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Avala el Congreso local la reforma federal que prohíbe cigarros electrónicos y fentanilo

La diputada local por Movimiento Ciudadano, Deyanira Uribe Cuevas en su intervención en tribuna en la que argumentó su voto en contra de la reforma constitucional que prohíbe los cigarros electrónicos y vapeadores así como la producción y distribución del fentanilo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Congreso local aprobó este miércoles la minuta de reforma constitucional federal que prohibe el uso de cigarros electrónicos, conocidos como vapeadores, y la producción, distribución, y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, uso ilícito del fentanilo además drogas sintéticas no autorizadas.
En la misma sesión, que fue la segunda del día celebrada, los diputados también aprobaron un dictamen de adiciones a la Constitución Política del estado para establecer el derecho a la búsqueda inmediata de niñas, niños, adolescentes y mujeres en casos de desaparición.
La reforma federal, que forma parte del llamado Plan C, se trata de adiciones de un párrafo quinto al artículo 4 y un párrafo segundo al artículo 5, que fue propuesto por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Se establece prohibir el uso de cigarros electrónicos y sistemas electrónicos para fumar, así como su producción y venta, el uso ilícito de fentanilo y otras drogas sintética y cualquier actividad relacionada con dichas sustancias.
Fundamentó el dictamen la diputada del PRI, María del Pilar Vadillo Ruiz como integrante de la Comisión de Estudios Constitu-cionales y Jurídicos, quien en tribuna mencionó que el derecho a la protección de la salud es uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano consagrado en el artículo Cuarto de la Constitución General de la República y respaldado por diversos tratados internacionales de los que México forma parte.
“Los dispositivos de vapeo y drogas sintéticas han mostrado un impacto alarmante en la población joven, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022, su consumo ha alcanzado niveles preocupantes en adolescentes, representando un grupo particularmente vulnerable, máxime porque las drogas sintéticas, como el fentanilo, no sólo generan adicción y mortalidad, sino que afectan el tejido social, al incrementar los índices de violencia y criminalidad asociados a su producción y distribución”, mencionó la priista.
Vadillo argumentó que la re-forma busca fortalecer el derecho humano a la salud, “prohibiendo actividades relacionadas con ciga-rrillos electrónicos, vapeadores, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas como el fentanilo, todas ellas identificadas como amenazas significativas para la salud pública y la seguridad nacional”.
Para razonar el sentido de sus votos, solo subieron a tribuna las representantes del PAN, MC y PRD, de los cuales solo MC votó en contra. El resto de los Grupos Parlamentarios votó a favor.
Pese a que la diputada del PAN, Irene Montiel Servín, realizó observaciones a la reforma y se dijo en contra de prohibir los cigarros electrónicos, su voto fue a favor por el caso del fentanilo.
“En esta reforma que vamos a votar hoy se mezclan dos problemáticas muy diferentes que nos pone en una situación compleja, porque es importante manifestar mi total acuerdo para aprobar medidas implacables contra el fentanilo, pero la prohibición de los vapeadores puede ocasionar más problemas de los que pueda resolver”.
La diputada Deyanira Uribe Cuevas mencionó que “desde la perspectiva de Movimiento Ciu-dadano la votaremos en contra, porque en primer lugar consi-deramos que el combate a las adicciones debe comenzar con un sentido de regulación, no de prohibición, implementando campañas de prevención y concientizaciónl sobre el uso problemático de precursores químicos y drogas sintéticas”.
El diputado Robell Urióstegui Patiño (PRD), subió a tribuna solo a decir que votaría a favor porque el consumo de sustancias como la nicotina y el fentanilo “genera enfermedades devastadoras, muchas de las cuales impactan gravemente a la juventud y la adolescencia”, y para el caso de los cigarros electrónicos que no existen evidencias científicas concluyentes que respalden su eficacia como herramienta para dejar de fumar.
Al final, la reforma fue aprobada por 41 votos, dos en contra y cero abstenciones.

