaparecidos regresaron la mañana de este jueves para volverlas a colocar en el mismo lugar. (Zacarías Cervantes / Chilpan-cingo).
Integrantes del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia, durante la reinauguración del Muro de la Memoria, en el Zócalo de la ciudad Foto: Carlos Carbajal
Aurora Harrison
Con la consigna de que las desapariciones de personas no son hechos aislados, el sábado los integrantes del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia en compañía de otras organizaciones sociales y madres buscadoras de otros estados reinauguraron el Muro de la Memoria, instalado en el Zócalo.
Solicitaron a la población que se una a la lucha para que ese tipo de hechos ya no sucedan y señalaron que en México son más de 100 mil personas que se encuentran desaparecidas.
El muro de la memoria que se reinauguró el sábado está cerca de las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer y frente a la Catedral de Nuestra Señora de la Soledad. La primera vez que se instaló fue el 3 de septiembre del año pasado, pero fue destruido por los trabajos de remodelación del Zócalo de Acapulco, y después de gestiones ante el gobierno municipal fue reinstalado.
Para celebrar esta reinauguración hubo un concierto con la orquesta típica y coro infantil García Blanco, del Estado de México, en solidaridad con los integrantes del colectivo.
El encargado del corte de listón de la reinauguración fue el director de la Orquesta Típica García Blanco, Ricardo Gutiérrez García, quien en su mensaje dijo: “esto no es un hecho aislado, que esto no sucede solo en Acapulco, Guerrero, estamos siendo testigos que las desapariciones forzadas son en absolutamente en todo el país”.
“Cada familia que pierde a un ser querido es nuestra familia también, no somos conocidos, no son hechos aislados, hoy estamos rodeados de niñas y niños que el día de hoy están teniendo un crecimiento porque se están enfrentando a la vida y les están generando memoria y si generamos memoria podremos evitarlo juntos, ningún desaparecido más ni una desaparecida más, nunca más una madre mexicana atravesando este dolor”, dijo.
Agregó que las diferentes organizaciones que acompañan a los integrantes del colectivo “es el principio de una caminata más allá de nuestras fronteras, vamos a gritar hasta que nos escuche y que la gente sea capaz de apagar las bocinas y unirse, necesitamos que todo el pueblo de México se una a esta lucha”.
Los integrantes del colectivo leyeron un comunicado donde agradecieron al gobierno municipal por recuperar un espacio para colocar los rostros de las personas desaparecidas y que no han regresado a casa.
En representación de la alcaldesa, Abelina López Rodríguez, acudió el director de Gobernación, Ramón Montiel Mejía, en su intervención dijo: “hay que reconocer que es producto de la lucha, de la iniciativa del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia”.
Integrantes de la Orquesta Típica García Blanco y del coro infantil de Netzahualcóyotl, ofrecieron un concierto bajo las ramas del Árbol de la Esperanza.
En el mensaje que leyeron los integrantes del Colectivo Memoria Verdad y Justicia recordaron que “iniciamos el 7 de mayo de 2022 con la idea de que ante la negligencia y estigmatización que hace el Estado de la grave crisis de desapariciones en el país, visibilizar para denunciar, renombrar para resignificar, salir a exigir Verdad y Justicia en todos los casos de personas desaparecidas en México y hacer de las plazas públicas, un lugar de transformación del dolor en resistencia”.
Aseguraron que el estado es “responsable de todos estos crímenes por acción, por omisión” y “hoy dentro de nuestro dolor, nos complace estar aquí reinaugurando nuestro Muro de la Memoria”.
En la ceremonia la madre de Jonathan Guadalupe Romero Gil, Socorro Gil, recibió por parte de la directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, América Bautista, el título de su hijo por cumplir con sus estudios.
Una pareja, su hijo y la novia de éste están desaparecidos desde el sábado pasado, cuando se trasladaron a Palo Blanco, ayer sus familiares presentaron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), donde exigieron su búsqueda y localización.
Los desaparecidos son Elizabeth Catalán Olalde de 39 años, Eloy Peralta García de 38, su hijo Diego Gael Peralta de 17 y la novia de éste, la estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Brithany Castro Santiago de 16 años.
Presentaron la denuncia Guadalupe Olalde, madre de Elizabeth Catalán Olalde y Ciri Santiago, madre de la joven Brithany Castro Santiago, acompañadas de integrantes del Colectivo de familiares de desaparecidos de Chilpancingo, Lupita Rodríguez.
Denunciaron que sus familiares desaparecieron juntos en el tramo de regreso de Palo Blanco a Chilpancingo.
Ayer martes El Sur informó en su edición impresa de la desaparición de las cuatro personas, sin embargo, de acuerdo con la nueva información que se recogió ayer, tres de los desaparecidos corresponden a una misma familia y la adolescente universitaria es la novia del hijo de la pareja.
Por la desaparición de las mujeres, las autoridades emitieron el lunes la Alerta Amber y el Protocolo Alba.
Desde el lunes los familiares con el apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) implementaron una operación de búsqueda en el trayecto de Chilpancingo a Palo Blanco sin resultado alguno, informó el representante del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez.
Ciri Santiago, madre de la joven Brithany Castro Santiago informó que su hija estudia en la escuela Preparatoria Número Uno de la UAG y relató que el viernes a las 10:15 de la mañana salió de su casa y le dijo que iba a salir con su novio, después ya no supo más de ella.
