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Anuncian marcha contra violencia; denuncian en Guerrero 26 mil desplazados y 4 mil desaparecidos

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Familiares de víctimas de la violencia e integrantes de organismos de derechos humanos, marcharán este domingo en varias ciudades del país y de Estados Unidos, “por la paz y contra la violencia”; en Guerrero se movilizarán en Chilpancingo y Cuajinicuilapa, informó el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
Informó que en Guerrero hay 26 mil 700 desplazados por la violencia y 4 mil 500 desaparecidos.
La directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra agregó que las acciones se realizarán en coordinación con la agrupación nacional Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia.
La agrupación está convocando a colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada, a familiares de personas asesinadas, a familiares de víctimas de desplazamiento forzado Interno, a familias de víctimas de feminicidios “y de todo tipo de violencia”.
Su llamado es, también, a organizaciones sociales, a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) a los pueblos originarios, a los profesionistas y estudiantes preocupados por la violencia y la inseguridad y a los grupos religiosos.
Rosales Sierra informó que la marcha en Chilpancingo partirá a las 10 de la mañana de la estatua a Nicolás Bravo, conocida como la “estatua del caballito”, en el parque Margarita Maza de en Juárez, al norte de la capital.
A la misma hora habrá otra marcha en la cabecera municipal de Cuajinicuilapa, en la región de la Costa Chica.
“Estas manifestaciones se realizarán de manera simultánea y articuladas con otras organizaciones y colectivos de otros estados del país y organizaciones internacionales de Estados Unidos, como parte de la Jornada por la paz y contra la violencia”, informó el Centro Morelos.
Las movilizaciones se realizarán en la Ciudad de México; en San Francisco Tetlanochcan, Tlaxcala; en Tapachula, Chiapas; en Temixco, Morelos; en Querétaro, Querétaro; en Agua Prieta, Sonora; en Nueva York; en South Bend, Indian, y Los Ángeles, California. Las tres últimas ciudades de Estados Unidos.

Protestar contra la violencia armada y estructural

“La intención es protestar contra la violencia armada y estructural que vivimos desde el sur de México hasta Estados Unidos y de manera particular en Guerrero”, informó en un comunicado el Centro Morelos.
El organismo destacó que en México hay alrededor de 400 mil desplazados por la violencia, de los cuales cerca de 26 mil 700 son de Guerrero; hay más de 110 mil desaparecidos en el país, de los cuales alrededor de 4 mil 500 son de Guerrero.
También denunció que hay miles de víctimas de homicidios dolosos, decenas de víctimas de feminicidios y violencia de género, así como miles de víctimas de todo tipo de delitos.
“Las cifras sangrientas de esta violencia y criminalidad se cometen con las cientos de miles de armas que se trafican principalmente de Estados Unidos a México, permitidas por la corrupción de los gobernantes, autoridades y actores políticos, que generan el manto de impunidad y hace imposible que las víctimas puedan tener acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño”, destacó el Centro Morelos.
Denunció que, mientras, la política del gobierno federal ha sido la de militarizar todo el país, con una Guardia Nacional militarizada, la entrega de todo el poder al Ejército, “lo que no ha servido para detener la violencia y alta criminalidad que sufrimos todos los días”.

Atender el tráfico de armas, la militarización, leyes y presupuestos

Las demandas de la marcha serán: Respeto y cumplimiento a los derechos humanos, a la vida, a la paz y a la justicia, aprobación de leyes que prohíban el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país; que los nuevos presidentes de México y Estados Unidos celebren un acuerdo binacional de derechos humanos y la creación de un organismo que observe la aplicación de los derechos humanos en ambos países.
Asimismo, pedirán un alto a la militarización de los órganos civiles de seguridad pública.
Como familias de víctimas de desaparición forzada, exigirán que el Congreso del estado apruebe la ley en materia de desaparición forzada de personas y su inmediata reglamentación y publicación en el Periódico Oficial del Estado.
También un protocolo de notificación, identificación y entrega digna de personas desaparecidas y asesinadas en el estado.
Exigirán la aprobación de un presupuesto suficiente para cubrir los derechos y necesidades de las víctimas; búsqueda y localización de los desaparecidos; aprobación y publicación del protocolo de notificación y entrega de los restos de desaparecidos y/o víctimas de homicidios dolosos; homologación de la cantidad de la canasta básica que entrega la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) con la CEAV federal.
Exigirán, según informó el Centro Morelos, verdad, justicia y reparación integral del daño para las víctimas de la violencia, alto a la criminalización y estigmatización de las víctimas y sus familias; el cumplimiento inmediato de la recomendación 171/2023 de la CNDH, relacionada con la desaparición forzada de personas; alto a los desplazamientos forzados internos, a las desapariciones forzadas, a los homicidios dolosos.
Asimismo harán un llamado al Senado de la República para la aprobación de la ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno; alto a la criminalización e intentos por deslegitimar el trabajo de las y los defensores de derechos humanos, y, finalmente, prevenir de manera efectiva el desplazamiento forzado interno.

