Tras la devastación en la costa de Guerrero, hasta ahora con reportes sobre todo en Acapulco, pobladores de la entidad y familiares de turistas exigen en redes información a la gobernadora Evelyn Salgado, quien no se ha pronunciado desde hace más de seis horas.
La última ocasión que emitió un mensaje en sus cuentas oficiales, aproximadamente a las 9:00 horas, fue para pedir calma a los habitantes ante “rumores”.
“Paisanas y paisanos, se reportan afectaciones en la comunicación móvil. Sin embargo, ya estamos en coordinación para restablecer las líneas de telefonía lo antes posible”, expresó.
“Durante esta jornada, continuaremos #EnTerritorio, pendiente de las necesidades de nuestro pueblo. Les pido mantener la calma, evitar la difusión de rumores y seguir atentos a la información oficial. Les mantendré informados en todo momento (sic)”.
Tras ello, en su misma cuenta, ha recibido críticas por la falta de información.
“¿Cuál es el informe del Estado ante el #HuracanOtis? Ya pasó demasiado tiempo y no tenemos información oficial. Estamos pendientes”, urgió la usuaria Neftalí Muñoz.
“Gobernadora, por favor, denos información de San Marcos Guerrero, tenemos una gran incertidumbre en saber cómo están nuestros familiares, desde el día de ayer no tenemos comunicación, estamos en el extranjero esperando noticias; se lo pido de favor compartir información”, pidió Nataly Gil.
Otros usuarios de redes pidieron saber sobre huéspedes del One Hotel que asistieron a la Convención Minera, a la cual también acudieron estudiantes del Colegio de Bachilleres 1 de Chilpancingo, de los cuales no se sabe nada sobre su hospedaje en el Playa Suite.
Las cuentas oficiales del Gobierno estatal y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero tampoco han emitido más que información sobre cómo cuidarse de las inundaciones y refugios.
En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, una de sus últimas publicaciones fue sobre la atención de daños menores en Chilpancingo, donde no se reportan graves afectaciones.
En el caso de la alcaldesa, Abelina López Rodríguez, desde hace 16 horas su cuenta no ofrece ninguna información, al igual que la del Ayuntamiento y la de Protección Civil estatal.
De acuerdo con reportes locales, el impacto de Otis como huracán categoría 5 provocó en un par de horas inundaciones, daños a inmuebles y también el corte de energía eléctrica a más de 500 mil personas.
En su último reporte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reveló que el ciclón ya se degradó a baja presión remanente.
El presidente del Consejo Estatal del PRD, Mario Ruiz Valencia, y la secretaría general del Comité Ejecutivo, Ivet Díaz Bahena, acompañados por Mirna Coria Medina, Eleazar Sierra Oropeza, Moisés Acevedo Rodríguez, Jesús Guatemala Aguilar y Marco Antonio Organiz Ramírez, en la conferencia de prensa donde pidieron al ex gobernador Aguirre respetar acuerdos Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Integrantes de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) y del Consejo Estatal (CE) del PRD, exigieron al presidente estatal, Alberto Catalán Bastida, y a la corriente que encabeza el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, que respeten el acuerdo de unidad en torno a la candidatura de Evodio Velázquez Aguirre al Senado, de lo contrario valorarán el cambiar al dirigente de este partido.
La conferencia en el restaurante El Mesón de Carolina, fue encabezada por la secretaria general del DEE del PRD, Ivet Díaz Bahena, acompañada de los integrantes de la dirigencia Eleazar Sierra Oropeza, Moisés Acevedo Rodríguez, Jesús Guatemala Aguilar, el presidente y vicepresidente del Consejo Estatal, Mario Ruiz Valencia y Marco Antonio Organiz Ramírez, el representante de ante el órgano electoral Mariano Hansel Patricio Abarca, y la secretaria del Consejo Isabel Guillén Román.
Ivet Díaz comentó que antes de la conferencia, los presentes tuvieron una reunión en la que llegaron al acuerdo de emitir este posicionamiento.
La secretaria general recordó que en septiembre pasado la DEE, la Mesa Directiva del Consejo Estatal, así como la comisión política “tuvo a bien en un acuerdo de unidad pleno y absoluto emitir un documento en torno a nuestro compañero Evodio Velázquez Aguirre, que es la propuesta del PRD para encabezar la fórmula al Senado”.
Sin embargo, señalaron que “de manera sorpresiva” se enteraron a través de redes sociales, que la expresión perredista Izquierda Progresista Guerrerense (IPG) “rompió este acuerdo, y encabezados por Ángel Aguirre Rivero y Alberto Catalán Bastida presentaron a la dirección nacional una propuesta distinta al acuerdo de unidad que encabeza Evodio Velázquez”.
Con esa decisión del dirigente estatal, señalaron en el escrito leído por Ivet Díaz, se violentaron “los acuerdos de unidad” que habían establecido.
En consecuencia, los grupos políticos reiteraron su respaldo “total e incondicional” al ex alcalde de Acapulco para ser postulado encabezando la formula al Senado.
