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Acuerda la UPOEG movilizarse contra el aval de la Corte a consultas del Congreso por Ley 701

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acordó movilizarse en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que validó la consulta indígena y las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas realizadas por el Congreso local el año pasado.
El dirigente de la agrupación, Bruno Plácido Valerio, declaró por teléfono que se reunieron 60 pueblos de Ayutla y Tecoanapa, en Atocutla, y con ello iniciaron las asambleas comunitarias para determinar las acciones en contra de la consulta que supuestamente realizó el Congreso local para las reformas en materia indígena.
En su fallo emitido el 5 de junio, la SCJN avaló la consulta realizada en mayo del año pasado y la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, en la que se suprimen derechos de los pueblos indígenas, como las policías comunitarias y el sistema de seguridad y justicia de los pueblos indígenas.
El 12 de junio en conferencia de prensa la dirigencia estatal de la UPOEG anunció que realizaría asambleas en los pueblos indígenas donde tiene presencia para determinar las acciones a seguir en contra del fallo de la Suprema Corte.
Plácido Valerio informó que ayer se realizó la primera de estas asambleas en la que participaron autoridades comunitarias de 60 pueblos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa y acordaron acciones jurídicas y políticas para exigir el cumplimiento de los tratados internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT).
Refirió que no se cumplió con la consulta a los pueblos indígenas para la aprobación de las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas que aprobó el Congreso local y validó la Suprema Corte.
En cuanto a las acciones políticas, los pueblos van a nombrar en cada una de las comunidades un comité en defensa de la consulta y el desarrollo de las comunidades.
Informó que a partir de ayer comenzarían a nombrar los comités en los pueblos y sus integrantes van a trabajar en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en las leyes internacionales y en la propia Constitución Política federal.
El abogado Ricardo Beltrán Verdusco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, quien asistió a la asamblea y se hará cargo de atender la ruta jurídica, anunció que van a recurrir a los organismos internacionales como a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por violación al Convenio 169 de la OIT, para hacer valer el derecho de los pueblos indígenas.
Explicó que en este convenio se establecen los derechos culturales de los pueblos indígenas y que en la realización de la consulta se debieron haber atendido los usos y costumbres, así como la lengua de las comunidades indígenas a las que va dirigida dicha ley, aspecto que no se atendió en la consulta ni en la ley que fue aprobada, dijo.
El abogado declaró que el Congreso local no cumplió con la formalidad que establece dicho Convenio, y sin embargo fue avalado por la SCJN, “y eso es lo vamos a combatir ante la CIDH, porque hubo muchas omisiones”.
“Nosotros vamos a apoyar en todo lo que se refiere al aspecto jurídico y vamos a recurrir a las instancias que correspondan bajo el esquema que nosotros vamos a definir”.
Informó que van a hacer valer el derecho que corresponde a los pueblos originarios porque “a todas luces, así como han expuesto la situación, son actos violatorios a los derechos humanos y a los derechos de las comunidades indígenas que hace alusión el Convenio 169.
“El principal argumento será la violación a la norma 169 en el que se prevé que las consultas deben ser culturalmente adecuadas, “y si no la hicieron de acuerdo a sus usos y costumbres, respetando su lengua, con una información precisa y de buena fe, se violó la norma y aun así fue avalada por la misma SCJN”, insistió.
Dijo que el convenio 169 es una protección importante para las comunidades indígenas y si la autoridad no la acata, es violatorio de los derechos humanos, “y en este caso, si el organismo internacional resuelve que se atienda este asunto, tendría que reponerse el procedimiento y realizar la consulta como corresponde, y como lo establece el convenio 169”.

 

Amplía el Congreso penas para delitos de abuso sexual a menores de 18 años

La coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, Yoloczin Dominguez Serna platica con el coordinador de la bancada del PRI, Héctor Apreza Patrón, mientras que al fondo diputados locales de Morena discuten luego de no ponerse de acuerdo para votar a favor de la reforma denominado “Divorcio Notarial”, y cuyo punto fue sacado del orden del día a petición del presidente de la Comisión de Justicia, el priista Jesús Parra García Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno del Congreso local aprobó reformas al Código Penal y a la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, para establecer agravantes al delito de abuso sexual cometido contra menores de 18 años, y para que se elabore un banco de datos que contenga estadísticas con perspectiva de infancia y adolescencia en materia de violencia familiar y sexual.
La reforma al Código Penal establece que aumentarán las penas hasta en una mitad del máximo de la sanción si el delito es cometido en contra de una persona menor de 15 años de edad, en lugar de los 12 años que establece el texto vigente.
También la se equipara a la violación y se sancionará de 10 a 40 años de prisión al que sin violencia realice cópula con persona menor de 18 años de edad, en sustitución de los 15 años; también se adiciona una fracción al artículo 118 de la Ley número 812 Para la Protección de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes para que dentro de las atribuciones del gobierno del estado, “en concurrencia con la federación, se prevea la elaboración de un banco de datos que contenga estadísticas con perspectiva de infancia y adolescencia en materia de violencia familiar y sexual contra personas menores de 18 años”.
En la sesión ordinaria el pleno del Congreso se aprobaron reformas al Código Penal del estado para aumentar de 4 a 10 años las penas de prisión por el delito de despojo, mismas que se incrementarán hasta en dos terceras partes cuando los agraviados sean adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
Se precisa que comete el delito de despojo quien por voluntad propia y utilizando violencia física o moral, engaño o furtivamente, ocupe o hace uso de un inmueble que no le pertenece. También quedó establecido que quienes cometan en forma reiterada el delito de despojo de bienes inmuebles se les impondrá de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa.
Otro dictamen que se aprobó es el de adición a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para que la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Homicidio Doloso Cometido en Agravio de Mujeres a la que se agregan que investigue los asesinatos cometidos contra personas con orientación o preferencia sexual por identidad o expresión de género, porque sólo era incluido en el reglamento pero no en la ley.

