Ofrece Sefina a paristas del TSJ un incremento salarial del 10%; lo analizarán, dicen líderes

Ayer continuó la protesta de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia afuera de Ciudad Judicial en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes/Argenis Salmerón/ Brenda Escobar/Redacción

Chilpancingo/Acapulco/Zihuatanejo/Iguala

La secretaria general de la sección 62 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), que aglutina a trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que están en paro laboral, Margarita Sánchez Azabay, informó que la Secretaría de Finanzas y Administración estatal ya hizo un ofrecimiento de incremento salarial.
Sin embargo, agregó que ayer por la tarde analizarían con las bases la propuesta para determinar si levantan el movimiento, pero hasta a las ocho de la noche el paro y el plantón afuera de Ciudad Judicial seguía.
Durante la mañana, en los juzgados y tribunales de Acapulco, Zihuatanejo e Iguala continúo el paro de los trabajadores y advirtieron que mantendrían suspendidas las labores hasta que hubiera un acuerdo entre los líderes sindicales y el gobierno del estado.
Por separado, el TSJ y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, informaron que el ofrecimiento de incremento salarial fue del 10 por ciento.
“Ya hay un planteamiento del gobierno del estado, ofrece un porcentaje pero no podemos mencionarlo porque no es definitivo”, dijo en declaraciones por la mañana la dirigente sindical.
Informó que la propuesta se hizo durante las pláticas que comenzaron el jueves entre el presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez, la secretaria general del Comité Ejecutivo Central (CEC) del SUSPEG, Adela Hernández Angelito y personal de la Sefina
El paro laboral y el plantón afuera de Ciudad Judicial inició el lunes en demanda de incremento salarial del 14 por ciento y el pago de bonos.
Sánchez Azabay informó que la secretaria general del SUSPEG, Hernández Angelito le dijo al presidente del TSJ que se convocaría a los secretarios seccionales para analizar con la base la respuesta “para tomar una determinación de qué es lo que va a proceder, de acuerdo a la propuesta que ya se puso sobre la mesa”.
Informó que hasta ayer habían parado y cerrado 10 juzgados en el estado, de los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Teloloapan, Zihuatanejo, Chilapa, Tixtla, Ometepec.
Por su parte, el TSJ y el Consejo de la Judicatura informaron en un comunicado que “derivado de las pláticas que se han sostenido con la secretaría General del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, así como con la líder de la sección 62 Margarita Sánchez Azabay y la representante del SUSPEG en el TSJ, Martha Moreno Iriarte, y el director general de Administración y Finanzas, Antonio Sebastián Ortuño, “y considerando la difícil situación presupuestal que prevalece, se propuso a la base trabajadora, a través de sus representantes sindicales, el incremento del 10 por ciento, retroactivo al 1 de enero”.
Pero se agregó en el comunicado que las representantes del SUSPEG se comprometieron a consultar la propuesta con los líderes seccionales y sus agremiados y dar una respuesta a más tardar el lunes 23 de octubre”.
De acuerdo al comunicado el incremento salarial también será para las y los oficiales administrativos extraordinarios y demás servidores públicos del Poder Judicial, con excepción de magistradas y magistrados, consejeras, consejeros, juezas y jueces de primera instancia, secretarios generales y titulares de área.

Acapulco

En Acapulco, trabajadores de los juzgados de lo Familiar de Caleta, y el Penal y de Ejecución ubicados en el penal de Las Cruces mantuvieron el paro de labores para exigir el aumento salarial 14 por cierto.
Los trabajadores tomaron las instalaciones, ubicada en el fraccionamiento Las Playas, en la avenida Gran Vía Tropical.
En declaraciones a reporteros, la integrante de la sección 21 del SUSPEG, Rosalba Anzastiga Reyes manifestó que siguen en pie de lucha para el aumento del 14 por ciento.
Reclamó que hay omisión del gobierno del estado al no querer otorgar el 14 por ciento del aumento y más prestaciones.
Indicó que el aumento del 14 por ciento fue autorizado por la gobernadora el pasado mes de abril, y ahora no quiere cumplir la Secretaría de Finanzas.
Declaró que fueron excluidos del beneficio que otorgó la gobernadora y otras dependencias sí lo obtuvieron, “claro que hay discriminación”.
Señaló que los más afectados son los usuarios y sus abogados, “los trámites y juicios están detenidos por falta de atención de las autoridades”.
Insistió en Acapulco hay 130 trabajadores afiliados al SUSPEG en la sección 21 en los juzgados de lo Familiar, y recalcó que el movimiento es a nivel estatal.

