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Acuerda la UPOEG movilizarse contra el aval de la Corte a consultas del Congreso por Ley 701

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acordó movilizarse en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que validó la consulta indígena y las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas realizadas por el Congreso local el año pasado.
El dirigente de la agrupación, Bruno Plácido Valerio, declaró por teléfono que se reunieron 60 pueblos de Ayutla y Tecoanapa, en Atocutla, y con ello iniciaron las asambleas comunitarias para determinar las acciones en contra de la consulta que supuestamente realizó el Congreso local para las reformas en materia indígena.
En su fallo emitido el 5 de junio, la SCJN avaló la consulta realizada en mayo del año pasado y la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, en la que se suprimen derechos de los pueblos indígenas, como las policías comunitarias y el sistema de seguridad y justicia de los pueblos indígenas.
El 12 de junio en conferencia de prensa la dirigencia estatal de la UPOEG anunció que realizaría asambleas en los pueblos indígenas donde tiene presencia para determinar las acciones a seguir en contra del fallo de la Suprema Corte.
Plácido Valerio informó que ayer se realizó la primera de estas asambleas en la que participaron autoridades comunitarias de 60 pueblos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa y acordaron acciones jurídicas y políticas para exigir el cumplimiento de los tratados internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT).
Refirió que no se cumplió con la consulta a los pueblos indígenas para la aprobación de las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas que aprobó el Congreso local y validó la Suprema Corte.
En cuanto a las acciones políticas, los pueblos van a nombrar en cada una de las comunidades un comité en defensa de la consulta y el desarrollo de las comunidades.
Informó que a partir de ayer comenzarían a nombrar los comités en los pueblos y sus integrantes van a trabajar en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en las leyes internacionales y en la propia Constitución Política federal.
El abogado Ricardo Beltrán Verdusco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, quien asistió a la asamblea y se hará cargo de atender la ruta jurídica, anunció que van a recurrir a los organismos internacionales como a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por violación al Convenio 169 de la OIT, para hacer valer el derecho de los pueblos indígenas.
Explicó que en este convenio se establecen los derechos culturales de los pueblos indígenas y que en la realización de la consulta se debieron haber atendido los usos y costumbres, así como la lengua de las comunidades indígenas a las que va dirigida dicha ley, aspecto que no se atendió en la consulta ni en la ley que fue aprobada, dijo.
El abogado declaró que el Congreso local no cumplió con la formalidad que establece dicho Convenio, y sin embargo fue avalado por la SCJN, “y eso es lo vamos a combatir ante la CIDH, porque hubo muchas omisiones”.
“Nosotros vamos a apoyar en todo lo que se refiere al aspecto jurídico y vamos a recurrir a las instancias que correspondan bajo el esquema que nosotros vamos a definir”.
Informó que van a hacer valer el derecho que corresponde a los pueblos originarios porque “a todas luces, así como han expuesto la situación, son actos violatorios a los derechos humanos y a los derechos de las comunidades indígenas que hace alusión el Convenio 169.
“El principal argumento será la violación a la norma 169 en el que se prevé que las consultas deben ser culturalmente adecuadas, “y si no la hicieron de acuerdo a sus usos y costumbres, respetando su lengua, con una información precisa y de buena fe, se violó la norma y aun así fue avalada por la misma SCJN”, insistió.
Dijo que el convenio 169 es una protección importante para las comunidades indígenas y si la autoridad no la acata, es violatorio de los derechos humanos, “y en este caso, si el organismo internacional resuelve que se atienda este asunto, tendría que reponerse el procedimiento y realizar la consulta como corresponde, y como lo establece el convenio 169”.

 

También la UPOEG rechaza aval de la Corte a la consulta del Congreso sobre la Ley 701