La otra reforma aprobada

En la misma sesión, se aprobó por unanimidad un dictamen de adi-ciones a la Constitución Política de Guerrero, para establecer el derecho a la búsqueda de niñas, niños, adolescentes y mujeres en casos de desaparición, para que las autoridades implementen ope-rativos de búsqueda inmediata sin que, para ello se ponga una denun-cia ante el Ministerio Público.
Al fundamentar el dictamen en su calidad de presidenta de la Co-misión de Estudios Constitucio-nales y Jurídicos, la diputada Citlali Calixto Jiménez mencionó que la iniciativa fue enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con el fin de contrarrestar la problemática de la desaparición de personas, y como una manera de fortalecer el mecanismo denominado Alerta Violeta.
“Establecer en Guerrero como un derecho humano el derecho a la búsqueda de niñas, niños, adolescentes y mujeres desapare-cidos sin necesidad de denuncia ministerial, implica eliminar ba-rreras burocráticas significativas y facilitan el acceso a la justicia y protección de las personas afectadas y sus familias”, dijo.
Expuso también que se pretenden consolidar mecanismos de búsqueda como la Alerta Violeta, para garantizar que el estado actúe de manera inmediata y coordinada ante cualquier denuncia de desaparición, y asegurar que todos los recursos necesarios se movilicen rápidamente y que las acciones de búsqueda se realicen de manera eficiente y efectiva.
También se aprobó por unanimidad un acuerdo para celebrar el Parlamento de Mujeres Guerrerenses 2025, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Al ser la última sesión del primer periodo ordinario del primer año de ejercicio legis-lativo, el diputado Jesús Parra García, presidente de la Mesa Directiva, rindió el informe de los trabajos de dicho periodo, comprendido de septiembre del 2024 a enero de este 2025.
En una tercera sesión se instaló el Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 64 Legislatura y se citó a sesión para el próximo 22 de enero.

Dictaminan diputados sobre la difusión indebida de información de víctimas delitos

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

En la primera sesión, de tres que se celebraron este miércoles, el pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un dictamen con proyecto de decreto, enviado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, por el que se reforma el artículo 304 Bis del Código Penal del Estado en materia de Revelación o difusión indebida, para establecer sanciones en contra de las personas servidoras públicas que en el ejercicio de sus funciones difundan información confidencial de las víctimas de algún delito.
En el último punto de la sesión, también se votó por la integración de la Comisión Permanente, que entró en funciones la tarde de ayer y hasta el próximo 28 de febrero, y se procedió a la respectiva toma de protesta.
Sobre la reforma enviada por la gobernadora, subió a tribuna el presidente de la Comisión de Justicia, Carlos Eduardo Bello Solano, para explicar el contenido de la misma, la cual establecen sanciones claras en contra de las personas servidoras públicas que difundan de manera indebida información reservada o confidencial relacionada con algún delito o víctimas, con penas de 2 a 6 años de prisión y multas de 100 a 300 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.
Precisa el dictamen que la norma va en contra de quien reproduzca, revele, difunda, entregue, publique, exponga, remita, distribuya, transmita, oferte, comercialice, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, indicios, evidencias, objetos, instrumentos, documentos o información reservada o confidencial del lugar de los hechos o del hallazgo, o productos relacionados con uno o varios hechos señalados por la ley como delitos, o con el procedimiento penal.
Dichas sanciones, se explica en el dictamen, se aplicarán cuando se trate de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, o se refiera a las circunstancias de la muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.
Bello Solano argumentó que dicha iniciativa “es un acto de justicia moral que tiene como objetivo proteger la dignidad de las personas que han sido víctimas, evitando que su sufrimiento se utilice con fines sensacionalistas o de entretenimiento. Las víctimas merecen respeto, protección y justicia; merecen que su dolor no sea tratado como un objeto de consumo público”, dijo en tribuna.
También se aprobó por unanimidad un dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta a los 85 municipios a que apliquen la legislación vigente que prohíbe el uso de plásticos de un sólo uso, a través de campañas de concientización entre la población y la vigilancia de negocios.
Otra documento aprobado por el pleno y por unanimidad fue el orden del día al que se sujetará la sesión pública y solemne para conmemorar el 175 Aniversario de la Instalación del Congreso Constituyente del Estado de Guerrero, el próximo 30 de enero, que se celebrará en la ciudad de Iguala de la Independencia.

