La hija del comandante y líder del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas Barrientos, Micaela Cabañas Ayala, no consideró posible dejar en manos del gobierno del estado el homenaje del 51 aniversario luctuoso de su padre.
Esto, luego que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda declaró que estaba en pláticas con la familia para los homenajes de los dirigentes de la guerrilla en el estado, Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, tras las críticas por la conmemoración del natalicio de Rubén Figueroa Figueroa, contraparte de la misma historia.
En consulta telefónica, indicó que tras que concluyó el 50 aniversario en 2024, comenzaron los preparativos para este 2 de diciembre
“No podemos dejar pasar un error garrafal, que nos duele a los pueblos y a todas las organizaciones”, que el gobierno de izquierda de Morena haya homenajeado al perpetrador de persecuciones, masacres y desapariciones de la época de la llamada guerra sucia.
Aclaró que con las organizaciones participantes tienen comunicación desde el 5 de octubre con las autoridades de Atoyac y de Tecpan, de Galeana para la coordinación y logística de las actividades.
“Nos prestan toldos, las sillas y un sonido, todo lo demás las organización, traslados, recibimiento, alimentación, invitaciones, se obtiene de boteo y cooperaciones”.
Precisó que así se organiza el movimiento social.
Recordó que el año pasado dejaron los planes sin concretar porque no reunieron suficiente presupuesto.
Indicó que para ello buscó a la secretaría de Cultura, Aida Melina Martínez, y no los quiso apoyar con pinturas para la elaboración de murales.
“Ahora ya quieren conmemorar”, ironizó.
Sin embargo, aclaró que no es una decisión suya, sino en conjunto con las organizaciones del movimiento.
De entrada, dijo que desconoce los términos y la postura del gobierno estatal, sobre cómo va a quedar en la legislación de actividades cívicas, “porque tiene que haber una reivindicación del maestro”.
Subrayó que este movimiento es de dignidad, “es sangre lo que se perdió, por eso estamos indignados, por tanto que nos debe el Estado, porque ha sufrido mucha gente, me incluyó a mí, a mi mamá, a mis tíos, que estamos vivos por azares el destino”.
Enfatizó que en muchas casas de Guerrero hay un desaparecido de la llamada guerra sucia, y el maestro Lucio Cabañas es una emblema de la lucha por ideales, no para ser gobernador, sino para el bien del pueblo.
El asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, el representante del Consejo de Cacahuatepec, Guadalupe Delgado del Carmen, de Huamuchitos Mario Estrada Bailón y el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz García en la asamblea por el 22 aniversario del Cecop, en El Fraile, en Cacahuatepec Foto: Jesús Trigo
Ramón Gracida Gómez
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) conmemoró ayer 22 años de lucha y exigió justicia por el asesinato de su vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz y la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico mediante un decreto.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan criticó que a tres meses del crimen consumado el 25 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) “no tiene avances en las investigaciones y los autores materiales e intelectuales siguen libres”.
El acto se llevó a cabo bajo una techumbre del embarcadero de El Fraile, cruce del río Papagayo a la localidad de Cacahuatepec, y fue moderado por el asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, quien leyó después de un minuto de silencio y consignas, una carta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de pedirle una reunión.
La misiva que será entregada al jefe de asesores de Sheinbaum, le dice que el Cecop “valora positivamente” su afirmación de que el proyecto de la presa está cancelado, pero “debe concretarse mediante un decreto que cancele de manera definitiva la construcción de la presa y por lo tanto el despojo y el desastre ecológico. De acuerdo con los protocolos internacionales, hasta ahora el proyecto sólo está suspendido”.
Además, “pedimos se dé continuidad a los esfuerzos realizados por su gabinete de Seguridad, para esclarecer el asesinato de nuestro vocero y dirigente Marco Antonio Suástegui Muñoz hasta alcanzar la justicia y superar todo resquicio de impunidad”.
La carta recuerda que López Obrador dijo que el Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos, “pero sabemos ahora hay otro grupo de poder que no es exactamente el Estado y que son quienes están haciendo el trabajo sucio al Estado porque eso es lo que pasó con Marco”, apuntó Rodolfo Chávez.
La misiva pide justicia “para que no se repitan actos de represión como el operativo policiaco-militar ejecutado por el último gobernador priista (Héctor Astudillo Flores) el 7 de enero de 2018 que por medio de ejecuciones extrajudiciales elevó a 10 el número de compañeros asesinados y 38 los encarcelados”.
Como vía para alcanzar la justicia y la paz, el Cecop respalda la iniciativa de ley de castigo a la extorsión “y eso toca precisamente al esclarecimiento de Marco”, expuso Rodolfo Chávez, quien externó después la petición de justicia que le decía por teléfono uno de los tres presos políticos del Cecop, Modesto León Jacinto; los otros dos encarcelados en Las Cruces son Maximino Solís Valeriano y Rodrigo León Jacinto.
Frente a unas 100 personas, la mitad de fuera de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz, lamentó la asistencia “poquititos compañeros de las comunidades, quiero pensar que están cansados, quiero pensar que tienen miedo y no quiero pensar que ya no quieren seguir la lucha porque eso sí es una derrota”.
