Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), continuaron este jueves en Chilpancingo con su paro laboral y con los plantones afuera de sus centros de trabajo.
Raúl Ramírez, secretario del Tercer Tribunal Colegiado Civil y de Trabajo, ubicado en la lateral de norte a sur de la Autopista del Sol, al sur de la capital, declaró que los diputados federales aprobaron la desaparición de los fideicomisos pero que los trabajadores continuarán la lucha jurídica y “a pie de calle”, porque actualmente se discute el presupuesto del PJF.
Dijo que estarán pendientes del presupuesto que se apruebe porque los diputados quieren privar a la ciudadanía de un Tribunal de calidad a través de la reducción presupuestal.
Este mediodía los trabajadores de ese Tribunal y de los juzgados Primero y Séptimo de Distrito que se encuentran en el mismo edificio, realizaron un mitin para exigir a los diputados que no reduzcan el presupuesto porque ello implicaría la desaparición de órganos jurisdiccionales y ello afectaría la impartición de la justicia.
Agregó que la intención es sensibilizar a los diputados de que con sus acciones afectan al Poder Judicial de la Federación “pero más a la gente que acude a recibir sus servicios, entre ellos el de amparo”.
Explicó que atrás del Poder Judicial de la Federación hay gente trabajadora que también es pueblo y la mayor parte de la institución está conformada por oficiales, trabajadores de mantenimiento, secretarios y actuarios, que buscan prestar un servicio de calidad a la gente y son a ellos a los que afectaron con la extinción de los fideicomisos.
Raúl Ramírez explicó que por eso el movimiento continúa hasta lograr sensibilizar a los diputados para que respeten el presupuesto, la autonomía y la independencia del Poder Judicial de la Federación.
“El Poder Judicial de la Federación en Chilpancingo ha prestado un servicio de calidad a través de los amparos, entre ellos para que los niños recibieran las vacunas contra el Covid y para que en Metlatónoc se construyera un Centro de Salud”, recordó.
Ayer continuó la protesta de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia afuera de Ciudad Judicial en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes/Argenis Salmerón/ Brenda Escobar/Redacción
Chilpancingo/Acapulco/Zihuatanejo/Iguala
La secretaria general de la sección 62 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), que aglutina a trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que están en paro laboral, Margarita Sánchez Azabay, informó que la Secretaría de Finanzas y Administración estatal ya hizo un ofrecimiento de incremento salarial.
Sin embargo, agregó que ayer por la tarde analizarían con las bases la propuesta para determinar si levantan el movimiento, pero hasta a las ocho de la noche el paro y el plantón afuera de Ciudad Judicial seguía.
Durante la mañana, en los juzgados y tribunales de Acapulco, Zihuatanejo e Iguala continúo el paro de los trabajadores y advirtieron que mantendrían suspendidas las labores hasta que hubiera un acuerdo entre los líderes sindicales y el gobierno del estado.
Por separado, el TSJ y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, informaron que el ofrecimiento de incremento salarial fue del 10 por ciento.
“Ya hay un planteamiento del gobierno del estado, ofrece un porcentaje pero no podemos mencionarlo porque no es definitivo”, dijo en declaraciones por la mañana la dirigente sindical.
Informó que la propuesta se hizo durante las pláticas que comenzaron el jueves entre el presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez, la secretaria general del Comité Ejecutivo Central (CEC) del SUSPEG, Adela Hernández Angelito y personal de la Sefina
El paro laboral y el plantón afuera de Ciudad Judicial inició el lunes en demanda de incremento salarial del 14 por ciento y el pago de bonos.
Sánchez Azabay informó que la secretaria general del SUSPEG, Hernández Angelito le dijo al presidente del TSJ que se convocaría a los secretarios seccionales para analizar con la base la respuesta “para tomar una determinación de qué es lo que va a proceder, de acuerdo a la propuesta que ya se puso sobre la mesa”.
Informó que hasta ayer habían parado y cerrado 10 juzgados en el estado, de los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Teloloapan, Zihuatanejo, Chilapa, Tixtla, Ometepec.
