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Rechaza el TEE restablecer derechos en Morena de Alfredo Sánchez Esquivel

Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, José Inés Betancourt, la presidenta Evelyn Rodríguez, Alma Delia Eugenio e Hilda Rosa Delgado durante la sesión Foto: Jessica Torres Barrera
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, José Inés Betancourt, la presidenta Evelyn Rodríguez, Alma Delia Eugenio e Hilda Rosa Delgado durante la sesión. Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Tras dos rondas de debate, el Tribunal Electoral del Estado (TEE) rechazó por mayoría de votos el punto de acuerdo del magistrado J. Inés Betancourt Salgado, donde proponía restablecer la militancia en Morena del diputado Alfredo Sánchez Esquivel, cancelada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia de ese partido.
Votaron a favor el ponente del proyecto y la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, y en contra la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, y la presidenta, Evelyn Rodríguez Xinol, quien tiene voto de calidad en caso de empate.
El caso fue retomado por la presidenta, que anunció que incluirá en el expediente los votos particulares que se expresaron en esta sesión, para presentar un nuevo proyecto de resolución, en un periodo no mayor de 24 horas.
El proyecto rechazado, indica que las dos partes, denunciante y acusado, impugnaron la resolución de la CNHJ. Sánchez Esquivel alegó, entre otros aspectos, la falta de competencia del órgano intrapartidario para resolver sobre presuntos hechos de Violencia Política en Razón de Género, que señaló Arlene Siu Sarabia Peña.
El proyecto, confirmaría la falta de competencia de la CNHJ para investigar y conocer presuntos actos de VPG relacionados con los derechos políticos y laborales de servidores públicos del poder legislativo; suficiente para anular la resolución del Proceso Especial Sancionador disciplinario.
En el disenso, Eugenio Alcaraz aclaró que en la resolución del 13 de julio de 2023, la CNHJ sólo estableció la transgresión a los documentos básicos de Morena, que acarreó la cancelación del registro de Sánchez Esquivel del padrón del partido. No se pronunció sobre la denuncia de Violencia política en razón de Género.
Estimó que el proyecto de discusión, pretendía que el tribunal sustituyera la jurisdicción partidaria, vulnerado el derecho de autodeterminación de Morena, alejado del criterio que ha manejado en varias ocasiones este pleno, especialmente en casos de VPG, que se remiten a los órganos partidistas.
Asimismo, indicó que el proyecto se basa en la presunta incompetencia para resolver casos de VPG, cuando la resolución impugnada no se pronuncia de este tipo de actos, sino por transgresión del estatuto.
La presidenta del TEE añadió que el proyecto es ambiguo, ya que por un lado reconoce que los actores de la demanda son militantes de Morena, y no analiza el marco jurídico del partido, donde es indiscutible que el partido sí puede estudiar la VPG, sea en el ámbito de sus funciones, en reuniones partidarias o abiertas.
La magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, compartió con sus compañeras que se debe sancionar la VPG, pero consideró que en este caso, no se estaba observando la queja de manera integral, y no hacerlo, los convertiría en un “tribunal omnipotente” para conocer toda la violencia política del ramo que fuere.
Explicó que la denunciante es la subdirectora de Recursos Humanos del Congreso del estado, que acusó al diputado Sánchez Esquivel, como su superior jerárquico, por lo tanto, el caso corresponde al ámbito administrativo y laboral.
Añadió que el Congreso tiene un Órgano de Control Interno que resuelve las controversias administrativas, y el tribunal federal electoral ya determinó que los asuntos de competencia de los partidos, son los derechos político electorales, no laborales.
Betancourt Salgado expresó extrañeza de los comentarios en contra de su proyecto, porque la pretensión de las partes de este juicio, es que se anule el dictamen de la CNHJ, para efectos de que se ordene una nueva resolución.
Explicó que la denunciante consideró que fue insuficiente la resolución que se le impuso al presunto agresor. El denunciado señaló vulneración al principio de legalidad, por insuficiente fundamentación y argumentación e indebida valoración de las pruebas.
El problema entre los actores, no se relaciona con actividades propias del partido, ni de naturaleza electoral, “escapa de los derechos de militancia partidista o de derechos electorales”.