También lanzaron la advertencia de que “estamos valorando realizar en próximos días” un consejo estatal para ratificar el acuerdo de unidad firmado en septiembre pasado en torno a Evodio Velázquez, y “valorar y analizar la permanencia del presidente estatal Alberto Catalán Bastida tomando en cuenta que se ha roto la institucionalidad y que no se construye como factor de unidad al interior del instituto”.
En el documento también señalaron que “no aceptaremos sumisión ni chantajes ante estos acontecimientos, y que en el PRD las decisiones se toman de manera colectiva sin anteponer intereses personales o de grupo”.
A la pregunta de si hay intromisión del ex gobernador y el riesgo de que su corriente deje al partido si se remueve a Alberto Catalán de la dirigencia, Mario Ruiz Valencia dijo que Ángel Aguirre “aun cuando no está afiliado al PRD” es un activo político de este partido, “cada quien tiene que ser responsable de sus actos, de sus hechos y tiene que contestar, nosotros vamos hacer valer y tiene que hacer respetar la investidura de presidente de la dirección del PRD”.
Además, Ruiz Valencia reiteró que no está a discusión el que el PRD defenderá la postulación de Evodio Velázquez como candidato al Senado “hay con qué salir, tenemos a un candidato competitivo”.
En ese mismo sentido, Ivet Díaz aseguró que el PRD “está trabajando para poder ir solo, si no se dieran las condiciones de una alianza”.
Un reportero preguntó a los perredistas si esta no era una oportunidad para que el PRD se “sacuda a Ángel Aguirre” quien toma decisiones en el partido sin ser ni siquiera es militante. El presidente del Consejo Estatal respondió que “no nos interesa correr a nadie”.
Ruiz Valencia planteó también que si el ex gobernador, el todavía presidente del DEE y su grupo político “quieren transitar en otra ruta, en otra pista, están en todo su derecho, nada más que nos tenemos que hablar con claridad, estás o no estás”.
Integrantes del Comité Gestor del nuevo municipio de San Nicolás, acudieron al Congreso local a entregar un documento por el que solicitan al Poder Legislativo “la instalación inmediata del ayuntamiento instituyente”. Argumentaron que se sienten discriminados por los diputados como municipio afromexicano por no aprobar dichos cabildos en el plazo que establecía la ley, es decir, antes de que concluyera septiembre.
Ayer el presidente del Comité Gestor de San Nicolás, Pablo Domínguez Ávila acompañado de integrantes como Felipe de la Cruz, acudieron al Congreso local a entregar un oficio dirigido a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para pedir la instalación del cabildo a partir de que se cumplieron con todo el protocolo y requisitos solicitados por el Poder Legislativo.
Acusaron en este documento que “se han violado los derechos de los pueblos afro mexicanos al no haber sido instalado en tiempo y forma como lo marca la Constitución, no vamos a seguir permitiendo que nos sigan discriminando únicamente por ser afros, queda claro que se debió haber instalado los cuatro municipios creados en el mismo decreto”.
En el mismo escrito, recordaron que los dos nuevos municipios de origen indígena ya fueron instalados “y nosotros seguimos siendo rehenes de sus intereses políticos y definitivamente si no se instala nuestro municipio nos vamos a ver en la necesidad de movilizarnos y hacemos responsables al Congreso del Estado si sucediera lo mismo que a los compañeros de Santa Cruz del Rincón, por irresponsables”.
En declaraciones al salir del Congreso, así como en el escrito entregado señalaron que han evitado “movilizarnos para no crear desorden social, respetando la institucionalidad, pero nos damos cuenta de que no valoran la voluntad y tolerancia de nuestro pueblo”. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).
Integrantes del Frente Amplio Feminista, solicitaron a los partidos políticos arroparlas para ocupar cargos públicos, y dijeron que aún sigue la desigualdad en el sector privado.
Ayer en conferencia de prensa, al conmemorar 70 años del voto de la mujer, la ex delegada de Movimiento Ciudadano, Nereyda de Jesús Silvar Bravo, dijo que sigue siendo hostigada por el coordinador estatal Julián López Galeana: “De manera particular alzo la voz hoy en esta conmemoración, porque como política camino con miedo, con temor, amenazada por el líder estatal Julián López Galeana. Cómo voy a celebrar este ejercicio cuando estoy siendo violentada. Se me amenaza y me mandan personas para decirme que ya le baje. Cómo vamos alcanzar el ejercicio de la paridad, cómo vamos a ser candidatas para poder llegar a ocupar espacios públicos si desde las dirigencias estatales de los partidos se nos limita y se coartan nuestros derechos”.
Sostuvo que a 70 años del voto de la mujer no ha sido fácil y se ha caminado con muchas dificultades para construir la paridad, “que hemos estado pidiendo al interior de los partidos”.
Silvar Bravo aseguró posterior que desde su militancia seguirá defendiendo y alzando la voz de que está siendo hostigada para “terminar con mi carrera política”.
Adelantó que buscará una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para darle a conocer lo que está pasando al interior de ese partido.
La perredista Azucena Salazar Pineda dijo que “el que nosotras podamos votar marco una ruta para el país y también un mensaje para el mundo y fue la democracia”.
