Trabajadores administrativos del Poder Judicial, ubicado en los juzgados de Caleta pararon labores para exigir el pago de salario retroactivo y diferentes prestaciones.
Ayer en la mañana, los empleados cerraron las instalaciones ubicadas en el fraccionamiento Las Playas, en el acceso principal y estacionamiento.
Se quejaron que el retroactivo se tenía que pagar a partir de abril, sin embargo no ha sido depositado, además que el bono del Día de las Madres no lo dieron con incremento como en otras dependencias.
Denunciaron que hay una “persecución” contra los trabajadores, debido a que si tardan cinco minutos les descuentan el día, y si tardan más horas laborando no pagan horas extras.
En los juzgados de Caleta hay más de 100 trabajadores distribuidos en las salas familiares y civiles.
En declaraciones a reporteros, la trabajadora Irma, que no dio sus apellidos por temor a represalias, denunció que el titular del Poder Judicial, el magistrado Raymundo Casarrubias Vázquez, no otorga el retroactivo de este año y bonos pendientes.
Añadió que el retroactivo corresponde al 7 por ciento, y depende del suelo del trabajador.
Ejemplificó que el bono del Día de las Madres no tuvo incremento y en otras dependencias del estado sí, “somos el patito feo, que no tiene los beneficios como los demás”, señaló.
Añadió que otros bonos tiene descuentos del ISR siendo que tiene que ser subsidiado por el gobierno del estado.
Indicó que hay una persecución laboral, porque aseguró que “no podemos llegar tarde cinco minutos, ya que nos descuentan el día y si trabajamos más, no pagan horas extras.
Por tal razón, dijo que se decidió hacer el paro laboral por las injusticias que hay adentro del Poder Judicial, encabezado por su titular.
Abogados laborales demandan a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que se abran los juzgados laborales porque están detenidos miles casos de trabajadores que tienen demandas y agregaron que con el huracán Otis se perdieron miles de expedientes de acuerdo con lo que les informaron las mismas autoridades.
El abogado Carmelo Loeza Hernández dijo que estaban exigiendo a la gobernadora Evelyn Salgado que regrese a ver el problema de los trabajadores porque “después del Otis los tribunales laborales, la primera y segunda junta, están cerrados. Estamos en un edificio que se está remodelando, pero faltan los muebles, el sistema para que empiecen a andar las audiencias”.
Agregó que lo que están pidiendo los abogados es una reunión “con algún subordinado de la gobernadora, que tenga facultades para resolver el problema, o bien con la gobernadora directamente, porque ya urge que se abran porque ya son ocho meses del huracán y no hay justicia para la clase trabajadora”. Agregó que todos los asuntos están parados, es decir, los amparos, los amparos indirectos, los amparos directos porque “no hay informe de los tribunales laborales, no pueden avanzar los juicios por ningún lado”.
Loeza Hernández dijo que hay otro problema y es que en la primera junta hay 12 mil expedientes y en la segunda hay 10, en donde en el huracán se perdió el 30 por ciento de los expedientes y “no sabemos cuáles se perdieron, nos tienen que avisar a nosotros de manea oficial cuáles se extraviaron y nosotros mediante un incidente promover la reposición de todos esos expedientes y nos va llevar mucho tiempo, unos cuatro o cinco meses; ya llevamos ocho meses perdidos más otros cinco que pierdamos en la reposición de expedientes no es justo, se tiene olvidada a la clase trabajadora de Acapulco”.
El edificio Vasco Núñez de Balboa, donde estaban las juntas, se destrozó totalmente y ya es “oficial que se extravió el 30 por ciento de los expedientes en cada junta y nosotros queremos que se reabran los tribunales para si se perdió un expediente, empezar a reponer y empezar las audiencias”.
Pidió a la gobernadora que pronto se arregle esa situación porque no hay justicia para la clase trabajadora que fueron despedidos y que esperan que se les haga justicia y “esperan con ansia que sea en laudo a su favor”.
Ayer continuó la protesta de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia afuera de Ciudad Judicial en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes/Argenis Salmerón/ Brenda Escobar/Redacción
Chilpancingo/Acapulco/Zihuatanejo/Iguala
La secretaria general de la sección 62 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), que aglutina a trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que están en paro laboral, Margarita Sánchez Azabay, informó que la Secretaría de Finanzas y Administración estatal ya hizo un ofrecimiento de incremento salarial.