“A las personas que tengan a mi niña les pido por favor que me la regresen, yo no quiero nada contra nadie, no quiero problemas, lo único que pido es que me regresen a mi niña, por favor se los suplico”, clamó entre sollozos.
Aseguró que ella “es niña de casa”, y que siempre está con ella “y hasta donde yo sé no tiene problemas con nadie, casi no sale de la casa”.
Guadalupe Olalde, madre de Elizabeth Catalán Olalde, abuela de Diego Gael y suegra de Eloy Peralta García explicó que desaparecieron junto con Brithany desde la noche del viernes.
Contó que ese día en la noche llegaron a su casa los cuatro. Después llegó un padrino de la pareja con quien estuvieron un rato conviviendo y cuando ya se iba le dijeron que lo iban a dejar a Palo Blanco, de donde es originario.
Salieron de su casa entre 12 y 12 y media de la noche y le dijeron que de regreso pasarían a comprar cena. Recordó que su nieto le pidió: ‘“Sabe qué abuela, no se vaya a dormir, vamos a traer para que cenemos’, los vi que iban contentos, no les vi nada raro”.
Relató que uno de sus hijos le llamó a su hermana Elizabeth a las 2:50 de la madrugada y ella le informó que ya venían de regreso, pero a partir de entonces perdieron contacto.
Les mandaron mensajes y les marcaron a sus teléfonos pero estaban apagados.
“Yo recurro a la gente que por favor me devuelva a mis hijos. No quiero nada contra la gente, sólo les pido que se apiaden de mí porque estoy destrozada. No saber de ellos es muy difícil, no sé qué hacer”.
Pidió que le ayuden a localizarlos, “que se apiaden de esta madre que está sufriendo por sus hijos”.
Informó que su hija trabaja en Liverpool como promotora de ventas y su yerno en una constructora, e incluso salieron en el vehículo de la empresa para la que trabaja.
Beatriz Rivera del colectivo Lupita Rodríguez declaró que este no es un caso más de desaparecidos y que llama la atención que haya sido colectivo, algo que no había ocurrido, y que seguramente las víctimas estuvieron en un lugar y a la hora equivocada.
“En estas condiciones afloran las emociones, Guerrero es el epicentro de las desapariciones y vemos la indiferencia e indolencia de las instituciones. Las personas que pasan por esta situación tienen que estar acompañadas por los colectivos que tienen lastimosamente cierta experiencia de esta situación, para que les hagan caso”, reprochó.
Reclamó a todas las instituciones que se pongan a trabajar y aprovechó para exigir al Congreso local la aprobación de la Ley de Desaparición de Personas para definir las responsabilidades que corresponden a cada una de las dependencias.
“Nos va definir el protocolo inmediato que se debe ejercer en estos casos. Exigimos que los legisladores se toquen el corazón y tomen en cuentan nuestra petición de que se apruebe esa ley tan importante”, insistió.
Exclamó un “ya basta” a las autoridades en un estado “donde le dan prioridad a las fiestas y las bodas en lugar de atender las prioridades de las personas, por ejemplo, las desapariciones que están a la orden del día, diario hay desaparecidos”, reprochó.
Se quejó de que no hay acciones para prevenir la violencia desde el Ejecutivo del estado hasta el municipal, a pesar de que es una de sus responsabilidades.
Dijo que tienen meses pidiendo una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para plantearle la gravedad de problema, pero no ha querido recibirlos, “y está bien, que no nos atienda, pero que actúe, que trabaje, es su obligación darnos seguridad, ya no podemos salir a las calles, cualquiera está expuesto a la violencia”.
Pidió apoyo y que les den informes “si vieron o saben algo que lo hagan de manera anónima para encontrarlos pronto”.
El Centro de Derechos de Víctimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello) exigió a las autoridades estatales y federales que en el ámbito de sus atribuciones, “realicen las acciones idóneas para buscar, investigar y sancionar” la desaparición del indígena nahua José Abundio Bolaños Calvario.
La victima es de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, y está desaparecido desde el 29 de mayo del año pasado.
“A un año de la desaparición de José Abundio Bolaños Calvario, prevalece la impunidad y la desatención de las autoridades”, denunció en un comunicado de prensa el organismo que dirige el presbítero Filiberto Velázquez Florencio.
Recordó que el día que desapareció, según los pobladores de San Jerónimo Palantla, fue detenido por presuntos integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
“Su esposa, Paula Calvario Merino y sus hijos lo han buscado incansablemente sin conocer hasta el momento su paradero ni recibir los apoyos adecuados por parte de las autoridades estatales en su calidad de víctimas”, denunció el organismo.
El Centro Minerva Bello denunció que la desaparición de Bolaños Calvario no es un hecho aislado, “el caso se inscribe en el contexto de diversos atentados y asesinatos de mujeres y hombres pertenecientes a la comunidad indígena nahua de San Jerónimo Palantla, cometidos por presuntos integrantes de la Policía Comunitaria CRAC-PF”.
Reprochó que las autoridades estatales y federales, no obstante de conocer los antecedentes, a más de un año de su desaparición no han realizado las acciones necesarias e idóneas para localizarlo, a pesar de haberse presentado la denuncia penal ante la Fiscalía del estado.