“Hoy las mujeres que estamos en un espacio de poder, el espacio donde estemos estamos obligadas a poder seguir defendiendo nuestros derechos, bajo dos puntos a que vayamos a votar de manera libre y que se animen a participar en la política, porque no es un favor que nos hace alguien o un líder, es un derecho que tenemos todas las mujeres, que podemos ir a ejercer nuestro voto, pero también que pueden votar por nosotras”.
Abundó que hay una brecha salarial de desigualdad entre hombres y mujeres, esto porque “no estudiamos carreras que sean mejor pagadas y esto lo paso al terreno de la política, porque es el único rubro que está más paritario, porque las mujeres en México de cada 100 empresas de un nivel alto las coordinan siete mujeres y hay una enorme brecha”.
Luz del Carmen Torreblanca dijo “es tiempo de las mujeres, pero de las mujeres que sí trabajan, que le den la oportunidad a la gran masa popular”. Esto fue apoyado por Aidé Martínez Casarrubias. Dijo “como candidata que he sido, existe la violencia política y todavía sigue existiendo, porque los mismos dirigentes de partidos te ponen el pie para que no avances”.
Martínez Casarrubias dijo que las mujeres “tenemos que preparar porque cada día se van abriendo más brechas en la cuestión política y tenemos que tener más conocimiento en el tema y tenemos que arroparnos con las que están en la curul para bajar recursos, porque cuando llegan al poder se olvidan de las mujeres que transforman el país”.
Guadalupe Medina dijo que las mujeres “somos importantes en esta sociedad, y que parte de la democracia ha sido por la mujer y hago un llamado para que los hombres nos apoyen y que no entorpezcan esta labor que estamos haciendo nosotras”.
En tanto, Enrique Solano López dijo que debe existir sororidad entre las mujeres que están en un cargo porque “muchas veces no hay empatía y el claro ejemplo es que estamos en este mes del cáncer de mama y habría que ver que presupuesto tiene el estado y el municipio destinado y más vergonzoso saber cuántas diputadas o regidoras le están apostando a este tema que es de derechos humanos”.
El parlamentarista Jorge Adame Alarcón en su participación con el tema Identidad y representación política de los adultos mayores Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Durante el primer Parlamento de Adultos Mayores en el Congreso local, los participantes demandaron un representante en el poder Legislativo y una regiduría en los ayuntamientos; que los diputados intervengan para que el gobierno del estado cumpla con todas las obligaciones en el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), y que haya de que haya políticas públicas para la calidad de vida del sector vulnerable.
En la instalación del parlamento, a las 11 de la mañana, la presidenta de la Mesa Directiva, Leticia Mosso Hernández, destacó que en Guerrero, de cada 100 personas 46 son mayores de 60 años, y la presidenta de la Comisión de Atención a los Adultos Mayores del Congreso del Estado, Jessica Ivette Alejo Rayo, reconoció la necesidad de construir una cultura sin discriminacion ni violencia las personas mayores.
Después de la protesta de ley del parlamento, y la designación de la mesa directiva, la sesión comenzó directamente con las participaciones, donde también expresaron preocupación por la salud ante la longevidad de la población, y pidieron mejorar los espacios públicos para caminar con libertad, sin mayores riesgo de accidentes.
El parlamentarista Juan Manuel Macedo Gonzalez señaló que, con un promedio de vida de 70 a 80 años, hoy la población mayor es más longeva que sus padres y sus abuelos, pero viven bajo el estigma de que son improductivos, y se les borra todo posible sueño ocupacional. Añadió que también son olvidados por los jóvenes, que parecen pensar que nunca llegarán a viejos, y desde las instituciones, señaló que podrían ayudar a cambiar esa mentalidad.
De Coyuca de Benítez, María Guadalupe Rodríguez Bataz, aclaró que los apoyos al sector son insuficientes, y solicitó para su municipio una casa donde puedan impartir y recibir cursos con los jóvenes, de manualidades, música, baile, con atención médica, “un lugar donde pueden sentirse útiles, aprender, trabajar y vender lo que realicen en los talleres. Que la juventud que hoy vivimos es victoria, no es fracaso”.
Jorge Adame Alarcón se quejó que no han sido tomados en cuenta en las políticas públicas, a través de estrategias adecuadas para aprovechar la experiencia acumulada en la vida productiva y profesional de la población de edad avanzada, a pesar de que hay una ley reformada en 2022.
Aún cuando están presentes en todos los estratos sociales, denunció que el sector sigue marginado de la vida política. Para el reconocimiento como sector importante dentro de la sociedad, planteó que cuente con una representación política en el Congreso local, “ contar con un escaño, con la diputación del adulto mayor, y en los cabildos municipales una regidurías, es menester que seamos representados en los espacios de representación popular”.
La parlamentaria Clara Pérez Atrixco de la colonia Flores Baños de Chilpancingo, pidió que haya un diputado adulto mayor, como la representación que habría del diputado migrante.
