Reconoce mando de la GN que hay quienes controlan sectores de trabajadores en playas

El comandante de la Cuarta Coordinación de Batallón del Mando Especial de la Guardia Nacional en Acapulco, el coronel José Manuel Aguilar Miguel en las instalaciones de la corporación Foto: El Sur

Óscar Ricardo Muñoz Cano

El comandante de la Cuarta Coordinación de Batallón del Mando Especial de la Guardia Nacional en Acapulco, el coronel José Manuel Aguilar Miguel, declaró que existen grupos o personas que controlan algunos sectores de prestadores de servicios en las playas de Acapulco y que la falta de denuncia impide que se pueda actuar en consecuencia.
Asimismo, y luego de que el domingo anterior un soldado disparara su arma para disuadir una riña entre prestadores de servicios turísticos y una familia de la Ciudad de México que había llegado a playa Majahua, reveló que hay una investigación en curso “y tengan la certeza de que si alguien cometió alguna irregularidad tendrá las sanciones correspondientes”.
Aguilar Miguel en las instalaciones del batallón, ubicado en Llano Largo, donde ofreció una visita guiada, y luego de que a principios de mes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informara de la detención en nueve cateos de 11 personas de una presunta organización criminal dedicada a la extorsión de prestadores de servicios turísticos en Acapulco, dijo que “hay grupos o personas que controlan algunos sectores de prestadores de servicios y que, lamentablemente, los manipulan, lamentó, “pareciera, o se tiene conocimiento, sin que yo tenga elementos de juicio concretos ni denuncias formales, de que les cobran por trabajar en la playa, por el espacio que ocupan y que tienen que participar cuando son convocados a marchas o actividades. Quien no asiste recibe algún tipo de sanción dentro de ese gremio. Sabemos que existen o que se tiene conocimiento de ese tipo de acciones; sin embargo, al no haber denuncia es difícil para nosotros actuar”.
No obstante, “nosotros estamos permanentemente en todas las playas de esta zona turística y siempre buscamos, a través de la proximidad social, inhibir y prevenir el delito, además de recuperar espacios. Esa es la función principal de la Guardia Nacional aquí en Acapulco generar confianza. Definitivamente hay muchas áreas de oportunidad, pero sin una denuncia es difícil actuar. No dudo que haya personas delinquiendo y que cuando nos ven actúen como cualquier ciudadano. Mientras no los sorprendamos en flagrancia, conforme al Artículo 16 constitucional, no podemos actuar de otra manera”.

Se investiga riña en Majahua

Tras aceptar que no le corresponde de manera directa a la Guardia Nacional la revisión y vigilancia de las playas, en relación a los hechos ocurridos en playa Majahua el pasado domingo, el coronel Aguilar Miguel informó: “de acuerdo con la información que tenemos, efectivamente hubo una trifulca e intento de linchamiento por parte de prestadores de servicios al no poder llegar a un acuerdo con tres familias que llegaron a esa playa”.
No llegaron a un acuerdo en cuestiones de estacionamiento y cobros que ellos exigían, explicó, a pesar de que el personal que estaba ahí tenía la consigna de mediar en el incidente.
“Los prestadores de servicios comenzaron a aglomerarse e intentaron agredir a los turistas e incluso al personal militar; como reacción, tuvo que actuar el personal militar y lamentablemente la situación se salió un poco de control”, agregó.
“Afortunadamente, acudimos los mandos correspondientes para solucionar el tema y ahí quedó el asunto. Después, los prestadores de servicios no nos permitían salir del lugar a los mandos, aun cuando ya se había disuelto la presunta riña “por lo que dijo, se dialogó con ellos y se llegó a un acuerdo”.
Actualmente, destacó, “se están llevando a cabo las investigaciones y tengan la certeza de que si alguien cometió alguna irregularidad tendrá las sanciones correspondientes. Eso debe quedar muy claro: La Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea tienen cero tolerancia ante actos que no corresponden”.

Un detenido luego de asesinato de taxista en la Costera

Luego de que el pasado 15 de junio hombres armados a bordo de una motocicleta interceptaron y asesinaron a un taxista en la avenida Costera, frente a un acceso hacia Sinfonía del Mar, en la zona Tradicional de Acapulco, el coronel reveló que una vez que se hizo el reporte, “se obtuvo información y nos coordinamos todas las instituciones. Se aseguró a una persona como presunta responsable y se actuó conforme a derecho. Las investigaciones continúan, pero existe una persona detenida en relación con esos hechos.
Mientras tanto, señaló que al momento tiene más de 250 agentes desplegados por turno sobre la franja turística de Acapulco “y trabajamos las 24 horas, los siete días de la semana”.
Destacó que en este Batallón existen tres dormitorios para alojar a 750 agentes, área deportiva, alberca, comedor, área de sanidad y área de transportes, con todas las necesidades logísticas.

