Samantha Valeria Colón Morales (al centro), esposa del desaparecido Vicente Suástegui, buscó ayer a su familiar en una huerta semiabando-nada cerca de la carretera de San Isidro Gallinero, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec. La acompañan integrantes de la CEBP y la Unidad Canina de la FGE t Foto: Ramón Gracida Gómez
Ramón Gracida Gómez
En una huerta semiabandonada de los Bienes Comunales de Cacahuatepec fue buscado ayer el integrante desaparecido del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Vicente Iván Suástegui Muñoz.
Su esposa, la activista Samantha Valeria Colón Morales, insistió en declaraciones a El Sur que la desaparición de Vicente Suástegui es por el proyecto hidroeléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por los grupos que siguen predominando en la zona, como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
La inspección de este lunes fue el inicio de la jornada de seis días de búsqueda del defensor del agua desaparecido el 5 de agosto de 2021 en la colonia Ciudad Renacimiento y después trasladado al Motel Tres Palos, ubicado en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, de acuerdo con la narración de uno de los cuatro detenidos sentenciados por este crimen.
En la intersección de la vía federal y la carretera de San Isidro Gallinero, el convoy de distintas dependencias de seguridad y de búsqueda que trasladó a Colón Morales se introdujo y avanzó unos 200 metros para introducirse a un extenso terreno en el que se encuentra una empresa constructora de materiales y algunos corrales con ganado.
La comitiva avanzó sobre una carretera de terracería otros 200 metros más y se detuvo en medio del camino para comenzar la búsqueda, por un lado se encuentra un par de cerros con escasas viviendas arriba de ellos y por el otro una huerta prácticamente hecha de matorrales secos.
Es una amplia zona árida que no es visible durante el paso de la carretera de San Isidro Gallinero que conduce a varias comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, como El Salto, La Concepción y Parotillas.
Parecía ser un terreno no habitado, salvo un vecino que caminó no tan lejos del grupo de funcionarios de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y de la Unidad Canina de la Fiscalía General del Estado (FGE), todos ellos resguardados por unos cuantos agentes de la Policía Estatal y la Secretaría de Marina (Semar).
La inspección con varillas no avanzó mucho sobre los matorrales porque la extensión de un incipiente incendio impidió el ingreso a ciertas áreas, de por sí delimitadas por hileras de alambres de púas.
Los integrantes de la CEBP y la FGE inspeccionaron alguno de los caminos que serpentean el terreno, fue una búsqueda en un ambiente de un calor incesante y de una incertidumbre de qué puntos de interés se pudieran registrar para futuras de introspección en la misma área.
En una pausa, Colón Morales expuso a este periódico la crítica por la ausencia de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que no llegaron a la cita pese a la solicitud formal que la CEBP les presentó, como mensualmente lo hace por la desaparición de Vicente Suástegui.
La presencia de ambas instituciones de seguridad durante las acciones de búsqueda es necesaria por el contexto de violencia que prevalece en el municipio, subrayó la familiar del desaparecido.
Expuso que el terreno donde buscó ayer a su esposo “no está tan lejos del lugar donde se dice que se entregó y también del lugar donde dicen que lo dejaron, entonces para mí buscar aquí creo que es lo más viable, siempre mis búsquedas van más encaminadas a estos rumbos, aunque no descarto nunca buscar en todo Acapulco, en todo Guerrero, donde se pueda”.
“Siempre cuando venimos a estos lugares pues vengo con la esperanza, pero también con el miedo de poder encontrar algo que también no quisiera, en este caso poder encontrar un resto de Vicente”.
Recordó las amenazas que ha recibido por buscar al papá de sus hijas, “eso nos hace siempre tener la alerta; el venir a un lugar solitario, que estemos aquí, la verdad ves el terreno y en un principio dices, es extenso el lugar, ¿cómo voy a buscar?, pero al mismo tiempo te da esperanza que puedas encontrar a alguien aquí, a lo mejor no precisamente a Vicente”.
Colón Morales agradeció el acompañamiento de la CEBP, “pero también sabemos que les falta, tienen ciertas carencias por material”, no obstante, el propósito de los funcionarios de buscar lo más que se pueda en los enormes terrenos a los que llegan, como el de este lunes.