 

Critica subsecretario al magistrado que absolvió a Abarca por el caso de los 43

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, cuestionó al magistrado Juan Manuel Rodríguez Gómez, presidente del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito Judicial del Poder Judicial de la Federación con sede en Matamoros, porque confirmó la sentencia absolutoria a favor del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Como parte del informe de seguridad en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentaron decisiones de jueces en favor de supuestos delincuentes, donde el general Rodríguez Bucio señaló la absolución de Abarca por el secuestro de los normalistas, en la modalidad de delincuencia organizada.
“Confirmó la sentencia absolutoria dictada en septiembre de 2022 por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, en favor de José Luis N, ex alcalde de Iguala por el delito de secuestro en agravio de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en septiembre de 2014”, dijo Rodríguez Bucio sobre el magistrado.
De igual forma, el subsecretario de Seguridad y ex jefe de la Guardia Nacional precisó que a pesar de la absolución dictada, el ex alcalde se encuentra en prisión debido a que tiene pendiente la sentencia de otras causas penales en su contra.
Fue el 16 de mayo cuando Rodríguez Bucio cuestionó directamente al juez Samuel Ventura Ramos por la absolución de José Luis Abarca y Sidronio Covarrubias, líder del grupo criminal de Guerreros Unidos.
“En el caso Ayotzinapa tenemos al juez Samuel Ventura Ramos, el día 12 de mayo absolvió a Sidronio N y José Luis N, ex alcalde de Iguala por el delito de delincuencia organizada, ambos continúan presos pero por otras causas penales”, comentó Rodríguez Bucio en dicha oportunidad.
El 30 de mayo, el abogado Alejandro Rojas, defensor legal de José Luis Abarca, confirmó la absolución de Abarca por el delito de secuestro de los 43 estudiantes normalistas, sentencia que no podrá ser impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Tres días después, el abogado y representante legal de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, adelantó que se impugnaría dicha sentencia.
El pasado 31 de mayo, el presidente López Obrador afirmó que la absolución de Abarca por el secuestro de los 43 normalistas, no afectará las investigaciones que lleva a cabo la presente administración al respecto.
“No afecta porque nosotros continuamos con la investigación y no vamos a incumplir el compromiso que tenemos con los padres, con las madres de los jóvenes desaparecidos y estamos enfrentando muchos obstáculos”, indicó en dicha oportunidad.
A pesar de la absolución para Abarca por su participación en la desaparición de los normalistas, aún tiene pendiente la sentencia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de delitos de secuestro.
El 18 de mayo se informó que Ventura Ramos impuso una pena de 92 años y seis meses de prisión a José Luis Abarca por el delito de secuestro de Arturo Hernández Cardona, además de Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Nicolás Mendoza Villa y Dante Cervantes Delgado.

Demandan a tres magistrados que desecharon la declaración de una niña víctima de abuso