Cándido Prudente Guerrero explicó que el sistema inmune del adulto mayor es más vulnerable ante los riesgos sanitarios, por la naturaleza del envejecimiento, y son doblemente vulnerados porque tienen los ingresos más reducidos.
Señaló que las mujeres ocupadas en el hogar y en el campo, tienen menos ingresos que los hombres. Aunque las pensiones de apoyo, ayudan, falta el trato humanista con atención tanatológica
De Atoyac, Angelica Castro Rebolledo urgió que haya hospitales de tercer nivel en en las principales ciudades del estado, ante incremento de la esperanza de vida de la humanidad, y exhortó a los diputados a hacer buenas propuestas de salud, como un asunto prioritario, “cotidianamente encontramos que hay pocos médicos en hospitales, aunado a falta de medicamentos que afecta a todos los guerrerenses”.
Abundio Gnzalez Tecolapa pidió el hospital de especialidades para la población adulta, y que la ley define a este sector a partir de los 60 años de edad. “Hoy en la Constitución Política de la República habla de 68 años”, dijo.
Propuso también que la pensión Guerrero, del gobierno estatal, sea equivalente al menos en 50 por ciento al programa federal, y que llegue a toda la ciudadanía, no sólo a determinadas personas.
Melitón López Peralta reconoció que la administración federal tiene una política pública para los adultos mayores, pero pidió que “sea el principio y no el fin de la apertura democrática para un sector más vulnerable que los demás”.
Propuso el impulso de proyectos económicos, “aunque haya violencia en algunas partes, no significa que nos vamos a quedar apachurrados, el trabajo productivo tiene que seguir, porque lo necesitan nuestros hijos y nietos”.
Quejas sobre el ISSSPEG
Sobre el ISSSPEG, María Guadalupe Abarca Pesquera denunció que el gobierno estatal no ha cumplido con todas las prestaciones obligatorias para los 7 mil jubilados en el sistema, pese a que, cuando salen del servicio, los trabajadores reciben de pensión, el 50 por ciento del salario que tenían como activos.
Señaló que tienen derecho a seguros de riesgo, jubilación de vejez, por causa de muerte y gastos funerario, además de gozar de 120 días de salario al momento de recibir la baja “para que no se quede desamparado durante el procedimiento administrativo y nunca se ha cumplido por el déficit economico”.
Pidió la intervención de los diputados para que el estado atienda estas obligaciones en tiempo en forma, no de manera reducida o en partes, y que la totalidad del seguro de vida sea cubierta por el estado, “que ya no sea descontado de las pensiones que son muy bajas.
Mérida Carolina Añorve López agregó que la reforma a la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos en 2012, se establecieron los porcentajes de pago de obligaciones para los jubilados del gobierno del estado
Aseguró que los activos de 61 sesiones del SUSPEG, hacen aportaciones para cubrir el pago de 7 mil jubilados, por lo tanto, recriminó que todavía hay rezagos en los pagos, y persistan los adeudos históricos.
Concluyó: “no nos quedaremos callados seguiremos manifestando las inconformidades e injusticias para encontrar soluciones a los problemas que enfrentamos como sector vulnerable, sabio y digno”.
Urbano Pablo Peralta pidió la compra de una casa o terreno en la colonia CNOP en la capital del estado para actividades recreativas para la promoción de la Cultura del envejecimiento.
Aurelio Arcos Castillo y Lucila Flores López solicitaron el arreglo de las calles y el retiro de las escaleras sobre la vía pública, para evitar caídas de las personas de la tercera edad que salen a caminar.
“Nos impide transitar seguros y libres de accidentes”, señaló Lucila Flores, particularmente en el zócalo de Chilpancingo.
El PRI, PRD y PAN, solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) que intervenga “como máxima autoridad administrativa electoral, y que pueda conminar y exhortar al gobierno del estado y al Congreso local a emitir los ajustes presupuestales necesarios para garantizar el desarrollo del proceso electoral y la adecuada ministración del financiamiento público de los partidos políticos, lo que es un derecho constitucional”.
La presidenta del IEPC Luz Fabiola Matildes Gama ha informado que necesita para las actividades de este año 57 millones de pesos adicionales al presupuesto de 142 millones de pesos que le fue autorizado este año, para llevar a cabo los trabajos preparativos para el proceso electoral del próximo año, una de las acciones inmediatas es la instalación de los 28 Consejos Distritales.
Este lunes, mediante un escrito los dirigentes estatales de los tres partidos que integran el Frente Amplio por México (FAM) llevaron a la instancia federal el problema que arrastra el gobierno estatal morenista que ha retrasado la entrega de las partidas presupuestales al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
En el documento dirigido a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y a la presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del INE, Dania Paola Ravel Cuevas, los dirigentes partidistas exponen que el retraso reiterado del gobierno estatal en la entrega del presupuesto al IEPC no sólo afecta al órgano electoral local sino a los partidos políticos, “nos vemos afectados ante la imposibilidad de desarrollar nuestras actividades partidistas que por ley tenemos derecho, lo cual también nos deja en un estado de inoperatividad e infuncionalidad, y en el marco del proceso electoral nos afecta en el desarrollo de nuestra competitividad electoral”.