Por su parte, el TSJ y el Consejo de la Judicatura informaron en un comunicado que “derivado de las pláticas que se han sostenido con la secretaría General del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, así como con la líder de la sección 62 Margarita Sánchez Azabay y la representante del SUSPEG en el TSJ, Martha Moreno Iriarte, y el director general de Administración y Finanzas, Antonio Sebastián Ortuño, “y considerando la difícil situación presupuestal que prevalece, se propuso a la base trabajadora, a través de sus representantes sindicales, el incremento del 10 por ciento, retroactivo al 1 de enero”.
Pero se agregó en el comunicado que las representantes del SUSPEG se comprometieron a consultar la propuesta con los líderes seccionales y sus agremiados y dar una respuesta a más tardar el lunes 23 de octubre”.
De acuerdo al comunicado el incremento salarial también será para las y los oficiales administrativos extraordinarios y demás servidores públicos del Poder Judicial, con excepción de magistradas y magistrados, consejeras, consejeros, juezas y jueces de primera instancia, secretarios generales y titulares de área.
Acapulco
En Acapulco, trabajadores de los juzgados de lo Familiar de Caleta, y el Penal y de Ejecución ubicados en el penal de Las Cruces mantuvieron el paro de labores para exigir el aumento salarial 14 por cierto.
Los trabajadores tomaron las instalaciones, ubicada en el fraccionamiento Las Playas, en la avenida Gran Vía Tropical.
En declaraciones a reporteros, la integrante de la sección 21 del SUSPEG, Rosalba Anzastiga Reyes manifestó que siguen en pie de lucha para el aumento del 14 por ciento.
Reclamó que hay omisión del gobierno del estado al no querer otorgar el 14 por ciento del aumento y más prestaciones.
Indicó que el aumento del 14 por ciento fue autorizado por la gobernadora el pasado mes de abril, y ahora no quiere cumplir la Secretaría de Finanzas.
Declaró que fueron excluidos del beneficio que otorgó la gobernadora y otras dependencias sí lo obtuvieron, “claro que hay discriminación”.
Señaló que los más afectados son los usuarios y sus abogados, “los trámites y juicios están detenidos por falta de atención de las autoridades”.
Insistió en Acapulco hay 130 trabajadores afiliados al SUSPEG en la sección 21 en los juzgados de lo Familiar, y recalcó que el movimiento es a nivel estatal.
Zihuatanejo
En la Costa Grande, el representante de la sección 48 del SUSPEG en el Palacio de Justicia de Zihuatanejo, José Alfredo García, dijo que debido a que no han llegado a un acuerdo con la parte patronal, seguirán en paro de labores y adelantó que durante este fin de semana harán guardias para permanecer en pie de lucha, ya que el gobierno estatal sólo ofrece un 10 por ciento al incremento salarial y los trabajadores demandan el 14 por ciento.
Ayer viernes, los trabajadores de base y supernumerarios sindicalizados del Palacio de Justicia en Zihuatanejo y de la sección 23 del juzgado mixto en La Unión, cumplieron 72 horas de paro laboral.
El líder de la sección 48, José Alfredo García, informó vía telefónica que el ofrecimiento de la parte patronal es el 10 por ciento del salario, pero la postura de los trabajadores es que sea el 14 por ciento, como lo vienen demandando.
Dijo que el próximo lunes, todos los delegados sindicales se reunirán con su dirigente estatal del SUSPEG en la capital del estado para analizar la propuesta, pero que son los trabajadores de los centros de trabajo de las ciudades más grandes como Acapulco, Iguala, Chilpancingo y Zihuatanejo quienes opinan que se debe seguir luchando hasta conseguir el 14 por ciento de incremento salarial y el resto de las demandas de su pliego petitorio.
Iguala
En Iguala los trabajadores de TSJ mantuvieron suspendidas las actividades laborales.
En entrevista, la secretaria de Actas y Acuerdos de la sección 10 del SUSPEG, Rosalba Román Estrada anunció que el próximo lunes sostendrán una reunión la dirigencia de SUSPEG con el presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez y la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda.
Dijo que en dicho encuentro esperan tener una solución a su petición del 14 por ciento de incremento salarial, así como del pago de bonos y el estímulo por años de servicio.
Y qué mientras los más de 40 trabajadores del Tribunal de Iguala continuarán en pie de lucha y en plantón en las instalaciones del Palacio de Justicia.
Incluso mencionó que este sábado y domingo estará junto con sus compañeros realizando guardias en el Palacio de Justicia como lo han hecho desde el miércoles que iniciaron con el paro de labores y plantón.