 

Llega el general Lara Ceballos como nuevo coordinador general de la GN en Acapulco

Aurora Harrison

El sábado, el general brigadier José de Jesús de Lara Ceballos rindió protesta como coordinador general del Mando Especial de la Guardia Nacional en Acapulco.
La ceremonia fue presidida por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se llevó a cabo en las instalaciones del 51 Batallón de la Guardia Nacional, en el poblado de Plan de los Amates.
Lara Ceballos sustituye al general brigadier Agustín Reyna Mendoza, quien estuvo en el cargo desde septiembre de 2025, apenas siete meses.
El nuevo funcionario se ha desempeñado en distintos cargos operativos y de coordinación dentro de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, entre ellos coordinador estatal de la Guardia Nacional en Colima, comandante de unidades de Caballería Motorizada en diversos estados del país, así como jefe de Estado Mayor de la 47 Zona Militar.
En el comunicado del gobierno del estado, se informó que la gobernadora reiteró el compromiso de su administración de mantener la coordinación con las Fuerzas Armadas para fortalecer la seguridad y la construcción de la paz en las ocho regiones.
Además de que reconoció el trabajo de las corporaciones militares y de seguridad, destacando la labor de mujeres y hombres que participan diariamente en operaciones, despliegues y acciones de atención a emergencias para proteger a las familias guerrerenses y a los visitantes.
“Hoy les expreso mi reconocimiento a quienes resguardan nuestras colonias, comunidades, carreteras y espacios públicos, y que todos los días trabajan por la tranquilidad de Acapulco y Guerrero”, expresó Evelyn Salgado.
Aseguró que “compartimos una misma convicción: servir al pueblo de Acapulco y de Guerrero. Sigamos trabajando con coordinación, inteligencia y estrategia para seguir llevando seguridad y paz a nuestros hogares y comunidades”.
Asistieron representantes de las Fuerzas Armadas, autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno y mandos militares y navales, entre ellos el comandante de la Octava Región Naval, Martín Enrique Barney Montalvo; el presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado, Ricardo Salinas Sandoval, el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledesma Osuna, y el secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Federico Argumedo Rodríguez.

 

Vigilan autoridades tras amenazas la colocación del colector del drenaje en Pie de la Cuesta

Elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Policía del Estado resguardaron los trabajos de la CAPAMA para sustituir el colector sanitario de Pie de la Cuesta, a un costado de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en el poblado de El Pedregoso, luego de que el martes los trabajadores pararon sus labores por amenazas de un supuesto sindicato de constructores de Coyuca de Benítez Foto: Jesús Trigo

Jacob Morales Antonio

Este miércoles bajo la vigilancia del Ejército, la Guardia Nacional y Policía del Estado, reiniciaron los trabajos de introducción del nuevo colector del drenaje de Pie de la Cuesta paralizados el martes, luego que los trabajadores recibieron advertencias y amenazas de un supuesto sindicato de sonstructores que exigió tanto a CAPAMA como a Fonatur, a cargo de los trabajes, que contraten su maquinaria.
Los trabajos de introducción de la nueva tubería se efectúan a un costado de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el tramo de la comunidad de San Isidro, donde una retroexcavadora hace una zanja de unos unos cinco metros de profundidad para la colocación del nuevo tramo de tubería de 24 pulgadas, y conectarla a la planta tratadora de aguas residuales.
La presidenta de la Asociación de Restaurantes y Hoteles del Pie de la Cuesta, María Nelly Cienfuegos Mejía, explicó que los trabajos comenzaron la semana pasada en ese tramo, pero el martes un grupo de hombres, supuestos integrantes de un sindicato de constructores, amenazaron a los trabajadores y pararon las obras por temor.
La mañana de este martes los trabajos reiniciaron, una vez que la propia asociación solicitó la presencia de la seguridad, y el resguardo para poder concluir los trabajos, y que no se siga contaminando con descargas de aguas residuales la laguna de Coyuca de Benítez, debido que este colector recibe las aguas de las tres secciones de la colonia Jardín, Pie de la Cuesta, y El Pedregoso.
Alrededor de las 10 de la mañana al lugar llegó el director de la CAPAMA, Antonio Lorenzo Rojas Marcial, quien evitó dar declaraciones. La presidenta de restauranteros y hoteleros de la zona dijo que no permitirán que las obras se paren, debido a que el drenaje colapsado en Pie de la Cuesta es un problema de muchos años, que por primera vez observan que las autoridades lo están remediando.
Agradeció la presencia de una patrulla del Ejército, dos de la Guardia Nacional y una patrulla de la Policía Estatal, para el resguardo de la maquinaria pesada y de los trabajadores.
Se observó que una retroexcavadora y un camión de volteo de CAPAMA eran operados por los trabajadores, así como un vactor de Fonatur.

 

Chilpancingo no tiene policías para garantizar seguridad; hay 21% de los que necesita: Alarcón

El alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, en entrevista para El Sur en su oficina en el Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, declaró que la presencia de la Guardia Nacional y los militares que llegaron a vigilar la capital durante la Ferida de Navidad y Año Nuevo, inhibieron a la delincuencia.
Añadió que ello derivó en una considerable disminución de los delitos, y que eso lo motivó a pedir a los gobiernos federal y estatal que permanezcan en la ciudad para que se siga garantizando la seguridad.
En entrevista en su oficina del Palacio Municipal, el alcalde reconoció que para la autoridad municipal ha sido difícil el reclutamiento de más policías municipales, que son insuficientes, pues de 600 que se requieren hay apenas 130 (el 21 por ciento).
A unas horas de que cuatro motocicletas y un automóvil fueron incendiados en la colonia San Miguelito de Chilpancingo, al parecer por el crimen organizado, y a una semana del asesinato presuntamente por su padrastro de un niño de dos años en la colonia San Rafel Oriente de Chilpancingo, el alcalde dijo que éstos son hechos aislados.
En cuanto a su petición para que permanezca la presencia de la Guardia Nacional y los militares en el municipio, informó que en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz le explicaron que eso se determina mediante una evaluación constante en cada uno de los municipios y que en el caso de Chilpancingo ya se cumplió con el objetivo, que era la Feria de Navidad y Año Nuevo.
Sin embargo, el alcalde explicó que la situación es que Chilpancingo ya cuenta con una situación de vida diferente a la que se vivía antes de la Feria, “ya hemos avanzado en cuanto a seguridad y la idea es ya no retroceder”.
Indicó que por ello ha pedido, “con todo respeto”, que se mantenga el acompañamiento de la Guardia Nacional, de los militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por los resultados que se vieron durante las festividades de diciembre, pues su trabajo lo hicieron de manera “fantástica”.
Explicó que el objetivo de su petición a los gobiernos federal y estatal para que se mantenga la presencia de las fuerzas de seguridad es “no retroceder” en lo que se ha ganado.
Agregó que la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum ha reconocido la disminución de los delitos en Guerrero, “y si, aquí lo hemos visto en Chilpancingo, a excepción del problemita de hoy en la mañana, (el incendio de las cuatro motos y el vehículo) y el asesinato del niño”.
El alcalde, calificó ambos casos como aislados “son casos que tenemos como parte del escenario de la población”.
Alarcón Herrera reconoció que es necesaria la presencia de los gobiernos federal y estatal porque al municipio no le alcanza el número de policías municipales para garantizar la seguridad.
Informó que le ha sido muy difícil reclutar personal para la Policía Municipal, aunado a que tienen que pasar por un proceso de capacitación “y este procedimiento es muy lento”.
Declaró que de 600 policías que se requieren para el municipio, actualmente hay solamente 130 elementos, y que el año pasado de 80 aspirantes, solamente pidieron ingresar ocho.
“Precisamente por ello es el exhorto y la petición de que continúen la fuerza de la federación y del estado para mantener el municipio sin ningún problema”.
Luego de que el alcalde solicitó públicamente que permanezca en el municipio la Guardia Nacional y los soldados de la Sedena para mantener la seguridad en la capital, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, reclamó a los presidentes municipales participar activamente en las mesas regionales de coordinación para la paz, pues es el espacio institucional para reportar incidencias, solicitar apoyo y reforzar la colaboración entre autoridades federales, estatales y municipales.
Al respecto, Alarcón Herrera aseguró que en su caso siempre ha estado en las mesas regionales para la construcción de la paz. Informó que se realizan cuatro por mes y que en lo que va de su administración ha participado aproximadamente en 50.
Explicó que a la mesa estatal solamente ha subido en unas cuatro ocasiones, cuando las circunstancias de inseguridad de Chilpancingo así lo requieren, “pero a las regionales nunca he dejado de ir, cuando no asisto es porque voy a la estatal”.
Informó que precisamente en la mesa de ayer jueves agradeció a las instituciones de seguridad federal y estatal la disposición de seguir apoyando al municipio en materia de seguridad.
Aun cuando en los medios de comunicación y mediante las redes sociales, como Facebook, se ha percibido en ocasiones una confrontación entre la autoridad municipal y la estatal, por discrepancias en materia de seguridad, el alcalde aseguró que no hay tal ni descoordinación.
Sin embargo, el edil ha realizado pronunciamientos públicos en los que reclama la presencia en el municipio de las instituciones federales y estatales para que le ayuden a mantener la inseguridad.
Este jueves matizó, dijo que el apoyo siempre lo ha recibido de los gobiernos federal y estatal, pero que a veces es necesario presionar, “para ir corrigiendo”.

 

Suman mil 106 asesinatos en dos años a pesar de la fuerte presencia de la Guardia Nacional

Ramón Gracida Gómez

Acapulco, con una fuerte presencia de la Guardia Nacional tras el paso del huracán Otis, suma mil 106 asesinatos en dos años, un promedio diario de 1.6 homicidios dolosos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En septiembre de 2023, un mes antes del meteoro que devastó la ciudad completamente, se contabilizaron 49 carpetas de investigación por homicidio doloso, en el mismo mes, pero de 2024, la cifra se estancó en 50 carpetas, y en septiembre del año en curso bajaron a 41.
En reacción al desastre de Otis, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló de mandar 10 mil agentes de la Guardia Nacional, resguardados en 38 cuarteles.
Finalmente, la cifra bajó a 20 cuarteles y dos unidades habitacionales, los cuarteles están distribuidos en distintos puntos del municipio, dos de ellos en los cerros del parque nacional El Veladero, y las unidades habitacionales en la avenida Costera las Palmas, en la zona Diamante de Acapulco.
Más allá de los primeros meses después del desastre durante los cuales se habló de la presencia de 10 mil agentes, a los que se les veía durmiendo en distintos espacios públicos como el parque Papagayo, la cantidad no ha sido sostenida a lo largo de los dos años, la información más reciente reporta 3 mil 700 agentes.
En noviembre de 2023 fueron abiertas 33 carpetas de investigación por homicidio doloso, la cantidad bajó a 26 en el último mes de aquel año.
En todo el 2024 se contabilizaron 645 asesinatos en el municipio costero, empezó con 31 y terminó con la misma cantidad, el mes con más homicidios dolosos fue junio con 79 y después octubre con 72.
De enero a septiembre de 2025, último mes del que el SESNSP reporta datos en su página de Internet, se abrieron 402 carpetas de investigación por homicidio doloso, en enero fueron 48, luego bajaron a 32 en febrero y remontaron a 48 homicidios en marzo.
En lo que va del año, abril es el mes más violento con 68 asesinatos, uno de ellos es el del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, baleado el día 18 en el acceso a la playa Icacos de la calle Fragata de Yucatán, y fallecido en el hospital siete días después.
Del 1 de noviembre de 2023 al 30 de septiembre de 2025 transcurrieron 699 días, en los que se perpetraron un total de mil 106 asesinatos, o sea, 1.6 homicidios dolosos diariamente.
La presencia de la Guardia Nacional en Acapulco ha generado polémicas, una de ellas fue la intención de construir un cuartel dentro del Centro Cultural Acapulco, en la avenida Costera, la presión de la comunidad artística logró evitar la edificación, a diferencia de la oposición en el parque Papagayo o la unidad habitacional en Diamante, criticada por ejidatarios de La Poza.
Apenas el 14 de octubre, un sargento de la Guardia Nacional mató de dos balazos en la cabeza a la agente Stephany Carmona Rojas, de 20 años, dentro de las instalaciones del 51 Batallón de la corporación de seguridad, ubicado en el bulevar de Las Naciones, en la zona Diamante, primero se dijo que era una práctica de tiro, pero la familia de la víctima señaló que fue de forma deliberada y confirmó el jueves la detención del presunto culpable de nombre Manuel.
El sábado pasado en la tarde, hombres armados y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se enfrentaron a balazos en la calle Del Taller, en el fraccionamiento El Roble, tres policías quedaron lesionados, un presunto delincuente murió y seis personas fueron detenidas.

