La Dirección General de Derechos Humanos, dependiente de de la Subsecretaría de Gobierno, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la General del Gobierno, acéfala hace dos meses tras la salida de Miguel Flores Morales, actual delegado del Registro Agrario Nacional(RAN), fue ocupada el martes por Juan Carlos Castañón Arcos.
De acuerdo con un mensaje en redes sociales, la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Anacleta López Vega, dio posesión al nuevo director en su oficina y lo presentó al personal este martes 7 de enero.
Su cargo es designado directamente por la titular del poder Ejecutivo del estado.
El nuevo director es parte de la estructura de gobierno del estado desde hace 12 años. De acuerdo con su currículum, de 2017 a 2024, fue director general de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos de la subsecretaría de Gobierno, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, un área creada en 1996 para atender oportunamente los asuntos de esta materia.
Pero de octubre 2019 a abril 2020, fue encargado de la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. También fue Jefe de Departamento de Atención a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos SGG de 2012 a 2017. (Lourdes Chávez /?Chilpan-cingo).
Para el gobierno del estado, la Feria de Chilpancingo no se ha cancelado porque el Ayuntamiento que preside Gustavo Alarcón no se los ha notificado, declaró el subsecretario de Asuntos Políticos y Gobernación de la Secretaría de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros.
Mientras tanto, subrayó que la seguridad está garantizada para los asistentes y los comerciantes con la presencia de efectivos de los tres niveles de gobierno.
El pasado miércoles, un día después del asesinato del presidente del Patronato de la Feria, Martín Roberto Ramírez Ruiz, y de su colaborador José Vidal Nava, el director de Gobernación municipal, Iván Gervasio, informó a los comerciantes y locatarios instalados en el recinto ferial que por la inseguridad se cancelarían la presentación de artistas en el Teatro del Pueblo, los jaripeos en la plaza de toros y la venta de bebidas alcohólicas, además de que no se instalaron juegos mecánicos.
Entrevistado en el Congreso local, Rodríguez dijo que “la Feria se está realizando” y que hay un dispositivo de los gobiernos estatal y federal y presencia permanente de la Fiscalía General del Estado (FGE), “y todos están no solamente en las instalaciones de la Feria, sino también en toda la ciudad se han instalado filtros, se han estado ha-ciendo operativos especiales con la finalidad de garantizar la seguridad de todos los que vivimos aquí y de quienes nos visitan”.
Rodríguez Cisneros explicó que la cancelación de la Feria es competencia del Ayuntamiento y del Patronato, y que hasta ayer no se le ha informado al gobierno estatal de que se haya cancelado. Afirmó que el gobierno del estado mantiene una “comunicación permanente” con el alcalde Gustavo Alarcón Herrera, para garantizar la gobernabilidad y la seguridad de la capital.
“Hemos dialogado con el alcalde, tenemos una comunicación de manera permanente, y sobre todo ahora con este motivo de la segu-ridad… él acude a la Mesa Regional (para la Construcción de la Paz) y nosotros estamos en la Estatal”.
Rodríguez Cisneros mencionó que después del asesinato de Ramírez Ruiz, se reforzó la seguridad en las instalaciones de la Feria con “binomios caninos” para impedir el ingreso de personas armadas, o algún tipo de droga, y se hace un recorrido permanente.
A pregunta de si el retiro de artistas que se presentarían en el Teatro del Pueblo, de juegos mecánicos, sin venta de alcohol y sin jaripeo y sin comerciantes no es la cancelación de la feria, Rodríguez Cisneros sostuvo: “La Feria se está realizando, es lo que me comenta el señor presidente (municipal), esta mañana hablé con él y me dijo que se está realizando la Feria”.
Sobre las investigaciones del asesinato del presidente del Patro-nato y su colaborador, el funcionario afirmó que eso es competencia de la Fiscalía General del Estado.
El subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, declaró a reporteros que el Ayuntamiento de Gustavo Alarcón no le ha notificado que se haya cancelado la Feria de Navidad y Año Nuevo y que se mantienen los operativos de seguridad de parte de fuerzas estatales y federales para garantizar la seguridad de los asistentes. En la imagen, un vacío Teatro del Pueblo en el recinto ferial Foto: Jessica Torres Barrera
No han sido notificados de que se canceló
la feria, dice el subsecretario Rodríguez
El gobierno del estado garantiza la seguridad de los asistentes, dice Francisco Rodríguez Cisneros
José Miguel Sánchez
Chilpancingo
Para el gobierno del estado, la Feria de Chilpancingo no se ha cancelado porque el Ayuntamiento que preside Gustavo Alarcón no se los ha notificado, declaró el subsecretario de Asuntos Políticos y Gobernación de la Secretaría de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros.
Mientras tanto, subrayó que la seguridad está garantizada para los asistentes y los comerciantes con la presencia de efectivos de los tres niveles de gobierno.
El pasado miércoles, un día después del asesinato del presidente del Patronato de la Feria, Martín Roberto Ramírez Ruiz, y de su colaborador José Vidal Nava, el director de Gobernación municipal, Iván Gervasio, informó a los comerciantes y locatarios instalados en el recinto ferial que por la inseguridad se cancelarían la presentación de artistas en el Teatro del Pueblo, los jaripeos en la plaza de toros y la venta de bebidas alcohólicas, además de que no se instalaron juegos mecánicos.
