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Reporta Protección Civil 3 mil 139 viviendas con daños por el sismo; en mil 224 es severo

Daniel Velázquez

El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, informó que se tiene un avance del 94 por ciento en el levantamiento del reporte de daños en los 24 municipios afectados por el sismo de 6.5 grados ocurrido el viernes pasado.
Aparte, la diputada del PRD, Mirna Coria Medina, y el director de Protección Civil y Bomberos de San Marcos, Diego Armando Valente Pineda, cada uno por separado, solicitaron que se declare zona de desastre al municipio de San Marcos para que se pueda atender a los afectados.
En declaraciones por teléfono, el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del gobierno del estado, Roberto Arroyo, informó que la mayoría de los daños están clasificados como de leves y moderados.
Hasta ayer se habían registrado 3 mil 139 viviendas con algún tipo de perjuicio en 24 municipios: 690 con daño ligero, mil 204 moderado y mil 224 viviendas severo.
Donde se concentran las viviendas con daño severo son en los municipios de San Marcos, Las Vigas, Tecoanapa y Ayutla.
Indicó que la información se la entregarán a la Coordinación Nacional de Protección Civil y será la federación la que determinará que ayuda se dará.
“Ellos tienen los parámetros, no sólo la magnitud del sismo sino también el nivel de extensión de daños, por eso se está reuniendo toda la información para que ellos lo valoren”.

Solicita declaratoria de desastre

Por separado, la diputada del PRD, Mirna Coria presentó una solicitud en el Congreso para que se declare como zona de desastre el municipio de San Marcos por el sismo del pasado viernes.
En declaraciones por teléfono, la diputada indicó que presentó la solicitud por iniciativa propia porque vio que ya habían transcurrido tres días y no se había trabajado en ese sentido. Indicó que sabe el impacto del sismo y las afectaciones que causó en las familias, por eso tomó la iniciativa de presentar un punto de acuerdo para que haya recursos y se atienda a los afectados.
La iniciativa es un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que emita la Declaratoria de Desastre Estatal y solicite de inmediato a la Federación la Declaratoria de Desastre Natural, a fin de activar los recursos económicos necesarios para la reconstrucción de viviendas e infraestructura en San Marcos y municipios colindantes.
La intención es que la declaratoria de desastre sea “para todos los municipios que resultaron afectados y cumplan con las especificaciones establecidas en los reglamentos. O en su defecto sean consideradas en el dictamen que el Cenapred (Centro Nacional de Prevención de Desastres) emita después de realizar la evaluación correspondiente”.

Reporte de San Marcos

El director de Protección Civil y Bomberos del municipio de San Marcos, Diego Armando Valente Pineda, informó que son mil 524 viviendas las afectadas por el sismo del pasado viernes.
En la revisión hecha en las 64 comunidades y en la cabecera municipal se tiene el registro de 26 viviendas consideradas como “inhabitables” porque están en riesgo de caer.
Con daño severo fueron identificadas 785 viviendas que a causa del sismo tienen cuarteaduras y separación de los muros.
Con daño moderado fueron contabilizadas 451 casas, que son viviendas con fisuras más pronunciadas pero que no ponen en riesgo la estructura de la casa.
Con daño ligero se registraron 262 viviendas, que son casas que tienen fisuras y desprendimientos de aplanados.
De las mil 524 viviendas afectadas por el sismo la mayoría son viviendas de adobe que no tienen columnas ni castillos, sólo mampostería y lodo, con 50, 60, 100 o 200 años de antigüedad.
Del conteo de hornos afectados por el sismo, dijo que esa revisión no está concluida pero se estima que son entre 78 y cien. La venta de pan es una de las actividades por las que es reconocido el municipio de San Marcos.
De las escuelas y comercios, indicó que esa evaluación está a cargo del estado porque se requiere de un dictamen de Protección Civil para el registro.

Zona de desastre

El director de Protección Civil pidió que el municipio sea declarado zona de desastre para que puedan llegar apoyos a los afectados: “hasta el día de hoy no ha llegado prácticamente ningún tipo de apoyo, despensa, colchonetas, víveres, no ha llegado nada por parte de los dos niveles de gobierno y los ciudadanos piden ser atendidos”.
“A siete días del sismo no hemos tenido un acercamiento de humanidad, empatía, de solidaridad por parte de los gobiernos”.

