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Anuncian marcha contra violencia; denuncian en Guerrero 26 mil desplazados y 4 mil desaparecidos

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Familiares de víctimas de la violencia e integrantes de organismos de derechos humanos, marcharán este domingo en varias ciudades del país y de Estados Unidos, “por la paz y contra la violencia”; en Guerrero se movilizarán en Chilpancingo y Cuajinicuilapa, informó el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
Informó que en Guerrero hay 26 mil 700 desplazados por la violencia y 4 mil 500 desaparecidos.
La directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra agregó que las acciones se realizarán en coordinación con la agrupación nacional Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia.
La agrupación está convocando a colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada, a familiares de personas asesinadas, a familiares de víctimas de desplazamiento forzado Interno, a familias de víctimas de feminicidios “y de todo tipo de violencia”.
Su llamado es, también, a organizaciones sociales, a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) a los pueblos originarios, a los profesionistas y estudiantes preocupados por la violencia y la inseguridad y a los grupos religiosos.
Rosales Sierra informó que la marcha en Chilpancingo partirá a las 10 de la mañana de la estatua a Nicolás Bravo, conocida como la “estatua del caballito”, en el parque Margarita Maza de en Juárez, al norte de la capital.
A la misma hora habrá otra marcha en la cabecera municipal de Cuajinicuilapa, en la región de la Costa Chica.
“Estas manifestaciones se realizarán de manera simultánea y articuladas con otras organizaciones y colectivos de otros estados del país y organizaciones internacionales de Estados Unidos, como parte de la Jornada por la paz y contra la violencia”, informó el Centro Morelos.
Las movilizaciones se realizarán en la Ciudad de México; en San Francisco Tetlanochcan, Tlaxcala; en Tapachula, Chiapas; en Temixco, Morelos; en Querétaro, Querétaro; en Agua Prieta, Sonora; en Nueva York; en South Bend, Indian, y Los Ángeles, California. Las tres últimas ciudades de Estados Unidos.

Protestar contra la violencia armada y estructural

“La intención es protestar contra la violencia armada y estructural que vivimos desde el sur de México hasta Estados Unidos y de manera particular en Guerrero”, informó en un comunicado el Centro Morelos.
El organismo destacó que en México hay alrededor de 400 mil desplazados por la violencia, de los cuales cerca de 26 mil 700 son de Guerrero; hay más de 110 mil desaparecidos en el país, de los cuales alrededor de 4 mil 500 son de Guerrero.
También denunció que hay miles de víctimas de homicidios dolosos, decenas de víctimas de feminicidios y violencia de género, así como miles de víctimas de todo tipo de delitos.
“Las cifras sangrientas de esta violencia y criminalidad se cometen con las cientos de miles de armas que se trafican principalmente de Estados Unidos a México, permitidas por la corrupción de los gobernantes, autoridades y actores políticos, que generan el manto de impunidad y hace imposible que las víctimas puedan tener acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño”, destacó el Centro Morelos.
Denunció que, mientras, la política del gobierno federal ha sido la de militarizar todo el país, con una Guardia Nacional militarizada, la entrega de todo el poder al Ejército, “lo que no ha servido para detener la violencia y alta criminalidad que sufrimos todos los días”.

Atender el tráfico de armas, la militarización, leyes y presupuestos

Las demandas de la marcha serán: Respeto y cumplimiento a los derechos humanos, a la vida, a la paz y a la justicia, aprobación de leyes que prohíban el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país; que los nuevos presidentes de México y Estados Unidos celebren un acuerdo binacional de derechos humanos y la creación de un organismo que observe la aplicación de los derechos humanos en ambos países.
Asimismo, pedirán un alto a la militarización de los órganos civiles de seguridad pública.
Como familias de víctimas de desaparición forzada, exigirán que el Congreso del estado apruebe la ley en materia de desaparición forzada de personas y su inmediata reglamentación y publicación en el Periódico Oficial del Estado.
También un protocolo de notificación, identificación y entrega digna de personas desaparecidas y asesinadas en el estado.
Exigirán la aprobación de un presupuesto suficiente para cubrir los derechos y necesidades de las víctimas; búsqueda y localización de los desaparecidos; aprobación y publicación del protocolo de notificación y entrega de los restos de desaparecidos y/o víctimas de homicidios dolosos; homologación de la cantidad de la canasta básica que entrega la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) con la CEAV federal.
Exigirán, según informó el Centro Morelos, verdad, justicia y reparación integral del daño para las víctimas de la violencia, alto a la criminalización y estigmatización de las víctimas y sus familias; el cumplimiento inmediato de la recomendación 171/2023 de la CNDH, relacionada con la desaparición forzada de personas; alto a los desplazamientos forzados internos, a las desapariciones forzadas, a los homicidios dolosos.
Asimismo harán un llamado al Senado de la República para la aprobación de la ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno; alto a la criminalización e intentos por deslegitimar el trabajo de las y los defensores de derechos humanos, y, finalmente, prevenir de manera efectiva el desplazamiento forzado interno.

