Etiqueta: Violencia de genero

Faltan recursos para atender la violencia hacia la mujer, reconoce el gobierno estatal

La presidenta de Tlalixtaquilla , Raquel García Orduño, la de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, la regidora de Tlapa, Edith Parra Zurita, al fondo la síndica procuradora de Tlacoapa, Carolina Cantú Morales en el salón donde se desarrolló un taller del IEPC el sábado en Tlapa Foto: Carmen González Benicio

Daniel Velázquez

Las acciones para atender el problema de la violencia hacia la mujer se detienen por la falta de recursos para mantenerlas vigentes y por la violencia criminal, se indica en las explicaciones incluidas en los programas de acciones estratégicas del gobierno estatal para atender las dos alertas de violencia de género.
El pasado 29 de noviembre, en el Periódico Oficial del Estado se publicaron, por separado, los programas estatales de acciones estratégicas: uno para la atención de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado y otro para la atención de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida.
Guerrero tiene dos alertas por violencia contra la mujer, la primera emitida el 22 de junio de 2017, por la Secretaría de Gobernación, que es la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para los municipios de Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Ometepec, Tlapa, Zihuatanejo y desde el 2 de octubre de 2018, se integró Chilapa a los municipios alertados.
La segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado fue declarada el 5 de junio de 2020, y tiene que ver con el trato desigual a personas que tienen o creen tener el mismo derecho a algo en determinada situación, en este caso, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Falta dinero

En el Programa Estatal de Acciones Estratégicas para la Atención de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida, se identifica como necesario “crear un programa de atención a hombres generadores de violencia, basado en la perspectiva de género, tomando como base el modelo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violen-cia Contra las Mujeres (Conavim)”.
Al pie de esta medida, se precisa que desde junio están “completamente suspendidos” el Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja, el Programa de Acciones de Preven-ción de la Violencia en el Noviazgo en la Adolescencia y Juventud, y el Programa de Prevención de la Violencia Sexual en el Ámbito Comunitario en las y los Adoles-centes, porque no hay dinero.
Se explica que dichos programas eran financiados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), organismo al que se le redujo el presupuesto, “provocando que las actividades grupales, que se estaban desarrollando durante este primer periodo 2022, quedaran completamente suspendidas”.
Otra de las acciones donde se alude a la falta de dinero, para hacer frente al problema de la violencia contra la mujer, también está dentro de las medidas de prevención diseñadas por el gobierno estatal, la cual establece que se debe “generar una estrategia de empoderamiento económico para las mujeres guerrerenses víctimas de violencia”, pero al pie de la misma se incluye la leyenda: “Dado que las secretarías responsables y coadyuvantes no tienen un recurso específico para el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia, estas medidas proponen que cada una de las secretarías aporte los recursos que pudiera tener disponibles para la integración de un fondo de recursos concurrente, destinado al empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia en todo el estado de Guerrero. Los recursos requeridos por el programa, dependerán de los aportes que realicen las secretarías que participan”.
Se refiere son General de Gobierno, Secretaría Técnica de la Gobernadora, y como coadyuvantes Secretaría de Seguridad Pública, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Dirección General de Transporte.

La inseguridad

Entre las medidas de seguridad que se presentan como acciones a realizar, está la de “diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, mediante la implementación de medidas de seguridad especificas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres. Entre otras acciones se solicita: Reforzar los patrullajes preventivos; instalar alumbrado público y mejorar el existente; implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública, como la instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos. Se sugiere que la estrategia de vigilancia sea efectuada prioritariamente por mujeres; incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público, como el rastreo por georreferenciación; difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia y crear los protocolos necesarios para su efectivo funcionamiento”.
De los nueve municipios alertados, en el plan de acciones estratégicas elaborado por el gobierno estatal, sobre el municipio de Chilapa se advierte: “La situación que se vive en el municipio, en relación con la delincuencia organizada, es que hay localidades a las que no se puede acudir a difundir la prevención de la violencia hacia las mujeres”.