Recordó que la denuncia de la desaparición de José Abundio se sumó a otras presentadas por familiares de víctimas de atentados y asesinatos perpetrados desde el 2015 en contra de la comunidad de San Jerónimo Palantla.
El organismo recordó que por estos hechos se han girado 60 órdenes de aprehensión que no se han ejecutado.
“Este fenómeno nos habla de los altos índices de impunidad y discriminación que prevalece en la región ante la falta de actuación del Estado”, denunció.
Ante “este escenario de violencia, impunidad y discriminación cometidos en contra de Bolaños Calvario y de la comunidad indígena de San Jerónimo Palantla, el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello hace un llamado a las autoridades estatales y federales para que en el ámbito de sus atribuciones, y respetando el pluralismo jurídico, realicen las acciones idóneas para buscar, investigar y sancionar su desaparición”.
Pidió, además, el cumplimiento de la Ley General de Victimas y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
También llamó a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) que “cese de argumentar una supuesta falta de recursos y brinde de inmediato el apoyo integral necesario a la familia de Bolaños Calvario, a su esposa Paula Calvario Merino y a sus hijos, incluyendo apoyos económicos”.
La Fiscalía General del Estado (FGE) activó una Alerta Amber y un boletín de búsqueda para encontrar a una adolescente de 13 años y un hombre quienes desaparecieron en Zihuatanejo.
En el reporte de la Alerta Amber 29/2023 la Fiscalía describió a Vanessa Adame Gallardo de 13 años, de tez morena, complexión delgada, cabello corto lacio, cejas semipobladas, nariz recta base ancha, boca mediana y labios delgados.
Detalló que fue vista por última vez el viernes en Zihuatanejo y que viste playera blanca, pans azul marino y tenis blancos; “hasta el momento se desconoce su paradero y se teme que pueda ser víctima de un delito”, agregó.
En el boletín ¿Has visto a? la FGE describió que Jorge Bravo Duarte de 41 años de edad, mide un metro 67 centimetros, es de tez blanca, ojos grandes café obscuro, cabello negro corto ondulado, además tiene una cicatriz en la parte superior de la ceja derecha.
Precisó que Bravo Duarte desapareció el pasado martes y la Fiscalía pidió a la población que en caso de alguien tenga conozca su paradero llamen al 800 832 7692 o a los número de emergencia 911, 089 y www.fiscaliaguerrero.gob.mx. (Redacción / Chilpancingo).
La desaparición de un joven de 28 años ocurrida hace una semana en Iguala fue denunciada el viernes ante la Fiscalía General del Estado (FGE), a la que se sumaron además la de una mujer de 43 años ocurrida en la comunidad de Tecolotla, Huitzuco, y la de un muchacho de 21 años que ocurrió el 28 de diciembre en Buenavista de Cuéllar.
La FGE emitió mediante su cuenta oficial de Facebook el boletín de búsqueda de Juan José Gallardo Barrera, de 28 años, quien está desaparecido desde el 31 de diciembre en Iguala, y se informó que el viernes sus familiares hicieron la denuncia ante el Ministerio Público.
Como seña particular se indica que tiene un tatuaje negro con la imagen de la santa muerte en la espalda; mide 1.7 metros de estatura, es moreno, de ojos pequeños y de cabello negro, lacio y corto.
Su desaparición se suma a otros 26 casos que fueron reportados ante la FGE durante 2022, y de los que solo 13 de las víctimas han sido reportadas localizadas con vida, de acuerdo con registros de notas periodísticas publicadas en El Sur.
Mientras que durante la semana pasada también fueron denunciadas otras desapariciones que ocurrieron en la última semana de 2022, tanto en el municipio de Huitzuco como en el de Buenavista de Cuéllar.
De acuerdo con boletines de búsqueda difundidos por la FGE y por la Comisión Estatal de Búsqueda de personas, indican que el joven Eduardo Franco Pineda, de 21 años, desapareció el 28 de diciembre en el municipio de Buenavista de Cuéllar. Se señala que como seña particular tiene un tatuaje en la parte posterior del brazo izquierdo que va desde su codo hasta la muñeca de la mano.
Asimismo se reportó la desaparición de María Luisa Hernández Hernández, de 43 años, por quien fue activada la Alerta Violeta. Ella fue vista por última vez el 27 de diciembre pasado en el poblado de Tecolotla, municipio de Huitzuco.
Se informa que la mujer es morena de 1.4 metros de estatura, de cabello corto negro, y la última vez que se le vio llevaba puesta una sudadera floreada con rayas blancas, pantalón atigrado y huaraches negros. (Alejandro Guerrero / Iguala).
Familiares de personas desaparecidas durante el montaje de la novena exposición Rostros de la impunidad, el sábado Foto: Aurora Harrison
Aurora Harrison
El Colectivo Memoria, Verdad y Justicia durante la exposición fotográfica que hicieron el sábado en el Zócalo de Acapulco, dijo en un pronunciamiento que este año nuevo que comienza es de esperanza en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, a pesar de la negligencia de las autoridades responsables de cuidarlos y buscarlos.