 

Condena el Centro Morelos “la represión” a normalistas en el desalojo del Recinto

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) condenó, en una postura por escrito, “la represión” en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado contra los normalistas del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) que exigen mejores condiciones de estudio y plazas.
Para el organismo, la represión fue ordenada directamente por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “ante su incapacidad de dar solución a las demandas de los normalistas del FUNPEG”.
El Centro Morelos, que dirige Teodomira Rosales Sierra, agregó que “es indignante esta actitud de alguien que no tiene ni la capacidad para atender y detener la criminalidad, ni dar solución a demandas sociales y estudiantiles, violando flagrantemente los derechos humanos de los guerrerenses”.
Cuestionó que si esto sucede ahorita, “¿qué le espera al pueblo de México, y de Guerrero en particular, cuando metan abiertamente a la Guardia Militar Nacional” a realizar este tipo de desalojos?
Agregó: “Ahora se ufanan de que la Cámara de Diputados aprobó la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta el 2028, así como también avalan que la mal llamada Guardia Nacional pase a las órdenes de la Sedena”.
El Centro Morelos recordó que el FUNPEG se formó hace unos 15 años, ante la falta de solución a las demandas de los normalistas, y han enfrentado diferentes represiones por parte de los gobernantes en turno, de diferentes partidos políticos, y que ahora el de Morena no es la excepción.
El Centro Morelos exigió un alto a la represión en contra los estudiantes de las normales que integran el FUNPEG, solución a sus demandas, y que “Félix Salgado Macedonio, quien es en los hechos el gobernador del estado, dé la cara y atienda a los normalistas, como lo están exigiendo”.
También pide que se respeten los derechos humanos de quienes protestan, por falta de atención a sus demandas y necesidades, por exigir justicia o por la violación a sus derechos y libertades.
El organismo responsabilizó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; a la gobernadora Evelyn Salgado y al senador Félix Salgado, “si la represión escala y hay más hechos que lamentar”.
Hizo un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que, de oficio, inicie las quejas correspondientes.
Además, convocó a los diferentes colectivos de víctimas, a las organizaciones sociales y a los organismos civiles de derechos humanos, a pronunciarse por un alto a la represión y por la solución a las demandas de los normalistas y de todas las organizaciones sociales.

 

Respaldan ONG a la trabajadora despedida del Centro Morelos; exigen una disculpa del director

