La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), Martha Lidia Pérez Gumecingo, se reunió el miércoles con representantes de colectivos de familiares de desaparecidos de la entidad, a quienes ofreció acompañamiento en su demanda para que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), se convierta en un organismo público descentralizado, con recursos y patrimonio propios.
La funcionaria también les anunció que este año el gobierno federal, a través de la CNBP, destinarán 27 millones de pesos para el equipamiento del Centro de Identificación Humana que se construye en Acapulco. Así como dos millones 400 mil pesos para la compra de maquinaria para las búsquedas.
El presidente del Colectivo Lupita Rodríguez de Chilpancingo, David Molina Rodríguez, calificó como “productiva” la reunión que se realizó en las oficinas de Pérez Gumecingo en la Ciudad de México.
Informó que de entrada la funcionaria les presentó su plan de búsqueda y les dijo que va a trabajar de la mano con todos los colectivos y realizará un diagnóstico o inventario de los recursos materiales y humano con el que cuentan las comisiones locales para las búsquedas.
Los representantes de los colectivos le dijeron a la comisionada nacional que la Comisión de Guerrero adolece de muchas cosas y que a veces el organismo no cuenta con recursos ni para el pago de la renta del local.
Otra de las deficiencias que le plantearon es la del parque vehicular.
Derivado de ello les anunció que el presupuesto federal para la Comisión de Guerrero será de 27 millones de pesos pero que este dinero irá directamente para equipar el Centro de Identificación Humana.
Molina Rodríguez informó que esas instalaciones se construyeron en Acapulco pero que les hace falta el equipo.
Informó, además, que Pérez Gumecingo les anunció que hay un fondo extraordinario de dos millones 400 mil pesos que serán destinados a la compra de maquinaria, tal vez una retroexcavadora para las búsquedas.
La funcionaria federal les dijo que le intención del organismo es que todas las comisiones cuenten con maquinaria pesada para facilitar las búsquedas.
La reunión, que fue a petición de los representantes de los colectivos, fue para solicitar el apoyo de la CNBP a fin de que la Comisión de Guerrero se convierta en un organismo público descentralizado y se agilicen las búsquedas y sean menos burocráticos estos procesos.
“Nos dijo que vamos a contar con ella para que nos lleve de la mano en la ruta jurídica que se necesita para hacer realidad nuestra demanda”, declaró Molina Rodríguez.
Por lo pronto, les anunció que va a gestionar una reunión con en la Secretaría de Gobernación para que les apoyen a realizar un estudio de viabilidad.
“Nosotros creemos que no porque en Guerrero no existe una figura jurídica para que la CEBP se convierta en organismo público descentralizado, no quiere decir que no se puede hacer por primera vez, nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograrlo y ella se comprometió a apoyarnos”.
Otra de las peticiones es apoyo para que en la CEBP se cree un área de análisis de contexto, “porque aquí en Guerrero no existe esta área ni hay el personal especializado para ello, a fin de que analice el antes y el después de las desapariciones, cuáles son las circunstancias y las rutas de ubicación satelital, datos que son necesarios para detonar la búsqueda”, explicó el activista.
Indicó que a pesar de que el decreto de creación de la CEBP la obliga a tener un área de análisis de contexto, en la Comisión de Guerrero nunca ha habido ese tipo de personal.
Los representantes de los colectivos le solicitaron a la comisionada que los apoye con personal capacitado en la materia, debido a que en Guerrero no hay.
Molina Rodríguez informó que la próxima reunión con la comisionada será el 20 de febrero y que se comprometió a venir a Guerrero.
Asistieron a la reunión representantes de los colectivos Los Otros Desaparecidos de Iguala, Juntos por la Justicia, Justicia y Verdad por los Otros Desaparecidos de Iguala, Siempre Vivos de Chilapa, Guerrero no más Desaparecidos, Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, el Centro de Derechos de las Victimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bellos), el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Colectivo Armadillos y el Colectivo Lupita Rodríguez.
El director de Comercialización de Fonatur, Raúl Zambrano Rangel, en entrevista con este diario en el Tianguis Turístico de Baja California que recién concluyó Foto: El Sur
Magdalena Cisneros
Rosarito, Baja California
El diagnóstico de Acapulco que realizó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encontró una ciudad en “abandono” desde hace varios años antes de los huracanes Otis y John, que sólo le dieron “el remate” a una ciudad en declive, reveló su director de Comercialización, Raúl Zambrano Rangel.
La evaluación de la dependencia federal mostró que las necesidades que se encontraron son la seguridad, que es la más importante, además de un abandono de los bienes inmuebles, un deterioro social, limpieza y conservación y orden en las playas.
El funcionario reconoció que han sucedido hechos de violencia en las playas: “se ve, se vive y sucede”, pero que la intención es que no vuelva a pasar. Y aceptó que las playas pueden ser disputadas por grupos criminales “como sucede en todos lados”.
El pronóstico para consolidar Acapulco y volverlo a poner en el nivel de la década de los 60’s o 70’s, es que hacerlo por lo menos se llevará cuatro sexenios, consideró el funcionario federal en entrevista con El Sur.
El diagnóstico inicial: se abandonó la ciudad
En el stand de Fonatur en el Tianguis Turístico en el Baja California Center en Rosarito el miércoles, Zambrano Rangel contó los trabajos que desarrolla Fonatur en Acapulco como parte del programa Acapulco se transforma Contigo y la creación del Centro Integralmente Planeado (CIP), después del impacto del huracán John en septiembre del año pasado y que, dijo, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó apoyar a la ciudad y posteriormente que se realizara un análisis de la situación del puerto para determinar si la dependencia federal tenía la capacidad de atenderlo y sobre todo de volverlo a potencializar y posicionar como un centro internacional turístico.
Analistas de Fonatur detectaron varias necesidades. “Una de ellas y la más importante es la seguridad. El otro gran tema es el abandono de los bienes inmuebles que están en la zona y sobre todo un deterioro social, limpieza, higiene y una serie de cosas que es lo que está trabajando Fonatur, y conservación de las playas y sobre todo el orden de las playas. Entonces todos estas variantes que existieron llevaron a que Fonatur tenía que intervenir sí o sí”, contó el funcionario federal.
Después del decreto presidencial para que Fonatur se haga cargo del CIP, se empezó a ordenar poco a poco: a limpiar, buscar una nueva cultura de separar la basura entre orgánica e inorgánica, que no se tire en la calle, que las personas sepan que hay un horario para hacerlo y se pretende impulsar una cultura diferente del puerto.
–¿Cuando vieron el diagnóstico qué fue lo que pensaron?… desastroso, mal…
-Principalmente resultó un abandono, esa es la realidad. Y fue un abandono no sólo de un año o dos, John y Otis sólo vinieron a darle el remate de la situación de Acapulco, pero ya había un abandono desde antes. La intención es que ahora Fonatur le preste la atención correspondiente para volverlo a activar, volverlo a posicionar dentro de los centros turísticos del país.
