Se confirmaron las versiones publicadas en estas páginas y ayer la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, tomó protesta como
La encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, posa con Francisco Rodríguez Cisneros mostrando el oficio de nombramiento como subsecretario de Desarrollo Político y Social Foto: Gobierno del estado
a Francisco Rodríguez Cisneros, quien se desempeñaba como director general de Gobernación de la dependencia.
Rodríguez, viejo colaborador de Félix Salgado Macedonio, con quien trabajó cuando éste fue alcalde de Acapulco en el trienio 2005–2008, sustituye a Oscar Chávez Rendón, quien de acuerdo con fuentes de esa dependencia fue presionado por el mismo senador y padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que dejara el cargo.
Aunque la Secretaría de Gobierno sólo dio a conocer el nombramiento de Rodríguez Cisneros mediante un boletín de dos párrafos y una fotografía, fuentes informaron que en la Dirección de Gobernación fue designado Juan Méndez Nogueda, quien era delegado de Gobierno en la Costa Grande.
En el boletín de prensa de la dependencia se informó que “con la representación de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, tomó protesta a Francisco Rodríguez Cisneros como Subsecretario de Desarrollo Político y Social de esta dependencia”.
Agrega el comunicado que “durante el acto, López Vega conminó al funcionario a guardar y hacer guardar la Constitución Política del Estado y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes de su nuevo encargo, así como conducirse bajo los principios de transformación y honorabilidad que la sociedad guerrerense demanda.”
Otro cambio que ya se había adelantado también en estas páginas, pero del que no se informó, fue el del delegado de Gobierno en la zona Centro, Raúl Suárez Martínez, quien fue sustituido por Rafael Julián Arcos, quien se desempeñaba como director de Negociaciones de la misma Secretaría.
El cambio de funcionario en ésta área se dio a las 3:30 de la tarde de ayer, según informaron las fuentes.
Otro de los funcionarios relevados es Juan Organista, quien se desempeñaba como director de Concertación Social y quien forma parte del grupo político de Oscar Chávez Rendón. En su lugar fue designado Mario Robles Domínguez, primo de la diputada local con licencia Yoloczin Domínguez Serna, actual candidata a diputada federal por Morena en el distrito 02 de la zona suburbana y rural de Acapulco.
De manera extraoficial se informó asimismo que López Vega será ratificada como secretaria general de Gobierno.
Rodríguez Cisneros y Rafael Julián Arcos forman parte del grupo del ex secretario Ludwig Marcial Reynoso Núñez, quien renunció el 14 de marzo, junto con el secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, después del asesinato del estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta. Ese mismo día la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, también anunció la remoción de su cargo de la fiscal General del Estado Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Los ahora ex secretarios Reynoso Núñez y Solano Rivera, ofrecieron una conferencia de prensa junto con el director de Gobernación Rodríguez Cisneros horas después del asesinato del estudiante en la que aseguraron que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa dispararon contra los policías estatales quienes al responder a la agresión hirieron a Yanqui Kothan, quien horas después murió en el hospital del Bienestar Raymundo Abarca Alarcón.
Dijeron que la “confrontación” se dio cuando los policías les marcaron el alto cuando descubrieron en un arco detector que la camioneta en la que viajaban era robada. También informaron que los estudiantes llevaban un arma y droga en la camioneta.
La versión fue desmentida al día siguiente por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y el 14 de marzo la gobernadora Salgado Pineda informó que había aceptado su renuncia de los dos funcionarios y anunció la remoción de la fiscal.
El ahora ex secretario de Seguridad Pública, el general de brigada Rolando Solano Rivera, a su llegada a Casa Guerrero después de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunciara su renuncia. La imagen se tomó a las 2:24 de la tarde en el estacionamiento de la puerta 2 Foto: Jessica Torres Barrera
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda designó a Anacleta López Vega, como encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, en sustitución de Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
Reynoso Núñez presentó por la mañana su renuncia, al igual que el secretario de Seguridad Pública, el general Rolando Solano Rivera, luego de la exigencia de su cese tras darse a conocer que el pasado jueves 8 de marzo policías estatales mataron al estudiante normalista Yanqui Khotan Gómez Peralta.