Defensores de derechos humanos, feministas, artistas, abogados y periodistas del estado y del país se declararon en respaldo a la ex trabajadora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Araceli Tecolapa, despedida injustificadamente por denunciar acoso sexual y laboral del director Manuel Olivares Hernández, y le exigieron una disculpa pública y que reconozca la violencia de género que ejerció en contra de ella.
Agregaron que las relaciones de poder al interior de las organizaciones también tiene una clara dimensión política, que confían que esta crisis ayude a construir organizaciones más coherentes, y aprovecharon para exigir al Estado un trato digno.
Entre los firmantes está la senadora electa Nestora Salgado, el poeta nahua y defensor de los derechos lingüísticos Martín Tolnameyotl, profesores de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, sin embargo no firman como integrantes de las organizaciones, sino de manera individual. La única organización que se pronuncia en el escrito es el Centro de Arte Contra la discriminación y otras formas de violencia A. C.
El pasado 26 de junio Araceli Tecolapa Alejo fue despedida injustamente por expresar que sufrió violencia de género, acoso laboral y sexual del director del Centro Morelos, que se ubica en Chilapa.
“El trabajo que Araceli realizaba dentro de la organización fue que al hablar la lengua náhuatl hacía más fácil la comunicación entre sus compañeros y las familias indígenas que se encuentran en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, en algunas ocasiones colaboraba como perito traductor ante el Ministerio Público, también hacia la difusión que ayuda a visibilizar la impunidad y la falta de voluntad de las autoridades en el tema de desaparición de personas en Guerrero, así también facilitaba talleres psicosociales para las familias que son acompañadas por el Centro Morelos”, se menciona en el comunicado.
El 6 de julio Araceli Tecolapa emitió un comunicado a organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos locales y nacionales y personas de su confianza, donde expresó el trato y las formas en que fue manejado su despido, para que pudieran intervenir y mediar en esta situación.
“De igual forma queremos expresar nuestro sentir, malestar e indignación por el trato recibido al no haber sido escuchada, al haber minimizado los hechos, revictimizándole y dejándole en mayor situación de vulnerabilidad”, remarcan los firmantes.
Añade que se viven tiempos difíciles en el país y en Guerrero, y por ello resulta preocupante que dentro de las organizaciones exista una actitud que violenta a las compañeras, minimizando y normalizando, “cuando la detección de la violencia de género es un insumo básico para impulsar la lucha en los diferentes ámbitos que componen la dignificación de la vida”.
El documento expone que con este pronunciamiento no quieren sacar provecho de la situación ni mucho menos pretenden afectar a la organización, a sus integrantes, a las familias que acompañan ni el trabajo de años, porque reconocen la labor que ha desempeñado.
“Como mujeres defensoras nos solidarizamos y nos sumamos a la petición de la compañera Araceli, pidiendo que el director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón A. C. el C. Manuel Olivares haga una disculpa pública, reconociendo la violencia de género hacia ella”, abunda.
En consulta telefónica el director de Tlachinollan, Abel Barrera expuso que “lo que hemos platicado como sabemos que es una situación lamentable, en el sentido en que un organismo hermano se encuentra en una situación complicada con una compañera que siente que no está siendo escuchada, atendida, la importancia de que internamente puedan platicar, para sobre todo atender el planteamiento de la compañera Araceli, y al mismo tiempo de poder ser partícipes de este diálogo, yo creo que son situaciones delicadas, complicadas donde se tiene que escuchar a la compañera”, expuso. “Yo creo que el compañero Manuel tiene que asumir una responsabilidad de atender el planteamiento”, consideró. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Rechazan familiares el procedimiento para integrar la comisión de búsqueda de personas

Familiares de víctimas de la violencia integrados en los colectivos de Chilpancingo, Huitzuco, Chilapa, Acapulco, así como el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), rechazaron el procedimiento que sigue la Secretaría General de Gobierno para designar a quienes integrarán la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
El 24 abril la Secretaría General de Gobierno informó de la creación de esa comisión para “impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participen en la búsqueda, localización e identificación de personas”.
En un pronunciamiento conjunto los representantes de los colectivos y de organismos de derechos humanos que representan a las víctimas y sus familiares demandaron al gobierno estatal que cumpla su obligación legal en la designación de los miembros de esa comisión, “dado que serán las cabezas de instituciones que tienen como objetivo la justicia, tan escasa y ausente en el estado”.
Asimismo demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigaciones científicas con apego a protocolos y plena protección de los derechos humanos de víctimas e imputados, y que se cumpla plenamente con los procesos de búsqueda, localización, identificación y restitución de cuerpos o restos.
Firman el posicionamiento el Colectivo de Familiares de Desaparecidos, Ejecutados y Secuestrados de Guerrero, el Colectivo de Familiares de Iguala y de Huitzuco Buscando Vida entre los Muertos, familiares de desaparecidos de Chilapa, de desaparecidos de Acapulco, el Centro Morelos y el Ccti.
Plantean que la Fiscalía General del Estado (FGE) funcione y encuentre a los responsables materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas y de las desapariciones por civiles, de ejecuciones, secuestros y desplazamiento forzado.
Además que se dote de plena autonomía con recursos económicos, materiales y equipo humano multidisciplinario y técnico suficientes a la Comisión de Estatal de Búsqueda para que cumpla realmente su función.
Demandaron que se elabore un calendario de búsqueda de los desaparecidos, el reconocimiento jurídico de las víctimas, sus familiares y colectivos, la atención a todas las víctimas y agilizar los trámites correspondientes.
En su pronunciamiento destacan que debido a la violencia en el estado cada día hay una madre, una hija o una hermana que se suman a la búsqueda de sus familiares por su propia cuenta, “en los rincones menos imaginados donde guardamos la esperanza de encontrar a nuestros desaparecidos, porque tenemos la desgracia de vivir en uno de los estados con más alto nivel de criminalidad en el país, y sin embargo no contamos con una Fiscalía que sirva realmente a las víctimas de la delincuencia organizada como debiera ser en un Estado de derecho”, reprocharon.
Consideraron que la autonomía de la que se dotó a la FGE, “sólo es un insulto para las familias de las víctimas directas e indirectas de la violencia, pues el gobernador Héctor Astudillo Flores alude a ella como la manera más fácil de sacudirse la obligación que tiene de garantizar los derechos que corresponden a las víctimas, principalmente los derechos sociales a la verdad y a la justicia”.
Cuestionan la falta de voluntad política “que se reproduce desde el gobernador hasta los servidores públicos que ocupan cargos importantes y estratégicos para combatir la crisis humanitaria que hemos enfrentado desde hace una década”.
En estas circunstancias consideran que son preocupantes las condiciones en que trabaja la FGE, porque no cuenta con una estrategia de combate efectivo en contra de la criminalidad y persecución del delito debido a la inexistente articulación efectiva entre las corporaciones policiacas federales y locales con los gobernantes.
Agregan que no existe una propuesta política de combate a la corrupción y la impunidad, “por el contrario, la militarización va incrementando sin tener efecto en la seguridad”.