Marchan en Iguala por la liberación del nutriólogo detenido por el caso Ayotzinapa

Más de 200 manifestantes, entre ellos familiares, amigos y compañeros del nutriólogo Irving Arroyo, detenido por el caso Ayotzinapa, marcharon ayer por calles de Iguala para exigir su libertad Foto: El Sur

Redacción

Iguala

Familiares, compañeros de la Secretaría de Salud y amigos del nutriólogo Irving Arroyo Aranda, trabajador del Centro de Salud Agustín Batalla, marcharon este martes por las principales calles de Iguala para exigir su liberación.
El nutriólogo fue detenido el 26 de noviembre tras el cateo de su domicilio, presuntamente por su implicación en el caso Ayotzinapa, acusado de delitos contra la salud y desaparición cometida por particulares.
Los manifestantes también solicitaron la devolución de dos inmuebles que fueron intervenidos el mismo día por agentes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
Al grito de “¡Justicia!” e “¡Irving libre!”, más de 200 personas partieron a las 4:35 de la tarde del Monumento a la Patria Trigarante, vistiendo ropa blanca y portando cartulinas y lonas con consignas.
La marcha recorrió la avenida Bandera Nacional, donde se repartieron trípticos titulados: “Justicia para Irving Arroyo Aranda”, en los que se afirma que la detención ocurrida el 26 de noviembre fue “arbitraria”.
El material difundido incluye información sobre la trayectoria del nutriólogo, un recuento del cateo y un llamado a que el proceso se conduzca con respeto a los derechos humanos, la presunción de inocencia y sin irregularidades.
“La detención arbitraria de Irving nos duele profundamente, porque cuando la justicia se vulnera para uno, se debilita para todos. Hoy levantamos la voz para exigir verdad, claridad y justicia”, señalaba uno de los mensajes compartidos.
El contingente concluyó su recorrido en el Monumento a la Bandera, donde se realizó un mitin. Allí, Silvia Barrios Arroyo, prima del nutriólogo, leyó un posicionamiento en el que pidió a las autoridades actuar con empatía, sensibilidad humana y respeto a la dignidad durante el proceso.
“Solicitamos empatía y conciencia al analizar este caso. Sabemos que cada expediente representa personas e historias, familias que esperan ser tratadas con dignidad. Pedimos que el proceso de Irving sea guiado no solo por rigor jurídico, sino también por sensibilidad humana. La empatía no debilita la justicia, la humaniza; la conciencia no altera el deber legal, lo ennoblece”, expresó.
Añadió que la movilización no busca confrontar, sino manifestar confianza en que las autoridades federales actuarán con prudencia, claridad y humanidad.
“Reiteramos nuestra petición de que se garantice un trato digno, atento y consciente para Irving Arroyo Aranda, y que cada parte del proceso sea guiada por los valores que fortalecen a un país: justicia, respeto y humanidad”, finalizó.
Al término del mitin, los familiares agradecieron el acompañamiento ciudadano y reiteraron su compromiso con el diálogo, el respeto institucional y la búsqueda de soluciones justas. También llamaron a organizaciones civiles y a la población en general a sumarse a la exigencia de justicia y a difundir el caso.
El miércoles 23 de noviembre, agentes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos –dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR) y encabezada por Mauricio Pazarán Álvarez– realizaron dos cateos en los inmuebles ubicados en Luis Donaldo Colosio Murrieta No. 30, colonia Nicolás Bravo, y en Ramón Corona No. 15, en el Centro de Iguala.
Durante el operativo fueron detenidas tres personas, entre ellas el nutriólogo Irving Arroyo y dos mujeres, como parte de la averiguación previa PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, integrada en el expediente 3213/2025-III por los delitos de delincuencia organizada y desaparición cometida por particulares. Sin embargo de las dos mujeres se desconoce su proceso.

Denuncian negligencia para localizar con vida a mujeres víctimas de desaparición

La feminista Olimpia Jaimes López en su participación en la presentación del informe Y ese Lucero eres tú… Desapariciones de mujeres en el estado de Guerrero y sus anexos, en el auditorio Francisco Gómez Jara en las instalaciones del CIPES en Chilpancingo. La acompañan Rosa Icela Ojeda, Claudia Rangel, Diana Bustos y Elisa Niño Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Investigadoras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) e integrantes del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), coincidieron en que falta que se apliquen perspectiva de género y protocolos de búsqueda inmediata en casos de desapariciones de mujeres en la entidad, así como capacitaciones para el personal a cargo realizar las denuncias correspondientes.
Durante la presentación del informe Y ese lucero eres tú… Desaparición de mujeres en el estado de Guerrero y sus nexos con otros crímenes sistémicos, que se realizó este jueves en el auditorio del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales (CIPES) en la capital, las integrantes del EMAF, Elisa Niño Vázquez, Marte Myhre Tunheim y Diana Bustos Ríos, expusieron la negligencia de las autoridades para localizar a las mujeres con vida.
Mientras que las investigadoras Claudia Esperanza Gabriela Rangel Lozano, Rosa Icela Ojeda Rivera, quien es coordinadora del Observatorio de Violencia contra Mujeres Hannah Arendt (Obvicom), y la feminista Olimpia Jaimes López, manifestaron que el informe debe inspirar más reflexiones y servir para que las autoridades protejan los derechos de las mujeres.
Elisa Niño explicó que el EMAF documentó 14 casos de desapariciones de mujeres en Iguala, Taxco, Chilpancingo, Acapulco y Estado de México durante el periodo de 2012 al 2022, en el cual “ha habido una transformación del crimen organizado en el territorio”.
Puntualizó que en el 2018 el fentanilo reemplazó a la amapola y este cambio en la dinámica criminal del territorio se reflejó también en las expresiones de violencia contra las mujeres.
Señaló que en Guerrero hay entre 12 y 18 grupos del crimen organizado, por lo que se implementó el Plan de Apoyo que implicó la militarización de la entidad.