El comisario del Mesón Sergio Gallegos; la representante de la comunidad Capulin Lizbeth González; el dirigente de la UPOEG Bruno Plácido; el coordinador de las autoridades municipales civiles y agrarias Gonzalo Torres y el coordinador de 28 comunidades de Ayutla Jesus Pantoja en la conferencia de prensa ayer en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La coordinación estatal de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), se sumó al rechazó a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que validó la consulta del Congreso local y que derivó en la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas de mayo del año pasado.
En conferencia de prensa, al menos 28 comisarios municipales encabezados por dirigentes de la UPOEG anunciaron acciones de protesta para exigir una nueva consulta y otra reforma, porque “los pueblos tienen mucho que aportar”, dijo el dirigente de la organización, Bruno Plácido Valerio, en coincidencia con la postura de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
El coordinador de Autoridades Municipales, Civiles y Agrarias de la UPOEG Gonzalo Torres Valencia, denunció que la consulta que realizó el Congreso “fue una simulación” y que en muchas comunidades indígenas y afromexicanas se realizaron reuniones en las que se obligó a las autoridades comunitarias a firmar, si no, las amenazaron con dejarlas fuera de las obras y de los programas sociales.
Plácido Valerio agregó que con la consulta se violaron los artículos 2 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el 2 dice que los pueblos tienen derecho a crear sus propias instituciones, y el 39 que el pueblo puede alterar o modificar su forma de gobierno, “pero cuando los pueblos se organizan para crear sus propias instituciones son perseguidos y divididos”, reprochó el dirigente indígena.
Agregó que también se violó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que dice que para ser consultados los indígenas, tiene que haber de buena fe y ser previamente informados, lo que no ocurrió.
“La que hicieron no fue consulta, sólo se reunían con unas diez personas o se tomaban fotos en reuniones cuando iba la gobernadora y con eso quieren justificar sus consultas”.
Contó que en otras ocasiones le decían a la gente que se reuniera en algunos pueblos, en donde los amenazaban: “si no me firmas no habrá obras y programas sociales”.
Aseguró que no se levantaron actas de asambleas, ni se nombraron mesas de debates, tampoco firmaron los acuerdos de asamblea.
La UPOEG pide una nueva consulta en la que la gente realmente participe con sus opiniones para la reforma de sus leyes, “estamos de acuerdo en una reforma pero que se cumpla con la consulta”.
Propuso que no les pidan su opinión a los líderes, sino que sean los ciudadanos los que hablen, “son los pueblos los que tienen que ser sujetos y no objetos de derecho público”.
Denuncio que igual ocurrió con la reciente consulta que realizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para la representación de los pueblos indígenas.
Explicó que en San Luis Acatlán solo llegaron las autoridades comunitarias de la cabecera municipal y no invitaron a pueblos como Cuanacaxtitlán, Yoloxóchitl, Arroyo Cumiapa y Pascala del Oro, con lo que, denunció, nuevamente hubo racismo y discriminación.
“Ya estuvo sueve que a los indígenas nos sigan utilizando sólo para eventos o festejos y después nos dejen empobrecidos, divididos y confrontados”.
Informó que la UPOEG va a iniciar asambleas en los pueblos indígenas y afromexicanas para convocar a movilizarse
Anunció que pretenden terminarlas el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, “y vamos a terminar con una acción concreta que nos lleve a ratificar nuestro camino como pueblos indígenas y afromexicanos”.
Admitió: “Si no logramos algo por lo menos estaremos evidenciado al Estado que todavía en el siglo XXI sigue discriminando y violando los derechos de los pueblos indígenas”.

El gobierno acorrala a la UPOEG y no resuelve la inseguridad, señalan

Gonzalo Torres Valencia, denunció que los ministros de la SCJN aprobaron algo que solamente les llevaron, “y eso que les llevaron fue una simulación de consulta, lo que queremos es que realmente se hagan las consultas en asambeas y que sean públicas, no solo que les lleven una hoja y les digan estos son los resultados de la consulta y ya”.
Declaró que buscarán que se respeten sus derechos, “porque de una u otra manera el gobierno nos quiere someter y no estamos dispuestos a eso, nosotros tenemos nuestras propios usos y costumbres y eso no va a estar a discusión, ellos (el gobierno) quiere que cumplamos la ley tal cual la especifica la Carta Magna, pero hasta ahora ni si quiera ellos la respetan a pesar de que está hecha a su manera.
Agregó que hay leyes consuetudinarias “y son a ellas a las que nos estamos apegando y las vamos a defender hasta con las uñas y dientes, hasta el último suspiro”.
Denunció que el gobierno ha estado acorralando a la UPOEG “de una manera muy vil, y nos utilizan como pretexto para hacer sus cosas, empezaron por decir que estamos infiltrados por el crimen organizado, cuando todas las instituciones lo están y no hacen nada”.
Informó que estuvieron de acuerdo en replegarse “para demostrarles que no somos nosotros, y como ejemplo, ahora en el corredor de Acapulco a Huatulco, (Oaxaca), hay muchas extorsiones, y si decían que éramos nosotros y nuestra gente ya se replegó, ¿por qué siguen los problemas entonces?
Informó que en la reciente consulta que realizó el IEPC los pueblos dijeron que quieren participar en cargos de elección popular, “pero ellos nos quieren obligar a que sea por partidos, es lo mismo de siempre: divide y vencerás, quieren obligar al que quiera un cargo a que se vaya con los partidos políticos y abandone la lucha por nuestros pueblos, pero la mayoría de nuestros compañeros están puestos en la lucha”.
Jesús Pantoja Mayo, coordinador de 28 comunidades de Ayutla, declaró que en ese municipio los pueblos se rigen por el sistema normativo propio, “pero aún allí hemos sido discriminados, y eso que hemos estado en pie de lucha, cada que hay elección hay impugnación, nos quieren someter porque las comunidades indígenas han querido tener su autogobierno”.
Aseguró que cuando fueron a hacer la consulta hubo solicitudes de varios pueblos que pidieron que los convocaran a las asambleas y les informaran de qué se trataba la consulta, pero no fueron; “no se nos informó a fondo, hemos sido discriminados en ese aspecto”.