Resuelven suplencias y vacantes de regidurías

También se aprobaron los dictámenes de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación en los cuales se ratificó la entrada en funciones de Aurelio Patiño Torres al cargo y funciones de alcalde del municipio de Heliodoro Castillo, y por los que se resuelven afirmativamente las renuncias a su derecho de asumir el cargo y funciones de la regidora de Zapotitlán Tablas, Yuritzi Carrillo Sánchez, a partir del 19 de noviembre del 2024; de la regidora suplente del mismo municipio, Inés Sánchez Mendoza, y de la regidora propietaria del Ayuntamiento de Petatlán, Nilda Maciel Pardillo.
En el caso de Teloloapan, se designó a María de los Ángeles Laura Elena Guerrero Leos como síndica procuradora, hasta en tanto subsista la licencia por tiempo indefinido concedida a la ciudadana Petra Salgado Brito, y se designó al diputado del PRD Robell Urióstegui Patiño, y ex alcalde de dicho municipios, para que se traslade y proceda a darle posesión del cargo.

Rinde protesta la Comisión Permanente

En los últimos puntos del orden del día de la primera sesión, se votó por los diputados integrantes de la Comisión Permanente, correspondiente al primer periodo de receso de la 64 Legislatura del Congreso de Guerrero.
Fue a través de una votación por cédula, que los 46 diputados votaron por una única propuesta, que obtuvo un voto en contra de la panista Irene Montiel Servín, quien no fue incluida en su integración.
Después de la votación, rindieron protesta ante el Pleno los integrantes de la Comisión Permanente que realizarán las sesiones del Primer Periodo de Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la 64 Legislatura.
La Comisión quedó integrada por el diputado Jesús Parra García, como presidente; la diputada Marisol Bazán Fernández como primera vicepresidenta; diputada Gladys Cortés Genchi como segunda vicepresidenta; diputado Edgar Ventura de la Cruz y diputada María de Jesús Galeana Radilla como secretarios propietarios; Los diputado Pánfilo Sánchez Almazán, Ana Lilia Botello Figueroa como secretarios suplentes.
Los diputados Carlos Eduardo Bello Solano, Jhobanny Jiménez Mendoza, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y las diputadas Beatriz Vélez Núñez, Diana Bernabé Vega, Violeta Martínez Pacheco y Erika Lorena Luhrs Cortes como vocales propietarios.
Los vocales suplentes fueron los diputados Marco Tulio Sánchez Alarcón, Alejandro Bravo Abarca, Arturo Álvarez Angli, Héctor Suárez Basurto, Jesús Urióstegui García, Robell Urióstegui Patiño y la diputada Glafira Meraza Prudente.

El gobierno estatal los engaña, se quejan damnificados por John en Chilpancingo

Con engaños sobrelleva el gobierno estatal a las familias damnificadas que se encuentran refugiadas en instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), quienes el martes bloquearon las calles Benito Juárez y Nicolás Catalán.
Ese día, para que retiraran su protesta, personal de la Secretaría General de Gobierno les dijo que al día siguiente, el miércoles, comenzarían a censar sus viviendas.
Sin embargo, ese día, los que llegaron a buscarlos ya por la tarde fueron trabajadores de Protección Civil, quienes se llevaron sólo a tres de los damnificados, para revisar sus casas y a partir de ello emitir un dictamen.
La revisión de las viviendas fue en las colonias PPS y Bugambilias, ubicadas al norponiente de la capital.
Moisés, uno de los voceros de las familias afectadas por las lluvias que provocó el huracán John, del 23 al 27 de septiembre, informó que les dijeron que los trabajos continuarían este jueves, pero hasta a las 5 de la tarde nadie había regresado.
Reprochó que de cualquier forma el trabajo que están haciendo no es lo que acordaron durante su protesta, que fue su incorporación al censo, de forma que reciban el apoyo para la reconstrucción de sus viviendas o su reubicación.
“Pero ahora nos dijeron que primero van a hacer una revisión de nuestras casas, para elaborar un dictamen que nos van a dar a conocer el lunes”, dijo el representante de las familias damnificadas.
Informó que les dijeron que el procedimiento es que el dictamen lo van a mandar a las oficinas de la Secretaría de Bienestar, en Ciudad de México, para que allá autoricen su incorporación al censo.
Indicó que el problema es que ni siquiera hay certeza sobre la revisión de las viviendas.
Por ejemplo, el miércoles les dijeron que iban a pasar al refugio donde se encuentran, en el gimnasio de la UAG, a las 9 de la mañana, pero fueron hasta a las 3.
En tanto que este jueves ya eran las 5 de la tarde y no había regresado nadie.
De acuerdo con lo que les dijeron los de Protección Civil, este jueves les tocaba a colonias del sur de la capital, una de ellas, Villas del Sol. (Zacarías Cervantes /?Chilpancingo).