Entre los señalamientos que hacen los partidos en el escrito de tres cuartillas es que el gobierno de Guerrero atenta contra el estado de derecho y la democracia. Otra observación que hacen los partidos del FAM es que el gobierno del estado viola la Constitución al incumplir con el calendario de ministraciones al IEPC y el problema se agudiza al considerar que el pasado 8 de septiembre dio inicio el proceso electoral local mediante el cual se renovará el Congreso local y los Ayuntamientos y la falta de recursos “está afectando los actos preparatorios” para los comicios del 2 de junio de 2024.
En el texto los dirigentes partidistas recuerdan que en el Acuerdo 002/SE/13-01-23 se determinó el financiamiento a los partidos políticos y en el apartado cuarto se estableció que los montos de financiamiento público se entregarían cada mes “dentro de los primeros 15 días hábiles de cada mes”.
El documento, fechado en Chilpancingo el pasado 26 de septiembre va suscrito por los presidentes del PAN, Eloy Salmerón Diaz; del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, fue entregado ayer en las oficinas del INE en la Ciudad de México.
El mismo documento junto con otro se entregarán hoy en la Junta Local del INE en Chilpancingo.
Evaluarán hoy consejeros del IEPC acciones ante la crisis financiera
Los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), se reunirán hoy para realizar el balance de la crisis financiera por la que atraviesa a partir de que no han recibido el presupuesto de junio, julio, agosto y septiembre y que no se les ha autorizado la ampliación presupuestal de 57 millones para esteaño.
Ayer se buscó a consejeras y consejeros, incluida la presidenta Luz Fabiola Matildes Gama quien no atendió las llamadas.
Sin embargo, fuentes del IEPC informaron que este día desde temprano habrá reuniones de consejeros para revisar “la gravedad” de la crisis financiera del órgano, cuáles son los asuntos más urgentes, o los que podrían generarse mayores complicaciones si no son atendidos de inmediato.
Ayer, las dirigencias del PRD, PRI y PAN enviaron al INE un documento en el que piden su intervención para que se les liberen las prerrogativas en el que señalan que el IEPC no ha ministrado el recurso y que esto “genera graves afectaciones operativas en las actividades que realizamos”.
Los presidentes del PRI, Alejandro Bravo Abarca; del PRD Alberto Catalán Bastida; y del PAN Eloy Salmerón Díaz, señalaron que “sabemos que ha habido una clara intención del gobierno federal de eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales, por ello, no se ha considerado los incrementos ni las solicitudes de aumento a su presupuesto, por el contrario, han sido objeto de recortes injustificados que inciden en las actividades organizativas, operativas y administrativas del Instituto Electoral Local”.
Y acusaron: “no obstante, no puede el gobierno del estado de manera deliberada atentar contra el Instituto electoral, pues se trata de un organismo autónomo importante para nuestra vida democrática, dado que garantizan el ejercicio de los ciudadanos a votar y ser votados, así como a los partidos políticos de promover la participación, postulación e integración de los poderes públicos, por tanto, representa una grave violación al estado de derecho y a la democracia”.
Pobladores de Lindavista, municipio de San Miguel Totolapan, esperan con cartulinas de protesta la llegada de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda en Puerto del Gallo, municipio de Heliodoro Castillo, el martes pasado Foto: Lenin Ocampo Torres / archivo
Rosendo Betancourt Radilla
Chilpancingo
El presidente del Comité de Caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, consideró que la petición de armarse de vecinos de la Sierra a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es porque se sienten desesperados, “el gobierno no puede, la solución está en nosotros”.
Por separado, el comisario de Linda Vista, Juan Nazario se sumó a la petición de que se les permita armarse. Informó que no hay una operación de seguridad en la zona como les ofreció la mandataria, y ayer había militares que le dijeron que iban de paso.
Este martes Evelyn Salgado acudió a Puerto del Gallo, municipio de Heliodoro Castillo, en donde comisarios de 67 comunidades de San Miguel Totolapan y de la mencionada demarcación le pidieron seguridad y que les permita armarse legalmente, para defenderse de las incursiones del grupo criminal la Familia michoacana, a lo que la mandataria accedió.
Durante las actividades de la supervisión de la pavimentación del camino Puerto del Gallo-Toro Muerto-Linda Vista-Petlacala, comisarios y vecinos la abordaron y le pidieron que les permita armarse legalmente. Ella aceptó, pero dijo que tiene que hacerse por la vía legal.
El secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, informó a los manifestantes que hay un proyecto que se está trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública para hacer la Policía Rural y que en las comunidades se elija a gente “honorable” para que esté a cargo de la seguridad.
Afirmó que ya había seguridad en la zona. Le respondieron que era mentira, que los soldados se fueron de Toro Muerto y replicó, “llegaron hoy”, y ofreció seguridad.
Consultado ayer por teléfono, el comisario de Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan, Juan Nazario denunció que no hay ninguna operación de seguridad en la zona, que si bien acudieron militares, éstos le dijeron que fue una coincidencia que estuvieran en el lugar el día que la gobernadora acudió a supervisar la carretera, a unas tres horas Linda Vista.