 

“No les vamos a pedir permiso” para ejercer la justicia comunitaria, responde la CRAC

El abogado y ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano; los coordinadores de la Casa da Justicia de Las Juntas Caxitepec, en el municipio de Malinaltepec, Jesús Cesáreo; de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús; y de Espino Blanco, Martín Rosales; el abogado Vidulfo Rosales y los asesores Uriel Leal y Fernando Xochihua en la conferencia de prensa para fijar posición de la CRAC ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avaló la consulta sobre derechos indígenas que hizo el Congreso Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), defenderá su sistema de justicia comunitario de gobiernos e instituciones con modelos occidentales, advirtieron coordinadores de cuatro Casas de Justicia y sus asesores jurídicos, y condenaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ahaya avalado una consulta del Congreso sobre los derechos indígenas que fue “un simulacro” y “una simulación”.
En conferencia de prensa en la que fijaron su postura con respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 133/2022 que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dijeron que ésta avaló .
En esta resolución que aprobó por unanimidad el martes la SCJN, se avaló la consulta organizada por el Congreso local y las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas que esté aprobó en mayo del 2022, y en las que se desconoce el Sistema de Seguridad y Justicia de la CRAC que se había reconocido en la citada ley aprobada en el 2011.
“No serán esos gobiernos e instituciones quienes reconozcan nuestros derechos, no les vamos a pedir permiso para ejercer nuestros derechos”, expusieron los coordinadores de la CRAC en una postura por escrito.
En su fallo, la Suprema Corte avaló que el Congreso del Estado de Guerrero cumplió con las fases preconsultiva, informativa, de diálogo, deliberación y decisiva que se deben cumplir en las consultas a los pueblos indígenas.
Además, avaló que la consulta fue libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, lo que fue rechazado ayer por las autoridades comunitarias y sus asesores jurídicos.
“Los pueblos indígenas y afromexicanos condenamos la resolución de la SCJN ya que es un fallo emitido desde la comodidad de los escritorios de los ministros”, reprocharon en su escrito.
La respuesta de la CRAC fue respaldada por los coordinadores de las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y Las Juntas Caxitepec, así como por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), y los asesores jurídicos de la institución comunitaria Uriel Leal Ramírez, Rubén Cayetano García y Fernando Xochihua San Martín.
En su opinión planteada en el escrito “los ministros no tomaron en cuenta las cientos de actas levantadas en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que daban cuenta que el Congreso nunca informó de la reforma indígena ni realizó diálogo alguno con los pueblos, y reprocharon que “tampoco participamos en la elaboración del protocolo de consulta”.
Criticaron que no fue analizada de oficio por la SCJN, la falta de armonización legislativa de las leyes locales con los tratados internacionales, la Constitución Política y el principio de progresividad que obliga a las autoridades a no abrogar derechos ya reconocidos como es el caso de la Ley 701.
Señalaron que la SCJN “pisoteó” a los pueblos indígenas y afromexicanos desconociendo sus derechos, “cual fiel capataz de las élites económicas y políticas, da continuidad a la opresión y discriminación de nuestros pueblos y nos condena a seguir siendo vasallos de los ladinos y mestizos, ciudadanos de tercera, sobreviviendo en la pobreza extrema y exclusión social”.
Expusieron: “A los diputados de Guerrero, a los ministros y a los gobiernos neocoloniales les decimos: los pueblos indígenas hemos resistido por más de 500 años, somos herederos de grandes civilizaciones y formamos parte de este país, contribuimos a la conformación y consolidación del estado democrático, por lo tanto, no son los gobiernos e instituciones con modelos occidentales quienes reconozcan nuestros derechos, no les vamos a pedir permiso para ejercer nuestros derechos”.
Advirtieron: “Seguiremos cuidando nuestras tierras y territorios, no permitiremos la entrada de las empresas extractivistas, seguiremos brindando seguridad y justicia en nuestros pueblos sin permitir que la delincuencia coludida con el gobierno penetre nuestros territorios, nuestras asambleas seguirán nombrando nuestros gobiernos comunitarios y seguiremos impulsando la creación de nuestros municipios indígena y Afromexicano”.