La gobernadora llamó a López Vega a reforzar el desarrollo político, así como fomentar la paz social y bienestar de los guerrerenses, y la conminó a conducirse bajo los principios de honestidad, rectitud y compromiso.
López Vega, asumió la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos el pasado 18 de agosto del 2022 y desde este jueves asume como encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno con el encargo “de dar seguimiento a las acciones de la política interna del estado, privilegiando el diálogo y el acercamiento con todos los sectores sociales para seguir fomentando la gobernabilidad en la entidad”, se informó en un comunicado de prensa.
López Vega es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) con maestría en Derecho penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, y doctora en Derecho Penal, por el Centro de Estudios de Posgrado.
Asumiría otra vez un marino la Secretaría de Seguridad Pública
Tras la renuncia del general de brigada Rolando Solano Rivera, por el asesinato del normalista Yanqui Khotan Gómez por policías estatales, anoche trascendió que un marino ocupará la Secretaría de Seguridad Pública.
Se supo que un marino estaba recibiendo la documentación de la SSP.
Apenas el 25 de enero, Solano Rivera asumió el cargo de titular de la SSP en sustitución del capitán de fragata, Evelio Méndez Gómez.
A la ceremonia en que tomó protesta asistieron, además de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Saldoval, y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. (Redacción / Chilpancingo).
Diputados locales que integran la Comisión Permanente del Congreso, al momento de emitir su voto favorable al exhorto propuesto por el grupo parlamentario del PRD, a la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, para que informe de las investigaciones por los femicidios y los desplazamientos forzados Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Por unanimidad, los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, exhortaron a la titular de la Fiscalía General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y al secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez, a informar al Poder Legislativo sobre las investigaciones de homicidios dolosos en contra de mujeres y feminicidios ocurridos en el año 2022 y lo que va de 2023, y sobre las acciones de acompañamiento que realizan con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, respectivamente.
Con las abstenciones de las morenistas Yessica Alejo Rayo y Angélica Espinoza García, el pleno aprobó por unanimidad, ya que no hubo ningún voto en contra, el exhorto leído por la diputada perredista Patricia Doroteo Calderón a nombre de la bancada del PRD.
A la Fiscalía General del Estado (FGE) le solicitaron que informe sobre las detenciones de autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, y las acciones de acompañamiento que realiza con los colectivos de búsqueda de desaparecidos.
En tribuna la perredista recordó que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero cerró el 2022 con mil 285 denuncias por lesiones contra mujeres, dos mil 886 casos de violencia familiar y 4 mil 336 llamadas de emergencia por distintos tipos de violencia de género.
Además de que hasta noviembre de 2022 ocurrieron 108 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales 12 fueron clasificados como feminicidios, ocurridos en Acapulco y Chilpancingo. Mientras que en los primeros días del año se reportó el asesinato de tres mujeres.
Destacó que si continuara esa tendencia se rebasaría “por mucho” los crímenes de mujeres de 2022 sean éstos o no feminicidios.
Mientras que, de las desapariciones de mujeres, Patricia Doroteo dijo que al 17 de diciembre de 2022 el número de casos llegó a 117, conforme a datos de la Asociación Familias de Acapulco en busca de sus Desaparecidos, A. C., pese a que desde el nuevo gobierno implementó el Protocolo Violeta, que reporta una efectividad del 94 por ciento.
La perredista señaló que en los últimos dos años se ha incrementado el número de mujeres desaparecidas “hasta el 16 de diciembre se tienen 250, de las cuales se localizaron 2 fallecidas y 148 con vida y las demás siguen desaparecidas”.
La solicitud a la fiscalía dijo es para conocer la información del seguimiento a estos casos y apuntó que “en la medida que disminuyan los grados de impunidad, recuperaremos la tranquilidad para las familias en Guerrero”.