“Seguimos igual, la gobernadora nos dijo que iba a mandar la seguridad ayer mismo, pero no ha mandado nada; sí tenemos a gente del gobierno (soldados del Ejército) que llegó ayer, pero me dicen que vienen de paso, que no vienen a quedarse, que no vienen como parte de un operativo de seguridad para la Sierra, ni vienen de parte de la gobernadora”.
Los militares le dijeron que “así como llegaron así mismo se van, ahora sí que ya no le creemos a la gobernadora que vaya a mandar un destacamento militar para acá como prometió, ya se hubiera visto desde ayer (el martes) o por lo menos hoy (miércoles)”.
De las actividades del Ejército agregó, “me dicen que nomás vienen a inspeccionar al área que no les corresponde, eso me dijeron a mí”.
Expuso que su alternativa es mantener el contacto con el delegado del gobierno del estado para la Sierra, Saúl López Sollano, “para que se cumpla lo que nos dijo, que habrá seguridad”.
Que se arme a los pueblos de manera legal, insiste Víctor Espino
El presidente del Comité de Caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, mencionó que hay una frase del presidente Andrés Manuel López Obrador que retoma para que se permita que los pueblos se armen: “con el pueblo todo, sin el pueblo, nada”.
De la petición a la gobernadora de vecinos de la Sierra de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo, expuso que es lo que ha planteado desde que se recrudeció la violencia en la zona, “lo mismo nos vino a decir acá la gobernadora, que se iba a revisar y es la fecha en que no ha regresado”.
Advirtió que el de la seguridad es un problema grave en la octava región, porque los gobiernos estatal y federal “ni nos defienden ni nos dejan defendernos, la gobernadora vino a El Durazno, quedó de regresar. Algunas cosas sí se le agradecen, las bases de operaciones en la sierra están algunas, pero la Policía Estatal ya se bajó de Los Bayados, ya se fue de El Durazno, de Las mesas”, en la sierra de Ajuchitlán y de Coyuca de Catalán.
“Insistimos, la solución es que se formen las guardias rurales en la Sierra o en cualquier pueblo atacado, vemos que las autoridades no pueden y no van a poder, ya se va a ir el presidente López Obrador y es la misma cosa, el gobierno no puede, la solución es que se armen las guardias rurales, están sustentadas legalmente”.
Citó la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea y como lo ha hecho anteriormente, propuso que los militares estén a cargo.
Cuestionó, “qué le tienen miedo a los pueblos, no quieren que nos defendamos pero legalmente se puede. El detalle es que si no aceptan los pueblos se arman de manera ilegal, de manera ilegal, porque está el problema, nos están matando en la sierra”.
Afirmó que ya hay un movimiento masivo de autodefensa, “esto no lo van a parar, a los de la sierra de Totolapan ni los conozco pero es el mismo problema, y la solución es esa, que dejen que los pueblos se armen, la gobernadora no nos da respuesta, nomás dice que sí pero no dice cuándo, no hay nada en concreto”.
“A poco el Ejército tiene miedo de que los pueblos se armen, ellos tendrían el mando, o será que les llega el centavo y no les conviene a los generales, nomás se meten en medio cuando está el pleito, pero no corretean al que anda haciendo el mal”.
Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa insistieron que el Ejército “tuvo una participación directa e indirecta” en la desaparición de sus hijos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
En un comunicado enviado a los medios de comunicación reclamaron que hasta el día de hoy no saben de sus hijos, y eso “lacera nuestras vidas”.
Dijeron que las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEl) y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj, han establecido que el Ejército tenía agentes encubiertos en la Normal, por lo tanto, sabían de sus movimientos. Ademas, un soldado (Julio César López Patolzin) estaba encubierto en la escuela y también fue desaparecido la noche del 26 de septiembre del 2014.
Los padres y madres reprocharon que los mandos militares tuvieron información en tiempo real de lo que le ocurría y no hicieron nada para rescatar a los estudiantes.
“Dos agentes militares estaban dirigiendo el C4 en Iguala, dando seguimiento a los estudiantes en tiempo real. Varias patrullas militares se desplegaron a los sitios donde los estudiantes eran agredidos y desaparecidos”, se lee en el documento.
Destacaron una conversación entre un jefe de la organización criminal Guerreros Unidos con uno de la policía de Iguala. En la misma refieren “que 17 estudiantes están siendo llevados a unas fosas fuera de la ciudad”.
“El último reporte del GIEl revela que esta información se encuentra en los archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) del 27 Batallón de infantería de Iguala Guerrero. Pese a los requerimientos legales el instituto armado se niega a entregarla”.
Las madres y padres volvieron a exigir la entrega inmediata de la información en poder de los militares para dar con el paradero de los jóvenes.
Información que el Ejército se niega a entregar sobre el paradero de los 43:
1. La comunicación que habla que 17 estudiantes fueron trasladados a la
Brecha de los Lobos.
2. El dispositivo donde fue almacenada la comunicación intervenida.
3. La identidad del militar que hizo la intervención telefónica a fin de que aporte más datos.
4. Los números de teléfonos que fueron intervenidos a fin de hacerle estudios y análisis para que aporten una red de vínculos más amplia.