Se buscan acuerdos para integrar las comisiones del Congreso: Urióstegui

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, el morenista Jesús Urióstegui García, informó que continúan las negociaciones para la integración de las comisiones legislativas, y que si hay un retraso es porque buscan no salir “enfrentados” como en legislaturas anteriores con los demás grupos parlamentarios.
En entrevista, Urióstegui García negó que la negociación para la integración de las comisiones esté detenida y aseguró que eso no repercute en los trabajos legislativos: “hemos votado reformas federales, hemos apoyado el caso de hoy (la conformación de una comisión para la designación del alcalde de Copala y la toma de protesta del alcalde de Chilpancingo), no hay un tema que no se haya atendido; hay unidad, hay consenso”, indicó.
El morenista aseguró explicó que la intención “es escuchar a todas y todos” y que se busca diálogo y consenso con todos los grupos parlamentarios para desahogar el tema .
“¿Cuál es el problema? Que muchas veces los compañeros de las legislaturas anteriores salían muy enfrentados de este proceso y esto no va a suceder ahora”.
Fuentes de otros grupos parlamentarios indicaron que en las negociaciones por las comisiones todavía hay un “estira y afloja”, por lo que no tienen nada asegurado y que para evitar inconformidades no revelan qué comisiones pretenden los diputados.
En tanto el morenista Urióstegui García adelantó que las negociaciones podrían concluir la próxima semana, que de ser así sería a mes y medio de iniciada la actual 64 Legislatura y a 30 días de que se venció el plazo que indica la Ley Orgánica del Poder Legislativo para la conformación de las comisiones.
“Aquí la intención es escuchar a todas y a todas las expresiones, a todas y a todos los compañeros, la intención es avanzar y construir, no hay un solo tema que esté detenido, como ustedes han sido testigos, hemos votado reformas federales, hemos apoyado, hemos avanzado en el proceso legislativo”.
Sobre la solicitud de la ampliación del presupuesto que hizo la Legislatura anterior al gobierno del estado, para contar con liquidez y se pueda finiquitar a los trabajadores, esta no se ha hecho efectiva aún, informó.
“No, hasta este momento no, no se ha autorizado, estamos en este proceso administrativo y haciendo las gestiones, o más bien las mesas de trabajo con todas las instancias del estado”.
En agosto pasado el Congreso local solicitó al gobierno estatal una ampliación presupuestal de 108 millones de pesos, que de acuerdo con la entonces presidenta de la Jucopo, Gloria Citlali Calixto Jiménez, era principalmente para el finiquito de unos 400 trabajadores que laboraron en la 63 Legislatura.

No recibe aún al Congreso el dictamen sobre la reforma al salario mínimo que aprobó el Senado

Al Congreso de Guerrero todavía no llega el dictamen de la reforma salarial, aprobado por el Senado de la República el pasado miércoles, que es parte del llamado Plan C propuesto por el ex presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Pese que a nivel nacional seis estados ya aprobaron el dictamen, de 17 que se necesitan para su aprobación, fuentes al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, informaron que hasta la tarde de este viernes no se tenía conocimiento de la llegada del dictamen, por lo que tampoco hay fecha para su aprobación.
Se le preguntó vía telefónica al presidente de la Jucopo, Jesús Urióstegui, si tenía información oficial sobre la llegada del mencionado dictamen, pero no respondió.
El pasado 9 de octubre, el Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma al salario mínimo, que pretende asegurar que este nunca se fije por debajo de la inflación. Aprobado el dictamen por unanimidad, fue enviado a los congresos locales para su respectiva ratificación, como parte del proceso necesario para su aprobación definitiva.
Esta reforma fue una de las propuesta por el ex presidente López Obrador, en el llamado Plan C, que son 20 reformas constitucionales de las que hasta hoy se han aprobado la del Poder Judicial de la Federación, de los pueblos indígenas y de adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Para que la reforma al salario mínimo se promulgue, se requiere la aprobación de al menos 17 congresos estatales, de los cuales hasta hoy Michoacán, Tamaulipas, Ciudad de México, Sinaloa, Zacatecas, Tabasco y Durango lo habían aprobado.