–Mencionaba necesario promover la separación de la basura. Hace unos días la titular decía de enseñarle a la gente. ¿No hay cultura? ¿Es empezar desde abajo?
–Lo que nosotros consideramos que hay población que sí atiende la separación, sí entiende el concepto de la basura. Pero también hay visitantes, como pobladores, que aún no entendemos que el destino turístico es de todos. Es más bien cómo nivelar las conciencias de todos al mismo punto para que entendamos que lo que estamos buscando es trabajar todos con el mismo destino y con la misma fuente de trabajo, y también los turistas que nos visitan que entiendan que no es un destino turístico que puedes llegar a tirar basura y contaminar.
Añade: “Tienen que guardar el mismo respeto que en Cancún, en Los Cabos, que lo hacen en las playas, y ese es parte de lo que buscamos en Acapulco. Uno de los objetivos principales es limpiar las playas, porque un turista no vendrá a una playa que está contaminada”.
Mencionó que una de las primeras actividades es sacar todas las embarcaciones que aun están en la bahía, porque las baterías empiezan a generar contaminantes.
–Habló de ordenar las playas y hay un censo que Fonatur está haciendo, y ya mencionaron que no necesariamente todos se van a quedar. ¿Cómo van a definir quiénes sí y quiénes no?
-Ahorita lo que se está haciendo es construir esa metodología, porque también se busca habilitar otros espacios en otros lugares que sean de esparcimiento público y en función de eso ir abriendo brecha e ir adecuando los servicios: en dónde sí se puede prestar, en dónde no, con el fin de ir haciendo experiencias por zonas, que el turismo pueda recorrer todas las playas de Acapulco. No que llega a una y que todo esté amontonado, ‘quiero un masaje voy a tal lado’, ‘quiero esto voy a tal lado’. Esa es la intención de un reordenamiento que se está dando, trabajando en una metodología de división y desarrollo para explicárselas a todos los prestadores de servicios turísticos
–¿Qué pasa con aquellas personas que bajan de la región de la Montaña o incluso del mismo Acapulco, como están de vacaciones para ganar dinero recurren a las playas? No están de manera recurrente pero es una forma y opción de trabajo
–Ese un tema que traemos en el radar y es una parte que se va a regularizar porque tiene que estar armonizado con los compañeros que están en Acapulco. Es parte también en el trabajo que han hecho en campo los compañeros han identificado. La intención es ahorita que se termine el censo de prestadores de Acapulco. La intención es plantear lo que seguirá con los compañeros que bajen exclusivamente en estas temporadas y cómo sería que se regularizarían para que no choquen, más bien que trabajen de manera armonizada con los compañeros de Acapulco.
“No partimos desde cero”
El funcionario explicó que Fonatur estará a cargo del CIP Acapulco los seis años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que el decreto “no tiene fecha de caducidad”.
Zambrano Rangel reflexionó que la consolidación de un centro turístico no es de tres años ni de seis y que hay lugares que llevan más de 40 años consolidando.
“Es un trabajo fuerte, obviamente Acapulco ya está consolidado, lo que sigue ordenarlo y lograr su consolidación para llevarlo al plano internacional como son los demás. Aquí el gran tema es que no partimos de cero, partimos donde ya hay gente, donde hay población.
-¿Es más complicado?
-Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero es más complicado que partir de cero, porque de una u otra manera Fonatur en sus desarrollos planteaba desde cero dónde iba a ser la escuela, dónde iban a ser la calle, dónde iban a ser los negocios, dónde iban a estar los hoteles. Y aquí partimos de un reordenamiento que ya se hizo. La intención partiendo de ahí, es construir lo qe se venga y como les digo a los compañeros hoteleros que van a acceder a créditos y una serie de cosas, que esto no es un proyecto de un sexenio o de dos, por lo menos se va a llevar unos cuatro sexenios para consolidarlo y volverlo a poner a Acapulco en el nivel que estaba en los años 60, 70.
El funcionario federal explicó que Fonatur tiene financiamiento federal pero llegará un momento en el que no pueda con todo, por eso requiere el apoyo del municipio o del estado en algunas cosas o de dependencias federales como es el caso de Conagua que ya anunció una inversión de mil 800 millones de pesos.
Diversas secretarías atienden la violencia en las playas
El funcionario se refirió a los hechos de violencia en las mismas playas del puerto: “Nosotros, Fonatur, atendiendo la instrucción de la presidenta, atendemos a lo que el secretario de seguridad Pública Ciudadana (Omar) Harfuch, él es el que está planteando la estrategia de cómo se atenderá Acapulco desde ese punto de vista. Podemos ver que el secretario ha hecho más que un tema de fuerzas, un tema de inteligencia, creo que eso nos va a ayudar mucho. Está haciendo esfuerzos. Hay mucho que hacer todavía. Pero como se dice, Roma no se construyó en un día. (En) Fonatur estamos acompañados por ellos, la Marina y Sedena, que son los principales que estarán haciendo este cambio, sobre todo percepción. Necesitamos cambiar la percepción en la playa, que ustedes lo mencionan que ha habido actos o cosas que ponen incluso al turista en duda si va a la playa a disfrutar”.
Aceptó que hay hechos de violencia que no se pueden ocultar, como el asesinato del líder de Tuderpi Marco Antonio Suástegui, en playa Icacos.
Además, reconoció la lucha de los grupos del crimen por el control en varias zonas de playas, pero “eso no solo sucede en Acapulco, sucede en todos lados, y es parte de lo que como federación tratamos de regularizar”.
Reveló que en ese diagnóstico de la violencia y disputa de las zonas de playa por grupos del crimen “Fonatur no va solo, se crea una comisión intersecretarial, participan tanto la Sectur como nuestro líder de sector, la secretaría de Seguridad ciudadana, a la Marina, Defensa nacional, la secretaría de Gobernación. Distintas secretarías están involucradas en este análisis y están revisando cada área, el punto que les toca atender porque es una instrucción presidencial. Fonatur es el ejecutor de muchas de las acciones acompañado por estas secretarías, pero no todo recaé sobre Fonatur.
–Por el asesinato de Marco Antonio Suástegui, que era uno de los líderes que tenían pláticas con ustedes, ¿han valorado o han platicado de este deceso en el marco de reconstruccción y reordenamiento de playas?
–Como lo mencionó la directora en la conferencia de prensa, lamentamos mucho el suceso contra el compañero y efectivamente se toma como un antecedente que tiene que ser analizado por las autoridades competentes y en función de eso ellos plantearían la estrategia que se tendría que seguir
Por un Acapulco sustentable
Para la promoción y desarrollo turístico sustentable para Acapulco, Fonatur plantea identificar las áreas que puedan funcionar como “pulmones de reforestación”, además de áreas de esparcimiento para la gente porque uno de los grandes temas en Acapulco es que el único que existe para esparcimiento es la playa.
