Policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE), irrumpieron el jueves pasado en la comunidad de Mesoncillo, municipio de Ayutla, que pertenece a la Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) con la intención de detener a cuatro vecinos del lugar.
Derivado de ello, en una asamblea realizada el domingo pasado, las autoridades de la Casa de Justicia de El Paraíso, exigieron a la FGE y al gobierno estatal, respeto a la CRAC y al Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria.
En declaraciones por teléfono ayer, un vocero de esa Casa de Justicia informó que en Mesoncillo, hay un conflicto interno y que el 15 de septiembre pasado el delegado municipal fue atacado y herido a puñaladas por unos vecinos de la comunidad y la Policía Comunitaria detuvo a tres de los agresores.
Explicó que los familiares de los detenidos presentaron una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de Ayutla y el jueves pasado la Policía Ministerial entró al pueblo con una carpeta de investigación y órdenes de aprehensión en contra de cuatro vecinos del pueblo, entre ellos el delegado municipal que fue atacado.
Sin embargo, los pobladores impidieron que los policías ministeriales se desplegaran en el pueblo en busca de los cuatro vecinos contra los que llevaban las órdenes de aprehensión, puesto que, argumentaron los pobladores, Mesoncillo forma parte del sistema comunitario de la CRAC y las autoridades comunitarias no fueron notificadas del operativo ni les pidieron su colaboración como siempre había sucedido.
Derivado del mismo conflicto y agresión al delegado municipal, la Policía Comunitaria detuvo el sábado pasado a otros dos pobladores de Mesoncillo, con lo que sumaron ya cinco los detenidos como presuntos responsables de la agresión al delegado.
Las autoridades de la CRAC, convocaron a una asamblea el domingo pasado, en la que determinaron la liberación de los dos vecinos que fueron detenidos el sábado, debido a que no se acreditó su participación en la agresión.
En tanto que acordaron que la situación de los otros tres será analizada en otra asamblea regional el 9 de diciembre.
Las autoridades de la Casa de Justicia de la CRAC, informaron que ya habían acordado que los otros tres serían liberados el mismo 9 de diciembre, pero que sus familiares “le echaron leña al fuego” y presentaron una denuncia ante el Ministerio Público en contra de las autoridades comunitarias, y ahora “con la intervención de la Policía Ministerial se complicó la situación”.
El vocero de la Casa de Justicia de la CRAC informó que el acuerdo de la asamblea regional del sábado fue que si los familiares de las tres personas que siguen detenidas no se desisten de su denuncia, los tres detenidos van a ser sentenciados a continuar con su proceso de reeducación.
Asimismo, hicieron un llamado a la FGE y al gobierno del estado, para que respete a la CRAC y al Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria.
El vocero explicó que antes, el procedimiento era que cuando se dirimía un asunto parecido, los agentes de la Policía Ministerial se presentaban con las autoridades comunitarias e informaban del asunto por el que iban y actuaban de manera coordinada.
Pero dijo que en esa ocasión se trató de una irrupción al territorio comunitario, lo que implicó una intromisión al sistema de justicia comunitaria.
Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas
El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo
Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.
Investiga el crimen, dice la Fiscalía
La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.
“No podemos tener un policía en cada esquina”: secretario de seguridad Pública
Jacob Morales Antonio
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD
Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad
Daniel Velázquez
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
El dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido y el coordinador del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la Policía Ciudadana, Ernesto Gallardo, también asesinado, encabezan una asamblea en Tierra Colorada el 24 de noviembre de 2013, en los albores de la organización Foto: Archivo de El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El controvertido, temerario y a veces atrabancado dirigente indígena Bruno Plácido Valerio fue fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en 1995, de la que por diferencias con el entonces coordinador Pablo Guzmán Hernández, salió en el 2010 para crear el 24 de enero del 2011 la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social.
La organización surgió exclusivamente para la gestoría social y la defensa de los usuarios de la Comisión federal de Electricidad (CFE) en la región de la Montaña, que se quejaban de las altas tarifas de la paraestatal.
Sin embargo, el 6 enero del 2013, Plácido Valerio se convirtió en el líder del primer grupo de autodefensa en Guerrero, cuando irrumpió en la cabecera municipal de Ayutla con aproximadamente 500 indígenas y mestizos armados, para enfrentar al crimen organizado que, según dijo Bruno entonces, cometía secuestros, levantaba y cobraba cuotas a los comerciantes y transportistas de la región.
El dirigente indígena denominó al grupo de civiles armados Policía Ciudadana de la UPOEG y la uniformó con playeras verdes similares a las de la Policía Comunitaria de la CRAC, la diferencia eran las siglas SSyJC (Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana) que regía a la autodefensa de la UPOEG.
Plácido Valerio, indígena na’ savi de 54 años nació el 4 de marzo de 1969 en Azoyú, donde estudió hasta la secundaria. Después, a los 24 años, tras contraer matrimonio, se fue a vivir a algún lugar de la región de la Montaña.
En 1993 llegó a radicar a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán. En una entrevista para El Sur contó que era diciembre y traía una camioneta “y algo de dinero” para instalar una tienda de abarrotes, lo que le sirvió para darse cuenta, dijo, de que la gente de la región no sólo era pobre, sino explotada y robada por los delincuentes.