Sobre las razones de la desaparición de Vicente Suástegui a más de cuatro años de la perpetración de la desaparición, su esposa dijo que el “trasfondo” es la presa La Parota y los “grupos que predominaban, bueno, siguen predominando hasta el momento, que era la UPOEG”.
“Siempre estaban en conflicto tanto con el Cecop, con (el vocero) Marco Antonio (Suástegui Muñoz), con Vicente y yo creo que lo hicieron en una forma de mensaje hacia decirles ‘nosotros podemos hacer esto, nosotros podemos hacer lo otro’”, sostuvo Colón Morales.
Habitantes de la localidad de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero rodean una de las camionetas de la Guardia Nacional que retuvieran en la carretera que conduce a la cabecera municipal Tierra Colorada, luego de que elementos de esta corporación irrumpieron en varias casas durante la madrugada de este viernes. A la derecha, soldados del Ejercito y agentes de la Guardia Nacional que llegaron después al lugar Fotos: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Tlayolapa, Juan R. Escudero
Vecinos de comunidades del oriente de Juan R. Escudero y transportistas de Tierra Colorada, retuvieron durante 12 horas a unos 40 agentes de la Guardia Nacional; esto, a unos cinco minutos de la localidad de Tlayolapa, donde en la madrugada la corporación militar irrumpió en sus viviendas.
Los afectados denunciaron que los militares abrieron a golpes de mazo las puertas para entrar a las casas, al parecer seleccionadas al azar en unas seis manzanas del centro del poblado, para exigir la entrega de armas y droga que supuestamente buscaban entre la ropa bruscamente, pero se llevaron dinero, relojes, electrodomésticos, y tomaron mercancía de tiendas de abarrotes.
Una joven señaló que trataron de asfixiarla con una bolsa en la cabeza en cuatro ocasiones, y cuando casi se desmaya y cayó al suelo, la golpearon en la cara y le jalaban el pelo para que dijera dónde estaban los hombres de la casa, porque sólo había mujeres y niños, y para que desbloqueara un celular con que él se había alumbrado.
Vidrios de ventanas que rompieran efectivos de la Guardia Nacional en distintos cuartos de una casa que allanaron durante la madrugada del viernes en la localidad de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero t Foto: Jesús Eduardo Guerrero
La agredieron no obstanter que explicó que la lámpara del aparato telefónico se encendía con el movimiento y no conocía la clave porque el celular era de su hija, quien se había ido a Tierra Colorada; incluso, abrió la vivienda para que pasaran cuando comenzaron a golpear su puerta.
Explicó que vive con su familia en Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R Escudero, y acudió a Tlayolapa el día anterior a una fiesta de baby shower, y pasó ahí la noche. Este viernes continuaban repartiendo el pastel a algunos niños, y en la pared seguía el adorno de globos azules y blancos.
Una persona mencionó que preguntaron por El Oso. Llamó la atención porque en una versión extraoficial, señala que buscaban a Benito Sánchez Millán, apodado como El Oso, implicado en el asesinato de 12 policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en El Cortijo, en el municipio de Ayutla de los Libres, el 16 de agosto.
Alrededor de las 4 de la tarde llegó el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, de quien se exigía la presencia para levantar el bloqueo con el que se impedía la salida de los agentes de la Guardia Nacional retenidos.
En total eran siete camionetas de la Guardia con su personal, de cinco a seis agentes por vehículo, los que habrían participado en el operativo, según los pobladores.
Llegaron siete camionetas de la Secretaría de la Defensa Nacional y una de la Policía Estatal, que se instalaron a poco metros de distancia y pretendieron entablar un diálogo desde temprano. Además de personal de la Dirección de Gobernación y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codehum).
Sin embargo, el asesor de los comisarios de la zona, Daniel Rosas Martínez, recomendó a los pobladores esperar a mandos del Ejército o funcionarios estatales con poder de decisión.