La Corte no veló por los derechos indígenas: Vidulfo

El abogado de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra condenó la resolución de la SCJN. Dijo que pensaron que podría ser un ente judicial que podría acotar los abusos que cometió el Congreso del estado, al desmantelar los derechos de los indígenas que ya habían ganado a nivel nacional con la ley 701.
Explicó que después de que el PRI “dilapidó” los derechos con su reforma en el 2018 pensaron que
Morena con mayoría en el Congreso recogería la demanda histórica de los pueblos indígenas, “pero, al contrario, la vino a desmantelar totalmente”.
Añadió que es lamentable que la SCJN no haya verificado si en verdad cumplieron los diputados con los requisitos que ella misma fijó en su invalidación de las reformas aprobadas por la anterior legislatura, pues “solamente recibió los documentos y en base a ellos emitió su fallo”.
El abogado opinó que la SCJN comete un gran error al darle la espalda a los pueblos indígenas, pues dijo que no analizó el principio de progresividad que indica que si hay un reconocimiento de derechos ya no se puede retrotraer en éstos, es decir, no se pueden desconocer derechos ya reconocidos.
“En este caso ya teníamos la ley 701 que el propio Congreso local aprobó en el 2011 y en la que se reconoce a la CRAC como un ente facultado para administrar, procurar justicia y realizar tareas de reeducación de las personas detenidas y bajo el principio de progresividad el Congreso ya no podía ir hacia atrás”.
El abogado señaló que “hoy se acuerpan el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial federal en contra de los indígenas porque éstos no forman parte de las elites políticas del país. Como somos indígenas y campesinos no somos contrapeso a sus intereses”.
El coordinador de la Casa de Justicia de Las Juntas de Caxitepec, Jesús Cesáreo Sánchez, dijo que la Suprema Corte avaló una consulta que fue falsa y “un simulacro”, porque no fue una consulta real. La SCJN sólo aprobó lo que el Congreso le envió, pero lo hicieron desde sus escritorios”, cuestionó.
El abogado Uriel Leal Ramírez, insistió que la consulta avalada por la SCJN no reunió los parámetros mínimos que establece la Constitución Política en su artículo segundo, ni los tratados internacionales, entre ellos el convenio 169.
Otro de los asesores de las CRAC, Rubén Cayetano García, argumentó que la SCJN hace mucho que dejó de ser un Tribunal de Control Constitucional en México, “ahora es una instancia de resolución por consigna política y tendenciosa hacia intereses de poderes locales y poderes fácticos, alejándose de los más altos principios de la justicia”.
Añadió que el alto tribunal “sigue haciendo de las suyas y que ahora avala en esta resolución flagrantes violaciones cometidas por el Congreso de Guerrero, instancia legislativa que simuló una consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos que incumplieron las fases preconsultiva, informativa, de deliberación interna, de diálogo y de decisión”.
Reclamó que la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada morenista Yoloczin Do-mínguez Serna celebre la resolución, “pero antes de celebrar debiera preguntarse a quién le favorece esta resolución: ¿al Poder Legislativo local o al pueblo? Porque un representante popular no debe congraciarse con actos que traicionan a sus representados, a menos que por ser plurinominal diga que no la eligió el pueblo y no le debe nada al pueblo”.
El abogado criticó: “Esta resolución es una traición a nuestros hermanos indígenas y afromexicanos guerrerenses, especialmente de la Costa-Montaña, de parte de la SCJN y la actual LXIII Legislatura al Congreso de Guerrero, cuyos procedimientos afectan sus usos y costumbres y les impone un retroceso a sus derechos consuetudinarios que ya habían conquistado”.