Fue así que se involucró con otras autoridades agrarias y municipales de la región de la Montaña y la Costa Chica, entre ellos el Padre Mario Campos, para fundar la Policía Comunitaria de la CRAC.
Por su activismo, Plácido Valerio fue detenido y torturado durante dos días en el gobierno del priista René Juárez Cisneros junto con el padre Mario Campos y otras autoridades de la CRAC.
El dirigente indígena se convirtió en uno de los más polémicos y controvertidos dirigentes del movimiento social en Guerrero a partir de que formó la Policía de la UPOEG y su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana en enero del 2013, primero en Ayutla y después se amplió a 12 municipios de la región de la Costa Chica e incluso llegó en el 2014 y 2015 al Valle del Ocotito y hasta Petaquillas, municipio de Chilpancingo.
Sin embargo, en el 2016 surgió una división y un grupo de dirigentes encabezados por Salvador Alanís, ahora líder de la Policía Comunitaria de Tlacotepec, a la que se señala de tener vínculos con el grupo delictivo de los Tlacos, constituyeron el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y desplazó a la UPOEG que después sólo recuperó el control en El Ocotito.
Plácido Valerio fue señalado en su momento de que fortaleció a la UPOEG a partir del 2012 con el respaldo del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
La retención de militares en El Pericón
Encabezada por Plácido Valerio, desde su fundación la Policía Ciudadana se vio involucrada en acciones temerarias.
En agosto de 2013 miembros de la UPOEG y policías ciudadanos armados retuvieron durante dos días en El Pericón, municipio de Ayutla, a 100 militares en respuesta a la detención y el desarme por los soldados de cinco miembros de la autodefensa.
También retuvieron durante tres horas a funcionarios de primer nivel del gobierno del estado y federal que habían ido a negociar la liberación de los soldados. Ellos fueron el entonces secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo; el procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera y el operador político del gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ernesto Aguirre.
Además, al delegado de la entonces PGR Salvador Anaya del Carmen y al delegado de Gobernación federal Juan Salgado Brito. La liberación de los militares y de los funcionarios ocurrió hasta que se convino una reunión de la dirigencia de la UPOEG con el gobernador Aguirre Rivero.
El 18 de mayo 2014, policías ciudadanos de la UPOEG atacaron al convoy de la entonces alcaldesa panista de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, en uno de los retenes de la autodefensa en esa cabecera municipal, lo que derivó en un enfrentamiento y dos de los escoltas de la presidenta resultaron heridos.
El 7 de mayo del 2022, elementos de la Marina fueron retenidos y amenazados por integrantes de la autodefensa. “La verdad pensábamos manearlo y colgarte del puente carnal, pero por el presidente municipal (Lincer Casiano Clemente) que es nuestro amigo y de nuestra banda, vamos a dejar esto así·, le dijo al mando de los militares el comandante de la UPOEG Jesús Calleja, Chucho Calleja.
El jefe de la Policía Ciudadana fue detenido el 28 de junio con seis de sus elementos, después de un enfrentamiento con militares y efectivos de la Guardia Nacional que participaron en la detención.
La detención del jefe de la autodefensa, generó bloqueos en diferentes puntos de Acapulco y la carretera hacia la Costa Chica.
El declive de la Policía Ciudadana
El 3 de agosto del 2022, integrantes de la policía de la UPOEG atacaron a balazos a la caravana del ahora ex vicefiscal Ramón Celaya Gamboa, cuando se desplazaba en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca, cerca de Tres Palos en Acapulco, dejando como saldo dos presuntos agresores heridos, uno de ellos que murió dos días después y otros tres detenidos.
A partir de entonces la Policía Ciudadana de Plácido Valerio marcó su declive, semanas después fue replegada del corredor desde Acapulco hasta Marquelia donde mantenía el control.
El 9 de agosto, Plácido Valerio fue detenido en Chilpancingo por agentes ministeriales por robo específico y daños, hechos que habían ocurrido desde el 2016 en Tlapa por un conflicto agrario entre comuneros de Zitlaltepec, municipio de Malinaltepec, y Buenavista, de San Luis Acatlán, donde Plácido Valerio había fungido como comisariado de Bienes Comunales. El dirigente social fue liberado bajo fianza dos días después.
El 17 de noviembre del año pasado, cuatro coordinadores de la organización, Octavio Maganda Gallardo, Angélica Cruz López, Antonio Mejía Villa y Diego González Lorenzo desaparecieron al salir de una asamblea en Acapulco en la que habían asumido el cargo y hasta la fecha sigue sin saberse de su paradero.
Plácido Valerio había declarado que en el último año al menos 40 coordinadores, comandantes regionales y de ruta de la Policía Ciudadana habían sido asesinados o desaparecidos para descabezar, replegar y desaparecer a la organización desde el Gobierno estatal y desde la Fiscalía General del Estado, ahora encabezada por militares.
En reiteradas ocasiones denunció en los últimos meses que las autoridades estatales y federales habían iniciado una persecución en contra de la organización social en vez de actuar en contra del crimen organizado.
El 13 de julio pasado, el activista encabezó una asamblea en la comunidad de La Unión, municipio de Ayutla, a donde asistieron 80 autoridades de la Costa Chica que acordaron reactivar a la Policía Ciudadana de la UPOEG, “ante el avance de los grupos delictivos en las comunidades indígenas”.