Entrevistado en el Congreso local, Rodríguez dijo que “la Feria se está realizando” y que hay un dispositivo de los gobiernos estatal y federal y presencia permanente de la Fiscalía General del Estado (FGE), “y todos están no solamente en las instalaciones de la Feria, sino también en toda la ciudad se han instalado filtros, se han estado ha-ciendo operativos especiales con la finalidad de garantizar la seguridad de todos los que vivimos aquí y de quienes nos visitan”.
Rodríguez Cisneros explicó que la cancelación de la Feria es competencia del Ayuntamiento y del Patronato, y que hasta ayer no se le ha informado al gobierno estatal de que se haya cancelado. Afirmó que el gobierno del estado mantiene una “comunicación permanente” con el alcalde Gustavo Alarcón Herrera, para garantizar la gobernabilidad y la seguridad de la capital.
“Hemos dialogado con el alcalde, tenemos una comunicación de manera permanente, y sobre todo ahora con este motivo de la segu-ridad… él acude a la Mesa Regional (para la Construcción de la Paz) y nosotros estamos en la Estatal”.
Rodríguez Cisneros mencionó que después del asesinato de Ramírez Ruiz, se reforzó la seguridad en las instalaciones de la Feria con “binomios caninos” para impedir el ingreso de personas armadas, o algún tipo de droga, y se hace un recorrido permanente.
A pregunta de si el retiro de artistas que se presentarían en el Teatro del Pueblo, de juegos mecánicos, sin venta de alcohol y sin jaripeo y sin comerciantes no es la cancelación de la feria, Rodríguez Cisneros sostuvo: “La Feria se está realizando, es lo que me comenta el señor presidente (municipal), esta mañana hablé con él y me dijo que se está realizando la Feria”.
Sobre las investigaciones del asesinato del presidente del Patro-nato y su colaborador, el funcionario afirmó que eso es competencia de la Fiscalía General del Estado.
La encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta Lo?pez Vega se despide entre bromas y sonrisas de los diputados del PRI, Alejandro Bravo Abarca, Pilar Vadillo Ruiz, Jesu?s Parra García, Beatriz Ve?lez Nu?n?ez y la panista María Irene Montiel Servín, a su salida del pleno del Congreso local a donde fue a comparecer como parte de glosa del tercer informe de gobierno Foto: Jesu?s Eduardo Guerrero
José Miguel Sánchez
Chilpancingo
Sin datos precisos y sin responder a fondo las preguntas de algunos diputados, la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, compareció ante el Congreso del Estado como parte de la glosa del tercer informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Con la presencia de 35 diputados, a las 11:49 de la mañana, inició la sesión de comparecencia de la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, la cual duró casi tres, en los que los cuestionamientos de los legisladores se centraron en cómo atienden las manifestaciones de afectados por John, la situación de violencia que prevalece en la entidad y el presupuesto ejercido este 2024.
“Hay gobernabilidad en Guerrero”
Al inicio de la comparecencia, López Vega presentó un resumen en el que, sin dar datos precisos, habló sobre la atención del gobierno estatal durante y después de las emergencias ocasionadas, primero, por el huracán Otis, en 2023, y John este 2024, así como la atención a diversas problemáticas en materia de derechos humanos, agrarias y políticas.
“Durante 11 meses el gobierno del estado trabajó intensamente para recuperar Acapulco, Coyuca de Benítez y comunidades de estos municipios, aunque la respuesta inmediata, y los trabajos de recuperación fueron de manera inmediata, la reconstrucción total llevará tiempo y requerirá un compromiso sostenido y sin haber terminado la reconstrucción por el Otis, Guerrero enfrentó el huracán John que tocó tierra en Marquelia el 23 de septiembre del 2024; este fenómeno provocó por cinco días lluvias intensas que superaron los precedentes en el estado y dejó graves afectaciones”, mencionó López Vega.
Al hablar de los apoyos otorgados, rescate de personas y habilitación de refugios temporales, López Vega no dio datos ni cifras concretas, de manera general mencionó que se apoyó a la población en conjunto con el gobierno federal y el Ejército.
Mencionó que “la Secretaría General de Gobierno, organizada mediante tres subsecretarías, que trabajan de manera articulada para garantizar la gobernabilidad en Guerrero”, las cuales atienden los temas de política interna, manifestaciones y derechos humanos.
Realizan censo para identificar desplazamientos forzados
En la ronda de las participaciones, la priista Pilar Vadillo preguntó sobre las acciones de la Secretaría General de Gobierno para garantizar los derechos de las personas desplazadas, si hay un registro, dónde se puede consultar y si además hay acciones de prevención. La funcionaría mencionó que el gobierno estatal se enfrentan a algunos grupos criminales, como la Familia michoacana, Los Rodríguez y Los Rusos, sin dar a conocer más detalles.
Sobre las personas desplazadas por la violencia, mencionó que ya se realiza un censo en la entidad para identificar el número de víctimas de desplazamiento forzado y tienen detectados casos específicos en los municipios de Leonardo Bravo, Zitlala y Heliodoro Castillo.
Vadillo Ruiz, en su participación, también criticó que en el informe, no se justificaba el presupuesto ejercido en el periodo señalado, y que más del 90 por ciento de su contenido, fueran acciones realizadas por el gobierno federal.