 

El fallo de la Corte deja vigente la reforma a la ley indígena que aprobó el Congreso local

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar la validez “en definitiva” de las reformas aprobadas por el Congreso de Guerrero a la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, éstas son constitucionales, por lo que son aplicables.
Después de la reforma del 24 de mayo de 2022 aprobada por el Congreso local, la CNDH buscó combatir esta norma a través de una acción de inconstitucionalidad, que finalmente este lunes fue declarada “procedente pero infundada” por los 11 ministros de la Corte.
Lo que significa que las reformas que el Congreso de Guerrero aprobó con 36 votos a favor y uno en contra en materia de derechos y seguridad indígena y afromexicana, son constitucionales.
Con las reformas avaladas por la Corte, no se reconoce en la ley al sistema de justicia que incluye la reeducación, ni a la policía comunitaria que fue sustituida por “policía indígena o afromexicana”.
El artículo 26 de la norma vigente establece que “la Ley reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía” y se agregó que se sujetará “a los principios generales” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la de Guerrero “en particular aquellos relativos al respeto de los derechos humanos”.
En la fracción tercera se establecía que se reconoce y garantiza el derecho de elegir a “sus autoridades políticas o representantes”, pero con la reforma se apunta que solo podrán elegir “a sus autoridades comunitarias o representantes”.
En el título tercero “De la Justicia Indígena y Afromexicana” se señala en el segundo párrafo del artículo 35 que “la aplicación de la justicia indígena es alterna a la vía jurisdiccional ordinaria y al fuero de los jueces del orden común, conforme a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales” la Constitución de la República; los tratados internacionales; la Constitución de Guerrero, y las leyes de ellas emanadas.
Y en el artículo 36 se reconoce en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, “el conjunto de normas orales y escritas que se han transmitido por generaciones, enriqueciéndose y adaptándose con el paso del tiempo, de carácter consuetudinario que regulan sus relaciones familiares, comunitarias, la vida civil y la prevención y solución de conflictos al interior de cada pueblo o comunidad, entre sus integrantes”.
En el artículo 37 se establece que las autoridades del estado “mantendrá una relación de cooperación y comunicación” con estos pueblos “para garantizar que sus sistemas normativos internos sean adecuadamente conocidos por personas e instituciones ajenas a ellos” cuidando que no se contrapongan a la constitución federal y tratados internacionales.
También en la sección primera Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano dice en su artículo 38 que el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano “es el conjunto articulado de instituciones, autoridades, acciones, instrumentos y mecanismos que implementan los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de acuerdo a sus usos y costumbres dentro del municipio, en la prevención del delito, sin vulnerar sus sistemas normativos, prácticas tradicionales, lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la presente Ley”.
En el artículo 39 se dice que ambos sistemas “constituirán una relación de cooperación” en materia de seguridad pública.
Mientras que en el artículo 40 se destaca que el órgano supremo del Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano “es la Asamblea General de cada pueblo”.

 

Festeja Yoloczin el aval de la Corte a la Consulta del Congreso sobre la Ley 701

Curules vacíos de la bancada de Morena en el inicio de la sesión del Congreso Local, en la cual tardaron 20 minutos en el pase de lista ante la presencia de solo cuatro diputados Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, opinó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la que validó por unanimidad y “en definitiva” la consulta y las reformas que realizó el Congreso de Guerrero a la Ley 701, “da certeza a los procesos consultivos” que realiza este poder.
De acuerdo con un comunicado de prensa, Domínguez Serna dijo que en la actual legislatura, los procesos de consulta se están perfeccionando “en busca de garantizar una participación real de los pueblos indígenas y afromexicanos”.
El Congreso realiza consultas en materia de educación indígena e inclusiva, y recientemente el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) concluyó la consulta en materia electoral para establecer las reglas con las que se garantizará a los pueblos indígenas y afromexicanos su participación en el proceso electoral próximo.

Realiza el Ejecutivo observaciones del Legislativo a sus decretos

Al pleno del Congreso local se informó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió “observación constitucional total” a dos decretos aprobados por los diputados, por lo que no se han publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Se trata de dos decretos que se generaron a partir de iniciativas enviadas por Evelyn Salgado, propuestas que en el proceso de revisión y dictaminación sufrió modificaciones en las que la gobernadora está en desacuerdo.
En la sesión de ayer sólo se leyeron los oficios en los que se menciona el contenido de los decretos observados, pero no se leyeron los anexos en los que se puntualiza qué es lo que el Ejecutivo encontró inviable para su publicación y entrada en vigencia.
Con estos dos, son tres decretos que la gobernadora por Morena observa de manera total al Poder Legislativo, donde el grupo parlamentario con mayor número de diputados es de su mismo partido.
Al inicio de la sesión se leyeron dos oficios enviados por Salgado Pineda. Se trata de la “observación constitucional total” al decreto número 445 por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el estado libre y soberano de Guerrero, número 499”, por el que se adicionó una fracción al artículo 118 y al título quinto “de la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes” y al capítulo tercero “del sistema estatal de protección integral”, y de la ley número 812 para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La otra observación constitucional total fue al decreto número 457 por el que se adiciona el artículo 140 Bis del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del estado de Guerrero, número 763.

