La titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer), Violeta Pino Girón, informó que ya entregó el Diagnóstico Estatal de Tipos y Modalidades de Violencia contra las Mujeres en Guerrero, con lo que espera que el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) levante la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Adelantó que el estudio será publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado cuando termine su evaluación.
El diagnóstico, elaborado por un equipo de expertos de la UNAM, es una de las medidas que establece la declaratoria por violencia feminicida emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en 2017 y que incluyó a los municipios de Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta, Ometepec, Tlapa y Chilapa.
La titular de la Semujer fue entrevistada al concluir la presentación del plan colaborativo de la Casa de la Mujer Indígena Zihuachikahuac, en Chilapa.
Consultada acerca de la Alerta de Violencia de Género en Guerrero, la funcionaria dijo que una de las medidas que se estableció en la declaratoria fue la elaboración de un diagnóstico estatal, sobre los tipos y las modalidades de violencia.
“Es un documento que ya entregamos, como Semujer al Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, que por ley califica si la medida está satisfecha, que se puede levantar, que se puede palomear al gobierno estatal por la realización de este diagnóstico.
El GIM, agregó, está integrado por la Conavim, Instituto Nacional de las Mujeres, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y académicas, quienes analizan la manera en que los gobiernos van cumpliendo con las medidas.
“Espero que pronto nos levanten la medida de este diagnóstico, que es muy parecido a los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), del Inegi, en término de los indicadores de la violencia, porque la violencia no cambia de la noche a la mañana”.
A pregunta, dijo que el estudio de la UNAM en Guerrero se va a publicar en el Diario Oficial del Estado cuando concluya el proceso de conformidad del GIM.
Sin dar detalles, calificó el estudio como adecuado y profesional.
“Fue un equipo de la UNAM el encargado de hacer este documento, metodológicamente está bastante fortalecido, se trabajó en bastantes municipios, con personas expertas de Guerrero, entrevistas a distintos espacios del territorio”.
“Creo, desde la perspectiva de la Semujer, y a eso apostamos, que próximamente esta instancia llamada GIM, que le da seguimiento a las alertas, nos diga que ya está levantada esa medida para Guerrero”.
–Se entiende que no son alarmantes los resultados del estudio–se le preguntó.
–No sé cómo consideras alarmante, pero a mí me parece que cualquier incidente de violencia contra las mujeres es grave y tenemos que atenderlo–escabulló la funcionaria.
La Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres ha registrado, hasta este mes, 69 asesinatos contra mujeres en el presente año. Los municipios que encabezan la lista son Acapulco, con 18 casos; Chilpancingo, con 14 e Iguala, con ocho.
La directora estatal para Prevenir la Violencia contra la Mujer de la Secretaría General de Gobierno, Yenedith Barrientos Santiago, en entrevista con El Sur en su oficina Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
A un año de la actualización de las Alertas de Violencia de Género por violencia feminicida y agravio comparado en Guerrero, el gobierno estatal tiene la expectativa de levantar medidas tras la evaluación de sus informes de trabajo, informó la directora estatal para Prevenir la Violencia contra la Mujer de la Secretaría general de Gobierno, Yenedith Barrientos Santiago.
Consultada en sus oficinas, la funcionaria recordó que a raíz de la reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, la alerta por Agravio comparado decretada el 5 de junio de 2020, se actualizó el 1 de junio de 2022.
Asimismo, la de Violencia feminicida, decretada el 22 de junio 2017 , se actualizó el 10 de junio del año pasado.
De acuerdo con la ley, el siguiente paso fue que el gobierno del estado y los nueve municipios alertados por violencia feminicida, aprobaran sus programas de acciones estratégicas para el cumplimiento de las medidas de las alertas.
Indicó que Guerrero es el primero alertado que incluyó las alertas actualizadas en el Plan estatal de Desarrollo, y en construir los planes integrales de acciones estratégicas, que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda presentó oficial en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el pasado 25 de noviembre, ambas publicadas en el periódico oficial del estado de Guerrero.