Buscan agentes al sargento de la GN que mató a balazos a una de sus compañeras

Fuerzas federales y estatales organizaron una operación de búsqueda en la zona Diamante y suburbana de Acapulco para localizar al agresor de la soldado de la Guardia Nacional ocurrido el martes pasado en un cuartel. Se supo que en esa zona esconde el sargento segundo.
De acuerdo con la información recabada, los agentes federales están concentrados en la zona suburbana de Acapulco y Diamante.
Los agentes federales y estatales, mantiene una operación de búsqueda del sargento segundo responsable del crimen desde el martes.
Hasta ayer las autoridades federales y estatales no han tenido éxito para encontrar al homicida de la soldado de la Guardia Nacional.
La soldado de la Guardia Nacional se llamó Stephania Carmona Rojas, de 20 años, originaria de Ajalpan, Puebla.
El sargento segundo de la Guardia Nacional identificado como Manuel huyó de las instalaciones de la Guardia Nacional.
Se supo que hay una operación permanente para buscar al agresor que está en una vivienda en la zona Diamante o parte de la zona suburbana como la colonia Llano Largo.
Se informó que hoy los familiares harán una marcha en la Ciudad de México para exigir justicia y esclarecimiento del crimen contra una soldado de la Guardia Nacional.
Una versión indica que la joven originaria de Puebla denunció al sargento segundo de la Guardia Nacional por acoso sexual.
La joven soldado de 20 años fue sepultada el sábado pasado en un panteón Ajalpan, Puebla, y la despidieron de cuerpo presente en un cuartel de la Guardia Nacional. (Argenis Salmerón).

 

Buscan las fiscalías de Guerrero y Puebla al sargento de la GN que mató a una agente

Dos agentes montan guardia ante el féretro de Stephania Carmona, en su ciudad natal, Ajalpan, Puebla t Foto: Tomada de Facebook
Dos agentes montan guardia ante el féretro de Stephania Carmona, en su ciudad natal, Ajalpan, Puebla t Foto: Tomada de Facebook

Jesús Guerrero / Agencia Reforma

Chilpancingo

La Fiscalía General del Estado (FGE) lleva a cabo la búsqueda de un sargento de la Guardia Nacional que mató de dos balazos a una agente en una supuesta práctica de tiro que se realizaba en las instalaciones del 51 Batallón de la Guardia Nacional que se encuentra en la Zona Diamante en Acapulco.
Se trata del sargento segundo Yair Manuel “N”, quien este martes 14 de octubre tras dar muerte a la agente Stephania Carmona Rojas, de 20 años de edad, se dio a la fuga.
Agentes de la Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal pusieron en marcha un despliegue en varias zonas de Acapulco, principalmente en las terminales de autobuses y sitios de taxi, para lograr la detención del militar sin que hasta este jueves lo hayan logrado.
En redes sociales se ha difundido que los familiares de la víctima aseguran que fue un feminicidio por lo que piden que se investigue como un crimen con perspectiva de género y denunciaron que las autoridades de la Fiscalía de Guerrero retrasaron la entrega del cuerpo.
El Ayuntamiento del Municipio de Ajalpan, Puebla, de donde era originaria Stephania Carmona, emitió un comunicado en el que exigió justicia a las autoridades y una investigación exhaustiva, transparente y con estricto apego a la ley para que el o los responsables de este acto no queden impunes.
“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, la justicia y la dignidad de todas las mujeres y manifestamos nuestra total disposición y acompañamiento a los familiares de la víctima y con toda la sociedad que hoy clama por la verdad y justicia”, indicó.
Este jueves, el cuerpo de la agente es velado en su tierra natal.
Al respecto, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó que la investigación estará a cargo de la Fiscalía estatal y la de Guerrero.

 

Inicia en Ayutla operativo de seguridad con más de 600 elementos estatales y federales

Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en un filtro de revisión a la salida de Ayutla Foto: José Luis de la Cruz

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal, realizaron un aparatoso operativo en el municipio de Ayutla en el que participan unos 600 elementos.
Antes, la operación Costa Chica Segura se presentó en las instalaciones del 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande, a tres días de la reunión del subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, con autoridades municipales de Ayutla.
En un boletín de prensa el gobierno estatal informó que “el arranque” estuvo encabezado por el comandante de la IX Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez, el subsecretario Rodríguez Cisneros y la concejal de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta, Elizabeth Calixto Leyva.
De acuerdo con un video de la presentación de las fuerzas federales y estatales que participarán en la operación, entre las armas que utilizarán hay calibre 50, además de que se apoyarán con drones, vehículos blindados y unidades caninas.
Las fuerzas de la operación interinstitucional Costa Chica Segura, se informó, se desplegará principalmente en Ayutla, y se dijo que fue un acuerdo de la reunión de Rodríguez Cisneros con los concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios municipales de las localidades donde opera la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Esa reunión se realizó después de la emboscada ocurrida el 16 de agosto cerca de El Cortijo, en Ayutla, donde de acuerdo con la dirigencia de la UPOEG fueron asesinados 12 policías ciudadanos y siete quedaron heridos.
Además, el domingo pasado la misma organización informó y compartió fotografías de su incursión en tres localidades: Lagunillas, de Ayutla, así como El Refugio y Colotepec de Tecoanapa, donde acordaron integrar a su policía ciudadana.
La UPOEG ha denunciado que en esas comunidades pretende ingresar el grupo delictivo de Los Ardillos ha señalado al mismo grupo como el responsable del ataque a los policías ciudadanos en El Cortijo.