Antes de la exposición los integrantes del colectivo tuvieron una taller de historia oral, por parte de la activista Florencia Ruiz Mendoza, quien dijo que la “memorialización” y el arte ayudan en la concientización de la memoria colectiva, recuperación de espacios públicos y la exigencia de justicia.
Ruiz Mendoza en entrevista destacó la importancia de que la sociedad civil utilice las nuevas herramientas de la tecnología, para recuperar y difundir situaciones que representan injusticias y que durante años han permanecido silenciadas, así como para visibilizar voces que no han sido escuchadas.
La también académica, con Maestría en Historia Oral, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, subrayó que al ser una activista contra la desaparición forzada, resaltó la existencia de las redes sociales, y que con los teléfonos celulares, se tienen más posibilidades para registrar la historia por medio de la oralidad.
Agregó que “la sociedad civil es la mejor maestra y por eso es tan importante el trabajo de memoria, de los sitios de conciencia, porque generan compromiso y acción por parte de las autoridades”. De ellas dijo que juegan ese doble papel de juez y parte, “promotor de derechos humanos, de visibilización y al mismo tiempo de invisibilización y de olvido, porque finalmente el Estado, ni con la Cuatro T ha eliminado ni la corrupción, ni la impunidad”.
Después del taller las madres, esposas y familiares de personas desaparecidas montaron la novena exposición de fotos Rostros de la impunidad en el Zócalo de Acapulco, a unos metros de la catedral, justo donde en diciembre instalaron el Árbol de la Esperanza, con motivo de las conmemoraciones navideñas.
Ahí se leyó el pronunciamiento “a quienes no les ha tocado el infortunio de que les hayan arrancado de su seno familiar a un ser querido, ¿no sufren la tortura emocional, cotidiana?, de estar pensando ¿dónde están? ¿habrán comido? ¿tendrán frío? ¿estarán bien?”.
Por ello dijeron que este año 2023 que comienza continúa la “tortura” de pensar que es un año más sin sus familiares, sin información de su paradero y, además, sin avances en las investigaciones, sin verdad y sin justicia, esperando por ellas y ellos, por todas las personas desaparecidas que hacen falta.
“Son 109 mil las personas desaparecidas forzadamente, según cifras oficiales, 109 mil hogares que sufren la ausencia de un ser querido, que no pueden comer, beber, dormir, disfrutar, ser felices, sin pensar en ellas y ellos” dijo otra de las oradoras, que mencionó que el año comienza con más fuerza “para luchar por nuestras ideas y objetivos, unidas y haciendo memoria porque les amamos. Cada fecha duele y hiere mucho, pero nada nos detendrá para seguir exigiendo justicia y su presentación con vida”.
La VII Brigada Nacional de Búsqueda nos hermanamos y conocemos otras familias con el mismo dolor y personas que apoyan la luchan contra este crimen que atenta contra la humanidad sin esperar a que les pase lo mismo por lo que estamos pasando. Y que van a seguir insistiendo al Ayuntamiento el Muro de la Memoria, donde se exhiben las fotos impresas en losetas de las personas que han sido desaparecidas forzadamente.
Engracia Guerrero López muestra la foto de su hijo desaparecido Jesús Antonio Moyao desaparecido el 23 de febrero en Chilapa Foto: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Para doña Engracia Guerrero López estos días de Navidad y Año Nuevo serán distintos, los pasará sin su único hijo varón Jesús Antonio Moyao, quien fue levantado el 23 de febrero en Chilapa, y sigue desaparecido.
“Habíamos pasado ausencias con él porque trabajaba fuera, pero siempre estaba en constante comunicación, mucho buscaba a su familia, estaba al pendiente, nos hablaba siempre. Ahora será distinto, no sabemos realmente nada de él”, declaró la mujer el 7 de diciembre.
Engracia, quien dijo que antes siempre fue empática con las familias que denunciaban la desaparición de uno de los suyos compartiendo en las redes sociales las fichas con sus datos y decía, “que feo se ha de sentir”, ahora en 10 meses ha vivido su propio drama: está amenazada por quienes se llevaron a su hijo, fue criminalizada por la Fiscalía General del Estado (FGE) e intimidada por los agentes que investigan el caso.
Jesús Antonio Moyao Guerrero de 29 años y de oficio chofer desapareció después de las 4:40 de la tarde del 23 de febrero, cuando trabajaba la ruta del transporte público Mercado-Centro-San Juan, de Chilapa.
La hora la tiene precisa su madre porque minutos antes habló con él, unos 40 o 50 minutos y quedaron de verse más tarde cuando terminara de trabajar, pero Jesús ya no regresó. Antes de las 40:40 también había hablado con su esposa.
Engracia dijo que a las 5:02 de la tarde le preguntaron si estaba con ella porque no lo encontraban y había dejado abandonada la Urvan. Le marcó y el aparato mando a buzón y los mensajes de Whatsaap no le llegaban.
Contó que Francisco, el propietario de la Urvan anduvo preguntando por él muy molesto porque, dijo, “había abandonado la combi”.
Después supieron que de la Urvan se llevaron a su hijo cuando estaba en la colonia Flor Morada, a un costado de la iglesia.
Ahora, 10 meses después, todavía no tiene ninguna idea de qué pasó con él.