Ante estos cuestionamientos, López Vega se limitó a decir que le haría llegar a la diputada la información solicitada.
Critica MC el desempeño de López Vega
Otro de los cuestionamientos más repetidos fue el de cómo se atienden a los manifestantes que bloquean calles y carreteras en exigencia de apoyos después de ser afectados por el huracán John.
La emecista Erika Lührs Cortés, expuso: “al momento de hacer estas preguntas hay dos protestas, una Chilpancingo por parte de docentes y otra en Acapulco por afectados del huracán John”. López Vega aseguró que sí se atiende y que la dependencia a su cargo funciona como intermediaria ante el gobierno federal.
Lührs Cortés, en su intervención, mencionó que a López Vega “le queda corto el cargo de encargada de despacho, tomando en cuenta su desempeño, trayectoria y calidad como persona”.
López Vega agregó que en el último año en Guerrero se han atendido mil 300 protestas que indicó en su informe, pero no especificó de qué rubro eran ni cuántas lograron solucionar.
Sobre las protestas, la diputada Lührs Cortés también cuestionó cómo se solucionan. La funcionaria estatal respondió: “Para dar de manera sucinta una respuesta sobre mil 300 manifestaciones que se indican en el desglose, le damos un tratamiento y seguimiento y solución otorgada a cada una de ellas, unas entre las que se consideran no son de nuestra competencia, tenemos todo el informe de los acuerdo a los que se ha llegado en cada uno de los asuntos atendidos y las razones por las cuales otras no se han atendido y las mesas trabajo que han permitido la desactivación de las acciones de protesta, tenemos todas esas acciones y toda la relación de aquellos asuntos que se han desactivado y están en tránsito”, y se comprometió a entregarle los datos concretos a la diputada.
Respecto a la violencia de género, López Vega mencionó el seguimiento a dos alertas decretadas desde 2017 y detalló la localización de 228 personas en protocolos de búsqueda durante el último año, a partir de trabajos iniciados por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).
“Se aprendió de Otis para evitar saqueos por John”
El diputado del PRD, Robell Urióstegui Patiño, mencionó que en el informe hay aspectos “que han quedado sin atención o han sido omitidos en su informe, los cuales afectan de manera directa el desempeño de la administración pública, la gobernabilidad y los esfuerzos por la construcción de la paz en Guerrero”.
Uno de los puntos que mencionó preocupante es la falta de coordinación en la preservación de la seguridad pública y el control de los saqueos ocurridos después del paso del huracán Otis.
“Si bien se reportaron esfuerzos de asistencia humanitaria, no se menciona el papel que la Secretaría General de Gobierno debió desempeñar en los primeros momentos posteriores al desastre, en los que el orden social y la protección del patrimonio debieron ser de alta prioridad como sí ocurrió tras impacto del huracán John”, dijo Urióstegui Patiño.
López Vega defendió que sí hay coordinación y que además el caso de Otis ayudó a que durante John hubiera protocolos más efectivos.
El morenista Héctor Suárez Basurto llamó a todos los funcionarios a respetar los principios de la Cuarta transformación, porque aseguró que hay quienes no atienden de manera adecuada las demandas de la población.
Suárez Basurto preguntó a López Vega sobre los principales desafíos y estrategias de la dependencia para garantizar la integridad de defensores sociales y periodistas. La funcionara estatal respondió que el acompañamiento a 12 periodistas y cuatro defensores de derechos humanos que solicitaron apoyo estatal, pero no abundó el porqué ni de qué regiones.
Suárez Basurto también cuestionó sobre qué acciones se deberían de aplicar para abonar a la paz. López Vega indicó que se requerirán planes a mediano y largo plazo, un reforzamiento de la seguridad, y estrategias que incluyeran la participación ciudadana, así como el diseño de políticas para prevenir y que atendieran las causas que originan la violencia.
“Se contribuyó a garantizar derechos humanos”
En su intervención, la encargada de despacho resaltó que la política interna desarrollada en estos tres años del gobierno Evelyn Salgado Pineda fue la de contribuir de manera integral para garantizar los derechos humanos, y atender “de manera extraordinaria la vida, la salud y las necesidades básicas de las y los guerrerenses”. Agregó que el tercer informe se centra en la gobernabilidad, seguridad pública, justicia social y desarrollo comunitario.
“Los datos presentados subrayan el trabajo coordinado de esta Secretaría con instituciones locales, nacionales e internacionales, asociaciones civiles y la población en general, en una sinergia que ha permitido responder de manera ágil y eficaz a las demandas y problemáticas de Guerrero. Este esfuerzo conjunto representa un avance sustancial en la construcción de un estado más seguro, justo y en paz”, sostuvo la funcionaria.
La sensión solemne en la Sala de Cabildo Juan R. Escudero, en donde la presidenta Abelina López Rodríguez, entregó su tercer informe de gobierno Foto: Carlos Carbajal
Karina Contreras
En la última sesión de Cabildo que fue pública y solemne, la alcaldesa Abelina López Rodríguez dio ante Cabildo su tercer informe de gobierno en donde dijo que al hacer un balance decir que todo está resuelto sería engañarse, pero de lo que sí puede estar seguro el pueblo de Acapulco es que “no le robe un solo peso”.
