José Miguel Sánchez
Chilpancingo
El Congreso local aprobó este miércoles la minuta de reforma constitucional federal que prohibe el uso de cigarros electrónicos, conocidos como vapeadores, y la producción, distribución, y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, uso ilícito del fentanilo además drogas sintéticas no autorizadas.
En la misma sesión, que fue la segunda del día celebrada, los diputados también aprobaron un dictamen de adiciones a la Constitución Política del estado para establecer el derecho a la búsqueda inmediata de niñas, niños, adolescentes y mujeres en casos de desaparición.
La reforma federal, que forma parte del llamado Plan C, se trata de adiciones de un párrafo quinto al artículo 4 y un párrafo segundo al artículo 5, que fue propuesto por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Se establece prohibir el uso de cigarros electrónicos y sistemas electrónicos para fumar, así como su producción y venta, el uso ilícito de fentanilo y otras drogas sintética y cualquier actividad relacionada con dichas sustancias.
Fundamentó el dictamen la diputada del PRI, María del Pilar Vadillo Ruiz como integrante de la Comisión de Estudios Constitu-cionales y Jurídicos, quien en tribuna mencionó que el derecho a la protección de la salud es uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano consagrado en el artículo Cuarto de la Constitución General de la República y respaldado por diversos tratados internacionales de los que México forma parte.
“Los dispositivos de vapeo y drogas sintéticas han mostrado un impacto alarmante en la población joven, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022, su consumo ha alcanzado niveles preocupantes en adolescentes, representando un grupo particularmente vulnerable, máxime porque las drogas sintéticas, como el fentanilo, no sólo generan adicción y mortalidad, sino que afectan el tejido social, al incrementar los índices de violencia y criminalidad asociados a su producción y distribución”, mencionó la priista.
Vadillo argumentó que la re-forma busca fortalecer el derecho humano a la salud, “prohibiendo actividades relacionadas con ciga-rrillos electrónicos, vapeadores, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas como el fentanilo, todas ellas identificadas como amenazas significativas para la salud pública y la seguridad nacional”.
Para razonar el sentido de sus votos, solo subieron a tribuna las representantes del PAN, MC y PRD, de los cuales solo MC votó en contra. El resto de los Grupos Parlamentarios votó a favor.
Pese a que la diputada del PAN, Irene Montiel Servín, realizó observaciones a la reforma y se dijo en contra de prohibir los cigarros electrónicos, su voto fue a favor por el caso del fentanilo.
“En esta reforma que vamos a votar hoy se mezclan dos problemáticas muy diferentes que nos pone en una situación compleja, porque es importante manifestar mi total acuerdo para aprobar medidas implacables contra el fentanilo, pero la prohibición de los vapeadores puede ocasionar más problemas de los que pueda resolver”.
La diputada Deyanira Uribe Cuevas mencionó que “desde la perspectiva de Movimiento Ciu-dadano la votaremos en contra, porque en primer lugar consi-deramos que el combate a las adicciones debe comenzar con un sentido de regulación, no de prohibición, implementando campañas de prevención y concientizaciónl sobre el uso problemático de precursores químicos y drogas sintéticas”.
El diputado Robell Urióstegui Patiño (PRD), subió a tribuna solo a decir que votaría a favor porque el consumo de sustancias como la nicotina y el fentanilo “genera enfermedades devastadoras, muchas de las cuales impactan gravemente a la juventud y la adolescencia”, y para el caso de los cigarros electrónicos que no existen evidencias científicas concluyentes que respalden su eficacia como herramienta para dejar de fumar.
Al final, la reforma fue aprobada por 41 votos, dos en contra y cero abstenciones.
La otra reforma aprobada
En la misma sesión, se aprobó por unanimidad un dictamen de adi-ciones a la Constitución Política de Guerrero, para establecer el derecho a la búsqueda de niñas, niños, adolescentes y mujeres en casos de desaparición, para que las autoridades implementen ope-rativos de búsqueda inmediata sin que, para ello se ponga una denun-cia ante el Ministerio Público.
Al fundamentar el dictamen en su calidad de presidenta de la Co-misión de Estudios Constitucio-nales y Jurídicos, la diputada Citlali Calixto Jiménez mencionó que la iniciativa fue enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con el fin de contrarrestar la problemática de la desaparición de personas, y como una manera de fortalecer el mecanismo denominado Alerta Violeta.
“Establecer en Guerrero como un derecho humano el derecho a la búsqueda de niñas, niños, adolescentes y mujeres desapare-cidos sin necesidad de denuncia ministerial, implica eliminar ba-rreras burocráticas significativas y facilitan el acceso a la justicia y protección de las personas afectadas y sus familias”, dijo.
Expuso también que se pretenden consolidar mecanismos de búsqueda como la Alerta Violeta, para garantizar que el estado actúe de manera inmediata y coordinada ante cualquier denuncia de desaparición, y asegurar que todos los recursos necesarios se movilicen rápidamente y que las acciones de búsqueda se realicen de manera eficiente y efectiva.
También se aprobó por unanimidad un acuerdo para celebrar el Parlamento de Mujeres Guerrerenses 2025, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Al ser la última sesión del primer periodo ordinario del primer año de ejercicio legis-lativo, el diputado Jesús Parra García, presidente de la Mesa Directiva, rindió el informe de los trabajos de dicho periodo, comprendido de septiembre del 2024 a enero de este 2025.
En una tercera sesión se instaló el Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 64 Legislatura y se citó a sesión para el próximo 22 de enero.
