Organizaciones sociales bloquearon unos 20 minutos la avenida Lázaro Cárdenas en la capital, en el sentido sur-norte, para exigir la presentación con vida de los 43 alumnos de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi diez años.
En esta ocasión no participaron los alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, como usualmente lo hacen. Sólo estuvieron miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y del Colectivo Lupita Rodríguez, en el antimonumento de los 43.
En el mitin, que inició minutos antes de las 12 del día, los manifestantes pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador la presentación con vida de los estudiantes, ya que van a cumplir 10 años de desaparecidos y no hay avances en las investigaciones.
En su participación, el representante del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina, dijo que la jornada de lucha por los 43 normalistas se enfoca en que el gobierno federal tiene que entregar los 800 folios faltantes por parte del Ejército.
“Los folios tienen información importante para dar con el paradero de los alumnos y saber cómo fueron los hechos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014”, destacó el representante.
En su intervención, la activista universitaria del Comité Independiente de Solidaridad de los Caídos de 1960, Roberta Campos Adame, dijo que como cada mes exigen la presentación con vida de los normalistas.
“Una fecha que marcó el Ejército y el estado, con la tragedia de desaparecer 43 estudiantes. Condenamos este 26 de febrero la represión que ejercieron las autoridades, al agredir a los estudiantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG)”.
La activista recriminó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, lejos de escuchar la demanda de los normalistas, mandó a la Guardia Nacional para que los golpeara y detuviera.
Externó que el gobierno de la “esperanza”, que encabeza López Obrador, se comprometió a dar con el paradero de los 43 normalistas, pero ha incumplido, “se han cumplido 113 meses de la desaparición de los jóvenes y aún no tenemos respuestas”.
Los colectivos también externaron que la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV) no está cumpliendo, en tiempo y forma, con los apoyos para las familias afectadas y que el gobierno federal recortó el presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP).
Las organizaciones además exigieron la liberación del integrante de la CETEG, Evodio Pérez Malpica, quien fue detenido el pasado 20 de febrero, por la Fiscalía General de la República (FGR), en Tlapa y trasladado a un penal federal.
Al finalizar el mitin, fue consultado David Molina, quien dijo que las familias que tienen un desaparecido deben recibir mensualmente 2 mil pesos, pero las autoridades estatales no se los otorgan.
Detalló que después de la protesta que realizaron la semana pasada en el CEAV estatal, lograron recibir el pago de apoyo para las despensas de un mes, de cuatro que les debían a 130 familias.
El vocal de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Ricardo Astudillo Calvo, dijo que desconoce el motivo por el cual la ahora ex presidenta de este colegiado, Leticia Mosso Hernández, no presentó el dictamen de la iniciativa de ley de desaparición forzada de personas.
Astudillo Calvo también llamó a que este órgano colegiado se reestructure, porque desde el 1 de septiembre está acéfalo.
Consultado después de que el presidente del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, denunció que el Congreso local incumplió con la entrega del borrador del dictamen, el priista explicó que los trabajos y la información de esta iniciativa estuvo concentrada por quien era la presidenta, quien tuvo que dejar este espacio para presidir la Mesa Directiva, la diputada Leticia Mosso.
El diputado comentó que tanto la ahora ex presidenta de la comisión, como la secretaria técnica de este órgano colegiado, son quienes estuvieron “llevando a cabo las mesas técnicas”, con las instituciones involucradas y las organizaciones y colectivos.
Desde la última sesión, a finales de agosto, ya no hubo ninguna convocatoria, en este caso, por parte del secretario de la Comisión de Derechos Humanos, “y no ha habido la reestructuración necesaria para seguir llevando a cabo los trabajos”.
Ricardo Astudillo recordó que en la última sesión de la comisión, Mosso Hernández se comprometió a que antes de dejar esta presidencia, para asumir la Mesa Directiva, tendrían el dictamen de la iniciativa de ley de desaparición de personas, pero esto no ocurrió.
Astudillo Calvo comentó también que la información que tenían, por parte de la entonces presidenta, es que los trabajos ya estaban avanzados y que ya únicamente se trabajaba en la elaboración del dictamen.