Por la noche, el subsecretario Rodríguez Cisneros informó que en la comisaría de Tlayolapa se realizó una mesa de trabajo con el acuerdo de que la Fiscalía General del Estado (FGE) enviará hoy una mesa del Ministerio Público móvil para recibir las denuncias de los pobladores. A las 6:30 de la tarde salieron de la comunidad con los agentes retenidos.
De las denuncias de robos, incursión en las viviendas, abusos y tortura, dijo que si hay agravios, los cuidados deben presentar las denuncias para que todo se procese conforme a la ley.
Aseguró que desconocía si buscaban a alguien en particular en el pueblo, y que la Guardia Nacional tiene su Órgano Interno de Control (OIC) para evaluar y sancionar las actuaciones de sus agentes.
Enfatizó el compromiso del gobierno del estado de mantener la gobernabilidad y atender de manera responsable las demandas de la ciudadanía, con canales de diálogo abierto con todas las comunidades.
Refrendó el compromiso del gobierno del estado con la gobernabilidad y la atención responsable de las demandas ciudadanas, y que se mantienen abiertos los canales de comunicación, como vía para resolver diferencias y atender las inquietudes de la población.
Indicó que en la mesa estuvieron, el vicefiscal de Prevención y seguimiento de la FGE, Luis Antonio Arizmendi Álvarez; el segundo visitador general de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (Codehum), Fernando Esteban Ramírez; la directora general de Vinculación con Instituciones y la Sociedad Civil de la Codehum, Lilia Taquillo López y el visitador adjunto Armando Ramírez Cuevas, así como los comisarios de El Terrero, Tlayolapa, Michapa, y San José el Puente, de la zona .
La comunidad
Cuando se conoció de la protesta en Tlayolapa, los pobladores advirtieron que iban a bloquear la Autopista del Sol, a la altura de Tierra Colorada.
Esta vía de cuota fue cerrada por cinco horas el pasado 5 de julio, por transportistas y vecinos de comunidades de la zona rural de Acapulco, con el abogado Daniel Rosas Martínez, como asesor. Y el 11 de agostonpobladores de la sierra de Chilpancingo cerraron la carretera todo el día en el valle de Ocotito, a unos minutos de Tierra Colorada.
El comisario de Tlayolapa exigía la devolución inmediata de lo que se llevaron. Los pobladores afectados pidieron reservar sus nombres. No lo dijeron, pero en la región operan grupos armados. Antes, el municipio fue zona de influencia de la policía comunitaria del UPOEG.
En Tlayolapa hay 908 habitantes, de acuerdo con el censo de 2020 del INEGI, y muchas casas vacías. Los vecinos explicaron que muchas personas se fueron por empleo a San Diego, California en Estados Unidos, o Arkanas, Alabama y Maryland, además de la migración interna a distintas ciudades, y profesionistas que radican en otros lugares pero construyeron casas para volver en vacaciones o en las fiestas.
Señalaron el caso de dos hermanos, maestros, cuyas casas están juntas y fueron allanadas por la GN. Indicaron que rompieron la entrada principal con un mazo, quebraron los cristales de la vivienda contigua.
No saben cuántos agentes llegaron con exactitud. Estimaron que llegaron en más de 30 camionetas. Incluso antes de las 3 de la mañana, en la oscuridad comenzaron a escuchar por todos lados los golpes de mazo y cristales cayendo.
Un campesino, adulto mayor, con su esposa, nuera y nietos, indicó que salió a hablar con los uniformados armados cuando llamaron a su casa, mostró su identificación y le dijeron que iban a hacer una revisión. Les dio el paso por la circunstancia, y observó cómo lanzaban sus ropas al piso. Como el cuarto de su hijo estaba cerrado, lo abrieron por la fuerza para revisarlo también.
Doña Juana denunció que se llevaron 25 mil pesos de su ropero, 10 mil pesos de las fichas de Telcel, que no son suyos, y 15 mil pesos de la tienda de abarrotes y de su papelería, más cuatro relojes que tenía a la venta. También tomaron refrescos sin pagar.
En otra casa, una mujer que llegó de vacaciones con su familia, indicó que de la casa de sus suegros, a donde llegaron, se robaron dos relojes, 450 pesos de su monedero, y su celular. Aclaró que abrieron las recámaras para que no golpearan todas puertas: “entraron, vaciaron mochilas, voltearon el colchón, y preguntaban que en dónde estaban las armas”.