Minuto de silencio por feminicidios

A petición de la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz, el pleno del Congreso local guardó un minuto de silencio por los cuatro feminicidios que ocurrieron o se conocieron en menos de 24 horas ocurridos en Chilpancingo, Acapulco, Juan R. Escudero y José Joaquín de Herrera.
Tras la aprobación del orden del día, la también presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género pidió la palabra para solicitar un minuto de silencio “por las mujeres asesinadas en las últimas horas en Guerrero, y que con este minuto de silencio también sea una exigencia de justicia para que estos hechos sean castigados y sobre todo se exija todo el peso de la ley para los feminicidas”.
La diputada priista nombró a las mujeres asesinadas. Pidió justicia para la maestra Marlén Enríquez Brito, asesinada el miércoles en Chilpancingo afuera del kínder en el que trabajaba; de la adolescente Vanesa Pérez Bahena, cuyo cadáver fue localizado el martes pasado en un barranco de la colonia Mozimba en Acapulco; el de Guilibalda Reyes, de quien fue hallado su cadáver el domingo en Carrizal de la Vía e identificada el miércoles; y el de Bonificia Mendoza Ortiz, asesinada el 18 de abril, pero localizada un día después en las inmediaciones de la laguna de Ayahualtempa, en José Joaquín de Herrera.
“Que ninguno de estos feminicidios quede impune y que cada quien haga lo que le corresponde”, concluyó Gabriela Bernal, el minuto de silencio fue autorizado por la presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez “ante la situación, lamentable, triste que compartió la diputada, por ellas y por todas las mujeres asesinadas en nuestro estado”.

Piden garantizar derechos de ciudadanos de nuevos municipios

También de Morena, el diputado José Efrén López Cortés presentó un punto de acuerdo por el que se solicita a los ayuntamientos de los municipios de Cuajinicuilapa, San Marcos y Malinaltepec, así como al Concejo Comunitario Municipal de Ayutla de los Libres, a efecto de que envíen un informe escrito pormenorizado relativo a la obligación que tienen de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos que habitan en los nuevos municipios de San Nicolás, Las Vigas, Santa Cruz del Rincón y Ñuu Savi, porque recordó que es su obligación suministrarles los servicios públicos necesarios para una vida digna y de calidad.

Se suman a posición federal contra el tráfico de armas

El pleno también aprobó adherirse a los acuerdos emitidos por los Congresos de Guanajuato, Quintana Roo y Yucatán para exhortar al Congreso de la Unión y a los congresos locales de todo el país a que respalden las acciones legales emprendidas por el gobierno de México en Estados Unidos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el objetivo de frenar el tráfico ilegal de armas y poner un alto al crimen organizado.
El diputado morenista Andrés Guevara Cárdenas propuso un exhorto que fue aprobado por unanimidad para que los titulares de las secretarías estatales de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Gestión de Riesgos y Protección Civil, de Salud y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, todas del gobierno del estado, que en coordinación con los representantes estatales de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los 80 ayuntamientos y el Concejo Comunitario de Ayutla de los Libres, implementen acciones para la creación de centros municipales de gestión de envases de desecho de pesticidas.

Retiran dictamen sobre “divorcio notarial”

El tema que generó debate fue la segunda lectura del dictamen de la Comisión de Justicia por el que se adicionan y reforman el Código Civil, la Ley de Divorcio y la Ley de Notariado Público para regular de manera armónica y sistemática en la legislación estatal el “divorcio notarial”.
La iniciativa fue del morenista Carlos Cruz López y dictaminada a favor por la Comisión de Justicia, pero ya en la discusión. la morenista Leticia Castro Ortiz pidió la palabra para argumentar su voto en contra y en tribuna señaló que el tema “no se encuentra lo suficientemente analizado” y que con estas reformas se quitan facultades y “atentan” contra el Poder Judicial pues se pretende dotar a los notarios “de facultades sumamente riesgosas”.
Leticia Castro cuestionó por qué se pretende dar más facultades a los notarios; por su parte el promovente, Carlos Cruz defendió que esta figura ayudaría a descargar de trabajo a los juzgados familiares y así los trámites serían menos tardados, además justificó que ya hay estados de la República que ya tienen esta herramienta legal.
En seguida los diputados de Morena se reunieron en uno de los pasillos entre las curules para hablar del tema y se solicitó un receso, ahí Leticia Casto advirtió a sus compañeros que no votaría a favor las iniciativas de sus compañeros solo por ser morenistas, también Efrén López Cortez les adelantó que su voto sería en contra.
Finalmente pidieron al presidente de la Comisión de Justicia el priista Jesús Parra García, que retirara el dictamen el cual se turnó a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para continuar con su análisis y enlistarse en una próxima sesión.