Sin embargo, agregó que ayer por la tarde analizarían con las bases la propuesta para determinar si levantan el movimiento, pero hasta a las ocho de la noche el paro y el plantón afuera de Ciudad Judicial seguía.
Durante la mañana, en los juzgados y tribunales de Acapulco, Zihuatanejo e Iguala continúo el paro de los trabajadores y advirtieron que mantendrían suspendidas las labores hasta que hubiera un acuerdo entre los líderes sindicales y el gobierno del estado.
Por separado, el TSJ y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, informaron que el ofrecimiento de incremento salarial fue del 10 por ciento.
“Ya hay un planteamiento del gobierno del estado, ofrece un porcentaje pero no podemos mencionarlo porque no es definitivo”, dijo en declaraciones por la mañana la dirigente sindical.
Informó que la propuesta se hizo durante las pláticas que comenzaron el jueves entre el presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez, la secretaria general del Comité Ejecutivo Central (CEC) del SUSPEG, Adela Hernández Angelito y personal de la Sefina
El paro laboral y el plantón afuera de Ciudad Judicial inició el lunes en demanda de incremento salarial del 14 por ciento y el pago de bonos.
Sánchez Azabay informó que la secretaria general del SUSPEG, Hernández Angelito le dijo al presidente del TSJ que se convocaría a los secretarios seccionales para analizar con la base la respuesta “para tomar una determinación de qué es lo que va a proceder, de acuerdo a la propuesta que ya se puso sobre la mesa”.
Informó que hasta ayer habían parado y cerrado 10 juzgados en el estado, de los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Teloloapan, Zihuatanejo, Chilapa, Tixtla, Ometepec.
Por su parte, el TSJ y el Consejo de la Judicatura informaron en un comunicado que “derivado de las pláticas que se han sostenido con la secretaría General del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, así como con la líder de la sección 62 Margarita Sánchez Azabay y la representante del SUSPEG en el TSJ, Martha Moreno Iriarte, y el director general de Administración y Finanzas, Antonio Sebastián Ortuño, “y considerando la difícil situación presupuestal que prevalece, se propuso a la base trabajadora, a través de sus representantes sindicales, el incremento del 10 por ciento, retroactivo al 1 de enero”.
Pero se agregó en el comunicado que las representantes del SUSPEG se comprometieron a consultar la propuesta con los líderes seccionales y sus agremiados y dar una respuesta a más tardar el lunes 23 de octubre”.
De acuerdo al comunicado el incremento salarial también será para las y los oficiales administrativos extraordinarios y demás servidores públicos del Poder Judicial, con excepción de magistradas y magistrados, consejeras, consejeros, juezas y jueces de primera instancia, secretarios generales y titulares de área.
Acapulco
En Acapulco, trabajadores de los juzgados de lo Familiar de Caleta, y el Penal y de Ejecución ubicados en el penal de Las Cruces mantuvieron el paro de labores para exigir el aumento salarial 14 por cierto.
Los trabajadores tomaron las instalaciones, ubicada en el fraccionamiento Las Playas, en la avenida Gran Vía Tropical.
En declaraciones a reporteros, la integrante de la sección 21 del SUSPEG, Rosalba Anzastiga Reyes manifestó que siguen en pie de lucha para el aumento del 14 por ciento.
Reclamó que hay omisión del gobierno del estado al no querer otorgar el 14 por ciento del aumento y más prestaciones.
Indicó que el aumento del 14 por ciento fue autorizado por la gobernadora el pasado mes de abril, y ahora no quiere cumplir la Secretaría de Finanzas.
Declaró que fueron excluidos del beneficio que otorgó la gobernadora y otras dependencias sí lo obtuvieron, “claro que hay discriminación”.
Señaló que los más afectados son los usuarios y sus abogados, “los trámites y juicios están detenidos por falta de atención de las autoridades”.
Insistió en Acapulco hay 130 trabajadores afiliados al SUSPEG en la sección 21 en los juzgados de lo Familiar, y recalcó que el movimiento es a nivel estatal.