Leyó una carta de Tlachinollan dirigida al finado vocero del Cecop en la que dice que el movimiento se extendió por toda América Latina “porque transmitía la buena vibra de su lucha, porque contagiaba con su poder de convocatoria, motivaba para impulsar las organizaciones comunitarias, el Cecop se conformó en un referente internacional por la eficacia de su lucha, por su consistencia argumentativa y por el gran liderazgo de Marco Antonio”.
“No hay interés en esclarecer los hechos y mantienen intocada la red criminal que controla las playas y que cotidianamente asesina sin que las autoridades den golpes certeros a los responsables para desmantelar las estructuras delictivas que desangran la vida en Acapulco”.
Tlachinollan menciona que “al principio culpaban a la familia de los nulos avances, hoy que han colaborado y aportado elementos decisivos para el esclarecimiento, las investigaciones siguen estancadas”.
Los primeros oradores fueron consejeros de algunas comunidades que “están llevando adelante el trabajo que por muchos años llevó Marco Antonio Suástegui”, un consejo del Cecop, expuso Rodolfo Chávez.
Una de ellas es Martha Hernández, de la comunidad El Cantón, quien recordó el inició del movimiento el 28 de julio de 2003 con un plantón contra el proyecto hidroeléctrico en el que participaron las comunidades proyectadas a ser desplazadas como Garrapatas y Arroyo Verde, y la resistencia contra los gobiernos estatales, por ejemplo, del perredista Zeferino Torreblanca.
A un costado del altar con la foto de Suástegui Muñoz, Mario Estrada, de Huamuchitos, lamentó la ausencia del vocero del Cecop, pero afirmó que el movimiento “está de pie y no vamos a dar marcha atrás”.
Maricela Navidad Dorantes, de Salsipuedes, pidió a las organizaciones sociales presentes que no los abandonen “porque lo que queremos es justicia para nuestro compañero”.
Con una lona con el rostro de Suástegui, sonriendo, Gimeldo Morales, de Rancho las Marías, expuso que es nuevo en el movimiento al que se unió porque el vocero del Cecop siempre buscaba lo mejor de las comunidades y evitar que “los gobiernos, los ricos, se apoderaran de nosotros”.
Acudieron campesinos de Cacahuatepec, El Campanario, Cruces de Cacahuatepec, El Carrizo, Las Parotas, Los Ilamos, Parotillas, La Concepción, Garrapatas, Aguacaliente, Amatillo y Las Chanecas; la Policía Comunitaria vigiló el perímetro, y la Guardia Nacional estuvo en el inicio del acto.
Con machete en mano, la integrante del movimiento de San Salvador Atenco, Hortencia Ramos, reivindicó la participación de las mujeres de distintas comunidades con la comida que llevaron, “cuando una resistencia, un pueblo es masacrado, criminalizado por el gobierno, y nuestros compañeros son detenidos, las que damos la cara somos las mujeres”.
Antes del inicio formal del evento casi a las 12 del día, el histórico dirigente de Atenco, Ignacio del Valle, remarcó la hermandad de este pueblo del Estado de México con los Bienes Comunales de Cacahuatepec por la lucha de ambos contra proyectos que les quitarían sus tierras.
El responsable de la comisión política en Acapulco de la CETEG, Walter Añorve Rodríguez, pidió la presentación con vida del hermano de Marco Antonio, Vicente Suástegui, desaparecido en 2021.
Del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Eloy del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde destacó la lucha del Cecop por defender los ríos de México alzando “su voz para seguir fluyendo libres de megaproyectos de muerte y limpios de tóxicos”.
Gloria, de Cooperación Comunitaria, indicó que junto con el Consejo Indígena y Mestizo para el Desarrollo Rural y Ambiental en los Bienes Comunales de Cacahuatepec y las comunidades, tienen la responsabilidad de “transitar de la defensa del territorio a la producción del mismo”.
El ex secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Jorge Peto Calderón, subrayó que los gobiernos del PRI y el PAN persiguieron y torturaron al vocero del Cecop, pero su asesinato ocurrió cuando los tres órdenes de gobierno son de Morena.
Rosalinda Gutiérrez Terrones, del Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero, dijo al gobierno federal, a la Comisión Federal de Electricidad y a las empresas trasnacionales, “que se siguen afilando sus pezuñas para rapiñar nuestras riquezas naturales, que estas tierras surianas y el río no se venden, se respetan y se defienden”.
Del Movimiento Socialista del Poder Popular, Héctor Valadez, dijo que la muerte de Suástegui “es un gran golpe para el movimiento ecosocialista a nivel mundial y nacional, unos días antes de su asesinato había firmado un pronunciamiento internacional para un encuentro de todas las organizaciones que luchan en contra de la depredación capitalista”.
Estuvieron integrantes del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, Fomento Social Banamex y Siuat Yoltechikatli por los Derechos Humanos.
Representantes de organizaciones y activistas que apoyan la candidatura de Diana Hernández (al centro con las manos juntas), hija del asesinado luchador social Ranferi Hernández, para presidir la Codehum, ayer en conferencia de prensa Foto: Luis Daniel Nava
Representantes de organizaciones y activistas que apoyan la candidatura de Diana Itzel Hernández Hernández para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), pidieron a los diputados locales analizar los perfiles y ser imparciales
Este jueves en conferencia de prensa, Nicomedes Fuentes García, ex integrante de la Comisión de la Verdad; Ángel Mundo Francisco, sobreviviente de la noche de Iguala; Martha Obeso Cázares, viuda del ex presidente del Congreso local, Armando Chavarría, y el ex diputado federal Carlos de Jesús Alejandro, manifestaron su apoyo a Diana Hernández, quien es hija del ex diputado local Ranferi Hernández Acevedo, asesinado en 2017 junto con su esposa, su suegra y un ahijado.