Javier Olea acumuló cientos de casos de desapariciones, secuestros, ejecuciones, desplazamientos que están en la impunidad

Añaden que el ahora ex fiscal Javier Olea Peláez acumuló en sus más de 28 meses en el cargo cientos de casos de desapariciones, secuestros, ejecuciones y varios desplazamientos, “entre las víctimas se cuentan más de una docena de políticos o funcionarios asesinados en Chilapa, decenas de ejecutados, cientos de desaparecidos, cuyas carpetas de investigación y averiguaciones previas permanecen hasta ahora en la impunidad”.
De la creación de la Comisión Estatal de Busqueda de Personas consideran que las comisiones o fiscalías especiales no van a ser realmente autónomas mientras tengan una carencia de recursos humanos, económicos y materiales.
Adelantan que serán obstaculizadas por los grupos de poder al interior de los tres órdenes de gobierno vinculados con los grupos de la delincuencia organizada, y lo más importante es si quien dirige carece de compromiso con las víctimas.
Frente a estas circunstancias dicen que los familiares de las víctimas se han unido y organizado en colectivos para acompañar un proceso legítimo, “y manifestamos que después de tanto tiempo viviendo en una situación de dolor e incertidumbre de nada nos han servido ni nos servirán los analfabetas funcionales, que sólo son nombrados para simular preocupación por la inseguridad y la alta criminalidad que azota a Guerrero, o que son colocados en puestos claves para garantizar la impunidad a los delincuentes gubernamentales y a los grupos de la delincuencia organizada”.
Proponen un mecanismo de evaluación y seguimiento para que se elaboren estrategias de búsqueda de los desaparecidos cumpliendo con los protocolos, que se garantice el derecho al acceso a la justicia con una estrategia clara de investigación, persecución y castigo de los responsables materiales e intelectuales por acción u omisión de las ejecuciones, desapariciones, secuestros y desplazamientos forzados.

 

Demandan ONG protección para los defensores del Centro Morelos ante la violencia en Chilapa

Organismos civiles y de derechos humanos del estado, de Oaxaca y de Morelos demandaron que se respete y se proteja la integridad personal y la seguridad de los defensores del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), ante la ola de violencia que persiste en la región de Chilapa.
En un comunicado firmado por el Colectivo Contra la Tortura e Impunidad (CCTI), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Tequio Jurídico, Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, dan su respaldo al organismo.
Exponen que los recientes hechos violentos que han sacudido a la región, en medio del clima de violencia en el estado han afectado las actividades del Centro Morelos, que trabaja a favor de familiares y víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias y desplazamiento forzoso, y que se le deja expuesto a una situación de vulnerabilidad como defensoras y defensores.
“A esto se ha sumado la inacción e indolencia de las autoridades que no han brindado las condiciones necesarias para que ejerzan su derecho a defender derechos humanos. Como personas defensoras de derechos humanos la labor de los integrantes del Centro Morelos aporta sus esfuerzos para lograr un fortalecimiento del Estado de Derecho y el aumento de la gobernabilidad y el fin de la impunidad de los delitos de alto impacto social”, manifiestan los Organismos no Gubernamentales (ONG).
Agregan que el trabajo de los integrantes del organismo defensor, como denunciantes, coadyuvantes, gestores y representantes legales de víctimas y familiares en la zona, es una confrontación diaria con las autoridades estatales y nacionales, así como ante el actuar impune de perpetradores que sumado a la vulneración de su labor los expone como un blanco propicio para cualquier tipo de agresión directa.
Indican que los organismos firmantes respaldan ampliamente el trabajo del Centro Morelos, hacen un llamado a las autoridades para que lleven a cabo acciones efectivas de prevención, que permitan evitar algún hecho lamentable en contra de los defensores.
Por lo tanto exigieron que se reconozca y respete la labor de los defensores de derechos humanos en su papel de representantes jurídicos de las víctimas y sus familiares, además de que se respete y se proteja su integridad personal y seguridad. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