Perfil de las víctimas

De las víctimas detalló que eran mujeres cisgénero, con relaciones heterosexuales, precarizadas y estudios truncos; sólo una de ellas era docente, el resto eran comerciantes y se dedicaban a distintas actividades como pintar uñas, cortar cabello.
Una de las víctimas tenía vínculos con el crimen organizado, de una segunda había indicios de que podría estar vinculada a la delincuencia y una tercera consideró ser parte de algún grupo criminal y alquilar su vientre debido a la falta de recursos que le impedía sostener a sus hijos.
Diez de las víctimas eran madres solteras que no recibían apoyo económico de los padres de sus hijos y en nueve de los casos, las familias señalaron como responsables de la desaparición a las ex parejas, quienes amenazaron a las mujeres incluso con asesinarlas si insistían en exigir el pago de la manutención; “la desaparición funciona como un castigo a las mujeres”.
Resaltó que se identificó que hay “búsqueda ascendida” de las víctimas, es decir, hasta cinco años después de su desaparición; “en algunos casos había indicios de que estaban vivas y podían estar siendo explotadas sexual o laboralmente”, pero cuando las familias intentan seguir esas líneas de investigación, reciben respuestas revictimizantes de las autoridades.
“No hay investigación para determinar qué pasó, cómo pasó, sólo se da la restitución de los cuerpos, se está usando la desaparición como un mecanismo para ocultar temas de feminicidio, de homicidio y si no hay investigación, es una cadena de desaparición continua”, subrayó.

El informe produce “vergüenza” por la inacción de autoridades: Ojeda

Para Rosa Icela Ojeda el informe “destila dolor, el dolor de las víctimas, el dolor de las familias… hay un duelo abierto, hay un duelo que no cierra y tenemos que hablar de él”.
Consideró que la información detallada “produce mucha vergüenza, vergüenza de vivir en un estado, el Estado mexicano, y el estado de Guerrero, donde la palabra, el concepto de desaparecido ha tenido una larga significación” a través de los años.
Manifestó que “hay crisis en todas las instituciones”, aunque mesuró sus comentarios debido al contexto social en la entidad, donde corren riesgo las voces críticas; “somos cuidadosas, hay, por decir lo menos, poca empatía de quienes tienen que investigar los delitos”.
Dijo que “no se preservan las escenas del crimen, nunca en ningún caso, pero en el caso de las mujeres peor todavía: se manipulan, se tocan, se mueven”, con lo cual se pierden evidencias y se impide la tipificación adecuada de los delitos.
Señaló que, después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, “bajó la estigmatización contra la desaparición contra la gente desaparecida, hombres y mujeres”.
En contraste, desde el 2012, el Obvicom documentó un aumento de mujeres no identificadas en la morgue, “en esos casos es muy importante la preservación de la escena del crimen” y debería cruzarse la información con los casos de mujeres desaparecidas.
A pesar de los hallazgos del EMAF, “me da gusto que estemos aquí, este informe debe motivar muchas más reflexiones”.
Claudia Rangel criticó la cosificación de las mujeres y los nexos entre las autoridades y el crimen organizado, ya que estos “no son estimados en las carpetas de investigación”; para la investigadora el informe es “un documento de denuncia, lo que implica la urgencia por demostrar las ignominiosas prácticas institucionales para afrontar esta catástrofe humanitaria, cuya inconmensurabilidad rebasa las más siniestras narrativas de la crueldad humana”.
Olimpia Jaimes dijo que el informe “es un aporte invaluable para las autoridades que tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos”; reiteró la necesidad que se realicen las investigaciones con perspectiva de género, que se capacite en criminología feminista, transparencia y tribunales para casos emblemáticos.

