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Piden en Pie de la Cuesta buscar una estrategia que no alarme a visitantes

La presidenta de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros de Pie de la Cuesta, Nelly Mejía Cienfuegos, pidió a las autoridades del municipio y el estado buscar una estrategia para informar adecuadamente a la población, sin alertar y causar pánico a los visitantes ante el paso de fenómenos meteorológicos en las costas de Guerrero.
La líder empresarial expresó por teléfono que en el barrio mágico desde el paso del huracán Erick y la difusión masiva en redes y medios de comunicación de las medidas preventivas, que han hecho las autoridades muchas familias han cancelado sus estancias.
Comentó que tuvo el caso de una familia que había llegado el miércoles 17 de junio, cuando las autoridades anunciaron las medidas de prevención y la restricción de la movilidad ante el posible impacto del meteoro, que sólo se quedó a comer y luego se regresaron al centro del país, porque quedaron alarmados con la información que vieron en las redes sociales.
Mejía Cienfuegos planteó al gobierno municipal y del estado, buscar una estrategia distinta para evitar alarmar a los visitantes que tienen pensado venir a Acapulco o que ya están vacacionando aquí.
En tanto, el presidente de los restauranteros de playa Bonfil, Armando Jiménez Anaya, informó que el alto oleaje continúa en esa zona turística, y ahora la marejada cambió la zona de golpeteo y afecta a los restaurantes ubicados hacia Barra Vieja.
Vía telefónica indicó que ni las autoridades del estado ni federales, han comunicado si ayudarán al sector restaurantero de playa Bonfil, donde cinco restaurantes tienen afectaciones graves con el colapso de muros y albercas y otros 30 con afectaciones menores, de un total de 40 inmuebles. (Jacob Morales Antonio).

 