A seis meses, no se investiga del asesinato de dos estudiantes de Ayotzinapa en una Urvan

 

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) exigió una investigación, castigo a los culpables y cese a la criminalización de la Normal Rural de Ayotzinapa, a seis meses del asesinato de los estudiantes Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, en un presunto asalto en una Urvan de la ruta Chilpancingo-Tixtla.
En un comunicado el organismo de derechos humanos manifestó que este martes se cumplen seis meses de la ejecución de los jóvenes, donde además resultaron por lo menos tres personas heridas.
“No sería descabellado pensar que el gobierno del estado o federal planearon este hecho violento en conjunto con algún grupo de hombres armados, pues con la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, se destaparon varios nexos entre grupos criminales y políticos con algún cargo público, como el caso del ex alcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles y el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero. Sin embargo hasta el momento no se tiene una versión oficial”, señala.
Manifiesta que no existe un avance claro en las investigaciones a los cinco presuntos responsables que están detenidos desde el 9 de octubre, y que según la Fiscalía General del Estado (GFE) están relacionados con al menos 10 casos de homicidios dolosos.
Agrega que no hay indicios de los responsables intelectuales de estos hechos violentos, y que por lo tanto no hay justicia para la Normal Rural ni para los familiares.
El Centro Morelos sostiene “que el contexto de violencia se ha agravado durante los últimos años, y la carretera federal Chilpancingo-Chilapa ha sido uno de los puntos rojos donde se han dado diferentes hechos violentos, y pese a los retenes militares que están a la salida de Chilpancingo y entrada de Chilapa, la seguridad de la ciudadanía en general no ha sido garantizada”.
Manifiesta que es preocupante que una escuela como la de Ayotzinapa que da acceso a la educación a cientos de jóvenes campesinos de bajos recursos sea atacada y criminalizada por exigir sus derechos básicos educativos, alimentación, becas, plazas, mobiliario y transporte.
La situación de violencia que se vive en Guerrero aumenta, contrario a lo que expresa el gobernador Héctor Astudillo Flores, y tal situación afecta día con día las calles, carreteras y a sus habitantes, quienes sufren asaltos, secuestros, desapariciones y enfrentamientos, advierte.
Exige el cese a la criminalización de la Normal Rural de Ayotzinapa y los normalistas, una pronta, imparcial y exhaustiva investigación del asesinato de Jonathan y Filimón y la ubicación de sus perpetradores, además castigo a los responsables y garantías de seguridad en la zona, para evitar a que estos actos se repitan.

Hay más indicios de que la PGR encubre a los responsables del caso Ayotzinapa: Centro Morelos

 

A 28 meses de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), denunció que cada vez hay más indicios de que la Procuraduría General de la República (PGR) oculta información para encubrir la corrupción del sistema y a los responsables de los homicidios de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes, ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Menciona la información que se publicó recientemente sobre una investigación del trasiego de droga en México, anterior a los ataques, que revela los niveles de corrupción de corporaciones policiacas y militares.
Insiste en que el Estado es responsable de la desaparición de los normalistas y que el caso de Iguala es de los más paradigmáticos, porque “el Estado no va a castigarse así mismo”.
Destaca la importancia de que el trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no sea obstaculizado como lo fue el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó en dos periodos de seis meses en las investigaciones con la PGR.
De los padres de los estudiantes advierte que, “la impunidad no ha dejado de cobijar a los responsables intelectuales y materiales, mientras que el paso de 28 meses y la incertidumbre de no conocer su paradero les ha ido dejando estragos en su salud”.
Aunado a los intentos criminalización de los estudiantes desaparecidos tratando de vincularlos con un grupo de la delincuencia organizada, la criminalización al movimiento de los padres con engaños, intentos de corromperlos y dividirlos, y amenazas telefónicas de muerte.
El organismo demanda el cumplimiento cabal a las recomendaciones del GIEI, que se investigue a los militares y se detenga el hostigamiento a los padres de familia.