Cierran productores oficinas de la Sader; piden excluir el maíz de las negociaciones del T-MEC

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Productores de maíz de varias regiones del estado, cerraron este martes las oficinas de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), por más de ocho horas, como parte del movimiento convocado por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, que pide que en las negociaciones del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) del 2026, se excluya a los granos básicos.
En Guerrero, la protesta fue convocada por el Consejo Estatal del Maíz, aunque los campesinos que llegaron de distintas regiones del estado, en su mayoría, pertenecen a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), que planteó sus propias demandas en el ámbito estatal.
Estas son: “Que el programa precios de garantía abra sus ventanillas en noviembre y reciba el maíz a granel a los productores, que se incremente la compra de maíz de los guerrerenses y se utilice la infraestructura de acopio existente en Guerrero, así como créditos para la producción con trámites sencillos”.
Los aproximadamente 100 campesinos cerraron a las 10:30 de la mañana los accesos a la delegación de la Sader y en conferencia de prensa, el dirigente de la UNTA, Marco Antonio Reyes Campos, denunció la falta de apoyos por parte de los gobiernos federal y estatal lo que mantiene en una grave crisis a los productores de maíz en la entidad, dijo.
En la conferencia de prensa presentó a representantes de campesinos de la región Costa Chica, Tierra Caliente, Norte, Acapulco, Centro y Montaña.
Explicó que vinieron solamente comisiones de productores de las diferentes regiones del estado, en solidaridad con el movimiento nacional que se realizó en 20 estados de la República.
Las demandas del ámbito nacional es que en el 2026, cuando habrá una renegociación del T-MEC, se excluya a los granos. Asimismo, que se deje de cotizar el maíz conforme al mercado de futuros de Chicago, “porque los gringos nos lo venden a 4.30 o 4.50 (por kilo) y con ese precio los productores guerrerenses no salimos”.
También demandan que se instituya una nueva banca de desarrollo para que les preste a los productores a una tasa baja de interés, “porque los agiotistas y coyotes nos están comiendo”.
Con el movimiento nacional buscan una reunión con el titular de la Sader Julio Verdegué Sacristán, y el de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, “porque no le han dado la importancia al problema”.
En cuanto a las demandas locales, declaró que por el desplome de la producción de maíz y la falta de apoyos para el acopio y la comercialización, Guerrero ya está recibiendo grandes cantidades de maíz transgénico brasileño, y reclamó apoyos para el acopio y compra del maíz local.
“El maíz brasileño llega a Chalco, Estado de México, y de ahí se viene a Guerrero a un precio mucho más barato porque se trata de maíz transgénico y lo compran principalmente los molineros de Acapulco y de Chilpancingo”.
Derivado de ello, los productores piden abrir los precios de garantía de bodegas de Segalmex en noviembre, “porque año con año abren en diciembre, enero y a veces hasta febrero, lo que le permite a los coyotes comprarnos hasta en 4.50 y 4.80 pesos el kilo y eso significa una pérdida increíble para la producción en Guerrero”.
Asimismo, demandan, que todos los productores accedan a los precios de garantía, porque actualmente les requieren una constancia georreferenciada, “que muchos de nosotros no sabemos qué es eso”.
Además, solicitan que Segalmex les compre a granel, porque actualmente les condicionan la compra a 35 toneladas.
Reyes Campos informó que la producción de maíz en la entidad es de aproximadamente un millón 400 mil toneladas, pero que sólo hay una capacidad de almacenamiento para 186 mil debido a que no se utilizan todas las bodegas, lo que permite que el maíz guerrerense salga de la entidad e ingrese maíz brasileño que es el que estamos consumiendo.