La sesión

El pleno del Congreso de Guerrero exhortó al gobierno estatal para que, a través de la Secretaría de Turismo, promueva el desarrollo de la actividad turística en la zona Norte de Guerrero. Fue una propuesta del diputado morenista Antonio Helguera Jiménez.
El grupo parlamentario del PRD presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado para armonizarlo con “Ley 3 de 3 contra la Violencia”.
La propuesta es para que quede establecido en la legislación local que las personas con sentencias firmes por delitos graves relacionados con la vida, integridad corporal, sexuales, violencia familiar, violencia política contra las mujeres e incumplimiento de la obligación alimentaria, no puedan ser candidatos a cargos de elección popular ni nombrados en cargos o comisiones del servicio público.
La propuesta la presentó en tribuna la perredista Jennyfer García Lucena, que plantea la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
El morenista Antonio Helguera presentó una iniciativa de adición a la Constitución Política del Estado para establecer la prohibición de la “lista de raya” o “nómina secreta”, con lo que se inhibirá la opacidad en el funcionamiento de la administración pública municipal.
También de Morena, Carlos Cruz López presentó una iniciativa de adición a la Ley Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados, para que las madres o padres cuyos hijos hayan sido diagnosticados con cáncer puedan gozar de una licencia por cuidados médicos, que les permita ausentarse de sus labores en caso de que la niña, niño o adolescente requiera descanso en los periodos críticos del tratamiento.
 

Llama Saldaña al voto “masivo” de los universitarios en su primer día de campaña

El candidato a rector de la UAG, Javier Saldaña Almazan, en el inicio de su campaña en la Preparatoria 7 de Acapulco, donde fue recibido por los estudiantes en mediko de gritos y porras Foto: El Sur

Karina Contreras

Al iniciar su campaña para rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán hizo un llamado a los universitarios a votar “masivamente” para que el proyecto que representa vaya bien consolidado.
Indicó que el 25 de mayo, día de las elecciones, se debe tener más del 80 por ciento de la votación, “necesitamos tener una votación ejemplar y tengamos el argumento, que le digamos a los gobiernos estatal y federal ‘miren, los universitarios votamos por una universidad más moderna, por una universidad que se ha transformado y se sigue transformando, porque queremos mejores condiciones’. Queremos una universidad libre de violencia, que nos veamos como amigos, como hermanos, hijos de Dios, y tenemos que respetarnos, querernos y, obviamente, cuidarnos entre todos”.
En entrevista, a Saldaña Almazán se le preguntó su opinión sobre las críticas a su candidatura única y subrayó que en el Quinto Congreso General se acordaron los requisitos para ser rector, entre ellos, lo de aval de consejeros, que esa comisión fue coordinada por Ramón Reyes Carreto, “en la mesa en donde se tomó ese acuerdo estaba el doctor Román Ibarra. Yo tengo los documentos, estaba la doctora Silvia Alemán, el doctor Carreto, que era el coordinador general, y ellos dispusieron, yo no lo dispuse, que el proceso se tenía que academizar, que por los menos alguien que aspirara a ser rector o rectora debería contar con el aval de 40 consejeros y yo creo que es justo”, en referencia a los personajes universitarios, que han rechazado que las firmas de los consejeros fueran un requisito.
Señaló que es justo ese requisito para que quien sea rector tenga el aval de la comunidad universitaria y recordó que el Consejo Universitario bajó de 40 a 25 las firmas de los consejeros, pero “aunque los quiten van a decir que hubo fraude”.
Saldaña Almazán subrayó que sus opositores quieren la Rectoría para “llevar a la universidad a las calles, para seguir fines que no son los esenciales de la universidad. Hacerle marchas a la gobernadora, al gobierno federal. Han equivocado el camino”.
Recordó que en el pago del ISR llevaba un acuerdo, pero “ellos pusieron sus amparos, 2 mil amparos, les pidieron mil pesos a cada trabajador, y todos los perdieron”.
El candidato invitó a los detractores a que se integren al gobierno universitario y reveló que pidió al Ramón Reyes que dirija la Comisión Académica y de Transformación, “porque es una persona muy académica, que sabe arrastrar la pluma, para que saquemos juntos el Sexto Congreso General Universitario, y ahí, si decide quitar requisitos, que nada más sea miembro de un partido o ciudadano pueda ser rector, que lo decida la comunidad universitaria. Pero yo no tuve nada que ver con los consejeros, ellos fueron los que propusieron y el único que se oponía era el ex rector Florentino Cruz Ramírez, Miranda y yo”.
Hizo un llamado a la unión, porque no quiere que haya división y subrayó que la UAG es una de las pocas instituciones que tienen estabilidad en Guerrero, “no queremos que se colapse, estamos unidos todos”.
Señaló que en la marcha del sábado del Freg, nada más fueron diez profesores universitarios, “los demás son personas que quieren un reflector para hacerse famoso, pero aquí no es Hollywood, aquí es academia, trabajo, donde nos hemos partido el alma para sacar adelante esta universidad y no vamos a dar un paso atrás en la unidad, en el trabajo. Hoy la universidad necesita otro impulso para transformarla, de la mano de la gobernadora, podamos juntos lograr la justicia y la paz para Guerrero”.
Al candidato se le preguntó sobre cuáles fueron los acuerdos con el ex coordinador de la Zona Sur, quien aspiraba a la Rectoría, Efrén Arellano Cisneros, y respondió que no hubo acuerdos de ningún cargo, que lo que hicieron es poner por delante los intereses de la institución, “ya nos conocemos, hemos trabajado juntos durante estos últimos 17 años”.
Manifestó que platicó con Efrén Arellano y coincidieron en que lo mejor para la universidad es estar juntos y en eso se esta transitando, en armonía, para trabajar y mantener vivo los principales postulados de Rosalío Wences Reza.

