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Organiza el INE una capacitación estatal sobre violencia política de género para consejeras

Yee Trujillo

Durante una capacitación estatal del INE sobre violencia de género, la consejera electoral María Antonia Ramírez Marcelino expresó que no basta con conocer los derechos políticos de las mujeres, sino ejercerlos y levantar la voz. Señaló que aún existen diversos obstáculos y discriminación.
Este miércoles, el INE realizó una capacitación a servidores públicos para prevenir y atender la violencia de género, para el acceso a la justicia y el impulso al ejercicio pleno de los derechos político-electorales, con perspectiva de género y enfoque intercultural, que fue transmitida en Facebook con problemas de audio. También participó la integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras y Ex Consejeras Electorales, Vicenta Molina Revuelta.
Ramírez Marcelino expresó que el ejercer los derechos políticos trae obstáculos, como muchos estereotipos, porque se califica a las mujeres de problemáticas, en lugar de reconocer su liderazgo; además de la discriminación de servidores públicos, en su caso al ejercer su cargo, por su color de piel y estatura o no maquillarse, que ha visto que en oficinas les dicen a mujeres humildes con sus bebés, que no se metan porque ensucian el piso. Llamó a los servidores públicos a hacer la diferencia, ser empáticos y atender a la sociedad de forma respetuosa.
Señaló que en las comunidades no se participa en igualdad de condiciones, las mujeres tienen espacios destinados sólo en la Iglesia, en las fiestas tradicionales, sirviendo comida, no deben asomarse a la Comisaría, que se burlan de las mujeres por trabajar en obras e inclusive el presidente de Copanatoyac decía que no se contrataran mujeres para la construcción de caminos porque iban a echar a perder el dinero.
Recordó que en su poblado, Ocotequila, Copanatoyac, en la elección de la Comisaría en enero de 2022 no se permitió votar a nueve mujeres, quienes documentaron, se asesoraron, difundieron la injusticia, promovieron un juicio electoral ciudadano sin buscar sanciones, y en febrero del mismo año se hizo una nueva elección con la participación de más de 500 pobladoras.
Subrayó que esto no quiere decir que se acabó la violencia de género, porque sigue en las comunidades, pero ahora ya hay un precedente. Destacó la importancia de estas capacitaciones y deseó que se lleven a las localidades. Afirmó que de nada sirve guardar el conocimiento, que debe compartirse, fortalecer los liderazgos de mujeres para que lleguen a cargos públicos, al Congreso, que en Tlapa hay mayor de participación de mujeres como delegadas y comisarias, pero en los pueblos se avanza muy lento.
Molina Revuelta destacó la labor de Ramírez Marcelino, acentuó que Guerrero tiene esa particularidad de tener casos emblemáticos que también dan una pauta. Ejemplificó que en Xalpatláhuac nunca pudo restituirse que la alcaldesa despachara desde el municipio, en referencia a Selene Sotelo, en el periodo de 2021 a 2024, así como el caso emblemático de Ocotequila, y consideró que es necesario fortalecer las áreas de género en las instituciones.
Durante su presentación, expuso los principales derechos políticos, de las indígenas, el marco normativo de la violencia política contra las mujeres en razón de género federal, estatal, del INE y el IEPC; las reformas en la materia de 2020 y su armonización local; los elementos, conductas y criterios que integran un caso; sanciones, el procedimiento especial sancionador, las medidas cautelares y/o de protección que se pueden emitir, las de reparación y no repetición, y el registro nacional y estatal de personas sancionadas, en el que hay cuatro de Guerrero.
En participaciones desde las diferentes juntas distritales, una integrante de la Barra de Abogados de Tlapa pidió a los servidores públicos ser empáticos y que no se discrimine por vestimenta. La síndica de Chilpancingo, Jacaranda Argentina Solís, señaló la invisibilización que ha habido para ocupar cargos públicos y acceder a los derechos, y que es momento de que cesen los ataques también por parte de mujeres, porque ella misma los ha sufrido. La contadora Clementina Salinas Terrazas denunció que hay una parlamentista de la Montaña que sufre violencia, acoso, y obtuvo medidas cautelares, pero sigue siendo amenazada y pidió asesoría. Linayme Paulette Reyes propuso trabajar en un catálogo o decálogo contra la revictimización, para corregir a tiempo.
En el cierre de la actividad, el vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local, Esteban Rafael Gonzalez Vargas, expresó que el INE trabaja en la materia desde 2020, pero este deberá ser uno de los temas a atender desde las diferentes formas, que es necesario el involucramiento de los órdenes de gobierno y la sociedad.

Sigue libre un hombre ya sentenciado por intento de feminicidio, denuncia la víctima

Lourdes Chávez

Chilpancingo

A pesar de que hay una sentencia condenatoria de prisión por violencia de género para Víctor Manuel Enríquez Lezama desde el 27 de febrero, y un magistrado de la Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio ratificó la resolución hace nueve días, su agresor sigue libre, denunció Gloria Alejandra Mateos Jiménez, sobreviviente a un intento de feminicidio.
En conferencia de prensa en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), también denunció omisiones en ocho meses de la pandemia, porque debido a las medidas sanitarias todos los procedimientos se detuvieron, así que su agresor nunca pisó la cárcel, y ella tampoco tuvo medidas cautelares para su seguridad en este periodo.
Recordó que se impuso una condena de seis años y seis meses de prisión a su agresor por violencia género, después de que la juez, Tania Yamel Alfaro, reencauzó con perspectiva de género la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado y advirtió que las agresiones y el maltrato hacia Alejandra Mateos, pusieron en riesgo su vida.
Desde 2017 la joven denunció que su entonces pareja, en estado de ebriedad, la golpeó, torturó y asfixió hasta dejarla inconsciente.
Añadió que fue hasta el 21 de septiembre de 2020 cuando Enríquez Lezama interpuso un recurso de apelación, aludiendo agravio por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pero el juez de la Sala Penal Unitaria, Raymundo Casarrubias, ratificó el dictamen local, y el agresor debió ser detenido el jueves 12 de noviembre.
Sin embargo, añadió que el martes 10 de noviembre recibió una notificación de una demanda de amparo ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa 21, con sede en Acapulco, que promovió su agresor para no ir a prisión.
Con esto, revivió la violencia y los obstáculos que ha enfrentado, “no sólo sobreviví a una tentativa de feminicidio, sobreviví también a un estado de indefensión, a una constante violencia feminicida, a lesiones infames, a misoginia, y a la violación de mis derechos humanos en el ámbito público y privado”, denunció con un comunicado.
Aclaró que no quiere ser un número en la estadística, “él sigue libre y yo sigo temerosa de que me vuelva a agredir a mí o que le haga algo a mi familia”, y llamó al gobernador Héctor Astudillo Flores a que atienda su caso para que se cumpla la sentencia en contra de su agresor.
Con la víctima, la presidenta de Kanichee Eslava, Beatriz Eslava Borja,
añadió que las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia y los jueces deben aplicar la perspectiva de género en los procedimientos.
En la conferencia también estuvo la Coordinadora General de Vinculación con Instituciones Públicas y Sociedad Civil, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,Violeta Carolina Parra Reynada.
Por la tarde informó a través de redes sociales que la queja de Gloria Alejandra Mateos se registró en la Segunda Visitaduría por violaciones al derecho a la seguridad jurídica, a la administración de justicia, a la legalidad (acciones u omisiones contrarios a la legalidad), al trato digno (acciones u omisiones que transgreden los derechos de la víctima o del ofendido), por violencia de género y violación a los derechos de las mujeres.