Para el cumplimiento de las medidas de estos mecanismos de emergencia para las mujeres, recordó que los ayuntamientos y el estado tienen la obligación de presentar un informe cada seis meses de sus avances. Del informe del periodo junio-diciembre de 2022, entregado en enero, informó que recibieron un reporte con observaciones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), coordinado por la Conavim. Pero aún no es un dictamen de evaluación por indicadores.
El Mecanismo para la Implementación y Seguimiento de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, conformado el 10 de junio de 2022 por funcionarios de los tres poderes y de los nueve ayuntamientos responsables de darle cumplimiento a las medidas, están integrando el segundo informe de enero-junio de 2023.
Destacó que las reuniones son encabezadas por el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, el secretario técnico de la gobernadora, Pablo Gordillo, con la participación de titulares de las secretarías.
“Las reuniones son para conocer los avances, los pendientes y hacer rutas de acción para el cumplimiento, de tal forma que en el informe que se entregue en julio (este mes), tenga un grado de cumplimiento establecido por el GIM”.
De entrada, señaló que en Guerrero ya no existe el agravio comparado desde el levantamiento de la medida principal de la segunda declaratoria de AVG, con la reforma al Código Penal que despenaliza el aborto en el estado hasta las 12 semanas. . Además que la Secretaría de Salud del estado, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) siguen atendiendo 13 medidas pendientes para garantizar el acceso a atención integral de la salud y la reparación del daño.
Estimó que sí existen condiciones para empezar a hacer levantamiento de medidas muy avanzadas con los próximos informes que evaluará el GIM, tanto de agravio comparado como de violencia feminicida.
Antes de noviembre, que se cumple el plazo de un año para la atención a la alerta de agravio comparado, dijo que enviarán el informe final, con el cual el GIM va a determinar el levantamiento parcial o total de la AVG.
De las denuncias que siguen presentado activistas que acompañan a usuarias cuando solicitan interrupción del embarazo voluntario o legal en el sector salud, aclaró que el secretario general de gobierno advirtió que esas responsabilidades serán asumidas por el titular, con el personal que estuviera en las áreas.
El último caso fue de una niña de 13 años en Atoyac, donde la feminista Marina Reyna Aguilar denunció dilación en la atención de la menor de edad para que la madre de la víctima desistiera del procedimiento por el riesgo de la vida de su hija. Luego la SSA negó la denuncia, al señalar que la niña-mamá, rechazó la interrupción.
La directora de las alertas, indicó que en las mesas de trabajo se habló de “tienen que hacer una relación de personal, tanto objetor de conciencia como quienes sí puedan garantizar los servicios, Pero hay algo superior que es darle cumplimiento a una ley, y que es en la etapa que debe estar (la secretaría de) Salud, en poder capacitar y fomentar el cumplimiento de la ley”.
Añadió que el planteamiento de Reynoso Núñez a las secretarías y dependencia estatales, es no ver a las declaratorias de las Alertas como agravio o amenazas, sino como una oportunidad de poder demostrar el compromiso de garantizar el acceso a la justicia, y a una vida libre de violencia de las mujeres, con acciones que perduren más allá de la actual administración.
Violencia feminicida
De la atención de las 21 medidas de la AVGM por violencia feminicida, mucho más amplia que la de Agravio comparado, aclaró que no hay un plazo de cumplimiento establecido por el GIM, coordinado por Conavim, pero sí tienen tiempos fijados por los responsables de las acciones de cumplimiento.
“La intención de esta declaratoria es que puedan ser acciones que se conviertan en ordinarias, que no sólo sean acatadas por una declaratoria, que queden establecidas de manera permanente, aún levantando la medida”.
Mencionó por ejemplo la creación de un módulo de atención multidisciplinaria a mujeres en situación de violencia en los nueve municipios alertados, no sólo por la atención de la alerta, que van están quedando fijo con un espacio físico, personal capacitado y presupuesto, mediante decretos o vía actas de cabildo.
