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No protegerá a los magistrados y la jueza que absolvieron al presunto violador de una niña: TSJ

El presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), Alberto López Celis dijo desconocer el caso en el que se desechó el testimonio de la niña de 2 años y 8 meses en el que se detallaba el abuso sexual que sufrió por parte de la pareja de su mamá, lo que provocó que tres magistrados y una jueza absolvieran al acusado, sin embargo aseguró que no se protegerá a quien haya cometido alguna irregularidad en el proceso y de ser así se investigará para deslindar responsabilidades.
Durante la mañana de este lunes fue consultado al término de su participación en los honores a la bandera en la explanada de Palacio de Gobierno.
“No ubico ahorita el asunto, todos los asuntos que tenemos los tenemos en trámite… por eso me extraña que me diga que no hubo justicia en este asunto”, agregó.
Este lunes en El Sur se publicó que el abogado de la niña, Pedro Ramírez Millán anunció que denunciarán ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a los tres magistrados de la primera sala penal por su presunta responsabilidad en delitos contra la administración de justicia.
Denunció que una jueza y tres magistrados del Poder Judicial encabezados por el magistrado Vicente Rodríguez Martínez desecharon el testimonio de la menor absolviendo al culpable.
Dijo que durante cinco años no se hizo justicia y el acusado fue absuelto, hasta el 18 de enero pasado, cuando por orden de un tribunal federal se tomó en cuenta el testimonio de la niña y el responsable fue sentenciado a cinco años de prisión.
Ante esta situación el presidente magistrado López Celis respondió que era una opción del abogado presentar la denuncia en contra de los funcionarios involucrados.
“Cada quien deberá responsabilizarse de sus acciones y el caso de justicia como en este asunto tan lamentable tendría que ser en todos los asuntos”, agregó.
Dijo que sería delicado que se deje en libertad a alguien que debidamente pudiera ser responsable, por lo que señaló que sería pertinente revisar las constancias del proceso.
“Lo que sí aseguro es que se deberían de revisar las constancias para ver hasta dónde está la responsabilidad de los magistrados”, concluyó.

 

Denunciará por conducta delictuosa a tres magistrados que absolvieron al violador de la niña, dice el abogado

 

