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Organiza el INE una capacitación estatal sobre violencia política de género para consejeras

Yee Trujillo

Durante una capacitación estatal del INE sobre violencia de género, la consejera electoral María Antonia Ramírez Marcelino expresó que no basta con conocer los derechos políticos de las mujeres, sino ejercerlos y levantar la voz. Señaló que aún existen diversos obstáculos y discriminación.
Este miércoles, el INE realizó una capacitación a servidores públicos para prevenir y atender la violencia de género, para el acceso a la justicia y el impulso al ejercicio pleno de los derechos político-electorales, con perspectiva de género y enfoque intercultural, que fue transmitida en Facebook con problemas de audio. También participó la integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras y Ex Consejeras Electorales, Vicenta Molina Revuelta.
Ramírez Marcelino expresó que el ejercer los derechos políticos trae obstáculos, como muchos estereotipos, porque se califica a las mujeres de problemáticas, en lugar de reconocer su liderazgo; además de la discriminación de servidores públicos, en su caso al ejercer su cargo, por su color de piel y estatura o no maquillarse, que ha visto que en oficinas les dicen a mujeres humildes con sus bebés, que no se metan porque ensucian el piso. Llamó a los servidores públicos a hacer la diferencia, ser empáticos y atender a la sociedad de forma respetuosa.
Señaló que en las comunidades no se participa en igualdad de condiciones, las mujeres tienen espacios destinados sólo en la Iglesia, en las fiestas tradicionales, sirviendo comida, no deben asomarse a la Comisaría, que se burlan de las mujeres por trabajar en obras e inclusive el presidente de Copanatoyac decía que no se contrataran mujeres para la construcción de caminos porque iban a echar a perder el dinero.
Recordó que en su poblado, Ocotequila, Copanatoyac, en la elección de la Comisaría en enero de 2022 no se permitió votar a nueve mujeres, quienes documentaron, se asesoraron, difundieron la injusticia, promovieron un juicio electoral ciudadano sin buscar sanciones, y en febrero del mismo año se hizo una nueva elección con la participación de más de 500 pobladoras.
Subrayó que esto no quiere decir que se acabó la violencia de género, porque sigue en las comunidades, pero ahora ya hay un precedente. Destacó la importancia de estas capacitaciones y deseó que se lleven a las localidades. Afirmó que de nada sirve guardar el conocimiento, que debe compartirse, fortalecer los liderazgos de mujeres para que lleguen a cargos públicos, al Congreso, que en Tlapa hay mayor de participación de mujeres como delegadas y comisarias, pero en los pueblos se avanza muy lento.
Molina Revuelta destacó la labor de Ramírez Marcelino, acentuó que Guerrero tiene esa particularidad de tener casos emblemáticos que también dan una pauta. Ejemplificó que en Xalpatláhuac nunca pudo restituirse que la alcaldesa despachara desde el municipio, en referencia a Selene Sotelo, en el periodo de 2021 a 2024, así como el caso emblemático de Ocotequila, y consideró que es necesario fortalecer las áreas de género en las instituciones.
Durante su presentación, expuso los principales derechos políticos, de las indígenas, el marco normativo de la violencia política contra las mujeres en razón de género federal, estatal, del INE y el IEPC; las reformas en la materia de 2020 y su armonización local; los elementos, conductas y criterios que integran un caso; sanciones, el procedimiento especial sancionador, las medidas cautelares y/o de protección que se pueden emitir, las de reparación y no repetición, y el registro nacional y estatal de personas sancionadas, en el que hay cuatro de Guerrero.
En participaciones desde las diferentes juntas distritales, una integrante de la Barra de Abogados de Tlapa pidió a los servidores públicos ser empáticos y que no se discrimine por vestimenta. La síndica de Chilpancingo, Jacaranda Argentina Solís, señaló la invisibilización que ha habido para ocupar cargos públicos y acceder a los derechos, y que es momento de que cesen los ataques también por parte de mujeres, porque ella misma los ha sufrido. La contadora Clementina Salinas Terrazas denunció que hay una parlamentista de la Montaña que sufre violencia, acoso, y obtuvo medidas cautelares, pero sigue siendo amenazada y pidió asesoría. Linayme Paulette Reyes propuso trabajar en un catálogo o decálogo contra la revictimización, para corregir a tiempo.
En el cierre de la actividad, el vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local, Esteban Rafael Gonzalez Vargas, expresó que el INE trabaja en la materia desde 2020, pero este deberá ser uno de los temas a atender desde las diferentes formas, que es necesario el involucramiento de los órdenes de gobierno y la sociedad.