Guerrero no es “santuario de mujeres”, pues siguen las desapariciones, señalan colectivos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Litigio Estratégico en Derechos Humanos (I(dh)eas), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), alertaron del incremento exponencial de las desapariciones de mujeres en Guerrero, así como la omisión y complicidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno con los grupos criminales generadores de la violencia.
En un documento, refieren que de acuerdo a cifras del proyecto RedLupa, en el 2022 hubo 690 mujeres desaparecidas; en el 2023 se registraron 731, y en los primeros seis meses del 2024 ya suman 729.
Los organismos piden justicia por el caso de Marisol Castro Gatica de la comunidad de Mecatepec, municipio de Tecoanapa, desaparecida el 8 de junio y hallada asesinada el 19 de julio pasado en Ixtapan de la Sal, Estado de México. Exigen que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha dicho que Guerrero es un “santuario de las mujeres”, informe cuántos detenidos y sentenciados hay por el delito de desaparición de mujeres.
Reprochan que a los “dueños del poder” en la entidad lo único que les interesa es enriquecerse a costa del dolor y desconsuelo de cientos de familias.
“Todo crimen causa consternación, pero cuando se trata de una mujer este sentimiento se convierte en indignación en contra de las autoridades que se muestran tolerantes ante el jugoso negocio que significa la desaparición de mujeres, en su mayoría jóvenes, para el comercio sexual”.
Denuncian que en este negocio podrían estar involucradas las autoridades, “porque sólo así se explica que la desaparición de mujeres se haya incrementado en forma exponencial en el corredor de Tierra Colorada a Ayutla en la medida que en Guerrero aumenta el número de elementos del Ejército mexicano en tareas de seguridad, así como el aumento de agentes de la Guardia Nacional y la Policía Estatal y Ministerial”.
Las agrupaciones refieren que en el contexto de violencia va en aumento contra las mujeres en la entidad, de acuerdo a datos del proyecto RedLupa, que lleva el registro de violencia en contra de las mujeres. En el 2022 hubo tres mil 802 desaparecidos, de las cuales 690 fueron mujeres; en el año 2023 hubo cuatro mil 106 desapariciones, y 731 fueron mujeres; en tanto que en los primeros seis meses del 2024 se han contabilizado cuatro mil 313 desaparecidos de los cuales 729 son mujeres.
“Hay que mencionar que de enero a los primeros días de mayo se presentaron ocho denuncias por la desaparición de niñas”, refiere el documento.
Las agrupaciones señalan que uno de los meses en los que se presentaron más denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la desaparición de mujeres fue junio pasado, pues del total de 99 desapariciones ocurridas en ese mes, 53 fueron mujeres.
“Toda la violencia en general, y contra las mujeres en particular, crece a pesar del abierto apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha declarado que el estado es un santuario para los derechos de las mujeres”.
Reprochan que, sin embargo, de nada ha servido el envío de cientos de elementos de la Guardia Nacional a la entidad, pues de enero a junio de este 2024 han habido 845 homicidios dolosos, “como consecuencia de seguir permitiendo el accionar de alrededor de 16 grupos criminales y narcoparamilitares que se disputan el control del estado”.
Indican que esta violencia que crece en el estado como consecuencia de la expansión de los grupos criminales, “con el permiso gubernamental”, ya se veía venir “y lo habíamos manifestado que después de los estragos provocados por el huracán Otis, el problema crecería por el reacomodo e implementación de otros giros delincuenciales”.
Refieren que en este ambiente de violencia que se vive en la entidad, la comunidad afromexicana de Mecatepec, municipio de Teoanapa “aún se encuentra consternada tras la localización del cadáver de Marisol Castro Gatica, de 29 años de edad, desaparecida el 8 de junio y 40 días después, el 19 de julio, hallada muerta en Ixtapan de la Sal, Estado de México.
“Por el lugar y las condiciones en que se localizó su cuerpo es necesario que la familia se mantenga alerta y preparada para una lucha larga y complicada por verdad y justicia, porque tal parece que se pretende hacer recaer la responsabilidad en una sola persona y dejarlo solo como un hecho de feminicidio, ajeno al accionar de grupos delincuenciales”.
La joven salió de su casa el sábado 8 de junio por la mañana a una cita médica al puerto de Acapulco y regresaría al otro día a su comunidad de Mecatepec, de donde era originaria, pero ya no lo hizo.
Su cuerpo fue hallado el 19 de julio pasado envuelto en plástico y en avanzado estado de descomposición en la colonia 24 de Febrero de Ixtapan de la Sal, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Coordinación General de Servicios Periciales de ese estado para que se le practicara la necropsia y determinar las causas de su muerte así como la fecha del deceso.
El cadáver de la joven guerrerense fue encontrado por integrantes de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), policías de investigación, efectivos de la Marina, Policía Estatal y Municipal.
La Fiscalía de Guerrero informó el martes pasado la detención y vinculación a proceso a Maximiliano “N” por el presunto feminicidio de Marisol.
El presunto responsable fue detenido en El Mogote, municipio de Taxco de Alarcón, sólo por el delito de secuestro, según denunciaron los organismos que reclamen justicia para la joven y su familia.
Destacan también en su documento las desapariciones de cuatro mujeres en distintos lugares de la entidad, dos de ellas menores de edad, tres que desaparecieron en los últimos cuatro meses y otra en el 2021, de las que a pesar de que sus familiares pidieron la intervención de las autoridades y se emitieron las fichas de alerta Ámber y se encuentran activas, no hay indicios de que se esté investigando su paradero.
Ellas son: Yohana Yuridia Marín Molina, de 16 años, quien desapareció el 9 de abril en el municipio de Copala; Naomi Torres Pintor, de 16 años, desaparecida el 6 de abril en el municipio de Chilpancingo; Alondra Daniela Olea Hernández, de 19 años, desaparecida el 12 de abril en Acapulco, y Sarahí Suástegui Callejas, de 24 años de edad, desaparecida en el 2021.
Sin embargo, insisten que las mujeres desaparecidas son muchas más derivado de la espiral de violencia en el estado.
Ante ello, I(dh)eas, el IMDHD y el Centro Morelos, exigen “verdad y justicia para las víctimas de desaparición y sus familias”, además, que la gobernadora Salgado Pineda informe cuántos detenidos y sentenciados hay en Guerrero por el delito de desaparición de mujeres.
Asimismo, que la tarea de la seguridad pública esté en manos de civiles y que la estrategia correspondiente surja de las propuestas de la sociedad. También que se investigue a las autoridades y funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno “para terminar con su complicidad, corrupción e impunidad que protege a los responsables de las desapariciones”.