El acuerdo se tomó tras un enfrentamiento una semana antes en Buenavista de Allende, municipio de Tecoanapa, que dejó un saldo de ocho muertos; cuatro miembros de la Policía Ciudadana y cuatro presuntos integrantes del crimen organizado.
Apenas el domingo pasado otro de los fundadores de la UPOEG, Carlos González Olivar, originario de San Marcos, fue asesinado frente a su familia cerca del mercado de esa cabecera municipal.
El dirigente victimado ya se había retirado de la agrupación y recientemente había salido de la cárcel acusado por el delito de homicidio, que según sus compañeros, no cometió.
Con el asesinato de Plácido Valerio, ocurrido la tarde de ayer, quedó descabezada y desarticulada totalmente la organización y su grupo de autodefensa.
Plácido Valerio contaba con medidas de seguridad; una camioneta blindada y el resguardo de una patrulla de policías estatales a partir del atentado que sufrió el empresario de Chilpancingo Pioquinto Damián Huato el 28 de enero del 2014, en el que murió la nuera del empresario, Laura Rosas Brito, en tanto que Damián Huato y su hijo resultaron heridos cerca de El Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo.
El atentado ocurrió después de que regresaban de una reunión en El Ocotito en la que Damián Huato y Plácido Valerio señalaron al entonces alcalde Mario Moreno Arcos de tener vínculos con los grupos delictivos que operaban en Chilpancingo y en el Valle del Ocotito.
Sin embargo, las medidas de seguridad con las que contaba el ahora finado se las retiró la Secretaría de Seguridad Pública estatal al inicio del actual Gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, informaron ayer fuentes de la agrupación.
El coordinador y vocero de la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, aclaró ayer que tres de las cinco casas de justicia no asistieron al aniversario de la institución comunitaria en Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, no por división, pero sí por desacuerdos en el programa.
El vocero de la casa Matriz expuso que la Casa de Justicia de Espino Blanco de última hora pretendió incluir en el programa la incorporación de una nueva Casa, la de Escalerilla San Juan, municipio de Zapotitlán Tablas, cuando aún no había sido aprobada por el resto.
Este sábado y domingo se celebró el 28 aniversario de la creación de la CRAC en la comunidad indígena de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, pero sólo asistieron autoridades de las Casas de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, Espino Blanco de Malinaltepec y la Casa de Enlace de San Juan Escalerilla, de Zapotitlán Tablas.
Entrevistado por teléfono ayer, el coordinador y vocero de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera aseguró que no hay una división en la institución comunitaria, pero que sí hubo diferencias con respecto al programa.
Explicó que las cinco casas se reunieron antes para acordar el contenido del programa, pero que posteriormente los de Espino Blanco convocaron a una asamblea “de manera muy interna” debido a que les tocaba la organización por ser la sede, y en esa reunión acordaron cambiar el programa.
Concretamente dijo que de manera unilateral decidieron incluir en uno de los puntos el reconocimiento del Comité de Enlace de Escalerilla San Juan como Casa de Justicia, a pesar de que antes se había discutido el caso, y se llegó a la conclusión de que todavía no cumplía lo que establece el reglamento interno.
Sin embargo, dijo que los de Espino Blanco decidieron incluirlo, y que debido a ello las otras cuatro casas (incluida la de El Paraíso que asistió a la celebración) se manifestaron en contra, “porque por reglamento una casa no puede decidir lo que quiera, todo debe ser por acuerdo de todas las casas”.
Informó que derivado de ello las otras casas decidieron no asistir para que no se llegara a una discusión durante las actividades del aniversario, “porque no se trata de festejar un año más de la lucha que emprendieron los pueblos con esas discusiones internas”.
Informó que las casas en desacuerdo fijaron su postura por escrito de que no se estaba respetando el programa, y que “no vamos a caer en juegos de un grupo o de un interés que no va acorde con el sistema”.
Informó que la decisión de no asistir la tomaron por acuerdo de asamblea la Casa de Justicia de Caxitepec, municipio de Acatepec; los de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc; los de San Luis Acatlán, así como los de El Paraíso, municipio de Ayutla, aunque dijo que estos debido a que ya habían repartido sus comisiones decidieron asistir, pero con la condición de que no se abordara el tema.
Informó que las autoridades de Espino Blanco cuando se enteraron de la reacción de las cuatro casas convocaron a otra asamblea en la que reviraron y acordaron que ya no iría el punto en la orden del día que estaba ocasionando discordia, pero dijo que ya era tarde, “convocar otra asamblea de autoridades en las otras casas ya era complicado y se decidió que lo hicieran ellos a su modo, en el entendido de que ya habían hecho gastos como anfitriones”.
Informó que hay un acuerdo de que van a convocar a una asamblea las cinco casas para analizar estos asuntos pendientes, que tienen que ver con los comités de enlaces.
Agregó que el Comité de Enlace de Escalerilla San Juan ya está integrado a la Casa de Justicia de Espino Blanco, pero que el reglamento dice que para ascender a Casa de Justicia tiene que cumplir más de tres años, y explicó que el Comité de Enlace de San Juan Escalerilla apenas está cumpliendo esos tres años, “pero hay una urgencia ahí de ascenderlos, y por eso hay una desconfianza del por qué les urge tanto aprobarla”.