Zihuatanejo

En la Costa Grande, el representante de la sección 48 del SUSPEG en el Palacio de Justicia de Zihuatanejo, José Alfredo García, dijo que debido a que no han llegado a un acuerdo con la parte patronal, seguirán en paro de labores y adelantó que durante este fin de semana harán guardias para permanecer en pie de lucha, ya que el gobierno estatal sólo ofrece un 10 por ciento al incremento salarial y los trabajadores demandan el 14 por ciento.
Ayer viernes, los trabajadores de base y supernumerarios sindicalizados del Palacio de Justicia en Zihuatanejo y de la sección 23 del juzgado mixto en La Unión, cumplieron 72 horas de paro laboral.
El líder de la sección 48, José Alfredo García, informó vía telefónica que el ofrecimiento de la parte patronal es el 10 por ciento del salario, pero la postura de los trabajadores es que sea el 14 por ciento, como lo vienen demandando.
Dijo que el próximo lunes, todos los delegados sindicales se reunirán con su dirigente estatal del SUSPEG en la capital del estado para analizar la propuesta, pero que son los trabajadores de los centros de trabajo de las ciudades más grandes como Acapulco, Iguala, Chilpancingo y Zihuatanejo quienes opinan que se debe seguir luchando hasta conseguir el 14 por ciento de incremento salarial y el resto de las demandas de su pliego petitorio.

Iguala

En Iguala los trabajadores de TSJ mantuvieron suspendidas las actividades laborales.
En entrevista, la secretaria de Actas y Acuerdos de la sección 10 del SUSPEG, Rosalba Román Estrada anunció que el próximo lunes sostendrán una reunión la dirigencia de SUSPEG con el presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez y la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda.
Dijo que en dicho encuentro esperan tener una solución a su petición del 14 por ciento de incremento salarial, así como del pago de bonos y el estímulo por años de servicio.
Y qué mientras los más de 40 trabajadores del Tribunal de Iguala continuarán en pie de lucha y en plantón en las instalaciones del Palacio de Justicia.
Incluso mencionó que este sábado y domingo estará junto con sus compañeros realizando guardias en el Palacio de Justicia como lo han hecho desde el miércoles que iniciaron con el paro de labores y plantón.

 

Protestan defensores públicos en el Recinto; piden a Evelyn que defina su situción laboral