El relator de la ONU confirmó que las violaciones a los derechos no son aisladas, afirma el Centro Morelos

Las recomendaciones del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, confirman que esas violaciones en Guerrero no son casos aislados, y que el Ejército en las calles no es sinónimo de seguridad, denunció el Centro regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado recriminó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se empeñe en decir que los delitos van a la baja, y que las operaciones militares serán la solución del problema.
Estimó que la visita del relator será de suma importancia porque refleja la violencia en cuanto a desapariciones forzadas y por particulares, homicidios dolosos, tortura e impunidad, porque llamó a la protección urgente de los defensores de derechos humanos.
Incluso, llamó “defensores emergentes” a quienes defienden los derechos humanos, incluidos periodistas, porque tienen una actividad de alto riesgo.
Ayer el Centro Morelos demandó que las recomendaciones del relator se tomen en cuenta, particularmente, a la hora de elaborar leyes, porque las que están sólo han servido para la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos.
Afirma que desde 2014 en Guerrero existe una crisis de seguridad reflejada en las “cifras alarmantes de desaparición forzada y por particulares, un sinfín de homicidios dolosos, torturas, impunidad y hallazgo de cientos de fosas clandestinas”.
Coincidió con el relator en que el mecanismo de seguridad para defensores debe ser accesible para las personas que corren mayor peligro, pero “no es aceptable que además de la criminalización y estigmatización, los defensores y defensoras tengan que ser hostigados, vigilados, recibir amenazas telefónicas, ser privados de la libertad, torturados e incluso asesinados”.
El organismo respalda las recomendaciones del relator especial de la ONU, dirigidas a “disminuir el riesgo al que todos los defensores del mundo se han enfrentado y que en muchos de los casos han terminado en una muerte impune”.
Concluye que este informe preliminar, confirma que las violaciones de derechos humanos en Guerrero no son un asunto aislado, “y no es un contexto de violencia de baja magnitud como lo ha manifestado en múltiples ocasiones el gobernador Héctor Astudillo, que la presencia del Ejército en las calles no es sinónimo de seguridad y que la Ley de Seguridad Interior no es la solución para acabar con la violencia”.

El uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad “levanta ciertas preocupaciones en materia de gobernanza democrática”, dijo el relator

En el informe de su visita del 16 al 24 de enero en México el relator Forst, se refirió a las discusiones en las cámaras de diputados y senadores sobre el cambio al artículo 29 de la Constitución y el proyecto de Ley de Seguridad Interna, por el que miembros del Congreso y organizaciones expresaron preocupación, incluyendo esa ley que normalizaría el uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.
En el informe difundido en Internet, reconoció los retos que implica la geografía del país, las ejecuciones, la tortura y las desapariciones forzadas, la compleja dinámica de los cárteles de la droga y la delincuencia organizada, pero añadió que el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad “levanta ciertas preocupaciones en materia de gobernanza democrática”.
Asimismo recomendó que las leyes y políticas cuya ambigüedad se ha utilizado para criminalizar a defensores de derechos humanos, sean revisadas en su objetivo y su implementación.
Consultado por el diario Reforma, Michel Forst opinó que el gobierno mexicano debe cambiar su narrativa sobre los defensores de derechos humanos, para contrarrestar el vilipendio y las campañas de difamación. Aclaró que los defensores no deben verse como enemigos del Estado, sino como agentes de cambio.
En la visita recorrió cinco estados de la República, entre ellos Guerrero, donde escuchó testimonios sobre la situación que viven los defensores, a familiares de personas desaparecidas en la entidad organizadas en colectivos, y a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.

Se declara el Centro Morelos en alerta ante posible represión de la protesta tras el gasolinazo

 