Dijo que la CRAC apenas viene de un proceso de revisión y análisis del reglamento interno, “y no se puede violar así, nomás porque alguien así lo desee”.
Insistió en que en la asamblea previa se dijo que el caso del reconocimiento como Casa de Justicia de Escalerilla San Juan se tendría que esperar, y no incluirse su reconocimiento en el aniversario, “sino que se tendrían que ir valorando algunas cosas que nos están ocasionando roces”.
Explicó que hay muchos comentarios de la sociedad y documentos que están cuestionando a ese Comité de Enlace, “y son cuestiones que se tienen que revisar para no cometer errores de los que al rato nos estemos arrepintiendo por haber perdido el objetivo de la creación de la CRAC y su Policía Comunitaria”.
Sin embargo, insistió en que los comisarios de las comunidades de la Casa de Justicia de Espino Blanco tomaron la decisión por su cuenta de que el punto tendría que ir a fuerza, “y fue por eso que las otras casas decidieron no asistir para no generar una discusión en el aniversario”.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) rechazó que la institución comunitaria de la casa de justicia de las Juntas de Caxitepec, municipio de Acatepec, haya despojado de un terreno a una familia, como se denunció a través de las redes sociales.
El vocero de la organización, Raúl de Jesús Cabrera, declaró por teléfono que esperan que la familia que se dice afectada presente la denuncia y los documentos que la acrediten como propietaria, ante las autoridades agrarias.
La familia Felipe Cano, de Las Juntas, anexo de Caxitepec, municipio de Acatepec, denunció en las redes sociales que el 25 de agosto, unas 250 personas encabezadas por policías comunitarios y sus coordinadores, así como comisarios municipales de varios lugares llegaron a su casa portando machetes, armas de fuego, motosierras y maquinaria pesada, donde con palabras “altisonantes” les pidieron que se salieran y en seguida entraron al predio, destruyeron su vivienda, corrales de chivos, criadero de peces, árboles frutales, plantas “y todo lo que encontraban a su paso”.
La familia culpó a la policía comunitaria, a sus coordinadores y comisarios municipales y al comisariado de Bienes Comunales, Martín Sánchez, y denunció que actuaron por órdenes del diputado local del PRD, Raymundo García Gutiérrez.
En declaraciones por teléfono, el coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán y vocero de la CRAC, de Jesús Cabrera, informó que el lunes pasado fue convocada una reunión con la familia, supuestamente afectada, para resolver la situación pero no se presentaron.
Explicó que de acuerdo con los coordinadores de la CRAC de Caxitepec, no es tal como lo ha estado denunciado la familia y que el terreno fue donado desde hace cuatro años por el comisariado de Bienes Comunales de Acatepec, para la construcción de la casa de justicia de Juntas de Caxitepec.
Aseguró que fueron alrededor de 14 mil ejidatarios los que aprobaron la donación del predio y que los coordinadores de la CRAC tienen en su poder el acta de asamblea y de donación.
Explicó que incluso por acuerdo de los comisarios municipales y del Comisariado de Bienes Comunales reubicaron a la familia que estaba dentro del predio, que incluso le construyeron su casa, con cocina y una galera para sus chivos, sin embargo, declaró que la jefa de familia ahora está desconociendo los acuerdos.
Añadió que el día que la señora dice que fueron a desalojarla los policías comunitarios, intervino porque uno de los integrantes de la familia sacó un machete e intentó agredir a las autoridades comunitarias.
De Jesús Cabrera informó que actualmente las autoridades comunitarias están en espera de que los integrantes de la familia se presenten ante las autoridades agrarias, para que acrediten con documentos la propiedad del predio, y ellos llevarán los que tienen, para evitar que se agrave el problema.
El vocero informó que los integrantes de la familia están mal asesorados para afectar a la CRAC, pero aseguró que van a proceder por la vía legal para acreditar la propiedad del terreno.
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)durante el mitin en la entrada del Congreso local Foto: Lenin Ocampo Torres
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) realizaron un mitin en la entrada del Congreso del Estado, para demandar reformas constitucionales a las leyes de seguridad pública y la 701, para reconocer su sistema de seguridad y justicia.
Denunciaron que el poder Legislativo puso en la ilegalidad los sistemas normativos de los pueblos indígenas, a pesar de que gracias a la Policía Comunitaria que se rige por usos y costumbres son las zonas más seguras del estado.
También demandaron que se saque de “la congeladora” la iniciativa de reformas en la materia, presentada desde diciembre de 2019; sin embargo, llevaron una nueva propuesta, para que se vuelva a presentar ante el pleno a través del diputado Masedonio Mendoza Basurto, así como la aprobación de cinco nuevos municipios indígenas y afromexicanos.
El mitin se realizó en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y estuvieron unas 50 personas, además asistió el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, y representantes de las cinco casas de justicia, que tienen presencia en 211 comunidades de 39 municipios.
Ahí, el coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, dijo que están inconformes con las decisiones del Congreso local, de desaparecer de la ley del reconocimiento de su sistema de justicia, y con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por avalar estas modificaciones.