Se busca que impere la legalidad: Rodríguez Cisneros

En declaraciones a los medios de comunicación después de la presentación de la operación, Rodríguez Cisneros informó que el propósito es “generar estabilidad, que impere la legalidad y que todos se sometan al imperio de la ley para contribuir a la paz en esta región”.
Explicó que las acciones en materia de seguridad se evalúan todos los días en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y que las acciones son resultado “de este trabajo coordinado en la mesa”.
Llamó a los concejales y a los comisarios municipales y delegados de los pueblos “a que entiendan que estas acciones son en beneficio de la sociedad y que no obstruyan la labor que se está realizando para salvaguardar la integridad física de las personas”.
Pidió su colaboración y participación porque “es importante, sobre todo para que quienes son autoridad estén de este lado, de lado de la ley, que contribuyan y colaboren a restablecer el tejido social en este proceso de construcción de la gobernabilidad”.
Le pidió a la coordinadora de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta municipal que sea portavoz con los comisarios de que independientemente del sistema en el que ellos se rigen, “hacia el exterior todos estamos obligados a cumplir la ley”.
Agregó: “El operativo va dirigido a todos aquellos que estén actuando fuera de la ley trátese de quien se trate, no trabajamos a favor ni en contra de nadie, no es una acción contra nadie, es una acción en favor de la sociedad, en este caso de la Costa Chica, y vamos a seguir trabajando de forma coordinada”.
Con respecto a los avances de las investigaciones relacionadas con la emboscada a los policías ciudadanos de la UPOEG el 16 de agosto pasado, dijo que lo informará la FGE, que es la que está “perfeccionando sus investigaciones”.
En el boletín de prensa, el gobierno del estado informó que el objetivo de la operación es “fortalecer la seguridad, la gobernabilidad y la paz social en la región Costa Chica.
Explicó que el Operativo Interinstitucional Costa Chica Segura, lo organiza el gobierno del estado en coordinación con las fuerzas armadas.
Agregó que durante el arranque de la operación, el subsecretario Rodríguez Cisneros destacó que esta acción “responde a los acuerdos establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, y como parte de una respuesta de atención integral a la región de la Costa Chica, reforzando el trabajo conjunto con municipios, fuerzas armadas y comunidades para proteger la integridad de la población”.
En el comunicado se dijo que el funcionario llamó a las autoridades municipales a cumplir su papel como primeros respondientes en la prevención del delito, “manteniendo diálogo y coordinación con comisarios y delegados”.
Asimismo, exhortó a canalizar de manera institucional cualquier inconformidad o queja contra los cuerpos de seguridad.

Patrullajes, puestos de control y actividades preventivas

Durante el banderazo del operativo se informó que más de 600 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, “entre otras instituciones”, participarán en patrullajes, puestos de control y actividades preventivas, siempre en apego a la normatividad y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Se informó que también asistieron al arranque del operativo el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledezma Ozuna; el fiscal general del Estado, Zapacna Jesús Torres Ojeda; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán y mandos de la Guardia Nacional.
Se informó en el mismo comunicado que en el evento el general Zapata Pérez exhortó a presidentes municipales, comisarios y autoridades locales a sumarse al esfuerzo interinstitucional, garantizando una coordinación permanente con la Guardia Nacional y el Ejército, bajo el respeto a los derechos humanos y a los usos y costumbres de las comunidades.
A su vez, el secretario de Seguridad Pública, Ledezma Ozuna, convocó a los municipios a profesionalizar y certificar a sus cuerpos policiales, con el fin de brindar un servicio confiable, cercano a la ciudadanía y orientado a consolidar la paz y la estabilidad en la Costa Chica.
Después de su presentación, las fuerzas federales y estatales recorrieron la carretera Cruz Grande-Tierra Colorada, pasaron Ayutla, realizaron una breve parada en El Cortijo, se siguieron a Tecoanapa, y se establecieron en Chacalapa, municipio de Juan R. Escuedero.
Esta no es la primera vez que los gobiernos federal y estatal anuncian de manera ostentosa un operativo de tal magnitud.
El 5 de octubre del 2024, el entonces comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Jorge Pedro Nieto, anunció el despliegue de batallones de tropas convencionales, unidades de fuerzas especiales y agentes de la Guardia Nacional, así como helicópteros “y demás medios tecnológicos”, en los municipios de Quechultenango y Chilapa y parte de Chilpancingo.
El objetivo, se dijo, era la búsqueda de 17 personas de la comunidad de Chautipan, municipio de Chilpancingo, desaparecidas entre el 21 y 27 de octubre en El Epazote, municipio de Chilapa de Álvarez y en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
Entonces, el comandante de la 35 Zona Militar informó que la Sedena dispuso el envío de manera inmediata de más de 400 militares para contribuir con las autoridades locales en la búsqueda de las 17 personas desaparecidas, entre ellas cinco menores de edad y dos mujeres.
Al día siguiente, aparecieron descuartizados 11 de los 17 cadáveres en la caja de una camioneta al sur de Chilpancingo, a unos 500 metros de la FGE, y aún siguen desaparecidas seis personas.
Sin embargo, del operativo anunciado nunca se volvió a hablar más, y los familiares de las personas que siguen desaparecidas informaron que después del hallazgo de los 11 cuerpos las autoridades suspendieron las búsquedas.