Zihuatanejo
En la Costa Grande, el representante de la sección 48 del SUSPEG en el Palacio de Justicia de Zihuatanejo, José Alfredo García, dijo que debido a que no han llegado a un acuerdo con la parte patronal, seguirán en paro de labores y adelantó que durante este fin de semana harán guardias para permanecer en pie de lucha, ya que el gobierno estatal sólo ofrece un 10 por ciento al incremento salarial y los trabajadores demandan el 14 por ciento.
Ayer viernes, los trabajadores de base y supernumerarios sindicalizados del Palacio de Justicia en Zihuatanejo y de la sección 23 del juzgado mixto en La Unión, cumplieron 72 horas de paro laboral.
El líder de la sección 48, José Alfredo García, informó vía telefónica que el ofrecimiento de la parte patronal es el 10 por ciento del salario, pero la postura de los trabajadores es que sea el 14 por ciento, como lo vienen demandando.
Dijo que el próximo lunes, todos los delegados sindicales se reunirán con su dirigente estatal del SUSPEG en la capital del estado para analizar la propuesta, pero que son los trabajadores de los centros de trabajo de las ciudades más grandes como Acapulco, Iguala, Chilpancingo y Zihuatanejo quienes opinan que se debe seguir luchando hasta conseguir el 14 por ciento de incremento salarial y el resto de las demandas de su pliego petitorio.
Iguala
En Iguala los trabajadores de TSJ mantuvieron suspendidas las actividades laborales.
En entrevista, la secretaria de Actas y Acuerdos de la sección 10 del SUSPEG, Rosalba Román Estrada anunció que el próximo lunes sostendrán una reunión la dirigencia de SUSPEG con el presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez y la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda.
Dijo que en dicho encuentro esperan tener una solución a su petición del 14 por ciento de incremento salarial, así como del pago de bonos y el estímulo por años de servicio.
Y qué mientras los más de 40 trabajadores del Tribunal de Iguala continuarán en pie de lucha y en plantón en las instalaciones del Palacio de Justicia.
Incluso mencionó que este sábado y domingo estará junto con sus compañeros realizando guardias en el Palacio de Justicia como lo han hecho desde el miércoles que iniciaron con el paro de labores y plantón.
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, declaró días inhábiles el 26 y 27 de septiembre para los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que laboran en la Zona Norte y Tierra Caliente, en previsión de las protestas anunciadas por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa con motivo del noveno aniversario de los crímenes de Iguala.
En esta ciudad también se suspenderán clases en escuelas de nivel básico y algunas preparatorias “por indicaciones” de la Secretaría de Educación de Guerrero.
En Iguala desde hace tres semanas se colocan protecciones en las ventanas del Palacio de Justicia. reforzaron los accesos e hicieron una zanja frente a las instalaciones supuestamente para la introducción de drenaje y agua potable, afectando la línea principal que dejó por un par de días sin agua al 80 por ciento de los igualtecos.
Cierre de juzgados, salas
y unidades administrativas
“Este pleno del Consejo de la Judicatura Estatal determina declarar inhábiles los días 26 y 27 de septiembre”, se lee en la circular 41/2023.
La medida aplica para todos los trabajadores de los distritos de Aldama (Apaxtla, Cuetzala, General Canuto A. Neri, Pedro Ascencio de Alquisiras y Teloloa-pan), así como el de Cuauhtémoc (Ajuchitlán, Arcelia, San Miguel Totolapan y Tlapehuala).
Asimismo, el distrito de Hidalgo, que incluye los municipios de Atenango del Río, Bue-navista de Cuéllar, Cocula, Copa-lillo, Huitzuco, Iguala y Tepecoa-cuilco. Además el de Mina, que incluye Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, Tlalchapa, Pungarabato, y Zirándaro.
Prevén “actos vandálicos”
La circular va dirigida a todos los titulares de los órganos jurisdiccionales (juzgados y salas) y unidades administrativas situados en el Palacio de Justicia de Iguala.
“Ante la eventualidad de que el inmueble denominado Palacio de Justicia Iguala sea objeto de actos vandálicos derivado de diversas protestas que diversas organizaciones sociales llevarán a cabo en esta localidad los días 26 y 27 de septiembre con motivo del noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y que ello pueda traducirse en riesgos a la integridad física de los empleados y usuarios del servicio de justicia, este pleno determina decretar inhábiles los días 26 y 27 de septiembre”, refiere el acuerdo.