Las acciones estratégicas

El Programa Estatal de Acciones Estratégicas para la atención de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida, incluye 21 medidas, algunas de observancia general para los nueve municipios alertados y otras específicas, para cada uno.
El programa incluye ocho medidas de prevención, con 55 acciones específicas; en seguridad, son cinco medidas con acciones específicas por municipio, una de las medidas es “crear y fortalecer las agrupaciones estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad pública, así como cédulas municipales de reacción inmediata. Estas agrupaciones deberán integrarse multidisciplinariamente, actuar coordinadamente entre ellas y otros actores estratégicos, y su personal deberá estar capacitado para ejecutar sus funciones con perspectiva de género”.
Otra de las acciones es “crear módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo, en los municipios que comprende la declaratoria de AVGM. Su funcionamiento deberá incluir asistencia multidisciplinaria (abogadas, psicólogas, médicas, trabajadoras sociales y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes”.
En las medidas de justicia están “fortalecer la Fiscalía General del Estado, particularmente las agencias especializadas en investigación y atención a los delitos de feminicidio y homicidios dolosos de mujeres, así como la especializada en delitos sexuales y de violencia familiar y la de desaparición forzada de personas no localizadas, a la diligente ejecución de medidas como la elaboración de protocolos de investigación, cadenas de custodia y servicios periciales, con base en estándares internacionales, así como a la efectividad de la estrategia de capacitación a servidoras y servidores públicos”.
También se asume la tarea de “conformar un grupo-unidad especializada, encargada exclusivamente de revisar los expedientes y las carpetas de investigación relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres de los últimos ocho años. Entre las funciones que deberá ejecutar esta unidad, se encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivos o reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones, con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos”.
Entre las cuatro medidas de reparación del daño, que incluyen 17 acciones, se prevé “determinar una medida de reparación simbólica para todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en el estado de Guerrero. Para la definición de la reparación simbólica, se tomará en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil y a los familiares de las víctimas”, para lo cual se detalla que se presentará una iniciativa en el Congreso local, en enero de 2023.
Otra de las acciones que se realizarán es elaborar el Protocolo del Plan Individualizado de Reparación Integral del Daño, brindar asistencia a familiares de víctimas a través del trabajo social, de manera permanente, desde 2023 y hasta 2027.
El Programa Estatal de Acciones Estratégicas incluye 13 medidas y 56 acciones, las cuales debieron empezar a desarrollarse durante este 2022 y concluirán en el 2023.
En el documento se precisa que con las modificaciones al Código Penal para el estado, número 499, sobre la despenalización del aborto en mayo de este año, “se han eliminado los obstáculos legales que impedían a las mujeres, adolescentes y niñas incluidas las víctimas de violencia sexual, accedan al aborto legal, seguro y gratuito, motivo por el cual, se da por cumplida la Medida de Prevención 1 de la Resolución emitida el 5 de junio de 2020”, pero están pendientes por cumplir con la fracción sexta del artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los artículos 39 y 44 de la Ley 553, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Las medidas a ejecutar están enfocadas a la prevención, de la cual es responsable la Secretaría de Salud; en seguridad corresponde a la Fiscalía General del Estado y reparación del daño, al poder Judicial estatal.

 

Respaldan ONG a la trabajadora despedida del Centro Morelos; exigen una disculpa del director