Emplazada por tribunales a resolver con perspectiva de género la demanda de la presidenta del Comité Municipal de San Marcos, Felícita Navarrete Neri, contra el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en Guerrero, Eloy Salmerón, la Comisión de Justicia del PAN ordenó entregarle las prerrogativas que le correspondían durante dos años.
La Comisión Nacional de Justicia confirmó que el PAN de Guerrero cometió violencia política en razón de género contra la denunciante y ordenó que en un plazo de cinco días hábiles, no prorrogables, entregue el monto del adeudo, hasta el momento de la emisión de la presente resolución”, el 9 de junio de 2023.
En esta misma resolución, el órgano dio vista a la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidaria del Consejo Nacional para que así como a la Comisión de Vigilancia del Consejo Estatal del PAN en Guerrero, a la Tesorería Nacional y a la Contraloría del CEN, “para que procedan en términos de los Estatutos Generales y los reglamentos correspondientes”, que conllevaría otras consecuencias.
De acuerdo con el dictamen, en sesión extraordinaria del CDE, del 6 de agosto de 2021, se determinó la suspensión de entrega de prerrogativas al Comité de San Marcos. El 4 de marzo de 2022, Navarrete demandó las prerogativas en un juicio electoral ciudadano en el Tribunal local, que reencauzó el caso a la Comisión de Justicia del PAN.
El 31 de mayo del mismo año, la comisión intrapartidaria declaró parcialmente fundada la demanda, que impugnaron la dirigente municipal y el Tribunal Electoral, lo que obligó a la comision a emitir un segundo acuerdo, en el sentido de que CDE pagara tenía que pagar de inmediato el adeudo al Comité Municipal, y no lo hizo.
Así, la demandante recurrió a otros juicios para la protección de sus derechos políticos en la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Eeçlectoral del Poder Judicial de la Federación en dos ocasiones, que aterrizaron en una sentencia local del TEE del 25 de mayo, para que la Comisión de Justicia del PAN emitiera una nueva resolución en diez días hábiles, valorando las pruebas del caso.
La diputada presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, dijo que el nombramiento de los alcaldes de los municipios instituyentes se concretarán hasta que concluyan las impugnaciones que hay en los tribunales, para evitar que haya sentencias que afecten las decisiones del Congreso local.
Vía telefónica, la diputada fue consultada sobre el nombramiento de los nuevos alcaldes en los municipios de nueva creación, Las Vigas, Santa Cruz del Rincón, San Nicolás y Ñuu Savi, y explicó que se ha detenido la designación de las nuevas autoridades por los “desacuerdos” que hay entre quienes desean ser parte de los nuevos municipios, pues han recurrido a amparos e impugnaciones ante los tribunales.
“Ha habido muchas impugnaciones y amparos por parte de los mismos que pretenden integrar estos nuevos municipios. Hay desacuerdos entre ellos mismos, hasta este momento y mientras haya esas impugnaciones, esos amparos a nosotros nos detiene, retrasa un poco más el proceso de la designación en los nuevos municipios”.
“Tenemos que esperar a que haya resoluciones para agilizar el proceso”, dijo.
Dijo que el Congreso local busca ser respetuoso de la ley “no queremos cometer algún error que pueda detonar una afectación social el día de mañana y económica por ende”.
Agregó que además de esperar las resoluciones judiciales, también deben integrarse propuestas que sean paritarias, dos hombres y dos mujeres, “este ha sido uno de los temas que ha detenido mucho el proceso, porque algunos de los que integran los municipios pues han manifestado que no hay interés”.
Domínguez Serna insistió en que los diputados buscan ser “cuidadosos” en el proceso de designación de autoridades en los municipios instituyentes, para que no suceda lo mismo que en Morelos, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los anuló.
Indicó que esta es la explicación que se ha dado a todos los que han acudido a preguntar sobre el proceso de nombramiento de nuevas autoridades y lo que esperan es que haya resoluciones favorables, para que se pueda avanzar en ese tema, “respetuosos de lo que marca la suprema corte, para evitar que haya alguna omisión que nos lleve a que haya, el día de mañana, algún problema de tipo social como económico”.
La diputada asistió este domingo al cambio de la mesa directiva de la Asociación Nuevo Empodera-miento de Guerrero (Negro) en un restaurante de Pie de la Cuesta.