 

Inicia operativo en Ayutla con más de 600 elementos

Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal forman parte de la Operación Costa Chica Segura que arrancó ayer, 12 días después de la emboscada ocu-rrida el sábado 16 de agosto en la que fueron asesinados 12 policías ciudadanos de la UPOEG Foto: El Sur

Inicia en Ayutla operativo de seguridad con más de 600 elementos estatales y federales

Fue un acuerdo de la reunión del subsecretario de Gobierno Francisco Rodríguez con concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios donde opera la UPOEG, tras el asesinato de 12 policías ciudadanos en una emboscada, se informa en un comunicado estatal

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal, realizaron un aparatoso operativo en el municipio de Ayutla en el que participan unos 600 elementos.
Antes, la operación Costa Chica Segura se presentó en las instalaciones del 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande, a tres días de la reunión del subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, con autoridades municipales de Ayutla.
En un boletín de prensa el gobierno estatal informó que “el arranque” estuvo encabezado por el comandante de la IX Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez, el subsecretario Rodríguez Cisneros y la concejal de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta, Elizabeth Calixto Leyva.
De acuerdo con un video de la presentación de las fuerzas federales y estatales que participarán en la operación, entre las armas que utilizarán hay calibre 50, además de que se apoyarán con drones, vehículos blindados y unidades caninas.
Las fuerzas de la operación interinstitucional Costa Chica Segura, se informó, se desplegará principalmente en Ayutla, y se dijo que fue un acuerdo de la reunión de Rodríguez Cisneros con los concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios municipales de las localidades donde opera la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Esa reunión se realizó después de la emboscada ocurrida el 16 de agosto cerca de El Cortijo, en Ayutla, donde de acuerdo con la dirigencia de la UPOEG fueron asesinados 12 policías ciudadanos y siete quedaron heridos.
Además, el domingo pasado la misma organización informó y compartió fotografías de su incursión en tres localidades: Lagunillas, de Ayutla, así como El Refugio y Colotepec de Tecoanapa, donde acordaron integrar a su policía ciudadana.
La UPOEG ha denunciado que en esas comunidades pretende ingresar el grupo delictivo de Los Ardillos ha señalado al mismo grupo como el responsable del ataque a los policías ciudadanos en El Cortijo.

Se busca que impere la legalidad: Rodríguez Cisneros

En declaraciones a los medios de comunicación después de la presentación de la operación, Rodríguez Cisneros informó que el propósito es “generar estabilidad, que impere la legalidad y que todos se sometan al imperio de la ley para contribuir a la paz en esta región”.
Explicó que las acciones en materia de seguridad se evalúan todos los días en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y que las acciones son resultado “de este trabajo coordinado en la mesa”.
Llamó a los concejales y a los comisarios municipales y delegados de los pueblos “a que entiendan que estas acciones son en beneficio de la sociedad y que no obstruyan la labor que se está realizando para salvaguardar la integridad física de las personas”.
Pidió su colaboración y participación porque “es importante, sobre todo para que quienes son autoridad estén de este lado, de lado de la ley, que contribuyan y colaboren a restablecer el tejido social en este proceso de construcción de la gobernabilidad”.
Le pidió a la coordinadora de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta municipal que sea portavoz con los comisarios de que independientemente del sistema en el que ellos se rigen, “hacia el exterior todos estamos obligados a cumplir la ley”.
Agregó: “El operativo va dirigido a todos aquellos que estén actuando fuera de la ley trátese de quien se trate, no trabajamos a favor ni en contra de nadie, no es una acción contra nadie, es una acción en favor de la sociedad, en este caso de la Costa Chica, y vamos a seguir trabajando de forma coordinada”.
Con respecto a los avances de las investigaciones relacionadas con la emboscada a los policías ciudadanos de la UPOEG el 16 de agosto pasado, dijo que lo informará la FGE, que es la que está “perfeccionando sus investigaciones”.
En el boletín de prensa, el gobierno del estado informó que el objetivo de la operación es “fortalecer la seguridad, la gobernabilidad y la paz social en la región Costa Chica.
Explicó que el Operativo Interinstitucional Costa Chica Segura, lo organiza el gobierno del estado en coordinación con las fuerzas armadas.
Agregó que durante el arranque de la operación, el subsecretario Rodríguez Cisneros destacó que esta acción “responde a los acuerdos establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, y como parte de una respuesta de atención integral a la región de la Costa Chica, reforzando el trabajo conjunto con municipios, fuerzas armadas y comunidades para proteger la integridad de la población”.
En el comunicado se dijo que el funcionario llamó a las autoridades municipales a cumplir su papel como primeros respondientes en la prevención del delito, “manteniendo diálogo y coordinación con comisarios y delegados”.
Asimismo, exhortó a canalizar de manera institucional cualquier inconformidad o queja contra los cuerpos de seguridad.

