Daniel Velázquez
Las acciones para atender el problema de la violencia hacia la mujer se detienen por la falta de recursos para mantenerlas vigentes y por la violencia criminal, se indica en las explicaciones incluidas en los programas de acciones estratégicas del gobierno estatal para atender las dos alertas de violencia de género.
El pasado 29 de noviembre, en el Periódico Oficial del Estado se publicaron, por separado, los programas estatales de acciones estratégicas: uno para la atención de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado y otro para la atención de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida.
Guerrero tiene dos alertas por violencia contra la mujer, la primera emitida el 22 de junio de 2017, por la Secretaría de Gobernación, que es la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para los municipios de Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Ometepec, Tlapa, Zihuatanejo y desde el 2 de octubre de 2018, se integró Chilapa a los municipios alertados.
La segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado fue declarada el 5 de junio de 2020, y tiene que ver con el trato desigual a personas que tienen o creen tener el mismo derecho a algo en determinada situación, en este caso, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Falta dinero
En el Programa Estatal de Acciones Estratégicas para la Atención de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida, se identifica como necesario “crear un programa de atención a hombres generadores de violencia, basado en la perspectiva de género, tomando como base el modelo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violen-cia Contra las Mujeres (Conavim)”.
Al pie de esta medida, se precisa que desde junio están “completamente suspendidos” el Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja, el Programa de Acciones de Preven-ción de la Violencia en el Noviazgo en la Adolescencia y Juventud, y el Programa de Prevención de la Violencia Sexual en el Ámbito Comunitario en las y los Adoles-centes, porque no hay dinero.
Se explica que dichos programas eran financiados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), organismo al que se le redujo el presupuesto, “provocando que las actividades grupales, que se estaban desarrollando durante este primer periodo 2022, quedaran completamente suspendidas”.
Otra de las acciones donde se alude a la falta de dinero, para hacer frente al problema de la violencia contra la mujer, también está dentro de las medidas de prevención diseñadas por el gobierno estatal, la cual establece que se debe “generar una estrategia de empoderamiento económico para las mujeres guerrerenses víctimas de violencia”, pero al pie de la misma se incluye la leyenda: “Dado que las secretarías responsables y coadyuvantes no tienen un recurso específico para el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia, estas medidas proponen que cada una de las secretarías aporte los recursos que pudiera tener disponibles para la integración de un fondo de recursos concurrente, destinado al empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia en todo el estado de Guerrero. Los recursos requeridos por el programa, dependerán de los aportes que realicen las secretarías que participan”.
Se refiere son General de Gobierno, Secretaría Técnica de la Gobernadora, y como coadyuvantes Secretaría de Seguridad Pública, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Dirección General de Transporte.
La inseguridad
Entre las medidas de seguridad que se presentan como acciones a realizar, está la de “diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, mediante la implementación de medidas de seguridad especificas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres. Entre otras acciones se solicita: Reforzar los patrullajes preventivos; instalar alumbrado público y mejorar el existente; implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública, como la instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos. Se sugiere que la estrategia de vigilancia sea efectuada prioritariamente por mujeres; incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público, como el rastreo por georreferenciación; difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia y crear los protocolos necesarios para su efectivo funcionamiento”.
De los nueve municipios alertados, en el plan de acciones estratégicas elaborado por el gobierno estatal, sobre el municipio de Chilapa se advierte: “La situación que se vive en el municipio, en relación con la delincuencia organizada, es que hay localidades a las que no se puede acudir a difundir la prevención de la violencia hacia las mujeres”.
Las acciones estratégicas
El Programa Estatal de Acciones Estratégicas para la atención de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida, incluye 21 medidas, algunas de observancia general para los nueve municipios alertados y otras específicas, para cada uno.
El programa incluye ocho medidas de prevención, con 55 acciones específicas; en seguridad, son cinco medidas con acciones específicas por municipio, una de las medidas es “crear y fortalecer las agrupaciones estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad pública, así como cédulas municipales de reacción inmediata. Estas agrupaciones deberán integrarse multidisciplinariamente, actuar coordinadamente entre ellas y otros actores estratégicos, y su personal deberá estar capacitado para ejecutar sus funciones con perspectiva de género”.
Otra de las acciones es “crear módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo, en los municipios que comprende la declaratoria de AVGM. Su funcionamiento deberá incluir asistencia multidisciplinaria (abogadas, psicólogas, médicas, trabajadoras sociales y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes”.
En las medidas de justicia están “fortalecer la Fiscalía General del Estado, particularmente las agencias especializadas en investigación y atención a los delitos de feminicidio y homicidios dolosos de mujeres, así como la especializada en delitos sexuales y de violencia familiar y la de desaparición forzada de personas no localizadas, a la diligente ejecución de medidas como la elaboración de protocolos de investigación, cadenas de custodia y servicios periciales, con base en estándares internacionales, así como a la efectividad de la estrategia de capacitación a servidoras y servidores públicos”.
También se asume la tarea de “conformar un grupo-unidad especializada, encargada exclusivamente de revisar los expedientes y las carpetas de investigación relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres de los últimos ocho años. Entre las funciones que deberá ejecutar esta unidad, se encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivos o reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones, con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos”.
Entre las cuatro medidas de reparación del daño, que incluyen 17 acciones, se prevé “determinar una medida de reparación simbólica para todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en el estado de Guerrero. Para la definición de la reparación simbólica, se tomará en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil y a los familiares de las víctimas”, para lo cual se detalla que se presentará una iniciativa en el Congreso local, en enero de 2023.
Otra de las acciones que se realizarán es elaborar el Protocolo del Plan Individualizado de Reparación Integral del Daño, brindar asistencia a familiares de víctimas a través del trabajo social, de manera permanente, desde 2023 y hasta 2027.
El Programa Estatal de Acciones Estratégicas incluye 13 medidas y 56 acciones, las cuales debieron empezar a desarrollarse durante este 2022 y concluirán en el 2023.
En el documento se precisa que con las modificaciones al Código Penal para el estado, número 499, sobre la despenalización del aborto en mayo de este año, “se han eliminado los obstáculos legales que impedían a las mujeres, adolescentes y niñas incluidas las víctimas de violencia sexual, accedan al aborto legal, seguro y gratuito, motivo por el cual, se da por cumplida la Medida de Prevención 1 de la Resolución emitida el 5 de junio de 2020”, pero están pendientes por cumplir con la fracción sexta del artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los artículos 39 y 44 de la Ley 553, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Las medidas a ejecutar están enfocadas a la prevención, de la cual es responsable la Secretaría de Salud; en seguridad corresponde a la Fiscalía General del Estado y reparación del daño, al poder Judicial estatal.