Afirmaron que su perfil de lucha es el mejor para darle “un golpe de timón” a la Codehum.
Martha Obeso, viuda del entonces presidente del Congreso local Armando Chavarría, expresó que la Comisión requiere un golpe de timón, liderazgo y un impulso de una activista en la lucha social.
“La veo en recorridos en las comunidades de la Montaña baja conformando la organización campesina Vicente Guerrero, de Ranferi Hernández”.
Recordó que su familia fue exiliada en Europa, donde Diana Hernández fue vista por la también activista Judith Galarza Campos en una reunión en Ginebra, sede de la ONU.
“Tiene conciencia de dónde viene. Lo sucedido no se debe olvidar y ahora la acompañamos en esta aspiración”.
Nicomedes Fuentes, ex integrante de la desaparecida Comisión de la Verdad, dijo que se debe crear una cultura de la paz y que Diana Hernández se ha entregado a la lucha social.
El fundador del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas y ex diputado federal Carlos de Jesús Alejandro pidió a los diputados locales hacer valer la soberanía y revisar los perfiles de los candidatos.
Dijo que las organizaciones para la defensa de los derechos humanos van más allá de las simples recomendaciones y que deben velar por derechos básicos como la salud y la educación.
Pidió: “Que no reciban ninguna línea los diputados y que se renueve la Comisión”.
Afirmó que se necesita que la Codehum se reorganice como un organismo autónomo en una entidad donde la violación sistemática de los derechos humanos es permanente.
Diana Hernández insistió en que se debe garantizar un piso parejo entre todos los aspirantes.
“Quiero exhortar a que haya piso parejo, no todos estamos en las mismas condiciones. Quisiera pensar que el ingeniero (el senador Félix Salgado Macedonio) y la gobernadora (Evelyn Salgado) a la que ayudamos para que esté en ese cargo, observen una conducta imparcial”.
Calificó de limitada la gestión de la actual presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán.
Ángel Mundo leyó la carta que organizaciones sociales enviaron al Congreso de Guerrero: “Consideramos que la trayectoria, integridad, solidaridad y compromiso de Diana Itzel Hernández Hernández con los derechos humanos y las causas sociales, la hacen una candidata idónea para encabezar este organismo autónomo.
“En un contexto donde la vigencia de los derechos humanos requiere instituciones sólidas, autónomas y sensibles, conocemos que el perfil de Diana Itzel Hernández Hernández garantiza una conducción ética, transparente, humana y comprometida con los principios de equidad, legalidad y justicia social.
“Por lo cual solicitamos que bajo los principios democráticos y el interés superior del pueblo de Guerrero sea designada la Lic. Diana Itzel Hernández Hernández, como Ombudsman del Estado de Guerrero”.
Una patrulla de policías estatales resguarda la entrada al hospital privado Aqua, en donde desde el viernes se encuentra hospitalizado Marco Antonio Suástegui, luego de ser herido a balazos Foto: Carlos Carbajal
Ramón Gracida Gómez
Por quinto día consecutivo, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, sigue en terapia intensiva tras el atentado que sufrió el viernes pasado, su estado de salud se mantiene igual, grave, pero estable.
Ayer, el hospital privado Aqua estaba resguardado por policías estatales, una patrulla de la corporación estaba estacionada en el nosocomio del lado de la avenida Costera.
Más organizaciones sociales se pronunciaron en diversos comunicados por el hecho violento pidiendo justicia y detención a los responsables del ataque a balazos contra el líder comunitario al salir de su trabajo en la playa Icacos.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) escribió el lunes en su perfil de Facebook su exigencia a los tres órdenes de gobierno para abrir una carpeta de investigación “para detener a quien resulte responsable a los autores intelectuales y materiales de este vil hecho”.
“Existe una larga lista en la lucha social de Guerrero de asesinatos de hombres y mujeres valientes que han entregado su vida, por equidad, libertad y justicia en defensa de los más necesitados”.
La organización dirigida por Nicolás Chávez afirma que “los encargados de sembrar, el terror en Guerrero y el país siguen provocando, dolor y muerte. Los políticos siguen disputándose el poder político y económico; engañando a nuestro pueblo sin cumplir sus demandas más vitales”.
En un comunicado emitido el mismo día, el Colectivo de Familiares de Desaparecidos Guadalupe Rodríguez Narciso “se une a la exigencia de justicia, castigo a los culpables materiales e intelectuales” por el atentado a Suástegui Muñoz.
Destaca que el vocero del Cecop es defensor del territorio, del suelo y del agua, también es representante de la Asociación de Turisteros Unidos en Defensa de la Playa Icacos (Tuderpi) y es hermano de Vicente Iván Suástegui Muñoz, desaparecido el 5 de agosto de 2021.