“Necesitamos generar otros esquemas donde la gente y los turistas puedan ir a esparcirse. Sobre todo por la reforestación, porque uno de los grandes temas es que los cerros, la reservas que se tienen ya son muy pocas. Existe más piso que áreas verdes, es algo que necesitamos convertir en Acapulco”.
Consideró que después de la reconstrucción Acapulco se venderá mucho y mejor: “así lo vemos nosotros, eso es el desafío”.
Zambrano Rangel invitó a la población a que siga creyendo en la transformación de Acapulco, que tenga paciencia y comprenda que no es una imposición sino que se busca transformar la ciudad y advirtió que llevará tiempo.
“Lo que buscamos es volverlo a posicionar en los centros turísticos internacionales que aparece en el país para los extranjeros, que así como vino el presidente Kennedy en su momento a pasar su luna de miel, que así empiecen a venir otra vez más turistas de categoría para disfrutar las playas. Y sobre todo uno de los objetivos principales es lograr que la gente se quede más días, no sólo un fin de semana. Lograr estadías de por lo menos siete días, seis días, es lo que estamos buscando. Eso permite que haya mejores ingresos, una economía más estable, y no una economía como lo mencionas de sólo en ciertas temporadas, que sea una economía constante”.
–Por el asesinato de Marco Antonio Suástegui, que era uno de los líderes que tenían pláticas con ustedes, ¿han valorado o han platicado de este deceso en el marco de reconstruccción y reordenamiento de playas?
–Como lo mencionó la directora en la conferencia de prensa, lamentamos mucho el suceso contra el compañero y efectivamente se toma como un antecedente que tiene que ser analizado por las autoridades competentes y en función de eso ellos plantearían la estrategia que se tendría que seguir
Por un Acapulco sustentable
Para la promoción y desarrollo turístico sustentable para Acapulco, Fonatur plantea identificar las áreas que puedan funcionar como “pulmones de reforestación”, además de áreas de esparcimiento para la gente porque uno de los grandes temas en Acapulco es que el único que existe para esparcimiento es la playa.
“Necesitamos generar otros esquemas donde la gente y los turistas puedan ir a esparcirse. Sobre todo por la reforestación, porque uno de los grandes temas es que los cerros, la reservas que se tienen ya son muy pocas. Existe más piso que áreas verdes, es algo que necesitamos convertir en Acapulco”.
Consideró que después de la reconstrucción Acapulco se venderá mucho y mejor: “así lo vemos nosotros, eso es el desafío”.
Zambrano Rangel invitó a la población a que siga creyendo en la transformación de Acapulco, que tenga paciencia y comprenda que no es una imposición sino que se busca transformar la ciudad y advirtió que llevará tiempo.
“Lo que buscamos es volverlo a posicionar en los centros turísticos internacionales que aparece en el país para los extranjeros, que así como vino el presidente Kennedy en su momento a pasar su luna de miel, que así empiecen a venir otra vez más turistas de categoría para disfrutar las playas. Y sobre todo uno de los objetivos principales es lograr que la gente se quede más días, no sólo un fin de semana. Lograr estadías de por lo menos siete días, seis días, es lo que estamos buscando. Eso permite que haya mejores ingresos, una economía más estable, y no una economía como lo mencionas de sólo en ciertas temporadas, que sea una economía constante”.
Ante los últimos hechos de violencia en la entidad, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, aseguró que la Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados.
En tanto, el líder priista, Alejandro Bravo Abarca, lamentó el fallecimiento de dos ex alcaldes de su partido, y el líder perredista Evodio Velázquez Aguirre dio un voto de confianza a la estrategia federal.
En la última semana, en Guerrero han ocurrido diversos hechos de violencia en distintas regiones: en Costa Chica, en las inmediaciones de Tecoanapa, un enfrentamiento entre civiles armados dejó un saldo de 11 muertos, y este viernes en San Marcos, cuatro hombres fueron asesinados y una menor resultó herida.
En Chilpancingo, el lunes, tres transportistas reportados como desaparecidos fueron hallados muertos dentro de una camioneta en el fondo de un barranco, y el ex alcalde priista de Heliodoro Castillo, José Concepción Hernández fue hallado muerto dentro de un vehículo en la zona serrana de Chilpancingo. El viernes, en situaciones similares hallaron al ex alcalde, también priista, de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro.
En Acapulco, varias escuelas adelantaron las vacaciones y suspendieron clases debido a una ola de violencia que incluye asesinatos e incendios de negocios, de acuerdo con las versiones oficiales, debido a enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.
Al respecto, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, consideró que la Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados.
“La estrategia de seguridad está funcionando, confiamos ampliamente en los resultados que se están dando, confiamos en que se seguirá apretando, se va ir aplicando más… Creo que la estrategia va por buen camino, ha reducido el número de homicidios, y claro que hay días en que se eleva porque hay enfrentamientos”.
Por su parte, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Alejandro Bravo Abarca, lamentó el fallecimiento del ex alcalde de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, a quien consideró un político joven “con futuro y muchas expectativas políticas”.
Bravo Abarca indicó que la información que tiene del fallecimiento de Zapoteco Castro es que fue un accidente automovilístico y reiteró la postura sobre la muerte del también ex alcalde priista de Heliodoro Castillo, José Concepción Hernández, de esperar la versión de los hechos para poder fijar una postura.
Sobre los últimos hechos de violencia ocurridos en diferentes municipios del estado, el perredista Velázquez Aguirre reconoció “el esfuerzo” del gobierno federal con instancias de seguridad como el Ejército Mexicano y la Marina.
“Hay que tener confianza en la estrategia que se está implementando y hay que apoyar desde los gobiernos que estemos encabezando para que haya una coordinación responsable y respetuosa de los tres órdenes de gobierno en un tema totalmente prioritario del país y del estado de Guerrero”, afirmó.
Agregó que como PRD dan su voto de confianza a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y a su estrategia de seguridad. Reconoció las últimas detenciones y decomisos del gobierno federal.
En el presupuesto de 2025 no está etiquetada ninguna gran obra para Guerrero, de acuerdo con la información del Centro de Estudios y Finanzas Públicas Ifigenia Martínez y Hernandez, de la Cámara de Diputados.
En el documento, disponible en su página de internet, se da cuenta de los recortes programados para la entidad en los Ramos 28, 33 y en los subsidios y proyectos de inversión para Guerrero.
El análisis del Centro de Estudios y Finanzas Públicas Ifigenia Martínez y Hernandez se elaboró con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el apartado de Programas y Proyectos de Inversión con Recursos Fiscales se da cuenta que para 2025, el estado Guerrero tendrá mil 447.3 millones de pesos, cuando este año fue de 7 mil 28.6 millones de pesos, una reducción de 5 mil 581 millones de pesos, equivalente al 80 por ciento.
En el programa de Subsidios del gobierno federal para Guerrero en el próximo año se consideran reducciones al Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, SA de CV. Pasará de 41.9 millones de pesos este año a 37.8 millones de pesos en 2025, una reducción del 13.6 por ciento.