Otros vecinos indicaron que hace cinco meses, en abril, la Guardia hizo lo mismo. Llegaron en la madrugada, irrumpieron en las viviendas y se llevaron a siete personas detenidas, entre ellos un joven que acababa de llegar de Estados Unidos, sólo porque tenía tatuajes.
Consideraron que si permitían esta segunda acción, las autoridades iban a seguir regresando a tratar de detener a las personas, sin ordenes de cateo, con abusos y tortura.
Señalaron además los golpes en el portón de un depósito de cervezas, donde también entraron, así como en la bodega del centro de Salud, donde ingresaron. Aclararon que dejaron la instalación abierta, pero a medio día ya estaba cerrada, tal vez por los integrantes del comité
Desde la calle se observó que en una vivienda deshabitada. Dejaron los botes de plástico que se usaban para guardar ropa, con las prendas tiradas en el patio y la puerta de la casa abierta.
Señalaron que la GN se retiró como a las 5 de la mañana, antes del amanecer, cuando los vecinos salieron y les dieron alcance a un grupo que se quedó varado, porque al parecer se les descompuso una camioneta que habían chocado en la comunidad, en una esquina. Con apoyos de otras localidades cerraron el paso a Tierra Colorada desde ese momento, hasta las 6 de la tarde que llegaron a acuerdos con el gobierno estatal.
Los integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), región Montaña, informaron sobre afectaciones de energía eléctrica y caminos cerrados en sus comunidades de 10 municipios por el huracán John.
Los integrantes de la UPOEG se reunieron en la cancha de la colonia Fovissste, para informar sobre las afectaciones causadas del huracán, entre otras gestiones de su agenda.
El coordinador regional, Claudio Ortega Mendoza, informó que los municipios afectados por falta de energía eléctrica son Malinaltepec, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Atlamajalcingo del Monte, Copanatoyac, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Acatepec, Atlixtac y Tlapa, porque en sus ramales principales se cayeron postes y cables, al reblandecerse la tierra.
Ortega Mendoza dijo que hay comunidades donde el servicio se está restableciendo, pero va lento o la energía va y vuelve, por los arreglos que hacen los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “un ejemplo es que el viernes llegó a Tlacoapa y hoy sábado ya no hay de nuevo”.
Dijo que la reunión sirvió para concentrar las comunidades afectadas por la falta de servicio y hacerle llegar una queja al superintendente estatal de la CFE, con quien mantiene comunicación para atender las fallas.
A los asistentes se les pidió que tengan paciencia, porque hay muchas comunidades de la región afectadas y que cada vez el cambio climático afecta con lluvias atípicas, aunque “sabemos que están desesperados, porque llevan más de 10 días sin luz”, les dijo a los presentes.
En esta asamblea estuvieron pobladores de la comunidad Cuamatzingo, municipio de Chilapa, para pedir que se les apoye para abrir su camino, así como el restablecimiento del servicio de energía eléctrica, luego de más de 15 días.
Los pobladores trajeron la encomienda de hablar por las comunidades de esa ruta, olvidada por las autoridades, al ser colindantes entre regiones y municipios, entre las comunidades Cuamatzingo y Cerrito de San Marcos, municipios de Chilapa, y Totoxocoyoc, municipio de Atlixtac, con alrededor de unos 2 mil habitantes.
Se entra por la ruta de Tlatlauquitepec-Chalma- Mexcaltepec 2, del municipio de Atlixtac.
El comisario de Cuamatzingo, Getulio de la Cruz Bello, así como los vecinos Lucio Nava Evangelista y Luis Bello Santiago, pidieron se reparen los postes que se cayeron y que se envíe maquinaria para abrir los caminos, porque para salir debieron caminar por tres horas hasta llegar a Mexcaltepec 2, donde tomaron otro carro, lo que son otras tres horas para llegar a Tlapa, a la reunión.