El documento agrega que, por tanto, estos días no correrán términos y plazos en materia civil, familiar y laboral, a excepción de la materia penal en donde se realizarán guardias, “ya que las concernientes actuaciones pueden practicarse a toda hora aún en los días feriados en virtud de la improrrogabilidad de términos”.
El acuerdo lo firma el secretario general del Consejo de la Judicatura, Celso Ubaldo de la Sancha.
La Ciudad Judicial ha sido objeto de diversas manifestaciones por parte de los estudiantes debido a que un video grabado por cámaras de vigilancia de circuito cerrado sobre el ataque fue borrado por órdenes de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín, quien declaró que el material fue destruido por cuestiones técnicas, lo que ha generado molestia e inconformidad de los padres de familia y estudiantes.
Escuelas
En tanto, directivos de jardines de niños, primaria, secundarias y algunas preparatorias del municipio de Iguala, suspenderán clases los días martes y miércoles cómo medida preventiva por las actividades programadas que realizarán en la conmemoración del noveno aniversario del ataque y desaparición de los 43 normalistas
A través de sus páginas oficiales de redes sociales y en grupos de WhatsApp comunicaron: “por indicaciones de la Secretaría de Educación, se suspenden las labores escolares los días martes y miércoles, reanudando el jueves 28 de septiembre”.
El centro de Atención Infantil 6, la primaria Andrés Figueroa y las secundarias Jaime Torres Bodet, Jesús Reyes Heroles, la secundaria técnica 213, “Bandera Nacional”, el Benemérito de las Américas.
Así como el CBTIS 56 y la preparatoria 32, esta última supuestamente por la toma del rector de la universidad qué será el miércoles 27 de septiembre del año en curso.
Irinea Buendía Cortez madre de Mariana Lima víctima de feminicidio, en la conferencia en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia; la flanquean las magistradas Indalecia Pacheco y Norma Leticia Méndez y la acompañan las feministas Lourdes Juárez, Marina Reyna y Rosa María Gómez Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Norma Leticia Méndez Abarca, quien asistió ayer en representación del magistrado presidente Raymundo Casarrubias Vásquez a la conferencia Sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se realizó en el auditorio del TSJ, anunció que esta sentencia será distribuida en todos los distritos judiciales para que los casos de violencia feminicida se juzguen con perspectiva de género.
La conferencia que disertó Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima, asesinada en junio del 2010 en Chimalhuacán, Estado de México, por su esposo, el policía ministerial Julio César Hernández, se realizó en el auditorio del TSJ.
Asistieron las magistradas Norma Leticia Méndez, representante del magistrado Casarrubias Vázquez, e Indalecia Pacheco León, integrante de la Comisión de Gé-nero, así como la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar; la integrante de la Red Estatal de Mujeres Guerreren-ses por una Vida Libre de Violencia, Rosa María Gómez Saavedra, y la coordinadora de Obvio Guerrero, Lourdes Juárez Díaz.
La magistrada Méndez Abarca explicó que la Sentencia Mariana Lima Buendía, como un parámetro nacional para juzgar con perspectiva de género de la SCJN, marca los pasos que los juzgadores deben de seguir en los casos de violencia de género contra mujeres y niñas.
Dijo que estos casos deben ser atendidos con debida diligencia para prevenir la más grave que es la violencia feminicida y que los parámetros de dicha sentencia estén acordes al marco normativo internacional.
“El reconocimiento de los derechos de las mujeres mandata la obligación del Estado para prevenir, atender y sancionar todas las violencias cometidas en razón de género, priorizando la protección de su libertad, seguridad y vida a través de políticas públicas que nos permitan fortalecer las instituciones para el acceso a la justicia”, dijo.
En función de ello, anunció que la Comisión de Igualdad de Género del TSJ, llevará esta sentencia a todos los distritos judiciales para que sea conocida.
“Esta sentencia sirve como un parámetro y un parteaguas en las investigaciones y averiguaciones previas a efecto de que las carpetas de investigación queden bien integradas”, dijo.
La sentencia Mariana Lima
La Sentencia Mariana Lima Buendía fue emitida el 25 de marzo del 2015 y constituye el primer pronunciamiento de la SCJN relacionado con feminicidio.