Además del fortalecimiento de las policías municipales con unidades policiales de género, con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Reconoció que sólo está siendo complicado en Ayutla de los Libres, que se rige por sistema de usos y costumbres, y la seguridad pública está a cargo de la policía comunitaria.
Destacó la recuperación de espacios públicos como una de las estrategias para garantizar espacios seguros de zonas que pueden producir riesgos.
Transporte Violeta
De los programas estatales, señaló el Transporte Violeta monitoreado con videocámaras y geolocalización, y personal capacitado, para atender una medida de la Alerta, implementada en Chilpancingo, Acapulco y con avances en Zihuatanejo.
Aclaró que se siguen revisando las condiciones de aplicación del Transporte en Iguala, Coyuca de Catalán, Ayutla, Ometepec, Tlapa y Chilapa.
Asimismo, la Alerta Violeta como mecanismo de búsqueda inmediata para niñas, adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas, el territorio violeta, de recuperación de espacios públicos, y la aplicación de telefonía celular para solicitar ayuda.
Del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, indicó que están próximos de presentar en sesion el Programa Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres que marca la líena del trabajo de esta administración.
Aseguró que las ocho comisiones que integran el sistema, una de Alertas de Violencia de Género, han sesionado de manera ordinaria.
Por otro lado, está el mecanismo de seguimiento institucional de las alertas, que camina con su propio objetivo, que es dar cumplimiento a las medidas, y evaluar si se está realizando el trabajo adecuado.
Las feministas Marina Reyna Aguilar, Flor Dessire León Hernández, Alejandra Cárdenas Santana y Lourdes Chávez, durante la presentación del libro, en una sala del Palacio Cultura Ignacio Manuel Altamirano en el centro de Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Activistas, académicas, y periodistas presentaron el libro Tejiendo nuestra historia en Guerrero, en la que se incluyen relatos sobre la experiencia personal de las actoras que encabezaron la demanda de la emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y entre las que están los desencuentros y las resistencias del Estado.
La presentación del libro se realizó en el palacio de Cultura Ignacio Manuel Altamirano, al que asistieron decenas de personas principalmente mujeres. Ahí una de las presentes, la feminista y académica Rosa Icela Ojeda Rivera leyó unos párrafos de este libro, en el se señala que la persistencia de la violencia feminicida en el estado excede los esfuerzos de la sociedad civil, de las mujeres y de las feministas, “incluso de la legislación”.
En la presentación del libro participó como moderadora la periodista y reportera de El Sur Lourdes Chávez Ramírez, quien también colaboró en su creación.
En esta actividad se recordó que fue hasta la última década del siglo pasado cuando en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se reconoció y se legisló lo que en aquel momento solo se definía como “violencia intrafamiliar”.
Precisamente en los 90 grupos de académicas, políticas y activistas que impulsaron las primeras acciones a favor de las mujeres en los gobiernos y el Congreso del estado como el Movimiento de Solidaridad Contra la Violencia Sexual (Mosocovis), otros con perfiles de izquierda como Mujeres por la Democracia, la Caja de Pandora, y con la llegada de más diputadas al Poder Legislativo se creó la Comisión Especial de la Mujer y se promulga la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar.
Y desde 2014 se inició la lucha por la despenalización del aborto “en una coyuntura que al final fue poco favorable” y en 2016, se aglutinaron nuevamente mujeres activistas por la vida y la libertad de las mujeres “ante la violencia feminicida” en una Alianza Feminista del estado que demandó al gobierno estatal por no garantizar seguridad y justicia a las víctimas de la violencia feminicida.
Finalmente, como resultado, la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim) emitió el 22 de junio de 2017 la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el estado de Guerrero para ocho municipios: Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort, y el siguiente año se solicitó que Chilpa se incluyera en esta alerta ante las muertes violentas de mujeres que estaban ocurriendo.
La maestra emérita de la Universidad Autónoma de Guerrero Luz Alejandra Cárdenas Santana fue una de las presentadoras, destacó el trabajo de las promotoras de la alerta y de las antecesoras que iniciaron a hablar de la violencia contra las mujeres.