Inicia CETEG un paro en el Centro de Maestros de El Coloso; piden castigo para faltistas

Los trabajadores del Centro de Maestros 1218 en El Coloso, durante su paro de labores para exigir que la SEG entregue un informe sobre maestros faltistas Foto: Karina Contreras

Karina Contreras

Trabajadores del Centro de Maestros 1218, ubicado en la etapa 10 de la unidad habitacional El Coloso, adheridos a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), que dirige Héctor Torres Solano, iniciaron un paro de labores indefinido para exigir solución al problema de docentes faltistas.
Desde antes de las 9 de la mañana, los inconformes cerraron las instalaciones para exigir al área jurídica de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la entrega del dictamen donde se concluye el cambio de dos de los cinco docentes, quienes no acuden a trabajar.
Los seis trabajadores sindicalizados cetegistas iniciaron un paro laboral e indicaron que es de manera indefinida, para exigir al director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SEG, Roberto Cuevas Bahena, que entregue el dictamen, porque señalaron: “La omisión de este funcionario de la SEG ha contribuido a no solucionar el problema”.
El sindicalizado Omar Hernández González señaló que desde hace un año y siete meses, cinco trabajadores no acuden a laborar pero sí cobran sus quincenas y aguinaldos íntegros, en complicidad con las autoridades del área jurídica de la SEG, así como de la dirección.
Señaló que los docentes Epifanio Salado Salinas, Esteba Aguirre Servín, Socorro Rendón Hernández, Vladimir González Zavala y que son dirigidos por Ricardo Leyva Jiménez, fueron presentados ante el jurídico por la violación recurrente al reglamento de las condiciones de trabajo, por lo que se inició una investigación.
Agregó que el veredicto, del 11 de marzo de 2024, señala que se comprobaron las infracciones, por lo que se pide sancionar a los cinco, donde a Ricardo Leyva Jiménez y Esteban Aguirre Servín se les determinó el cambio de adscripción y los tres restantes se les dictaminó aplicar “notas malas en sus hojas de servicios”.
Hernández Gónzalez indicó que exigen la entrega del dictamen final, que se proceda la aplicación de lo dictaminado y acusó que el funcionario Roberto Cuevas, con su actitud de no entregar el dictamen, “ha constribuido a no solucionar el problema, que detiene la operatividad y funcionamiento de esa institución formadora de maestros”.
Informó que el cierre de las oficinas afecta a unos 6 mil maestros de la zona, a quienes se les está actualizando en el programa de la Nueva Escuela Mexicana.

Se proponen obras de mitigación y demoler dos viviendas en la 20 de Noviembre: Efrén Valdez