Irinea Buendía, madre de la víctima, cuyo nombre se impuso a la sentencia, realiza un recorrido por el país dando a conocer el contenido de la sentencia, y con Guerrero ha visitado siete estados.
Por la mañana, se reunió en privado con magistrados, jueces, proyectistas y personal administrativo del TSJ a quienes dio a conocer el contenido de la sentencia.
Después, en la conferencia explicó que el documento cuenta con todos los pasos que deben seguir los investigadores y jueces en los casos de violencia hacia las mujeres.
Argumentó que cuando no hay perspectiva de género se desconocen las razones y motivos que hay para acreditar un feminicidio.
“Qué bueno que ganamos la sentencia Mariana Lima Buendía porque con ello ganamos que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen con perspectiva de género y debida diligencia, no solo en el caso de Mariana Lima Buendía sino de todas las muertes violentas de mujeres”, dijo.
Antes, había reseñado la historia de su hija asesinada por su esposo, la negligencia y las trabas por la negligencia de las autoridades judiciales que tuvo que pasar durante cinco años, antes de la sentencia.
“Por eso esta sentencia es histórica y viene a sentar precedentes no solamente en el Estado de México sino en toda la República”, dijo.
Añadió que, ahora, cada estado tiene la obligación de integrar a su Código de Procedimientos Penales lo que se tiene que hacer y que ganamos en la sentencia de la SCJN”.
Por ejemplo, agregó que con ella se ganó que se sancionará a los servidores públicos que intervienen en una carpeta de investigación, y son omisos, negligentes, que cometen falencias, que obstruyen la investigación y obstruyen la justicia.
“Ganamos, también, la reparación del daño” y que todas las autoridades de los tres niveles y principalmente los que están en las áreas de equidad de género deben conocer qué es la perspectiva de género”.
A su vez la magistrada Indalecia Pacheco, aseguró que el Poder Judicial “está haciendo todo su esfuerzo para que se juzgue con perspectiva de género utilizando no solo esa sentencia, sino la que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) donde se establecen los estándares tanto para investigar como para juzgar.
“Esa sentencia es importante porque de manera técnica da el lineamiento federal para que las agencias del Ministerio Público entiendan que están obligadas a hacer una investigación bajo la perspectiva de género porque ahora con el nuevo sistema penal acusatorio se deja mucho que desear porque se siguen arrastrando vicios enormemente malos”, reconoció la magistrada.
Aumenta la violencia digita
Activistas del Frente Amplio Feminista de Guerrero denunciaron que hay omisión en atender el problema de violencia digital en las escuelas de nivel medio superior y superior. El coordinador de comunicación de la organización, Enrique Solano López, indicó que el año pasado registraron 120 casos y en lo que va de este 2023 van 37.
En conferencia de prensa en el Zócalo de Acapulco, Solano López indicó que la violencia digital consiste en el uso de los teléfonos celulares como medios para agredir a mujeres. Precisó que se puede manifestar con el envío de mensajes con palabras ofensivas o invitaciones a tener relaciones sexuales o imágenes de penes hacia la víctima.
El Frente informó que como parte de sus actividades realiza un monitoreo sobre el uso de la tecnología y su impacto en la violencia de género, lo que les arrojó que hay un aumento en el problema.
Añadió que las redes sociales son útiles en diferentes sentidos, pero también son la causa de nuevos problemas como robo de identidad y hasta secuestro, siendo las víctimas mujeres adolescentes. “La preocupación es que se recrudezcan este tipo de situaciones ante la omisión de una estrategia adecuada oficial”.
De Mujeres por Guerrero, Guadalupe Medina pidió que la Secretaría de la Mujer dé acompañamiento a las víctimas de violencia y que no las deje solas, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que revise el protocolo violeta.
El Frente llamó al secretario de Educación Marcial Rodríguez Saldaña, y a la secretaria de la Mujer Violeta Pino Girón, a que sus campañas no se queden solo en anuncios, lonas o fotografías.
También llamó a la Fiscalía General del Estado, al TSJ y a la Secretaría de Seguridad Pública a que atiendan este problema y den cuenta de las carpetas de investigación que tienen y que avances llevan. (Daniel Velázquez).
Unos 150 trabajadores de los juzgados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de lo penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que están en el penal de Las Cruces, Acapulco, pararon labores por tres horas y media para exigir el pago de un bono y un estímulo económico por 10 y hasta 30 años de servicio que se les da cada cinco años.