“En la construcción del documento está la diputada Leticia y la secretaria técnica de la comisión”, quienes, dijo, concentraron la información, “entiendo que este es un trabajo colectivo, sin embargo, este tema lo tomó como propio la presidenta de la comisión”.
Ricardo Astudillo dijo que están en espera de que se haga la reestructuración de la Comisión de Derechos Humanos, de lo contrario, dijo que se dificulta el avance en los trabajos y que la secretaría técnica les presente la propuesta de dictamen, para que se revise y sea votado por el colegiado.
El sábado, alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa marcharon en Chilpancingo al conmemorar un mes más de la desaparición forzada de los 43 estudiantes en 2014.
La marcha inició minutos después de las 11:30 de la mañana de la alameda Granados Maldonado y llegó al antimonumento a los 43 en la avenida Lázaro Cárdenas, al sur de la ciudad, donde los manifestantes realizaron un mitin.
Los alumnos fueron acompañados por el colectivo Lupita Rodríguez de familiares de desaparecidos.
Los manifestantes exigieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador la presentación con vida de sus compañeros a un mes de cumplir 9 años de los hechos en Iguala.
“Ayotzi vive, la lucha sigue”, “26 de septiembre no se olvida” y “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, corearon los normalistas y los familiares de desaparecidos durante la marcha.
Al llegar al antimonumento cerraron la avenida en el sentido sur-norte mientras se realizó el mitin, ahí los estudiantes recordaron a sus tres compañeros que fueron asesinados en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014: Julio César Mondragón, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.
Uno de los normalistas manifestó que el caso Ayotzinapa se pudo esclarecer en menos de 48 horas, pero como fue un crimen de Estado se han cumplido ocho años y 11 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes.
Externó que en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa se encuentra 43 butacas esperando a que regresen sus compañeros, y “43 aulas que se quedaron sin un maestro en pueblos marginados”.
El alumno dijo que la Normal Rural no está “conforme” con el trabajo que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque prometió que los padres de familia tendrían justicia y que se solucionaría el caso, pero incumplió.
Destacó que el gobierno estatal y federal pretende desaparecer las normales rurales, para que los hijos de campesinos no tengan educación y no sobresalgan y sigan pobres.
Los normalistas de Ayotzinapa dijeron que no dejarán de luchar hasta localizar a sus compañeros y exigir castigo a los culpables.
Al finalizar el mitin los manifestantes entonaron el himno Venceremos y posteriormente se retiraron y se dirigieron a la escuela ubicada en el municipio de Tixtla.
No se quedarán callados, dicen en mitin en Iguala
A 107 meses del ataque y desaparición de los 43 normalistas, estudiantes de la escuela advirtieron este domingo que no se quedarán callados y exigirán justicia para que sus compañeros sean presentados con vida e insistieron en que el gobierno debe castigar a los responsables.
Dijeron que a 96 años de la creación del plantel, éste sigue presente alzando la voz y por ello están en las estelas en memoria de los tres normalistas caídos, Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solis Gallardo.
Sin la presencia de los padres de los 43 quienes según los estudiantes se encontraban en la Ciudad de México, reiteraron su demanda de que sus compañeros sean presentados con vida.
Este domingo, estudiantes procedentes de la Normal de Ayotzinapa llegaron a las 12:15 de la tarde al monumento en memoria de Julio César Mondragón Fontes ubicada en la Ciudad industrial y colocaron una corona de flores, acompañados por integrantes del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala.
Más tarde se trasladaron en los dos autobuses en que viajan y en autos particulares a la esquina de Álvarez y Periférico Norte en donde está la estela de luz en memoria de Julio César Ramírez Nava y Daniel Solis Gallardo.
En ambos lugares, los normalistas realizaron un pequeño mitin en el que reiteraron su exigencia de justicia y cárcel para los responsables de los asesinatos de sus tres compañeros que murieron la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala.
“Estamos en el lugar donde nuestros compañeros que cayeron esa noche a través de las balas y es en este lugar, Ayotzinapa exige justicia y Ayotzinapa no se quedará callado porque hemos tenido demasiadas represiones donde nos ha quitado mucho y hasta el miedo por eso Ayotzinapa sale a las calles a exigir y por ello estamos estamos presentes en este lugar”, dijo uno de los alumnos.