En ese sentido, consideró importante exhortar a la fiscal que informe al Congreso de las investigaciones sobre estos delitos, y al secretario General de Gobierno sobre las acciones de acompañamiento que realiza con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
La sesión
También se leyó en la sesión la notificación de la llegada de un oficio del presidente municipal de San Miguel Totolapan Fredy Vásquez Palacios “por el que informa sobre la problemática relativa a los hechos ocurridos el día 22 de diciembre de 2022, en sus cuentas bancarias, así como en sus recursos financieros”.
No se conocieron detalles del documento pero se refieren al hackeo de cinco cuentas bancarias que tenía el Ayuntamiento en Citibanamex de las cuales les robaron 8 millones 747 mil 307 pesos a través de 26 transferencias hechas a desconocidos el pasado 22 de diciembre, según lo dado a conocer por el cabildo.
También se presentó una propuesta de punto de acuerdo del morenista Masedonio Mendoza para exhortar a la titular de la Secretaría de Cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo, a “que haga las gestiones pertinentes para el rescate del bien inmueble donde se hospedó el General Vicente Guerrero durante el proceso de Consumación de la Independencia Nacional, en 1821, en el municipio de Alcozauca”.
Colectivos de Chilpancingo en conferencia de prensa urgieron al Congreso de Guerrero la aprobación de la ley estatal en materia de desaparición de personas que entregaron para su discusión y en su caso aprobación en noviembre pasado. En la imagen, Hidery Guadalupe Jorge, Olga Mondragón, Carlos David Molina, Gemma Antúnez, María del Pilar Carbajal, Elianetad Alonso y María Luisa Garfias Foto: Jessica Torres Barrera
Colectivos de familiares de desaparecidos de Chilpancingo, Acapulco e Iguala demandaron al Congreso local aprobar la Ley estatal en materia de desaparición de personas, cuya iniciativa entregaron para su discusión, y en su caso aprobación, en noviembre pasado.
En conferencia de prensa en la capital, la presidenta del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez, denunció que han visto que de parte del Congreso local no hay interés por darle trámite a esa iniciativa, que trabajaron los diferentes colectivos del estado, y que de parte de la Secretaría de Gobierno no hay empatía con las víctimas.
Debe independizarse la Comisión Estatal de Búsqueda
Por otro lado, el representante del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, se pronunció por la independencia de organismos como la Comisión Estatal de Búsqueda, para la que pidió recursos suficientes a fin de que pueda desempeñar su trabajo eficazmente.
Algunos familiares de desaparecidos que participaron en la conferencia de prensa, expresaron que la iniciativa de ley que está archivada en el Congreso local, en caso de aprobarse, será una herramienta fundamental para la localización e identificación de sus familiares desaparecidos, así como para recibir los apoyos que por ley les corresponden.
Gema Antúnez exigió a los diputados locales, con quienes trabajaron los colectivos la iniciativa de ley, “que le den la importancia real que tiene el proyecto porque nuestros desaparecidos tienen derecho a ser buscados y lograr esclarecer la verdad de su desaparición”.
Informó que todos los colectivos de víctimas y organizaciones sociales tienen un objetivo común: que se apruebe la ley de desaparición de personas, en la que participó la Cruz Roja Internacional y algunos diputados de la actual legislatura.
Sin embargo dijo que aun con el gran equipo de trabajo, los familiares “vemos con gran tristeza que en el Congreso no hay ese interés porque este proyecto tenga resultados positivos”.
Explicó que el interés de los colectivos es que con esta ley las instituciones encargadas de apoyar a los familiares de las victimas tengan un mejor y mayor presupuesto, personal capacitado y que se busquen las estrategias para tener un banco de datos forenses, así como un sistema tecnológico informático para la investigación de personas desaparecidas y que realmente estén en la vanguardia e integrar un órgano de consejo ciudadano que esté vigilando los procesos de investigación y se mantengan informadas a las familias”.
Opinó que con ello se logrará que “este mal que aqueja a nuestro estado con tantas personas desaparecidas tenga mejores resultados”.