No se comprobaron las denuncias de acoso en su contra, informa el director del ITA

Karina Contreras

El director del InstitutoTecnológico de Acapulco (ITA), ubicado en el crucero de El Cayaco, Salvador Herrera Soriano, informó que no fue vinculado a proceso por las acusaciones de hostigamiento sexual, abuso sexual y violencia de género.
En conferencia de prensa en las oficinas de la División de Estudios Protesionales, Salvador Herrera adelantó que pondrá una demanda penal por daño moral contra los estudiantes y maestros que lo acusaron, pues “tuvo consecuencias con su familia” y tiene que tomar acciones.
La denuncia será contra los ex estudiantes, Fátima Solís Alcántara y Francisco Javier Salgado Ruiz, que encabezaron el moviendo en su contra.
Además, los estudiantes Diego Adelfo García Jijón y Dulce María Chávez Barrios. También al líder del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en México (SITEM) en el estado, Juvenal Valencia Tamayo, y su delegado en el ITA, Aristóteles Muñoz Morales; así como a la coordinadora estatal de jubilados del mismo, Aloína Castillo Palma.
Asimismo, anunció su renuncia al sindicato, porque dijo que lo creyó diferente y que defendía a sus agremiados.
Herrera Soriano dijo: “No se vale que se dañe la imagen de una persona” y dijo que también irá contra los medios de comunicación que difundieron la nota “dolosa”, donde pondrá una denuncia ante el área cibernética de la Guardia Nacional por la violencia digital generada por el caso, para pedir que bajen las publicaciones donde lo acusan de los delitos.
Informó que la resolución se dio el 27 de noviembre, por parte de la juez de control del Poder Judicial de Guerrero, Rubicela Castro Serrano, debido a que los “datos de pruebas que ofreció la parte acusatoria y el testimonio del estudiante Francisco Xavier Ruiz Salgado, amigo de la pregunta víctima, fueron falsos y contradictorios”.
En la denuncia, la supuesta víctima señaló que sufrió el presunto abuso sexual por parte del directivo el 10 de octubre de 2023, en la dirección del plantel.
De acuerdo con esto, en su denuncia, el hecho no ocurrió porque los días 9, 10 y 11 de octubre de 2023 se suspendieron las actividades académicas y administrativas en el ITA, por orden de la Secretaría de Educación Guerrero, debido a las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Max.
El director dijo que, en lo que respecta a la violencia de género, Fátima Solís Alcántara reprobó 17 materias, por lo que fue dada de baja conforme a los “lineamientos académico-administrativos del Tecnológico Nacional de México, su desempeño académico hizo que fuera imposible su permanencia en la institución”.
Acusó al secretario general de la delegación CED-XIII-01TECNM, del SITEM, Aristóteles Muñoz y al ex estudiante Francisco Xavier Salgado, “de orquestar campañas en su contra para exigir su salida como director, generar acciones que desestabilizan la vida académica del tecnológico, usando a los estudiantes con la promesa de ayudarles a mejorar su situación académica, regalándoles calificaciones”.

Evitar normalizar la violencia digital, pide Olimpia Melo a autoridades en conferencia

La activista Olimpia Coral Melo Cruz durante su participación en la conferencia magistral “La Ley Olimpia y la violencia digital” llevada acabo en el Teatro María Luisa Ocampo en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

