Pese a señalamientos, defiende AMLO derechos políticos de Norma Otilia y Félix

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “el que nada debe nada teme” en el caso de las personas que buscan una candidatura y se les relaciona con grupos del crimen organizado, como la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, y de Félix Salgado Macedonio, ambos de Morena
Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, al presidente se le preguntó sobre la restricción de derechos políticos de la alcaldesa Norma Otilia Hernández, por el video donde se le ve con el líder de Los Ardillos, Celso Ortega, y el reportaje de Latinus donde Ortega asegura que se reunió con un supuesto emisario del senador Félix Salgado Macedonio, quien busca ser reelegido en el Senado.
“El que nada debe nada teme, ¿y si no están involucrados, por qué los van a hacer a un lado? Claro que quisieran los del bloque conservador, (Joaquín) López-Dóriga y Ciro (Gómez Leyva) y (Carlos) Loret que no fuesen candidatos quienes no son de la simpatía de sus jefes, pero todos tenemos derecho a la Constitución a votar y ser votados”.
De igual forma aseguró que si existe una persona que esté involucrada con el crimen organizado y busque un cargo de elección popular, “van a aparecer pruebas” y que más allá de lo moral, si un candidato tiene antecedentes penales, no puede ser elegible.
“Cuando yo dirigí Morena le pedimos a la Fiscalía General, entonces Procuraduría y a todas las instancias, les mandamos la lista de los candidatos. Que eso es lo que yo creo que deben hacer los partidos, es una recomendación ‘a ver, aquí están todos los candidatos’ porque no basta con la carta de no antecedentes penales, y así ya no hay ningún problema”, afirmó.
El presidente acusó que el reportaje de Latinus donde se entrevista a Celso Ortega, líder de Los Ardillos, no cuenta con pruebas suficientes y señaló que pudo tratarse de un montaje y que lo único es el nexo familiar entre Celso Ortega y Bernardo Ortega diputado local por el PRD.
“Loret de Mola se va a Guerrero, supuestamente porque ese es especialista en montajes, a lo mejor lo hizo ahí en el Parque Hundido o en su rancho, allá en su haciendo en Valle de Bravo, puso su set ahí; entonces entrevista a un encapuchado que pertenece a una banda de Guerrero y dice que a él le consta de que los Zetas nos dieron dinero para la campaña. No hay prueba de nada, si acaso de que el que declara es hermano de un diputado del PRD en Guerrero, pero eso tampoco implica al diputado porque en las familias ahí no se puede culpar. Pero de la casualidad”, dijo.
 