 

 

Se solidarizan académicas de la UAG con el paro en la UAM por caso de violación

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Profesoras del Cuerpo Académico Diversidad y Estudios de Género, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se solidarizaron con las alumnas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quienes están en paro tras un caso de violación en la unidad de Cuajimalpa.
Señalaron que las prácticas abusivas están normalizadas dentro de las universidades porque aún son insuficientes las acciones para tener una política integral de igualdad de género.
Durante el primer día del seminario la Construcción de Co-nocimiento con Enfoque de Géne-ro en el Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterri-toriales (CIPES), las académicas del Instituto de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, Rosa Icela Ojeda Rivera y Rosa María Gómez Saavedra, expresaron su reconocimiento y solidaridad con las alumnas de la UAM, y exigieron justicia pronta y diligente a los casos de violencia que detonaron este conflicto.
Señalaron que el paro indefinido, extendido a las cinco unidades de la UAM, muestra la insuficiencia de políticas y acciones integrales efectivas que garanticen la igualdad de género y no violencia en el ámbito universitario. Exigieron que las universidades retomen “los procesos estancados” de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género, para que sea parte de un estilo de gestión universitaria.
Recordaron que hoy, sólo son las académicas feministas las interesadas y comprometidas, integradas en cuerpos de investigación, las que han incorporado la perspectiva de género en programas y materias a su cargo.
También son las que organizan espacios de discusión sobre la igualdad dentro y fuera de la comunidad universitaria con investigaciones con perspectiva de género y divulgación, generalmente sin suficiente apoyo y reconocimiento, y como una actividad insuficiente, parcial y limitada, señalaron.
Asimismo, mencionaron las denuncias y manifestaciones de las alumnas en redes sociales y tendederos con nombres de sus hostigadores, solo evidenciaron la naturalización de las prácticas abusivas la interior de las universidades.
Ante la presión social y mediática, “las unidades elaboran protocolos apresurados para atender la violencia”, afectando el derecho al pleno acceso a una vida libre de violencia.
En este contexto, reconocen y se solidarizan con las alumnas de la UAM Cuajimalpa, en el escenario feminista nacional, y exigen una solución favorable al pliego petitorio donde se plantea la revisión de los ordenamientos legales internos para garantizar el respeto a los derechos humanos.
Además, garantía de audiencia y ningún tipo de represalias

 

Balacera en Pungarabato cuando un hombre intentaba huir de la policía

La policía ministerial intercambió disparos con un hombre que huía, luego de que intentaron detenerlo con una orden de aprehensión por violación, la noche de este miércoles, cerca de la población Santa Bárbara, municipio de Pungarabato.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la noche, cuando intentaban detener a Pedro Juan, originario de Tlapehuala, al que perseguían en un auto blanco, el cual impactaron contra una patrulla sobre la carretera federal 134, cerca del poblado Santa Bárbara, justo al pasar frente a las instalaciones de Grúas Peña.
El conductor se bajó del vehículo, comenzó a correr y a la vez empezó a disparar contra la patrulla, por lo cual los policías ministeriales empezaron a responder la agresión. El hombre alcanzó a correr unos 200 metros, en un callejón, e intentó esconderse entre la maleza de un terreno baldío, pero le dieron alcance con las patrullas y, a su vez, los oficiales continuaban disparando al aire.
Se reportó que el hombre tiene una orden de aprehensión, por el delito de violación equiparada, y que sería puesto en manos del juez.
El hombre fue detenido y el vehículo fue asegurado, mientras tanto, comenzó una búsqueda de la pistola que había aventado en el camino, pero debido a que la maleza estaba alta y a que ya era de noche, no la encontraban.
No se reportaron personas lesionadas. La zona fue asegurada por la policía ministerial, una vez que también llegó la Policía Municipal y el Ejército. Todo ocurrió a un costado de las instalaciones de Grúas Peña, donde comienza la barda de las instalaciones del 34 Batallón de Infantería. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).

Inédita e histórica, la condena de 19 años a militares que violaron a Valentina, dicen la ONU y ONG

 

“Inédita e histórica”, fueron los calificativos de especialistas en violencia de género, abogados, organizaciones y representantes de la ONU sobre la sentencia de una jueza de distrito con sede en Guerrero, consistente en una condena de 19 años, cinco meses y un día de prisión a los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca por tortura y violación sexual contra Valentina Rosendo Cantú, indígena me’phaa que desde 2002 cuando fue agredida, ha mantenido una lucha en busca de justicia.
En la sede del Club de Periodistas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Valentina estuvo acompañada por Alda Facio Montejo, integrante del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer en la Ley y en la Práctica, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
También estuvieron Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Tania Reneaum Panszi directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Santiago Aguirre Espinoza subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y Vidulfo Rosales Sierra abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El caso fue acompañado por estas dos últimas dos organizaciones y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (Cejil).
“Lo que siempre quise es que se sancionara a los responsables, quería justicia y por eso nunca dejé de alzar la voz. Estoy preparada para ayudar a otras mujeres que también sufren violaciones por parte del gobierno”, expresó Valentina Rosendo.
El 1 de junio la jueza Fabricia Contreras Perales, titular del juzgado Séptimo de Distrito en Guerrero emitió el fallo, notificado la semana pasada a los abogados de las organizaciones de derechos humanos que llevan la defensa.
Vidulfo Rosales detalló que “esta sentencia hace un estudio de los delitos de tortura y violación sexual contra Rosendo Cantú, (ocurrida) el 16 de febrero de 2002, cuando elementos del Ejército mexicano se encontraban realizando labores de seguridad pública en aquella zona indígena me’phaa, en el municipio de Acatepec, Guerrero”.
Producto de esta violación, continuó, Valentina “emprendió una larga lucha para acceder a la justicia, a los servicios médicos, que en todos eso años le fueron negados. Su caso fue llevado al fuero militar por incompetencia. En aquel tiempo se consideraba que los delitos cometidos por militares en el ejercicio de funciones se llevaban por el fuero militar. Ahí permaneció su caso”.
“Llevamos el caso al Sistema Interamericano en el año 2005. Hasta el año 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) conoció el mismo. En agosto de ese año se dio la sentencia correspondiente contra el Estado mexicano (…) hay varias medidas de reparación e investigación, una es sancionar a los responsables de este delito de tortura y violación en agravio de Valentina. Es apenas que la juez séptima dicta la sentencia correspondiente, condenando a dos elementos del Ejército con 19 años, cinco meses y un día”.
Abogados y acompañantes de Valentina aclararon que por tratarse de una sentencia en primera instancia los inculpados pueden apelar y que, de hecho, uno de ellos ya lo hizo.
“Llamamos a estar atentos al desarrollo de este caso, pues las pruebas y los testimonios son contundentes. La sentencia sienta un precedente importante por la ordenanza proveniente de la Corte Interamericana, aunque no sienta jurisprudencia, sí es un avance en el cumplimiento de las sentencias”, expuso Santiago Aguirre, del Centro Prodh.