“No sé si está con vida, yo quiero creer que sí, que está en algún lugar, mucha gente comenta que a lo mejor ye le hicieron algo, pero yo no quiero creer eso. Yo tengo la esperanza de que mi hijo está vivo”, expuso.
Se quejó de que ha aportado mucha información a la FGE y ha pedido que se vuelva a indagar, “a las personas o a la persona” de quienes hay sospechas, pero que la Fiscalía no ha hecho nada, “el expediente sigue tal cual”, aun cuando hay una indicación de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos, con quien se reunió los primeros días de septiembre, “pero no hay absolutamente ningún avance”.
El 30 de agosto, durante el mitin afuera de la FGE, después de la marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Fiscal se acercó a ella y prometió que la iba atender, tres días después la recibió y le ofreció encontrar a su hijo, “pero de eso ya pasaron tres meses y hasta el momento no sé nada, no hay avances, no hay investigaciones, no hay nada. Todo está exactamente como hace 10 meses”.
No hay personal eficiente, capacitado y con empatía con las víctimas, ni espacios adecuados para atenderlas, informa
“Yo veo que las autoridades no investigan, si quisieran resolver el caso ya toda la información se les proporcionó, incluso existe una sábana de llamadas (telefónicas), muchas cosas se han hecho a través del colectivo (Lupita Rodríguez de Chilpancingo), búsquedas, presiones…”.
Denunció que lo que sí ha tenido como respuesta son intimidaciones de agentes ministeriales.
Contó que una ocasión fueron a su casa y le preguntaron a su esposo que si ella conocía a algún testigo, que si sabía por qué los ocultaba y su esposo les dijo que no conocía a nadie.
“Preguntaron en forma intimidante y altisonante. Eso se lo dije a la fiscal, que no se vale, que nosotros somos víctimas y resulta que las víctimas somos las que nos tenemos que andar cuidando de todo y de todos, y la gente que nos ha causado mucho daño anda felizmente caminando por la calle”, señaló.
Engracia Guerrero también se quejó de la criminalización constante que sufren los familiares de los desaparecidos, nos dicen: “seguramente andaban metidos en algo, seguramente hicieron algo, cuando no es así, o cuando menos no les consta”.
En su caso dijo que la criminalización fue directa y desde el momento que fue a presentar la denuncia ante el Ministerio Público, donde el agente de turno que la atendió le advirtió, “si encontramos a su hijo y resulta que hizo algo, va a recibir su castigo”.
Contó que su respuesta fue: “adelante, estoy de acuerdo, si hizo algo se lo merece, pero por la autoridad, no por cualquier persona”.
Reprochó que no hay personal eficiente, capacitado y con empatía con las víctimas, así como espacios adecuados para atenderlas, “no hay privacidad, no hay discreción, los escritorios están todos juntos, todo mundo escucha lo que denunciamos o informamos. No hay seriedad en estos casos”.
Recordó que cuando solicitó las sabanas con las llamadas del teléfono de su hijo le dijeron en el Ministerio Público que no se podía por la secrecía de la investigación, “pero resulta que para nosotros no hay, nos hacen las preguntas delante de toda la gente que está ahí y todo mundo escucha lo que decimos y lo que ellos nos dicen a nosotros”.
Denunció que esto tiene que ver con las amenazas y represalias que después reciben los familiares de las víctimas, como las ha sufrido ella.
“Primero fueron económicas, me dijeron que si quería recuperar a mi hijo tenía que dar cierta cantidad, y no creímos porque sabemos que existen personas que abusan del dolor de nosotros para obtener un recurso económico, y no se vale”, mencionó.
Agregó que después siguieron las amenazas y el acoso, le advirtieron que se tenía que ir de Guerrero para que pudiera saber de su hijo. “Me amenazaron que no me querían volver a ver y mis preguntas fueron, ¿yo que les hice?, ¿quiénes son esas personas?, ¿por qué a mí?, ¿por qué a mi hijo?, ¿qué mal les hemos hecho?.
Entre sollozos, Engracia Guerrero explicó que es muy complicado vivir de esa forma, “son personas cobardes que se esconden bajo perfiles falsos”.
Tres veces le han cambiado al agente del Ministerio Público
Dijo que cuando se reunieron con la fiscal Valdovinos Salmerón, supuestamente para informarle de los avances de la investigación, paradójicamente le dijeron que no había resultados.
Contó que estuvo ahí un nuevo agente del Ministerio Público del caso, quien le argumentó que él apenas se estaba empapando del caso, y que es como volver a empezar de cero la investigación.
La madre del desaparecido informó que inicialmente el Ministerio Público que atendía el caso era un licenciado llamado Kevin, a quien destituyeron o cambiaron y que varios meses el caso estuvo sin atenderse, después, hace dos meses se enteró que designaron a una licenciada Doris, pero el 2 de diciembre cuando se reunió con la Fiscal se enteró que hay uno nuevo que apenas está revisando el expediente.
Reprochó: ¿por qué no en lugar de estar cambiando constantemente personal los capacitan o les dicen que hagan mejor su trabajo?
El mismo 2 de diciembre se enteró que desde el inicio de la investigación debía tener un asesor jurídico, y reclamó porque no le habían dicho nada, y la respuesta fue que: “todo está en oficios”.
Dijo que nueve meses después de que presentó la denuncia le explicaron que debe tener un asesor jurídico, “para el acompañamiento y cualquier duda, pero yo no lo tuve, desafortunadamente”.