La activista Olimpia Coral Melo Cruz llamó a las autoridades a no criminalizar a las víctimas de la violencia y evitar normalizar la violencia digital.
Olimpia Coral Melo impartió la conferencia La Ley Olimpia y la Violencia Digital, en el teatro María Luisa Ocampo, como parte de la jornada de 16 días de activismo contra la violencia de género, del gobierno estatal.
Pese a que la conferencia estaba programada a las 9:30 de la mañana, inició 52 minutos después. En las instalaciones del teatro se observó un despliegue de seguridad y se limitó el acceso a los asientos de las dos primeras filas, debido a que se esperaba la asistencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Sin embargo, la mandataria no llegó y los organizadores invitaron a los asistentes a pasar al frente. En la conferencia estuvieron presentes el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, en representación de la gobernadora; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, y la encargada de la Unidad de Género de la SEG, Luisa Isabel Solís de la O.
También asistieron las diputadas locales morenistas Marisol Bazán Fernández, Leticia Rodríguez Armenta y Luissana Ramos Vega, así como la subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, Lucila Rangel Santos, entre otros funcionarios, maestros y alumnos de varias escuelas.
En su intervención, Marcial Rodríguez dijo que la gobernadora “ha impulsado una política pública integral, de defensa de los derechos de las mujeres y, muy especialmente, en contra de la violencia de todo tipo”.
Destacó la estructura institucional del gobierno para promover la política transversal en favor de las mujeres, iniciativas de ley para incrementar las penas de los delitos de secuestro, feminicidio y violación en agravio de niñas; la Alerta Violeta, para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas; la Tarjeta Violeta, para fomentar la autonomía económica de las mujeres y el Transporte Violeta, entre otras acciones.
“Con esta política pública, Guerrero se encamina a convertirse en un santuario de los derechos de las mujeres bajo la conducción de nuestra gobernadora”, afirmó.
Ya en materia, Olimpia Coral Melo contó que es sobreviviente de violencia digital y junto con otras mujeres fundó el Frente Nacional para la Sororidad, con el objetivo de dar acompañamiento a las víctimas de la violencia digital y prevenir estos casos.
En 2014 presentó, ante el Congreso de Puebla, una iniciativa de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, mediante las cuales se reconoce y sanciona la violencia digital; las penas van de tres a seis años de prisión, para quienes realicen estas acciones y multas de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
En la actualidad, este conjunto de reformas es conocido como Ley Olimpia y ha sido aprobada en México, Argentina y Panamá; en tanto que Olimpia Coral Melo pasó de ser conocida en redes sociales por un video sexual, que su ex novio difundió sin su consentimiento, a ser nombrada una de las 100 personas más influyentes en el mundo en 2021 por la revista Time.
Sin embargo, debido a que la ley no es retroactiva, Olimpia Coral Melo nunca pudo denunciar a su agresor ni obtener justicia por la violencia digital y las secuelas emocionales que le causó este episodio de su vida.
“Nunca creí que iba a estar enfrente de todos ustedes, contándoles que había un video sexual de mí, porque yo me quería morir y menos que iba a haber autoridades presentes. A mí me daba vergüenza, es algo de tu intimidad, ser víctima de violencia digital es como si te violaran sin penetrarte”.
Puntualizó que no hizo junto con sus compañeras la Ley Olimpia para salvarse a sí misma, “lo hice para que ustedes tengan otra realidad”.
“Yo no pude tener justicia. A mí, la justicia me la dan estos micrófonos cuando me dejan hablar con ustedes, a mí la justicia me la dan estas conferencias, a mí la justicia me la están dando la SEG y el gobierno de Guerrero, cuando me permiten hablar en este micrófono para poder compartir mi historia”, expresó.
Añadió que, para ella, la justicia se la dieron su madre, su familia y sus amigas, cuando le creyeron y la apoyaron para poder enfrentarse a toda la sociedad, que la juzgó y la criminalizó por haber sido exhibida sin su consentimiento.
La activista dijo que la violencia digital todavía no es del todo reconocida y el hecho de contar con la Ley Olimpia, no significa que no haya más casos, por ello llamó a los asistentes, particularmente a los docentes y las autoridades a que, cuando una mujer les diga “viví violencia”, en lugar de cuestionarlas, las apoyen.
“No tienes que ser erudito en la materia de violencia digital, porque sé que hace falta mucho, pero con uno que le diga a esa chica ‘no estás sola, no es tú culpa’, habremos cambiado el mundo”.

Denuncia violencia de género la supervisora académica de la Prepa 22 de Atoyac

Francisco Magaña

Atoyac

La supervisora académica de la Preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en Atoyac, Dulce Adriana Mendoza Mendoza, denunció en conferencia de prensa en el plantel, acompañada de la subdirectora María de la Luz Mendoza Peña y la docente Diana Hernández Castro, que sufre violencia de género del docente Carlos González Astudillo.
Explicó que al cumplir con recabar las firmas de la asistencia de los docentes en cada grupo, al acudir con el profesor González Astudillo, esté de manera agresiva se negó.
Señaló que en dos ocasiones le azotó la puerta en la cara, golpeándola, sin importarle que hubieran los alumnos y se negó a firmar, y agregó que no es la primera vez que el maestro se conducente de manera déspota con su persona.
Indicó que forma parte de la Comisión de Equidad de Género de la Preparatoria 22 y sería incongruente de su parte no actuar ante este tipo de situaciones, que no se deben permitir en contra de cualquier persona.
Dijo que solicita que “se tomen las acciones pertinentes y conducente, antes ante este hecho tan negativo, lamentable y ofensivo a la dignidad y condición de la mujer y el trabajo”.
Agregó que estos actos ya no deben tolerarse ni repetirse, “menos de un hombre en contra de una mujer, y aún más, dentro de un centro educativo”. Mencionó que su denuncia “busca proteger y salvaguardar los derechos humanos de nuestros estudiantes y trabajadores, así como lograr la igualdad en nuestros centros de trabajo, en toda la UAG”.
Manifestó que el profesor tiene antecedentes agresivos, como una riña con un trabajador.
Pidió a las autoridades educativas que se apliquen las sanciones, según las leyes.
Informó que interpuso una queja en la Fiscalía de Atoyac.