 

Exigen familiares, vecinos y organizaciones sociales la libertad del maestro Evodio Pérez

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Familiares, vecinos, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales exigieron este lunes al gobierno federal la libertad inmediata del profesor y dirigente social, Evodio Pérez Malpica, detenido el pasado 20 de febrero por participar en protestas para denunciar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, y fue trasladado a un penal de máxima seguridad de Durango.
En una conferencia de prensa, que se transmitió vía Facebook a la 1 de la tarde de este lunes, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, condenó la detención del profesor jubilado.
“Lamentamos que el gobierno manipule la ley para castigar a un luchador social, profesor jubilado, que su único delito fue dar clases a los indígenas de la Montaña y organizar a la sociedad para lograr beneficios sociales”, dijo el activista, quien recriminó que se criminalice la protesta social.
La hija del detenido, Leida Pérez, exigió a las autoridades competentes y al presidente Andrés Manuel López obrador que se libere de forma inmediata a su padre.
Dijo que Evodio Pérez siempre ha apoyado al ahora presidente, desde que inició sus campañas políticas, “es un hombre que cuando le piden un hombro o la mano, se las da sin condiciones. Pido que mi papá sea liberado lo más pronto posible”, exigió.
En la conferencia de prensa estuvieron también vecinos de la colonia Loma Bella, donde tiene su domicilio el detenido, así como representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) a la que pertenece el detenido y dirigentes del Frente Popular de la Montaña (FPM) al que también pertenece y estudiantes de la normal de la Montaña.
En la conferencia de prensa se anunciaron acciones políticas y legales para lograr su libertad.
Barrera Hernández recordó que en 2014, el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), que respaldó a los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, tomó el Palacio Municipal de Tlapa y acordó impedir que se realizaran eventos públicos.
Sin embargo, el entonces alcalde Victoriano Wences Real organizó un encuentro de premiación de periodistas en un centro social y el MPG acordó ir a ese lugar, para emplazar a la autoridad a que suspendiera el evento.
El caso es que la visita de los integrantes del movimiento terminó en una gresca y algunos periodistas interpusieron denuncias, por el delito de secuestro, y una de ellas originó la detención del maestro jubilado Evodio Pérez.
“Estamos hablando de que, a casi 10 años de esa denuncia, el compañero Evodio Pérez Malpica fue detenido acusado por esa acción del MPG”, explicó Barrera Hernández.
Dijo que el activista fue trasladado a un penal de máxima seguridad de Durango.
Leida Pérez, su hija, rechazó que su padre sea un secuestrador, “estamos orgullosos de él, no bajamos la cara cuando nos dicen que es secuestrador. Le vamos a echar ganas, vamos a defender a mi papá”.
Contó que el 20 de febrero, a las 2 de la tarde, estaba en su casa cuando le llamó su padre y le avisó que había sido detenido por policías ministeriales y que se lo llevaban a Puebla. “Me acusan de secuestro”, le dijo y colgó.
Explicó que después supo que los agentes que se lo llevaron, le gritaron por su nombre al llegar a su casa e iban vestidos con chalecos del partido Morena, “porque sabían que sólo de esa manera lo podían agarrar. Él es de ese partido y fue la forma en que lo engañaron”.
Contó que su padre, cuando oyó que le hablaron por su nombre, salió y platicó con ellos, que le aplicaron algo como una encuesta, le pidieron sus datos y cuando estuvieron seguros que era él lo detuvieron y se lo llevaron.