Raúl de Jesús criticó que “los gobernantes” estén festejando el día de los pueblos indígenas y afromexicanos, “dónde dicen que han garantizado los derechos de los pueblos”, porque dijo que en los hechos no es así, debido a que las reformas a la Constitución y a las leyes, representan cada vez más retrocesos.
Reclamó que a pesar de que existe el reconocimiento de que debido a la presencia de la CRAC en los territorios, “hay menos violencia que dónde no existe nuestro sistema”, hay una resistencia a que en la Constitución y en las leyes se le dé certeza a este sistema.
“La gobernadora sí reconoce la estabilidad de seguridad en nuestro territorio, reconoce que estamos haciendo una labor efectiva, sin embargo, en el Congreso no se nos da el reconocimiento jurídico. Nos sentimos atropellados y que han violado nuestros derechos”, dijo de Jesús Cabrera.
También aseguró que quien “más nos ha traicionado” es el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, porque fue durante su periodo cuando se realizaron las reformas con las que dejaron fuera el reconocimiento de su sistema de justicia y su policía comunitaria, mientras que de la actual presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, señaló que mantiene en “la congeladora” la iniciativa que le presentaron.
Lo mismo ocurrió en el gobierno federal, porque señaló que a pesar de que han planteado la necesidad de estas reformas al presidente Andrés Manuel López Obrador y le hicieron llegar su iniciativa, para que interviniera ante la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y que en el estado se realizará una nueva reforma en la materia, la respuesta fue que “para eso está el Congreso del Estado”.
Otra institución que dijo también ha traicionado a los pueblos originarios es la SCJN, que avaló la consulta “simulada” que realizó el Congreso y las reformas aprobadas.
Por su parte, el coordinador de la casa de justicia de Espino Blanco, Zeferino Lorenzo de Jesús, reclamó que se continúe criminalizando a esta organización, a pesar de los resultados en materia de seguridad y de la pobreza en la que los gobiernos han mantenido a las comunidades indígenas.
Sobre Huehuetán, que reclama su reconocimiento como un nuevo municipio indígena, Leonardo García Basilio demandó a la gobernadora que trabaje con los diputados locales, para que se avance en la reforma indígena y afromexicana, de lo contrario, dijo que van a tomar acciones “fuertes”.
También de Huehuetán, Pedro Marín Mayo recordó que desde octubre pasado solicitaron al Congreso local su reconocimiento como nuevo municipio afromexicano, pero no les han dado ninguna respuesta ni a favor ni en contra.
“Hoy le digo al Congreso: Huehuetán se está enfureciendo nuevamente, puede tomar nuevamente esas carreteras, 3 o 4 días. Lo vamos a hacer si no hay respuesta, no es sólo Huehuetán, son cinco municipios los que están exigiendo su reconocimiento”, advirtió Pedro Marín.
En el mitin estuvo presente el diputado morenista Masedonio Mendoza, quien dijo que muchos piensan que los diputados “estamos al servicio de alguien más y no es así. El poder Legislativo es independiente”, también recordó el avance y después los retrocesos que tuvieron en el reconocimiento de sus derechos en las últimas cuatro legislaturas.
Basurto Mendoza afirmó que la fecha que conmemoran “no es una fiesta” y que es una lucha por el reconocimiento de sus derechos.
Por su parte, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales, criticó que los gobernantes y funcionarios consideren que vestir ropa artesanal es respetar los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, dijo: “Hay tres cuestiones fundamentales que no reconocen, la propiedad ancestral de las tierras, territorios y nuestros bienes naturales en nuestras comunidades. No se ha aprobado el derecho a la consulta, ni siquiera existe en el artículo 2 constitucional (…) el 70 por ciento del territorio está concesionado a las empresas mineras extranjeras, no se han revocado las concesiones; y el otro gran pendiente que tenemos es el que tiene que ver con la seguridad, justicia y reeducación, conocido como la jurisdicción indígena”.
Demandó que los diputados reconozcan en la ley el ejercicio que en la práctica ya realizan, relacionado con la seguridad y justicia en sus territorios.
“Es fácil que el Día Internacio-nal de los Pueblos Indígenas nos lleven a danzar al zócalo, nos lleven a declamar en nuestras lenguas, se vistan los funcionarios con nuestras camisas y los vestidos que elaboran nuestros compañeros y compañeras de los pueblos”, dijo Vidulfo Rosales.
El vocero de la Coordinadora Re-gional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que el sábado durante una reunión se acordó impugnar las reformas que apruebe el Congreso local sobre derechos indígenas, junto con sus 211 comunidades de influencia.
La Comisión de Justicia del Congreso local aprobó los dictámenes de reformas que serán llevados al pleno, relacionados con las candidaturas para integrantes de los pueblos originarios y afromexicanos, en los que se descartan decenas de propuestas de la consulta a los pueblos que realizó el Instituto Electoral y de Particiapcion Ciudadana (IEPC).
Adelantó que todas las comunidades donde tiene presencia la CRAC, y que participaron en la consulta, van a denunciar que el Congreso descartó sus planteamientos. Uno fue que en los municipios con un porcentaje importante de indígenas, las candidaturas para la presidencia y las sindicatura sean asignadas a personas que hablen una lengua originaria y tengan el respaldo de sus comunidades.