Los que pasarán a 2025 con el mismo presupuesto de 2024 son la Secretaría de Educación con 3 mil 333.2 millones de pesos; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) con 72 millones de pesos; Cultura con 1.5 millones de pesos; el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) pues su presupuesto será igual al de este año 6.6 millones de pesos y no considera el impacto de la inflación.
En el Ramo 33, que “tiene como misión fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y municipales, en el ejercicio de los recursos que les permita elevar la eficiencia y eficacia en la atención de las demandas de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social e infraestructura educativa que les plantea su población”, para el ejercicio 2025 tiene una reducción de mil 159 millones de pesos, pasará de 49 mil 98.5 millones de pesos a 47 mil 939.1 millones de pesos.
En el Ramo 28, “los recursos no están etiquetados, es decir, no tienen un destino específico en el gasto de los gobiernos locales. Su carácter principal es resarcitorio; por lo que tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades en la actividad económica y la recaudación, y por lo tanto pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio” de las entidades, tendrá un incremento de 1.5 por ciento, pasará de 29 mil 49.5 millones de pesos en este año a 30 mil 749.5 millones de pesos en 2025.
En el los rubros de Salud, Seguridad Pública e Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) “no presentan distribución de recursos por entidad federativa”.
En Salud, el análisis señala que estos “son recursos federales transferidos a los estados a través de un Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y las Entidades Federativas, y para mantener la vigencia de dichos Acuerdos, cada año se firman con las entidades federativas los Anexos de los Acuerdos de Coordinación originales. Por lo anterior, este rubro no presenta distribución geográfica, razón por la cual los recursos federalizados de la entidad federativa se reportan como “no disponibles”.
La encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta Lo?pez Vega se despide entre bromas y sonrisas de los diputados del PRI, Alejandro Bravo Abarca, Pilar Vadillo Ruiz, Jesu?s Parra García, Beatriz Ve?lez Nu?n?ez y la panista María Irene Montiel Servín, a su salida del pleno del Congreso local a donde fue a comparecer como parte de glosa del tercer informe de gobierno Foto: Jesu?s Eduardo Guerrero
José Miguel Sánchez
Chilpancingo
Sin datos precisos y sin responder a fondo las preguntas de algunos diputados, la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, compareció ante el Congreso del Estado como parte de la glosa del tercer informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Con la presencia de 35 diputados, a las 11:49 de la mañana, inició la sesión de comparecencia de la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, la cual duró casi tres, en los que los cuestionamientos de los legisladores se centraron en cómo atienden las manifestaciones de afectados por John, la situación de violencia que prevalece en la entidad y el presupuesto ejercido este 2024.
“Hay gobernabilidad en Guerrero”
Al inicio de la comparecencia, López Vega presentó un resumen en el que, sin dar datos precisos, habló sobre la atención del gobierno estatal durante y después de las emergencias ocasionadas, primero, por el huracán Otis, en 2023, y John este 2024, así como la atención a diversas problemáticas en materia de derechos humanos, agrarias y políticas.
“Durante 11 meses el gobierno del estado trabajó intensamente para recuperar Acapulco, Coyuca de Benítez y comunidades de estos municipios, aunque la respuesta inmediata, y los trabajos de recuperación fueron de manera inmediata, la reconstrucción total llevará tiempo y requerirá un compromiso sostenido y sin haber terminado la reconstrucción por el Otis, Guerrero enfrentó el huracán John que tocó tierra en Marquelia el 23 de septiembre del 2024; este fenómeno provocó por cinco días lluvias intensas que superaron los precedentes en el estado y dejó graves afectaciones”, mencionó López Vega.
Al hablar de los apoyos otorgados, rescate de personas y habilitación de refugios temporales, López Vega no dio datos ni cifras concretas, de manera general mencionó que se apoyó a la población en conjunto con el gobierno federal y el Ejército.
Mencionó que “la Secretaría General de Gobierno, organizada mediante tres subsecretarías, que trabajan de manera articulada para garantizar la gobernabilidad en Guerrero”, las cuales atienden los temas de política interna, manifestaciones y derechos humanos.
Realizan censo para identificar desplazamientos forzados
En la ronda de las participaciones, la priista Pilar Vadillo preguntó sobre las acciones de la Secretaría General de Gobierno para garantizar los derechos de las personas desplazadas, si hay un registro, dónde se puede consultar y si además hay acciones de prevención. La funcionaría mencionó que el gobierno estatal se enfrentan a algunos grupos criminales, como la Familia michoacana, Los Rodríguez y Los Rusos, sin dar a conocer más detalles.
Sobre las personas desplazadas por la violencia, mencionó que ya se realiza un censo en la entidad para identificar el número de víctimas de desplazamiento forzado y tienen detectados casos específicos en los municipios de Leonardo Bravo, Zitlala y Heliodoro Castillo.
Vadillo Ruiz, en su participación, también criticó que en el informe, no se justificaba el presupuesto ejercido en el periodo señalado, y que más del 90 por ciento de su contenido, fueran acciones realizadas por el gobierno federal.
Ante estos cuestionamientos, López Vega se limitó a decir que le haría llegar a la diputada la información solicitada.
Critica MC el desempeño de López Vega
Otro de los cuestionamientos más repetidos fue el de cómo se atienden a los manifestantes que bloquean calles y carreteras en exigencia de apoyos después de ser afectados por el huracán John.
La emecista Erika Lührs Cortés, expuso: “al momento de hacer estas preguntas hay dos protestas, una Chilpancingo por parte de docentes y otra en Acapulco por afectados del huracán John”. López Vega aseguró que sí se atiende y que la dependencia a su cargo funciona como intermediaria ante el gobierno federal.
Lührs Cortés, en su intervención, mencionó que a López Vega “le queda corto el cargo de encargada de despacho, tomando en cuenta su desempeño, trayectoria y calidad como persona”.
López Vega agregó que en el último año en Guerrero se han atendido mil 300 protestas que indicó en su informe, pero no especificó de qué rubro eran ni cuántas lograron solucionar.
Sobre las protestas, la diputada Lührs Cortés también cuestionó cómo se solucionan. La funcionaria estatal respondió: “Para dar de manera sucinta una respuesta sobre mil 300 manifestaciones que se indican en el desglose, le damos un tratamiento y seguimiento y solución otorgada a cada una de ellas, unas entre las que se consideran no son de nuestra competencia, tenemos todo el informe de los acuerdo a los que se ha llegado en cada uno de los asuntos atendidos y las razones por las cuales otras no se han atendido y las mesas trabajo que han permitido la desactivación de las acciones de protesta, tenemos todas esas acciones y toda la relación de aquellos asuntos que se han desactivado y están en tránsito”, y se comprometió a entregarle los datos concretos a la diputada.
Respecto a la violencia de género, López Vega mencionó el seguimiento a dos alertas decretadas desde 2017 y detalló la localización de 228 personas en protocolos de búsqueda durante el último año, a partir de trabajos iniciados por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).