Ramón Gracida Gómez

El coordinador de Protección Civil y Bomberos, Efrén Valdez Ramírez, informó que el dictamen del área de la colonia 20 de Noviembre, donde murió una familia tras el paso del huracán Otis, es para que se lleven a cabo obras de mitigación y se retiren dos viviendas.
En declaraciones posteriores al banderazo de inicio del programa de desazolve de canales pluviales, contó que habló con la presidenta Abelina López Rodríguez para informarle que “ahorita en la 20 de Noviembre están los tres niveles de gobierno haciendo un recorrido, me llamaron de la Coordinación General de Protección Civil del gobierno federal”.
El coordinador de Protección Civil indicó que la dependencia que encabeza hizo un dictamen que propone unas obras de mitigación que consisten en “obras de retención, algunos muros secos”.
Además, detalló Valdez, el documento de Protección Civil indica el retiro de unas piedras e “incluso retirar dos viviendas porque se encuentran en zona de alto riesgo”.
Se le mencionó que los familiares de las víctimas piden la demolición de la casa severamente dañada en la que murió la familia, y el coordinador de Protección Civil consideró que “son viviendas que llegan, son asentamientos que llegan cuando aun así estás poniendo en riesgo tu vida”.
“Dicen, nunca va a pasar; sucede y lo único que hacemos nosotros es hacer nuestro trabajo. Te vuelvo a repetir, se van a hacer unas obras de mitigación, la indicación de la presidenta es muy clara, muy firme y yo lo dije en este evento y te lo vuelvo a repetir: ahorita son los tres niveles de gobierno, nosotros ya lo hicimos, ya tenemos la obra, ya tenemos el proyecto”.
El 25 de octubre un alud de piedras demolió casi por completo la casa de Víctor Bautista Romero y Karla Galeana García, ubicada en el andador Cuauhtémoc de la calle Juan N. Álvarez, de la colonia 20 de Noviembre. Los cuerpos de Karla y sus tres hijos, Dana de 21 años, Victoria de 12 e Ian Tadeo de 2 años, fueron localizados en los primeros días, pero el de Víctor aún no.
Desde entonces, familiares del desaparecido han insistido en su búsqueda, pero también en la limpieza de la calle porque el alud arrastró toneladas de tierra que taparon el andador y la calle, además de que las grandes rocas rodaron y algunas siguen en la casa severamente dañada, por lo que piden su demolición para evitar un futuro daño por un deslave.
Respecto al socavón que se formó en el río de El Camarón, en la parte de la colonia Vista Alegre, el coordinador de Protección Civil municipal reiteró que el dictamen ya se elaboró y se entregó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Indicó que las tres casas afectadas están construidas “casi dentro del muro de una zona federal”, por lo que le corresponde a Conagua; Protección Civil dará seguimiento porque en el área del socavón hay vehículos y bardas colapsadas.
Dijo que Conagua va a determinar si los afectados tendrán que ser reubicados, pero destacó que tiene que haber un cierto margen entre el río y las casas: “hay que recordar que cuando se hacen esos muros es a raíz del Paulina”.

El IGIFE no reconstruye una escuela de 39 años en Petatlán, denuncian padres

Brenda Escobar

Petatlán

Padres de familia del jardín de niños Julián Carrillo, ubicado en la comunidad Palos Blancos, en el municipio de Petatlán, denunciaron que el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), excluyó este plantel del presupuesto de este año pese a que les aseguraron que estaba considerado para ser reconstruido.
En el jardín de niños los alumnos, en este ciclo escolar, toman clases en galeras. Fue fundado en 1982 y el edificio de una sola planta fue terminado de construir en 1984, pero no es ocupado desde 2020 porque, según contó su directora, María de Jesús Flores García, la ahora Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil les entregó un dictamen en el que se indica que esas instalaciones no pueden ser ocupadas.
La educadora explicó que el inmueble fue construido en un terreno pantanoso y aunque con el paso del tiempo había soportado varios sismos, actualmente está cuarteado en la mayor parte de su estructura, lo que representa un peligro para las maestras y los alumnos. De ahí que decidieron dar clases en improvisadas galeras, las cuales, en época de lluvias se inundan, por lo que tienen que suspender clases hasta que haya bajado el nivel del agua.
Agregó que debido a las condiciones en que se encuentra este preescolar, la matrícula de alumnos ha bajado de forma considerable, pues de 90 alumnos que llegaron a tener hasta antes de 2020, actualmente sólo tienen 36, “es el único jardín de niños en esta comunidad, así que los padres de familia deciden llevarlos a San Jeronimito o hasta Petatlán, que está a 6 kilómetros de aquí”.
Una de las madres de familia aseguró que en 2022, gracias a la intervención del delegado de Gobernación en esta región, Onécimo Llanes Moreno, consiguieron ser escuchados por el IGIFE, “nos dijeron que la reconstrucción del plantel iba a entrar en el presupuesto de 2023 y que a más tardar en enero de este año ya iban a empezar con la obra, pero ya casi se acaba el año y no vemos nada”.
Agregó que decidieron hacer pública esta situación “para que la gobernadora Evelyn Salgado se entere de lo que está pasando y nos atiendan, porque no queremos llegar al extremo de ir a bloquear la carretera federal y afectar a terceras personas. Pero si no nos atienden, no nos van a dejar otra alternativa”, acotó.