El principal, Luis Bello Santiago, dijo que llevan más de 10 días incomunicados, al ser pueblos retirados, y era la primera vez que informaban de sus afectaciones al camino, con postes caídos, siete viviendas de adobe colapsadas y afectaciones a sus cultivos, principalmente maíz.
Se mencionó que otra zona sin energía es la de San Lucas Teocuitlapa y sus ocho anexos, del municipio de Acatepec.
Los integrantes de la UPOEG se reunirán el próximo 9 de noviembre, para el seguimiento a las afectaciones y atención por parte de la CFE.
Manifestantes de la UPOEG?y del Cipog-EZ, en el bloqueo a la carretera federal Acapulco-Pinotepa, en Marquelia, para exigir a la fiscal Sandra Luz Valdovinos que dé a conocer los avances en la investigación del asesinato del dirigente Bruno Plácido. La protesta se mantenía hasta anoche Foto: El Sur
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
Unos 800 pobladores de la Costa Chica y Montaña integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog- EZ) bloquearon la carretera Acapulco-Pinotepa en Marquelia, para exigir que se esclarezca el asesinato del dirigente indígena Bruno Plácido Valerio y de su chofer Abad Ruiz García, en las oficinas de la Secretaría de Salud en Chilpancingo el 17 de octubre pasado.
Indígenas y afromexicanos provenientes de San Luis Acatlán, Ayutla, Copala, Cruz Grande y Marquelia cerraron la vía a las 8 de la mañana y hasta el cierre de la edición se mantenían en espera de que llegaran la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón y el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, para que les informaran sobre los avances del doble asesinato.
Vía telefónica el promotor del Cipog-EZ, Jesús Placido Galindo dijo que no van a retirar el bloqueo hasta que llegue una comisión a dialogar porque, “ya esperamos más de un mes y las autoridades no dan respuesta del asesinato”.
Informó que hasta las 9 de la noche no habían sido atendidos por ninguna autoridad y adelantó que valoran ir a protestar el miércoles a Acapulco, donde se espera la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para entregar recursos para limpieza a los afectados del huracán Otis.
En un comunicado leído durante el bloqueo y firmado por el ejido de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que “sólo le interesa no perder su popularidad en las aproximas elecciones presidenciales, prestando oídos sordos a nuestras exigencias de justicia y alto a los crímenes cometidos en nuestra contra”.
“Queremos hacer especial énfasis en las policías Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército aquí en Guerrero, los cuales no sirven de nada para brindarnos seguridad, sólo sirven de operadores de los grupos del narcotráfico, filtrando información para ser blanco fácil de estos grupos delincuenciales”, señalan.
Los pobladores pusieron como ejemplo los asesinatos de Bruno Plácido y Abad Ruiz
quienes fueron asesinados en las instalaciones de la Secretaría de Salud en Chilpancingo, “siendo una institución de gobierno que debía estar vigilada y casualmente no se encontraba ningún elemento (de seguridad), la Fiscalía ha sido omisa en dar seguimiento a la carpeta de investigación, dejando en claro que no le interesa el esclarecimiento de los asesinatos, ni dar con los autores intelectuales”.
Exigieron justicia de quien “fuera un luchador social, fundador del sistema comunitario de la Costa Chica, fundador de la Policía Comunitaria”, quien durante su activismo gestionó obras para las comunidades, pidió maestros, hospitales, médicos “y todo eso le costó la vida, por parte del crimen organizado y el Estado”.
Finalmente reclamaron que el presidente López Obrador “se presenta entregando obras de iniciativa privada, evadiendo las principales problemáticas que sufre Guerrero, es por eso por lo que le decimos señor presidente, que no nos vamos a callar, no permitiremos más desapariciones, asesinatos, desplazamientos forzados, inseguridad y complicidad de las autoridades”.
Las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) condenaron ayer en un comunicado “el crimen atroz”, que se cometió en contra del fundador de esa institución comunitaria y de la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio y exigieron su oportuno esclarecimiento.
Informaron que este 19 de octubre se reunieron las cinco casas de justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco del municipio de Malinaltepec, Zitlaltepec del municipio de Metlatónoc, El Paraíso del municipio de Ayutla y Caxitepec-Las Juntas, municipio de Acatepec para analizar “la situación de violencia que prevalece en nuestro estado”.