Informó que actualmente, de acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda, en los últimos cinco años hay tres mil 800 personas desaparecidas en el estado, pero la cifra solamente es de las personas que logran poner la denuncia, porque no hay una estadística real, pero hay muchas familias que no denuncian.
Dijo que, en concreto, quieren una atención jurídica especializada de personal con capacitación y con habilidades y destrezas para la búsqueda de personas, “y lograr la localización de nuestros familiares, así como un mayor presupuesto para la eficaz operación de estas áreas y un mejor control de los datos forenses”.
Denunció que actualmente hay saturación de cuerpos que ya tienen muchos años y que no han podido ser identificados por la carencia de presupuesto.
Por ello exigió que realmente el Congreso tome en serio el proyecto de ley para que se garanticen recursos para estos organismos.
David Molina, del Colectivo Lupita Rodríguez, dijo que desde el 2018 que entró en vigor la ley federal en materia de desaparición forzada, el Congreso de Guerrero no ha legislado en la materia, a pesar de que desde el 4 de noviembre los colectivos, con el acompañamiento de algunos diputados locales, presentaron la iniciativa.
Urgió que dicha iniciativa de ley se apruebe, pues en ella se establece la independencia de los organismos que apoyan a los familiares de los desaparecidos, como la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), así como la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) y el Servicio Médico Forense que actualmente dependen de diversas secretarías.
Se quejó que la Secretaría de Gobierno no ha tenido la empatía con los familiares de las víctimas “y no destina los recursos necesarios para la búsqueda efectiva, eficaz y con personal capacitado”.
Además denunció que hay una crisis forense a nivel nacional y que Guerrero no es la excepción, agregó que en el estado, mientras el Semefo dependa de la Secretaría de Salud y no tenga los recursos necesarios, no va a agilizar la identificación humana.
Opinó que para agilizar el trabajo esta instancia debe depender de la Secretaría de Gobierno, como en otros estados, donde estas instancias dependen de la Secretaria de Gobierno “o son realmente independientes”.
Llaman a Evelyn a entender la magnitud del problema
Por separado, integrantes del Colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, se quejaron que a cinco años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda no ha sido aprobada la ley local por parte de los diputados.
En conferencia de prensa en el atrio de la catedral de Cristo Rey, ubicada en avenida Universidad en Acapulco, la presidenta del colectivo, Emma Mora Liberato, dijo que es urgente una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para hacerle saber la magnitud del tema, y ejemplificó que la noche del martes para amanecer miércoles tres mujeres desaparecieron. “En ocasiones hay desapariciones de manera conjunta, es decir, que no solo desaparece una persona en ese momento sino hasta cinco”.
Indicó que en el grupo de respuesta inmediata, que se conformó el 24 de mayo del 2022, se hizo un corte de mayo al 9 de enero de este año donde se tienen registradas 209 personas desaparecidas en todo el estado, de las cuales fueron 149 localizadas vivas, dos muertos y donde el 80 por ciento de esa relación son mujeres entre los 19 y 25 años de edad.
Sobre la ley dijo que han hablado con los diputados, han hecho trabajo, los han hecho participe de lo que necesitan como familiares de personas desaparecidas “y que se necesita ser solventadas”.
Mora Liberato dijo que el dolor y sufrimiento de las familias en Guerrero “queremos ya un alto, que al menos tengamos ya otro dolor, de al menos saber dónde están. Uno de los temas que vienen dentro de la ley es saber y conocer quiénes son esas personas que están sin identidad en el panteón ministerial forense, en los semefos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, los de las fosas comunes, los que ha sido exhumados de las fosas clandestinas por diferentes colectivos y autoridades”.
La directora general del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz, criticó la “insensibilidad humana” y el desinterés de los diputados locales para legislar en materia de desaparición, luego de que en el periodo ordinario del Congreso local que concluyó este 15 de enero, no fue contemplada la iniciativa que fue elaborada por las organizaciones, y a cinco años de que a nivel nacional entró en vigor la Ley General de Desapariciones.