El gobierno nunca investigó

Valentina Rosendo Cantú tenía 17 años cuando fue violada. Ella lavaba ropa en un arroyo en el municipio de Acatepec. “Después de un largo camino salió a la luz su verdad”, dijo Valentina en la conferencia al recordar que cuando fue atacada denunció el caso ante las autoridades, pero no recibió ayuda.
La mujer me’phaa que acudió a la capital del país desde la zona de La Montaña de Guerrero dio su testimonio y contó cómo se sentía tras un largo proceso de 16 años en búsqueda de justicia.
Señaló que fue “un largo camino” pero “un día salió la verdad en mi gobierno, mi pueblo. En todo México toqué puertas porque nunca me creyeron. Siempre el gobierno me puso muchas trabas para llegar a donde hoy estoy. Demostré al gobierno que nunca investigó. Esto comprueba que siempre dije la verdad, pero el gobierno no me creía”.
“No nada más es mi lucha, sino que también esto va a favorecer a muchas mujeres, porque los militares que agreden y violan a las mujeres nunca se han castigado”.
Valentina relató que tuvo que aprender a hablar español y enfrentar la negativa de justicia, soportar que no creyeran sus acusaciones, sufrir discriminación por ser pobre, mujer, indígena y hablante de una lengua originaria.
“Yo salí de México para buscar justicia en otro país, ahí donde fui escuchada, donde sí me creyeron. Desde siempre he dicho la verdad, no como los militares, que después de que puse mi denuncia fueron a mi pueblo a ofrecerme dinero para que dejara de seguir señalando que fueron ellos los que me agredieron y yo nunca quise dinero, siempre quise que se castigara a los responsables”.
Valentina manifestó también que “está feliz” y confía en que la justicia “llegue por fin”, pues es consciente que los dos militares inculpados, quienes se encuentran en prisión preventiva, pueden apelar la sentencia de la jueza.

Fallo reconoce discriminación hacia indígenas, dice la ONU-DH

El representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab dijo que “este momento marca una nueva forma de cómo el poder Judicial está realmente actuando, tomando en cuenta estándares internacionales para poder juzgar a militares. El poder Judicial sí puede contribuir a cambiar la realidad de este país”.
La sentencia, consideró, “es una contribución contra la impunidad, ya que reconoce múltiples formas de discriminación estructural. Es una importante lucha la de Valentina y sus representantes. Se trata de una sentencia muy relevante que cita estándares internacionales, reconoce las múltiples dimensiones de discriminación hacia mujeres indígenas en un contexto, como lo dice la sentencia, de desigualdad estructural y asimetría de poder, de abuso militar contra la víctima civil”.
“Es la primera sentencia en la que se determina una responsabilidad penal sobre la base de una sentencia previamente dictada por la Corte Interamericana. Eso es muy importante”, insistió.
El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre recordó que los casos llegan a instancias internacionales “porque las víctimas no han encontrado justicia en México”.
Sin embargo, “ninguno de los casos donde la Corte Interamericana ha sentenciado a México, se ha cumplido del todo. La impunidad en México es tan fuerte que no la han logrado desestructurar, salvo en este caso, y por eso celebramos esta lucha de más de 15 años de Valentina Rosendo. Esa es la relevancia de esta sentencia”.