“Se aprendió de Otis para evitar saqueos por John”
El diputado del PRD, Robell Urióstegui Patiño, mencionó que en el informe hay aspectos “que han quedado sin atención o han sido omitidos en su informe, los cuales afectan de manera directa el desempeño de la administración pública, la gobernabilidad y los esfuerzos por la construcción de la paz en Guerrero”.
Uno de los puntos que mencionó preocupante es la falta de coordinación en la preservación de la seguridad pública y el control de los saqueos ocurridos después del paso del huracán Otis.
“Si bien se reportaron esfuerzos de asistencia humanitaria, no se menciona el papel que la Secretaría General de Gobierno debió desempeñar en los primeros momentos posteriores al desastre, en los que el orden social y la protección del patrimonio debieron ser de alta prioridad como sí ocurrió tras impacto del huracán John”, dijo Urióstegui Patiño.
López Vega defendió que sí hay coordinación y que además el caso de Otis ayudó a que durante John hubiera protocolos más efectivos.
El morenista Héctor Suárez Basurto llamó a todos los funcionarios a respetar los principios de la Cuarta transformación, porque aseguró que hay quienes no atienden de manera adecuada las demandas de la población.
Suárez Basurto preguntó a López Vega sobre los principales desafíos y estrategias de la dependencia para garantizar la integridad de defensores sociales y periodistas. La funcionara estatal respondió que el acompañamiento a 12 periodistas y cuatro defensores de derechos humanos que solicitaron apoyo estatal, pero no abundó el porqué ni de qué regiones.
Suárez Basurto también cuestionó sobre qué acciones se deberían de aplicar para abonar a la paz. López Vega indicó que se requerirán planes a mediano y largo plazo, un reforzamiento de la seguridad, y estrategias que incluyeran la participación ciudadana, así como el diseño de políticas para prevenir y que atendieran las causas que originan la violencia.
“Se contribuyó a garantizar derechos humanos”
En su intervención, la encargada de despacho resaltó que la política interna desarrollada en estos tres años del gobierno Evelyn Salgado Pineda fue la de contribuir de manera integral para garantizar los derechos humanos, y atender “de manera extraordinaria la vida, la salud y las necesidades básicas de las y los guerrerenses”. Agregó que el tercer informe se centra en la gobernabilidad, seguridad pública, justicia social y desarrollo comunitario.
“Los datos presentados subrayan el trabajo coordinado de esta Secretaría con instituciones locales, nacionales e internacionales, asociaciones civiles y la población en general, en una sinergia que ha permitido responder de manera ágil y eficaz a las demandas y problemáticas de Guerrero. Este esfuerzo conjunto representa un avance sustancial en la construcción de un estado más seguro, justo y en paz”, sostuvo la funcionaria.
Mientras que las denuncias y protestas por parte de los damnificados por las lluvias del huracán John se masifican y se multiplican, el subsecretario de Desarrollo Político, Francisco Rodríguez Cisneros, aseguró que el gobierno estatal ha estado atendiendo las inconformidades, aunque le corresponde al gobierno federal.
Sin embargo, aclaró que la solución es la que ya dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia matutina de este miércoles, en el sentido de que llamen por teléfono a la Secretaría de Bienestar para pedir su inclusión en el censo.
En declaraciones a reporteros, cuando se retiraba del desfile cívico deportivo con motivo del 114 aniversario de la Revolución Mexicana, el funcionario dijo: “La señora presidenta ya dio una instrucción de cómo se tiene que atender y lo hizo público”.
Agregó que la presidenta dijo que todos tienen que acudir a la línea del Bienestar, para solicitar que les den información y que sean atendidos por el personal de la secretaría.
Dijo que la propia presidenta ha informado que ya se terminaron los censos y que, en este momento, ya no se puede dar una nueva apertura.
Mientras tanto, las protestas de los damnificados que no fueron censados se masifican y se multiplican en la entidad. En Costa Grande sigue el bloqueo a la carretera Acapulco-Zihuatanejo, por más de 2 mil damnificados de municipios de la sierra. Otro contingente, proveniente de varios municipios de Costa Chica, se encuentran protestando en Ciudad de México. En Acapulco siguen los bloqueos de vecinos y damnificados, de distintas localidades, siguen denunciando que no fueron censados y reclaman su inclusión en la lista de beneficiarios.
–¿Por qué no han intervenido hasta el día de hoy?–consultó un reportero al subsecretario.
–Ya intervenimos. Desde el primer momento hemos atendido a todos los grupos. Sin embargo, el planteamiento es único. Ellos solicitan su inclusión al censo, pero nosotros sólo podemos ser intermediarios, nada más.
“Estamos actuando, pero hemos sido muy respetuosos. Ellos tienen el derecho de manifestación. Sin embargo, en el caso de los municipios les corresponde a la autoridad municipal”.
Insistió en que los inconformes lo que tienen que hacer es llamar a la Secretaría del Bienestar, “como ya lo indicó la señora presidenta. Allá los van a atender, les van a dar información oportuna y es un asunto que corresponde al gobierno federal”.
–¿Ya les dijeron que están cerrados los censos?
–Pero tienen que acudir a la Secretaría del Bienestar.
“Lo cierto es que hay localidades en donde se censó al 70 u 80 por ciento de la población. Es lo que da a conocer el delegado de los programas federales y aun así están solicitando que les dé el apoyo”.
Según el funcionario estatal, están saliendo a reclamar los apoyos porque ya se están enterando del monto de los apoyos, “entonces, yo entiendo que tiene su parte política. Pero como gobierno estatal hemos estado haciendo el enlace con el gobierno federal”.
Según dijo, el delegado de los programas federales, Iván Hernández, ha informado que el personal de la dependencia visitó las localidades que ahora están protestando y que les dieron cobertura, “pero hasta ahora están reclamando, porque ya se dieron cuenta del monto del apoyo que están recibiendo los que sí se censaron”.
Un reportero le preguntó si comparte las declaraciones del dirigente estatal de Morena, respecto a que detrás de la irrupción de hombres armados en Tecpan están el PRI y el PRD. El funcionario contestó que respeta las declaraciones del dirigente, “pero me di cuenta que, después, él mismo en un comunicado aclaró que no había dicho eso”.
Sin embargo, acotó que cada quien es responsable de lo que dice.
Aseguró que el gobierno estatal está atendiendo a todas las organizaciones sociales que tienen una movilidad y presencia importante en Guerrero, “hemos dialogado con todos”, en referencia a que se han incrementado las protestas en la entidad.
Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) de Chilpancingo, reanudaron labores este lunes “bajo protesta”, por las amenazas, represión y hostigamiento que están recibiendo tanto del gobierno federal como del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), informó el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21 Circuito, Raúl Ramírez Martínez.
En tanto, los trabajadores de los dos juzgados con sede en Iguala, decidieron mantener la suspensión de labores por lo menos este lunes, informó el mismo funcionario judicial, aunque una versión posterior adelanta que podría permanecer una semana más.