“A cinco años de la entrada en vigor de la Ley General, tristemente en Guerrero aún no se ha legislado en materia de desaparición, se cerró el periodo ordinario del Congreso y seguimos en el limbo”, dijo en declaraciones por teléfono la también vocera del colectivo en Iguala que aglutina a más de 500 familias de la región Norte que han sido víctimas de este delito
“Me duele ver la insensibilidad humana de las personas en el Congreso (diputados) que se supone están para impulsar iniciativas y que el pueblo sea favorecido y escuchado, y que se haga algo a favor del pueblo, pero tristemente volvemos a ver que nos dicen ‘pues no entró’”, declaró la directora de Los Otros Desaparecidos.
Destacó que como familiares de víctimas de desaparición les agobia y preocupa que nadie quiera darse cuenta de la situación que vive Guerrero, siendo uno de los estados más violentos, uno de los estados más pobres y uno en el que se han incrementado los casos de desaparición de personas (Karina Contreras, Zacarías Cervantes y Alejandro Guerrero).
Familiares de víctimas de violencia denunciaron en conferencia de prensa que el gobierno del estado marginó a los colectivos en la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, de la que informó la Secretaría de Gobierno el martes.
El padre del joven desaparecido en diciembre de 2012 Carlos Alberto González Arriaga, Carlos Alberto González Castro y Lamberto Castro de la Cruz padre del joven asesinado en julio de 2016 Kevin Castro Domínguez, denunciaron la falta de apoyo de las autoridades para la localización de sus familiares desaparecidos y el incumplimiento de la ayuda comprometida por el gobierno estatal para los familiares de las víctimas.
El martes la Secretaría de Gobierno informó en un boletín la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas con el propósito de “impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participen en la búsqueda, localización e identificación de personas”.
La Secretaría de Gobierno emitió ese día la convocatoria con la finalidad de dar a conocer las bases de la consulta pública para designar a la persona que será titular, en acatamiento a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Carlos Alberto González y Lamberto Castro se quejaron de que los colectivos fueron excluidos del procedimiento para la integración de la comisión, y que con la convocatoria sólo se pretende que avalen las decisiones que ya se han tomado en la Secretaría de Gobierno.
Lamberto Castro dijo que el gobierno estatal no está otorgando ninguna concesión ni beneficio a las víctimas y sus familiares, puesto que la creación de esa comisión está establecida en la Ley General de Desaparición Forzada y es un mandato de la Secretaría de Gobernación (Segob), para que quede en este mes de abril en todos los estados.
Demandó que el gobierno del estado abra el procedimiento a los familiares de las víctimas para que participen con propuestas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas realmente funcione.
Exigió que las autoridades pongan mayor atención a las víctimas y sus familiares, “ya basta de tanta impunidad”.
Denunció que el Colectivo de Chilpancingo se siente realmente agraviado por la falta de atención.
Agregó que el 7 de marzo pasado en una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, el subsecretario de Gobernación Rafael Avante, el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos y el secretario de Educación, José Luis González de la Vega se hizo el compromiso de dar atención médica a los familiares de las víctimas y becas a los hijos de éstas, pero ninguno de los apoyos anunciados se ha cumplido.
Lamberto Castro dijo que hay 80 familiares, sobre todo madres e hijos de víctimas de la violencia que necesitan atención médica, pero el secretario de Salud no ha cumplido con atenderlos.
Informó que tampoco se han autorizado las 90 becas para hijos de víctimas de desaparecidos y asesinados.
Carlos Alberto González denunció que el gobierno no ha dado seguimiento a la investigación para la localización de su hijo, Carlos Alberto González Arriaga, quien fue secuestrado el 29 de diciembre del 2012 cerca de Taxco por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Informó que a pesar de que ya hay detenidos después de seis años no se ha logrado saber en dónde está su hijo.
Informó que le ha pedido ayuda al gobernador Héctor Astudillo, “pero parece que la virgen le habla”. Mencionó que le ha dicho que el caso ocurrió en otra administración, pero le recordó que los problemas son interinstitucionales y que si no los resuelve una administración debe hacerlo la que sigue.