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón expresó este lunes su solidaridad con los movimientos que protestan sin tintes partidistas o electorales ante el alza al precio de la gasolina y otros productos, y se declaró en alerta ante posibles actos de represión en contra de los manifestantes.
El organismo de derechos humanos, que tiene su sede en Chilapa, manifestó en un escrito ayer que el incremento al precio de la gasolina ha generado el incremento “generalizado” a precios de otros productos como el gas, pasajes y alimentos, que afecta el bolsillo de la ciudadanía.
Por otra parte, añade que otra inconformidad radica en el contraste entre las grandes cantidades que se auto asignan los diputados, senadores y otros funcionarios, con el salario mínimo de 70 pesos que gana la mayoría de los mexicanos.
“Lo anterior ha dado como resultado que desde los primeros días de enero diversos sectores de la sociedad se manifiesten en diferentes puntos del Estado y del país, como reflejo de la inconformidad social generalizada”, expone el organismo.
Considera que la inconformidad es justificable, porque con la cadena de incrementos en los precios de los diversos artículos en el mercado, los ciudadanos se verán imposibilitados para atender necesidades básicas como la alimentación, la salud, la educación y el vestido.
Además, agrega que la lógica que el presidente Enrique Peña Nieto argumenta en su mensaje explicando los motivos del alza de los precios, en el sentido de que el aumento al precio de la gasolina es un ajuste con los precios internacionales, “está fuera de contexto, pues la moneda mexicana no se puede comparar con la de otros países como Estados Unidos o de Europa”.
Al respecto, el Centro Morelos manifiesta que “es totalmente entendible que la ciudadanía salga a las calles a manifestar su enojo e inconformidad, enfrentando la criminalización y los intentos gubernamentales de deslegitimar estas manifestaciones”.
Insiste que las protestas que se están generalizando, “son la muestra de la impotencia y la rabia ante una política económica diseñada para seguir beneficiando a los ricos capitalistas a costa de hundir en una mayor miseria al pueblo”.
Añadió que, en este ambiente la lucha del pueblo, además de ser legitima, demuestra su hartazgo del mal gobierno que es encabezado por el Partido Revolucionario Institucional.
Para el organismo, “es preocupante que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en vez de regular los costos de la gasolina de acuerdo con el incremento del salario mínimo, anuncie que tomará represalias contra quienes incrementen precios por el gasolinazo, cosa que es inevitable”.
“Por ello, manifestamos nuestra solidaridad a los que manifiestan su inconformidad sin ningún interés político electoral de por medio, teniendo claro que los partidos políticos se han aprovechado de esta coyuntura para banderear movilizaciones cuando todos ellos han votado por reformas que afectan a los más pobres”, dice el escrito.
El Centro Morelos expresa, asimismo, su preocupación ante las afectaciones que se irán dando en el transcurso de 2017 tras el llamado gasolinazo.
Considera que la medida, “es un mal comienzo que traerá consigo un empeoramiento en la crisis de derechos humanos que ya se vive en el país, ya que el gobierno enfrentará el descontento del pueblo con mayor militarización y el huso de la fuerza con tal de no dar marcha atrás con su política económica que lesiona los más elementales derechos humanos”.
Ante esta situación el organismo se manifestó en “alerta” ante los posibles actos de represión que se desaten en contra de los manifestantes, para documentar y apoyar las denuncias correspondientes.

En 2016 la complicidad del gobierno con el crimen agudizó la crisis humanitaria: ONG

La fragmentación de los movimientos magisterial y social, la impunidad y complicidad del gobierno con criminales ante la violencia generalizada y la posibilidad de que el ejecutivo federal declare un estado de excepción como parte de la militarización de la seguridad interior, agudizan la crisis humanitaria en Guerrero, denunciaron e Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado señalan que “la agresión gubernamental” fragmentó y dejó en un alto grado de vulnerabilidad a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), dividió y provocó el reflujo de las bases sociales de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en una embestida que comenzó en 2013, e hizo lo mismo con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop).
Advirtieron el riesgo de organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y otras policías o guardias comunitarias que no se rigen necesariamente en el ámbito de la Ley 701 ni responden a los usos y costumbre de los pueblos originarios, “de que el fenómeno se desarrolle hacia narco-paramilitares que le hagan las tareas sucias al gobierno agrediendo a activistas, militantes y defensores de derechos humanos”.
En un balance de los acontecimientos de 2016 señalan que el año que terminó fue el más violento desde 2006, con más de 2 mil 200 asesinados, al grado de alcanzar los niveles de 2011.
“Tanto si se trata de violencia del crimen organizado, delincuencia común o de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el dato nos señala una ineludible responsabilidad del Estado mexicano, al no proteger ni castigar estos homicidios, en la que hay que resaltar los feminicidios a los que el gobierno del estado de Guerrero ha invisibilizado negándose a aplicar una alerta de género”, opinaron sobre la solicitud de feministas que demandaron una política pública federal para evitar los asesinatos de mujeres en la entidad, por la que el gobernador ofreció implementar acciones para evitar la intervención de la federación.
Mencionan la muerte de tres líderes históricos de Guerrero: uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez, el abogado de las viudas de la masacre de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez y el doctor Bertoldo Martínez Cruz, “los tres se enfrentaron al gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y fueron perseguidos y encarcelados”.
Destacan que en 2016 se registraron muertos de todas las edades, género y diferentes preferencias sexuales, y el mayor número fueron hombres jóvenes en edad productiva, de baja escolaridad, y de los estratos socioeconómicos más desprotegidos. Entre las ejecuciones mencionaron los casos de los normalistas de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, además de miembros de los grupos de policías comunitarias de Tixtla.
Asimismo indicaron que hay casi mil casos de desapariciones forzadas en registros de las asociaciones de familiares de desaparecidos Iguala, Chilpancingo, Chilapa, Zitlala y Acapulco, donde se sospecha la participación de agentes del Estado, como las cometidas por los grupos del crimen organizado y poderes fácticos, y no existe ningún cálculo de este problema en las instituciones de gobierno.
De los casos de desaparición que terminaron con hallazgos de cadáveres recordaron el del maestro y miembro de la CRAC-PC Irineo Salmerón Dircio y del líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia y su esposa Carolina Francisca Santos Delgado, así como de estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Otro fenómeno que contribuye a la crisis del Estado de derecho y la crisis humanitaria que vivimos en Guerrero, exponen, es el desplazamiento forzoso interno que comenzó en 2007 en la sierra de la Costa Grande y Tierra Caliente, y que en 2016 afectó más a las regiones Centro, Norte y Tierra Caliente.
Aseguraron que las tres regiones se caracterizan por la ausencia del Estado y el control territorial de facciones del crimen organizado, y las víctimas siguen desprotegidas a pesar de que existe una ley estatal sobre desplazamiento forzoso.
Tanto en ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado prevalece la falta de investigación, la criminalización hacia las víctimas, la impunidad y la falta de respuesta de las autoridades conforme a tratados y convenciones internacionales y al propio derechos interno.
Un eje transversal en todos los conflictos “es la militarización de la seguridad pública”, al grado que los políticos propusieron crear un marco inconstitucional para avalar la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo que implica “una garantía de impunidad”, denunciaron.
Como ejemplo mencionan la reciente reglamentación del artículo 29 de la Constitución, que permitiría al presidente de la República declarar estado de excepción o suspensión de garantías, acotando los derechos humanos más básicos como parte de ese proceso de militarización que se complementaría con la Ley de Seguridad Interna.