Explicó que ahora es como si todo lo que denunció e informó a la FGE sobre la desaparición de su hijo lo hubiera hecho ante un escritorio vacío, “les dicté, archivaron y ahí está la información en simples papeles, porque ellos no pueden hacer nada”.
Engracia Guerrero denunció que en su caso, como en el de miles de familias con desaparecidos en Guerrero, están fallando las autoridades.
“Nos fallaron totalmente a todos los que estamos viviendo este drama, y si contamos cuántas familias están viviendo esta situación, nos fallaron a toda la sociedad en general, a todo el estado y a todo nuestro país”, señaló.
La mamá del joven desaparecido Alberto Fonseca Leyva, Margarita Leyva Cruz, en entrevista para El Sur Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
En diciembre del 2019 Margarita Leyva Cruz prometió a sus dos niños Dios que no los volverá a “acostar” hasta que su hijo Alberto regrese, “mientras, no” y este ya será el cuarto año que en su casa no se colocará el nacimiento porque Alberto, quien era el encargado de eso, no aparece.
Alberto Fonseca Leyva, desapareció el 18 de mayo del 2019 en Chilpancingo cuando tenía 22 años de edad, después de que salió de trabajar como peón de albañil en unos edificios en construcción cerca de su casa en la colonia Eduardo Neri, al poniente de la ciudad.
En entrevista el 6 de diciembre, su madre Margarita Leyva contó que ese día desapareció en un trayecto de 20 minutos que se hacía de camino de la obra a su casa, y desde entonces no sabe nada de él.
Dijo que en diciembre le pesa más su ausencia porque los días 11 de este mes cumple años y el pasado cumpliría 25, “y otra vez fue muy triste pasarlo sin él”.
Margarita tiene tres hijos, Alberto es el único varón y el de en medio, la mayor es la única casada. Contó que estos días de diciembre Alberto se encargada de los arreglos de la casa para esperar la Navidad.
“Le gustaba poner el nacimiento, tengo dos niños Dios grandes y él era el que se encargaba de arreglar el nacimiento, pero desde que él desapareció ya no tengo esa emoción de arreglar y de acostar a mis niños, hasta que él regrese”.
Dijo que desde diciembre del 2019 que Alberto ya no estuvo, les dijo a sus dos figuras religiosas, “no los voy a acostar hasta que mi hijo regrese, mientras, no”.
Margarita dijo aquella mañana de sábado que su hijo salió, “me dijo: mami, al rato regreso” y lo esperó a las 4 de la tarde para comer, “pero dieron las 5 y a las 6, pensé que se iría con sus compañeros a tomarse un refresco, porque era sábado de raya”,
Pero la noche del sábado Alberto no llegó, y a la mañana siguiente Margarita recorrió el trayecto de 20 minutos que caminaba Alberto de su casa a la obra, pensando que lo habían asaltado y que estaría por ahí tirado a orillas del camino, pero no encontró nada.
Dijo que no pensó en otras cosas porque Alberto no toma, no fuma, no tiene amigos, no tiene novia, “es de esos que de la casa al trabajo”.
Ese día llegó a la obra donde trabajaba, pero como era domingo no encontró a nadie que le diera alguna información.
Se esperó al lunes para regresar a la obra, el patrón de Alberto le dijo que el sábado salió normal, a las 3 de la tarde, y que le
È 7
extrañó que no se haya presentado a trabajar ese lunes.
“Las autoridades no investigan, argumentan: hay muchos casos, pero ya estamos en su asunto, y no es cierto”
Informó que ese día fue a la agencia del Ministerio Público a presentar la denuncia por la desaparición de su hijo.
De regreso a su casa revisó sus cosas, porque tuvo la esperanzadora idea de que se pudo haber ido voluntariamente, como le insinuaron al presentar la denuncia, pero encontró todo en orden, “no tiene mucha ropa y no fue difícil comprobar que estaba toda, se llevó solamente la puesta y la que usaba en el trabajo”.
Esa misma semana Margarita buscó la ayuda de la 35 Zona Militar pero la mandaron a la agencia del Ministerio Público donde ya había ido a presentar la denuncia.
“Las autoridades no investigan, argumentan: hay muchos casos, pero ya estamos en su asunto, y no es cierto”.
Declaró que pidió al agente del Ministerio Público que fueran a buscarlo de inmediato, los primeros días, “por si lo asaltaron y le hicieron algo, pero no hicieron nada”.
Contó que agentes del Ministerio Público subieron un mes después a preguntar a la obra, y que después bajaron por la vereda donde caminaba pero no tardaron ni media hora y se retiraron.
Declaró que pensó que iban a preguntar a los que trabajaban en otras obras cercanas, porque hay más en la zona, que iban a consultar a los vecinos, que llevarían su fotografía, que harían su trabajo con más interés y convicción, pero que vio que lo hicieron sólo por cumplir una orden.
Agregó que incluso cuando se retiraban le hablaron para informarle que ya habían subido a buscar y a preguntar pero que no habían encontrado nada.
A partir de entonces Margarita se dedicó a buscar por su cuenta a Alberto.