El grupo de familiares de desaparecidos pide a los gobiernos estatal y federal ofrecer la mejor atención médica al herido, “así como el alto a las agresiones en contra de los defensores, del territorio, suelo y agua, de los derechos laborales, los hermanos buscadores de familiares desaparecidos, defensores de derechos humanos y en general a toda persona que busca un México más justo para todos”.
En un comunicado emitido el domingo pasado, Cooperación Comunitaria, HIC-AL Coalición Internacional del Hábitat y más organizaciones repudian el atentado contra Suástegui Muñoz perpetrado cuando salía de su trabajo en playa Icacos.
Reconocen la defensa Suástegui Muñoz de los territorios campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec “que estuvieron en riesgo de ser inundados por la construcción de la presa La Parota y, más recientemente, en la defensa de la playa de Acapulco del proyecto de privatización y de los delitos ambientales”.
Expresan en el documento publicado en sus redes sociales su “más profunda indignación ante el ambiente de inseguridad que impera en Acapulco y el estado de indefensión que enfrentan los defensores del territorio”.
Exigen a las autoridades proteger la vida del vocero del Cecop e investigar y castigar a los culpables de su ataque a balazos, también expresan su solidaridad con los familiares y compañeros de lucha.
Suscriben el documento el Bloque de delegaciones democráticas sección 11 SNTE, Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, entre otras numerosas organizaciones sociales y activistas.
El sábado pasado, casi 100 organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señalaron en un comunicado que las autoridades “fueron omisas” para aplicar medidas de protección a favor del vocero del Cecop.
El mismo día, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos emitió su posicionamiento exigiendo que se investigue y se castigue a los responsables del ataque contra Suástegui Muñoz.
La reunión para financiar proyectos de recuperación tras el huracán Otis en la Universidad Loyola del Pacífico Foto: Ramón Gracida Gómez
Ramón Gracida Gómez
Ayer se llevó a cabo un encuentro en la Universidad Loyola del Pacífico de organizaciones beneficiarias de la convocatoria Resurge Guerrero, lanzada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fomento Social Banamex y el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), entre otras asociaciones, con el fin de financiar proyectos de “recuperación integral y sostenible” tras los huracanes Otis y John.
El colaborador de Fomento Social Banamex, Sergio Moreno, comentó a El Sur que después del huracán Otis, esta asociación lanzó el programa 1×1 para apoyar a las comunidades afectadas, en el que también participaron, entre otras empresas, Fundación Coppel, Fundación Coca Cola, Fundación Compartamos, Fundación Estafeta, Cemex, así como la organización Cooperación Comunitaria.
Estos recursos fueron destinados a distintos proyectos de Acapulco y Coyuca de Benítez, pero después del huracán John en septiembre pasado, fueron incluidos municipios de la región Costa Chica y del estado de Oaxaca.
“Derivado de estos fenómenos y ante la dificultad de las organizaciones, de los grupos de trabajo, de las comunidades de acceder a recursos para su recuperación, para recuperar loperdido por las afectaciones”, Fomento Social Banamex, Cemefi, PNUD, Fundación Merced, entre otras organizaciones, juntaron una bolsa adicional de recursos.
De esta forma, explicó Sergio Moreno, se lanzó en agosto pasado la convocatoria Resurge Guerrero para “la recuperación integral y sostenible de las afectaciones” en la que fueron invitadas más de 200 instituciones.
Las instituciones invitadas participaron en diversos foros “para ver la atención a las comunidades convocados por distintas autoridades”, lo que se concretó en 31 propuestas, de las cuales fueron seleccionadas de manera colegiada 18 proyectos de hasta 500 mil pesos cada uno, lo que resulta en un apoyo total de 9 a 10 millones de pesos.
Las organizaciones de estas 18 iniciativas se reunieron ayer en un auditorio de la Universidad Loyola del Pacífico “para ver las gestiones de los recursos para la operación de los proyectos” en Acapulco, Coyuca de Benítez y San Marcos, entre los participantes estuvieron Guerrero es Primero y la Universidad Campesina del Sur (Unicam-Sur).
Fomento Social Banamex apoya directamente 11 proyectos, de los cuales ocho son para la “recuperación económico productiva, y tres proyectos de agua y saneamiento”, dijo Sergio Moreno.
En la reconstrucción de los municipios afectados por los huracanes, indicó, “la participación de las organizaciones de la sociedad civil es muy importante porque por muy buenas intenciones que tenga el Estado, luego no cuentan con los recursos suficientes para atender las necesidades de la población”.
Las asociaciones civiles “son instituciones que participan como aliados del Estado en apoyar a población vulnerable que queda fuera de las posibilidades de atención del Estado, es decir, creo que estamos atendiendo un sector que en principio queda al margen de diferentes apoyos, de diferentes programas por su misma situación”.
Estos sectores, agregó, es importante “visibilizarlos y poder apoyar al Estado, pero también a que se generen políticas adecuadas para este tipo de casos, para este tipo de sector que, por ejemplo, en Cacahuatepec tiene más de 20 años de afectación”, en referencia al conflicto del proyecto hidroeléctrico La Parota.
El colaborador de Fomento Social Banamex especificó que la convocatoria Resurge Guerrero fue lanzada a la par de otros proyectos que ya tenían avance como la entrega de maíz para consumo en comunidades de Coyuca de Benítez y Acapulco, específicamente en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, apoyo registrado en estas páginas en distintas ocasiones.