Defensores de derechos humanos, feministas, artistas, abogados y periodistas del estado y del país se declararon en respaldo a la ex trabajadora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Araceli Tecolapa, despedida injustificadamente por denunciar acoso sexual y laboral del director Manuel Olivares Hernández, y le exigieron una disculpa pública y que reconozca la violencia de género que ejerció en contra de ella.
Agregaron que las relaciones de poder al interior de las organizaciones también tiene una clara dimensión política, que confían que esta crisis ayude a construir organizaciones más coherentes, y aprovecharon para exigir al Estado un trato digno.
Entre los firmantes está la senadora electa Nestora Salgado, el poeta nahua y defensor de los derechos lingüísticos Martín Tolnameyotl, profesores de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, sin embargo no firman como integrantes de las organizaciones, sino de manera individual. La única organización que se pronuncia en el escrito es el Centro de Arte Contra la discriminación y otras formas de violencia A. C.
El pasado 26 de junio Araceli Tecolapa Alejo fue despedida injustamente por expresar que sufrió violencia de género, acoso laboral y sexual del director del Centro Morelos, que se ubica en Chilapa.
“El trabajo que Araceli realizaba dentro de la organización fue que al hablar la lengua náhuatl hacía más fácil la comunicación entre sus compañeros y las familias indígenas que se encuentran en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, en algunas ocasiones colaboraba como perito traductor ante el Ministerio Público, también hacia la difusión que ayuda a visibilizar la impunidad y la falta de voluntad de las autoridades en el tema de desaparición de personas en Guerrero, así también facilitaba talleres psicosociales para las familias que son acompañadas por el Centro Morelos”, se menciona en el comunicado.
El 6 de julio Araceli Tecolapa emitió un comunicado a organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos locales y nacionales y personas de su confianza, donde expresó el trato y las formas en que fue manejado su despido, para que pudieran intervenir y mediar en esta situación.
“De igual forma queremos expresar nuestro sentir, malestar e indignación por el trato recibido al no haber sido escuchada, al haber minimizado los hechos, revictimizándole y dejándole en mayor situación de vulnerabilidad”, remarcan los firmantes.
Añade que se viven tiempos difíciles en el país y en Guerrero, y por ello resulta preocupante que dentro de las organizaciones exista una actitud que violenta a las compañeras, minimizando y normalizando, “cuando la detección de la violencia de género es un insumo básico para impulsar la lucha en los diferentes ámbitos que componen la dignificación de la vida”.
El documento expone que con este pronunciamiento no quieren sacar provecho de la situación ni mucho menos pretenden afectar a la organización, a sus integrantes, a las familias que acompañan ni el trabajo de años, porque reconocen la labor que ha desempeñado.
“Como mujeres defensoras nos solidarizamos y nos sumamos a la petición de la compañera Araceli, pidiendo que el director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón A. C. el C. Manuel Olivares haga una disculpa pública, reconociendo la violencia de género hacia ella”, abunda.
En consulta telefónica el director de Tlachinollan, Abel Barrera expuso que “lo que hemos platicado como sabemos que es una situación lamentable, en el sentido en que un organismo hermano se encuentra en una situación complicada con una compañera que siente que no está siendo escuchada, atendida, la importancia de que internamente puedan platicar, para sobre todo atender el planteamiento de la compañera Araceli, y al mismo tiempo de poder ser partícipes de este diálogo, yo creo que son situaciones delicadas, complicadas donde se tiene que escuchar a la compañera”, expuso. “Yo creo que el compañero Manuel tiene que asumir una responsabilidad de atender el planteamiento”, consideró. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Aún con la militarización, el Estado falló para garantizar justicia a la sociedad: Rosa Icela Ojeda