López Rodríguez reiteró cada una de las deudas que recibió durante su gobierno como las de la CFE, ISSSPEG y SAT, entre otras. Agregó que en suma recibió un municipio de los más endeudados del país y al finalizar su administración lo tiene entre los menos endeudados en el país.
Agregó que apenas había pasado el huracán Otis y debido a la corrupción le fueron embargados los recursos federales de las obras, cuando la ley fiscal dice que no se puede, y por que todo se puede en Guerrero y subrayó: “Por eso estoy de acuerdo en la reforma judicial, porque es esa corrupción la que no deja avanzar”.
De acuerdo con la alcaldesa, ahora la deuda la redujo a 315.5 millones de pesos, adicionalmente, los 800 millones de deuda de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).
Por otra parte reconoció el trabajo de los regidores de quienes dijo: “Abrazo su honradez, ustedes estuvieron a la altura de las circunstancias, aquí no hubo moches, aquí no hubo nada, aquí hubo un cariño para este pueblo”.
La alcaldesa reconoció que se retrocedió luego del impacto del huracán Otis en octubre pasado, y marcó una gran agenda por lo que se tienen que ajustar a la nueva dimensión y crear reformas a los reglamentos por lo que los nuevos desarrollos tiene que ir acompañados con el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET).
López Rodríguez dijo que acepta las críticas, que lo que se ha hecho no es suficiente y se tiene que seguir avanzando, pero también los acapulqueños tienen que cambiar y “necesitamos amar a esta ciudad”. Manifestó a los regidores que han sentado las bases de una sólida administración y “seguiremos trabajando hasta el último minuto de esta administración y desde el primer minuto de la siguiente gestión”.
“Agradezco a todas y todos su acompañamiento, Acapulco nos sigue necesitando. Somos parte de este engranaje del trabajo realizado y, ustedes mi honorable Cabildo, estoy satisfecha y orgullosa que se entregaron en cuerpo y alma”.
Al acto solemne, en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, acudió la encargada de la Secretaría de Gobierno, Anacleta López Vega, quien dijo que en estos tres años Acapulco ha presentado desafíos sin precedentes como el Covid y problemas estructurales de seguridad, empleo y desarrollo urbano.
Agregó que han sido testigos de un gran esfuerzo en conjunto para garantizar la estabilidad y la paz de los acapulqueños y manifestó que la gobernadora “reconoce y valora profundamente el trabajo realizado por la presidenta municipal, por este honorable Cabildo y por todas las personas que día a día contribuyen con su esfuerzo para mejorar la vida de nuestros ciudadanos”.
Es evidente que en Acapulco se han hecho importantes acciones en material de infraestructura y servicios públicos, en turismo y apoyo a sectores vulnerables. Dijo que el gobierno del estado reiteraba el compromiso de continuar trabajando de la mano del gobierno municipal y sumando esfuerzos para enfrentar los desafíos que aún persisten como la seguridad, la justicia y el desarrollo económico sostenible y la inclusión social.
La funcionaria estatal indicó que hoy más que nunca se debe recordar que el futuro de Acapulco se construye con unidad, trabajo y compromiso y que la transformación que se busca requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad y “juntos podemos construir un Acapulco más justo, más seguro para las próximas generaciones”.
Durante la sesión solemne que se desarrolló en la sala de Cabildo del Ayuntamiento del parque Papagayo, los regidores de las fracciones dieron su posicionamiento sobre el tercer informe de gobierno donde no se dio la crítica y nada más se le felicitó.
La primera fue la representante de la fracción de Morena, Damaris Ruano Lucena, quien manifestó que la alcaldesa Abelina López ha estado bajo el ataque intenso de los opositores a la Cuarta Transformación, pero más de esas opiniones, dijo que ellos no pueden más que reconocer los avances y logros que el gobierno municipal ha alcanzado.
Destacó el saneamiento en las finanzas municipales, las cuales se venían arrastrando desde hace varias administraciones con adeudos con la federación y el estado, lo que “impedía que el gobierno municipal tuviera capacidad de acción”. Añadió: “Gracias a la pericia, inteligencia y capacidad de negociación de Abelina López hoy nuestro gobierno municipal está mucho menos endeudados y con finanzas mucho más sanas como no se habían tenido jamás”.
La regidora del PRI, Jeanett Vergara Valencia, también reconoció el manejo de las finanzas por parte de la alcaldesa Abelina López que ayudó a pagar puntualmente las quincenas y pagar por adelantado parte del aguinaldo. Dijo que reconocían el compromiso que tuvo al enfrentar las deudas que heredó y los problemas como la basura que tenía la alerta sanitaria.
El regidor de Movimiento Ciudadano, Edel Arcos Pichardo, manifestó que en la actual administración no se trabajó para unas cuantas personas, sino para el beneficio de las y los acapulqueños. La regidora independiente Judith Luna Nava dijo que reconocía el enfásis de la alcaldesa en el manejo de las finanzas que fueron con “transparencia y honestidad, apegándose a los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Se confirmaron las versiones publicadas en estas páginas y ayer la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, tomó protesta como
La encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, posa con Francisco Rodríguez Cisneros mostrando el oficio de nombramiento como subsecretario de Desarrollo Político y Social Foto: Gobierno del estado
a Francisco Rodríguez Cisneros, quien se desempeñaba como director general de Gobernación de la dependencia.