No sabe porqué no hay dictamen para la ley sobre desaparecidos, dice Astudillo Calvo

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El vocal de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Ricardo Astudillo Calvo, dijo que desconoce el motivo por el cual la ahora ex presidenta de este colegiado, Leticia Mosso Hernández, no presentó el dictamen de la iniciativa de ley de desaparición forzada de personas.
Astudillo Calvo también llamó a que este órgano colegiado se reestructure, porque desde el 1 de septiembre está acéfalo.
Consultado después de que el presidente del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, denunció que el Congreso local incumplió con la entrega del borrador del dictamen, el priista explicó que los trabajos y la información de esta iniciativa estuvo concentrada por quien era la presidenta, quien tuvo que dejar este espacio para presidir la Mesa Directiva, la diputada Leticia Mosso.
El diputado comentó que tanto la ahora ex presidenta de la comisión, como la secretaria técnica de este órgano colegiado, son quienes estuvieron “llevando a cabo las mesas técnicas”, con las instituciones involucradas y las organizaciones y colectivos.
Desde la última sesión, a finales de agosto, ya no hubo ninguna convocatoria, en este caso, por parte del secretario de la Comisión de Derechos Humanos, “y no ha habido la reestructuración necesaria para seguir llevando a cabo los trabajos”.
Ricardo Astudillo recordó que en la última sesión de la comisión, Mosso Hernández se comprometió a que antes de dejar esta presidencia, para asumir la Mesa Directiva, tendrían el dictamen de la iniciativa de ley de desaparición de personas, pero esto no ocurrió.
Astudillo Calvo comentó también que la información que tenían, por parte de la entonces presidenta, es que los trabajos ya estaban avanzados y que ya únicamente se trabajaba en la elaboración del dictamen.
“En la construcción del documento está la diputada Leticia y la secretaria técnica de la comisión”, quienes, dijo, concentraron la información, “entiendo que este es un trabajo colectivo, sin embargo, este tema lo tomó como propio la presidenta de la comisión”.
Ricardo Astudillo dijo que están en espera de que se haga la reestructuración de la Comisión de Derechos Humanos, de lo contrario, dijo que se dificulta el avance en los trabajos y que la secretaría técnica les presente la propuesta de dictamen, para que se revise y sea votado por el colegiado.

Reconoce diputado que aún no se logra el dictamen sobre la ley de desaparición forzada

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, el morenista Osbaldo Ríos Manrique, reconoció que aún no se tiene un dictamen de la iniciativa de ley en materia de desaparición forzada, que son los secretarios técnicos y colectivos los que están trabajando en este proyecto.
Este domingo, se buscó a la presidente de la Comisión de Derechos Humanos, la petista Leticia Mosso Hernández, pero no se pudo tener comunicación con ella; por su parte, el secretario de este colegiado, Osbaldo Ríos, dijo que quienes están trabajando en el dictamen son los secretarios técnicos de la comisión y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), así como los asesores de los diputados promoventes y representantes de los colectivos.
Dijo que será hasta este miércoles cuando la comisión se reúna, “los grupos, los actores que están ahí involucrados, están dando sus propuestas. Lo que ellos consideran con lo que se tiene que enriquecer esta propuesta” e insistió en que “no podemos sacar una iniciativa al vapor”.
Informó que, en esta reunión, el equipo técnico va a exponer a los diputados los avances en el trabajo que se ha realizado en reuniones pasadas, y se podría determinar “si ya es posible dictaminar”, en la que no estarán colectivos ni promotores.
Al diputado se le preguntó por la demanda de los colectivos, que insisten en que ya sea dictaminada y aprobada por el pleno esta ley en materia de desaparición forzada, a casi siete meses de que fue presentada ante el pleno, pero respondió que estos grupos están involucrados en el trabajo para la dictaminación.
“Los colectivos están involucrados. No puedo decir quiénes son los que están apurando eso, cuándo son los que han entrado a las reuniones, a las sesiones donde se está debatiendo y están analizándola. Ellos saben cómo va el avance y dependemos, en ese sentido, también de ellos para que ya nos puedan decir que ya se agotaron los temas de discusión y de análisis”, dijo Ríos Manrique.
Sin embargo, reconoció que “sí se ha atrasado, claro que sí. Pero ha sido porque no queremos sacar una iniciativa que no vaya a funcionar como los grupos requieren, y eso sí nos preocupa a nosotros”.
Al diputado se le preguntó sobre los cambios de fondo que se están realizando a la iniciativa, por parte de los colectivos y el equipo técnico, pero dijo que no tenía detalles de esto y que será hasta el miércoles cuando pueda hablar de ellos.
No obstante, se refirió a lo costoso que resultaría tener el equipo de identificación genética de cuerpos y que ese era uno de los temas que estaban en la discusión.