Agregó que ella y su hermano salieron de inmediato rumbo al penal del Altiplano, Estado de México, porque pensaron que para allá se lo llevaban, pero cuando aún no llegaban, le llamó y le avisó que se lo llevaban a Durango, “ya no me busquen, déjenme”, le dijo y colgó. Sin embargo, dijo que al día siguiente ella fue a buscarlo hasta allá, en donde, dos días después pudo platicar con él.
“Pido y exijo a las autoridades competentes y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su libertad inmediata”.
Reprochó que su padre siempre ha sido seguidor de López Obrador, “lo ha apoyado en los eventos que se hacen en Tlapa. En cuanto él puede apoyar, siempre ha sido un hombre que cuando le piden un hombro o la mano se las da”.
“Pido que mi papá sea liberado lo más pronto posible. En la casa lo esperamos, en su casa, sus nietos lo quieren como papá, en la casa es todo para nosotros, No vamos a permitir que siga la injusticia contra los luchadores sociales. Ya mataron Antonio Vivar, a Arnulfo Cerón y ahora detienen a mi padre”, denunció.
Honorio Morales Bonilla, de la delegación D-4-16 de los jubilados y pensionados de la CETEG, también exigió su libertad inmediata y cuestionó que por qué a un luchador social como él “se le reprime, se le tortura, se le desaparece y se le secuestra. Mientras que ex funcionarios acusados de corrupción y de fraudes de tantos millones, gozan de privilegios y se les dicta prisión domiciliaria”, declaró en referencia al ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
El dirigente magisterial llamó a organizaciones sociales, indígenas, estudiantes, obreros y campesinos, a hacer una frente y a una sola voz, “para parar esta ola de represión en contra de los luchadores sociales”, así como para exigir la libertad inmediata e incondicional de Evodio Pérez.
Anunció que las organizaciones sociales y el magisterio se van a movilizar, además de las acciones legales que se realicen para exigir su libertad.
Uno de los dirigentes del FPM, Juan Sánchez Gaspar, declaró que Pérez Malpica es una persona de bien, “el compañero ha luchado desde años atrás, como docente, como delegado y como miembro activo de nuestra organización”.
“Como organizaciones sociales, reprobamos la represión de los gobiernos estatal y federal a todas aquellas personas que exigen sus derechos”.
Explicó que las acciones de 2014 fueron movimientos colectivos, que se realizaban de acuerdo con las bases del MPG y era una decisión de las bases, no de una sola persona o dirigente.
Blanca Rosa García Cruz, vecina de la colonia Loma Bella en Tlapa, donde tiene su casa el dirigente detenido, explicó que el maestro Pérez Malpica es un hombre muy respetado en esa colonia, “los vecinos lo siguen y lo respetan. Ha ayudado con las gestiones a muchas familias, instituciones y escuelas, sin recibir nada a cambio”.
Agregó: “Pedimos al presidente López Obrador que lo libere, no se merece estar ahí, en la cárcel, es una persona buena”.
Abel Barrera Hernández condenó su detención y lamentó que el gobierno “manipule la ley”, para castigar a un luchador social y profesor jubilado, “que su único delito fue dar clases a los indígenas de la Montaña y organizar a la gente, para lograr beneficios sociales para esta región”.
“No se puede continuar violando el derecho a la libertad de asociación, de reunión, de manifestarse para exigí sus derechos”.
Dijo que el profesor enfrenta un castigo desproporcionado por su activismo social. Es un maestro comprometido con la lucha social, “y su detención contradice a este gobierno, que dice no perseguir a los luchadores sociales”.
También exigió la libertad inmediata e incondicional del maestro Evodio Pérez, “demandamos que cese la persecución contra los luchadores sociales y que no se ensañen contra alguien que ha luchado por la educación de la Montaña. Exigimos el cese de la criminalización de la protesta social”, dijo.