Descarta la UAG una demanda por violencia de género contra un docente

Consejeros de la Universidad Autónoma de Guerrero al momento de emitir su voto favorable para la creación de nuevas preparatorias en Tlacoachistlahuaca y Quechultenango Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Consejo Universitario, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), aprobó la sentencia del Tribunal de Justicia Universitario, que descartó una demanda de violencia de género contra un maestro de Inglés de la Preparatoria 32 de Iguala.
Mientras, la Unidad de Asuntos Jurídicos presentó dos investigaciones contra trabajadores, por un acto de corrupción y un acoso sexual, que terminó con el despido y liquidación de los acusados.
En la sesión extraordinaria, el representante del Tribunal de Justicia Universitario habló de acoso y hostigamiento como sinónimos en la presentación del caso, para concluir que no bastaban los dichos de la víctima, con identidad reservada, para determinar una responsabilidad del imputado, de apellido Peraza, y de quien se pudo establecer que es un maestro de Inglés.
Añadió que el acusado negó los hechos y las pruebas que tuvieron a la vista fueron “insuficientes para acreditar la responsabilidad”, entre estas, copias simples de evaluaciones y copias de calificaciones, con una corrección de 8 por encima de un 7.
Fue el único asunto de la sesión que se aprobó con dos abstenciones. Los demás fueron por unanimidad.
De dos intervenciones a favor de la sentencia, uno de los participantes se quejó, además, de que la primera sentencia del tribunal, sobre la expulsión de docentes y un maestros de la escuela de Ciencias Químicas Biológicas, fue modificada por intervención de un particular, sin dar el nombre.
El rector Javier Saldaña Almazán respondió que la expulsión de Ciencias Químicas Biológicas, que luego se revirtió, sigue en proceso de investigación.
En cuanto al caso de Iguala, aclaró que si hubo una modificación en las calificaciones, también debía ser investigado.
Por otro lado, la Unidad de Asuntos Jurídicos destacó que tienen capacidades de investigación, para establecer la responsabilidad de actos de corrupción contra dos trabajadores, distinto a la actuación del tribunal en la denuncia de violencia de género.
El responsable del área explicó que por denuncias ciudadanas, se investigó a la trabajadora de la Dirección de Administración Escolar, Nelilu Factor Ruiz, acusada de haber recibido 20 mil pesos, por entregar una ficha de ingreso a la facultad de Medicina.
Indicó que en la comparecencia se exhibió la ficha de depósito, de 20 mil pesos, a nombre de la universitaria, quien negó la acusación pero aceptó que recibió el dinero por una supuesta deuda.
El funcionario subrayó que “en el área jurídica sí nos da para investigar. Hicimos lo que nos marca la ley y la compañera tenía otro procedimiento de corrupción por ingreso (de dinero) a cambio de una plaza, de una persona que también entregó 20 mil pesos”.
Asimismo, informó que el docente de la Preparatoria 33 de Chilpancingo, Gabriel Diego Sotelo, señalado de acoso sexual, reconoció su “error” y renunció voluntariamente a la institución; además de que se comprometió a reparar el daño a la estudiante y depositó 30 mil pesos para la joven reciba sesiones psicológicas. El consejo aprobó que ambos reciban la liquidación de ley.
El rector solicitó ahí investigar a la Unidad de Asuntos Jurídicos en la Preparatoria 10, al profesor Prisciliano Andraca, por varias denuncias de acoso y corrupción; así como a una secretaria y directora de la Preparatoria de Iguala, por la posible venta de calificaciones y de plazas que trascendieron de una denuncia.
En consulta, Saldaña Almazán explicó que el jurídico es un órgano de investigación, y pasa el caso al tribunal, para la posible sanción de un delito.
Reveló que tienen identificados, en el área de Servicio Social, una posible práctica de venta de calificaciones, que “brincan” cada vez que alguien altera una evaluación, a través de un sistema que se instaló hace como seis meses, cuando entró en funciones.
Afirmó que el personal de Servicio Social se enterará ahora, a través de esta comunicación, de que todos los movimientos anormales son registrados.