Informaron que, en esa reunión, “reivindicamos el aporte al Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria que realizó en su momento el compañero indígena na’ savi Bruno Plácido Valerio, quien formó parte de este Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación que se creó en 1995”.
Las autoridades de la CRAC exponen en su documento: “Nuestro Sistema ha sido una respuesta ante la ineficacia del sistema de seguridad y justicia del estado, donde lamentablemente en lugar de revertir los crímenes que se han suscitado contra la población en general y en contra de los defensores y luchadores sociales en particular, vemos el fracaso de este sistema del Estado, por lo que exigimos el respeto a nuestro sistema comunitario que ha hecho frente a esta situación”.
Recordaron que Bruno Plácido participó en la CRAC-PC hasta el año 2011, “fecha en que creó la UPOEG, organización de la que él mismo fue líder y creada para responder a las necesidades relacionadas con las altas tarifas eléctricas, y que no correspondían al mandato de la CRAC-PC”.
Explicaron que ello propició que en el 2013, en el municipio de Ayutla, cuando convocó a realizar operativos de seguridad con grupos de autodefensa, “siguió su propio rumbo al margen de la CRAC-PC y marcó la diferencia con nuestro sistema de justicia, cuestión que en su momento hicimos pública, ya que la CRAC-PC es un sistema integral de prevención, investigación, impartición de justicia y reeducación basado en las asambleas comunitarias”.
Las cinco casas de justicia de la CRAC, plantean que a pesar de estas diferencias, “condenamos y lamentamos el crimen atroz cometido en contra de defensores de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, líderes comunitarios e indígenas y gestores sociales como lo fue Bruno Plácido Valerio, así como también el asesinato en contra de su chofer quien lo acompañaba en el momento de los hechos”.
La CRAC exigió mediante su escrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) que realice una investigación pronta, exhaustiva e imparcial para el esclarecimiento de los hechos, y se detenga a los responsables y no haya impunidad, para que exista justicia.
La agrupación con la que estaba distanciada el dirigente de la UPOEG y su organización, envió sus “más sinceras condolencias y solidaridad para su familia y amistades” del dirigente indígena asesinado.
Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
El senador Manuel Añorve Baños calificó el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, como “un hecho muy lamentable”.
Y señaló que debe haber “más coordinación” entre la policía e instituciones de seguridad pública de los gobiernos municipal, estatal y federal, y que espera que pronto haya por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) resultados de la investigación.
Consultado después de asistir a una reunión del grupo Cuicalli en Chilpancingo, ahí el priista dijo que es “muy lamentable todo lo que ha venido sucediendo en Chilpancingo”.
Después señaló que no solo es el caso de Chilpancingo, sino que las policías municipales de todo el país “están muy raquíticas”, por lo que retomó la propuesta de Xóchitl Gálvez Ruiz en su presupuesto alterno que plantea que “bajen 20 mil millones de pesos a todos los municipios para fortalecer a las policías municipales que se han quedado atrás, abandonadas”.
Cuando un reportero preguntó su postura respecto a la tensión que existe entre el PRI y el PRD por el respeto a un acuerdo para que el perredista Evodio Velázquez Aguirre encabece la fórmula al Senado, Manuel Añorve respondió incluyéndose entre los posibles aspirantes: “voy a tomar determinaciones de mis valoraciones cuando salga la convocatoria, para lo que ya falta poco”.
Dijo que la definición de candidaturas les corresponde a las dirigencias nacionales de los partidos que integran el Frente Amplio por México (FAM).
Cuando se insistió sobre el supuesto acuerdo suscrito por el PRI y el PRD en 2021, Añorve Baños respondió: “no voy a entrar en dimes y diretes, ni me corresponde, ni siquiera fui testigo, ni siquiera conocí, sólo por los medios de comunicación”.