Rodríguez, viejo colaborador de Félix Salgado Macedonio, con quien trabajó cuando éste fue alcalde de Acapulco en el trienio 2005–2008, sustituye a Oscar Chávez Rendón, quien de acuerdo con fuentes de esa dependencia fue presionado por el mismo senador y padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que dejara el cargo.
Aunque la Secretaría de Gobierno sólo dio a conocer el nombramiento de Rodríguez Cisneros mediante un boletín de dos párrafos y una fotografía, fuentes informaron que en la Dirección de Gobernación fue designado Juan Méndez Nogueda, quien era delegado de Gobierno en la Costa Grande.
En el boletín de prensa de la dependencia se informó que “con la representación de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, tomó protesta a Francisco Rodríguez Cisneros como Subsecretario de Desarrollo Político y Social de esta dependencia”.
Agrega el comunicado que “durante el acto, López Vega conminó al funcionario a guardar y hacer guardar la Constitución Política del Estado y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes de su nuevo encargo, así como conducirse bajo los principios de transformación y honorabilidad que la sociedad guerrerense demanda.”
Otro cambio que ya se había adelantado también en estas páginas, pero del que no se informó, fue el del delegado de Gobierno en la zona Centro, Raúl Suárez Martínez, quien fue sustituido por Rafael Julián Arcos, quien se desempeñaba como director de Negociaciones de la misma Secretaría.
El cambio de funcionario en ésta área se dio a las 3:30 de la tarde de ayer, según informaron las fuentes.
Otro de los funcionarios relevados es Juan Organista, quien se desempeñaba como director de Concertación Social y quien forma parte del grupo político de Oscar Chávez Rendón. En su lugar fue designado Mario Robles Domínguez, primo de la diputada local con licencia Yoloczin Domínguez Serna, actual candidata a diputada federal por Morena en el distrito 02 de la zona suburbana y rural de Acapulco.
De manera extraoficial se informó asimismo que López Vega será ratificada como secretaria general de Gobierno.
Rodríguez Cisneros y Rafael Julián Arcos forman parte del grupo del ex secretario Ludwig Marcial Reynoso Núñez, quien renunció el 14 de marzo, junto con el secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, después del asesinato del estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta. Ese mismo día la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, también anunció la remoción de su cargo de la fiscal General del Estado Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Los ahora ex secretarios Reynoso Núñez y Solano Rivera, ofrecieron una conferencia de prensa junto con el director de Gobernación Rodríguez Cisneros horas después del asesinato del estudiante en la que aseguraron que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa dispararon contra los policías estatales quienes al responder a la agresión hirieron a Yanqui Kothan, quien horas después murió en el hospital del Bienestar Raymundo Abarca Alarcón.
Dijeron que la “confrontación” se dio cuando los policías les marcaron el alto cuando descubrieron en un arco detector que la camioneta en la que viajaban era robada. También informaron que los estudiantes llevaban un arma y droga en la camioneta.
La versión fue desmentida al día siguiente por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y el 14 de marzo la gobernadora Salgado Pineda informó que había aceptado su renuncia de los dos funcionarios y anunció la remoción de la fiscal.
El ahora ex secretario de Seguridad Pública, el general de brigada Rolando Solano Rivera, a su llegada a Casa Guerrero después de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunciara su renuncia. La imagen se tomó a las 2:24 de la tarde en el estacionamiento de la puerta 2 Foto: Jessica Torres Barrera
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda designó a Anacleta López Vega, como encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, en sustitución de Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
Reynoso Núñez presentó por la mañana su renuncia, al igual que el secretario de Seguridad Pública, el general Rolando Solano Rivera, luego de la exigencia de su cese tras darse a conocer que el pasado jueves 8 de marzo policías estatales mataron al estudiante normalista Yanqui Khotan Gómez Peralta.
La gobernadora llamó a López Vega a reforzar el desarrollo político, así como fomentar la paz social y bienestar de los guerrerenses, y la conminó a conducirse bajo los principios de honestidad, rectitud y compromiso.
López Vega, asumió la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos el pasado 18 de agosto del 2022 y desde este jueves asume como encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno con el encargo “de dar seguimiento a las acciones de la política interna del estado, privilegiando el diálogo y el acercamiento con todos los sectores sociales para seguir fomentando la gobernabilidad en la entidad”, se informó en un comunicado de prensa.
López Vega es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) con maestría en Derecho penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, y doctora en Derecho Penal, por el Centro de Estudios de Posgrado.
Asumiría otra vez un marino la Secretaría de Seguridad Pública
Tras la renuncia del general de brigada Rolando Solano Rivera, por el asesinato del normalista Yanqui Khotan Gómez por policías estatales, anoche trascendió que un marino ocupará la Secretaría de Seguridad Pública.
Se supo que un marino estaba recibiendo la documentación de la SSP.
Apenas el 25 de enero, Solano Rivera asumió el cargo de titular de la SSP en sustitución del capitán de fragata, Evelio Méndez Gómez.
A la ceremonia en que tomó protesta asistieron, además de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Saldoval, y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. (Redacción / Chilpancingo).