Lo anterior, para evitar el uso de “relleno” de las personas indígenas, como en otro momento se aplicó a las mujeres para cubrir las cuotas de género, antes de la paridad horizontal y vertical.
“A los partidos no les convino el resultado de la consulta, y volvieron a cometer el mismo atropello contra los pueblos”, señaló Cabrera.
Abundó que en la asamblea que se realizó en San Luis Acatlán, las autoridades manifestaron su hartazgo de que los pueblos sean utilizados sin un verdadero reconocimiento. Asimismo, señalaron que la CRAC no debe ser utilizada en los discursos de los candidatos para ganar adeptos.
Por otro lado, informó que este viernes, representantes de las cinco casa de justicia se reunieron con el diputado de Morena, Masedonio Mendoza Basurto, para solicitar que presente una nueva iniciativa para reformar el artículo 14 constitucional, y la ley de Seguridad Pública, que toca al sistema de seguridad y justicia comunitario para restablecer el reconocimiento legal a la institución de los pueblos, que opera desde hace 28 años.
Aunque el diputado aceptó, precisó que aún va a hablar con sus compañeros de bancada para hacer una propuesta colectiva. Mientras tanto, subrayó que las comunidades se matendrán “en alerta de lo que pueda pasar”.
Sobre el acuerdo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de que a través del Ejecutivo estatal presentarían una iniciativa para restablecer el reconocimiento constitucional de la CRAC-PC, explicó que el IEPC respondió que no hay suficiente tiempo antes del inicio del proceso electoral al planteamiento de hacer una consulta que respalde el proyecto de la mandataria.
Sin embargo, el vocero precisó que la relación con el gobierno estatal sigue en buenos términos, a través del secretario de Gobierno, Marcial Ludwing Reynoso Núñez.
Señaló que acaba de concluir una capacitación técnica que se impartió a varios grupos de la CRAC, de la Universidad Policial del Estado de Guerrero (Unipol), del 19 al 24 de junio. Van a solicitar capacitaciones a más grupos, dijo.
La asamblea libera a un ciudadano
También informó que la asamblea regional liberó a un ciudadano acusado de complicidad en un homicidio, después de la valoración del trabajo que realizó la comisión de investigación, sin elementos de que esta persona estuviera relacionada con el hecho delictivo.
Asimismo, indicó que el 8 de julio será la siguiente reunión regional de consejeros de las cinco casas.
El abogado Rubén Cayetano García opinó que ya es difícil creer en la administración estatal, respecto al ofrecimiento del secretario general de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de reanudar el diálogo para la elaboración de una reforma integral al sistema de justicia indígena.
En un mensaje de texto por Whatsapp, el también ex diputado federal de Morena aclaró que no estuvo en la reunión del viernes entre los coordinadores de la CRAC con el funcionario, como se publicó en El Sur, porque cree que el funcionario “no es un interlocutor válido en materia de derechos de personas indígenas y afromexicanos de Guerrero”.
Añadió que, en realidad (en el gobierno estatal) están complacidos con el proceder del Congreso Local y la resolución de la Cortel, al avalar la consulta que elaboró la Ley 701, que restringe entre otros el sistema de justicia comunitaria.
“En la nota del sábado 10 de junio, titulada: Se acordó con Ludwig avanzar hacia una reforma indígena integral, dice la CRAC, se asevera que el suscrito Rubén Cayetano García, estuvo en la reunión del jueves 8 de esa fecha, celebrada entre autoridades de la CRAC-PC con el Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; lo que es falso”, aclaró el abogado.
Y añadió que no asistió porque “el funcionario referido no es un interlocutor válido en la materia de derechos de personas indígenas y afromexicanos de Guerrero”.
Explicó que la interrupción del diálogo que ya se había instalado para la construcción de una reforma a favor del sistema de justicia indígena, “es la prueba de que fue un acto deliberado, engañoso y simulador por parte del gobierno de Guerrero”.
Derivado de ello “ya es difícil creer en la actual administración, porque en realidad están complacidos con el proceder del Congreso Local y la resolución de la Corte”.
Para el abogado, el principal instrumento de un diálogo es la sinceridad y la honestidad, “virtudes muy escasas en los poderes de Guerrero”.
Y respecto a la decisión de las autoridades y asesores de la CRAC-PC de reunirse con el secretario de Gobierno, dijo que es respetuoso, pero que en su caso
ni siquiera tuvo conocimiento de que esa reunión ocurriría, “no fui convocado, el pasado jueves me despedí de todos luego de la conferencia de prensa que dimos en las oficinas del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa”, aclaró.
No obstante, aclaró que el Sistema de Justicia Indígena tiene su “apoyo y lealtad incondicional para seguir defendiéndolo y luchando al lado de sus representantes”.
Cayetano García es uno de los asesores jurídicos de la CRAC y su Policía Comunitaria y el viernes cuando el reportero consultó si en la reunión del jueves con el secretario de gobierno habían estado los asesores, la respuesta fue que sí, por lo que se incluyó su nombre, pero ayer aclaró que no estuvo.
En tanto que consultado por teléfono, Cayetano García declaró que está de acuerdo en que las autoridades de la CRAC se sigan reuniendo con el gobierno del estado, pero personalmente ya no va a asistir a esas reuniones.