La integrante de la asociación civil Renacer, Yolanda Domínguez presentó una demanda penal por el delito de prevaricato contra tres magistrados que, a cargo de la segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), desestimaron la declaración de una niña de dos años y ocho meses de edad que señaló abuso sexual, y exoneraron al agresor, pero sus argumentos fueron desechados en un tribunal colegiado en febrero de este año.
Acusaron a los magistrados Vicente Rodríguez Martínez, Miguel Barreto Cedeño y Alfonso Vélez Cabrera, entonces titulares la Sala penal, de dictar una resolución arbitraria para favorecer a una de las partes, a sabiendas que la resolución era injusta.
El abogado, Pedro Ramírez Millán, indicó que los elementos de prueba contra los magistrados son sus propias valoraciones de la resolución de la Sala, donde se acredita la forma en que los magistrados favorecieron al inculpado, así como la sentencia del Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, que desechó uno a uno sus argumentos.
Subrayó que los tintes de la resolución de la Sala penal son inmorales, de favorecimiento y de negociación, que son más difíciles de probar en un juicio penal.
El principal argumento de los denunciantes es que los magistrados desestimaron la declaración de la niña, argumentando que la denuncia se dio en medio de un conflicto de guardia y custodia, y que la menor habría sido manipulada por sus familiares, indicó Yolanda Domínguez.
Sin embargo, aclaró que la resolución de la Sala evidencia una falta de conocimiento e incapacidad de ser juzgadores, ya que pasaron por alto la jurisprudencia del Poder Judicial que señala que los delitos sexuales son de realización oculta, por lo tanto, la declaración de la víctima prevalece por encima de cualquier prueba, aun cuando su declaración tenga inconsistencias, porque debe atenderse a la naturaleza del hecho traumático.
Ramírez Millán precisó que, cuando los familiares de la niña se dieron cuenta del abuso sexual y presentaron la denuncia contra el agresor, el novio de la mamá, ya había acuerdos sobre la guardia y custodia de la pequeña, por lo tanto no había otros conflictos de interés.
Ahora toca a la Fiscalía General del Estado (FGE) integrar la carpeta de investigación y llevar a cabo las diligencias para acreditar el cuerpo de delito y, de confirmar una responsabilidad, solicitar al Congreso local el desafuero de los magistrados para someterlos a un juicio.
No obstante, reconoció que la mayor parte de la impunidad la generan precisamente los procuradores y administradores de la justicia, que “se vende como en un mercado, es la realidad que observamos durante años, como abogados, podemos advertir en una resolución, cuando hay equivocación de criterio, y las que llevan tendencias de favorecimiento. El mal está dentro”.
También lamentó que los magistrados tienen asegurada su estancia en el Poder Judicial, hasta que se jubilen o fallezcan, mediante la ratificación, y sólo se les puede separar del cargo hasta en tanto no haya una causa de responsabilidad.
El abogado, José Ramírez Villalba advirtió que la protección hacia los magistrados viene de los propios gobiernos que “no quieren más escándalos sociales, con tanto problema ya no pueden”; sin embargo, aseguró que van a insistir en que se analice esta denuncia porque los familiares de la víctima están muy interesados en dejar un precedente para otros casos.
Aclaró que en éste, es evidencia la tendencia a favor del inculpado, aclaró que es muy aventurado decir que hubo dinero de por medio, aunque no lo descarta.
Yolanda Ramírez insistió en que 80 por ciento de las denuncias de niños violentados quedan en la impunidad, debido a la corrupción en los sistemas de procuración y administración de justicia, “nosotros le damos seguimiento a este caso en contra los magistrados para demostrar cómo se tuerce la ley en Guerrero”, agregó.
Concluyó que, “el caso que nos llevó a esto no es de una disputa de guardia y custodia, no se trató de disputa familiar, tampoco es político, es un caso de un derecho humano de una niña que tiene que ser ejemplo para muchas familias de no quedarse calladas, hay que cuidar y defender a los niños en contra de quien sea”.

 

Secuestran al chofer de un magistrado de Iguala; lo liberan ileso horas después

 

El chofer del magistrado presidente de la Tercera Sala Penal con sede en Iguala, Raymundo Casarrubias Vázquez, Smith Mora López fue privado de la libertad la tarde del miércoles en el vehículo del magistrado el cual fue encontrado aún encendido en la comunidad de El Naranjo horas después del plagio, ayer por la mañana también fue localizado ileso el chofer en una brecha en los límites del estado de Morelos.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal indicaron que a las 6 de la tarde del miércoles se solicitó el apoyo de la coordinación regional de la Policía Ministerial por la desaparición de una persona y un vehículo.
Según los reportes cerca de las 6:30 de la tarde del miércoles fue localizado con las llaves pegadas y prendido el Volkswagen Jetta gris con placas HCZ-12-36 de Guerrero modelo 2016 a orilla de la carretera federal México-Acapulco, tramo Iguala-Taxco antes de llegar al retén militar y la comunidad de El Naranjo, municipio de Iguala.
El vehículo es del magistrado y es identificado como miembro de la corriente perredista Grupo Guerrero, que a nivel estatal dirige el diputado federal David Jiménez Rumbo.
Fuentes consultadas señalaron que el chofer del magistrado había ido a lavar el carro en un auto lavado de Iguala, luego de dos horas el magistrado Raymundo Casarrubias solicitó el apoyo de las corporaciones para lograr su ubicación pues no aparecía.
Se informó que el chofer fue liberado ileso en una brecha en los límites del estado de Morelos. Se confirmó que no hubo ninguna petición de rescate para su liberación y fue él mismo quien logró comunicarse con su familia para que fueran por él.
Por separado, fuentes de la SSP estatal indicaron que el chofer desapareció la tarde del miércoles en Chilpancingo y apareció la madrugada de ayer en Cuernavaca, Morelos.
Fuentes de la corporación informaron que a la 1 de la tarde del miércoles el chofer se dirigía a la colonia 20 de Noviembre de la capital y sus familiares ya no supieron nada de él.
Después de las 8 de la noche encontraron el automóvil abandonado en el citado lugar.
Una fuente de la SSP estatal informó que el chofer fue localizado a las 6 de la mañana en La Paloma en Cuernavaca, Morelos, luego de comunicarse con sus familiares y no dieron más detalle de este hecho.