Patrullajes, puestos de control y actividades preventivas

Durante el banderazo del operativo se informó que más de 600 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, “entre otras instituciones”, participarán en patrullajes, puestos de control y actividades preventivas, siempre en apego a la normatividad y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Se informó que también asistieron al arranque del operativo el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledezma Ozuna; el fiscal general del Estado, Zapacna Jesús Torres Ojeda; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán y mandos de la Guardia Nacional.
Se informó en el mismo comunicado que en el evento el general Zapata Pérez exhortó a presidentes municipales, comisarios y autoridades locales a sumarse al esfuerzo interinstitucional, garantizando una coordinación permanente con la Guardia Nacional y el Ejército, bajo el respeto a los derechos humanos y a los usos y costumbres de las comunidades.
A su vez, el secretario de Seguridad Pública, Ledezma Ozuna, convocó a los municipios a profesionalizar y certificar a sus cuerpos policiales, con el fin de brindar un servicio confiable, cercano a la ciudadanía y orientado a consolidar la paz y la estabilidad en la Costa Chica.
Después de su presentación, las fuerzas federales y estatales recorrieron la carretera Cruz Grande-Tierra Colorada, pasaron Ayutla, realizaron una breve parada en El Cortijo, se siguieron a Tecoanapa, y se establecieron en Chacalapa, municipio de Juan R. Escuedero.
Esta no es la primera vez que los gobiernos federal y estatal anuncian de manera ostentosa un operativo de tal magnitud.
El 5 de octubre del 2024, el entonces comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Jorge Pedro Nieto, anunció el despliegue de batallones de tropas convencionales, unidades de fuerzas especiales y agentes de la Guardia Nacional, así como helicópteros “y demás medios tecnológicos”, en los municipios de Quechultenango y Chilapa y parte de Chilpancingo.
El objetivo, se dijo, era la búsqueda de 17 personas de la comunidad de Chautipan, municipio de Chilpancingo, desaparecidas entre el 21 y 27 de octubre en El Epazote, municipio de Chilapa de Álvarez y en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
Entonces, el comandante de la 35 Zona Militar informó que la Sedena dispuso el envío de manera inmediata de más de 400 militares para contribuir con las autoridades locales en la búsqueda de las 17 personas desaparecidas, entre ellas cinco menores de edad y dos mujeres.
Al día siguiente, aparecieron descuartizados 11 de los 17 cadáveres en la caja de una camioneta al sur de Chilpancingo, a unos 500 metros de la FGE, y aún siguen desaparecidas seis personas.
Sin embargo, del operativo anunciado nunca se volvió a hablar más, y los familiares de las personas que siguen desaparecidas informaron que después del hallazgo de los 11 cuerpos las autoridades suspendieron las búsquedas.

 

Retienen en Juan R. Escudero 12 horas a agentes de la Guardia Nacional que catearon casas

Habitantes de la localidad de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero rodean una de las camionetas de la Guardia Nacional que retuvieran en la carretera que conduce a la cabecera municipal Tierra Colorada, luego de que elementos de esta corporación irrumpieron en varias casas durante la madrugada de este viernes. A la derecha, soldados del Ejercito y agentes de la Guardia Nacional que llegaron después al lugar Fotos: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Tlayolapa, Juan R. Escudero

Vecinos de comunidades del oriente de Juan R. Escudero y transportistas de Tierra Colorada, retuvieron durante 12 horas a unos 40 agentes de la Guardia Nacional; esto, a unos cinco minutos de la localidad de Tlayolapa, donde en la madrugada la corporación militar irrumpió en sus viviendas.
Los afectados denunciaron que los militares abrieron a golpes de mazo las puertas para entrar a las casas, al parecer seleccionadas al azar en unas seis manzanas del centro del poblado, para exigir la entrega de armas y droga que supuestamente buscaban entre la ropa bruscamente, pero se llevaron dinero, relojes, electrodomésticos, y tomaron mercancía de tiendas de abarrotes.
Una joven señaló que trataron de asfixiarla con una bolsa en la cabeza en cuatro ocasiones, y cuando casi se desmaya y cayó al suelo, la golpearon en la cara y le jalaban el pelo para que dijera dónde estaban los hombres de la casa, porque sólo había mujeres y niños, y para que desbloqueara un celular con que él se había alumbrado.

Vidrios de ventanas que rompieran efectivos de la Guardia Nacional en distintos cuartos de una casa que allanaron durante la madrugada del viernes en la localidad de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero t Foto: Jesús Eduardo Guerrero

La agredieron no obstanter que explicó que la lámpara del aparato telefónico se encendía con el movimiento y no conocía la clave porque el celular era de su hija, quien se había ido a Tierra Colorada; incluso, abrió la vivienda para que pasaran cuando comenzaron a golpear su puerta.
Explicó que vive con su familia en Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R Escudero, y acudió a Tlayolapa el día anterior a una fiesta de baby shower, y pasó ahí la noche. Este viernes continuaban repartiendo el pastel a algunos niños, y en la pared seguía el adorno de globos azules y blancos.
Una persona mencionó que preguntaron por El Oso. Llamó la atención porque en una versión extraoficial, señala que buscaban a Benito Sánchez Millán, apodado como El Oso, implicado en el asesinato de 12 policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en El Cortijo, en el municipio de Ayutla de los Libres, el 16 de agosto.
Alrededor de las 4 de la tarde llegó el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, de quien se exigía la presencia para levantar el bloqueo con el que se impedía la salida de los agentes de la Guardia Nacional retenidos.
En total eran siete camionetas de la Guardia con su personal, de cinco a seis agentes por vehículo, los que habrían participado en el operativo, según los pobladores.
Llegaron siete camionetas de la Secretaría de la Defensa Nacional y una de la Policía Estatal, que se instalaron a poco metros de distancia y pretendieron entablar un diálogo desde temprano. Además de personal de la Dirección de Gobernación y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codehum).
Sin embargo, el asesor de los comisarios de la zona, Daniel Rosas Martínez, recomendó a los pobladores esperar a mandos del Ejército o funcionarios estatales con poder de decisión.
Por la noche, el subsecretario Rodríguez Cisneros informó que en la comisaría de Tlayolapa se realizó una mesa de trabajo con el acuerdo de que la Fiscalía General del Estado (FGE) enviará hoy una mesa del Ministerio Público móvil para recibir las denuncias de los pobladores. A las 6:30 de la tarde salieron de la comunidad  con los agentes retenidos.
De las denuncias de robos, incursión en las viviendas, abusos y tortura, dijo que si  hay agravios, los cuidados deben presentar las denuncias para que todo se procese conforme a la ley.
Aseguró que desconocía si buscaban a alguien en particular en el pueblo, y que la Guardia Nacional tiene su Órgano Interno de Control (OIC) para evaluar y sancionar las actuaciones de sus agentes.
Enfatizó el compromiso del gobierno del estado de mantener la gobernabilidad y atender de manera responsable las demandas de la ciudadanía, con canales de diálogo abierto con todas las comunidades.
Refrendó el compromiso del gobierno del estado con la gobernabilidad y la atención responsable de las demandas ciudadanas, y que se mantienen abiertos los canales de comunicación, como vía para resolver diferencias y atender las inquietudes de la población.
Indicó que en la mesa estuvieron, el vicefiscal de Prevención y seguimiento de la FGE, Luis Antonio Arizmendi Álvarez; el segundo visitador general de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (Codehum), Fernando Esteban Ramírez; la directora general de Vinculación con Instituciones y la Sociedad Civil de la Codehum, Lilia Taquillo López y el visitador adjunto Armando Ramírez Cuevas, así como los comisarios de El Terrero, Tlayolapa, Michapa, y San José el Puente, de la zona .