En el caso de Acapulco la suspensión de labores sigue pero por los daños a su equipo de cómputo e instalaciones eléctricas en el edificio donde laboran la situación es distinta, contó Ramírez Martínez.
El CJF instruyó a los juzgadores para que reanudaran labores el jueves pasado, pero en el caso de los tres juzgados de Distrito y tres tribunales colegiados de Chilpancingo resolvieron regresar hasta este lunes.
“Estamos reanudando labores bajo protesta, tomando en cuenta las circulares amenazantes por parte del CJF, en las que nos amedrenta y pretende intimidarnos, no nada más a nosotros, sino a los titulares, con la aplicación de medidas administrativas”.
Dijo que también toman como represión a su movimiento los ataques que sufrieron un grupo de juezas y trabajadoras del Poder Judicial en Chiapas el viernes. Así como los “ataques al derecho de libre protesta” en el autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México el domingo.
En el caso de Guerrero, denunció que han recibido amenazas en las redes sociales en donde “se nos sigue atacando y en función de eso es que también estamos regresando a laborar”.
Informó, además, que el 23 de septiembre durante una manifestación afuera del Hospital del Niño y la Madre Guerrerense, donde se encontraba la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, un desconocido aventó un tracto camión al vehículo que llevaba el sonido.
“A fin de no exponer física, jurídica y administrativamente a los trabajadores y a los titulares, en Chilpancingo optamos por reanudar labores pero bajo protesta”.
Explicó que esto significa que reanudaron sus labores con horarios “limitados de servicios” y con actividades sujetas a lo estrictamente esencial, “es decir, no vamos a laborar virtualmente en ejercicio a nuestro derecho a la desconección digital, a excepción de los asuntos urgentes que lo ameriten”.
Ello implica que, según dijo, no se van a llevar trabajo para hacerlo en sus casas, “no vamos a estar atendiendo asuntos desde nuestros hogares fuera del horario normal o en fines de semana, nos vamos a limitar a lo que estrictamente pueda atenderse en el horario laboral”.
El funcionario judicial explicó que tradicionalmente los trabajadores del PJF se ha distinguido por trabajar las 24 horas y los fines de semana, “los compañeros aquí se quedan a altas horas de la noche, pero dado a que no hay un reconocimiento y la reforma judicial desconoce el esfuerzo que ha hecho el PJF a favor del país, atenderemos los asuntos conforme las posibilidades humanas y técnicas lo permitan”.
Ramírez Martínez informó que a partir de ayer los trabajadores solamente estan cubriendo el horario de atención normal que es de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Derivado de ello avisó a los litigantes y al público que sus asuntos y los proyectos “irán saliendo conforme lo permitan las posibilidades dado que vamos a seguir trabajando bajo protesta solo en el horario legalmente laboral, ya no nos vamos a llevar los proyectos a nuestras casas ni los fines de semana ni entre semana, irá saliendo lo que tenga y pueda salir”.
Informó que en Chilpancingo regresaron a laborar en esta modalidad los tres tribunales y los tres juzgados.
En cuanto a los dos juzgados de Iguala, informó que declararon inhábil este lunes en los dos juzgados de Distrito y no regresaron ayer a laborar.
Explicó que el acuerdo al respecto señala: la base trabajadora en los juzgados quinto y noveno determinaron continuar con la suspensión de labores “en defensa de sus derechos laborales, la independencia judicial, la carrera judicial y la división de poderes, y principalmente, el ejercicio de su derecho a la protesta contra la reforma judicial”.
En el caso de Acapulco, explicó que la suspensión de labores sigue pero por los daños al equipo que provocaron las lluvias del huracán John.
Ya no hay plantón en Iguala
En Iguala, trabajadores de los juzgados Quinto y Noveno de Distrito mantienen su paro laboral y prevén que se pueda levantar el siguiente lunes.
Hasta anoche las oficinas de los juzgados federales, el Quinto ubicado en la calle García de la Cadena y el Noveno ubicado en la calle Mariano Matamoros, ambos de la colonia Centro de Iguala, permanecían cerrados con lonas colgadas y cartulinas pegadas en su fachada con sus exigencias y posturas de la protesta iniciada el 19 de agosto contra la reforma judicial.
Una trabajadora del Juzgado Quinto confirmó anoche vía telefónica que mantienen su paro laboral, y sin más detalles, que podría ser el próximo lunes 4 de noviembre cuando se levante su movimiento, aunque atajó que esto no es un hecho y está por definirse la fecha.
En ambas oficinas hasta noche ya no había trabajadores en plantón, también se había retirado la carpa que había afuera del Juzgado Quinto de distrito, mientras que en el Noveno aún se observan lonas y cartulinas con sus exigencias, que se han visto en estos más de dos meses de paro.
En la oficina del Juzgado Noveno un policía que estaba de guardia confirmó también anoche que el paro laboral se mantenía en esta oficina y que únicamente se siguen atendiendo asuntos urgentes por los trabajadores que están de guardia (Con información de Alejandro Guerrero / Iguala).
El pasado 24 de agosto familiares del campesino desaparecido Rosendo Radilla Pacheco se manifestaron en la glorietas de las y los desaparecidos en la Ciudad de México, para exigir que se esclarezca el caso y se castigue a los responsables Foto:?Rosendo Betancourt Radilla / Archivo
Rosendo Betancourt Radilla
Chilpancingo
La sentencia del 16 de agosto, que señala a la Fiscalía General de la República (FGR) como responsable de que no se llegue a la justicia en el caso del campesino desaparecido Rosendo Radilla Pacheco y otros de violaciones de derechos humanos del Ejército de 1960 a 1980, y que califica de terrorismo de Estado la política del gobierno federal de entonces, recibió ocho impugnaciones del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.
Consultado al respecto, el abogado Humberto Guerrero, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, y quien acompaña legalmente a la luchadora social Tita Radilla, consideró que “es incongruente esta andanada de impugnaciones, luego de que la presidenta se presentó ofreciendo disculpas a las víctimas de 1968”.
Advirtió que la nueva estrategia legal del gobierno federal, de entrada, va a retrasar el acceso a la justicia de las víctimas, pero además, pone en riesgo que se llegue a saber qué pasó y castigar a los responsables, es decir, la intención es mantener esa época en la impunidad.
Llamó a la mandataria a intervenir directamente para que al menos la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Gobernación (Segob) paren las impugnaciones, así como que hable con el fiscal Alejandro Gertz Manero, para que la FGR haga lo mismo.
Si el Estado no para sus impugnaciones, informó, aún hay herramientas legales para seguir el proceso y lograr que la sentencia ahora impugnada, se mantenga sin modificaciones.
En cuanto a los motivos de esta andanada legal, consideró que “es lo mismo que pasa en el caso Ayotzinapa. Cuando las investigaciones llegan al Ejército, se paran”.