Vista escuelas de Acapulco

El candidato estuvo en Acapulco, en su primer día de campaña, para visitar varias escuelas de la universidad, en donde fue recibido con algarabía por parte de los estudiantes, quienes gritaban porras mientras hacían sonar la batucada y las matracas.
En sus actos, el candidato estuvo siendo seguido por unas diez personas del Freg, para protestar, pero fueron aminorados por decenas de simpatizantes del candidato que gritaban: “Saldaña” y “JSA” mientras tocaban tambores.
Los directores de las escuelas, en sus mensajes, resaltaron la figura del ex rector, a quien le atribuyen la “gran transformación de la máxima casa de estudios” y dijeron a los estudiantes que el equipamiento y la nueva infraestructura de la UAG se debe a las gestiones que hizo Saldaña Almazán en sus dos periodos como rector.

Agregaron que ha dado estabilidad a la UAG, porque antes “teníamos que hacer marchas para conquistar el subsidio, para que pagaran a los profesores y hoy no. Hoy hay un cambio totalmente y tenemos una universidad con identidad”.
Saldaña Almazán abrió campaña en la Preparatoria 7 y de ahí visitó la facultad de Medicina, Preparatoria 2, las facultades de Odontología, Derecho, Sociología y Enfermería 2; el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) y, por la tarde, estuvo en Psicología, donde cerró su primer día de campaña.
En breves mensajes, el candidato en todas las escuelas se comprometió a transformar la institución en una universidad libre de violencia y más inclusiva, donde se trate a todos con respeto y dignidad. Además, adelantó que el próximo año no habrá examen para ingresar a las preparatorias de la máxima casa de estudios. Dijo que junto con los universitarios va a transformar a la UAG y lucharán por tener una educación justa, con oportunidad para todos sin distingos de ninguna clase.
En su mensaje el candidato agradeció el apoyo de los universitarios y en Medicina resaltó que está entre las diez más importantes del país, se comprometió con seguir modernizando la escuela, que es la que tiene más demanda de ingreso.
Saldaña Almazán dijo que la UAG es una universidad a la que le tiene confianza el pueblo de Guerrero y seguirá trabajando para consolidarla entre las mejores cuatro del país.
Insistió en que va a combatir el acoso a los estudiantes por parte de los maestros y que pedirá a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, una bolsa de recursos para que a estos maestros que acosan y los que cobran a los alumnos los liquiden, para que se vayan de la universidad, pues los “maestros cobran bien”, mientras que los padres de los alumnos tienen que hace sacrificios para tenerlos en la escuela.
En los planteles, Saldaña Almazán prometió seguir gestionando recursos para construir más edificios y equipamiento, para ir mejorando las condiciones de estudios de los que están en las aulas.