Recordó uno de los primeros desencuentros que tuvieron con el entonces secretario general de Gobierno del estado Florencio Salazar Adame les dijo que no se podía emitir la declaratoria, porque el secretario de Gobernación federal le dijo que en los lugares en los que se había emitido se incrementaron los asesinatos de mujeres.
Y que incluso desde el gobierno “decían que éramos enemigas del estado de Guerrero porque queríamos ahuyentar al turismo”.
En el mismo sentido, la feminista Liduvina Gallardo Suástegui dijo que el entonces gobernador Héctor Astudillo Flores “se resistía a aceptar la alerta, el argumento era eso, que íbamos a espantar al turismo”, por lo que tuvieron que iniciar un proceso de sensibilización y “explicarles con bolitas y palitos” en lo que consistía la alerta.
Irinea Buendía Cortez madre de Mariana Lima víctima de feminicidio, en la conferencia en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia; la flanquean las magistradas Indalecia Pacheco y Norma Leticia Méndez y la acompañan las feministas Lourdes Juárez, Marina Reyna y Rosa María Gómez Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Norma Leticia Méndez Abarca, quien asistió ayer en representación del magistrado presidente Raymundo Casarrubias Vásquez a la conferencia Sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se realizó en el auditorio del TSJ, anunció que esta sentencia será distribuida en todos los distritos judiciales para que los casos de violencia feminicida se juzguen con perspectiva de género.
La conferencia que disertó Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima, asesinada en junio del 2010 en Chimalhuacán, Estado de México, por su esposo, el policía ministerial Julio César Hernández, se realizó en el auditorio del TSJ.
Asistieron las magistradas Norma Leticia Méndez, representante del magistrado Casarrubias Vázquez, e Indalecia Pacheco León, integrante de la Comisión de Gé-nero, así como la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar; la integrante de la Red Estatal de Mujeres Guerreren-ses por una Vida Libre de Violencia, Rosa María Gómez Saavedra, y la coordinadora de Obvio Guerrero, Lourdes Juárez Díaz.
La magistrada Méndez Abarca explicó que la Sentencia Mariana Lima Buendía, como un parámetro nacional para juzgar con perspectiva de género de la SCJN, marca los pasos que los juzgadores deben de seguir en los casos de violencia de género contra mujeres y niñas.
Dijo que estos casos deben ser atendidos con debida diligencia para prevenir la más grave que es la violencia feminicida y que los parámetros de dicha sentencia estén acordes al marco normativo internacional.
“El reconocimiento de los derechos de las mujeres mandata la obligación del Estado para prevenir, atender y sancionar todas las violencias cometidas en razón de género, priorizando la protección de su libertad, seguridad y vida a través de políticas públicas que nos permitan fortalecer las instituciones para el acceso a la justicia”, dijo.
En función de ello, anunció que la Comisión de Igualdad de Género del TSJ, llevará esta sentencia a todos los distritos judiciales para que sea conocida.
“Esta sentencia sirve como un parámetro y un parteaguas en las investigaciones y averiguaciones previas a efecto de que las carpetas de investigación queden bien integradas”, dijo.
La sentencia Mariana Lima
La Sentencia Mariana Lima Buendía fue emitida el 25 de marzo del 2015 y constituye el primer pronunciamiento de la SCJN relacionado con feminicidio.
Irinea Buendía, madre de la víctima, cuyo nombre se impuso a la sentencia, realiza un recorrido por el país dando a conocer el contenido de la sentencia, y con Guerrero ha visitado siete estados.
Por la mañana, se reunió en privado con magistrados, jueces, proyectistas y personal administrativo del TSJ a quienes dio a conocer el contenido de la sentencia.
Después, en la conferencia explicó que el documento cuenta con todos los pasos que deben seguir los investigadores y jueces en los casos de violencia hacia las mujeres.
Argumentó que cuando no hay perspectiva de género se desconocen las razones y motivos que hay para acreditar un feminicidio.
“Qué bueno que ganamos la sentencia Mariana Lima Buendía porque con ello ganamos que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen con perspectiva de género y debida diligencia, no solo en el caso de Mariana Lima Buendía sino de todas las muertes violentas de mujeres”, dijo.