Tendrían diputados el 19 de mayo el dictamen de la ley en materia de desaparición forzada

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La cuarta reunión de trabajo en la que participarán colectivos, funcionarios y diputados para revisar la iniciativa de Ley en materia de desaparición forzada de personas, será el próximo 19 de mayo, en la que esperan concluir el dictamen que tendría que ser aprobado y firmado por la Comisión de Derechos Humanos para posteriormente presentarla al pleno.
Ayer se buscó a la diputada de Morena Nora Velázquez Martínez, quien es una de las promoventes de la iniciativa y que la presentó al pleno desde el 10 de noviembre pasado, hace seis meses, y que aún no dictamina la Comisión de Derechos Humanos.
A través de una síntesis del estado de la iniciativa de ley en materia de desaparición forzada de personas en el estado, Nora Velázquez informó que tienen programada una reunión para el próximo viernes 19 de mayo en la que esperan concluir la revisión de esta iniciativa.
La iniciativa la realizaron diputados locales junto a colectivos de familiares de víctimas de este delito y la Fiscalía General del Estado, la Secretaría General de Gobierno, la Comisión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero y el Comité Internacional de la Cruz Roja delegación regional para México y América Central.
En la síntesis proporcionada por la diputada morenista, informa que la Comisión de Derechos Humanos, que preside otra de las promoventes, la petista Leticia Mosso Hernández, ha realizado “diversas reuniones de carácter técnico para analizar la viabilidad de la propuesta”.
Y que por la importancia de la iniciativa se han realizado tres reuniones para el análisis de esta iniciativa con diversos actores como la Subsecretaria de Gobierno, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno Anacleta López Vega, el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, diputados locales y colectivos de familiares de personas desaparecidas, principalmente de Chilpancingo, Acapulco e Iguala.
En estas tres reuniones ha participado el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Arturo Pacheco Bedolla en representación de la presidenta de este órgano, Yoloczin Domínguez Serna.
Y a pesar de que de que ha pasado medio año desde que se presentó esta iniciativa ante el pleno y se turnó a comisiones, Velázquez Martínez afirmó que en estas reuniones “todos han coincidido en la disposición de sacar la nueva ley” y que por eso se instaló esta mesa técnica para su análisis.
Informó también que los integrantes de esta mesa recibieron “todos los documentos a analizar” en una reunión virtual que tendrían ayer por la tarde para profundizar en las observaciones de cada una de las partes.
Y que finalmente, el próximo viernes 19 de mayo tienen programada una reunión en la que esperan tener concluido el dictamen para “hacerlo llegar a las y los diputados integrantes de la comisión”.
Este dictamen después de ser aprobado por los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos integrada por la presidenta Leticia Mosso Hernández, el secretario Osbaldo Ríos Manrique, y los vocales Esteban Albarrán Mendoza, Patricia Doroteo Calderón, y Ricardo Astudillo Calvo, tendría que ser enviado a la Mesa Directiva para que se enliste en el orden del día de la sesión del pleno para su discusión y votación.
En la iniciativa original se planteó la creación de una Comisión Estatal de Búsqueda como un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, con autonomía técnica, administrativa, financiera y de gestión, que será la autoridad encargada de la búsqueda de personas en el territorio estatal, incluyendo, además de la búsqueda en vida, la búsqueda forense con fines de identificación de cuerpos y restos humanos; también se planteaba que “de resultar necesario y en los casos en los que así sea procedente, se efectúen las acciones de revisión en los centros de reclusión militar”.