5. Las últimas comunicaciones de Julio César López Patolzin, agente militar encubierto en Ayotzinapa, hoy desaparecido.
6. Los últimos reportes de los agentes de inteligencia militar que dieron seguimiento a los estudiantes en Iguala.
7. Los últimos reportes del C4 que corresponden al momento de la desaparición de los estudiantes.
Parlamentaristas dan un minuto de aplausos por las comunidades indígenas del estado Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Los integrantes del Parlamento Juvenil 2023 llevaron a tribuna temas como la demanda de presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la violencia contra las mujeres y feminicidios, y crímenes de odio contra la comunidad de la diversidad sexual.
El parlamentarista de la región Montaña, Aran Yael Ruiz Robles recordó en tribuna que en unos días se cumplirá un aniversario más de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: “llevamos nueve años sin respuesta, ¡porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! No podemos festejar un día de la juventud, tener un mes de juventud, si no tenemos a los jóvenes aquí, no podemos festejar si no tenemos a los estudiantes desaparecidos”.
En su intervención el parlamentarista habló de la atención y erradicación de las adicciones de personas en situación de calle, en el caso de la Montaña, dijo de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Guerrero que en lo que va del año incrementó en 9.9 por ciento el consumo de sustancias ilícitas, el 10.3 por ciento en el consumo de alcohol y tabaco, así como un 200 por ciento en trastornos de depresión y estrés.
Planteó la creación de un programa integral de atención y prevención de problemas mentales y de adicción, para brindar atención primaria a los jóvenes de la región.
Alexis Barrios Solís como representante e integrante del grupo vulnerable con discapacidad intelectual como el autismo y TDH, lamentó que no haya una política de inclusión y de prevención de acoso escolar, mucho menos de estrategias para potencializar las capacidades de este grupo.
Ana Sabrina Bello Rodríguez, pidió a los legisladores y a los gobiernos a que pongan a los jóvenes y los derechos de las mujeres en el centro de la agenda “con nuestras necesidades, no con las suyas”.
En representación de la comunidad de la diversidad sexual, Amador Vázquez Leal, originario de Alpoyeca, dijo que hay “ineficacia” en la atención a este sector por la usurpación de los espacios en el Congreso local.
Propuso sancionar y castigar a quienes suplanten o usurpen espacios de representación destinados a los sectores vulnerables, también el establecer filtros para quienes quieran representar a estos grupos como la obligación de presentar un proyecto de trabajo.
Briseida Angulo planteó asignar mayor presupuesto para las mujeres de la región Sierra, las cuales dijo que están olvidadas, y mencionó también una serie de necesidades de la zona como caminos, la falta de educación consecuencia de la inseguridad “en estos momentos se están desplazando, nos estamos quedando con comunidades sin habitantes por temas se inseguridad, por falta de empleos, de oportunidades”.
Una de las demandas que se reiteraron fue el pedir a la 63 legislatura que verdaderamente tome en cuenta las propuestas planteadas en este parlamento y que no sean solamente escuchados cada año en estas actividades.
Plantearon asumir su compromiso de crear leyes e implementar acciones que aseguren el respeto a los derechos humanos de las y los jóvenes, principalmente de los grupos vulnerados como los indígenas, afromexicanos, con discapacidad y de la comunidad LGBTTTIQ.el parlamento se realizó en el salón de Plenos del Congreso del Estado, donde los 43 parlamentaristas representantes de las ocho regiones de Guerrero plantearon sus propuestas en un limitado tiempo de tres minutos por cada participación.
Otras de las propuestas fueron el reformar la Ley de Educación del Estado e integrar la asignatura de educación para la vida adulta y finanzas básicas en los niveles básico y medio superior, y garantizar que los partidos políticos den espacios de representación popular, como diputaciones federales, locales y regidurías.
Para eso, plantearon , y que sean las asignaciones sean vigiladas por el IEPC para su cumplimento, y de no ser así, sean sancionados los responsables conforme a las leyes en la materia recientemente armonizadas para garantizar la participación de los sectores históricamente marginados.
Madres y familiares de los jóvenes desaparecidos en el centro de rehabilitación Renovación Espiritual, en la conferencia de prensa que ofrecieron para pedir a sus captores los liberen Foto: Carlos Carbajal
Jacob Morales Antonio
Madres de tres de las siete personas privadas de la libertad y desaparecidas desde el viernes del Centro Rehabilitación Renovación Espiritual, ubicado en la Colonia Vista Hermosa, de Acapulco, pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que sus hijos aparezcan con vida.
Por la mañana, las madres de Julio Pérez García, de 15 años; Jesús Arroyo Venegas, de 38, y Brian Josué Vargas Hernández de 25 años, dieron una conferencia de prensa en el restaurante Vips de Galerías Acapulco. Y a las 6 de la tarde comenzaron la entrega de volantes con los rostros de sus hijos en la Costera, frente al Asta Bandera.