Aún con la militarización de las calles, el Estado falló en garantizar la justicia a las mujeres, los jóvenes, y en general a todos los sectores de la sociedad, denunció la investigadora de la UAG, Rosa Icela Ojeda Rivera.
Añadió que pese a la militarización en Acapulco por marinos, el municipio tiene la tasa más alta de feminicidios que no se han podido resolver,  y en los últimos 20 años Guerrero está entre los estados con mayor número de muertes violentas de mujeres. “Se puso alerta en ocho municipios, están bien, pero (faltan) 20 que están en línea roja y 47 arriba de la media nacional”.
Asimismo, la peticionaria de la Alerta de Violencia de Género en Guerrero, Marina Reyna Aguilar indicó que además de Chilapa hay varios municipios donde aumentaron los asesinatos de mujeres  en los últimos meses, según su seguimiento de casos a  partir de notas periodísticas.
Ambas coincidieron en que los 19 millones de pesos destinados para las acciones de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el presupuesto de egresos de 2018 es  poco, y que todos los fondos etiquetados en la administración estatal tendrían que estarse aplicando con perspectiva de género.
Aunque hay lineamientos federales para que todo el ejercicio del presupuesto se haga con perspectiva de género, Reyna Aguilar  aclaró que los gobiernos estatal y municipales no lo entienden, “hay una laguna muy grande en administración pública, los administradores financieros piensan que el recurso que ejerce la Semujer es para la mujeres, y lo demás para la población en general, sin criterios para atender las necesidades  de hombres y mujeres”.
Las especialistas fueron consultadas vía telefónica, respecto de las muertes de dos estudiantes universitarias en Acapulco, una originaria de la Montaña, así como de la desaparición dos alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que reveló el rector Javier Saldaña Almazán, y sobre su opinión del  financiamiento de la AVG en el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado aprobado el viernes en el Congreso local.  Los 19 millones fueron  etiquetados para la Secretaría de Gobernación (Segob), coordinadora del Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres.
Reyna Aguilar aclaró que aún no saben cómo se va a distribuir el dinero, pero estimó que será para las acciones inmediatas del programa de la AVG que se envió a la Comisión Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y que las representantes de la sociedad civil  en las comisiones de seguimiento aún esperan conocer a detalle. Sin embargo, opinó que el dinero se ocupará principalmente para  capacitación  y la construcción del Banco Estatal de Datos de información sobre la violencia hacia las mujeres. Advirtió que a la fecha Guerrero  no está aportando información al Banco Nacional de Datos .
Agregó que siendo secretaria de la Mujer, Rosario Herrera, se modificó la ley para que la entonces Procuraduría del Estado, ahora Fiscalía General, se encargara de la coordinación del Banco de Datos, que corresponde a la  Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Reconoció que hubo un avance porque en la primera versión del programa el gobierno propuso 3 millones para el último trimestre del año. Ahora hablan de 19 millones para 2018.
Adelantó que a un año de la declaratoria, la federación definirá si retira o mantiene la alerta en la entidad, y no va a ocurrir en el estado porque  han pasado seis meses de la declaratoria y se sigue socializando el plan de trabajo con las acciones emergentes para la protección de las mujeres.
Señaló que en cuatro días ocurrieron cinco asesinatos de mujeres y hay municipios donde vale la pena proponer la ampliación de la alerta como Zumpango, Xochistlahuaca y San Luis Acatlán, según el monitoreo de los medios, pero debe sustentarse.
“Ellos quisieran que no dijéramos nada, pero estamos viendo que las muertes de mujeres se incrementan en Costa Chica, en la Montaña y Acapulco” declaró.
Asimismo, Ojeda Rivera , investigadora del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados-Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) de la UAG, reconoció que el presupuesto de la AVG es poco porque 47 municipios de Guerrero tienen tasas arriba de la media nacional en asesinatos de mujeres. Subrayó que todos los casos pueden señalarse como feminicidios mientras la autoridad judicial no establezca lo contrario.
Ante la excusa de las autoridades que vinculan la mayoría de los delitos con la delincuencia organizada, aclaró que puede haber un lugar donde operan los grupos delictivos, sin embargo ellos (las autoridades) están para resolver, no para explicar el problema. “¿Qué hace el fiscal Javier Olea Peláez para detener este problema? No hay manera de disimular los datos”, Cuestionó.
Recordó que desde 2005 ha señalado los asesinatos impunes de mujeres, y  ratificó como “gravísima la falla del estado de derecho”, no hay una semana que no tengamos hombres y mujeres asesinadas, y 2017 es el año con más mujeres desaparecidas, y sino se les encuentra en las primeras 24 horas crece el riesgo de que aparezcan asesinadas.
Reconoció la aplicación de protocolos en casos de mujeres y niñas desaparecidas, pero no están funcionando, “no basta la difusión de una alerta de desaparición en  internet, sino hay personal para  hacer la búsqueda”.