En la reunión con el grupo Cuicalli el senador aseguró que en la elección de 2024 Morena no logrará mantener la mayoría en el Congreso de la Unión, porque ya no estará en la boleta el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Añorve Baños habló en esta reunión ampliamente sobre sus iniciativas presentadas en el Senado, de la contención que dijo ha realizado el PRI, PRD y PAN a propuestas del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
Añorve Baños dijo que espera que antes de que concluya el sexenio se realice en Guerrero una obra de impacto para que Guerrero no sea solo “nota roja nacional, lo digo con respeto, pero es cierto, yo he sido responsable con el gobierno del estado, con los municipales, pero no me puedo quedar callado en algo que nos está rebasando, y que se requiere mayor coordinación en materia de seguridad pública” entre los tres niveles de gobierno.
Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas
El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo
Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.
Investiga el crimen, dice la Fiscalía
La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.
“No podemos tener un policía en cada esquina”: secretario de seguridad Pública
Jacob Morales Antonio
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD
Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad
Daniel Velázquez
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
El cuerpo del fundador hace una década de las autodefensas en la Costa Chica de Guerrero que luego se extendieron a otros estados del país, Bruno Plácido Valerio, yace en una de las entradas al edificio principal de la Secretaría de Salud en Chilpancingo Foto: El Sur
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo, afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud estatal.
El ataque se dio cerca de las 5 de la tarde, cuando Bruno Plácido salió del lugar y dos hombres que llegaron en una motocicleta le dispararon en la cabeza. También, mataron a su chofer Abad Ruiz García, que lo acompañaba.
Plácido Valerio quedó tirado boca abajo en la rampa para minusválidos que se encuentra a 2 metros de la salida principal de la Secretaría de Salud. Vestía camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y zapatos negros.
Su acompañante quedó tirado boca arriba a 5 metros de distancia del dirigente indígena, entre la rampa y la banqueta que da a la avenida Ruffo Figueroa.
La ambulancia llegó 10 minutos más tarde, pero los dos cuerpos ya se encontraban sin vida.
Una fuente de la Fiscalía del Estado informó que en el lugar quedaron al menos 15 casquillos percutidos de calibre 380.
En las oficinas se encontraban pocos trabajadores, que abandonaron el lugar luego de escuchar los balazos. La zona fue acordonada por policías estatales, que pusieron una cinta amarilla desde el estacionamiento hasta la avenida que fue cerrada.
Al hecho llegaron más tarde los peritos de la Fiscalía que realizaron las diligencias, mientras que la Policía Ministerial tapó con sus patrullas el lugar para evitar que reporteros tomaran graficas.
El cuerpo de Bruno Plácido Valerio fue levantado a las 6:15 y subido a la camioneta del Servicio Médico Forense. El de su compañero fue levantado 20 minutos antes y depositado en el mismo vehículo.
Abad Ruiz era chofer del dirigente de la UPOEG desde hace 5 años y también eran originarios de la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán en la Costa Chica del estado.
Una fuente de Salud reveló que Bruno Plácido llegó una hora antes a las oficinas, para solicitar una audiencia con la secretaria, Aidé Ibarez Castro, que se encontraba en reunión y el dirigente optó por esperar.
La versión es que Plácido Valerio salió del lugar y en ese momento fue atacado.
Dos horas antes salió en una fotografía en la página Web de El Sur, donde se encontraba en el centro comercial en el que fue asesinado el trabajador activo de la Secretaría de Salud y químico, Hugo Miguel Morales Sánchez, quien también vestía camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y zapatos negros.
Bruno Plácido Valerio fue fundador y promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) hasta el año 2010 que se dividió y fundó la UPOEG, una organización que luchó contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los cobros justos de luz en las comunidades de Costa Chica y Montaña.
En 2013 fundó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), que en enero del 2013 levantó en armas a 5 mil pobladores para expulsar de la Costa Chica hasta Petaquillas al grupo delincuencial de Los Rojos.
Un familiar cercano comentó a El Sur que Bruno Plácido “estaba amenazado prácticamente por todos los grupos de la delincuencia”, en especial por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos que son los que pelean las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla donde sigue habiendo presencia de policías de la UPOEG a los que les pretenden quitar su territorio.
El cuerpo de Bruno Plácido Valerio será llevado a su pueblo natal Buenavista, donde será sepultado.