 

Rechaza AMLO la petición de los padres de que el GIEI revise los expedientes militares

Madres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 en Iguala preparan el escenario para la conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en la Ciudad de México Foto:?Cuartoscuro

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fue enredada de “manera deliberada” para no esclarecer el caso y rechazó su petición de que integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH regresen a México a revisar los expedientes militares que su gobierno puso a disposición de los familiares de los normalistas.
“Tenemos el compromiso de continuar con la investigación, estoy pendiente atendiendo el asunto. Estamos avanzando, no está fácil porque lo enredaron de manera deliberada para que no se conociera la verdad”, aseguró.
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, al presidente se le preguntó sobre la supuesta liberación de Pablo Vega Cuevas, El Transformer, señalado como líder de Guerreros Unidos en Chicago y presunto participante de la desaparición de los 43.
López Obrador añadió que los casos se deben revisar ya que no le generan “nada, nada, nada de confianza” diversos organismos defensores de derechos humanos, concretamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el senador Emilio Álvarez Icaza.
Dijo que los familiares no requieren de representantes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que pueden recurrir a otras instituciones.
Sin señalar a un actor en particular, López Obrador dijo que hay quienes pretenden que no se avance en las indagatorias del caso.
“No tenemos nada que esconder, pero parece que no quieren que se avance”, afirmó.
–¿Quiénes?, se le preguntó.
–Pues los que han manejado esto y a lo mejor también gentes del extranjero.
Agregó: “No tengo confianza porque tengo pruebas. Dejaron en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes, promoviendo juicios donde se argumentaba que se había torturado a detenidos y resulta que por esa sentencia dejaron en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes y tengo pruebas, tan sencillo como decir que quienes participaron y luego fueron liberados supuestamente por ser torturados, terminaron como testigos protegidos diciendo ‘sí participé’”.
Agregó que hubo organismos que cuando dieron esa resolución “se festejó”. De igual forma mencionó que tampoco le tiene confianza al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), debido a que le reclamaron cuando se dio la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam, presunto autor intelectual de la denominada Verdad Histórica.

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“Ya no les tengo confianza a los del GIEI porque cuando nosotros actuamos, a mí me consta, y di la instrucción de que se fuera al fondo sin impunidad y se echa a andar el proceso para conseguir la orden de aprehensión contra el (ex) procurador, que era el responsable y él mismo se asumió a sí de la llamada Verdad Histórica y cuando se detiene, en vez de verlo como un hecho positivo, porque además decían que los militares, dos generales en la cárcel, en vez de todo eso, me reclaman”, dijo.
Añadió que una integrante del GIEI le señaló que se tuvo esperar nueve meses para la detención, a lo que dijo: “entonces: ¿qué quieren, qué buscan? ¿Que nunca sepamos nada, que no se detenga a nadie, qué me tengan a mí como rehén?”.

También critica a padres de los 43

Mencionó que en la última reunión, los padres y sus representantes legales pidieron al enviado gubernamental que el presidente no mencionara la resolución que dejó en libertad a supuestos responsables, a lo que reiteró que no participará en un pacto de silencio.
“Y lo digo aquí porque en la última reunión que tuvieron todos le pidieron al representante de nosotros, que le dije que les informara de esto, todos le dijeron que ya no querían que yo hablara de esto en la mañana. Y ofrezco disculpas, pero yo no me puedo quedar callado, es como si yo participara en el pacto de silencio. La verdad es la que nos va a hacer libres”.
De igual forma declaró que “no tenemos nada que esconder, pero parece que no quiere se avance” y añadió que instruyó al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, para entregar toda la información solicitada por los padres y sus representantes al Ejército.
“Yo di instrucciones al secretario de la Defensa de que entregaron toda la información y se entregó y gracias a esa información se logró avanzar en la investigación. Pero de repente aparece que hacían falta unos folios y que necesitaban esos folios. Le pido al secretario de la Defensa que se entregue todo, pues no están los folios que ellos están pidiendo y les digo ‘no están los folios’”, puntualizó.
Ante la ausencia de la información solicitada, el presidente entabló comunicación con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien mandó las grabaciones restantes. López Obrador indicó que las grabaciones en cuestión son numeradas: “imaginemos, uno, dos, pero del dos pasa al cinco y luego seis, siete y pasa al nueve”.
Por la falta de secuencia en la numeración, se hizo la solicitud de las grabaciones restantes, que el presidente indicó que por medio de un escrito le notificaron que ya no había más.
“Lo mismo pasa con los expedientes de la Secretaría de la Defensa, pues ya no están o tratan de otros asuntos y ellos dicen ‘no, sí están’, ‘pues no están’, ‘ah, entonces por qué no nos permite ingresar al archivo’. ‘Claro, sí, ingresen al archivo pero ya, porque se nos va el tiempo y nosotros necesitamos avanzar’”, recordó.
Debido a que los padres y sus representantes buscaban que el GIEI acompañara para la revisión de los archivos solicitados, López Obrador planteó que se contraten a expertos en manejo de archivos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) o de alguna otra universidad pública del país.
“¿Qué no pueden los abogados que los asesoran contratar a expertos en manejo de archivos en la UNAM, en el Politécnico, en cualquier universidad pública, cualquier instituto, colegio de México o gentes, ahí con ustedes? Si, o sea ya. Y nosotros ayudamos para que se les pague. No les proponemos, les damos los recursos para que ellos los contraten, a quien quieran”, declaró.