Sin personal ni formación operan las instituciones de justicia, dice Tlachinollan del caso de Yndira


La agresión sexual que denunció la activista Yndira Sandoval Sánchez por una mujer policía de Tlapa, “mostró la precariedad con que trabajan las instituciones que imparten justicia, falta personal y no tienen una formación con perspectiva de género y de derechos humanos”, señaló el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
La asesora jurídica de Tlachinollan, Neil Arias mencionó que la organización intervino para que Sandoval Sánchez pusiera su denuncia formal cuando sufrió la agresión, ya que los hechos fueron el fin de semana y falta personal en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, pues sólo está la titular Osbelia Blanco Martínez, quien ese día estaba en una diligencia en Atlamajalcingo del Monte, y es la responsable de atender los 19 municipios de La Montaña.
Barrera Hernández dijo que eso mostraba la precariedad con que se trabaja en la región, porque faltan peritos, médicos legistas e infraestructura, no hay perspectiva de género y se revictimiza a las mujeres.
Comentó que los policías trabajan de forma opaca, no se sabe cuántos están acreditados, con qué controles internos se manejan, no hay registros ni control de detenidos, o si aplican protocolos en una detención que garantice el debido proceso, “es una improvisación total”.
Dijo que eso lleva a que haya actuaciones desproporcionadas en el uso de la fuerza, no distinguen entre un delito y falta administrativa, para ellos todo es detención y eso lleva al abuso de poder de todo el aparato local y estatal.
Mencionó que se han documentado casos en que hay deficiencias en la integración de las carpetas de investigación, donde se revictimiza a las mujeres que denuncian a sus parejas por violencia y son criminalizadas.
Arias Vitinio dijo que hay dificultades estructurales para acceder a la justicia y en el caso de Yndira, quien conoce sus derechos y es defensora, se tardaron dos días en atenderla, recurrió a medidas cautelares ante el hostigamiento y fue custodiada a la ciudad de Puebla por policías estatales.
Agregó que con el nuevo sistema de justicia se pretende que sea eficaz, expedita y gratuita, pero no ocurre así.
Dijo que el delito en contra de Yndira es muy grave y si se contará con personal adecuado y capacitado se debió vincular a proceso porque acudió al Ministerio Público a denunciar la violación y podía pasar como flagrancia, pero como hay impunidad no se integró la carpeta.
Lamentó que ahora se pretendan desvirtuar los hechos y la quieren hacer pasar por una alcohólica mediante la publicación de videos.
Mencionó los casos de Valentina e Inés, violadas por militares, que derivó en la implementación de protocolos para atender a las víctimas y pidió que se apeguen a esos estándares.

Las acusaciones son falsas, responde la policía

En su perfil de Facebook la policía municipal Claudia Juárez Gómez posteó que en un programa de radio Yndira Sandoval, “me acusó de manera falsa e injusta de haberla violado, esta acusación tan grave es una total mentira”.
“Lo único que hice fue protegerla pues se encontraba en total estado de ebriedad, se había quitado su ropa interior, se negaba a pagar un servicio en una clínica y alteraba el orden público, alegando que es muy importante y muy influyente”, afirma.
Dice que tiene tres hijas, dos de seis años y una de cuatro, que es incapaz de hacer lo que se le acusa y que está dispuesta a encarar la verdad “y a la señorita”.
Remarca que ella no es importante ni preparada, pero “no soy una violadora”, y pide a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) que también la defienda a ella.

El caso está en manos de las autoridades competentes, expone el alcalde

El presidente municipal priista, Jesús Noé Abundiz García manifestó que desde el momento en que se enteraron del hecho y fueron notificados por la Codehum y la Fiscalía, han brindado la información que les han solicitado, y de igual forma atenderán a la notificación que llegó hace unos días de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Manifestó que esperan agilidad en las investigaciones para que se determinen los culpables y las sanciones, en caso de que haya responsabilidad de los policías.
Manifestó que no podía dar más información porque el caso está en las instancias judiciales.