Antes, había reseñado la historia de su hija asesinada por su esposo, la negligencia y las trabas por la negligencia de las autoridades judiciales que tuvo que pasar durante cinco años, antes de la sentencia.
“Por eso esta sentencia es histórica y viene a sentar precedentes no solamente en el Estado de México sino en toda la República”, dijo.
Añadió que, ahora, cada estado tiene la obligación de integrar a su Código de Procedimientos Penales lo que se tiene que hacer y que ganamos en la sentencia de la SCJN”.
Por ejemplo, agregó que con ella se ganó que se sancionará a los servidores públicos que intervienen en una carpeta de investigación, y son omisos, negligentes, que cometen falencias, que obstruyen la investigación y obstruyen la justicia.
“Ganamos, también, la reparación del daño” y que todas las autoridades de los tres niveles y principalmente los que están en las áreas de equidad de género deben conocer qué es la perspectiva de género”.
A su vez la magistrada Indalecia Pacheco, aseguró que el Poder Judicial “está haciendo todo su esfuerzo para que se juzgue con perspectiva de género utilizando no solo esa sentencia, sino la que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) donde se establecen los estándares tanto para investigar como para juzgar.
“Esa sentencia es importante porque de manera técnica da el lineamiento federal para que las agencias del Ministerio Público entiendan que están obligadas a hacer una investigación bajo la perspectiva de género porque ahora con el nuevo sistema penal acusatorio se deja mucho que desear porque se siguen arrastrando vicios enormemente malos”, reconoció la magistrada.
Aumenta la violencia digita
Activistas del Frente Amplio Feminista de Guerrero denunciaron que hay omisión en atender el problema de violencia digital en las escuelas de nivel medio superior y superior. El coordinador de comunicación de la organización, Enrique Solano López, indicó que el año pasado registraron 120 casos y en lo que va de este 2023 van 37.
En conferencia de prensa en el Zócalo de Acapulco, Solano López indicó que la violencia digital consiste en el uso de los teléfonos celulares como medios para agredir a mujeres. Precisó que se puede manifestar con el envío de mensajes con palabras ofensivas o invitaciones a tener relaciones sexuales o imágenes de penes hacia la víctima.
El Frente informó que como parte de sus actividades realiza un monitoreo sobre el uso de la tecnología y su impacto en la violencia de género, lo que les arrojó que hay un aumento en el problema.
Añadió que las redes sociales son útiles en diferentes sentidos, pero también son la causa de nuevos problemas como robo de identidad y hasta secuestro, siendo las víctimas mujeres adolescentes. “La preocupación es que se recrudezcan este tipo de situaciones ante la omisión de una estrategia adecuada oficial”.
De Mujeres por Guerrero, Guadalupe Medina pidió que la Secretaría de la Mujer dé acompañamiento a las víctimas de violencia y que no las deje solas, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que revise el protocolo violeta.
El Frente llamó al secretario de Educación Marcial Rodríguez Saldaña, y a la secretaria de la Mujer Violeta Pino Girón, a que sus campañas no se queden solo en anuncios, lonas o fotografías.
También llamó a la Fiscalía General del Estado, al TSJ y a la Secretaría de Seguridad Pública a que atiendan este problema y den cuenta de las carpetas de investigación que tienen y que avances llevan. (Daniel Velázquez).
Con el año, termina el primer plazo de seis meses que recibió el gobierno estatal para elaborar sus primeros informes de las dos alertas de violencia feminicida en nueve municipios, y de agravio comparado contra las mujeres de Guerrero, declaradas en 2017 y 2020, que serán enviados el 15 de enero de 2023, informó la directora estatal para Prevenir la Violencia hacia las mujeres de la Secretaría General de Gobierno, Yenedith Barrientos Santiago.
Aunque la Comisión nacional para Prevenir y Erradicar las Violencias hacia las Mujeres (Conavim) actualizó las alertas a principios de junio de este año, y los seis meses terminan a principios de diciembre, explicó que el gobierno estatal recibió 45 días para enviar sus programas de trabajo.