El presidente entrante es el coordinador operativo de la Unidad de Atención de Grupos Prioritarios, Audel Urbina Serrano, y el saliente es el ex regidor de Morena, Andrés Alain Rodríguez Serrano, quien dijo que la asociación es humanista, altruista y sin fines de lucro, que tiene como finalidad visibilizar al pueblo afromestizo del estado “para que nosotros los negros tengamos mejores oportunidades de desarrollo económico, cultural, social, político y en todos los aspectos de la vida, pública y privada”.
Asistieron la diputada federal Rosario Merlín García, los locales Beatriz Mojica Morga y Marco Tulio Sánchez Alarcón, el regidor Antonio Carbajal Moreno, la representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Esther Araceli Gómez Ramírez; el secretario de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Abel Bruno Arriaga; el subsecretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Pánfilo Sánchez Almazán; el ex alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, y el presidente del Consejo Guerrerense Afromexicano (Conga), Bulmaro García.
El dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, informó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) denegó la medida cautelar que pidió el PRD contra él, por sus “presuntas declaraciones” sobre los ayuntamientos de Tierra Caliente vinculados a grupos delictivos.
Vía telefónica, indicó que este domingo recibió la notificación del organismo electoral con esta información, pero sabe que el caso llegará a los tribunales y también está preparado para el litigio.
Consultado sobre la segunda sesión del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), que promocionó en redes sociales la semana pasada, precisó que la reunión comenzó el miércoles, se aprobó un receso, y terminó el jueves a entre 12 y 1 de la tarde.
Con los secretarios, dijo que dieron seguimiento a los acuerdos del Consejo Estatal, entre estos, formular los lineamientos para el funcionamiento de las comisiones pendientes del CEE y continuar las pláticas sobre posibles alianzas con el PVEM y el Partido del Trabajo (PT).
Adelantó que sólo se han reunido con el PVEM y tienen una cita con este mismo partido, el próximo 9 de abril. Aún no tiene fecha de trabajo con el PT.
En el seguimiento de los acuerdos, recordó que se emitió un pronunciamiento en apoyo a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
En cuanto a la estructura del partido en el estado, recordó que los integrantes del consejo estatal están facultados para formalizar la integración de los comités seccionales de Morena en los ocho distritos federales.
Cuando se ha integrado 50 por ciento más uno de los comités seccionales de un distrito electoral, entonces el CEE realiza asambleas informativas, para tomar protesta. Indicó que este sábado estuvieron en Olinalá, en la asamblea informativa del distrito de la Montaña, de la que está a cargo el secretario de Pueblos Originarios y Afromexicanos, Abel Bruno Arriaga.
Así, indicó que la encargada de la organización en la región Norte, es la secretaria de Finanzas y ex presidenta de Buenavista de Cuéllar, Ana Lilia Botello Figueroa; el distrito 6 de la Montaña baja, González Varona; el 7 de la región Centro, la secretaria general Yesenia Salgado Xinol; en Costa Chica, la secretaria de las Mujeres, Maribel Santiago Arellanes; en Acapulco, al secretario de Organización, Jonathan Márquez Aguilar, y el de Tierra Caliente, a la secretaria de Formación Política, Celeste Mora Eguiluz.
Reconoció que, donde menos avances tienen es en Tierra Caliente, mientras en Costa Grande han cubierto el 100 por ciento de las secciones. En Costa Chica estimó que llevan entre 40 y 50 por ciento.
Señaló que ya tomaron protesta a comités seccionales de La Unión, Zihuatanejo y Petatlán, que en estas vacaciones van a terminar en Atoyac y Coyuca de Benítez. Están preparando Acapulco.
Durante el primer Foro Agrario convocado por comisariados ejidales se criticó que hay una “violencia institucional” de magistrados y jueces contra campesinos, además de “parcialidad” de los tribunales, por ello se hizo un llamado a los ejidatarios a estar unidos para resistir los embates.
En las conclusiones se habló de continuar con los foros para denunciar las irregularidades a las que se enfrentan los ejidatarios, así como pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “absorba” los tribunales agrarios”.
En el acto, que se llevó a cabo en Llano Largo, estuvo como invitado el candidato a senador plurinominal de la coalición Por el Bien de Todos, Luis Walton Aburto.