“Voy a cumplir” el compromiso de verdad y justicia para Ayotzinapa, reitera AMLO

 

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó que, en el último año de su gobierno, la administración se mantiene trabajando para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, al presidente se le preguntó sobre su compromiso de descentralización de las dependencias federales, comentando que es un tema pendiente en su administración, junto con el caso Ayotzinapa.
“Está pendiente y estamos trabajando en lo de Ayotzinapa, que es otro compromiso, pero estamos trabajando todos los días para esclarecer los hechos y dar respuesta a los padres de los jóvenes desaparecidos, pero todos los demás los hemos cumplido, y muchos otros, muchos, muchos otros que no estaban ahí en la lista puntual de 100 compromisos”.
En la conferencia de prensa matutina del pasado 3 de octubre, el presidente López Obrador remarcó que ante los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cuenta con el compromiso de dar a conocer lo sucedido el 26 de septiembre de 2014.
“Estoy en el compromiso de que antes de que termine voy a cumplir dando a conocer lo que sucedió y castigando a los responsables, que no haya impunidad y lo más importante; el no dejar de buscar a los jóvenes”.
El pasado 25 de septiembre, los padres de los normalistas desaparecidos y sus representantes sostuvieron una reunión en Palacio Nacional con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Al salir de la reunión, los padres indicaron que les iban a entregar unos informes, pero debido a que no se incluía información previamente solicitada, los rechazaron.
En la conferencia de prensa del 26 de septiembre, en la conmemoración de los nueve años de la desaparición de los normalistas, López Obrador dijo que le llamó la atención que no aceptaran los informes y que no estaban cerrando el caso, reiterando el compromiso de buscar esclarecer los hechos.
“Y me llamó mucho la atención por qué no la aceptaron (los informes), si no les estamos cerrando el caso. No es un carpetazo, es un expediente abierto, es un informe de cómo vamos y tenemos el compromiso de avanzar hasta conocer la verdad y encontrar a los jóvenes”, decía el presidente en dicha oportunidad.

 

PRI: el Ejecutivo debió informar de la renuncia de Urióstegui, no un diputado

Daniel Velázquez

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, opinó que si ya renunció el jefe de la Oficina de la Gobernadora, Jesús Eugenio Urióstegui García, ya no hay delito, pero le causa sorpresa que la renuncia sea anunciada por un diputado local y no por el Ejecutivo: “son estilos”.
Jesús Uriostegui fue captado en un acto proselitista en apoyo a la candidata morenista a la gubernatura en el Estado de México Delfina Gómez el 11 de mayo, y el martes 16 de mayo en la sesión del Congreso el diputado local Joaquín Badillo Escamilla informaó que el funcionario había renunciado desde el 9 de mayo.
Consultado por teléfono, el dirigente estatal del PRI dijo que si el funcionario había renunciado días antes de su activismo político entonces ya no había porque hablar del tema.
“Nosotros señalamos que era ilegal, que como jefe de la Oficina era ilegal que en horario de trabajo estuviera en un evento proselitista porque así lo marca la ley de clarito”.
“Si había renunciado no hay como tal ilícito, lo que se me hace ahí medio… ¿por qué lo anuncia un diputado… por qué no se anuncia en los medios tradicionales? Pero bueno, esos son estilos diferentes, pero si no hay delito que perseguir está la renuncia desde el 9 de mayo, ahí expone los motivos y no hay mucho que hablar de este tema”.
Agregó que el PRI estará atento “que los priistas cumplan la ley y los que son funcionarios de gobiernos municipales cumplan con la ley, el ejemplo lo vamos a poner nosotros para que también tengamos la autoridad moral para exigir que todas y todos los funcionarios hagan cumplir la ley como tal”.
Del llamado del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de que los gobiernos estatales no usen el presupuesto para apoyar a los aspirantes presidenciales, Bravo Abarca dijo que eso es un asunto interno de los morenistas, “pero si es lamentable que en ocasiones, disfracen algunos eventos que son de proselitismo evidentemente los disfracen como eventos de gobierno, qué bueno que alguien hace ese llamado pero es simplemente que se cumpla la ley y prácticamente lo que en muchas elecciones se pide, piso parejo”.
Del anuncio hecho por el delegado de los programas federales en la entidad Iván Hernández Díaz de que antes del proceso electoral emitirá un protocolo de sobre el actuar de los funcionarios federales, señaló: “me parece bien, pero esperemos que se cumpla, quiero tener tener la esperanza de que sí se va a cumplir”.