 

Denunciará por conducta delictuosa a tres magistrados que absolvieron al violador de la niña, dice el abogado

 

El abogado de la niña de 2 años y 8 meses que fue abusada sexualmente, Pedro Ramírez Millán informó que la denuncia contra los tres magistrados que absolvieron del crimen al culpable será por conducta delictuosa, que da origen a un juicio de procedencia ante el Congreso local para que sean cesados y consignados ante un juez.
La denuncia penal ante la Fiscalía será sólo contra los tres magistrados, Vicente Rodríguez Martínez que en ese momento era el presidente de la Primera Sala Penal y ahora lo es de la sala civil, también a Miguel Ángel Barrero Bello y Alfonso Vélez Cabrera que eran integrantes de la sala que absolvió al violador.
No se presentará contra la jueza Rosalinda Sáenz Rodríguez que fue la primera en absolverlo, porque consideró que es mayor la falta de los magistrados por “su investidura”, además de que se trata de un órgano colegiado en el que los tres magistrados tuvieron que valorar las pruebas.
En declaraciones en su despacho, el abogado explicó que el proceso es presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que inicie una carpeta de investigación y determine si hay elementos para el juicio de procedencia, y se pueda realizar el cese de los funcionarios y el caso sea consignado a un juez.
No se trata de la solicitud de un juicio político, con lo que únicamente se consigue una inhabilitación, lo que se busca es que sean castigados penalmente, agregó.
La Fiscalía tendría que informar al Congreso si encontró elementos y pedir un juicio de procedencia para que los diputados destituyan a los tres magistrados y se ordene su consignación, de esa manera el paso inmediato sería que el caso sea revisado por un juez.
En caso de que ningún poder ni padrino político de los magistrados intervengan para que nuevamente se burle la ley, un juez tendría que librar la orden de aprehensión o de comparecencia según la gravedad del delito que determinen, comentó.
Independientemente de la gravedad de este caso, dijo que cualquier otro en el que los magistrados violen la ley, “es grave por la investidura, porque deben tener más cuidado, porque se supone que fueron insaculados entre muchos, y que ellos fueron los mejores y que ellos son unos profesionales excepcionales preparados para impartir justicia”.
Pero por desgracia, dijo, eso no ocurre en Guerrero porque para la designación de magistrados intervienen una serie de compadrazgos e intereses, por eso dijo que el tribunal “hay ignorantes y hay inmorales”.
El abogado mencionó que no se puede perder de vista que los magistrados incumplieron la responsabilidad que tienen encomendada a través del Estado, porque no sólo incumplieron las leyes local y federal, también el tratado internacional de los derechos de los niños y las niñas.
Llamó a la familia de la víctima a hacer un gran frente común con las organizaciones, ciudadanos y víctimas que se sumen a la demanda para que los magistrados sean sancionados.
“Me parece que no es sólo una falta, me parece que ya incursiona su delito dentro de los lineamientos penales, son ya sujetos de derecho penal porque responden a intereses bastardos entre los que está la inmoralidad, omitiendo la misión que tienen tan clara, diáfana que tienen de la justicia”.
Pedro Ramírez dijo que como abogados, están convencidos que hay delitos en el comportamiento de los magistrados, “no me queda duda de que la niña recibió esa afrenta”.
Dijo que los magistrados debieron tomar con mayor seriedad la investigación que el Ministerio Público entregó, porque no tenían elementos para considerar que no era legal y “la investigación es contundente” en la responsabilidad del acusado de abuso sexual.
Dijo que la responsabilidad de la juez y en su momento de los magistrados era atender el caso, “al valor de la investigación ministerial” y no elucubrar en que los familiares aleccionaron a la niña y afirmar que el abuso sexual no ocurrió.
La menor relató ante el Ministerio Público los detalles de cómo fue abusada por la pareja de su madre, pero los magistrados absolvieron al violador argumentando que la menor fue manipulada.
La justicia federal dio un revés a la decisión de los magistrados del estado, y les ordenó dar valor a la declaración de la niña y que se pronuncien por la responsabilidad penal del acusado, que finalmente fue condenado a 5 años de prisión el 18 de enero, a cinco años de los hechos.
El abogado afirmó que en los dictámenes psicológicos, los peritos establecen “clara y contundentemente que a esa edad a los niños no se les puede manipular”, entonces consideró que los magistrados no tenían elementos para que su dictamen fuera en el sentido de que algún adulto aleccionó a la niña.
Al abogado se le preguntó por qué procedería legalmente sólo contra los magistrados y no contra la jueza Rosalinda Sáenz Rodríguez, que después de tener durante tres años el caso su sentencia fue absolutoria.
Ramírez Millán dijo que se trata de un asunto de mayor responsabilidad cuando se refiere a la falta cometida por los magistrados, “por la investidura que representan”.
“Tienen responsabilidad la juez y los magistrados, pero es más grave la de los magistrados, se entiende que ellos son más cultos jurídicamente, sobre una juez que posiblemente se le barre alguna cuestión, pero sobre todo son tres (los integrantes de la sala) aquella es una”, argumentó el abogado.
Dijo que esta no sería la primer denuncia penal contra los tres magistrados, porque hay un caso de hace aproximadamente 5 años, pero la denunciante lo dejó por falta de tiempo y recursos.
Consideró que el seguir sosteniendo a ese tipo de funcionarios es “el infierno para los ciudadanos que no pueden acceder a la justicia”, aún en casos como el de abuso sexual contra una niña”.