Por su parte, Isaac Hernández, integrante del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, condenó que desde el fatídico del 26 y 27 de septiembre del 2014, fecha en que el normalismo rural de Mexico, sufrió el peor de los ataques que se ha vivido en la historia y la desaparición forzada por parte del estado Mexicano de 43 futuros maestros siga en la impunidad y sin saber de su paradero.
Agregó que tanto los padres de los 43, los estudiantes, las organizaciones sociales y colectivos, siguen en la exigencia de la presentación con vida, “porque no es Justo que haya un crimen de tal magnitud y pueda quedar impune”, subrayó.
Al concluir los mítines políticos y la colocación de flores, entonaron el himno a Venceremos con el puño izquierdo en alto, hicieron pase de lista de los 43 estudiantes desparecidos hace 8 años con 11 meses. (Redacción / Iguala).
Integrantes del Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez durante el mitin con normalistas de Ayotzinapa, ayer en el antimonumento a los 43 en Chilpancingo Foto: Jesu?s Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez de familiares de desaparecidos exigieron al Congreso local que apruebe la Ley de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, y que haya más presupuesto para la atención a las víctimas.
Una de las integrantes del Colectivo, Beatriz Adriana Rivera Martínez contó que los diputados locales les dijeron que la ley ya está en la comisión que dictamina, y que los familiares de los desaparecidos tienen la esperanza de que el próximo año entre en vigor para homologarla con la ley federal.
Dijo que la ley general fue aprobada en el 2017, “es decir que está muy atrasada, son pocos los estados que ya tienen la ley estatal y los del colectivo están empujando desde hace dos años con la fundadora Lupita, por eso ya queremos verla reflejada”.
Al aprobarse serían beneficiados los desparecidos que aun cuando no se encuentran físicamente tienen derechos y obligaciones, como los bienes, cuentas bancarias y lo laboral, por lo que se vería reflejado en la familia, explicó.
Rivera Martinéz indicó que como colectivo luchan para que haya un centro de investigación forense, porque se hacen las búsquedas, aparecen los cuerpos pero falta la parte de entregárselos a los familiares físicamente.
No hay suficiente personal en la CEAV
Denunció que una víctima de su colectivo requería de atención psicológica, por lo que hablaron con la trabajadora social de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), pero les dijo que estaban de vacaciones.
Consideró que, “nosotros como víctimas no tenemos vacaciones, no descansamos, seguimos buscando. La época de Navidad y de fin de año es cuando las familias de los desaparecidos entran en crisis, por eso queríamos la atención, la cual después nos la dieron”.
Manifestó que la CEAV no cuenta con suficiente personal para atender a las víctimas.
Dijo que a las dependencias que se deberían encargar de la desaparición como la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Servicio Médico Forense (Semefo), no les dan el presupuesto suficiente para que haya mejor atención.
Al finalizar el mitin para exigir la presentación con vida de los 43 alumnos de Ayotzinapa, Beatriz Rivera pidió que a la CEAV se le proporcione más presupuesto, porque los limitan en las búsquedas en campo para localizar los restos de sus familiares.
A nivel nacional en la Comisión no hubo aumento del presupuesto, “eso es incongruente cuando las desapariciones aumentan y el presupuesto quedó igual”, recriminó.
Detalló que en Guerrero del 2019 a la fecha tienen registrados 5 mil desaparecidos y la mayoría son hombres. Aseguró que las autoridades estatales dicen que son menos pero no toman en cuenta a las personas que no denuncian.
Además, Rivera Martinéz informó que desde el 2019 han localizado 100 restos y del colectivo han dado positivos cerca de seis de 200 activistas que buscan a algún desaparecido.
Atanacio Molina Agustín, quien ahora es el presidente honorario del Colectivo Chilpancingo fundado por su esposa Lupita Rodríguez que falleció hace un año de Covid-19, muestra la foto de su hijo desaparecido en Chilpancingo en 2014, Josué Molina Rodríguez Foto: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Atanacio Molina Agustín fue simpatizante de la izquierda desde joven, conoció a Heberto Castillo, militó en el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y apoyó el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, hasta que ya como presidente de la República lo decepcionó por incumplir su compromiso con los desaparecidos.