Sigue sin resolverse la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue sin resolverse, no obstante que el año pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró evidencias de “muy graves intenciones de desviar líneas de investigación contra presuntos responsables, a quienes ahora hay que considerar como víctimas de tortura y de ser obligados a armar la verdad histórica con confesiones sacadas bajo tortura”.
Debido a lo anterior, el Estado mexicano básicamente expulsó a los integrantes del GIEI y retrasó por meses la conformación del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “demuestran la nula voluntad política de resolver el caso conforme a derecho. Por el contrario, se dilucida la intención de encubrir a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la desaparición masiva de los normalistas”.
En el campo del derecho a la salud, aseguraron que “tampoco se ven avances significativos”, más bien la disminución del presupuesto destinado a la salud y el intento de impulsar la universalización de la salud que tarde o temprano va privatizar no solo el acceso, sino el derecho a la salud.
En Guerrero no existen avances en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para los pueblos originarios, ya que sigue expulsando migrantes que de otra forma morirían de hambre en sus pueblos, o por falta de oportunidades y servicios.
Para 2017, consideraron que la pobreza se profundiza debido a los incrementos a los precios de la gasolina, al gas y la electricidad, pero millones de mexicanos empobrecidos tienen la oportunidad de “organizarse y defender sus derechos, logrando verdad y justicia para los familiares de los desaparecidos, que los desplazados por fin sean atendidos de acuerdo a la Ley 487 Para la Prevención y Atención al Desplazamiento Interno”.

Proponen personal interdisciplinario en la Fiscalía para atender las desapariciones

Para la atención de los desaparecidos proponen que se dote a la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, de personal interdisciplinario y recursos económicos suficientes para su funcionamiento y eficacia en todo el estado, y que el Congreso apruebe la iniciativa de ley presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja sobre la declaración de ausencia de personas desaparecidas, a fin de que las familias puedan acceder a la protección de los bienes de los desparecidos.
Asimismo demandaron la independencia de la Dirección General de Servicios Periciales que depende de la Fiscalía General de Justicia del estado, y que se establezca una base de datos de ADN en el Estado de Guerrero, para confrontar los resultados de las muestras en el menor tiempo posible, y concluir la identificación de los más de 400 cuerpos desconocidos, que a fin de año se colocaron en un cementerio ministerial.
Solicitaron que la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se comprometan a acompañar y apoyar a las familias de víctimas de desaparición que pertenezcan a población indígena, de acuerdo con sus facultades tal y como lo establece la Ley General de Víctimas.
Además, que la FGE “deje de querer entregar a las familias de desaparecidos cuerpos con sólo el resultado positivo del ADN de uno de sus familiares, lo cual deben de estar más completas las confrontas de ADN y se deben hacer los peritajes de otras especialidades como el de Odontología y Antropología Forense”.