Dos frentes de agrupaciones de productores, realizan acciones por separado para lograr que la federación y el estado autoricen mayor presupuesto para el campo el próximo año.
Este lunes, representantes de uno de estos dos frentes se reunieron con diputados de Morena y del PVEM, mientras que, por separado, otras agrupaciones denunciaron en conferencia de prensa la falta de apoyos y anunciaron un foro para proponer un incremento presupuestal para el próximo año que detone el desarrollo del campo.
El presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Antonio Colín Ramírez, informó que se reunieron con los diputados Alejandro Carabias Icaza del PVEM, así como con Catalina Apolinar Santiago y Diana Bernabé Vega, de Morena.
Estuvieron Carlos García, de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales del estado; el ex alcalde morenista de Zirándaro, Gregorio Portillo Mendoza; el ex candidato a gobernador de Redes Sociales Progresistas, Ambrosio Guzmán Juárez, Colín Ramírez, como representante del Colegio de Ingenieros.
“Les propusimos una revisión de los presupuestos que se han ejercicio en las diferentes secretarias que apoyan al campo, no solamente en la parte agropecuaria, forestal y pesquera, sino en todas las demás dependencias que tienen que ver con el desarrollo rural”, informó por teléfono.
Además, que la gente podrá hacer sus propuestas en los foros que van a organizar a partir de octubre en función de sus necesidades a fin de que el Poder Ejecutivo estatal elabore el proyecto de presupuesto para el próximo año.
Informó que la reunión con los diputados fue parte de los acuerdos de la asamblea estatal que realizaron el 24 de agosto pasado en Chilpancingo.
Indicó que la intención es que el 23 de septiembre se realice otra en la que van a aumentar el número de diputados para coincidir en un proyecto de desarrollo que están promoviendo productores, profesionistas y diputados locales.
En tanto que por la mañana, representantes de agrupaciones como el dirigente de la Central Campesina Independiente (CCI), Maclovio Avilés García, la representante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, (UNTA), Fabiola Nava Reyes; el representante de la agrupación Pueblos Unidos para el Desarrollo (Puedes), David Damián y de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero, que integran Fuerza Guerrerense, anunciaron la realización de un foro para el 19 de septiembre, “para escuchar propuestas para un presupuesto mejor para el campo”.
Argumentaron que Guerrero enfrenta “graves problemas de desarrollo que se expresan de manera cruda en el medio rural, debido a políticas públicas erróneas y descoordinadas, así como por la falta de apoyo y estrategias para la agroindustria, además del cambio climático que impacta negativa en la producción de temporal”.
El dirigente de la CCI leyó un documento que señala que los tres órdenes de gobierno han reconocido la problemática en el campo pero que por intereses políticos y personales han impedido la aplicación de recursos para el desarrollo rural.
Avilés, dijo que se requiere diáogo entre los actores sociales con los tres órdenes de gobierno y los diputados para que se asuma el compromiso de un mayor presupuesto para atender mejor al campo guerrerense.
Informó que asistirán a este foro que se realizara el 19 de septiembre a partir de las 10 de las mañana en el hotel Paradise Inn, comisariados ejidales y comunales, así como organizaciones de productores.
Litigio Estratégico en Derechos Humanos (I(dh)eas), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), alertaron del incremento exponencial de las desapariciones de mujeres en Guerrero, así como la omisión y complicidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno con los grupos criminales generadores de la violencia.
En un documento, refieren que de acuerdo a cifras del proyecto RedLupa, en el 2022 hubo 690 mujeres desaparecidas; en el 2023 se registraron 731, y en los primeros seis meses del 2024 ya suman 729.
Los organismos piden justicia por el caso de Marisol Castro Gatica de la comunidad de Mecatepec, municipio de Tecoanapa, desaparecida el 8 de junio y hallada asesinada el 19 de julio pasado en Ixtapan de la Sal, Estado de México. Exigen que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha dicho que Guerrero es un “santuario de las mujeres”, informe cuántos detenidos y sentenciados hay por el delito de desaparición de mujeres.
Reprochan que a los “dueños del poder” en la entidad lo único que les interesa es enriquecerse a costa del dolor y desconsuelo de cientos de familias.
“Todo crimen causa consternación, pero cuando se trata de una mujer este sentimiento se convierte en indignación en contra de las autoridades que se muestran tolerantes ante el jugoso negocio que significa la desaparición de mujeres, en su mayoría jóvenes, para el comercio sexual”.
Denuncian que en este negocio podrían estar involucradas las autoridades, “porque sólo así se explica que la desaparición de mujeres se haya incrementado en forma exponencial en el corredor de Tierra Colorada a Ayutla en la medida que en Guerrero aumenta el número de elementos del Ejército mexicano en tareas de seguridad, así como el aumento de agentes de la Guardia Nacional y la Policía Estatal y Ministerial”.
Las agrupaciones refieren que en el contexto de violencia va en aumento contra las mujeres en la entidad, de acuerdo a datos del proyecto RedLupa, que lleva el registro de violencia en contra de las mujeres. En el 2022 hubo tres mil 802 desaparecidos, de las cuales 690 fueron mujeres; en el año 2023 hubo cuatro mil 106 desapariciones, y 731 fueron mujeres; en tanto que en los primeros seis meses del 2024 se han contabilizado cuatro mil 313 desaparecidos de los cuales 729 son mujeres.