Atanacio es padre de Josué Molina Rodríguez, desaparecido el 4 de junio del 2014 y presidente honorario del Colectivo Lupita Rodríguez (también Colectivo Chilpancingo).
El colectivo lleva el nombre de Guadalupe Rodríguez Narciso, quien fundó el anterior Colectivo de Padres y Familiares de Personas Desaparecidas, Secuestradas y Asesinadas de Guerrero y el País (Colectivo Chilpancingo).
Rodríguez Narciso falleció en agosto del 2021, víctima de Covid, sin haber encontrado a su hijo Josué, a cuya tarea ahora da seguimiento Atanacio.
En entrevista el 5 de diciembre, Atanacio contó que cuando llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador los activistas tuvieron la esperanza de que finalmente se esclarecieran muchos de los casos de desaparecidos, y que se trabajaría de manera diferente a como lo venían haciendo los gobiernos anteriores.
“(Alejandro) Encinas (subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación), tenía toda la intención, le contestaba los mensajes a mi esposa (Guadalupe Rodríguez), estaba al día y Andrés Manuel le aseguró que se iba a resolver el caso”.
Reprochó que después “hubo un sesgo, cambio totalmente y le dio órdenes a Encinas que nada más siguiera como entreteniéndonos, porque no podría haber otra respuesta”.
Ahora, a cuatro años del gobierno de López Obrador con su esposa fallecida, sin que el gobierno le haya cumplido la promesa de esclarecer la desaparición de su hijo, Atanacio se dijo, “definitivamente decepcionado del gobierno de López Obrador, no veo ningún cambio, siguen habiendo muchos, miles de casos de éstos (desaparecidos), cuántas familias viven la misma angustia que nosotros. Échele lápiz cuántos casos van en este gobierno”.
En su opinión, al gobierno no le conviene o no quiere resolver el problema de los desaparecidos por complicidad, “no está claro por qué no actúan los gobiernos del estado y el federal. No sé qué compromisos tengan, lo real es que desilusiona esta gente porque prometieron tanto y al final no quieren cumplir”.
Dijo que si quisieran sí podrían hacerlo porque tienen todo el aparato del estado y el equipo suficiente para rastrear y encontrar a la gente, “cuando quieren hacerlo si lo hacen”.
Agregó que las razones podrían ser que en realidad a este gobierno no le interesa la gente, como dice, “porque cuando se trata de un diputado, de algún funcionario, o de algún caso entre amigos entonces sí los encuentran rápido y le dan solución de inmediato”.
Entrevistado en su casa que sirve de refugio y centro de atención a decenas de familias que tienen desaparecidos, Atanacio Molina dijo que el gobierno muchas veces no quiere llegar al fondo de estos casos porque no le conviene, “en muchos están los indicios, tienen toda la información pero no actúan”.
Contó que incluso en el caso de Josué, en una ocasión le dijeron a su esposa que ya iban a actuar, que la fiscal encargada de la carpeta de investigación le dijo que iba a ir a visitar a la persona, “al jefe de grupo que coordinaba esto para que le dijera donde lo dejó (a Josué), pero hasta la vez no nos ha informado nada”.
Reprochó que los familiares tienen que vivir bajo el riesgo permanente, “por lo que sabemos (de sus familiares desaparecidos) es peligroso, y a veces tenemos que convivir con la gente que nos hizo el daño”.
En el caso de Josué dijo que tienen los indicios, “pero describirlos es difícil, porque corremos riesgo”.
Derivado del trato que han dado al caso de su hijo y al de todos los desaparecidos, se dijo decepcionado del gobierno de López Obrador con el que simpatizaba.
“Yo fui simpatizante de izquierda desde joven, jamás vote por el PRI, conocí a Heberto Castillo, con él participamos en el PMT y ahora que veo las respuestas de Andrés (López Obrador y de aquí, de Félix (Salgado Macedonio), que ya sabemos que es una persona sin principios y sin seriedad, pienso que ya no podemos esperar nada de ellos”, reprochó.