En la conferencia de prensa, la señora Guadalupe Hernández Zavaleta, madre Brian Josué, pidió la ayuda de la sociedad para dar con el paradero de su hijo, quien no tenía ningún vicio y acudía al grupo de rehabilitación en ayuda y como un acto de buena voluntad para las personas que ahí se encontraban.
Entre el llanto expresó:“No se metía en problemas, no tomaba, ni fumaba. ¿A dónde está? Le pido al presidente que busque a mi hijo, él solo trataba de ayudar a los alcohólicos”.
La madre de Jesús Arroyo, Rebeca Venegas García agregó: “exijo al señor presidente que tome cartas en el asunto. No es posible que nada más cuando sean personas de dinero o cargo político, agilicen las búsquedas, eso es lo que pedimos”.
Con el rostro empapado de lágrimas, expresó: “yo, en mi caso, quiero a mi hijo. Si Dios me lo entrega, si es con vida, bendito Dios; que tenga una tumba, donde llorarle”.
La mujer reclamó que si su hijo no aparece va a realizar bloqueos, y cerrará el Ayuntamiento para que le den respuesta. Y pedirá apoyo de varios grupos de ayuda para protestar.
A los captores les dijo que “si fueron por una persona, que se queden con esa persona, pero no con los demás”. Resaltó que su hijo quien había superado sus vicios. Entre otras actividades que realizaba en el anexo era llevar comida a las personas en los hospitales públicos.
La mujer reclamó que los militares y personal de la Marina sólo pasean por la Costera, pero no va a las colonias a dar seguridad y vigilar. También recriminó que no hay avances en las investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado y que las búsquedas las han realizado en el lugar de donde se llevaron a sus hijos, pero que no han extendido.
La madre de Julio, de 15 años, Alicia Jimenez García, reclamó que en las dos reuniones que han sostenido con las autoridades ministeriales en la Fiscalía Regional le dicen lo mismo que en la primera reunión del lunes, y no ve avances.
La mujer indicó que quien dio las declaraciones este lunes en el bloqueo fue la tía del joven, de nombre María Elena Perez. La señora Alicia dijo que su hijo le había dicho que una vez que terminara su proceso de recuperación que duró seis meses, iba a estar tres meses más apoyando a otros compañeros, pero que él ya no se quedaba a dormir en el lugar, sino que salía y se iba a su casa.
Por la noche, las madres y otros amigos entregaron volantes con los rostros de los desaparecidos a automovilistas, y también pegaron algunas de las fichas de búsqueda en los medallones de los taxis que pasaban por la Costera, frente del Asta Bandera.
Reclamaron que el encargado del lugar, Hans Christopher García Martínez, no ha dado la cara, y tampoco la Fiscalía lo ha llamado a declarar, pese a que él es el responsable del centro de rehabilitación.
En una primera versión que se conoció por las familias de los desaparecidos, indicaron que hombres armados con una patrulla con emblemas de la Fiscalía General del Estado fueron los que entraron al centro de rehabilitación y sacaron a los jóvenes, pero esta versión según los propias familiares les fue desconocida por la Fiscalía. La institución no ha emitido un comentario sobre este señalamiento.
No es la primera vez que se señala a una camioneta con emblemas de la Fiscalía participar en un hecho delictivo. La familia de la estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Harumi ,de 18 años, quien fue reportada como desaparecida el 28 de julio y encontrada muerta en una fosa clandestina, el 31 de julio, junto al cuerpo de su novio, señalaron a elementos de la Policía Ministerial sacar a los dos jóvenes de una vivienda en la colonia Quebradora, en la parte alta.
La Fiscalía no precisa el número de desaparecidos
La Fiscalía General del Estado emitió este miércoles dos escuetos boletines. En el primero a las 3:41 de la tarde, que el Fiscal Regional de Acapulco Rafael Saldaña Julián atendió por segundo día consecutivo a familiares de las “cinco personas reportadas como desaparecidas en la ciudad de Acapulco”, pero no se dan mayores detalles, ni las líneas de investigación que se siguen.
En un segundo boletín a las 5:14 de la tarde, informó de la búsqueda de seis personas, “como parte de los trabajos de búsqueda inmediata para dar con el paradero de seis personas desaparecidas, la Fiscalía General del Estado, por segundo día consecutivo desplegó un intenso operativo con autoridades de los tres órdenes de gobierno”.
En el despliegue por tierra en distintas zonas de Acapulco participan más de 50 efectivos pertenecientes a la Policía Investigadora Ministerial, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, autoridades de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Unidad Canina de Búsqueda de la Fiscalía.
Las únicas alertas que se han emitido por parte de la Fiscalía son de Moises Tomás Juárez Abarca de 38 años, Brian Josue Vargas Hernández de 25 años, ambos pertenecientes a la comunidad LGBTIQ, Jesús Arroyo Venegas de 38 años, Erik Calixto Chavez de 23 años, así como la Alerta Amber del menor Julio Pérez García de 15 años, no así de Maria Perla Guzmán, y Andrés Gabriel Delgado, y quienes han sido nombrados por los familiares de los otras víctimas en las conferencias pero no tienen mayor información.