Explicó que seguirá ayudando a la CRAC en la parte legal y jurídica y cuando ya tengan algún producto de avance, “saben que cuentan conmigo para que yo revise el texto y opine de lo que vayan avanzando,
“de lo que si yo ya no tengo disposición es de estar en esas mesas”, declaró.
Explicó que su negativa es porque en una reunión el secretario le alzó la voz y se molestó mucho con él, “es muy gritón, muy grosero conmigo, no le gusta que esté apoyando al movimiento porque opino de lo que no está bien, por eso cuando me ve enfrente se pone colorado, entonces quiero evitar eso, no quiero confrontarme con un funcionario de ese nivel, prefiero no asistir”.
También acusó que el gobierno del estado “simula un diálogo que no es fraterno ni es sincero, sólo cuando ya ven las cosas difíciles es cuando se sientan a dialogar”.
Criticó que después de no sentarse seis meses en la mesa para sacar el producto legislativo (la reforma en materia indígenas) al que se comprometió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se vienen a reunir nuevamente, cuando en la CRAC se pensaba que en abril pasado, a más tardar, ya estaría la iniciativa en el Congreso local para que se aprobara antes de las elecciones.
En su opinión, no cree que haya realmente una reforma como la propone la CRAC porque no se ha visto voluntad política y porque la gobernadora Salgado Pineda está de acuerdo en la que ya validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En otro mensaje de texto, Cayetano García criticó que “el viejo régimen” celebró la resolución de la Suprema Corte.
“Hasta se pavonea el coordinador de los diputados locales del PRI en Guerrero (Héctor Apreza Patrón) diciendo que es cosa juzgada el asunto de la Consulta resuelto por la SCJN”, en referencia a las declaraciones hechas a El Sur por el diputado priista.
Cayetano García, agregó: “Su soberbia le hace suponer que no hay más opciones pacíficas, legales y democráticas y que no se puede vencer a quien no se sabe rendir”.
Los coordinadores de la CRAC se reunieron este jueves con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, “para dialogar sobre la determinación de la SCJN, sobre las reformas aprobadas a la Ley 701”, se informó en un boletín del gobierno del estado.
De acuerdo con el comunicado, acordaron realizar un análisis en coordinación con la Consejería Jurídica del gobierno del estado, la Secretaría Técnica de la Gobernadora e involucrados, “a fin de identificar las modificaciones que se consideren necesarias para la armonía y respeto de los derechos humanos de la población de la entidad”.
Reynoso Núñez les dijo que el gobierno del estado mantiene su reconocimiento a la CRAC-PC, como coadyuvantes en las tareas de armonización de los pueblos indígenas.
“Cuentan con el reconocimiento y aprobación de sus pueblos, cuentan con el respaldo de la gobernadora y nosotros seguiremos trabajando con ustedes para fortalecer la construcción de paz en nuestra región de la Montaña”, se informó en el comunicado. (Redacción).
El abogado y ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano; los coordinadores de la Casa da Justicia de Las Juntas Caxitepec, en el municipio de Malinaltepec, Jesús Cesáreo; de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús; y de Espino Blanco, Martín Rosales; el abogado Vidulfo Rosales y los asesores Uriel Leal y Fernando Xochihua en la conferencia de prensa para fijar posición de la CRAC ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avaló la consulta sobre derechos indígenas que hizo el Congreso Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), defenderá su sistema de justicia comunitario de gobiernos e instituciones con modelos occidentales, advirtieron coordinadores de cuatro Casas de Justicia y sus asesores jurídicos, y condenaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ahaya avalado una consulta del Congreso sobre los derechos indígenas que fue “un simulacro” y “una simulación”.
En conferencia de prensa en la que fijaron su postura con respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 133/2022 que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dijeron que ésta avaló .
En esta resolución que aprobó por unanimidad el martes la SCJN, se avaló la consulta organizada por el Congreso local y las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas que esté aprobó en mayo del 2022, y en las que se desconoce el Sistema de Seguridad y Justicia de la CRAC que se había reconocido en la citada ley aprobada en el 2011.
“No serán esos gobiernos e instituciones quienes reconozcan nuestros derechos, no les vamos a pedir permiso para ejercer nuestros derechos”, expusieron los coordinadores de la CRAC en una postura por escrito.
En su fallo, la Suprema Corte avaló que el Congreso del Estado de Guerrero cumplió con las fases preconsultiva, informativa, de diálogo, deliberación y decisiva que se deben cumplir en las consultas a los pueblos indígenas.
Además, avaló que la consulta fue libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, lo que fue rechazado ayer por las autoridades comunitarias y sus asesores jurídicos.
“Los pueblos indígenas y afromexicanos condenamos la resolución de la SCJN ya que es un fallo emitido desde la comodidad de los escritorios de los ministros”, reprocharon en su escrito.
La respuesta de la CRAC fue respaldada por los coordinadores de las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y Las Juntas Caxitepec, así como por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), y los asesores jurídicos de la institución comunitaria Uriel Leal Ramírez, Rubén Cayetano García y Fernando Xochihua San Martín.
En su opinión planteada en el escrito “los ministros no tomaron en cuenta las cientos de actas levantadas en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que daban cuenta que el Congreso nunca informó de la reforma indígena ni realizó diálogo alguno con los pueblos, y reprocharon que “tampoco participamos en la elaboración del protocolo de consulta”.