 

Pide el Congreso a la FGE y la Secretaría de Gobierno informar de feminicidios

Diputados locales que integran la Comisión Permanente del Congreso, al momento de emitir su voto favorable al exhorto propuesto por el grupo parlamentario del PRD, a la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, para que informe de las investigaciones por los femicidios y los desplazamientos forzados Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Por unanimidad, los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, exhortaron a la titular de la Fiscalía General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y al secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez, a informar al Poder Legislativo sobre las investigaciones de homicidios dolosos en contra de mujeres y feminicidios ocurridos en el año 2022 y lo que va de 2023, y sobre las acciones de acompañamiento que realizan con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, respectivamente.
Con las abstenciones de las morenistas Yessica Alejo Rayo y Angélica Espinoza García, el pleno aprobó por unanimidad, ya que no hubo ningún voto en contra, el exhorto leído por la diputada perredista Patricia Doroteo Calderón a nombre de la bancada del PRD.
A la Fiscalía General del Estado (FGE) le solicitaron que informe sobre las detenciones de autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, y las acciones de acompañamiento que realiza con los colectivos de búsqueda de desaparecidos.
En tribuna la perredista recordó que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero cerró el 2022 con mil 285 denuncias por lesiones contra mujeres, dos mil 886 casos de violencia familiar y 4 mil 336 llamadas de emergencia por distintos tipos de violencia de género.
Además de que hasta noviembre de 2022 ocurrieron 108 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales 12 fueron clasificados como feminicidios, ocurridos en Acapulco y Chilpancingo. Mientras que en los primeros días del año se reportó el asesinato de tres mujeres.
Destacó que si continuara esa tendencia se rebasaría “por mucho” los crímenes de mujeres de 2022 sean éstos o no feminicidios.
Mientras que, de las desapariciones de mujeres, Patricia Doroteo dijo que al 17 de diciembre de 2022 el número de casos llegó a 117, conforme a datos de la Asociación Familias de Acapulco en busca de sus Desaparecidos, A. C., pese a que desde el nuevo gobierno implementó el Protocolo Violeta, que reporta una efectividad del 94 por ciento.
La perredista señaló que en los últimos dos años se ha incrementado el número de mujeres desaparecidas “hasta el 16 de diciembre se tienen 250, de las cuales se localizaron 2 fallecidas y 148 con vida y las demás siguen desaparecidas”.
La solicitud a la fiscalía dijo es para conocer la información del seguimiento a estos casos y apuntó que “en la medida que disminuyan los grados de impunidad, recuperaremos la tranquilidad para las familias en Guerrero”.
En ese sentido, consideró importante exhortar a la fiscal que informe al Congreso de las investigaciones sobre estos delitos, y al secretario General de Gobierno sobre las acciones de acompañamiento que realiza con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