Lamberto Castro advirtió que si sigue la falta de atención del gobierno estatal los integrantes del Colectivo Chilpancingo realizarán otras acciones.
Se emite la convocatoria dirigida a colectivos de víctimas, familiares de desaparecidos y expertos
El gobierno del estado emitió este martes la convocatoria para designar al titular de la nueva Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, dirigida a colectivos de víctimas, familiares de desaparecidos y expertos.
La representante del Colectivo de Desaparecidos y Asesinados en Chilpancingo, María Guadalupe Rodríguez Narciso dijo que dudan de la creación, por lo que se espera que sean tomados en cuenta los colectivos.
Dijo que no han sido informados o invitados a participar en la convocatoria, pero estarán al tanto del procedimiento para determinar al titular.
Criticó que las autoridades traten de “lavarse las manos” con estas acciones en lugar de cumplir su trabajo de búsqueda, de mejorar las circunstancias de los semefos que fueron descubiertas a raíz de la caravana de principios del año.
Consideró necesario fortalecer otras áreas como la base de datos de los cuerpos en el Servicio Médico Forense (Semefo), además de agilizar las investigaciones en la Fiscalía General del Estado.
En un boletín de prensa se dio a conocer que “con el propósito de impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participen en la búsqueda, localización e identificación de personas, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores creó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas”.
Por ello la Secretaría General de Gobierno en cumplimiento a la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas emitió la convocatoria pública para dar a conocer las bases de la consulta pública, para designar al titular de la comisión.
Esta consulta está dirigida a colectivos de víctimas, familiares de desaparecidos, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en desaparición forzada de personas. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).
Cuarenta minutos después de las 5 de la tarde, 10 padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se presentaron en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, para dialogar con el titular, Guillermo Orozco Loreto, sobre la agresión de policías de la capital a alumnos de la Normal al mediodía de este martes, cerca de la residencia oficial de Los Pinos, donde seis estudiantes resultaron heridos.
Como estaba programado, después de las 11 de la mañana se llevaba a cabo una concentración como parte de la cuadragésima tercera Acción Global por Ayotzinapa, Jornada de Lucha en el Corazón 43×43, a 43 meses de la desaparición forzada de los estudiantes, que se cumplen el 26 de abril.
El contingente de padres, madres y estudiantes de Ayotzinapa arribó a la calzada Chivatito, para manifestarse frente a Los Pinos, pero policías de la capital les cerraron el paso.
Ahí, sin poder avanzar, los padres expresaron su inconformidad ante el incumplimiento en la indagación de las cuatro líneas de investigación establecidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y exigieron una audiencia con el presidente, Enrique Peña Nieto.
Asimismo, reiteraron su preocupación de que, a pocos meses de que termine el sexenio, no hay avances en la investigación del caso.
Casi de inmediato, los policías capitalinos atacaron a estudiantes que llevaban el rostro cubierto. De acuerdo con el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, la policía intentó replegarlos. Los estudiantes lanzaron cohetones, que dañaron el chasis de un camión de la policía.
Los manifestantes se retiraron del lugar, hacia el Antimonumento a los 43, ubicado en el cruce de Reforma y Bucareli, en el centro de la ciudad, para clausurar el mitin.
Al finalizar, fueron seguidos por policías que, de acuerdo con Vidulfo Rosales, intentaron encapsularlos en el cruce de la avenida Insurgentes y la calle Antonio Caso, donde se encuentra el edificio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), lugar donde pernoctarían.
El edificio del SME fue rodeado por unos 400 policías. Estuvieron en el lugar miembros de la Brigada Humanitaria Marabunta, organización no gubernamental que acompaña en las marchas y cuyos miembros fungen como observadores de derechos humanos y mediadores con autoridades.
El director de la Brigada, Miguel Barrera, explicó que el enfrentamiento pudo haber sido provocado cuando los estudiantes confundieron a los policías capitalinos con federales. También indicó que la Brigada trabajó para llegar a un acuerdo pacífico entre policías y manifestantes.