De tarde en tarde salía con la credencial del INE de su hijo en mano a preguntar a los que trabajaban en las obras cercanas, a cualquiera que veía con su mochila colgada a la espalda y suponía era albañil le mostraba la foto de su hijo, igual que a vecinos de colonias cercanas.
“A partir del 2019 cada Día de Muertos para mí es muy doloroso porque yo no sé si está vivo o muerto, si prenderle una veladora o no, al fin de cuentas se la prendo, por si está muerto, resignarme, y si está vivo que esa luz lo ilumine donde quiera que este”.
Reprochó que, en tanto, las autoridades le están fallando porque no buscan, “dicen que no tienen personal, que no cuentan con tiempo suficiente por los muchos casos que hay, y que hay otros más urgentes que sacar”.
Incluso contó que la Comisión Estatal de Búsqueda le hizo un análisis de contexto y la conclusión fue que salió voluntariamente del estado al norte del país, opinión que ella rechazó porque no tienen conocidos en Estados Unidos, “él no tiene ni amigos, cómo para que con alguno de ellos se haya ido”, objetó la mujer.
“Él es muy reservado, desconfiado, por más que le hubieran ofrecido un trabajo fuera no lo hubiera aceptado sin pedirme mi opinión. No es arrojado, es tímido, siempre me consulta, no es alguien que le guste la aventura. Es muy callado, muy serio, del trabajo a casa”, describió.
Agregó que con esa conclusión las autoridades pretendían cerrar el caso, pero ella se opuso y lo reabrieron, y por el contrario exigió búsquedas en vida en los reclusorios y en los anexos de Iguala, Acapulco y Taxco, petición que no ha tenido respuesta y pidió a las autoridades “que se conduelan”.
Informó que con el apoyo del Colectivo de Chilpancingo Lupita Rodríguez recientemente se reabrió el caso, se revisó la carpeta de investigación, logró una reunión con la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón y se organizó un grupo de búsqueda en vida, del que su hija la menor es la encargada.
“Ya andan rastreando los cerros de Chilpancingo y sus alrededores”, dijo e informó que se han realizado cuatro búsquedas, aunque sin resultados.
Atanacio Molina Agustín, quien ahora es el presidente honorario del Colectivo Chilpancingo fundado por su esposa Lupita Rodríguez que falleció hace un año de Covid-19, muestra la foto de su hijo desaparecido en Chilpancingo en 2014, Josué Molina Rodríguez Foto: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Atanacio Molina Agustín fue simpatizante de la izquierda desde joven, conoció a Heberto Castillo, militó en el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y apoyó el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, hasta que ya como presidente de la República lo decepcionó por incumplir su compromiso con los desaparecidos.
Atanacio es padre de Josué Molina Rodríguez, desaparecido el 4 de junio del 2014 y presidente honorario del Colectivo Lupita Rodríguez (también Colectivo Chilpancingo).
El colectivo lleva el nombre de Guadalupe Rodríguez Narciso, quien fundó el anterior Colectivo de Padres y Familiares de Personas Desaparecidas, Secuestradas y Asesinadas de Guerrero y el País (Colectivo Chilpancingo).
Rodríguez Narciso falleció en agosto del 2021, víctima de Covid, sin haber encontrado a su hijo Josué, a cuya tarea ahora da seguimiento Atanacio.
En entrevista el 5 de diciembre, Atanacio contó que cuando llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador los activistas tuvieron la esperanza de que finalmente se esclarecieran muchos de los casos de desaparecidos, y que se trabajaría de manera diferente a como lo venían haciendo los gobiernos anteriores.
“(Alejandro) Encinas (subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación), tenía toda la intención, le contestaba los mensajes a mi esposa (Guadalupe Rodríguez), estaba al día y Andrés Manuel le aseguró que se iba a resolver el caso”.
Reprochó que después “hubo un sesgo, cambio totalmente y le dio órdenes a Encinas que nada más siguiera como entreteniéndonos, porque no podría haber otra respuesta”.
Ahora, a cuatro años del gobierno de López Obrador con su esposa fallecida, sin que el gobierno le haya cumplido la promesa de esclarecer la desaparición de su hijo, Atanacio se dijo, “definitivamente decepcionado del gobierno de López Obrador, no veo ningún cambio, siguen habiendo muchos, miles de casos de éstos (desaparecidos), cuántas familias viven la misma angustia que nosotros. Échele lápiz cuántos casos van en este gobierno”.
En su opinión, al gobierno no le conviene o no quiere resolver el problema de los desaparecidos por complicidad, “no está claro por qué no actúan los gobiernos del estado y el federal. No sé qué compromisos tengan, lo real es que desilusiona esta gente porque prometieron tanto y al final no quieren cumplir”.
Dijo que si quisieran sí podrían hacerlo porque tienen todo el aparato del estado y el equipo suficiente para rastrear y encontrar a la gente, “cuando quieren hacerlo si lo hacen”.
Agregó que las razones podrían ser que en realidad a este gobierno no le interesa la gente, como dice, “porque cuando se trata de un diputado, de algún funcionario, o de algún caso entre amigos entonces sí los encuentran rápido y le dan solución de inmediato”.
Entrevistado en su casa que sirve de refugio y centro de atención a decenas de familias que tienen desaparecidos, Atanacio Molina dijo que el gobierno muchas veces no quiere llegar al fondo de estos casos porque no le conviene, “en muchos están los indicios, tienen toda la información pero no actúan”.