 

La SEG cambiará a los maestros y mandará reemplazos a la telesecundaria de la Frontera

 

El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, informó que luego de la irrupción de hombres en la telesecundaria Vicente Suárez, ubicada en la colonia Frontera en Acapulco, que maestros de la institución solicitaron su cambio de adscripción.
En conferencia de prensa cerca de las 4 de la tarde, en el hotel Holliday Inn en Chilpancingo, González de la Vega Otero dijo que se reunió con “la mayoría” de los nueve maestros que laboran en la telesecundaria, quienes le contaron sobre la agresión que sufrieron dos profesoras, junto a 20 alumnas, y solicitaron su cambio de centro de trabajo, y confirmó que su petición será concedida y las autoridades buscarán a los docentes que los reemplazarán.
“Lo que nos han pedido (los maestros de la telesecundaria) es que les demos todo el soporte, en algunos casos nos han pedido los cambios de adscripción, lo vamos a hacer, lo vamos a pactar, lo hablamos hace un momento con ellos; por supuesto, vamos a enviar a las personas que van a sustituir en estas escuelas”, dijo.
El funcionario del gobierno del estado abundó que también se discutieron las necesidades de la telesecundaria, la cual no cuenta con barda y que el gobernador Héctor Astudillo Flores autorizó a analizar la inversión que se requiere en la institución, así como en otras de la zona, en las que los maestros pidieron la reinstalación de la seguridad que brindaba el Ejército y ésta se brindará una vez que concluya el periodo vacacional de Semana Santa, el próximo 9 de abril. En esa fecha, el titular de la SEG acudirá al plantel para reanudar las clases de manera normal.
Declaró que la SEG les pidió a los maestros que contacten a la dependencia con las alumnas agredidas y sus familias, para poder brindarles la atención correspondiente, los trabajadores y alumnos de la telesecundaria recibirán apoyo psicológico.
En cuanto a los cambios de adscripción, dijo que “lo importante” es que lleguen maestros sustitutos y para ello se van a contratar maestros interinos.
Sobre la cifra que dio la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), de que 200 escuelas estatales de Acapulco suspendieron clases por los hechos en la telesecundaria, González de la Vega Otero dijo que “el reporte que nosotros tenemos de la región, de las zonas, es que el día de hoy (ayer) no abrieron siete escuelas”.
A pregunta de qué fue lo que los maestros de la telesecundaria le contaron sobre la irrupción de los hombres, el funcionario contestó: “No entramos mucho en el tema específico, lo que puedo decir es que no hubo, con toda certeza, no hubo una agresión física me refiero de violación. No hubo ninguna agresión en ese sentido hacia las alumnas y las maestras, (…) no es un grupo armado, entraron con cuchillos y algunos machetes”.
Precisó que el tema principal de la plática que tuvo con los maestros es “qué vamos a hacer” para brindar garantías de seguridad en el plantel.
Por la mañana, González de la Vega Otero dijo que le solicitó al comandante de la Novena Zona Militar, general Javier Jiménez Mendoza, que apoye a la dependencia para brindar seguridad en las escuelas y en especial a las que suspendieron clases debido a los hechos en la telesecundaria, que fueron ocho.
Señaló que lo que hizo el delegado de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez, Alfredo Miranda Vergara, quien confirmó el hecho, fue indebido y llamó al funcionario a “ser más cuidadoso”.
Ante esto, se le preguntó sobre la falta de comunicación entre los funcionarios, ya que el hecho ocurrió a las 8 de la mañana del miércoles y a las 6 de la tarde fue negado por él, y contestó: “Yo recibo con respeto su pregunta, le dije la explicación sobre el contacto hasta las 3 de la tarde. Tuvimos un compromiso con todas las comunidades de allá arriba, no había señal, hubo una declaración de primera instancia que tenía el delegado, ya hablamos con él y sobre que debe ser más cuidadoso”, enfatizó.
Antes de la conferencia de prensa, la SEG difundió un boletín de prensa en el que informó que el secretario González de la Vega, se reunió con los maestros de la telesecundaria Vicente Suárez, “afectados por la intromisión de extraños a su institución educativa”, y agregó que se acordó dar seguimiento a las investigaciones realizadas por la Fiscalía, así como dar apoyo psicológico a las afectadas.

Lo de Chilapa

Durante la consulta realizada, se le preguntó sobre los tres días que se cumplieron del bloqueo de maestros en la carretera de Chilapa, y respondió que se trata de un tema que tiene tiempo.
“Nosotros llevamos atendiendo esa zona desde hace dos años, ha habido temas de seguridad, recordarán que hemos estado en Chilapa con el propio gobernador, y pues adicional al problema de inseguridad que afortunadamente se fue resolviendo, y está prácticamente resuelto, está el tema de la falta de maestros”, comentó.
Subrayó que con estas declaraciones no busca “echar bronca”, pero aseguró que se ha tendido y mandando las horas adeudo que recibieron de la anterior administración, por lo que señaló que el problema de los maestros que están “al frente”, es que se les paga y son movidos.
“Llegan los maestros, se les paga a esos maestros, y los mueven, es decir… es asunto de nunca acabar.. tan es así que de las 17 escuelas, comunidades completas como Zapotitlán, ya hicimos el acuerdo directo con padres de familia y comisarios ejidales, para que se desprendieran del movimiento”, agregó.
Enfatizó que cuando ya se daban las horas a los maestros, los dirigentes de la movilización les cobraban a ellos, y después de que pagaban los movían a lugares más cerca, es decir los bajaban de las comunidades y los dejaban en Chilapa.
“Cosa que además no pueden hacer, es indebido y afectan al maestro y al maestro lo tendremos que regresar, una vez que concluya el proceso de contraloría”, agregó.
Insistió en que para que estas irregularidades no se repitan se les exhortó a que no sigan con estas prácticas, y que mejor los padres de familia recurran a las instancias directamente, para que reciban la atención directa y se les garantice que sus hijos tengan a sus maestros.