Rechaza el TEE restablecer derechos en Morena de Alfredo Sánchez Esquivel

Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, José Inés Betancourt, la presidenta Evelyn Rodríguez, Alma Delia Eugenio e Hilda Rosa Delgado durante la sesión Foto: Jessica Torres Barrera
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, José Inés Betancourt, la presidenta Evelyn Rodríguez, Alma Delia Eugenio e Hilda Rosa Delgado durante la sesión. Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Tras dos rondas de debate, el Tribunal Electoral del Estado (TEE) rechazó por mayoría de votos el punto de acuerdo del magistrado J. Inés Betancourt Salgado, donde proponía restablecer la militancia en Morena del diputado Alfredo Sánchez Esquivel, cancelada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia de ese partido.
Votaron a favor el ponente del proyecto y la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, y en contra la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, y la presidenta, Evelyn Rodríguez Xinol, quien tiene voto de calidad en caso de empate.
El caso fue retomado por la presidenta, que anunció que incluirá en el expediente los votos particulares que se expresaron en esta sesión, para presentar un nuevo proyecto de resolución, en un periodo no mayor de 24 horas.
El proyecto rechazado, indica que las dos partes, denunciante y acusado, impugnaron la resolución de la CNHJ. Sánchez Esquivel alegó, entre otros aspectos, la falta de competencia del órgano intrapartidario para resolver sobre presuntos hechos de Violencia Política en Razón de Género, que señaló Arlene Siu Sarabia Peña.
El proyecto, confirmaría la falta de competencia de la CNHJ para investigar y conocer presuntos actos de VPG relacionados con los derechos políticos y laborales de servidores públicos del poder legislativo; suficiente para anular la resolución del Proceso Especial Sancionador disciplinario.
En el disenso, Eugenio Alcaraz aclaró que en la resolución del 13 de julio de 2023, la CNHJ sólo estableció la transgresión a los documentos básicos de Morena, que acarreó la cancelación del registro de Sánchez Esquivel del padrón del partido. No se pronunció sobre la denuncia de Violencia política en razón de Género.
Estimó que el proyecto de discusión, pretendía que el tribunal sustituyera la jurisdicción partidaria, vulnerado el derecho de autodeterminación de Morena, alejado del criterio que ha manejado en varias ocasiones este pleno, especialmente en casos de VPG, que se remiten a los órganos partidistas.
Asimismo, indicó que el proyecto se basa en la presunta incompetencia para resolver casos de VPG, cuando la resolución impugnada no se pronuncia de este tipo de actos, sino por transgresión del estatuto.
La presidenta del TEE añadió que el proyecto es ambiguo, ya que por un lado reconoce que los actores de la demanda son militantes de Morena, y no analiza el marco jurídico del partido, donde es indiscutible que el partido sí puede estudiar la VPG, sea en el ámbito de sus funciones, en reuniones partidarias o abiertas.
La magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, compartió con sus compañeras que se debe sancionar la VPG, pero consideró que en este caso, no se estaba observando la queja de manera integral, y no hacerlo, los convertiría en un “tribunal omnipotente” para conocer toda la violencia política del ramo que fuere.
Explicó que la denunciante es la subdirectora de Recursos Humanos del Congreso del estado, que acusó al diputado Sánchez Esquivel, como su superior jerárquico, por lo tanto, el caso corresponde al ámbito administrativo y laboral.
Añadió que el Congreso tiene un Órgano de Control Interno que resuelve las controversias administrativas, y el tribunal federal electoral ya determinó que los asuntos de competencia de los partidos, son los derechos político electorales, no laborales.
Betancourt Salgado expresó extrañeza de los comentarios en contra de su proyecto, porque la pretensión de las partes de este juicio, es que se anule el dictamen de la CNHJ, para efectos de que se ordene una nueva resolución.
Explicó que la denunciante consideró que fue insuficiente la resolución que se le impuso al presunto agresor. El denunciado señaló vulneración al principio de legalidad, por insuficiente fundamentación y argumentación e indebida valoración de las pruebas.
El problema entre los actores, no se relaciona con actividades propias del partido, ni de naturaleza electoral, “escapa de los derechos de militancia partidista o de derechos electorales”.

 

Por extemporánea, rechaza el Ejecutivo petición para modificar ley electoral y sancionar la VPG

 

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El gobierno del estado rechazó el “addendum rectificatorio” que el Congreso local aprobó, con el que pretendían subsanar el error de no contemplar en las reformas a la ley electoral que los perpetradores de violencia política de género (VPG) no pueden ser candidatos.
Es decir, que las reformas aprobadas por el Congreso local el pasado 8 de junio y publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 9 del mismo mes, serán vigentes en esos términos, sin que se incluya el adendum aprobado por el pleno el día 13.
Precisamente el 9 de junio pasado, fue la fecha límite (90 días antes del inicio del proceso electoral 2023-2024) que tenía el Congreso local para aprobar las reformas en materia electoral, para que estas fueran aplicables en este proceso.
Y entre las principales modificaciones que se anunciaron fue precisamente la conocida Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores de mujeres, pero ésta fue aprobada incompleta porque no se incluyó entre los tipos de violencia a la que es política en razón de género, ninguno de los diputados se percató del error de dejar fuera esta figura. Así se aprobó por el pleno, se festejó en tribuna por las promotoras y se envió al gobierno del estado para su publicación y entrada en vigencia.
Pero en la siguiente sesión, el 13 de junio el pleno aprobó por mayoría de votos un adendum con el que pretendían subsanar el error y agregar esta importante figura.
Diez días después a través de un oficio fechado y firmado el 23 de junio, el secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso, informó a la presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez: “respetuosamente devuelvo a usted en original y medio magnético el addendum rectificatorio”.
Se explica que en el análisis que se realizó en la consejería jurídica del Poder Ejecutivo se determinó regresar en adendum porque las reformas que el 8 de junio realizó el Congreso entraron en vigencia a partir de su publicación el 9 del mismo mes.
“Por lo que es una norma vigente a la fecha y para modificarse es a través de una reforma, adición, o derogación” que no puede ser modificado o agregado nada a partir de un adendum como lo pretendió el Poder Legislativo.

La sesión

Este miércoles la Comisión Permanente realizó una sesión de mero trámite en la que se informó del oficio que recibieron de Ludwig Marcial Reynoso y que este oficio fue turnado a la Comisión de Justicia, desde el jueves 29 de junio.
También intervino la diputada de Morena Jessica Alejo Rayo en relación a la conmemoración del 68 Aniversario del Voto de la Mujer en México, señaló que las diputadas tienen el deber de velar por que las reformas constitucionales y legales aprobadas sean a favor de este sector de la población.