Criticaron que no fue analizada de oficio por la SCJN, la falta de armonización legislativa de las leyes locales con los tratados internacionales, la Constitución Política y el principio de progresividad que obliga a las autoridades a no abrogar derechos ya reconocidos como es el caso de la Ley 701.
Señalaron que la SCJN “pisoteó” a los pueblos indígenas y afromexicanos desconociendo sus derechos, “cual fiel capataz de las élites económicas y políticas, da continuidad a la opresión y discriminación de nuestros pueblos y nos condena a seguir siendo vasallos de los ladinos y mestizos, ciudadanos de tercera, sobreviviendo en la pobreza extrema y exclusión social”.
Expusieron: “A los diputados de Guerrero, a los ministros y a los gobiernos neocoloniales les decimos: los pueblos indígenas hemos resistido por más de 500 años, somos herederos de grandes civilizaciones y formamos parte de este país, contribuimos a la conformación y consolidación del estado democrático, por lo tanto, no son los gobiernos e instituciones con modelos occidentales quienes reconozcan nuestros derechos, no les vamos a pedir permiso para ejercer nuestros derechos”.
Advirtieron: “Seguiremos cuidando nuestras tierras y territorios, no permitiremos la entrada de las empresas extractivistas, seguiremos brindando seguridad y justicia en nuestros pueblos sin permitir que la delincuencia coludida con el gobierno penetre nuestros territorios, nuestras asambleas seguirán nombrando nuestros gobiernos comunitarios y seguiremos impulsando la creación de nuestros municipios indígena y Afromexicano”.
La Corte no veló por los derechos indígenas: Vidulfo
El abogado de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra condenó la resolución de la SCJN. Dijo que pensaron que podría ser un ente judicial que podría acotar los abusos que cometió el Congreso del estado, al desmantelar los derechos de los indígenas que ya habían ganado a nivel nacional con la ley 701.
Explicó que después de que el PRI “dilapidó” los derechos con su reforma en el 2018 pensaron que
Morena con mayoría en el Congreso recogería la demanda histórica de los pueblos indígenas, “pero, al contrario, la vino a desmantelar totalmente”.
Añadió que es lamentable que la SCJN no haya verificado si en verdad cumplieron los diputados con los requisitos que ella misma fijó en su invalidación de las reformas aprobadas por la anterior legislatura, pues “solamente recibió los documentos y en base a ellos emitió su fallo”.
El abogado opinó que la SCJN comete un gran error al darle la espalda a los pueblos indígenas, pues dijo que no analizó el principio de progresividad que indica que si hay un reconocimiento de derechos ya no se puede retrotraer en éstos, es decir, no se pueden desconocer derechos ya reconocidos.
“En este caso ya teníamos la ley 701 que el propio Congreso local aprobó en el 2011 y en la que se reconoce a la CRAC como un ente facultado para administrar, procurar justicia y realizar tareas de reeducación de las personas detenidas y bajo el principio de progresividad el Congreso ya no podía ir hacia atrás”.
El abogado señaló que “hoy se acuerpan el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial federal en contra de los indígenas porque éstos no forman parte de las elites políticas del país. Como somos indígenas y campesinos no somos contrapeso a sus intereses”.
El coordinador de la Casa de Justicia de Las Juntas de Caxitepec, Jesús Cesáreo Sánchez, dijo que la Suprema Corte avaló una consulta que fue falsa y “un simulacro”, porque no fue una consulta real. La SCJN sólo aprobó lo que el Congreso le envió, pero lo hicieron desde sus escritorios”, cuestionó.
El abogado Uriel Leal Ramírez, insistió que la consulta avalada por la SCJN no reunió los parámetros mínimos que establece la Constitución Política en su artículo segundo, ni los tratados internacionales, entre ellos el convenio 169.
Otro de los asesores de las CRAC, Rubén Cayetano García, argumentó que la SCJN hace mucho que dejó de ser un Tribunal de Control Constitucional en México, “ahora es una instancia de resolución por consigna política y tendenciosa hacia intereses de poderes locales y poderes fácticos, alejándose de los más altos principios de la justicia”.
Añadió que el alto tribunal “sigue haciendo de las suyas y que ahora avala en esta resolución flagrantes violaciones cometidas por el Congreso de Guerrero, instancia legislativa que simuló una consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos que incumplieron las fases preconsultiva, informativa, de deliberación interna, de diálogo y de decisión”.
Reclamó que la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada morenista Yoloczin Do-mínguez Serna celebre la resolución, “pero antes de celebrar debiera preguntarse a quién le favorece esta resolución: ¿al Poder Legislativo local o al pueblo? Porque un representante popular no debe congraciarse con actos que traicionan a sus representados, a menos que por ser plurinominal diga que no la eligió el pueblo y no le debe nada al pueblo”.
El abogado criticó: “Esta resolución es una traición a nuestros hermanos indígenas y afromexicanos guerrerenses, especialmente de la Costa-Montaña, de parte de la SCJN y la actual LXIII Legislatura al Congreso de Guerrero, cuyos procedimientos afectan sus usos y costumbres y les impone un retroceso a sus derechos consuetudinarios que ya habían conquistado”.