 

Denunciará por conducta delictuosa a tres magistrados que absolvieron al violador de la niña, dice el abogado

 

El abogado de la niña de 2 años y 8 meses que fue abusada sexualmente, Pedro Ramírez Millán informó que la denuncia contra los tres magistrados que absolvieron del crimen al culpable será por conducta delictuosa, que da origen a un juicio de procedencia ante el Congreso local para que sean cesados y consignados ante un juez.
La denuncia penal ante la Fiscalía será sólo contra los tres magistrados, Vicente Rodríguez Martínez que en ese momento era el presidente de la Primera Sala Penal y ahora lo es de la sala civil, también a Miguel Ángel Barrero Bello y Alfonso Vélez Cabrera que eran integrantes de la sala que absolvió al violador.
No se presentará contra la jueza Rosalinda Sáenz Rodríguez que fue la primera en absolverlo, porque consideró que es mayor la falta de los magistrados por “su investidura”, además de que se trata de un órgano colegiado en el que los tres magistrados tuvieron que valorar las pruebas.
En declaraciones en su despacho, el abogado explicó que el proceso es presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que inicie una carpeta de investigación y determine si hay elementos para el juicio de procedencia, y se pueda realizar el cese de los funcionarios y el caso sea consignado a un juez.
No se trata de la solicitud de un juicio político, con lo que únicamente se consigue una inhabilitación, lo que se busca es que sean castigados penalmente, agregó.
La Fiscalía tendría que informar al Congreso si encontró elementos y pedir un juicio de procedencia para que los diputados destituyan a los tres magistrados y se ordene su consignación, de esa manera el paso inmediato sería que el caso sea revisado por un juez.
En caso de que ningún poder ni padrino político de los magistrados intervengan para que nuevamente se burle la ley, un juez tendría que librar la orden de aprehensión o de comparecencia según la gravedad del delito que determinen, comentó.
Independientemente de la gravedad de este caso, dijo que cualquier otro en el que los magistrados violen la ley, “es grave por la investidura, porque deben tener más cuidado, porque se supone que fueron insaculados entre muchos, y que ellos fueron los mejores y que ellos son unos profesionales excepcionales preparados para impartir justicia”.
Pero por desgracia, dijo, eso no ocurre en Guerrero porque para la designación de magistrados intervienen una serie de compadrazgos e intereses, por eso dijo que el tribunal “hay ignorantes y hay inmorales”.
El abogado mencionó que no se puede perder de vista que los magistrados incumplieron la responsabilidad que tienen encomendada a través del Estado, porque no sólo incumplieron las leyes local y federal, también el tratado internacional de los derechos de los niños y las niñas.
Llamó a la familia de la víctima a hacer un gran frente común con las organizaciones, ciudadanos y víctimas que se sumen a la demanda para que los magistrados sean sancionados.
“Me parece que no es sólo una falta, me parece que ya incursiona su delito dentro de los lineamientos penales, son ya sujetos de derecho penal porque responden a intereses bastardos entre los que está la inmoralidad, omitiendo la misión que tienen tan clara, diáfana que tienen de la justicia”.
Pedro Ramírez dijo que como abogados, están convencidos que hay delitos en el comportamiento de los magistrados, “no me queda duda de que la niña recibió esa afrenta”.
Dijo que los magistrados debieron tomar con mayor seriedad la investigación que el Ministerio Público entregó, porque no tenían elementos para considerar que no era legal y “la investigación es contundente” en la responsabilidad del acusado de abuso sexual.
Dijo que la responsabilidad de la juez y en su momento de los magistrados era atender el caso, “al valor de la investigación ministerial” y no elucubrar en que los familiares aleccionaron a la niña y afirmar que el abuso sexual no ocurrió.
La menor relató ante el Ministerio Público los detalles de cómo fue abusada por la pareja de su madre, pero los magistrados absolvieron al violador argumentando que la menor fue manipulada.
La justicia federal dio un revés a la decisión de los magistrados del estado, y les ordenó dar valor a la declaración de la niña y que se pronuncien por la responsabilidad penal del acusado, que finalmente fue condenado a 5 años de prisión el 18 de enero, a cinco años de los hechos.
El abogado afirmó que en los dictámenes psicológicos, los peritos establecen “clara y contundentemente que a esa edad a los niños no se les puede manipular”, entonces consideró que los magistrados no tenían elementos para que su dictamen fuera en el sentido de que algún adulto aleccionó a la niña.
Al abogado se le preguntó por qué procedería legalmente sólo contra los magistrados y no contra la jueza Rosalinda Sáenz Rodríguez, que después de tener durante tres años el caso su sentencia fue absolutoria.
Ramírez Millán dijo que se trata de un asunto de mayor responsabilidad cuando se refiere a la falta cometida por los magistrados, “por la investidura que representan”.
“Tienen responsabilidad la juez y los magistrados, pero es más grave la de los magistrados, se entiende que ellos son más cultos jurídicamente, sobre una juez que posiblemente se le barre alguna cuestión, pero sobre todo son tres (los integrantes de la sala) aquella es una”, argumentó el abogado.
Dijo que esta no sería la primer denuncia penal contra los tres magistrados, porque hay un caso de hace aproximadamente 5 años, pero la denunciante lo dejó por falta de tiempo y recursos.
Consideró que el seguir sosteniendo a ese tipo de funcionarios es “el infierno para los ciudadanos que no pueden acceder a la justicia”, aún en casos como el de abuso sexual contra una niña”.