Sigue la clase represiva en el Poder Judicial, dice el abogado de las viudas de Aguas Blancas

 

El abogado de las viudas de la masacre de Aguas Blancas, José Sánchez denunció que en la estructura de gobierno “se mantiene la clase rancia con actitud represiva”, ante la posibilidad de que el notario público, Robespierre Robles Hurtado sea magistrado del Poder Judicial.
El notario propuesto como magistrado por el gobierno del estado en el Congreso local, es hijo del fallecido José Rubén Robles Catalán, secretario general en el periodo de Rubén Figueroa Alcocer, cuando ocurrió la masacre del 17 de junio de 1995 en Aguas Blancas, perpetrada por policías estatales.
En entrevista telefónica, dijo que ven con preocupación que la vieja clase política está llegando a ocupar puestos de gobierno, porque el notario representa los mismos intereses de su padre; a los dinosaurios viejos de PRI.
El representante de las viudas dijo que nunca se castigó a nadie ni se deslindaron responsabilidades por la muerte de 17 campesinos, por esa razón se repitió la masacre de El Charco en 2000, así como los asesinatos y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Ahora se dice que su hijo podría ser presidente del Poder Judicial.
Por otro lado, denunció que la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Norma Saenz los citó ayer en la tarde en Palacio de Gobierno, y cuando llegaron encontraron las oficinas cerradas porque no hubo labores.
Recriminó que la funcionaria no haya tenido la atención de avisar a los familiares que no habría labores. Al buscar al enlace de Organizaciones, César Flores Maldonado, éste ni siquiera les atendió la llamada, contestó su secretario particular.
Ayer no fue un día inhábil, pero se dio el día a los trabajadores por acuerdo del sindicato. El luchador social dijo que encontraron una mala actitud de funcionarios de la nueva administración, “nos están desgastando, las viudas y sobrevivientes son gente muy pobre”.
Consideró que es un movimiento que ha sido muy reprimido y masacrado, pero que pide calma sin perder sus principios, debe ser atendido con dignidad. Demandó una mesa con el gobernador Astudillo Flores o con el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame.
Recordó que a 17 años de las recomendaciones que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Aguas Blancas, no se han cumplido, tampoco no hay atención a las víctimas ni castigo a los culpables.
Agregó que, las víctimas a la fecha reciben sólo una mensualidad de 4 mil 800 pesos, y siguen viviendo en pobreza.