La sesión

También se leyó en la sesión la notificación de la llegada de un oficio del presidente municipal de San Miguel Totolapan Fredy Vásquez Palacios “por el que informa sobre la problemática relativa a los hechos ocurridos el día 22 de diciembre de 2022, en sus cuentas bancarias, así como en sus recursos financieros”.
No se conocieron detalles del documento pero se refieren al hackeo de cinco cuentas bancarias que tenía el Ayuntamiento en Citibanamex de las cuales les robaron 8 millones 747 mil 307 pesos a través de 26 transferencias hechas a desconocidos el pasado 22 de diciembre, según lo dado a conocer por el cabildo.
También se presentó una propuesta de punto de acuerdo del morenista Masedonio Mendoza para exhortar a la titular de la Secretaría de Cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo, a “que haga las gestiones pertinentes para el rescate del bien inmueble donde se hospedó el General Vicente Guerrero durante el proceso de Consumación de la Independencia Nacional, en 1821, en el municipio de Alcozauca”.

 

Informar qué está haciendo para frenar la violencia contra mujeres, piden al gobierno

 

La coordinadora de Asuntos de Género de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y miembro de la Alianza Feminista, Liduvina Gallardo Suástegui, lamentó que la violencia en contra de las mujeres no cese a pesar de que ya existen recomendaciones de un grupo de especialistas dirigidas al gobierno del estado para atender ese problema.
Explicó que en la entidad organizaciones civiles de mujeres se movilizarán esta semana como parte de un plan de acción nacional, para exigir que se detengan los feminicidios.
Dijo que en el caso de Guerrero pedirán también al gobierno del estado que “haga un alto” e informe qué está haciendo para atender dichas recomendaciones y erradicar el problema.
Consultada ayer en el auditorio del DIF estatal, donde participó en la proyección de la película Ángeles con garras de acero, acto con el que la Secretaría de la Mujer conmemoró el 63 aniversario del pleno reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres mexicanas, consideró que las autoridades estatales deben actuar de manera contundente.
“Yo considero que el gobierno del estado tiene una gran tarea que es atender estas recomendaciones, no podemos seguir con esta lentitud, los medios de comunicación están publicando todas las muertes, los asesinatos de mujeres que entran en la clasificación de feminicidios”, explicó.
El domingo en el kilómetro 5 de la carretera Chilpancingo-Chichihualco fue hallado el cuerpo de una mujer de unos 30 años asesinada a golpes; además, este lunes se confirmó que el cuerpo encontrado el martes pasado en playa Majahua, Zihuatanejo, sí corresponde a la doctora del IMSS, Adela Rivas Obé.
Al respecto, Liduvina Gallardo lamentó que la violencia en contra de las mujeres no para, por ello urgió acciones contundentes de las autoridades y legislar en la materia.
“Es ahí donde está el punto nodal, mientras no haya definiciones claras, mientras no haya sanciones claras, no haya obligación de las instancias correspondientes a seguir trabajando de manera intensa en la prevención, esto no va a cambiar, necesitamos que se legisle”, expresó.
Dijo que para que el gobierno actúe correctamente éste no debe esperar a que se siga asesinando a mujeres en el estado, y anunció que en el transcurso de la semana en el país se desarrollarán movilizaciones para exigir que se frenen los feminicidios.
Explicó que en el caso de Guerrero, una de las demandas de las organizaciones será que el gobierno del estado informe de las acciones que ha emprendido desde que recibió las recomendaciones del grupo de especialistas que hizo un diagnóstico de la violencia feminicida en la entidad.
“Hay un periodo que tienen (las autoridades) para atender todas las recomendaciones, pero yo creo que vale la pena hacer un alto y decir qué está pasando, en dónde hay que redireccionar las acciones, porque no puede ser que esto siga, que no se detenga. Que diga el gobierno qué está haciendo”.
Gallardo Suástegui indicó que las organizaciones de mujeres utilizarán todos los medios posibles y encabezarán acciones pacíficas para demandar el respeto de sus derechos, principalmente a la vida.