Diputados locales que integran la Comisión Permanente del Congreso, al momento de emitir su voto favorable al exhorto propuesto por el grupo parlamentario del PRD, a la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, para que informe de las investigaciones por los femicidios y los desplazamientos forzados Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Por unanimidad, los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, exhortaron a la titular de la Fiscalía General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y al secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez, a informar al Poder Legislativo sobre las investigaciones de homicidios dolosos en contra de mujeres y feminicidios ocurridos en el año 2022 y lo que va de 2023, y sobre las acciones de acompañamiento que realizan con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, respectivamente.
Con las abstenciones de las morenistas Yessica Alejo Rayo y Angélica Espinoza García, el pleno aprobó por unanimidad, ya que no hubo ningún voto en contra, el exhorto leído por la diputada perredista Patricia Doroteo Calderón a nombre de la bancada del PRD.
A la Fiscalía General del Estado (FGE) le solicitaron que informe sobre las detenciones de autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, y las acciones de acompañamiento que realiza con los colectivos de búsqueda de desaparecidos.
En tribuna la perredista recordó que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero cerró el 2022 con mil 285 denuncias por lesiones contra mujeres, dos mil 886 casos de violencia familiar y 4 mil 336 llamadas de emergencia por distintos tipos de violencia de género.
Además de que hasta noviembre de 2022 ocurrieron 108 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales 12 fueron clasificados como feminicidios, ocurridos en Acapulco y Chilpancingo. Mientras que en los primeros días del año se reportó el asesinato de tres mujeres.
Destacó que si continuara esa tendencia se rebasaría “por mucho” los crímenes de mujeres de 2022 sean éstos o no feminicidios.
Mientras que, de las desapariciones de mujeres, Patricia Doroteo dijo que al 17 de diciembre de 2022 el número de casos llegó a 117, conforme a datos de la Asociación Familias de Acapulco en busca de sus Desaparecidos, A. C., pese a que desde el nuevo gobierno implementó el Protocolo Violeta, que reporta una efectividad del 94 por ciento.
La perredista señaló que en los últimos dos años se ha incrementado el número de mujeres desaparecidas “hasta el 16 de diciembre se tienen 250, de las cuales se localizaron 2 fallecidas y 148 con vida y las demás siguen desaparecidas”.
La solicitud a la fiscalía dijo es para conocer la información del seguimiento a estos casos y apuntó que “en la medida que disminuyan los grados de impunidad, recuperaremos la tranquilidad para las familias en Guerrero”.
En ese sentido, consideró importante exhortar a la fiscal que informe al Congreso de las investigaciones sobre estos delitos, y al secretario General de Gobierno sobre las acciones de acompañamiento que realiza con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
La sesión
También se leyó en la sesión la notificación de la llegada de un oficio del presidente municipal de San Miguel Totolapan Fredy Vásquez Palacios “por el que informa sobre la problemática relativa a los hechos ocurridos el día 22 de diciembre de 2022, en sus cuentas bancarias, así como en sus recursos financieros”.
No se conocieron detalles del documento pero se refieren al hackeo de cinco cuentas bancarias que tenía el Ayuntamiento en Citibanamex de las cuales les robaron 8 millones 747 mil 307 pesos a través de 26 transferencias hechas a desconocidos el pasado 22 de diciembre, según lo dado a conocer por el cabildo.
También se presentó una propuesta de punto de acuerdo del morenista Masedonio Mendoza para exhortar a la titular de la Secretaría de Cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo, a “que haga las gestiones pertinentes para el rescate del bien inmueble donde se hospedó el General Vicente Guerrero durante el proceso de Consumación de la Independencia Nacional, en 1821, en el municipio de Alcozauca”.
Colectivos de Chilpancingo en conferencia de prensa urgieron al Congreso de Guerrero la aprobación de la ley estatal en materia de desaparición de personas que entregaron para su discusión y en su caso aprobación en noviembre pasado. En la imagen, Hidery Guadalupe Jorge, Olga Mondragón, Carlos David Molina, Gemma Antúnez, María del Pilar Carbajal, Elianetad Alonso y María Luisa Garfias Foto: Jessica Torres Barrera
Colectivos de familiares de desaparecidos de Chilpancingo, Acapulco e Iguala demandaron al Congreso local aprobar la Ley estatal en materia de desaparición de personas, cuya iniciativa entregaron para su discusión, y en su caso aprobación, en noviembre pasado.
En conferencia de prensa en la capital, la presidenta del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez, denunció que han visto que de parte del Congreso local no hay interés por darle trámite a esa iniciativa, que trabajaron los diferentes colectivos del estado, y que de parte de la Secretaría de Gobierno no hay empatía con las víctimas.
Debe independizarse la Comisión Estatal de Búsqueda
Por otro lado, el representante del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, se pronunció por la independencia de organismos como la Comisión Estatal de Búsqueda, para la que pidió recursos suficientes a fin de que pueda desempeñar su trabajo eficazmente.
Algunos familiares de desaparecidos que participaron en la conferencia de prensa, expresaron que la iniciativa de ley que está archivada en el Congreso local, en caso de aprobarse, será una herramienta fundamental para la localización e identificación de sus familiares desaparecidos, así como para recibir los apoyos que por ley les corresponden.
Gema Antúnez exigió a los diputados locales, con quienes trabajaron los colectivos la iniciativa de ley, “que le den la importancia real que tiene el proyecto porque nuestros desaparecidos tienen derecho a ser buscados y lograr esclarecer la verdad de su desaparición”.