Honoris Causa para Rosario Ibarra, Axel Didriksson y El Pino

Entre otros puntos, el Consejo aprobó además, la entrega de títulos Honoris Causa a la defensora de derechos humanos, Rosario Ibarra Piedra (postmortem) y al investigador Axel Didriksson Takayanagui.
Saldaña Almazán pidió incluir en estos reconocimientos al político conocido como El Pino, Salvador Martínez de la Roca, y que en lugar de que se entreguen en una sesión solemne, por economía se entregue por comisionados, encabezados por la Comisión de Honor y Méritos.
Aprobaron dos nuevas preparatorias en la cabecera municipal de Tlacoachistlahuaca y en Colotlipa, en Quechultenango, que llevaban décadas operando como preparatorias populares, y cuentan con infraestructura. Sólo quedó pendiente la disposición presupuestal.
Defendieron los proyectos en la tribuna sus alcaldes, de Tlacoachistlahuaca,Yareth Sarai Pineda Arce, y de Quechultenan-go, Crisóforo Castro Castro.
Luego, el Consejo Universitario actualizó el marco normativo universitario, para garantizar la entrega de fichas de ingreso, en automático, a los egresados de las ahora 50 preparatorias de la UAG, para poder aspirar a cualquiera de las licenciaturas que se ofrecen.
Como parte de la argumentación, un maestro de Ometepec señaló el peligro de las baja matrícula de las preparatorias de la universidad, por la deserción de estudiantes y, con ello, el riesgo de que desaparezcan planteles. Llamó a los docentes a ponerse la camiseta y apoyar a sus alumnos.

La Tarjeta Violeta no es contra los hombres sino contra la desigualdad: Evelyn Salgado

Alejandro Guerrero

Iguala

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó en Iguala 350 tarjetas violeta a mujeres en condiciones de vulnerabilidad y destacó que este programa no es una lucha contra los hombres ni que la gobernadora los odie, sino que es una lucha contra la desigualdad.
En su mensaje durante el acto, realizado en el parque del DIF bajo un fuerte dispositivo de seguridad, luego de hacer una entrega personal de tarjetas representativas a algunas beneficiarias, reiteró que su gobierno trabaja para que la entidad sea un “santuario” para las mujeres, “que tengamos un Guerrero libre de violencia contra las niñas, las jóvenes y las mujeres”.
Al hablar de sus experiencias personales, en las que contó que ella también fue jefa de familia, Salgado Pineda dijo a las mujeres que no deben permitir ninguna forma de violencia, “tenemos que reconocer cuando se vive con un violentador y decir, hasta aquí”, dijo, y destacó que lo más importante es vivir una vida feliz y tranquila.
Explicó que la Tarjeta Violeta, la cual fue entregada con fondos por 2 mil pesos, además de ser un apoyo económico, las 350 beneficiarias de Iguala van a tener terapias psicológicas gratuitas, apoyo jurídicos para llevar sus procesos de pensión alimenticia o reclamar la patria potestad de sus hijos; así como recibir capacitación para aprender algún oficio o terminar sus estudios de educación básica, mediante el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG).
Les ofreció que esta Tarjeta Violeta “les va a abrir muchas puertas, porque nunca más van a volver a estar solas. Vamos a ser una gran familia, un gran equipo y nos vamos a apoyar todas”.
Salgado Pineda subrayó que “la gobernadora no pelea con los hombres, no es una lucha contra los hombres, porque soy aliada de las mujeres y las defiendo. Pero eso no quiere decir que la gobernadora odie a los hombres o que nosotras odiemos a los hombres. Esta es una lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, el rezago, contra la violencia y contra todo lo que nos ha hecho tanto daño a las mujeres, durante muchísimos años, y hoy, estamos avanzando con paso firme”.
Recordó que esta tarjeta es parte del programa Protocolo Violeta, en el que también se incluye la Alerta Violeta, la cual afirmó que tiene “hasta este momento (ayer) un 94 por ciento de efectividad en la localización de mujeres reportadas como desaparecidas”. Asimismo, anunció que en Iguala también implementarán el programa Transporte Violeta.
Luego de reiterar que “debido a la gran demanda” que hubo de mujeres, el dinero invertido fue ampliado de 6.5 millones de pesos a 12.5 millones, y anunció que seguirán poniéndole más recursos a la Tarjeta Violeta, “lo aumentamos porque estamos convencidos de que la mejor inversión es apostar por el desarrollo y el bienestar de las mujeres y sus hijos”.
El secretario del Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros, mencionó que fueron más de 9 mil las solicitudes que recibieron para este programa, en los cinco municipios considerados, que de Iguala fueron 350 las que fueron aceptadas.
Indicó que entregan la tarjeta con 2 mil pesos bimestrales, que ya se pueden disponer. Advirtió que el segundo pago será en septiembre y del tercero en diciembre, pero que para recibirlos es necesario que cumplan con los requisitos del programa, ya sea con el seguimiento a sus consultas psicológicas certificadas o cursar sus estudios de primaria o secundaria.
Durante el acto, realizado a las 11 de la mañana en el parque del DIF, hubo un amplio cerco de seguridad con la colocación de vallas metálicas en torno al templete donde estuvo la gobernadora; mientras que en el perímetro del parque hubo resguardo de efectivos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército, así como el cierre total de la circulación vehicular en el bulevar Heroico Colegio Militar, en el tramo entre el Periférico Oriente y la carretera federal México-Acapulco.
Asistió el alcalde priista David Gama Pérez y el electo, Erik Catalán Rendón, así como el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, secretarios del gabinete estatal, funcionarios estatales y municipales.