“Hay que mencionar que de enero a los primeros días de mayo se presentaron ocho denuncias por la desaparición de niñas”, refiere el documento.
Las agrupaciones señalan que uno de los meses en los que se presentaron más denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la desaparición de mujeres fue junio pasado, pues del total de 99 desapariciones ocurridas en ese mes, 53 fueron mujeres.
“Toda la violencia en general, y contra las mujeres en particular, crece a pesar del abierto apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha declarado que el estado es un santuario para los derechos de las mujeres”.
Reprochan que, sin embargo, de nada ha servido el envío de cientos de elementos de la Guardia Nacional a la entidad, pues de enero a junio de este 2024 han habido 845 homicidios dolosos, “como consecuencia de seguir permitiendo el accionar de alrededor de 16 grupos criminales y narcoparamilitares que se disputan el control del estado”.
Indican que esta violencia que crece en el estado como consecuencia de la expansión de los grupos criminales, “con el permiso gubernamental”, ya se veía venir “y lo habíamos manifestado que después de los estragos provocados por el huracán Otis, el problema crecería por el reacomodo e implementación de otros giros delincuenciales”.
Refieren que en este ambiente de violencia que se vive en la entidad, la comunidad afromexicana de Mecatepec, municipio de Teoanapa “aún se encuentra consternada tras la localización del cadáver de Marisol Castro Gatica, de 29 años de edad, desaparecida el 8 de junio y 40 días después, el 19 de julio, hallada muerta en Ixtapan de la Sal, Estado de México.
“Por el lugar y las condiciones en que se localizó su cuerpo es necesario que la familia se mantenga alerta y preparada para una lucha larga y complicada por verdad y justicia, porque tal parece que se pretende hacer recaer la responsabilidad en una sola persona y dejarlo solo como un hecho de feminicidio, ajeno al accionar de grupos delincuenciales”.
La joven salió de su casa el sábado 8 de junio por la mañana a una cita médica al puerto de Acapulco y regresaría al otro día a su comunidad de Mecatepec, de donde era originaria, pero ya no lo hizo.
Su cuerpo fue hallado el 19 de julio pasado envuelto en plástico y en avanzado estado de descomposición en la colonia 24 de Febrero de Ixtapan de la Sal, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Coordinación General de Servicios Periciales de ese estado para que se le practicara la necropsia y determinar las causas de su muerte así como la fecha del deceso.
El cadáver de la joven guerrerense fue encontrado por integrantes de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), policías de investigación, efectivos de la Marina, Policía Estatal y Municipal.
La Fiscalía de Guerrero informó el martes pasado la detención y vinculación a proceso a Maximiliano “N” por el presunto feminicidio de Marisol.
El presunto responsable fue detenido en El Mogote, municipio de Taxco de Alarcón, sólo por el delito de secuestro, según denunciaron los organismos que reclamen justicia para la joven y su familia.
Destacan también en su documento las desapariciones de cuatro mujeres en distintos lugares de la entidad, dos de ellas menores de edad, tres que desaparecieron en los últimos cuatro meses y otra en el 2021, de las que a pesar de que sus familiares pidieron la intervención de las autoridades y se emitieron las fichas de alerta Ámber y se encuentran activas, no hay indicios de que se esté investigando su paradero.
Ellas son: Yohana Yuridia Marín Molina, de 16 años, quien desapareció el 9 de abril en el municipio de Copala; Naomi Torres Pintor, de 16 años, desaparecida el 6 de abril en el municipio de Chilpancingo; Alondra Daniela Olea Hernández, de 19 años, desaparecida el 12 de abril en Acapulco, y Sarahí Suástegui Callejas, de 24 años de edad, desaparecida en el 2021.
Sin embargo, insisten que las mujeres desaparecidas son muchas más derivado de la espiral de violencia en el estado.
Ante ello, I(dh)eas, el IMDHD y el Centro Morelos, exigen “verdad y justicia para las víctimas de desaparición y sus familias”, además, que la gobernadora Salgado Pineda informe cuántos detenidos y sentenciados hay en Guerrero por el delito de desaparición de mujeres.
Asimismo, que la tarea de la seguridad pública esté en manos de civiles y que la estrategia correspondiente surja de las propuestas de la sociedad. También que se investigue a las autoridades y funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno “para terminar con su complicidad, corrupción e impunidad que protege a los responsables de las desapariciones”.
Organizaciones sociales afines a Morena en el Primer Foro de Participación Ciudadana y Popular hacia el Segundo Piso de la Cuarta Transformación plantean una nueva ingeniería urbana y de servicios sustentables en Acapulco, que en el hospital regional del ISSSTE haya gente profesional alejada de la corrupción.
El foro se dividió en cinco ejes, el primero es mecanismos y formas de participación ciudadana y popular en las acciones de gobierno; otro tema fue coadyuvar y colaboraron con los tres órdenes de gobierno de la Cuarta Transformación en la solución de problemas.
Además de armonizar la agenda legislativa con los principios de la 4T, el cuarto eje es la unidad de Morena con base en sus estatutos, por último, la extinción de las reformas neoliberales en los ámbitos educativos, laboral, telecomunicaciones, agrarias.