También representantes de El Podrido, Plan de los Amates, Lomas de Chapultepec, El Cayaco, Metlapil, 13 de Septiembre, Coyuca de Benítez y Granjas del Marqués.
El foro fue organizado por los comisariados ejidales de El Cayaco, Alberto Ávila, y de Llano Largo, Jesús Cruz Chupín, además del regidor de Convergencia, Octavio Olea Apatiga, y José Carlos Hernández Godoy.
Luego de dar la bienvenida, Cruz Chupín dijo que es importante que los pueblos y los ejidos estén unidos contra la injusticia y contra “la violencia institucional” que desea acabar con el campo.
Por su parte, Alberto Ávila aseguró que observan corrupción de los gobiernos estatal y municipal en diferentes casos, pero que a lo sucedido en Granjas del Marqués “le vamos a dar el beneficio de la duda”.
Coincidió que lo más peligroso que hay es “la delincuencia institucional de jueces y magistrados”.
De los expositores habló el asesor del ejido de El Podrido, Humberto Sevilla García, quien señaló que el sistema judicial es “totalmente parcial”.
Mencionó que cuando se crearon los tribunales agrarios se pensó que habría justicia, pero después de conocer los primeros juicios se dieron cuenta de “la falsedad con la que se conducen”.
Sevilla García pidió que se regule la actividad de los magistrados para que no haya “parcialidad”.
En tanto, el asesor del ejido El Cayaco, Víctor Gutiérrez, lamentó que haya una justicia amañada producto de una “delincuencia institucional” de los jueces, y aseguró que la “peor lacra de la sociedad son los ministerios públicos que se prestan a destruir la vida de las personas”.
Propuso que desaparezca el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y que Guerrero tome como bandera el código procesal agrario, donde no se permita que se emitan sentencias con tener sólo una copia simple de los casos para proteger los derechos de los campesinos.
En el foro participaron representantes de colonias como la 13 de Diciembre, y el vecino Martín Pineda Quintana relató que tres ejidatarios se oponen a que 500 familias, que ocupan en lugar desde hace cuatro años luego que ejidatarios los invitaron a vivir allí, se queden con los terrenos.
El abogado José Sánchez Sánchez criticó que el PRD dé cabida a empresarios o a ex priístas que han causado daño a su militancia, y advirtió que si los ejidatarios “no nos ponemos cabrones” les van a hacer lo de Atenco.
Otro que participó fue Delfino Herminio Robles Román, quien dijo que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo lo despojó de su casa ubicada en la Escénica, donde tenía 20 años de habitar y de la cual cuenta con estructuras, por eso pidió que se instale un campamento porque “estos hechos violentos no pueden seguir”.
El ex director de Ecología, Miguel Balleza García, explicó que se deben cambiar las leyes porque cuando se afecta un árbol imponen a los campesinos una sanción de 180 mil pesos, misma que le dan a los grandes empresarios que muchas de las veces devastan grandes cantidades de manglares.
Juan Enciso criticó que pocos acudieron a Granjas del Marqués el sábado para apoyar a los desalojados, por eso advirtió que sólo unidos van a resolver el problema.
La señora Rocío Leal Álvarez, afectada por el desalojo, aseguró que “más de 300 delincuentes” les quitaron sus cosas y las colocaron en el bulevar de Las Naciones, y que los preventivos no intervinieron.
Criticó que los gobiernos de Zeferino Torreblanca Galindo y del alcalde Félix Salgado Macedonio se prestan a intereses de quienes tienen dinero, y le dijo a Walton Aburto que quieren confiar en él.
Llamó a los asistentes a acompañarlos hoy a las 10 de la mañana para estar unidos contra quienes les quitaron sus pertenencias.
En su intervención, Walton Aburto indicó que hay un problema grave en el campo, que cuando sea senador no los defraudará y mencionó que el sueldo que reciba espera “poder repartirlo entre ustedes; la vida nos ha sonreído, nosotros no tenemos necesidad de eso”, lo que provocó los aplausos de los asistentes.
Precisó que se debe al proyecto de Convergencia y que no tiene compromisos con nadie más que con “el pueblo de Guerrero”, por eso estará abierto a sus peticiones y solicitó a los expositores que le entreguen una minuta de los casos para poder atenderlos.