Finaliza el conflicto en la SEG de Iguala; se nombra a una nueva delegada de la región

Alejandro Guerrero

Iguala

Luego de casi dos meses de paro laboral y toma de la delegación regional de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), con sede en esta ciudad, por agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), este jueves finalizó el conflicto, luego de que fue presentada la nueva delegada, Rosalinda Neri Ruiz.
Neri Ruiz llegó en sustitución de Salomón Beltrán Barrera, quien fue acusado por las trabajadoras de amenazas, hostigamiento, acoso laboral y violencia en razón de género.
El conflicto dentro de la delegación regional de la SEG, entre dos grupos de agremiados a la sección 14 del SNTE, inició el 23 de abril, luego de que el destituido delegado regional, Salomón Beltrán, notificó a la asistente Concepción Carreón Salgado de un cambio de lugar de trabajo y la terminación de una comisión, por lo que ella tuvo un desmayo y fue trasladada a un hospital. Al día siguiente, sus compañeras tomaron la oficina y pararon labores, para exigir la destitución de Beltrán Barrera.
Durante estos casi dos meses de paro, el grupo mayoritario, de 90 de los 126 trabajadores, encabezado por la secretaria sindical de la delegación D-III-23, Leonora Hernández Núñez, mantuvieron la toma de las instalaciones para exigir la destitución de Beltrán Barrera; mientras que el otro grupo hizo protestas y algunos bloqueos para apoyar al cuestionado funcionario, además exigieron una auditoría general y a subdirectores de área a los que acusaron de supuestas irregularidades.
Durante la noche del miércoles, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, informó mediante un boletín de prensa la designación de Rosalinda Neri como nueva delegada de la SEG en la región Norte y le tomó protesta.
Ante el anuncio, la mañana de este jueves, el grupo que apoyaba al funcionario saliente protestó en la entrada a las oficinas de la delegación, en la calle Hermenegildo Galeana, para reiterar su exigencia de que se aplique una auditoría integral y denunciaron que no hubo una investigación sobre las denuncias hechas contra Beltrán Barrera.
Luego de dialogar con el director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transferencia de la SEG, Roberto Cuevas Bahena; así como con los delegados de Gobierno y Gobernación de la región Norte, Rodolfo Martínez Menes y Felipe Adán Ramírez, se les permitió el ingreso a las instalaciones, así como la presentación de la nueva delegada, Rosalinda Neri.
En un mensaje a los grupos de trabajadores, Cuevas Bahena los convocó a dirigirse con respeto: “Al final del día, todos somos compañeros, y tenemos que tratarnos por iguales, no somos de primera ni de segunda, somos de una sola clase y esa es la clase trabajadora. Los maestros somos el ejemplo”.
Luego de la presentación, se llegó el delegado saliente Salomón Beltrán, para firmar el acta de entrega-recepción de las instalaciones, mobiliario, vehículos y sellos de estas oficinas.

Otorga la Conavim 4 millones 255 mil pesos destinados a refugios para mujeres violentadas