El abogado de la niña de 2 años y 8 meses que fue abusada sexualmente, Pedro Ramírez Millán informó que la denuncia contra los tres magistrados que absolvieron del crimen al culpable será por conducta delictuosa, que da origen a un juicio de procedencia ante el Congreso local para que sean cesados y consignados ante un juez.
La denuncia penal ante la Fiscalía será sólo contra los tres magistrados, Vicente Rodríguez Martínez que en ese momento era el presidente de la Primera Sala Penal y ahora lo es de la sala civil, también a Miguel Ángel Barrero Bello y Alfonso Vélez Cabrera que eran integrantes de la sala que absolvió al violador.
No se presentará contra la jueza Rosalinda Sáenz Rodríguez que fue la primera en absolverlo, porque consideró que es mayor la falta de los magistrados por “su investidura”, además de que se trata de un órgano colegiado en el que los tres magistrados tuvieron que valorar las pruebas.
En declaraciones en su despacho, el abogado explicó que el proceso es presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que inicie una carpeta de investigación y determine si hay elementos para el juicio de procedencia, y se pueda realizar el cese de los funcionarios y el caso sea consignado a un juez.
No se trata de la solicitud de un juicio político, con lo que únicamente se consigue una inhabilitación, lo que se busca es que sean castigados penalmente, agregó.
La Fiscalía tendría que informar al Congreso si encontró elementos y pedir un juicio de procedencia para que los diputados destituyan a los tres magistrados y se ordene su consignación, de esa manera el paso inmediato sería que el caso sea revisado por un juez.
En caso de que ningún poder ni padrino político de los magistrados intervengan para que nuevamente se burle la ley, un juez tendría que librar la orden de aprehensión o de comparecencia según la gravedad del delito que determinen, comentó.
Independientemente de la gravedad de este caso, dijo que cualquier otro en el que los magistrados violen la ley, “es grave por la investidura, porque deben tener más cuidado, porque se supone que fueron insaculados entre muchos, y que ellos fueron los mejores y que ellos son unos profesionales excepcionales preparados para impartir justicia”.
Pero por desgracia, dijo, eso no ocurre en Guerrero porque para la designación de magistrados intervienen una serie de compadrazgos e intereses, por eso dijo que el tribunal “hay ignorantes y hay inmorales”.
El abogado mencionó que no se puede perder de vista que los magistrados incumplieron la responsabilidad que tienen encomendada a través del Estado, porque no sólo incumplieron las leyes local y federal, también el tratado internacional de los derechos de los niños y las niñas.
Llamó a la familia de la víctima a hacer un gran frente común con las organizaciones, ciudadanos y víctimas que se sumen a la demanda para que los magistrados sean sancionados.
“Me parece que no es sólo una falta, me parece que ya incursiona su delito dentro de los lineamientos penales, son ya sujetos de derecho penal porque responden a intereses bastardos entre los que está la inmoralidad, omitiendo la misión que tienen tan clara, diáfana que tienen de la justicia”.
Pedro Ramírez dijo que como abogados, están convencidos que hay delitos en el comportamiento de los magistrados, “no me queda duda de que la niña recibió esa afrenta”.
Dijo que los magistrados debieron tomar con mayor seriedad la investigación que el Ministerio Público entregó, porque no tenían elementos para considerar que no era legal y “la investigación es contundente” en la responsabilidad del acusado de abuso sexual.
Dijo que la responsabilidad de la juez y en su momento de los magistrados era atender el caso, “al valor de la investigación ministerial” y no elucubrar en que los familiares aleccionaron a la niña y afirmar que el abuso sexual no ocurrió.
La menor relató ante el Ministerio Público los detalles de cómo fue abusada por la pareja de su madre, pero los magistrados absolvieron al violador argumentando que la menor fue manipulada.
La justicia federal dio un revés a la decisión de los magistrados del estado, y les ordenó dar valor a la declaración de la niña y que se pronuncien por la responsabilidad penal del acusado, que finalmente fue condenado a 5 años de prisión el 18 de enero, a cinco años de los hechos.
El abogado afirmó que en los dictámenes psicológicos, los peritos establecen “clara y contundentemente que a esa edad a los niños no se les puede manipular”, entonces consideró que los magistrados no tenían elementos para que su dictamen fuera en el sentido de que algún adulto aleccionó a la niña.
Al abogado se le preguntó por qué procedería legalmente sólo contra los magistrados y no contra la jueza Rosalinda Sáenz Rodríguez, que después de tener durante tres años el caso su sentencia fue absolutoria.
Ramírez Millán dijo que se trata de un asunto de mayor responsabilidad cuando se refiere a la falta cometida por los magistrados, “por la investidura que representan”.
“Tienen responsabilidad la juez y los magistrados, pero es más grave la de los magistrados, se entiende que ellos son más cultos jurídicamente, sobre una juez que posiblemente se le barre alguna cuestión, pero sobre todo son tres (los integrantes de la sala) aquella es una”, argumentó el abogado.
Dijo que esta no sería la primer denuncia penal contra los tres magistrados, porque hay un caso de hace aproximadamente 5 años, pero la denunciante lo dejó por falta de tiempo y recursos.
Consideró que el seguir sosteniendo a ese tipo de funcionarios es “el infierno para los ciudadanos que no pueden acceder a la justicia”, aún en casos como el de abuso sexual contra una niña”.

El gobernador ordenó que el juez dicte la prisión a los curas, dice el abogado

Hay muchas irregularidades en el caso, asegura el defensor de Ernesto García, el otro párroco implicado

 Zacarías Cervantes Chilpancingo El abogado del sacerdote Ernesto García Rodríguez, uno de los involucrados en el homicidio del alcalde de Xalpatláhuac, Lorenzo Ruiz Villarreal, Pedro Ramírez Millán, denunció ayer que hay la consigna del gobernador Rene Juárez para que la resolución del juez –que emitirá el jueves– sea auto de formal prisión contra los clérigos.

Pero aseguró que hay muchas cosas que aún no se aclaran e irregularidades que cometío la Procuraduría General de Justicia del Estado durante las horas posteriores al crimen.

“Hay puntos oscuros en el caso que causó la Procuraduría y que deben aclararse”, denunció el abogado, y entre estos mencionó el hecho de que no haya certificado de la necropsia del difunto, asimismo que se les haya tomado su declaración a los dos acusados en la PGJE, cuando las primeras diligencias se desarrollaron en Tlapa, y que la consignación haya sido a un juez de Chilpancingo, cuando correspondía a uno de Tlapa.

Para el abogado no es justificable que fueran trasladados a Chilpancingo por razones de seguridad, “porque no toda la población está contra ellos, sino sólo los familiares del presidente municipal”. Dijo en realidad “querían vigilar de cerquita el caso”.

Entrevistado en su despacho, Ramírez Millán dijo que así como ve las cosas la resolución del juez será el auto de formal prisión para los dos sacerdotes, “ante el maridaje que priva entre la PGJE y el Poder Judicial”.

Dijo que el plazo es sólo para cumplir el trámite, “porque la resolución ya está dada por el Ejecutivo estatal.

Y es que Ramírez Millán informó que hace cuatro días el gobernador René Juárez fue a visitar a la viuda del alcalde Ruiz Villarreal, Ofelia García Guevara, para darle el pésame y a ella le dijo “que se haría justicia y que se emplearía todo el paso de la ley” contra los responsables.