Difunden videos de la activista en redes sociales

Este lunes después del mediodía empezaron se difundieron dos videos de Sandoval Sánchez, al parecer grabados por policías, en uno se observa  alcoholizada y le dicen que se suba a la patrulla, ella dice que no es delito tomar, y se identifica como activista de derechos humanos.
En el otro está en la Dirección de Seguridad Pública y los policías le piden que firme y entregue sus pertenencias, ella dice que no firma hasta que le digan para qué, pero entrega pulseras y dice que le incomoda a los policías que una ciudadana sepa sus derechos.

Marcharán para exigir justicia

La vocera de la activista, Rosalinda Pimentel informó que el próximo miércoles marcharán por Yndira en un amplio respaldo nacional e internacional para exigir justicia en Guerrero y Tlapa.
Dijo que ya tienen cinco estados confirmados en los que marcharán y otros aún están por definir las acciones, pero se manifestarán y en breve darán más información sobre el caso.

Yndira no ha hecho un señalamiento a pesar de que se le ha citado, dice el vocero del gobierno

El gobierno del estado mediante el vocero en materia de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, informó que se investiga el caso de violación de la activista y defensora de derechos humanos, Yndira Sandoval Sánchez, y que necesita ampliar su declaración ministerial.
En un boletín de prensa Álvarez Heredia informó que únicamente falta la ampliación de la declaración ministerial de la activista para determinar “lo que legalmente corresponda”.
Insiste en que la activista no ha hecho ningún señalamiento en contra de persona alguna, “a pesar de que se le ha citado en diversas ocasiones”.
Dijo que se le ha citado tanto por oficio como vía telefónica y que ante la falta de señalamiento “resulta imposible” que se ejerza acción penal en contra de quien resulte responsable.
En la mañana el gobernador Héctor Astudillo Flores en su cuenta de Twitter informó que solicitó al Fiscalía General del Estado una investigación seria, profunda y objetiva en el caso.
En el boletín se señala que Yndira Sandoval presentó denuncia ante la agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales, con sede en Tlapa, en la que señala los hechos cometidos en su contra.
“El 23 de septiembre pasado la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ofreció a Yndira apoyo y respaldo, por lo que derivado de esta gestión, actualmente se encuentra incorporada al Mecanismo Nacional con medidas de protección para salvaguardar su integridad física”, se detalla en el documento.
Agrega que el 25 de septiembre el gobierno del estado fue el vínculo para que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas le proporcionara acompañamiento y atención integral, y solicitó que la Fiscalía le brinde atención diligente e inmediata para que los hechos sean esclarecidos.
Dice que desde el momento en el que se tuvo conocimiento de los hechos, el día 23 de septiembre del año en curso la Secretaría General de Gobierno estableció contacto para brindar atención puntual al tema.
“El día 1 de octubre del mismo año, a solicitud de Yndira Sandoval Sánchez, la Unidad para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, coordinó el acompañamiento y resguardo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para el traslado de su pareja, Amaury Navarrete Cruz, de la región de La Montaña de Guerrero a los límites del estado de Puebla, donde fue recibido por personal de seguridad enviado por el Mecanismo Nacional”, informa.
“El gobierno del estado expresa su compromiso en la protección de los derechos humanos de las mujeres, y repudia todo acto que atente contra los mismos. Se seguirá, como se hizo desde el primer momento, dando puntual atención y seguimiento a la actuación de las instancias competentes”, finaliza la misiva.