Daniel Velázquez

La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), otorgó un subsidio por 4 millones 255 mil 800 pesos al gobierno estatal, etiquetado específicamente para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, para el ejercicio fiscal 2024.
El convenio para la obtención del subsidios se firmó el pasado 26 de marzo, pero apenas este martes 11 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación. En el documento se lee que la entrega del dinero se programó en dos partes, la primera, correspondiente a 2 millones 553 mil 480 pesos, se entregó 30 días después de que se suscribió el acuerdo y la segunda parte, correspondiente a un millón 702 mil 320 pesos, está condicionada a que el gobierno estatal entregue el primer informe de ejecución del dinero entregado.
El objetivo de los refugios es “resguardar y salvaguardar la integridad física de las mujeres víctimas de violencia extrema, sus hijas e hijos menores de edad, y brindar servicios de hospedaje, alimentación, vestido y calzado; así como dotar de blancos, artículos de higiene personal, limpieza y artículos para bebés; además de una atención integral mediante servicios de carácter psicológico, educativo, médico, legal y de trabajo social; proporcionados por personal especializado y capacitación para el desempeño de las mujeres en una actividad laboral y bolsa de trabajo; de conformidad con el artículo 1 del decreto por el que se crea el Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia Extrema del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 29 alcance 1, el viernes 10 de abril 2020; lo cual es congruente con el objeto del presente convenio de coordinación y adhesión”.
En el convenio, el gobierno estatal se compromete a “reintegrar a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2025, los recursos federales transferidos que, al 31 de diciembre de 2024, no hayan sido devengados en términos del presente convenio de coordinación y adhesión”.
Los compromisos del refugio, suscritos en el convenio, son: “Brindar a las mujeres y sus hijas e hijos que viven en situación de violencia extrema, un espacio temporal de protección que cumpla con las características necesarias de seguridad, confidencialidad, guardias de vigilancia, ruta de evacuación y espacio arquitectónico adecuado para refugiar a la población usuaria vulnerable; proporcionar a la población usuaria del ‘refugio’, la atención psicológica, jurídica, de trabajo social y de atención que requieran, en los términos previstos en el presente convenio de coordinación y adhesión y los correspondientes anexos; establecer los mecanismos de coordinación y acciones necesarias que permitan referir a una usuaria a otro refugio, en el supuesto de que no haya espacio en el suyo para un nuevo ingreso; en cuyo caso deberá informar por escrito a ‘Gobernación’ a través de la ‘Conavim’, de esta circunstancia; mantener las instalaciones del ‘refugio’ en condiciones higiénicas adecuadas, a fin de brindar los servicios con empatía, calidad y calidez, evitando en todo momento el hacinamiento de las usuarias, así como de sus hijas e hijos”.
Este 4 de junio, en el Periódico Oficial del Estado se publicó el “modelo integrado del refugio para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia extrema del estado de guerrero, integrado por: protocolo de seguridad, lineamientos para el programa de capacitación para el empleo, protocolo de atención psicosocial a mujeres usuarias de un refugio, protocolos de atención psicopedagógicas a niñas, niños y adolescentes”.
“En el refugio se pueden atender a diez familias, de manera simultánea, hasta por un lapso de tres meses ya que cuenta con diez habitaciones exclusivamente para hospedarlas y, cuando los casos lo ameriten, podrá compartirse la habitación con otra familia siempre y cuando no exista hacinamiento”.

Deben incluir lenguas maternas y música en la educación en la Montaña, piden en foro

Los ponentes en el foro sobre pueblos indígenas en los Diálogos Académicos, organizado por el Colectivo por la Transformación: Ciencia y Academia, en las instalacionesde la Preparatoria 11 de la Universidad Autónoma de Guerrero en Tlapa Foto: Carmen González Benicio