Favorece el MP la libertad de su agresor, denuncia una estudiante na savi que fue violada en Cuajinicuilapa

Una estudiante na savi de preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en Ometepec, denunció que la agente del Ministerio Público especializada en delitos sexuales, Xóchitl Marlene Herrera de la Cruz propició la liberación a su agresor, porque no hizo una investigación eficaz.
La joven considera que la funcionaria y los peritos recibieron dinero para favorecer al inculpado, y llevó su queja a la contraloría interna de Fiscalía General del Estado (FGE) para continuar con alguna garantía de justicia, su proceso de apelación.
Sin embargo, aclaró que la agente sigue en funciones, sólo la separaron del caso, y dejaron a una subalterna de ella, para atender esta denuncia.
En una visita a la redacción de El Sur, la estudiante habló con detalle de su caso y del proceso judicial, y pidió reservar su nombre; dijo que se puede establecer que ninguno de los servidores públicos implicados en el caso tienen perspectiva de género, ya que le recomendaron repetidas veces que negociara con su agresor, se violentó su derecho a la presunción de inocencia y su derecho a la honra, cuando se difundieron sus datos y su fotografía en periódicos locales, los mismos que constan en expedientes.
Indignada, la mujer de 19 años, menudita, piel morena y pelo negro, narró que trabajó con el señor Arturo “N” en su tienda de productos de piel en Ometepec, y renunció porque estaban bajando sus calificaciones.
Aseguró que su patrón nunca le faltó al respeto, y ocasionalmente siguió laborando en su puesto los fines de semana.
El viernes 17 de noviembre, hace tres semanas, Arturo “N” la llevó a otro puesto en Cuajinicuiilapa, y ahí la atacó durante la noche.
La joven reconoció que en su huida tomó mil pesos para pagar un taxi, y tuvieron un altercado violento en la vía pública, donde una testigo llamó a la policía.
De acuerdo con el acta de la Policía Ministerial de Cuajinicuilapa, el reporte se hizo a las 12:50 de la madrugada del sábado, y a las 1:15 de la madrugada, del mismo sábado, los detuvieron a los dos, ella acusada de robo, y él de violación.
Los datos que recabaron en la comandancia de la Policía Ministerial aparecieron dos días después en un periódico regional y en su página de internet que firma como coordinador del grupo, Roberto Martínez López.
Aclaró que antes de que les pidieran sus datos le recomendaron negociar, y se negó porque había sido agredida. Estimó que llegaron a Ometepec a las 4 de la madrugada, después de los trámites y en celdas, esperaron a que amaneciera para para que los peritos en sicología y medicina hicieran los exámenes correspondientes. Luego esperaron hasta las 2 de la tarde a la agente Herrera de la Cruz para que conociera del caso.
Sin embargo, aseguró que la agente hizo alusión a un incidente en el que la joven estuvo implicada siendo menor de edad, y mencionó nombres de personas a las que presuntamente “les había sacado dinero”, como para amedrentarla. “Me quiso acorralar, para que yo tuviera miedo, para que me desistiera, y no me dejé, le dije que yo no iba a negociar, que esto no era negociable, luego le dijo a mi madrina que se despidiera de mí, porque yo me iba para el bote, y ella dijo, ‘tú no agaches la cabeza y no llores, no te preocupes, nosotros te vamos a sacar’”.
Se abrió la carpeta de investigación 12160690100067191117, por el delito.
El domingo, cuando siguieron detenidos, el cuñado de su agresor llegó a visitarlo al mismo sitio donde ella también estaba en detención, y los custodios permitieron que se acercara a la celda de ella para insistirle en la negociación. Dijo que hizo lo mismo con sus familiares en la calle, les ofreció dinero para no la apoyaran, a lo que sus familiares se negaron.
Supieron luego de otras versiones que implican a Arturo “N” en denuncias de violación, pero sigue libre por acuerdos económicos con las autoridades y los familiares de las víctimas.
El lunes fue la audiencia de vinculación de la denuncia de violación, bajo la carpeta C-15-2017, a cargo del juez de control, Víctor Manuel Nava Casarrubias, que dictó la libertad del detenido, con base en dictámenes contradictorios.
Ni la fiscal ni el abogado de oficio interrogaron a los peritos sobre las inconsistencias de sus exámenes médico y sicológico. Enseguida, los llevaron a otra sala, donde fue la audiencia por el delito de robo, donde él, como agraviado, le concedió el perdón.
Muy enojada, recordó el momento en que la fiscal Herrera y Arturo “N” la miraron con burla mientras salían de la sala penal, y ella se quedó otro día en prisión, “como diciendo, ‘hubieras agarrado el dinero y no te hubieras quedado así’”.
El reporte de la Policía Ministerial en Cuajinicuilapa, da cuenta de que la mujer llevaba lesiones en la cara y un brazo, que tenía el cabello enmarañado y que lloraba durante la entrevista, detalla una hipertermia, un golpe de 3 centímetros de diámetro en el borde lateral del lado izquierdo de la mandíbula y escoriaciones de 5 centímetros de largo y uno de ancho en el brazo.
En la agencia del Ministerio Público ordenan peritajes médico, sicológico y de criminalística en el lugar de los hechos.
La perito en sicología, Claudia Cristal Reynoso Cano concluyó que no presenta daño emocional, pero en la descripción de su diagnóstico señaló ansiedad, alteración, agresividad por sí misma, culpa, regresiones al pasado, “ansiedad, preocupación excesiva de determinados sucesos, vigor, fuera y energía desgastaste para resistir este tipo de presiones, exige que se le compense por daño, rigidez, daño, culpa”, entre otros adjetivos.
Por otra parte, el médico legista, José Cortés Memije, haciendo juicios de valor no propios de su encargo, estableció que la denunciante no presentaba “los golpes contusos” que refirió, y en lenguaje coloquial señala que encontró huellas de “relaciones sexuales sin violencia”. Aunque también menciona lesiones, excoriaciones y rasguños en la entrepierna, y desgarres.
Por separado, la joven, con el respaldo de su familia se hizo otro examen con un médico privado, que certifica las lesiones en el cuerpo y “cópula reciente forzada”.
Consideró que el juez también debió poner atención en el expediente y en las irregularidades, por ejemplo, la ropa de la víctima, nunca se confiscó. También llevó su ropa a un análisis por su cuenta, después de una semana.
Confirma que la carga de la prueba de cargo, sigue recayendo sobre la víctima porque las autoridades no hicieron lo apropiado.