A partir de la aprobación de los programas, debe presentar informes cada seis meses de la AVG por violencia feminicida y atender en un año las medidas de la Alerta por Agravio Comparado. Aunque precisó que el programa de la segunda alerta fue aprobado una vez que acordaron los indicadores de cumplimiento con el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de trabajo.
Consultada en la sede del poder Ejecutivo, aclaró que sólo después de su evaluación por los grupos Interinstitucional y Multidiscipli-nario de cada alerta, habrá información clara de los avances; sin embargo, el poder Ejecutivo espera levantar algunas medidas que deben atender los tres poderes de la entidad y la Fiscalía General del Estado.
Por ejemplo, señaló la elaboración de un diagnóstico de los tipos y modalidades de violencias en el estado, la primera de 21 medidas de la alerta de violencia feminicida, que la administración anterior encargó a la Universidad Nacional Autónoma de México y no obtuvieron, por incumplimiento de pago.
A través de la Secretaría de la Mujer, informó que se retomó ese acuerdo, se cubrió el saldo y la institución educativa actualizó el documento, que el Ejecutivo envió el mes pasado a la Conavim.
El documento no será público mientras no haya sido aprobado por el grupo de trabajo de la primer alerta, precisó.
En lo que toca a la Secretaría General de Gobierno, señaló que el Protocolo Violenta en el transporte público, para garantizar espacios seguros para mujeres con operadores capacitados y certificados, ya se lanzó en dos de los ocho municipios alertados por violencia feminicida: Acapulco y Chilpancingo.
En enero se ampliará a Zihuatanejo e Iguala, y en el transcurso del año, a los demás alertados: Ayutla, Ometepec, Tlapa, Chilpan-cingo, Chilapa, y Coyuca de Catalán, aseguró.
“Pero estamos dando un paso extra, en enero estaremos haciendo pública la coordinación interinstitucional con los municipios y con las dependencias que son las responsables, aquí son Seguridad Pública, la oficina de la gobernadora, la SSG y la Semujer, así como el Sistema Estatal de Seguridad Pública, para evaluar la estrategia”.
Por otro lado, indicó que la FGE debe atender las órdenes de protección para las víctimas de violencias. En este primer informe, confió en que la Fiscalía haya creado la nueva unidad de contexto que está en ejecución, con financiamiento de un proyecto federal.
Asimismo, indicó que de manera coordinada con la Iniciativa Spotlight, para prevenir y erradicar la violencia a mujeres y niñas, que apoya ONU Mujeres y la Unión Europea, la FGE emitió una convocatoria para contratar una consultoría, que elaboró un protocolo de órdenes de protección.
“De ahí se realizaron reuniones con los nueve municipios, de manera que cada uno pueda aportar datos sobre lo que hace falta, ¿qué más que los municipios que puede emitir órdenes de protección?”, enfatizó.
El diagnóstico de violencias y el protocolo de protección son dos medidas que podrían levantar, si la FGE concreta los recorridos en los ayuntamientos alertados, precisó.
Además, indicó que en esta medida la FGE debe hacer una revisión exhaustiva de las carpetas de investigación de homicidios dolosos de mujeres, de 8 años atrás, que esperan poder incluir en el informe que reportarán el 15 de enero.
Asimismo, el Congreso local debe conformar una área para revisar la legislación, a fin de armonizar leyes y elaborar iniciativas en favor de las mujeres. En este sentido, recordó que en septiembre pasado, en el contexto de la iniciativa Spotlight, los diputados firmaron un memorando con agencias de Naciones Unidas para fortalecer el marco legal para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.
Destacó tres medidas para los ayuntamientos: crear los módulos de atención a las víctimas de violencia, unidades de Policía de Género y recuperar espacios públicos, aunque no precisó los avances.
Añadió que la segunda medida que debe atender la FGE en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es la reparación del daño por muertes dolosas de mujeres.