El abogado opinó que con ello el gobernador “no tuvo el tacto para atender el caso solamente de manera política, si no que incursionó en la cuestión jurisdiccional, lo que desde mi punto de vista es grave tomando en cuenta que el titular del Poder Judicial en realidad sirve a quien manda en Guerrero: el Ejecutivo estatal”.

Pero además el abogado dijo que al gobernador “se le olvidó que cuando se habla de justicia es porque ya se ha oído a las dos partes y no sólo a una, como es el caso”.

Indicó que en el caso de su cliente, el párroco García Rodríguez, ha demostrado que no intervino en los hechos, y que si se dicta el auto de formal prisión en su contra “el juez va a contradecir las constancias de la causa y va a cumplir con el deseo puro y bonito del gobernador cuando habla de justicia”.

En cuanto al caso del sacerdote Lorenzo Cuéllar Vázquez, dijo que debe investigarse “imparcialmente para conocer exactamente cómo ocurrieron los hechos”, porque dijo que la parte ofendida, como que el hijo del alcalde, Lorenzo García Villarreal, y los policías que intervinieron en la detención de los sacerdotes “ocultan cosas importantes”.

Por ejemplo señaló que en sus declaraciones –que obran en la causa penal– señalan que no iban armados y que no andaban tomados, cuando los testimonios señalan que si iban armados y alcoholizados.

El gobernador ordenó que el juez dicte la prisión a los curas, dice el abogado

 

 Hay muchas irregularidades en el caso, asegura el defensor de Ernesto García, el otro párroco implicado

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

El abogado del sacerdote Ernesto García Rodríguez, uno de los involucrados en el homicidio del alcalde de Xalpatláhuac, Lorenzo Ruiz Villarreal, Pedro Ramírez Millán, denunció ayer que hay la consigna del gobernador Rene Juárez para que la resolución del juez –que emitirá el jueves– sea auto de formal prisión contra los clérigos.

Pero aseguró que hay muchas cosas que aún no se aclaran e irregularidades que cometío la Procuraduría General de Justicia del Estado durante las horas posteriores al crimen.

“Hay puntos oscuros en el caso que causó la Procuraduría y que deben aclararse”, denunció el abogado, y entre estos mencionó el hecho de que no haya certificado de la necropsia del difunto, asimismo que se les haya tomado su declaración a los dos acusados en la PGJE, cuando las primeras diligencias se desarrollaron en Tlapa, y que la consignación haya sido a un juez de Chilpancingo, cuando correspondía a uno de Tlapa.

Para el abogado no es justificable que fueran trasladados a Chilpancingo por razones de seguridad, “porque no toda la población está contra ellos, sino sólo los familiares del presidente municipal”. Dijo en realidad “querían vigilar de cerquita el caso”.

Entrevistado en su despacho, Ramírez Millán dijo que así como ve las cosas la resolución del juez será el auto de formal prisión para los dos sacerdotes, “ante el maridaje que priva entre la PGJE y el Poder Judicial”.

Dijo que el plazo es sólo para cumplir el trámite, “porque la resolución ya está dada por el Ejecutivo estatal.

Y es que Ramírez Millán informó que hace cuatro días el gobernador René Juárez fue a visitar a la viuda del alcalde Ruiz Villarreal, Ofelia García Guevara, para darle el pésame y a ella le dijo “que se haría justicia y que se emplearía todo el paso de la ley” contra los responsables.

El abogado opinó que con ello el gobernador “no tuvo el tacto para atender el caso solamente de manera política, si no que incursionó en la cuestión jurisdiccional, lo que desde mi punto de vista es grave tomando en cuenta que el titular del Poder Judicial en realidad sirve a quien manda en Guerrero: el Ejecutivo estatal”.

Pero además el abogado dijo que al gobernador “se le olvidó que cuando se habla de justicia es porque ya se ha oído a las dos partes y no sólo a una, como es el caso”.

Indicó que en el caso de su cliente, el párroco García Rodríguez, ha demostrado que no intervino en los hechos, y que si se dicta el auto de formal prisión en su contra “el juez va a contradecir las constancias de la causa y va a cumplir con el deseo puro y bonito del gobernador cuando habla de justicia”.

En cuanto al caso del sacerdote Lorenzo Cuéllar Vázquez, dijo que debe investigarse “imparcialmente para conocer exactamente cómo ocurrieron los hechos”, porque dijo que la parte ofendida, como que el hijo del alcalde, Lorenzo García Villarreal, y los policías que intervinieron en la detención de los sacerdotes “ocultan cosas importantes”.

Por ejemplo señaló que en sus declaraciones –que obran en la causa penal– señalan que no iban armados y que no andaban tomados, cuando los testimonios señalan que si iban armados y alcoholizados.