Contó que incluso en el caso de Josué, en una ocasión le dijeron a su esposa que ya iban a actuar, que la fiscal encargada de la carpeta de investigación le dijo que iba a ir a visitar a la persona, “al jefe de grupo que coordinaba esto para que le dijera donde lo dejó (a Josué), pero hasta la vez no nos ha informado nada”.
Reprochó que los familiares tienen que vivir bajo el riesgo permanente, “por lo que sabemos (de sus familiares desaparecidos) es peligroso, y a veces tenemos que convivir con la gente que nos hizo el daño”.
En el caso de Josué dijo que tienen los indicios, “pero describirlos es difícil, porque corremos riesgo”.
Derivado del trato que han dado al caso de su hijo y al de todos los desaparecidos, se dijo decepcionado del gobierno de López Obrador con el que simpatizaba.
“Yo fui simpatizante de izquierda desde joven, jamás vote por el PRI, conocí a Heberto Castillo, con él participamos en el PMT y ahora que veo las respuestas de Andrés (López Obrador y de aquí, de Félix (Salgado Macedonio), que ya sabemos que es una persona sin principios y sin seriedad, pienso que ya no podemos esperar nada de ellos”, reprochó.
El día más triste de Atanacio
La mañana del 4 de junio don Atanacio y Josué anduvieron juntos, fueron por una camioneta que el joven de 31 años había comprado, la llevaron a cambiar un muelle y después el mofle.
“Lo vi muy triste, se sentó en lo que esperamos que nos entregaran la camioneta y yo presentí algo, me pregunté que tendrá, por qué está triste, y hoy cada vez que paso por ese lugar lo recuerdo, como si lo volviera a ver ahí”, relató.
Mencionó que llegaron a su casa como a las 2 de la tarde, estacionó la camioneta y Josué llevó a su esposa a la escuela, cuando regresó recibió una llamada y se fue a la Secundaria Técnica 30 Lázaro Cárdenas del Río, de donde minutos después lo levantaron.
“Ese día se convirtió en el más triste para mí, uno se pregunta por qué a mí, por qué a nosotros, pero el destino es así, uno no sabe a quién le va a tocar y nos tocó a nosotros, eso nos vino a cambiar la vida”.
Atanacio tuvo sólo dos hijos, David, quien este 10 de enero cumplirá 42 años y Josué, quien el 30 de noviembre cumplirá 39. David era “más apegado” a su madre y Josué a él, contó.
Dijo que Josué era prácticamente un mil usos, instalaba sonidos y estéreos a vehículos y trabajaba la fibra de vidrio y la soldadura.
Por su talento se ganó el premio Vochomanía porque transformó un vocho en camioneta con sonido instalado, y participó en concursos de ese tipo en
Chilpancingo, Acapulco y Cuernavaca.
A David se lo llevaron a plena luz del día de afuera de la Secundaria Técnica 30 ubicada cerca del cuartel de la Policía Municipal de Chilpancingo.
De acuerdo con su padre hubo una persona que vio el crimen pero después se negó a proporcionar información por temor.
Josué acudió a esa extraña cita en un coche Jetta que tampoco han logrado encontrar, “se lo llevaron en su mismo coche y todavía lo obligaron a sacar dinero del banco, hay registros de que después de las 5 de la tarde fue retirar dinero”.
Atanacio dijo que a partir de entonces fueron extorsionados tres veces, le primera vez les hablaron para decirles que ya se lo iban a traer y les pidieron 27 mil pesosm la segunda 32 mil y la tercera 18.
Incluso la tercera vez la persona que les dijo que ya lo había encontrado se llevó ropa y zapatos porque les dijo que ya se los iba a llevar.
Añadió que todavía hace dos meses, a ocho años de la desaparición de Josué, una persona la aseguró: “tu hijo vive, te voy a cobrar tanto por ayudarte”, pero dijo que hicieron el trato y todavía no tiene ningún incidió a pesar de que le aseguró: “vas a tener noticias de una forma u otra vas a tener un aviso de que va a regresar o se va a comunicar contigo”.
Derivado de la desaparición de Josué, Guadalupe Rodríguez fundó el Colectivo Chilpancingo para fortalecer la búsqueda de su hijo y a la vez ayudar a otras familias con el mismo problema.
Actualmente el colectivo está integrado por 200 familias que por las gestiones de su fundadora reciben una canasta básica mensual del gobierno federal.
“Es el resultado de su lucha, los miembros del colectivo están siendo atendidos, tienen su ayuda, es lo que ella logró, y aunque es menos del gobierno del estado también les dan algo”, dijo satisfecho.
Además, del 2016 que se fundió el Colectivo al 27 de agosto del 2021 que falleció Guadalupe Rodríguez, la agrupación encontró en búsquedas de campo 200 cuerpos, pero de ellos sólo se han logrado identificar cuatro, mismos que han sido entregados a sus familiares.
“La autoridad no puede hacer gran cosa si no tiene los elementos para poder trabajar, por eso ahora el colectivo está pugnando por la creación de un centro de identificación humana y se propone que se instale en Atoyac, por lo que significan los desaparecidos desde la guerra sucia”, dijo don Atanacio Molina.