Repudian ONG violencia de género contra Yndira Sandoval; exigen reparación del daño

Organizaciones de la sociedad civil repudiaron la violencia por cuestiones de género que sufrió la defensora de los derechos humanos Yndira Sandoval Sánchez, luego de que reveló la detención arbitraria, violación y tortura que sufrió por autoridades de Tlapa de Comonfort el 16 de septiembre.
Mediante un comunicado firmado por Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos pidieron la reparación del daño y el castigo inmediato a los funcionarios responsables por comisión u omisión, tras señalar que las muestras de violencia y acoso a Sandoval Sánchez no paran.
De acuerdo con la activista cuyo testimonio confió al periódico La Jornada, los hechos ocurrieron luego de que participó en una conferencia sobre violencia contra las mujeres en la Universidad Autónoma de Guerrero, en septiembre.
A su salida y tras acudir a la clínica San Antonio para pedir asistencia médica por una herida en un seno, policías municipales de Tlapa de Comonfort la detuvieron, la subieron violentamente a un vehículo de la dependencia y la trasladaron a la cárcel municipal, donde la oficial Claudia Juárez Gómez la manoseó y violó.
Por estos hechos el 17 de septiembre Yndira presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar Región Montaña -carpeta número 12080470200090170917- y otra más el 13 de octubre ante la Procuraduría General de la República (PGR), la número FED/SDHPDSC/FEVIMTRA-GRO/0000634/2017.
De acuerdo con las organizaciones la violencia contra Yndira no ha cesado, incluso ya padeció el registro de su casa y su automóvil en la Ciudad de México.

No será fácil tener el dinero para aplicar la alerta de género, advierte Florencio Salazar

Las alertas por violencia feminicida que declararon el gobernador Héctor Astudillo Flores y la Secretaría de Gobernación (Segob), tendrán que complementarse, dijo ayer el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame en la sesión extraordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, que se llevó a cabo ayer sin la presencia de reporteros en Casa Guerrero.
En la grabación de su intervención a la que tuvo acceso El Sur, el funcionario ratificó la posición de no recibir la alerta de Segob hasta que se hayan corregido tres errores de escritura, pero ya reconoce que será una “tarea colosal” a la que “no es fácil darle soporte presupuestal” ante la severa crisis de las finanzas del gobierno.
La feminista y ex secretaria de la Mujer, Rosa María Gómez Saavedra informó después que el gobierno del estado ya trabaja las tres líneas que planteó la Segob mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en el dictamen de la Alerta por Violencia Feminicida en ocho municipios del estado.
Indicó que en una presentación que se mostró en la sesión como parte del programa de trabajo del gobierno del estado se habló de la seguridad, la prevención, la justicia y la reparación del daño como ejes centrales.
Dijo que allí propuso que se incorpore a las comisiones de seguimiento del Sistema estatal las organizaciones que impulsaron la solicitud de Alerta ante el gobierno federal.
Las comisiones creadas desde que se instaló el sistema son alerta de género, órdenes de protección, atención a las mujeres víctimas de violencia, prevención, radicación, de enlace y promoción de la participación ciudadana, de reformas legislativas y de seguimiento y atención a feminicidios.
Florencio Salazar dijo que el gobierno de Héctor Astudillo está obligado a jerarquizar programas porque abordar los problemas en su conjunto “nos pueda paralizar por la escasez de los recursos”.
Agregó que nadie ignora la “severa crisis” en las finanzas públicas luego de que se supo que el gobierno federeal ha recortado en el primer semestre del año 830 millones de pesos, “sumado a recortes que iniciaron prácticamente con el año, más el enorme déficit recibido por la administración anterior por 32 mil millones de pesos”.
Aclaró que la escasez de recursos no lo exenta de sus deberes y propuso a funcionarios de Tribunal Superior de Justicia, del Congreso, del Ejecutivo y de los ayuntamientos que se informen de las posibilidades de cada uno para avanzar y dar resultados.
Insistió en que no pueden comprometer todos los recursos para atender las diferentes propuestas y las acciones que se han planteado en la alerta, “esto no sería posible, y sería además irresponsable”, subrayó.
A algunas organizaciones de mujeres integradas al sistema pidió que no vean al gobierno como adversario, sino que trabajen coordinadamente y se orienten por los mismos objetivos, porque las autoridades las necesitan y “ustedes sin el gobierno van a hacer muy poco”.
A la sesión llegaron sólo representantes de los titulares de diversas dependencias, de acuerdo con el ingreso controlado (con lista en mano) que se observó en la puerta 2 de la residencia oficial.