Cambiar criterio en compra del producto

Denunció que otra de las inconformidades es que le quitan al productor el costo de limpieza del maíz, “que es lo que más nos duele, pues todavía de que tenemos que pedir prestado para recoger nuestras cosechas, tenemos que limpiar nuestro maíz, llevarlo a Segalmex y envasarlo, y para ellos no tenemos las herramientas ni el dinero, esto va en detrimento de la economía de los productores”.
Piden que Segalmex quite el candado de recibir limpio el maíz a los productores y que les reciba el producto a granel, así como sale de la trilladora o desgranadora, pues, entregarlo limpio les implica un gasto de cuatro a cinco mil pesos más.
Asimismo, reclaman que se contraten más bodegas para que les reciban a granel a los productores.
Reyes Campos informó que hay dos en la Costa Chica, cuatro en la zona Norte y dos en la Tierra Caliente que son inocuas para almacenar el maíz.
Garantizar el acopio, dijo que implicaría que los guerrerenses consumirán el maíz local y los productores podrán venderlo a Segalmex a 7 mil 300 la tonelada.
Además, recriminó que el programa de fertilizante gratuito es insuficiente, pues los productores reciben máximo dos paquetes, cuando hay algunos que siembran hasta 20 hectáreas.
El dirigente de UNTA dijo que, en cambio, en estados como Sinaloa les entregan 10 paquetes sin distinción.
Informó que en Guerrero, las regiones que más siembran maíz son Costa Chica con más de 300 mil toneladas, después está Tierra Caliente con 298 mil, en tanto que la zona centro y Norte ocupan el tercer lugar. Sin embargo, declaró que donde más se entrega fertilizante es en la Montaña y Zona Centro, “lo que indica que los más de 5 mil millones de pesos que manda el gobierno federal no está impactando en las zonas donde se produce el maíz”.
A pesar de que el movimiento sigue en la Ciudad de México y en los 20 estados donde tuvo respuesta, el bloqueo en la Sader de Chilpancingo se levantó a las 6:30 de la tarde, después de una reunión con funcionarios estatales y federales con la dirigencia de la UNTA.
Según el dirigente Reyes Campos se retiraron “por seguridad”, tomando en cuenta la situación de violencia que se vive aquí.
La mesa de diálogo se instaló con el delegado de la Sader, Gregorio Portillo Mendoza, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del estado, Alejandro Zepeda Castorena.
Estuvieron además, los encargados de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), Seguridad Alimentaria (Segalmex), Precios de Garantía y del programa del Fertilizantes.
Los acuerdos fueron abrir las ventanillas a tiempo y acordaron que en esta semana se abrirán las reglas de operación.
Además se van a establecer mesas de trabajo, una de ellas será este viernes para tratar el caso de las entregas de maíz.
Acordaron la revisión de los padrones del programa de fertilizante y de Cosechando Soberanía.
En tanto que por parte del Gobierno del estado entregará maquinaria a partir del mes de noviembre y para ello los productores van a entregar sus peticiones en cuanto a necesidades.

Piden a Sheinbaum apoyar una reunificación real de los amuzgos y obras “de primera”

Promotores del Plan de Justicia para el Pueblo Amuzgo que pondrá en marcha hoy en Tlacoachistahuaca la presidenta Claudia Sheimbaum y que fueron excluidos Foto: Martín Equihua

Martín Equihua

Ometepec

Es inexplicable la exclusión de la Coordinadora General de la Nación Amuzga, del arranque oficial del Plan de Justicia que hará hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de haber sido la estructura organizativa que resultó de un amplio proceso de consulta y que por más de tres años fue soporte para decenas de eventos, incluidos congresos, asambleas comunitarias y reuniones técnicas, cuyos resultados se quieren desconocer.
Y aún cuando la coordinadora general no se ha inconformado públicamente, su exclusión es obvia, pues sus principales representantes, nombrados y ratificados en congresos generales, hasta la tarde de ayer no habían sido oficialmente contactados por enviados de gobierno.
Para el universitario Óscar Rocha Arango, lo mejor que puede pasar es “que la presidenta apoye un proceso real de reunificación amuzga”, pues ya no basta con galletas de animalitos y palabras bellas.
Uno de los referentes más visibles durante el proceso de gestión del plan de justicia amuzgo es el ex presidente municipal de Xochistlahuaca, Daniel Sánchez Nestor, quien a unas horas del arranque oficial del Plan se negó a opinar, diciendo que “por esta ocasión es mejor guardar silencio y esperar a ver qué es lo que nos propondrá nuestra presidenta”.
Para el promotor Óscar Rocha Arango, “lo que pasa es que esto parece un juego para algunos. Primero nos hacen creer que ahora sí atenderán las necesidades reales, nos preguntan qué queremos, y ya que les decimos que un hospital de primera, carreteras de primera, puentes y escuelas de primera… entonces ya se empiezan a torcer”, y asegura que su padre forma parte de la coordinadora general, y que lo ve con desánimo porque había llegado a creer que lo del hospital “de primer mundo” sería una realidad, y ahora cree que todo “terminará en fiesta y despensas”.
Los planes de justicia iniciaron en el periodo del ex presidente López Obrador con el pueblo yaqui y continuaron en 16 pueblos más de la geografía indígena nacional, mientras que la presidenta Sheimbaum Pardo se comprometió a continuar con ellos, poniendo énfasis en la participación comunitaria.
La mandataria ha dicho que “el objetivo de los planes es trabajar con las comunidades para determinar sus necesidades y en forma colectiva decidir los recursos que se necesitan”. Con suma claridad ha dicho, por ejemplo en Michoacán, en la presentación del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, que los planes “se construyen desde los pueblos indígenas, no desde el gobierno”, y que son instrumentos de “justicia social, justicia ambiental, de educación a todos los niveles, infraestructura en salud, lo que se requiera, en vivienda, apoyos al campo, fortalecimiento de cultura y lengua indígena”, y que los planes “los coordina quien decida la comunidad”.
Por parte del gobierno los planes son coordinados por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), y por otras dependencias que varían según las condiciones de cada región.