Nombran presidente del Tribunal Superior a un magistrado con un año de nombrado

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

 

A un año de su nombramiento como magistrado, el ex juez de lo penal Edmundo Román Pinzón fue elegido ayer por unanimidad como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado (TSJ), y fue presentado ayer en conferencia de prensa por el actual titular Raúl Calvo Sánchez.

En sesión privada, 18 magistrados votaron en favor de su colega que apenas en abril del año pasado fue nombrado magistrado por el Congreso local a propuesta del gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, y ejercerá a partir del 1 de mayo próximo en sustitución de Calvo Sánchez, quien después de seis años dejará este cargo un día antes.

La decisión confirmó lo que se publicó en El Sur a principios de este mes, cuando fuentes conocedoras de lo que pasa dentro del Poder Judicial del Estado informaron que Torreblanca maniobró con el abogado veracruzano, Raymundo Melgarejo con el propósito de lograr una mayoría en el TSJ con magistrados “a modo” para relevar a Calvo Sánchez.

Al respecto, el presidente electo por un año, Edmundo Román dijo que se propone “restablecer la relación con el Ejecutivo” y que buscará limpiar ante la sociedad la imagen que se tiene de los integrantes del Poder Judicial porque “no somos lo que piensan que somos”.

En la conferencia de prensa que se efectuó en la sala de su oficina, a pregunta expresa Calvo Sánchez afirmó que a pesar de que “todo mundo” conoció la noticia en el sentido de que su salida fue fraguada por el Ejecutivo estatal y de que en su lugar arribaría Edmundo Román, lo que ocurrió en el pleno del TSJE “es otra cosa”.

Insistió en que el acuerdo fue unánime y ningún magistrado se manifestó en contra porque “pensamos en lo que le conviene” al Poder Judicial.

Dijo asimismo que no hubo presiones y señaló que la “capacidad profesional” y las “virtudes” de Román fueron los factores que convencieron a los magistrados para solicitarle que asumiera la presidencia del Poder Judicial por un periodo de un año. “Por el bien del tribunal”, dijo otra vez.

Negó que la sesión de ayer haya sido un acto para legitimar lo que ya era un hecho y reiteró que fue una votación unánime de los magistrados. “No fue un acto de simulación, sino una señal de que estuvimos de acuerdo en la propuesta que hizo la magistrada, Lambertina Galeana Marín”, dijo Calvo.

En tanto, el nuevo presidente del TSJ negó que su designación fuera planeada por Torreblanca, sin embargo dijo que “es lógico que antes de esta elección hubo planteamientos previos sobre quién conviene o quién no y finalmente aquí se resolvió por unanimidad”.

Afirmó que este cambio busca restablecer la relación con el Ejecutivo y limpiar la imagen que tiene la sociedad de los jueces y magistrados del TSJ.

Como despedida, Calvo recordó que durante su periodo se incrementaron los salarios para los magistrados, jueces y personal jurisdiccional, no así los del personal administrativo, que así se quedarán en este ejercicio fiscal porque el pago de salarios caídos a algunos magistrados y jueces que fueron reinstalados, así como el pago del retiro y la pensión de tres magistrados causó un impacto negativo en el presupuesto del Tribunal.

Román, por su parte, se abstuvo de hablar sobre la situación financiera, pues justificó que de ese tema hablará después de que tome posesión de manera oficial.a