Yndira no ha hecho un señalamiento a pesar de que se le ha citado, dice el vocero del gobierno

El gobierno del estado mediante el vocero en materia de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, informó que se investiga el caso de violación de la activista y defensora de derechos humanos, Yndira Sandoval Sánchez, y que necesita ampliar su declaración ministerial.
En un boletín de prensa Álvarez Heredia informó que únicamente falta la ampliación de la declaración ministerial de la activista para determinar “lo que legalmente corresponda”.
Insiste en que la activista no ha hecho ningún señalamiento en contra de persona alguna, “a pesar de que se le ha citado en diversas ocasiones”.
Dijo que se le ha citado tanto por oficio como vía telefónica y que ante la falta de señalamiento “resulta imposible” que se ejerza acción penal en contra de quien resulte responsable.
En la mañana el gobernador Héctor Astudillo Flores en su cuenta de Twitter informó que solicitó al Fiscalía General del Estado una investigación seria, profunda y objetiva en el caso.
En el boletín se señala que Yndira Sandoval presentó denuncia ante la agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales, con sede en Tlapa, en la que señala los hechos cometidos en su contra.
“El 23 de septiembre pasado la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ofreció a Yndira apoyo y respaldo, por lo que derivado de esta gestión, actualmente se encuentra incorporada al Mecanismo Nacional con medidas de protección para salvaguardar su integridad física”, se detalla en el documento.
Agrega que el 25 de septiembre el gobierno del estado fue el vínculo para que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas le proporcionara acompañamiento y atención integral, y solicitó que la Fiscalía le brinde atención diligente e inmediata para que los hechos sean esclarecidos.
Dice que desde el momento en el que se tuvo conocimiento de los hechos, el día 23 de septiembre del año en curso la Secretaría General de Gobierno estableció contacto para brindar atención puntual al tema.
“El día 1 de octubre del mismo año, a solicitud de Yndira Sandoval Sánchez, la Unidad para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, coordinó el acompañamiento y resguardo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para el traslado de su pareja, Amaury Navarrete Cruz, de la región de La Montaña de Guerrero a los límites del estado de Puebla, donde fue recibido por personal de seguridad enviado por el Mecanismo Nacional”, informa.
“El gobierno del estado expresa su compromiso en la protección de los derechos humanos de las mujeres, y repudia todo acto que atente contra los mismos. Se seguirá, como se hizo desde el primer momento, dando puntual atención y seguimiento a la actuación de las instancias competentes”, finaliza la misiva.

Amenazan de desalojo policías a familiares que denunciaron que un comandante violó a una menor

Luego de que el pasado 7 de febrero familiares acusaron al comandante de la Policía Estatal Ismael Jiménez Téllez violó a una menor de 11 años, el padre de la niña Jorge Antonio Rufino Jiménez denunció que su familia fue intimidada por seis policías que pretendían desalojarlos de su vivienda sin mostrarles un oficio de las autoridades.
En una visita en la casa los afectados colonia Alianza Popular en Chilpancingo, relataron que a las 12 del día de ayer, llegaron seis policías estatales acompañados de una abogada y con actitud prepotente les exigieron que desalojaran la casa sin mostrarles un oficio con la orden de las autoridades.
Rufino Jiménez afirmó que son represalias contra de su familia por denunciar al comandante Ismael Jiménez Téllez de violar a su hija de 11 años en mayo del año pasado.
Felipe Rufino Jiménez comentó que su mamá interpuso una demanda en contra de su hermano y él, el 6 de marzo tendrán una audiencia con las autoridades correspondientes para atender la denuncia.
“Como venganza él (Ismael Jiménez Téllez) quien es esposo de mi madre, la manipuló para denunciarme a mi y a mi hermano Jorge Antonio, quien es padre de la menor que fue abusada sexualmente, que según maltratamos a mi madre y quieren desalojarnos del terreno donde vivimos, es injusto”, afirmó.
Felipe Rufino aseguró que en su casa vive desde hace 46 años y su hermano Jorge Antonio compró una parte del terreno, manifestó que el comandante manipuló a su madre para que los denunciara de maltratarla, lo que dijo “es mentira”.
Los hermanos pidieron la intervención del secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, y al gobernador Héctor Astudillo Flores, para que Jiménez Téllez sea sancionado y separado del cargo.
El 8 de febrero familiares denunciaron que el comandante de la Policía Estatal Ismael Jiménez Téllez, violó sexualmente a una menor de 11 años en mayo de 2016.