“Vemos una respuesta en bloque del Estado. Se presentaron ocho impugnaciones, tres de la Fiscalía General de la República, una del área de amparos, otra de la Fiscalía Especial del Caso Radilla (su nombre formal es Equipo Especial de Investigación y Litigación en Derechos Humanos), y llama poderosamente la atención la impugnación de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Explicó que la Sedena está impugnando a pesar de que no se le señala directamente, “hace una defensa de la Fiscalía General de la República. Empieza a cuestionar que la sentencia hiciera señalamientos a integrantes del Ejército, y alega, por ejemplo, que se viola su presunción de inocencia”.
Consideró que la Sedena en su impugnación defiende a la FGR, porque le ha asegurado impunidad más de 50 años, “es una actuación corporativa”.
Las instituciones que impugnaron, precisó, son Sedena, FGR, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, Consejería Jurídica de Presidencia, Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) e, incluso, la Secretaría de Cultura pero ésta última no fue admitida.
En general, impugnan que la jueza se excede en sus atribuciones, “que su sentencia no puede ordenar a la FGR”, por ejemplo.
Advirtió que este tipo de estrategia la ocupa el Estado cuando las investigaciones llegan al Ejército, “es común en casos altamente sensibles y que afectan a las fuerzas armadas. Algo similar ocurrió con el caso Ayotzinapa”.
Informó que aún puede presentar un llamado “Recurso de Revisión Adhesiva”, para apoyar lo que dice la sentencia, el cual tiene que ser conocido por un tribunal colegiado o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Un mensaje contradictorio
En cuanto a la lectura política de la andanada de impugnaciones a la sentencia, que ordenaba la búsqueda de Rosendo Radilla, entre otras cosas, el abogado Humberto Guerrero expuso que hay un mensaje contradictorio en el gobierno federal.
“Llama mucho la atención que, por un lado, ocurra esto en una sentencia que atiende uno de los periodos de represión política más duros en el país, y la presidenta (Claudia Sheinbaum) lo que hizo fue dar disculpas públicas por la masacre del 2 de octubre de 1968”, expuso.
Llamó a la presidenta a que se dé la oportunidad de ser congruente con su primer discurso y a que las instituciones se desistan de las impugnaciones.
“La FGR es autónoma pero la presidenta podría invitar al fiscal Gertz Manero a que se desista de las impugnaciones, para sentarnos a trabajar en el cumplimiento de la sentencia. Todavía tenemos que seguir litigando y en un contexto muy complejo, el poder Judicial está en paro. Está en marcha la reforma judicial, todo es un caos”.
“Además, una posibilidad es que al resolverse estos recursos de impugnación, se revoque la sentencia, entonces nos quedaríamos sin nada”, en cuanto acceso a justicia para las víctimas del terrorismo de Estado, advirtió.
El alcalde electo de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, dijo que si ve que la estrategia de seguridad no funciona, su gobierno hará la propia, lo que no quiere decir que se vaya a pelear con el estado o la federación, sino que trabajará “de manera coordinada”.
“Sí la estrategia de seguridad estatal y la federal no ha funcionado en el municipio, nosotros sí tendríamos que crear nuestra propia estrategia, y eso no significa ir en contra de los gobierno estatal y federal. Tenemos que adaptarmos a las circunstancia y refrendo mi respeto a la gobernadora, mi reconocimiento a su esfuerzo. Sin duda es necesario hacer más y yo estoy dispuesto a trabajar de la mano de ella y de la federación, que juntos hagamos más. Nosotros apostamos a la paz. Me declaró pacifista, yo quiero la paz de mi municipio”, dijo el perredista.
Al próximo alcalde se le preguntó su opinión sobre lo dicho por el arzobispo Leopoldo González González, quien dijo que el alza en la violencia es porque la estrategia de seguridad no ha funcionado y respondió que primero se tiene que tener un diagnóstico claro del problema, de la situación que guarda cada municipio.
“En el caso de Chilpancingo, carece de la infraestructura necesaria. Son 118 elementos de un total de 670 trabajadores que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, el resto son administrativos y hay que fortalecer el recurso humano. Es importante contratar, capacitar, evaluar y llegar a la certificación. Es un trabajo constante y una disciplina”.
Consideró que debe haber una estrategia municipal de seguridad, en la que hay que enfocar los esfuerzos y evaluarla de manera cotidiana.
Arcos Catalán señaló que es responsabilidad de la autoridad dar seguridad y señaló que la intervención de la Iglesia ha funcionado con el diálogo con la delincuencia, “aunque no ha sido lo mejor, no ha sido lo deseable, pero ha funcionado, porque a todos nos favorece que exista la paz, la exigimos a gritos y por eso, como ciudadano decidí participar, para poder trabajar en mejorar las condiciones de los ciudadanos. La parte que nos toca, desde lo institucional, lo haremos y son bienvenidas las manos que coadyuven a mejorar la seguridad por la vía correcta, por la vía institucional”.
“Yo, en lo personal, no es que yo lo avale, no lo avalo, porque no es lo institucionalmente correcto. El gobierno está dejando de cumplir sus funciones, cuando tiene que asumir su responsabilidad, pero más allá de avalarlo, no ha funcionado y eso a nosotros nos da paz. Pero el gobierno tiene que asumir su responsabilidad, sus funciones, mejorar la seguridad con estrategias muy claras y definidas. Comprar cámaras, más patrullas, nuevos esquemas de inteligencia para prever y hacer una estrategia focalizada. Habremos de trabajar con la parte que nos toca y ya los demás tendrán que rendir cuentas de lo que les toca”.
Señaló que va trabajar de manera coordinada con los gobierno estatal y federal. Sobre si ha pensado en ceder el control de la seguridad a la federación, para que sea la que nombre al responsable de la Seguridad Pública y respondió: “Si hay alguna propuesta, la analizaremos, la estudiaremos. Son competencias del municipio, pero no estamos cerrados a que no nos manden porpuestas”.
Dijo que si hay una propuesta y su perfil lo avala, se valorará, porque “hoy no se trata de marinos o de la Guardia Nacional, o militares, se trata de que tengan la experiencia y conocimiento en el manejo de la seguridad pública municipal, porque la formación de un marino o un militar es diferente a la impartición de la seguridad”.
Añadió que debe estar la persona idónea en el puesto idóneo, “es importante si hay un marino o militar que tenga experiencia en el perfil de seguridad pública municipal, desde luego que será aceptada la propuesta”.
En declaraciones en Acapulco, al acudir a la reunión del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que cuando inicie su gobierno, abrirá una convocatoria para la contratación de policías muncipales.
Dijo que en próximos días buscará a la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, para “que empecemos analizar la situación que guarda la seguridad, desde la parte institucional del municipio”.
Añadió que es importante saber la situación de la infraestructura, la cantidad de policías, cuántos de ellos están certificados, cuál es su situación laboral, su situación en términos juridicos y su desempeño.