Informó que todos los colectivos de víctimas y organizaciones sociales tienen un objetivo común: que se apruebe la ley de desaparición de personas, en la que participó la Cruz Roja Internacional y algunos diputados de la actual legislatura.
Sin embargo dijo que aun con el gran equipo de trabajo, los familiares “vemos con gran tristeza que en el Congreso no hay ese interés porque este proyecto tenga resultados positivos”.
Explicó que el interés de los colectivos es que con esta ley las instituciones encargadas de apoyar a los familiares de las victimas tengan un mejor y mayor presupuesto, personal capacitado y que se busquen las estrategias para tener un banco de datos forenses, así como un sistema tecnológico informático para la investigación de personas desaparecidas y que realmente estén en la vanguardia e integrar un órgano de consejo ciudadano que esté vigilando los procesos de investigación y se mantengan informadas a las familias”.
Opinó que con ello se logrará que “este mal que aqueja a nuestro estado con tantas personas desaparecidas tenga mejores resultados”.
Informó que actualmente, de acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda, en los últimos cinco años hay tres mil 800 personas desaparecidas en el estado, pero la cifra solamente es de las personas que logran poner la denuncia, porque no hay una estadística real, pero hay muchas familias que no denuncian.
Dijo que, en concreto, quieren una atención jurídica especializada de personal con capacitación y con habilidades y destrezas para la búsqueda de personas, “y lograr la localización de nuestros familiares, así como un mayor presupuesto para la eficaz operación de estas áreas y un mejor control de los datos forenses”.
Denunció que actualmente hay saturación de cuerpos que ya tienen muchos años y que no han podido ser identificados por la carencia de presupuesto.
Por ello exigió que realmente el Congreso tome en serio el proyecto de ley para que se garanticen recursos para estos organismos.
David Molina, del Colectivo Lupita Rodríguez, dijo que desde el 2018 que entró en vigor la ley federal en materia de desaparición forzada, el Congreso de Guerrero no ha legislado en la materia, a pesar de que desde el 4 de noviembre los colectivos, con el acompañamiento de algunos diputados locales, presentaron la iniciativa.
Urgió que dicha iniciativa de ley se apruebe, pues en ella se establece la independencia de los organismos que apoyan a los familiares de los desaparecidos, como la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), así como la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) y el Servicio Médico Forense que actualmente dependen de diversas secretarías.
Se quejó que la Secretaría de Gobierno no ha tenido la empatía con los familiares de las víctimas “y no destina los recursos necesarios para la búsqueda efectiva, eficaz y con personal capacitado”.
Además denunció que hay una crisis forense a nivel nacional y que Guerrero no es la excepción, agregó que en el estado, mientras el Semefo dependa de la Secretaría de Salud y no tenga los recursos necesarios, no va a agilizar la identificación humana.
Opinó que para agilizar el trabajo esta instancia debe depender de la Secretaría de Gobierno, como en otros estados, donde estas instancias dependen de la Secretaria de Gobierno “o son realmente independientes”.
Llaman a Evelyn a entender la magnitud del problema
Por separado, integrantes del Colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, se quejaron que a cinco años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda no ha sido aprobada la ley local por parte de los diputados.
En conferencia de prensa en el atrio de la catedral de Cristo Rey, ubicada en avenida Universidad en Acapulco, la presidenta del colectivo, Emma Mora Liberato, dijo que es urgente una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para hacerle saber la magnitud del tema, y ejemplificó que la noche del martes para amanecer miércoles tres mujeres desaparecieron. “En ocasiones hay desapariciones de manera conjunta, es decir, que no solo desaparece una persona en ese momento sino hasta cinco”.
Indicó que en el grupo de respuesta inmediata, que se conformó el 24 de mayo del 2022, se hizo un corte de mayo al 9 de enero de este año donde se tienen registradas 209 personas desaparecidas en todo el estado, de las cuales fueron 149 localizadas vivas, dos muertos y donde el 80 por ciento de esa relación son mujeres entre los 19 y 25 años de edad.
Sobre la ley dijo que han hablado con los diputados, han hecho trabajo, los han hecho participe de lo que necesitan como familiares de personas desaparecidas “y que se necesita ser solventadas”.
Mora Liberato dijo que el dolor y sufrimiento de las familias en Guerrero “queremos ya un alto, que al menos tengamos ya otro dolor, de al menos saber dónde están. Uno de los temas que vienen dentro de la ley es saber y conocer quiénes son esas personas que están sin identidad en el panteón ministerial forense, en los semefos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, los de las fosas comunes, los que ha sido exhumados de las fosas clandestinas por diferentes colectivos y autoridades”.
La directora general del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz, criticó la “insensibilidad humana” y el desinterés de los diputados locales para legislar en materia de desaparición, luego de que en el periodo ordinario del Congreso local que concluyó este 15 de enero, no fue contemplada la iniciativa que fue elaborada por las organizaciones, y a cinco años de que a nivel nacional entró en vigor la Ley General de Desapariciones.
“A cinco años de la entrada en vigor de la Ley General, tristemente en Guerrero aún no se ha legislado en materia de desaparición, se cerró el periodo ordinario del Congreso y seguimos en el limbo”, dijo en declaraciones por teléfono la también vocera del colectivo en Iguala que aglutina a más de 500 familias de la región Norte que han sido víctimas de este delito
“Me duele ver la insensibilidad humana de las personas en el Congreso (diputados) que se supone están para impulsar iniciativas y que el pueblo sea favorecido y escuchado, y que se haga algo a favor del pueblo, pero tristemente volvemos a ver que nos dicen ‘pues no entró’”, declaró la directora de Los Otros Desaparecidos.