La comunidad

Cuando se conoció de la protesta en Tlayolapa, los pobladores advirtieron que iban a bloquear la Autopista del Sol, a la altura de Tierra Colorada.
Esta vía de cuota fue cerrada por cinco horas el pasado 5 de julio, por transportistas y vecinos de comunidades de la zona rural de Acapulco, con el abogado Daniel Rosas Martínez, como asesor. Y el 11 de agostonpobladores de la sierra de Chilpancingo cerraron la carretera todo el día en el valle de Ocotito, a unos minutos de Tierra Colorada.
El comisario de Tlayolapa exigía la devolución inmediata de lo que se llevaron. Los pobladores afectados pidieron reservar sus nombres. No lo dijeron, pero en la región operan grupos armados. Antes, el municipio fue zona de influencia de la policía comunitaria del UPOEG.
En Tlayolapa hay 908 habitantes, de acuerdo con el censo de 2020 del INEGI, y muchas casas vacías. Los vecinos explicaron que muchas personas se fueron por empleo a San Diego, California en Estados Unidos, o Arkanas, Alabama y Maryland, además de la migración interna a distintas ciudades, y profesionistas que radican en otros lugares pero construyeron casas para volver en vacaciones o en las fiestas.
Señalaron el caso de dos hermanos, maestros, cuyas casas están juntas y fueron allanadas por la GN. Indicaron que rompieron la entrada principal con un mazo, quebraron los cristales de la vivienda contigua.
No saben cuántos agentes llegaron con exactitud. Estimaron que llegaron en más de 30 camionetas. Incluso antes de las 3 de la mañana, en la oscuridad comenzaron a escuchar por todos lados los golpes de mazo y cristales cayendo.
Un campesino, adulto mayor, con su esposa, nuera y nietos, indicó que salió a hablar con los uniformados armados cuando llamaron a su casa, mostró su identificación y le dijeron que iban a hacer una revisión. Les dio el paso por la circunstancia, y observó cómo lanzaban sus ropas al piso. Como el cuarto de su hijo estaba cerrado, lo abrieron por la fuerza para revisarlo también.
Doña Juana denunció que se llevaron 25 mil pesos de su ropero, 10 mil pesos de las fichas de Telcel, que no son suyos, y 15 mil pesos de la tienda de abarrotes y de su papelería, más cuatro relojes que tenía a la venta. También tomaron refrescos sin pagar.
En otra casa, una mujer que llegó de vacaciones con su familia, indicó que de la casa de sus suegros, a donde llegaron, se robaron dos relojes, 450 pesos de su monedero, y su celular. Aclaró que abrieron las recámaras para que no golpearan todas puertas: “entraron, vaciaron mochilas, voltearon el colchón, y preguntaban que en dónde estaban las armas”.
Otros vecinos indicaron que hace cinco meses, en abril, la Guardia hizo lo mismo. Llegaron en la madrugada, irrumpieron en las viviendas y se llevaron a siete personas detenidas, entre ellos un joven que acababa de llegar de Estados Unidos, sólo porque tenía tatuajes.
Consideraron que si permitían esta segunda acción, las autoridades iban a seguir regresando a tratar de detener a las personas, sin ordenes de cateo, con abusos y tortura.
Señalaron además los golpes en el portón de un depósito de cervezas, donde también entraron, así como en la bodega del centro de Salud, donde ingresaron. Aclararon que dejaron la instalación abierta, pero a medio día ya estaba cerrada, tal vez por los integrantes del comité
Desde la calle se observó que en una vivienda deshabitada. Dejaron los botes de plástico que se usaban para guardar ropa, con las prendas tiradas en el patio y la puerta de la casa abierta.
Señalaron que la GN se retiró como a las 5 de la mañana, antes del amanecer, cuando los vecinos salieron y les dieron alcance a un grupo que se quedó varado, porque al parecer se les descompuso una camioneta que habían chocado en la comunidad, en una esquina. Con apoyos de otras localidades cerraron el paso a Tierra Colorada desde ese momento, hasta las 6 de la tarde que llegaron a acuerdos con el gobierno estatal.