Vidulfo Rosales informó que seis estudiantes de la Normal Rural fueron heridos durante la agresión, y comentó que los padres están extrañados de que la policía de la Ciudad de México se encontrara resguardando el camino a Los Pinos, de que atacara a la marcha y que rodeara el edificio donde se encontraban los manifestantes al finalizar el mitin.
“Nosotros habíamos llegado a un acuerdo con Patricia Mercado (ex secretaria de Gobierno). Fuimos claros en esto, que nosotros nos manifestamos en contra del orden federal, no contra el de la Ciudad de México. Habíamos acordado que se nos permitiera manifestarnos libremente, y que la policía realizaría labores de acompañamiento”, indicó.
Sin embargo, ahora es Guillermo Orozco Loreto el secretario de Gobierno. El abogado de los padres considera que, por este motivo las condiciones, cambiaron.
Ayer en la tarde, padres y madres de Ayotzinapa emitieron un comunicado para advertir que la policía había cercado el edificio del SME y temían que pudieran ser detenidos, tanto padres como dirigentes estudiantiles.
Vidulfo Rosales sólo confirmó a El Sur que se mantendrán las acciones previstas para el miércoles, frente a la Secretaría de Gobernación.
El 26 llegaremos al Zócalo
El Sur buscó a Orozco Loreto en sus oficinas del Zócalo, pero no hubo respuesta. No obstante, poco antes de las 6 de la tarde, un pequeño contingente de padres y madres, acompañados por su vocero, Felipe de la Cruz, ingresó a las oficinas del secretario de Gobierno.
Alrededor de las 10 de la noche, De la Cruz comentó a El Sur que en el encuentro con Orozco Loreto, “le hicimos el reclamo de por qué rodearon el edificio del SME”.
Contó que el funcionario les dijo que mientras las marchas sean pacíficas no habrá problema. “Y hasta ahora ha habido conatos de violencia solamente”, dijo el portavoz.
Pero la principal finalidad de padres y madres era hablar sobre la actividad programada para el 26 de abril, una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo.
De acuerdo con De la Cruz, el secretario de Gobierno “no se puso renuente” y se comprometió a brindar facilidades y apoyo para que los manifestantes culminen la cuadragésima tercera Acción Global por Ayotzinapa, Jornada de Lucha en el Corazón 43×43, en la plaza de la Constitución.
“Tenemos que llegar, es una fecha simbólica, son los 43 meses de la desaparición de los 43 estudiantes”, dijo De la Cruz, “nos pusimos esa meta y vamos a llegar”.
El titular de la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero (Propeg), José Pérez Victoriano informó que el Ayuntamiento de Acapulco, que encabeza el alcalde perredista Evodio Velázquez Aguirre, se resiste a retirar las calandrias jaladas por caballos en la avenida Costera, pese a que la Ley de Bienestar Animal lo marca, porque se quitaría un atractivo turístico.
Consultado al finalizar el acto de arranque de la Semana Nacional de Vacunación Canina y Felina 2017, el procurador manifestó que, “el alcalde de Acapulco ha externado que sería quitar un atractivo turístico que tiene más de medio siglo en Acapulco”.
Pérez Victoriano dijo que se busca que no haya maltrato animal y que los caballos sean remplazados lo más pronto posible, y aseguró que hay una resistencia de los concesionarios y del Ayuntamiento de Acapulco, lo que dificulta el proceso de remplazo.
El titular de la Propeg indicó que enviaron un oficio a los dueños de las calandrias, en el que se les pide remplazar a los equinos con otro tipo de atracción, conforme lo marca la Ley de Bienestar Animal. Explicó que son 56 concesiones de calandrias, y que son utilizados unos 100 caballos.
Aseveró que a los concesionarios se les está buscando una alternativa para que cambien a los caballos, “la ley establece eso (cambio de los animales), es una exigencia, los concesionarios deberán de acatar al mandato”.
José Pérez Victoriano dijo que hay cuatro concesionarios que no viven en Guerrero, y que se les complica buscarlos, aunque aseguró que están atendiendo el problema, “no se está abandonado el tema de las calandrias”.