Teme Astudillo que con Alito el PRI se convierta en partido de incondicionales

Juan Luis Altamirano Uruñuela

El ex gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, aseguró que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, favorecerá de manera directa con candidaturas a sus más cercanos, esto con miras a las elecciones de 2024.
“Está muy cantado que el actual presidente del PRI va a favorecer a sus incondicionales, no a los que tengan más peso político o más fuerza política, sino a sus incondicionales. Sería muy grave que en un momento como el que vive el PRI, el PRI se convierta solamente en un partido de incondicionales y a la militancia la manden a competir sin darle otra cosa más que el ánimo del que es candidato o candidata”, dijo a El Sur.
Este miércoles 26 de marzo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), aprobó la procedencia legal de las reformas de los estatutos del PRI, con lo que Moreno Cárdenas se mantendrá como dirigente del partido hasta 2024, cuando debió irse en agosto.
Ante dicha situación, Astudillo Flores reconoció que existe la posibilidad de un quiebre a nivel nacional por parte de la militancia provocado por Alejandro Moreno, además de asegurar que no plantea tener una candidatura para algún cargo público en 2024.
“En lo personal a mí no me mueve el que piensen de mí en darme una candidatura, porque ni lo he planteado ni lo pienso plantear, ni estoy en eso. Yo lo que creo es que a lo que nos vamos acercando, independientemente del desencanto que hay hoy, o el desánimo que hay de ver con respeto al líder de un partido en el que tu militas, o en el que tienes mucho tiempo militando, a lo que nos vamos acercando es que cuando vengan los repartos, va a haber un quiebre, va a ser un quiebre nacional”.
Tras su participación en el Foro Plural de Ex gobernadores, Astudillo afirmó que la opinión pública sobre Moreno no es mala, sino que es “pésima”, además de que la imagen del dirigente no es aceptable y no cuenta con atributos políticos positivos.
“Más allá de su personalidad, yo creo que su termino debería de concluir en agosto, en todas las organizaciones democráticas del mundo los relevos son normales. Uno debe entender hasta cuando estás ahí y hasta cuando te debes ir. Por su puesto que no hay voluntad para irse, hay interés para apropiarse de las decisiones o tener la fuerza para tomar las decisiones que van a venir para 2024, por supuesto que muchos que lo rodean están interesados en eso”.
El ex gobernador reconoció que el fallo otorgado por el Tribunal Electoral era algo que ya tenía previsto y que no afectó a intereses de dirigentes tanto de Morena como del PRI, agregando las posiciones encontradas entre el Instituto Nacional Electoral (INE), y el Tribunal, fueron debido a una negociación.
“Se da en el marco de una negociación, una negociación muy clara, de las élites de los partidos políticos con el propio Tribunal. Es muy significativo ver cómo cambian la opinión de un consejero del INE que dice que no se encuentra justificación para hacer la reforma, y ver la posición de un magistrado del Tribunal electoral donde dice que debemos darle y permitirle la autodeterminación a los partidos políticos para conducirse y para regirse internamente”.
Agregó que existe una crisis en las dirigencias nacionales de los partidos políticos, además de que la ampliación de mandato se dio en un momento coyuntural cuando se buscaba reducir las atribuciones del Tribunal Electoral.
“Esta ligado a en el momento que los dirigentes de los partidos políticos se dieron cuenta que la reforma para afectar las facultades del Tribunal Federal no tenía simpatía social en el país, decidieron no llevarla, pero por supuesto que hubo un intercambio: ‘yo no me meto contigo en la reforma y tu no te metas conmigo en mis tiempos de dirigencias nacionales’, eso es lo que pasó”.
El ex gobernador dijo encontrarse convencido de que en el país hay gente que comparte la idea que tiene, además de que puede darse una división dentro del partido por el actuar de Moreno, situación que aseguró no esperar y que no será motivo para dividir al PRI.
“Yo ya hice lo que tenía que hacer, me quedo tranquilo conmigo mismo porque hice lo que tenía que hacer, levantar la voz y si tuviese que volver a hacerlo, lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque yo cumplo con mi conciencia, cumplo con mi convicción, con mi compromiso como elemento formado en el PRI. No actué por mi interés o no actué porque voy a ganarme algo. Si hubiera querido ganarme algo lo más fácil era no decir nada y congraciarme con el dirigente nacional.