Defensores públicos que salarialmente dependen del Ejecutivo del estado, pero laboralmente del Poder Judicial, instalaron un plantón afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo para demandar una au-diencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Defensores públicos que salarialmente dependen del Poder Ejecutivo estatal, pero laboralmente del Poder Judicial, realizaron ayer un plantón afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado para pedir una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y solicitarle que se defina su situación laboral.
En la protesta fueron respaldados por el abogado Rubén Cayetano García, quien dijo que la situación de los 96 defensores está en el “limbo” y en una situación de ilegalidad que debe resolverse.
La defensora pública Alma Díaz, leyó un documento en el que denunció que han enviado varios oficios a la gobernadora para que los reciba pero que no han tenido respuesta.
“La Defensoría Pública de Guerrero vive hoy una grave crisis de ilegalidad que pone en riesgo el trabajo de decenas de abogadas y abogados que brindamos nuestros servicios a personas de escasos recursos económicos en procedimientos de investigación y procesos jurisdiccionales”, dijo.
Denunciaron que el Legislativo y el Ejecutivo violan las reformas a la Constitución Local del 2014, en la que establece que la Dirección de la Defensoría Pública del Gobierno del Estado y su personal adscrito deberán ser transferidos al Instituto de Defensoría Pública del Estado de Guerrero, adscrito al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, “respetando los derechos laborales de los defensores y haciendo los ajustes presupuestales necesarios para ese fin”, pero reprocharon que esto aún no se ha cumplido.
Recordaron que el 22 de marzo de 2016, el gobernador Héctor Astudillo Flores firmó un convenio con el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Robespierre Robles Hurtado para la transferencia de la Defensoría Pública de la Secretaría General de Gobierno al Consejo de la Judicatura del TSJ, lo que tampoco se ha cumplido.
Los defensores públicos salarialmente siguen dependiendo del Poder Ejecutivo pero reciben órdenes del Poder Judicial.
Denunciaron que en el convenio se establece la indemnización de los defensores, “lo que es inaplicable porque la reforma (del 2014) dice que seremos transferidos no indemnizados”.
Criticaron que los tres poderes del estado “han consentido” las irregularidades porque mientras el Judicial a través de la Judicatura ejerce jerarquía sobre los defensores, quien maneja los recursos del presupuesto de la Defensoría Pública es el gobierno del Estado, mientras el Legislativo “se hace de la vista gorda en cada aprobación del ejercicio presupuestal dando ese dinero al Ejecutivo”.
Los defensores proponen para solucionar el problema que el Ejecutivo y el Judicial, deroguen, revoquen o rescindan el Convenio de Transferencia firmado en la anterior administración “porque es caduco, ilegal e inejecutable”, y piden que se inicie una nueva etapa de cumplimiento a los artículos transitorios de la Constitución del estado, “frenando la ilegalidad en que se encuentra el Instituto de la Defensoría Pública y la sistemática violación de los derechos humanos laborales de los defensores públicos”.
Además, piden que no se transfiera a los defensores públicos al Consejo de la Judicatura ni se despida o degrade su situación laboral.
Informaron que por el litigio existe el amparo 635/2022, mismo que está por resolverse, y proponen que en cuanto se resuelva se instale una mesa de diálogo “respetuoso para retomar la institucionalidad del Instituto, designando como defensor general a un defensor público auténtico que no obedezca a las consignas de la Judicatura del Poder Judicial que ha implementado práctica de persecución y amedrentamiento en contra de los quejosos en el amparo, por no obedecer sus órdenes, imposiciones y arbitrariedades, a las que nosotros como defensores públicos refutamos por la vía legal, no por desacato o rebeldía, sino porque la relación laboral se mantiene con la Secretaría General de Gobierno que es la que nos paga salarios y demás prestaciones”.
El abogado Cayetano García, dijo durante el mitin que el problema radica en que el gobierno del estado, a pesar de que firmó el convenio en la anterior administración para transferencia de la Defensoría Pública al Consejo de la Judicatura del TSJ, no le transfirió el presupuesto.
Añadió que, en tanto, el TSJ quiere la trasferencia de los recursos pero no los 96 defensores para que las plazas se las distribuyan “entre las familias que controlan el Poder Judicial”.
Añadió que el gobierno del estado está presionando a los defensores públicos y quiere finiquitar la relación laboral para evitar que sigan generando antigüedad.

 

Inicia la Jucopo el 10 de abril entrevistas para ITAIG, Judicatura, Codehum e IEPC

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) entrevistará a puerta cerrada desde el 10 de abril, a los 17 aspirantes a un espacio de comisionada o comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ITAIG), y a los 12 aspirantes a consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, acéfalos desde hace más de dos años.
Sin ninguna justificación legal, la Jucopo mantiene en sigilo los nombres de los aspirantes a estos cargos, además de que se sabe que los grupos parlamentarios se han distribuido ya estos espacios, así como los de los titulares de los órganos de control interno de órganos autónomos.
Son siete los nombramientos para el ITAIG, el consejero de la Judicatura y los titulares de los órganos internos de control del ITAIG, de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum); de la Fiscalía General del Estado (FGE); del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
El próximo lunes, la Jucopo entrevistará a 38 aspirantes, de los cuales 17 buscan ser comisionados del ITAIG. Para el mismo órgano hay 9 aspirantes mujeres a un segundo espacio que será para este género, y 12 a consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, iniciarán a las 9 de la mañana y concluirán a las 6:45 de la tarde.
Los aspirantes apenas tendrán 15 minutos para exponer su plan de trabajo ante los integrantes de la Jucopo, tiempo en el cual los diputados realizarían preguntas que responderán los aspirantes.
En el caso de las entrevistas a los aspirantes a los órganos de control interno que fueron ante las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y la de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, en las que en la mayoría de los casos no hubo preguntas, de acuerdo a lo comentado por los aspirantes a su salida.