Reconstitución del pueblo amuzgo

La exclusión de la coordinadora general empezó hace algunas semanas, señala en entrevista telefónica Rocha Arango. “Salieron con otro plan de justicia”, y han tratado de “empezar de nueva cuenta”, con nuevos diagnósticos y nuevas demandas, para “presentarnos un mini plan que no se le puede llamar de justicia, si no va a fondo”.
En el plan original, procesado con la más amplia participación comunitaria, se registraron demandas como el saneamiento del río San Pedro, que cruza Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Ometepec; la ampliación de carreras de la Universidad Benito Juárez, cuando menos con medicina y enfermería; la construcción del hospital de especialidades; la continuidad de caminos y una línea permanente de generación de empleos.
Pero sobre todo, el plan contemplaba lo que fue una resolución de su primer congreso general, y que en verdad representaría una verdadera transformación cualitativa para el pueblo amuzgo y los pueblos indígenas de México: la unidad del pueblo y sus comunidades.
Como dice el documento que puede leerse en el sitio web del INPI, “uno de los agravios históricos que ha perdurado por casi dos siglos es la fragmentación del pueblo amuzgo en dos entidades federativas, pues desde la conformación del estado de Oaxaca (1823) y la de Guerrero (1849), la nación amuzga sufrió la separación de sus culturas, lengua e historia. La línea federativa cercenó tierra, territorio y recursos naturales”.

Piden trabajadores de playa a CAPAMA atender descargas de aguas residuales

Aurora Harrison

Trabajadores de playa exigieron a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), atender los llamados para desazolvar los drenajes colapsados en la avenida Costera y en los cauces pluviales que desembocan al mar.
Este viernes unos cien trabajadores de playa, encabezados por Arturo Pantoja Guatemala y Jesús Zamora Cervantes, llegaron a las oficinas de la paramunicipal ubicadas en el Centro y sostuvieron una reunión de trabajo con el director del organismo, Antonio Lorenzo Rojas Marcial.
El director de la paramunicipal escuchó a los dirigentes y se comprometió atender la demanda que estos hicieron de evitar escurrimientos que afecten las playas.
Señalaron que la trampa de grasa del restaurante la Casa de los Abuelos que se colapsó, derramó agua de drenaje en la avenida Costera, causando una mala imagen de la ciudad.
Telma López Madujano pidió a CAPAMA realizar trabajos de revisión de los cauces pluviales y alcantarillas de la Costera para “tener una buena imagen de Acapulco, porque a nosotros como prestadores nos afecta”.
“Queremos que las autoridades cumplan con hechos porque está la mala imagen, y las noticias de que las aguas están contaminadas también nos hacen daño porque Acapulco vive del turismo”.
La trabajadora de playa agregó que hay problemas de aguas residuales y drenaje en Caleta, Aguas Blancas y en playa Icacos.
Pidió a la presidenta municipal Abelina López Rodríguez revisar las trampas de grasas de los restaurantes de la avenida, porque “toda esa grasa va a dar a los drenajes, los cuales se taponean y se producen los escurrimientos de agua”.
El representante de los prestadores de servicios turísticos, Jesús Zamora Cervantes, dijo que “estamos pidiendo al director de CAPAMA que atienda algunos brotes de agua de drenaje de algunas alcantarillas, como el del restaurante la Casa de los Abuelos, en Costa Azul”.
“Sabemos que se ha hecho una inversión fuerte en los colectores sanitarios y que es un trabajo que no va a acabar rápido, pero si se puede solucionar de manera inmediata con vactor, a desazolvar. Lo que queremos que sea una atención rápida y directa”.
Abundó que los puntos que han detectado son en Caleta: “siempre que hay lluvia ahí están mezclados los ríos pluviales con el drenaje que se colapsa, en el río del Camarón, en el (hotel) Krystal que ya metieron las bombas de achique, pero lo más fuerte es Aguas Blancas, Icacos y Caleta, que son los puntos que se colapsan más rapido”.
En un comunicado de prensa del gobierno municipal, se informó que el director del organismo se comprometió a estar al pendiente de las demanda de los prestadores de servicios. Como ejemplo citó la reciente intervención que hubo en playa Icacos, donde se resolvió el colapso de un registro vinculado a un restaurante debido a falla en su trampa de grasa.
Además acordaron reforzar la vigilancia en la zona de Caleta, Papagayo, Icacos, Tlacopanocha y Tamarindo, para prevenir problemas asociados al drenaje sanitario y continuar con el desazolve de los colectores de toda la zona turística.