Fueron varias participaciones cada uno tuvo una duración de 10 minutos, en donde expusieron sus planteamientos en la ponencia de mejoramiento de la seguridad social para los servidores públicos de Guerrero y derechohabientes del ISSSTE el planteamiento que hacen es que se garantice una selección profesional alejada de todo tipo de errores y corrupción para dar paso a personas comprometidas con su profesión.
Además, solicitan que se continúe con el funcionamiento del hospital General que se ubica en la avenida Ruiz Cortines, con los servicios de consulta especializado, laboratorios, las 80 camas censales, para que no se sature el nuevo hospital regional que dará consulta a ciudadanos de Guerrero, Oaxaca y Michoacán.
Otro de los planteamientos que hacen las organizaciones es construir comunidades de aprendizaje donde se practiquen los principios de no mentir, no robar, no traicionar, que se diseñe un programa de propaganda en plazas públicas, mercados y lugares de afluencia de personas en determinadas horas para difundir información sobre el proyecto alternativo de nación y la revolución de las mentalidades.
En otra de las ponencias plantean purificar el noble oficio de la política, donde se pueda construir una nueva relación sociedad-gobierno, donde el poder lo ejerza el pueblo, los encargados de la administración del gobierno obedezcan las necesidades económicas y sociales del pueblo.
Plantean también una nueva ingeniería urbana y de los servicios auto sustentable, es decir, que haya nuevos diseños de avenidas y calles, para que haya mayor fluidez de los carros y de los autobuses; un servicio de transporte municipal, frenar la contaminación de los suelos, subsuelos y la mar. Construcción de una red de drenaje para el tratamiento de las aguas residuales y pluviales, desazolvar arroyos y ríos.
Crear empresas de producción de interés social, cooperativas con los principios de la economía social y solidaria, crear una flota de altamar para capturar peces, camarón, mariscos, y consolidar astilleros, promover la cultura de la acuacultura, diversificar la atención turística.
Entre las organizaciones que estuvieron participando están el Comité de Defensa de la Cuarta Transformación Juan R. Escudero, la Unión Nacional de Trabajadores, Sindicato Nacional Progresista de los Trabajadores del ISSSTE, Jubilados y Pensionados de la Secretaría de Salud del estado de Guerrero, la Sección 14 del SUSPEG, el Frente Guerrerense Magisterial y Popular por la Transformación de México.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que las organizaciones sociales dominaban y contaban con una gran influencia en la investigación de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador habló sobre el censo de personas desaparecidas en el país, comparando la situación con la de los normalistas de Ayotzinapa.
De igual forma mencionó de manera directa al senador Emilio Álvarez Icaza como jefe de las organizaciones sociales, asegurando que tiene influencia en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, es un poco lo de Ayotzinapa. Las organizaciones sociales eran los que dominaban, tenían una gran influencia. Este senador Álvarez Icaza, el jefe de organizaciones sociales, una gran influencia en el Prodh, una gran influencia en las organizaciones de derechos humanos, de la OEA, de la ONU”.
El presidente aseguró que lo que debe hacer el gobierno federal es asumir la responsabilidad que tiene a pesar de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, a lo que agregó que “nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo”.
Ante las declaraciones de López Obrador, el senador Álvarez Icaza respondió con un video en X, donde afirma que el presidente López Obrador ha traicionado a las víctimas, atacado a las organizaciones, “desaparecer a los desaparecidos” y un pacto de corrupción e impunidad.
“Para tener legitimidad para hablar del tema, dígale a las familias, incluidas las de Ayotzinapa, dónde están sus seres queridos desaparecidos. Mientras usted no avance en justicia, en verdad, en reparación y no repetición, usted será sólo un encubridor” comentó en el video.
En el texto que acompaña al video señaló que se ha vuelto incapaz de “cumplir con su palabra”, preguntando sobre el paradero de las personas desaparecidas y el de los 43 estudiantes normalistas, reiterando que el gobierno es una “simulación y traición” para madres y padres de los estudiantes.
El pasado 14 de diciembre López Obrador aseguró que tiene asuntos pendientes con el Centro Prodh, añadiendo que la organización se ha ido “echando a perder” además de que calificó a Emilio Álvarez Icaza como un “farsante” respecto a su participación en las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Ese mismo día afirmó que los abogados que hicieron las gestiones para la liberación de 60 supuestos involucrados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, están relacionados con Álvarez Icaza y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El auto en el que viajaban los cuatro reporteros atacados a balazos ayer en Chilpancingo Foto: El Sur
En la imagen de la izquierda reporteros de diversos medios de comunicación afuera del área de urgencias del hospital general Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo a donde fueron traslados tres periodistas heridos a balazos. A la derecha la sección 33 del SNRP se manifiesta en Altamirano para repudiar la agresión a los comunicadores de la capital Fotos: Jesús Eduardo Guerrero e Israel Flores
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
Cuatro reporteros capitalinos fueron atacados a balazos después de cubrir un hecho de violencia ayer al mediodía por motociclistas que les dispararon a quemarropa, dejando heridos de gravedad a Víctor Mateo del Diario de Guerrero y colaborador de la agencia Quadratín y a Jesús de la Cruz Nava, del medio digital Reporte Guerrero y con un rozón a Oscar Guerrero, del portal Primer Plano e hijo del corresponsal de Reforma Jesús Guerrero Salgado, quedando ileso Héctor Camacho del semanario Interacción.