Señaló el alcalde electo que Chilpancingo tiene sólo 118 policías para atender a 350 mil habitantes, mil 172 asentamientos urbanos y 47 comunidades, por lo que es “nada la policía con la que se cuenta, por lo que una de las acciones prioritarias será abrir la convocatoria, para contratar más policías y se puedan tener más y capacitados, luego serán certificados. Esa es la etapa en la que estamos planificando el gobierno”.
Arcos Catalán subrayó que se debe invertir en infraestructura y es necesario tener más patrullas, más policías, dormitorios, comedores y estar invirtiendo en el sostenimiento del gasto operativo de los viáticos, porque “un compromiso que tenemos, y que anhelamos los ciudadanos de Chilpancingo, es tener paz y mejor seguridad”.
Se le preguntó si se dialogará con algún líder de la delincuencia organizada, como lo hizo Norma Otilia Hernández, y respondió: “Claro que no, porque mi compromiso está con la sociedad, mi compromiso esté en trabajar con la comunidad y proteger a la comunidad. Yo vengo a representar los intereses de la sociedad y habré de hacer todo lo necesariamente correcto para garantizar la paz de mi población, que es a la que voy a representar”.
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca; del PAN, Eloy Salmerón Díaz, y de Movimiento Ciudadano, Julián López Galeana, coincidieron en que la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Hernández, habló de una realidad que se vive en el puerto.
Los dos primeros urgieron a que exista coordinación con los gobiernos estatal y federal para enfrentar el problema de la inseguridad en el municipio. El tercero pidió que sea la federación la que asuma la responsabilidad de la seguridad en todo Guerrero.
Por separado, el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, trató de limitar el impacto de las declaraciones de la alcaldesa Abelina López, le dio ánimos y le pidió coordinarse más estrechamente con los gobiernos estatal y federal.
En medio de la crisis de violencia que sufre Acapulco, donde se han registrado alarmantes cifras de homicidios ocurridos en un solo día, la presidenta municipal López Rodríguez se dijo rebasada en sus facultades para enfrentar el problema que aqueja al municipio y señaló que la Fiscalía es la responsable de las investigaciones, así como reprochó la ausencia de guardias nacionales.
No claudicar
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona le pidió a la alcaldesa Abelina López “que no claudique y que no se sienta rebasada, que ella va a poder”.
El dirigente partidista llamó a que se refuerce la coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal para enfrentar el problema de la violencia en Acapulco.
“Tenemos que ser cautos, prudentes, no desesperarnos ante este fenómeno terrible que se está dando en Acapulco. En segundo, buscar los mecanismos para coordinar de manera muy estrecha con el estado, municipio y federación. No estamos para estar lamentándonos. Creo que debería reforzarse la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, solamente así vamos a dar resultados, si no hay coordinación, si no hay entendimiento, diálogo entre los tres órdenes de gobierno, cada quien va a hacer los que corresponda. Yo les pediría que refuercen la coordinación, para que podamos dar resultados. La gente está esperando una respuestas ante la ola de violencia”.
Al preguntarle por qué demanda coordinación entre las autoridades si todos los días se reúnen las autoridades responsables de seguridad pública, en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, González Varona opinó: “Debe faltar entendimiento entre ellos, desconozco si ella (la alcaldesa) asiste a las reuniones de coordinación, pero sí debería replantearse la coordinación que existe entre los tres órdenes de gobierno. También con la Fiscalía se tiene que replantear su actuar ante esto. Debemos prevenir el delito, contenerlo entre municipio, estado y federación”.
Sobre si la postura de la alcaldesa, de estar rebasada por la delincuencia, significa que no hay coordinación con las fuerzas de seguridad federales y estatales, dijo: “No creo que no haya coordinación, quizá falte un poquito de coordinación. Necesitamos que se coordinen de manera más estrecha las corporaciones de seguridad municipal, estatal y federal”.
“Obligación y responsabilidad”
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Alejandro Bravo, opinó que la alcaldesa “tiene la obligación y la responsabilidad de enfrentar el problema” de la violencia y la inseguridad que padece Acapulco, “buscar por sobre todos los medios una coordinación, pero una coordinación que dé resultados, que garantice la seguridad de las y los acapulqueños”.
Bravo Abarca indicó que en su experiencia como presidente municipal, en dos ocasiones, sabe que los municipios están muy limitados para enfrentar el problema de la violencia, por eso es necesario que haya coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno.
“Aquí debe existir la coordinación entre todas las autoridades. Están obligadas a garantizar la seguridad de los guerrerenses, debe existir esa coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno para dar resultados, de otra manera vamos a seguir igual”.
Señaló que el problema de la violencia que sufre Acapulco también afecta a otras regiones del estado. “Es lamentable la situación, creo que todos los guerrerenses nos lamentamos de la situación que se ha vivido en los últimos días en Acapulco, sobre la violencia y todos los crímenes que se han perpetrado. Pero no solamente en Acapulco lo vivimos en otras regiones del estado”.
“Si no puede que pida licencia”
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Eloy Salmerón, opinó que con sus declaraciones, la alcaldesa Abelina López “está diciendo que definitivamente no puede, y si no puede, pues que pida licencia, que se separe, que alguien asuma esa responsabilidad”.
Consideró que “irresponsable” decir que está rebasada por la delincuencia, “eso hubiera dicho antes de las elecciones antes de que los acapulqueños volvieran a volcarse a votar por su inepto gobierno”.
Recordó que Morena encabeza a los gobiernos federal, estatal y municipal, “¿a poco no han podido coordinarse?”. Consideró que es una declaración irresponsable la que hizo la presidenta municipal, “no tiene fundamentos. Entendemos que hay delitos federales que se comenten en el puerto, pero hay que evitar que se cometan, para eso está la Policía Municipal”.
Agregó que la policía municipal no tiene un responsable desde que Abelina López asumió la presidencia, “¿cómo puede contener la violencia? ¿Quién se hace responsable de coordinar a los cuerpos de seguridad en Acapulco, si no hay alguien responsable?”.
“La presidenta municipal no ha cumplido con su responsabilidad como alcaldesa y prefiere ignorar los temas o desviar la atención. Es gravísimo lo que vive el puerto de Acapulco”.
Criticó que la mesa de coordinación solo se dedica a contar muertos, porque de todos los crímenes que han ocurrido en Acapulco y en el estado, no hay resultados o detenciones, investigaciones o encarcelamiento de quienes cometen los delitos, “la mesa de coordinación se reúnen para tomar café o para contabilizar los muertos, porque no hay resultados”.
La realidad
El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Julián López, opinó que las declaraciones de la alcaldesa son la realidad, no sólo de Acapulco sino de todo el estado. “Una declaración de la realidad, es una declaración que está totalmente ajustada a la realidad”.
“Coincido plenamente con ella. Yo lo he señalado, nuestras autoridades en Guerrero están totalmente rebasadas por la delincuencia”.
López Galeana consideró que por los niveles de inseguridad y violencia que hay en Acapulco y en el estado, la federación debe asumir “de forma total, la rectoría de la seguridad pública en Guerrero. Guerrero debe ser tratado como un caso especial“.