Manifestó que hay 10 o 12 municipios que han trabajado en la Ley de Bienestar Animal y lamentó que no es un tema al que las autoridades municipales le hayan dado la relevancia e importancia debida; “algunos cabildos no han aprobado esta iniciativa para tener estos ordenamientos vigentes”, indicó el titular.
Comentó que la Propeg sólo cuenta con seis inspectores para todo el estado, y este año no les otorgaron presupuesto para inspecciones de maltrato animal.
Además, el titular de la Propeg indicó que la Ley tiene algunas deficiencias, por lo que ya emitió algunas propuestas a la Secretaría de Gobierno para que actúe mejor.
Habitantes de Ahuetlixpa, municipio de Mártir de Cuilapan, cumplieron este martes 23 días con el acceso a su comunidad bloqueado por comuneros de San Francisco Ozomatlán, Huitzuco, a raíz de un conflicto agrario; mientras que el gobierno del estado citó ayer a una reunión a las partes confrontadas, que siguen sin llegar a acuerdos.
La reunión fue a puerta cerrada en la Secretaría de Gobierno; consultado al final de la reunión, el subsecretario de Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel no quiso dar detalles del encuentro, argumentando que, “ya estamos avanzando en el diálogo, pero si damos a conocer los avances se podrían echar a perder los acuerdos”.
Sin embargo, asistentes al encuentro aseguraron que el conflicto sigue igual y que no existen posibilidades de solución a corto plazo, debido a que las dos partes se encuentran cerradas en sus posturas.
Mientras tanto, los casi 400 habitantes de Ahuetlixpa siguen con su carretera bloqueada desde el 22 de mayo por los comuneros de San Francisco Ozomatlán, quienes reclaman más de 600 hectáreas de tierras que, según ellos, tienen los comuneros de San Juan Totolcintla, núcleo agrario del que es anexo Ahuetlixpa.
Según el comisario de Totolcintla, no son 600 hectáreas de tierras las que están en conflicto, sino 89, mismas que reconoce que tienen en posesión, pero porque han sido trabajadas por sus antepasados, aunque ahora se las reclaman sus vecinos de Ozomatlán.
El 13 de junio, el comisariado de Bienes Comunales de Totolcintla, Melquiades García Ríos, el comisario municipal Santiago Méndez Leyva y el comisario de Ahuetlixpa, Juan Cabrera Nájera, enviaron un oficio al gobernador Héctor Astudillo Flores, a quien le solicitan que mientras se resuelve el conflicto, les done una lancha para cruzar el río para “ya no pasar en medio del pueblo de San Francisco Ozomatlán, porque nos resulta incómodo”.
También le piden una camioneta para transportarse de la orilla del río a Totolcintla, y víveres, agua embotellada y medicamentos para la sobrevivencia de los habitantes de Ahuetlixpa”.
Las autoridades de la comunidad explican en su documento que, “nuestros vecinos de San Francisco Ozomatlán, en un principio nos demandaron y nos culparon de robarles tierras que, según ellos les corresponde, y propusieron cotejar documentos, y así lo aceptamos en el Tribunal Agrario 51 de Iguala”.
Sin embargo, agregan que, después de más de tres años el mismo Tribunal comprobó, “que son ellos los que habían parcelado nuestras tierras a sabiendas que no eran suyas”.
En el documento añaden que después de esa declaratoria de un perito en topografía, San Francisco Ozomatlán no acepta los resultados del Tribunal, y que, “como no lograron su pretensión, para chantajear al Tribunal Agrario desde el 22 de mayo bloquearon el único camino de acceso del pueblo anexo de Ahuetlixpa”.
En la reunión de ayer en la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, tanto el núcleo agrario de San Francisco Ozomatlán como el de San Juan Totolcintla se mantuvieron en sus posturas; el primer pueblo no liberará el paso hacia a Ahuetlixpa, y el segundo no retirará el cerco de 10 de las 89 hectáreas que están en conflicto.