Destacó que como familiares de víctimas de desaparición les agobia y preocupa que nadie quiera darse cuenta de la situación que vive Guerrero, siendo uno de los estados más violentos, uno de los estados más pobres y uno en el que se han incrementado los casos de desaparición de personas (Karina Contreras, Zacarías Cervantes y Alejandro Guerrero).
Familiares de víctimas de violencia denunciaron en conferencia de prensa que el gobierno del estado marginó a los colectivos en la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, de la que informó la Secretaría de Gobierno el martes.
El padre del joven desaparecido en diciembre de 2012 Carlos Alberto González Arriaga, Carlos Alberto González Castro y Lamberto Castro de la Cruz padre del joven asesinado en julio de 2016 Kevin Castro Domínguez, denunciaron la falta de apoyo de las autoridades para la localización de sus familiares desaparecidos y el incumplimiento de la ayuda comprometida por el gobierno estatal para los familiares de las víctimas.
El martes la Secretaría de Gobierno informó en un boletín la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas con el propósito de “impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participen en la búsqueda, localización e identificación de personas”.
La Secretaría de Gobierno emitió ese día la convocatoria con la finalidad de dar a conocer las bases de la consulta pública para designar a la persona que será titular, en acatamiento a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Carlos Alberto González y Lamberto Castro se quejaron de que los colectivos fueron excluidos del procedimiento para la integración de la comisión, y que con la convocatoria sólo se pretende que avalen las decisiones que ya se han tomado en la Secretaría de Gobierno.
Lamberto Castro dijo que el gobierno estatal no está otorgando ninguna concesión ni beneficio a las víctimas y sus familiares, puesto que la creación de esa comisión está establecida en la Ley General de Desaparición Forzada y es un mandato de la Secretaría de Gobernación (Segob), para que quede en este mes de abril en todos los estados.
Demandó que el gobierno del estado abra el procedimiento a los familiares de las víctimas para que participen con propuestas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas realmente funcione.
Exigió que las autoridades pongan mayor atención a las víctimas y sus familiares, “ya basta de tanta impunidad”.
Denunció que el Colectivo de Chilpancingo se siente realmente agraviado por la falta de atención.
Agregó que el 7 de marzo pasado en una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, el subsecretario de Gobernación Rafael Avante, el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos y el secretario de Educación, José Luis González de la Vega se hizo el compromiso de dar atención médica a los familiares de las víctimas y becas a los hijos de éstas, pero ninguno de los apoyos anunciados se ha cumplido.
Lamberto Castro dijo que hay 80 familiares, sobre todo madres e hijos de víctimas de la violencia que necesitan atención médica, pero el secretario de Salud no ha cumplido con atenderlos.
Informó que tampoco se han autorizado las 90 becas para hijos de víctimas de desaparecidos y asesinados.
Carlos Alberto González denunció que el gobierno no ha dado seguimiento a la investigación para la localización de su hijo, Carlos Alberto González Arriaga, quien fue secuestrado el 29 de diciembre del 2012 cerca de Taxco por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Informó que a pesar de que ya hay detenidos después de seis años no se ha logrado saber en dónde está su hijo.
Informó que le ha pedido ayuda al gobernador Héctor Astudillo, “pero parece que la virgen le habla”. Mencionó que le ha dicho que el caso ocurrió en otra administración, pero le recordó que los problemas son interinstitucionales y que si no los resuelve una administración debe hacerlo la que sigue.
Lamberto Castro advirtió que si sigue la falta de atención del gobierno estatal los integrantes del Colectivo Chilpancingo realizarán otras acciones.
Se emite la convocatoria dirigida a colectivos de víctimas, familiares de desaparecidos y expertos
El gobierno del estado emitió este martes la convocatoria para designar al titular de la nueva Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, dirigida a colectivos de víctimas, familiares de desaparecidos y expertos.
La representante del Colectivo de Desaparecidos y Asesinados en Chilpancingo, María Guadalupe Rodríguez Narciso dijo que dudan de la creación, por lo que se espera que sean tomados en cuenta los colectivos.
Dijo que no han sido informados o invitados a participar en la convocatoria, pero estarán al tanto del procedimiento para determinar al titular.
Criticó que las autoridades traten de “lavarse las manos” con estas acciones en lugar de cumplir su trabajo de búsqueda, de mejorar las circunstancias de los semefos que fueron descubiertas a raíz de la caravana de principios del año.
Consideró necesario fortalecer otras áreas como la base de datos de los cuerpos en el Servicio Médico Forense (Semefo), además de agilizar las investigaciones en la Fiscalía General del Estado.
En un boletín de prensa se dio a conocer que “con el propósito de impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participen en la búsqueda, localización e identificación de personas, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores creó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas”.
Por ello la Secretaría General de Gobierno en cumplimiento a la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas emitió la convocatoria pública para dar a conocer las bases de la consulta pública, para designar al titular de la comisión.
Esta consulta está dirigida a colectivos de víctimas, familiares de desaparecidos, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en desaparición forzada de personas. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).
