Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Defensores públicos que salarialmente dependen del Poder Ejecutivo estatal, pero laboralmente del Poder Judicial, realizaron ayer un plantón afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado para pedir una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y solicitarle que se defina su situación laboral.
En la protesta fueron respaldados por el abogado Rubén Cayetano García, quien dijo que la situación de los 96 defensores está en el “limbo” y en una situación de ilegalidad que debe resolverse.
La defensora pública Alma Díaz, leyó un documento en el que denunció que han enviado varios oficios a la gobernadora para que los reciba pero que no han tenido respuesta.
“La Defensoría Pública de Guerrero vive hoy una grave crisis de ilegalidad que pone en riesgo el trabajo de decenas de abogadas y abogados que brindamos nuestros servicios a personas de escasos recursos económicos en procedimientos de investigación y procesos jurisdiccionales”, dijo.
Denunciaron que el Legislativo y el Ejecutivo violan las reformas a la Constitución Local del 2014, en la que establece que la Dirección de la Defensoría Pública del Gobierno del Estado y su personal adscrito deberán ser transferidos al Instituto de Defensoría Pública del Estado de Guerrero, adscrito al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, “respetando los derechos laborales de los defensores y haciendo los ajustes presupuestales necesarios para ese fin”, pero reprocharon que esto aún no se ha cumplido.
Recordaron que el 22 de marzo de 2016, el gobernador Héctor Astudillo Flores firmó un convenio con el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Robespierre Robles Hurtado para la transferencia de la Defensoría Pública de la Secretaría General de Gobierno al Consejo de la Judicatura del TSJ, lo que tampoco se ha cumplido.
Los defensores públicos salarialmente siguen dependiendo del Poder Ejecutivo pero reciben órdenes del Poder Judicial.
Denunciaron que en el convenio se establece la indemnización de los defensores, “lo que es inaplicable porque la reforma (del 2014) dice que seremos transferidos no indemnizados”.
Criticaron que los tres poderes del estado “han consentido” las irregularidades porque mientras el Judicial a través de la Judicatura ejerce jerarquía sobre los defensores, quien maneja los recursos del presupuesto de la Defensoría Pública es el gobierno del Estado, mientras el Legislativo “se hace de la vista gorda en cada aprobación del ejercicio presupuestal dando ese dinero al Ejecutivo”.
Los defensores proponen para solucionar el problema que el Ejecutivo y el Judicial, deroguen, revoquen o rescindan el Convenio de Transferencia firmado en la anterior administración “porque es caduco, ilegal e inejecutable”, y piden que se inicie una nueva etapa de cumplimiento a los artículos transitorios de la Constitución del estado, “frenando la ilegalidad en que se encuentra el Instituto de la Defensoría Pública y la sistemática violación de los derechos humanos laborales de los defensores públicos”.
Además, piden que no se transfiera a los defensores públicos al Consejo de la Judicatura ni se despida o degrade su situación laboral.
Informaron que por el litigio existe el amparo 635/2022, mismo que está por resolverse, y proponen que en cuanto se resuelva se instale una mesa de diálogo “respetuoso para retomar la institucionalidad del Instituto, designando como defensor general a un defensor público auténtico que no obedezca a las consignas de la Judicatura del Poder Judicial que ha implementado práctica de persecución y amedrentamiento en contra de los quejosos en el amparo, por no obedecer sus órdenes, imposiciones y arbitrariedades, a las que nosotros como defensores públicos refutamos por la vía legal, no por desacato o rebeldía, sino porque la relación laboral se mantiene con la Secretaría General de Gobierno que es la que nos paga salarios y demás prestaciones”.
El abogado Cayetano García, dijo durante el mitin que el problema radica en que el gobierno del estado, a pesar de que firmó el convenio en la anterior administración para transferencia de la Defensoría Pública al Consejo de la Judicatura del TSJ, no le transfirió el presupuesto.
Añadió que, en tanto, el TSJ quiere la trasferencia de los recursos pero no los 96 defensores para que las plazas se las distribuyan “entre las familias que controlan el Poder Judicial”.
Añadió que el gobierno del estado está presionando a los defensores públicos y quiere finiquitar la relación laboral para evitar que sigan generando antigüedad.