Desde las 8:30 de la mañana los trabajadores cerraron las puertas de los juzgados donde colocaron pancartas para exigir el pago de su bono. Los burócratas indicaron que tuvieron que parar labores debido a que los trabajadores del gobierno del estado recibieron el dinero desde hace tres meses. Mientras a ellos el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis, en 12 ocasiones les ha dado fecha para el pago de estímulos pero ha incumplido. Informaron que el pago del estímulo se les debió entregar desde el 28 de agosto, sin embargo no se les entregó bajo el argumento de la falta de dinero.
Denunciaron que fueron amedrentados por el jurídico del tribunal de levantarles actas administrativas si paraban labores.
La protesta terminó a las 11:30 de la mañana una vez que López Celis les prometió por teléfono que el miércoles se les pagaría el bono de antigüedad.
En su segundo día de protestas para exigir mayor seguridad en el municipio, integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan retuvieron camiones y tráileres de empresas nacionales y trasnacionales en los retenes de vigilancia en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, que hasta la noche de ayer seguían varados.
Ayer también mantenían tomado el Palacio Municipal como parte de su plan de acción para exigir a los gobiernos estatal y federal mayor seguridad para el municipio y la presencia de la Policía Federal, lo que fue parte de los acuerdos tras el bloqueo de la carretera más de 30 horas de los días 10 y 11 de este mes.
Ayer en la tarde en declaraciones vía telefónica el alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño informó que además estaban cerradas las sucursales bancarias, los juzgados y la agencia del Ministerio Público.
Cerca de las 8 de la mañana de ayer fuentes de la comunitaria Tecampanera informaron que en el segundo día de protestas estaban reteniendo todo tipo de camiones de carga de mercancía y servicios de empresas nacionales y trasnacionales. Pararon camiones de Coca-Cola, Bimbo, Coppel, repartidores de gas, cerveceras y de otras empresas que llevaban mercancía a la región Tierra Caliente y que venían a la zona Norte.
A la una de la tarde de ayer informaron que había unos 100 camiones y tráileres retenidos en los retenes que instalaron en la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia. Los camiones y tráileres fueron estacionados en la orilla de la carretera, sin que se bloqueara la circulación vehicular.
El martes los comunitarios cerraron el Ayuntamiento y tiendas de autoservicio para demandar mayor seguridad y la presencia de la Policía Federal, que se haga justicia a los tres herreros asesinados y se aplique la ley en contra de miembros de la delincuencia que se adjudicaron el crimen, y que se capture a los principales líderes del grupo criminal La Familia Michoacana. Además que se abra una carpeta de investigación en contra del alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, a quien señalan de tener vínculos con esta organización delictiva.
En la tarde en declaraciones por teléfono, el alcalde Robell Urióstegui confirmó la retención de camiones de carga y dio a conocer que hasta la tarde de ayer seguía cerrado el Ayuntamiento, los juzgados de primera instancia, de paz, el Ministerio Múblico, y no han permitido que las tiendas de autoservicio abran y tampoco en los bancos había servicio.
Declaró que la tarde del martes se reunió con una comisión de comunitarios para escuchar sus peticiones. Dijo que le pidieron que sea intermediario para programar una mesa de diálogo con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame. Dio a conocer que ya había platicado con el secretario y estaba en espera de que le dijeran la hora para que pudiera recibir una comisión, que podría ser ayer en la noche.
Del anuncio del gobernador tras una reunión con el Grupo de Coordinación Guerrero de reforzar la seguridad en este municipio, Urióstegui Patiño dijo que no le han dado una fecha para eso.
Mencionó que hay un planteamiento a los comunitarios que para que lleguen fuerzas federales, “ellos se tienen que hacer a un lado y dejar de seguir al frente de su movimiento”.
A pregunta de que si está despachando en Teloloapan dijo que no se lo han permitido. Dio a conocer que tenía una oficina alterna en la que atendía a la población pero que también fue cerrada, por eso definió parar las actividades y confió en que hoy se reinicien labores.
El martes los comunitarios habían advertido que en caso de que no fueran atendidas sus demandas también podrían tomar la hidroeléctrica El Caracol y las mineras asentadas en la zona.