Piden panistas a la dirigencia nacional auditar la gestión de Eloy Salmerón

Daniel Velázquez

Panistas de Guerrero entregaron el pasado lunes a la dirigencia nacional un escrito en el que solicitan una auditoría a la actual dirigencia estatal que encabeza Eloy Salmeron Díaz, por irregularidades en el pago de 35 aviadores, cuya única función es ser consejeros estatales, un cargo que es honorario, y no ha entregado prerrogativas al menos a 15 comités municipales.
De acuerdo con el ex alcalde de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) ya procedió penalmente contra Eloy Salmeron ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales por el uso del padrón para registrar candidatos.
Este martes se conoció de una audiencia celebrada en Chilpancingo contra el dirigente estatal del PAN por la falta de 7.5 millones de pesos.
Consultado por teléfono, Parra Gómez indicó que son dos cosas distintas, una es la petición por escrito entregada al CEN del PAN para que se realice una auditoría a la actual dirigencia porque hay una incógnita sobre cuál fue el destino del dinero que debió ser para actividades partidistas.
El señalamiento a la actual dirigencia que encabeza Salmerón Díaz se da en el contexto de la elección por la renovación de la dirigencia estatal que se realizará este domingo 15, en la que compiten la tres veces ex alcaldesa de Pilcaya, Sandra Velázquez Lara, y la secretaria de Promoción Política de la Mujer del actual comité estatal Rocío Morales Morales, impulsada por Eloy Salmeron.
Parra Gómez indicó que de entrada, ya hay 35 consejeros a favor de Morales de los 80 que integran el Consejo estatal, porque están en la nómina del partido: “no hacen nada, están de aviadores”, lo que ya supone una irregularidad en el proceso interno. Consideró que esos consejeros fueron comprados “para asegurar que su relevo le proteja las espaldas”.
Sin mencionarlo directamente, Parra Gómez señaló que hay nepotismo en la representación popular que tiene el PAN en el estado: la actual diputada local, María Irene Montiel Servín, es la esposa de Eloy Salmeron; la regidora del PAN en Acapulco Armanda García García, es esposa del tesorero estatal Luis Ángel Reyes Acevedo, y la regidora panista de Chilpancingo, Diana Natividad Carbajal Sánchez, es esposa del secretario particular de Eloy Salmerón.
“Huele a podrido, no tengo pruebas más que la versión de algunos consejeros, ‘(que dicen) yo creo que es buena candidata’, la ex alcaldesa de Pilcaya, ‘pero si yo voto por ella me van a quitar de nómina’”.
La denuncia penal es otra cosa. Dijo que se trata de un procedimiento iniciado por el IEPC y de ahí solo sabe lo que se ha publicado en medios porque es un asunto del Instituto.

Rechazan trabajadores del Poder Judicial la reelección de Casarrubias en el TSJ

En una carta abierta a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, abogados litigantes y trabajadores del Poder Judicial del estado, se pronunciaron “en contra de las intenciones de que el magistrado Raymundo Casarrubias Vázquez, se perpetúe como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)”.
Lo acusan de que en su administración “han continuado las viejas prácticas de nepotismo y corrupción al interior de esta institución”.
El mandato de Casarrubias Vásquez terminó el 1 de noviembre, pero de acuerdo a los trabajadores del Tribunal, pretende reelegirse por un periodo más.
En el escrito que también va dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Jesús Urióstegui García, fechado el 8 de noviembre, los inconformes piden la omisión de sus nombres “por miedo a represalias a todos los que estamos manifestando nuestra inconformidad”.
“Condenamos que, tal como lo han publicado varios medios de comunicación, dentro del TSJ existe la intención para que Raymundo Casarrubias prolongue su periodo de manera indefinida contraviniendo lo establecido en la Ley, hasta que se homologue la ley federal sobre la Reforma al Poder Judicial y se haga la elección popular, que sería el próximo año”, refieren en su escrito.
Agregan: “Lanzamos un enérgico llamado al Pleno del Tribunal que lo conforman los 25 magistradas y magistrados del TSJ, para que, a la brevedad posible, cumplan con su obligación establecida en los artículos 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero Numero 129, que disponen que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia debe ser elegido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de entre sus miembros en funciones como Magistrados”.
Indican que el mal manejo de recursos “derivó en que no se cumplieran las demandas laborales de los trabajadores del Poder Judicial, que realizaron protestas y paros de labores durante su administración, rechazamos categóricamente que el magistrado Raymundo Casarrubias Vázquez busque la reelección”.
Explican que Casarrubias Vázquez ya fue ratificado como magistrado del Tribunal Superior de Justicia por un segundo período improrrogable de ocho años, mediante el Decreto número 454, emitido por la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, el 11 de mayo de 2017.
Dicho periodo finaliza en mayo de 2025, “por ello, resulta jurídicamente inviable su reelección como Presidente del TSJ, dado que dejará de ser magistrado en mayo de 2025, lo cual le impediría cumplir con la condición indispensable de ser magistrado en funciones para concluir su periodo como presidente”. (Zacarías Cervantes /?Chilpancingo).