En cuanto a la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, explicó que tiene un plazo de un año para la atención de 13 medidas a partir de la aprobación del programa de trabajo, que se presentó en el acto conmemorativo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. El 29 del mismo mes se publicaron los dos programas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Aclaró que el GIM elaboró los indicadores y el estado alineó sus acciones para atenderlos y recordó que la medida principal de esta alerta era la despenalización del aborto en el estado, que no estaban garantizando los servicios estatales de salud y se aprobó en el pasado.
Aunque activistas esperaban que esta medida permitiera el levantamiento de la segunda alerta, la funcionaria reconoció que es “un trabajo grande poder dar cumplimiento, porque ahora se trata de garantizar el derecho a decidir”. En esta labor, deben actuar la Secretaría de Salud del estado, FGE y Tribunal Superior de Justicia.
Reconoció que persisten las resistencias en hospitales por objetores de conciencia, “pero la parte institucional, que es la que nos corresponde, tenemos que acatar el mandato. La Secretaría de Salud tiene un trabajo inmenso”.
La presidenta de Tlalixtaquilla , Raquel García Orduño, la de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, la regidora de Tlapa, Edith Parra Zurita, al fondo la síndica procuradora de Tlacoapa, Carolina Cantú Morales en el salón donde se desarrolló un taller del IEPC el sábado en Tlapa Foto: Carmen González Benicio
Daniel Velázquez
Las acciones para atender el problema de la violencia hacia la mujer se detienen por la falta de recursos para mantenerlas vigentes y por la violencia criminal, se indica en las explicaciones incluidas en los programas de acciones estratégicas del gobierno estatal para atender las dos alertas de violencia de género.
El pasado 29 de noviembre, en el Periódico Oficial del Estado se publicaron, por separado, los programas estatales de acciones estratégicas: uno para la atención de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado y otro para la atención de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida.
Guerrero tiene dos alertas por violencia contra la mujer, la primera emitida el 22 de junio de 2017, por la Secretaría de Gobernación, que es la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para los municipios de Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Ometepec, Tlapa, Zihuatanejo y desde el 2 de octubre de 2018, se integró Chilapa a los municipios alertados.
La segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado fue declarada el 5 de junio de 2020, y tiene que ver con el trato desigual a personas que tienen o creen tener el mismo derecho a algo en determinada situación, en este caso, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Falta dinero
En el Programa Estatal de Acciones Estratégicas para la Atención de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida, se identifica como necesario “crear un programa de atención a hombres generadores de violencia, basado en la perspectiva de género, tomando como base el modelo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violen-cia Contra las Mujeres (Conavim)”.
Al pie de esta medida, se precisa que desde junio están “completamente suspendidos” el Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja, el Programa de Acciones de Preven-ción de la Violencia en el Noviazgo en la Adolescencia y Juventud, y el Programa de Prevención de la Violencia Sexual en el Ámbito Comunitario en las y los Adoles-centes, porque no hay dinero.
Se explica que dichos programas eran financiados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), organismo al que se le redujo el presupuesto, “provocando que las actividades grupales, que se estaban desarrollando durante este primer periodo 2022, quedaran completamente suspendidas”.
Otra de las acciones donde se alude a la falta de dinero, para hacer frente al problema de la violencia contra la mujer, también está dentro de las medidas de prevención diseñadas por el gobierno estatal, la cual establece que se debe “generar una estrategia de empoderamiento económico para las mujeres guerrerenses víctimas de violencia”, pero al pie de la misma se incluye la leyenda: “Dado que las secretarías responsables y coadyuvantes no tienen un recurso específico para el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia, estas medidas proponen que cada una de las secretarías aporte los recursos que pudiera tener disponibles para la integración de un fondo de recursos concurrente, destinado al empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia en todo el estado de Guerrero. Los recursos requeridos por el programa, dependerán de los aportes que realicen las secretarías que participan”.
Se refiere son General de Gobierno, Secretaría Técnica de la Gobernadora, y como coadyuvantes Secretaría de Seguridad Pública, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Dirección General de Transporte.