Sólo acudieron dos alcaldes de los ocho que incluye la Alerta

A la sesión sólo acudieron los alcaldes de Ometepec y Tlapa, dos de los ocho en los que se declaró la alerta, pero los ocho municipios (Acapulco, Chilpancingo, Zihua-tanejo, Iguala, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla) se integraron al Sistema Estatal.
Salazar Adame propuso reuniones de trabajo en los ochos municipios este mes, “para redoblar los compromisos en cada orden de gobierno”.
Adelantó que ya solicitó a la Secretaría de Finanzas una reasignación para atender “al menos las cuestiones más urgentes de la alerta este año, y en 2018 puedan tener una partida especial para atender el programa”.
Pidió a la diputada del PRD, Yuridia Melchor Ocampo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, “que nos ayude a disponer, sino todos los recursos deseables, de una partida que nos permita avanzar”.
A las comisiones que confirman el sistema estatal les dijo que sesionen con regularidad, que visiten las casas de atención a las mujeres y que informen cómo están operando.
Estimó que en ocasiones solventar necesidades básicas o administrativas son suficientes para que las instituciones funcionen, y se pueden atender a la brevedad.
En el último punto del orden del día se abordó el tema de la alerta de la Segob, y Salazar Adame ratificó su posición en el sentido de que es necesaria una comunicación debidamente soportada de la Conavim para atender la declaratoria.
En las grabaciones también se supo de intervenciones de una funcionaria del Poder Judicial que destacó los avances en capacitación, aún sin concluir, y quejas ante la falta de atención apropiada en las agencias de Ministerio Público, donde las víctimas deben comprar hojas de papel bond para levantar una denuncia.
Entre las participaciones, Gómez Saavedra pidió una respuesta para la Conavim. Luego en declaraciones a este diario confirmó que para evitar confusión en Guerrero se deben de integrar las acciones de las dos declaraciones de alerta, pues el gobernador planteó ocho temas de trabajo y la Conavim más de 20.

Piden que se resuelva el conflicto en Ciudad de las Mujeres

En la sesión la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar urgió a las autoridades a resolver el conflicto laboral del Centro Ciudad de las Mujeres de Tlapa, sin despidos ni reducción de salarios.
En un escrito entregado a Salazar Adame, Reyna explicó que el Centro fue inaugurado por el presidente Enrique Peña Nieto para dar atención integral a mujeres víctimas de violencia, como un modelo de atención interinstitucional y en respuesta a recomendaciones de organismos internaciones para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres.
Indicó que en la sesión leyó el documento en el que pide que se solucione el conflicto de un proyecto que debe garantizar el derecho de acceso a la justicia de más de mil 500 mujeres indígenas de La Montaña, que son atendidas mensualmente en este centro.

Muchas mujeres que denuncian violencia otorgan el perdón: MP

La agente determinadora del Ministerio Público para atención de Delitos Sexuales en Acapulco, Alicia Díaz González, informó que el año pasado inició 419 averiguaciones previas por violencia intrafamiliar y 142 por violaciones.

En lo que va de 2004, indicó que se han iniciado 70 averiguaciones previas por violencia intrafamiliar y 26 por violaciones.

De las 419 por violencia intrafamiliar explicó que 130 se consignaron a un juez, de éstas en 89 no se ejerció acción penal porque las agraviadas otorgaron el perdón a sus atacantes.

Acerca de las 142 denuncias por violaciones, expuso que 112 se encuentran en trámite y las otras se remitieron por incompetencia a otras agencias del Ministerio Público o en su caso, otorgaron el perdón.

La servidora pública lamentó que en muchos casos las denunciantes se retractan o dejan de ir para continuar con la integración de las denuncias.

Llamó a que las víctimas de maltrato o violación acudan plenamente convencidas y no a unas horas de que ella proceda legalmente otorguen el perdón a los presuntos culpables. (Jorge Nava)