Carmen González Benicio

Tlapa

El Colectivo por la Transforma-ción: ciencia y Academia, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), organizó el foro temático Pueblos originarios: interculturalidad y derechos humanos, donde se mencionó la necesidad de incluir las lenguas maternas y la música en la educación.
Además, se denunció la carencia de material en las clases, infraestructura en los planteles, falta de docentes y fallas en los planes de estudio; así como que se respeten los derechos de autor y acabe la violencia de género con los matrimonios infantiles.
La actividad se desarrolló el sábado, en las instalaciones de la preparatoria 11 de la UAG, con la presencia de estudiantes, en su mayoría de la extensión de la licenciatura de Derecho, de preparatorias, maestrías, instituciones, sociedad civil y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
El colectivo lleva a cabo los Diálogos por la transformación de la investigación, ciencia tecnología con incidencia social en Guerrero, para entregar sus resolutivos a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo.
En la región Montaña el foro temático sobre pueblos indígenas lo coordinó Jaime García Leyva, con la presentación de 24 ponencias centrándose las participaciones en el tema y propuestas.
Se inició con mensajes en video de Irma Pineda Santiago, ex representante indígena ante la ONU, 2020-2022, quien habló de la necesidad de educación con pertinencia cultural y de la permanencia de las lenguas indígenas.
Marcos Shilón, especialista en temas indígenas, habló de las reformas constitucionales, así como de los derechos a la libre determinación y consulta.
Ambos profesionistas forman parte del equipo de asesores de la candidata Claudia Sheinbaum, quienes dijeron que las aportaciones serán presentadas para el plan de gobierno, para que no se siga improvisando ni se pierda tiempo.
Entre las propuestas educativas estuvieron el incluir materias de interés, la capacitación docente, no solo de inglés, sino de lenguas maternas, con educación intercultural y hacer análisis e innovación en las necesidades de los planteles.
La ponencia de la música como aprendizaje en la cultura de Guerrero, de Yessi Elvira Reyes, se planteó que eran cosas cognitivas, por lo que debía ser una materia optativa u obligatoria en las escuelas.
Dijo que las bandas de viento eran importantes aunque no estaban siendo apreciadas, por lo que era necesario generar procesos de enseñanza, con talleres de música, escuelas o conservatorios.
Dos ponencias versaron sobre la violencia contra las mujeres, en el ámbito familiar de la venta de niñas en los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, entre los más pobres del estado.
Por ello es que resulta necesario generar empleos, escuelas de tiempo completo que acompañen a las niñas y los profesores, que las atiendan en su lengua materna, pero sobre todo se castigue a quienes la practiquen.
Otro tema fue sobre los desafíos y oportunidades ante la pandemia en los pueblos indígenas, que mostró la carencia de herramientas necesarias poniendo a prueba a los padres, alumnos y maestros, porque no hubo recursos didácticos.
Aunado a eso, se sufrió la falta de infraestructura, escasez de docentes, desconocimientos tecnológicos y las variantes lingüísticas.
Se habló del tema de la propiedad intelectual de los pueblos indígenas y la necesidad de que sea conocida, para evitar la apropiación tangible e intangible.
Por eso, se dijo que era necesario generar políticas públicas, donde instituciones como INPI, Saica y SEG garanticen el derecho de los pueblos. Pero quedaba de tarea para las autoridades municipales, las más cercanas a la gente, y luego las estatales y federales.
En su ponencia, José Maclovio Sauto cuestionó las dificultades para que la educación y la ciencia impacte en las comunidades indígenas, por las leyes existentes, sobre todo en energías limpias.
Dijo que la división de las áreas de conocimiento afecta la atención a la problemática social, para que ya no se siga simulando sobre problemas imaginarios, sino reales.
Dijo que había errores en los planes de estudio, por lo que se debe acabar con la simulación y la corrupción, para que la ciencia funcione en la sociedad, aunque se debe trabajar en conjunto entre los diversos sectores.
Agregó que lamentaba que dieran dinero para pagar la publicación de un artículo, en lugar de que eso se destinara para las prácticas en las comunidades y resolver problemas reales.
La actividad terminó cerca de las 3 de la tarde.

Sigue el paro de labores y toma de oficinas de trabajadores de la SEG en Iguala

Alejandro Guerrero

Iguala

Sindicalizados de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de la Delegación de los Servicios Educativos de la región Norte, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), mantuvieron este jueves su paro de labores y la toma de las oficinas para exigir de la destitución del delegado Salomón Beltrán Barrera.
La mañana de este miércoles, la representante sindical de la delegación D-III-23, Leonora Hernández Núñez, se reunió en las oficinas tomadas con los delegados de Gobierno y Gobernación en la zona Norte, Rodolfo Martínez Menes y Felipe Adán Ramírez, quienes les solicitaron levantar su protesta y liberar las instalaciones, pero lo rechazaron y mantuvieron la acusación contra el delegado, de hostigamiento y acoso laboral, amenazas y violencia de género.
En el encuentro, la representante sindical dijo que son 90 de los 126 trabajadores de esta delegación de la SEG que están en paro y que piden la destitución de Beltrán Barrera, acusado de “actos de coacción, actitudes de venganza y amenazas a través de terceros”.
Asimismo, señalaron al funcionario de la SEG de acoso y hostigamiento laboral, violencia de género y “conductas inapropiadas”, que conducen a la división y fractura de la unidad los trabajadores.
Hernández Núñez dijo, además, que en la delegación regional “no existen condiciones mínimas para poder desempeñar su trabajo”, porque los baños no funcionan, brote de aguas residuales, falta de equipos de cómputo en las oficinas y los aires acondicionados no funcionan adecuadamente, que son necesarios ante las temperaturas de hasta 43 grados que hay en la ciudad.
En la reunión, los representantes del gobierno estatal ofrecieron a los trabajadores inconformes dar una respuesta a su petición para el próximo martes, por lo que el paro y la toma de oficinas permanecerá hasta ese día.
En este conflicto interno, que inició el martes luego de que el delegado regional de la SEG intentó cambiar de lugar a la secretaria Concepción Carreón Salgado y ésta tuvo un desmayo al ser notificada, derivó en que otro grupo de trabajadores de confianza, y también sindicalizados, que apoyan a Beltrán Barrera, piden que el gobierno estatal y la SEG apliquen una auditoría general ante supuestas prácticas irregulares que realiza el grupo inconforme.