Transportistas y comisarios critican a gobiernos y anuncian movilización estatal

Argenis Salmerón

Integrantes del Frente Democrático Guerrerense exigieron una audiencia con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para resolver sus demandas.
En una reunión en el restaurante La Ramona, ubicada en la zona Diamante, los miembros de la organización, que dicen representa a 20 líderes de las ocho regiones del estado, anunciaron una movilización en Acapulco el 20 de noviembre próximo.
El dirigente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), en Guerrero y vocero del Frente, informó que solamente mantienen comunicación con la federación, pero todavía no con el gobierno del estado ni con el municipio.
Dijo que representan a diferentes sectores del transporte público, de carga, abogados y comisarios.
Advirtió que el movimiento se llevará a cabo a pesar que haya atención de las autoridades, porque tiene que haber solución.
El ex director de Transporte estatal, Miguel Ángel Piña Garibay, exigió hacer un censo a los automóviles que fueron dañados por el huracán John.
“Que sea de manera directa el apoyo para los transportistas, no pedimos nada fuera de la ley, porque desde este gobierno de Morena no hay apoyo al gremio”, señaló.
El lider transportista y ex delegado de Transporte, Juan José García Torres, pidió incorporar a los choferes al censo por los daños del huracán John.
Demandó detener el hostigamiento de la Guardia Nacional que exige el seguro, “no hay para comprar pólizas, las aseguradoras no venden para evitar que metan transporte dañados del huracán John”.
Exigió reparar las diferentes vialidades, que están llenas de baches, ocasionadas por los huracanes Otis y John.
La representante de los comisarios de la Ruta del Sol, Yanet Arizmendi Díaz, exigió justicia a los comisarios de la zona rural en su obra prioritaria
Sostuvo que el día del movimiento llevará más de 4 mil choferes del transporte público y comuneros para exigir el derecho que le corresponde.
El presidente de la Federación Interdisciplinaria de Transportistas, Pescadores y Líderes Sociales del Estado de Guerrero, Fernando Ureña Silvestre, dijo que tiene la propuesta del proyecto Nueva Centralidad, en la comunidad de San Pedro Las Playas.
Pidió la autorización del cambio de uso de suelo para la construcción de 31 mil 945 mil viviendas en una hectárea de 545 hectáreas con una inversión prevista de 38 millones 778 mil pesos.
Añadió que el proyecto comprende una universidad, cementerio, mercado, hospital, centros deportivos y centros comerciales.
“Hacer el movimiento será para agradecer o chingar, pero vamos a seguir en la misma línea”.
El abogado Pablo Andalón solicitó que se hagan lonas para el día de la movilización para comunicar a la población la idea principal.
“Tiene que quedar claro, porque como van haber taxis tal vez van decir que queremos concesiones o algun cargo. No es la idea, hay que demostrar nuestras demandas”.

Reparar tramo Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, pues “está muy deteriorado”, pide empresario

Gravilla arrastrada a la playas Tamarindos y Hornos de Acapulco por las lluvias causadas por John Foto: Jesús Trigo

Brenda Escobar

Zihuatanejo

El empresario restaurantero de la comunidad ecoturística Troncones, en el municipio de La Unión, Francisco Manzanarez Maldonado, denunció que la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, del tramo de Feliciano, “al menos hasta Troncones está muy deteriorada” por la gran cantidad de baches que hay a lo largo de la vía, los cuales representan un peligro para los automovilistas.
Vía telefónica, el también ex comisario municipal de Troncones, dijo que él regresaba de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y que en el tramo mencionado “hay cuatro carros con familia, ahí tirados, ponchados, aparte con lo que significa nuestro estado, nuestra región, con lo que se habla y aparte yo no sé el gobierno por qué no hace nada: ¿no habrá alguna persona allegada a la gobernadora y a la presidenta Claudia Sheinbaum que les diga cómo está en nuestra región la carretera?”, cuestionó.
“De verdad, qué mal está la carretera, creo que nunca habíamos visto tan peor cosa como ésta, al menos de cuando menos 15 años para acá y no lo digo con el afán de crear una controversia o reclamo hacia el partido gobernante. Yo lo diría de forma en el sentido de que ya estamos en la temporada invernal, mucho turista que viene aquí a la región y por qué no decirlo, también a nosotros nos causa mucho problema el estado de la carretera porque se dañan la suspensión, las llantas y todas las consecuencias que traen el tener una carretera en mal estado”.
Agregó, “lo digo en el afán de que el gobierno haga su trabajo, yo no quiero que rectifiquen toda la carretera, sólo el bacheo de Feliciano a Zihuatanejo no les cuesta más de medio millón de pesos, y es mucho; sin embargo, yo veo mucha falta de interés en querer arreglar algo tan sencillo pero que causa un daño enorme a la ciudadanía y a los turistas”, apuntó.