Los reporteros fueron atacados afuera del Sexto Batallón de Ingenieros del Ejército mexicano, en la colonia Ayala, cuando hicieron una parada para mandar sus fotos y textos a sus medios luego de cubrir el asesinato de un chofer de Urvan en la colonia Las Palmas.
A ese lugar llegaron dos hombres en una motocicleta y dispararon a mansalva contra los comunicadores. El conductor Víctor Mateo recibió un disparo en el rostro y en el pecho, el copiloto Oscar Guerrero un rozón en el brazo izquierdo y el acompañante de atrás Jesús de la Cruz dos disparos cerca de los hombros.
Los reporteros corrieron a las instalaciones del Batallón donde fueron atendido por elementos de la Guardia Nacional (GN), que con su ambulancia los trasladaron al hospital general Raymundo Abarca Alarcón de Tierras Prietas, al norte de Chilpancingo.
El ataque se da luego de constantes amenazas en redes sociales contra la labor de los reporteros que cubren hechos de violencia vinculada con el crimen organizado y sus derivaciones polícicas en vísperas de la selección de candidatos para las elecciones de 2024.
Hasta las 10 de la noche Víctor Mateo y Jesús de la Cruz se reportaron como estables y el hospital donde se encuentran esta bajo vigilancia de la GN.
Es un ataque directo al gremio, señalan reporteros
Por la noche reporteros de varias organizaciones exigieron durante una conferencia de prensa en la página de Facebook del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje de criminalizar a los reporteros y medios de comunicación porque con eso da pauta a las agresiones que reciben.
En el escrito leído responsabilizan “a las autoridades de los tres niveles de gobierno, por el atentado ocurrido contra lo que consideramos es un ataque directo al gremio periodístico”.
“Al presidente Andrés Manuel López Obrador, le exigimos que termine con su discurso de odio y descrédito hacia la labor de los reporteros y los medios de información, ya que esto implica ponernos en un estado grave de vulnerabilidad y criminalización, en el que cualquier persona cree que atacar a un periodista es solidarizarse con el gobierno que él encabeza”, reclamaron en el texto respaldo por al menos 50 reporteros y organizaciones.
A la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le pidieron “asumir su responsabilidad en materia de seguridad pública y otorgar las garantías necesarias y suficientes a los que se encargan de relatar diariamente la realidad que se vive en el estado; porque su indolencia y menosprecio al trabajo de los medios también constituye un agravio a la sociedad que exige estar informada, como es su derecho constitucional y una obligación gubernamental”.
Y a los grupos del crimen organizado les recalcaron que “no somos sus enemigos y pedimos que dejen fuera al gremio periodístico de sus diferencias con el Estado, porque sólo nos limitamos a ejercer nuestra actividad de informar a la sociedad”.
Finalmente anunciaron una movilización para hoy a las 10 de la mañana para exigir la investigación del ataque y pedir a los tres niveles de gobierno garantías para ejercer el derecho de informar.
Se solidarizan el gremio de Tierra Caliente y la OCSS
Integrantes de la sección 33 del SNRP con sede en Tierra Caliente, se manifestaron este martes por la noche en la glorieta de Ciudad Altamirano para expresar su apoyo a los reporteros agredidos en Chilpancingo y exigir garantías de seguridad.
En la concentración con cartulinas de repudio a la agresión, el dirigente del SNRP, Jesús Benítez, leyó un pronunciamiento en en que se exige que los gobiernos federal y estatal, así como los diferentes ayuntamientos, hagan su trabajo y den garantías de seguridad a la labor periodística.
Expresó que se vive en Guerrero un Estado fallido, pues los gobernantes no garantizan la seguridad de todos ni tampoco la libertad de expresión .
“Brindamos todos nuestro apoyo y respaldo a cada uno de los reporteros que fueron heridos a balazos, pedimos que las autoridades les brinden todo el respaldo y seguridad a ellos y a sus familias, y repudiamos los hechos de violencia y la agresión que sufrieron en cumplimiento de su trabajo”, expresó.
En tanto, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se solidarizó con el gremio y con los reporteros atacados en Chilpancingo y exigió al gobierno que resguarde su integridad así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que atienda este hecho.
En un comunicado la OCSS señaló que este ambiente de violencia y agresión directa a periodistas “que cubren y difunden día a día los actos criminales que inundan nuestros pueblos es generado por el contubernio entre grupos criminales y gobierno, quienes permiten, promueven y forman parte de la perpetuación de la guerra contra la población”.
Ya investiga, dice la Fiscalía del estado
La Fiscalía General del Estado informó que, “a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Agravio de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos investiga la agresión a los cuatro periodistas.
Agrega que inició de oficio la carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa, en contra de quién o quienes resulten responsables.
También afirmó que por instrucciones de la Fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, el Fiscal Especializado en Delitos Cometidos en Agravio de Periodistas “acudió al Hospital General Dr. Raymundo Abarca Alarcón en Chilpancingo para realizar las primeras investigaciones, brindar atención jurídica y acompañamiento a las víctimas y familiares”.
Dice que se puso en marcha un operativo donde participan autoridades federales y estatales como el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Agentes Ministeriales, Policía Estatal y Municipal.