El día más triste de Atanacio
La mañana del 4 de junio don Atanacio y Josué anduvieron juntos, fueron por una camioneta que el joven de 31 años había comprado, la llevaron a cambiar un muelle y después el mofle.
“Lo vi muy triste, se sentó en lo que esperamos que nos entregaran la camioneta y yo presentí algo, me pregunté que tendrá, por qué está triste, y hoy cada vez que paso por ese lugar lo recuerdo, como si lo volviera a ver ahí”, relató.
Mencionó que llegaron a su casa como a las 2 de la tarde, estacionó la camioneta y Josué llevó a su esposa a la escuela, cuando regresó recibió una llamada y se fue a la Secundaria Técnica 30 Lázaro Cárdenas del Río, de donde minutos después lo levantaron.
“Ese día se convirtió en el más triste para mí, uno se pregunta por qué a mí, por qué a nosotros, pero el destino es así, uno no sabe a quién le va a tocar y nos tocó a nosotros, eso nos vino a cambiar la vida”.
Atanacio tuvo sólo dos hijos, David, quien este 10 de enero cumplirá 42 años y Josué, quien el 30 de noviembre cumplirá 39. David era “más apegado” a su madre y Josué a él, contó.
Dijo que Josué era prácticamente un mil usos, instalaba sonidos y estéreos a vehículos y trabajaba la fibra de vidrio y la soldadura.
Por su talento se ganó el premio Vochomanía porque transformó un vocho en camioneta con sonido instalado, y participó en concursos de ese tipo en
Chilpancingo, Acapulco y Cuernavaca.
A David se lo llevaron a plena luz del día de afuera de la Secundaria Técnica 30 ubicada cerca del cuartel de la Policía Municipal de Chilpancingo.
De acuerdo con su padre hubo una persona que vio el crimen pero después se negó a proporcionar información por temor.
Josué acudió a esa extraña cita en un coche Jetta que tampoco han logrado encontrar, “se lo llevaron en su mismo coche y todavía lo obligaron a sacar dinero del banco, hay registros de que después de las 5 de la tarde fue retirar dinero”.
Atanacio dijo que a partir de entonces fueron extorsionados tres veces, le primera vez les hablaron para decirles que ya se lo iban a traer y les pidieron 27 mil pesosm la segunda 32 mil y la tercera 18.
Incluso la tercera vez la persona que les dijo que ya lo había encontrado se llevó ropa y zapatos porque les dijo que ya se los iba a llevar.
Añadió que todavía hace dos meses, a ocho años de la desaparición de Josué, una persona la aseguró: “tu hijo vive, te voy a cobrar tanto por ayudarte”, pero dijo que hicieron el trato y todavía no tiene ningún incidió a pesar de que le aseguró: “vas a tener noticias de una forma u otra vas a tener un aviso de que va a regresar o se va a comunicar contigo”.
Derivado de la desaparición de Josué, Guadalupe Rodríguez fundó el Colectivo Chilpancingo para fortalecer la búsqueda de su hijo y a la vez ayudar a otras familias con el mismo problema.
Actualmente el colectivo está integrado por 200 familias que por las gestiones de su fundadora reciben una canasta básica mensual del gobierno federal.
“Es el resultado de su lucha, los miembros del colectivo están siendo atendidos, tienen su ayuda, es lo que ella logró, y aunque es menos del gobierno del estado también les dan algo”, dijo satisfecho.
Además, del 2016 que se fundió el Colectivo al 27 de agosto del 2021 que falleció Guadalupe Rodríguez, la agrupación encontró en búsquedas de campo 200 cuerpos, pero de ellos sólo se han logrado identificar cuatro, mismos que han sido entregados a sus familiares.
“La autoridad no puede hacer gran cosa si no tiene los elementos para poder trabajar, por eso ahora el colectivo está pugnando por la creación de un centro de identificación humana y se propone que se instale en Atoyac, por lo que significan los desaparecidos desde la guerra sucia”, dijo don Atanacio Molina.