La inseguridad
Entre las medidas de seguridad que se presentan como acciones a realizar, está la de “diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, mediante la implementación de medidas de seguridad especificas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres. Entre otras acciones se solicita: Reforzar los patrullajes preventivos; instalar alumbrado público y mejorar el existente; implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública, como la instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos. Se sugiere que la estrategia de vigilancia sea efectuada prioritariamente por mujeres; incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público, como el rastreo por georreferenciación; difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia y crear los protocolos necesarios para su efectivo funcionamiento”.
De los nueve municipios alertados, en el plan de acciones estratégicas elaborado por el gobierno estatal, sobre el municipio de Chilapa se advierte: “La situación que se vive en el municipio, en relación con la delincuencia organizada, es que hay localidades a las que no se puede acudir a difundir la prevención de la violencia hacia las mujeres”.
Las acciones estratégicas
El Programa Estatal de Acciones Estratégicas para la atención de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida, incluye 21 medidas, algunas de observancia general para los nueve municipios alertados y otras específicas, para cada uno.
El programa incluye ocho medidas de prevención, con 55 acciones específicas; en seguridad, son cinco medidas con acciones específicas por municipio, una de las medidas es “crear y fortalecer las agrupaciones estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad pública, así como cédulas municipales de reacción inmediata. Estas agrupaciones deberán integrarse multidisciplinariamente, actuar coordinadamente entre ellas y otros actores estratégicos, y su personal deberá estar capacitado para ejecutar sus funciones con perspectiva de género”.
Otra de las acciones es “crear módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo, en los municipios que comprende la declaratoria de AVGM. Su funcionamiento deberá incluir asistencia multidisciplinaria (abogadas, psicólogas, médicas, trabajadoras sociales y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes”.
En las medidas de justicia están “fortalecer la Fiscalía General del Estado, particularmente las agencias especializadas en investigación y atención a los delitos de feminicidio y homicidios dolosos de mujeres, así como la especializada en delitos sexuales y de violencia familiar y la de desaparición forzada de personas no localizadas, a la diligente ejecución de medidas como la elaboración de protocolos de investigación, cadenas de custodia y servicios periciales, con base en estándares internacionales, así como a la efectividad de la estrategia de capacitación a servidoras y servidores públicos”.
También se asume la tarea de “conformar un grupo-unidad especializada, encargada exclusivamente de revisar los expedientes y las carpetas de investigación relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres de los últimos ocho años. Entre las funciones que deberá ejecutar esta unidad, se encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivos o reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones, con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos”.
Entre las cuatro medidas de reparación del daño, que incluyen 17 acciones, se prevé “determinar una medida de reparación simbólica para todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en el estado de Guerrero. Para la definición de la reparación simbólica, se tomará en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil y a los familiares de las víctimas”, para lo cual se detalla que se presentará una iniciativa en el Congreso local, en enero de 2023.
Otra de las acciones que se realizarán es elaborar el Protocolo del Plan Individualizado de Reparación Integral del Daño, brindar asistencia a familiares de víctimas a través del trabajo social, de manera permanente, desde 2023 y hasta 2027.
El Programa Estatal de Acciones Estratégicas incluye 13 medidas y 56 acciones, las cuales debieron empezar a desarrollarse durante este 2022 y concluirán en el 2023.
En el documento se precisa que con las modificaciones al Código Penal para el estado, número 499, sobre la despenalización del aborto en mayo de este año, “se han eliminado los obstáculos legales que impedían a las mujeres, adolescentes y niñas incluidas las víctimas de violencia sexual, accedan al aborto legal, seguro y gratuito, motivo por el cual, se da por cumplida la Medida de Prevención 1 de la Resolución emitida el 5 de junio de 2020”, pero están pendientes por cumplir con la fracción sexta del artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los artículos 39 y 44 de la Ley 553, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Las medidas a ejecutar están enfocadas a la prevención, de la cual es responsable la Secretaría de Salud; en seguridad corresponde a la Fiscalía General del Estado y reparación del daño, al poder Judicial estatal.
