El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “el que nada debe nada teme” en el caso de las personas que buscan una candidatura y se les relaciona con grupos del crimen organizado, como la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, y de Félix Salgado Macedonio, ambos de Morena
Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, al presidente se le preguntó sobre la restricción de derechos políticos de la alcaldesa Norma Otilia Hernández, por el video donde se le ve con el líder de Los Ardillos, Celso Ortega, y el reportaje de Latinus donde Ortega asegura que se reunió con un supuesto emisario del senador Félix Salgado Macedonio, quien busca ser reelegido en el Senado.
“El que nada debe nada teme, ¿y si no están involucrados, por qué los van a hacer a un lado? Claro que quisieran los del bloque conservador, (Joaquín) López-Dóriga y Ciro (Gómez Leyva) y (Carlos) Loret que no fuesen candidatos quienes no son de la simpatía de sus jefes, pero todos tenemos derecho a la Constitución a votar y ser votados”.
De igual forma aseguró que si existe una persona que esté involucrada con el crimen organizado y busque un cargo de elección popular, “van a aparecer pruebas” y que más allá de lo moral, si un candidato tiene antecedentes penales, no puede ser elegible.
“Cuando yo dirigí Morena le pedimos a la Fiscalía General, entonces Procuraduría y a todas las instancias, les mandamos la lista de los candidatos. Que eso es lo que yo creo que deben hacer los partidos, es una recomendación ‘a ver, aquí están todos los candidatos’ porque no basta con la carta de no antecedentes penales, y así ya no hay ningún problema”, afirmó.
El presidente acusó que el reportaje de Latinus donde se entrevista a Celso Ortega, líder de Los Ardillos, no cuenta con pruebas suficientes y señaló que pudo tratarse de un montaje y que lo único es el nexo familiar entre Celso Ortega y Bernardo Ortega diputado local por el PRD.
“Loret de Mola se va a Guerrero, supuestamente porque ese es especialista en montajes, a lo mejor lo hizo ahí en el Parque Hundido o en su rancho, allá en su haciendo en Valle de Bravo, puso su set ahí; entonces entrevista a un encapuchado que pertenece a una banda de Guerrero y dice que a él le consta de que los Zetas nos dieron dinero para la campaña. No hay prueba de nada, si acaso de que el que declara es hermano de un diputado del PRD en Guerrero, pero eso tampoco implica al diputado porque en las familias ahí no se puede culpar. Pero de la casualidad”, dijo.
El senador Emilio Álvarez Icaza respondió a los señalamientos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre su participación en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Mediante una publicación en X (antes Twitter), el senador afirmó que el caso Ayotzinapa es un estigma que llevará el presidente el resto de su vida, y agregó que mencionarlo es muestra de su desesperación.
“ #NarcoPresidente y #AyotzinapaFueElEstado son dos estigmas con lo que López Obrador cargará el resto de su vida y, en lo que proceda, ante la justicia internacional. Que me mencione y mencione a organizaciones y defensores de #DDHH ya no es novedad. Es la manifestación de su desesperación”, escribió Álvarez.
El ex secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), agregó que el presidente López Obrador “es el gran encubridor” de militares y personas involucradas en la desaparición de los normalistas y pidió una explicación de esa cobertura a los responsables.
“Ilegal y personalmente, López Obrador conduce la investigación de #Ayotzinapa, entonces explique ¿por qué encubre a militares y criminales involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes?”.
Aseguró que en caso de que Claudia Sheinbaum no obtenga el triunfo en las elecciones presidenciales del presente año, López Obrador deberá responder a la justicia por acciones de su administración.
“El #NarcoPresidenteAMLO sabe (lo sabe muy bien) que si su corcholata no gana, tendrá enfrente a la justicia para que responda por los daños de su gobierno fallido”, puntualizó.
En la conferencia de este viernes, López Obrador se refirió a Álvarez Icaza como un “pseudo defensor de derechos humanos, un farsante” y le acusó de querer utilizar el caso Ayotzinapa con fines políticos.
La organización para la defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, rechazó las declaraciones estigmatizantes del alcalde de Taxco, el empresario Mario Figueroa Mundo, en contra de periodistas –a quienes calificó de “pseudoperiodistas”– y con las cuales responsabiliza a quienes documentan los hechos de violencia del “secuestro” de 12 trabajadores del área de limpia en su municipio.
La denuncia en contra del edil que pretende la reelección en el municipio, ahora arropado por Morena, se da en medio de la crisis de desapariciones ocurridos en los últimos meses en esta ciudad turística, en la que reporteros han sido privados de la libertad y golpeados, y a una semana de la desaparición de 12 personas de las que se desconoce su paradero.
El fin de semana fueron publicadas declaraciones que el edil postulado por Fuerza por México, Mario Figueroa concedió a medios nacionales en las que atribuyó el secuestro de 12 trabajadores del Relleno Sanitario y la Unidad de Transferencia de residuos sólidos, así como el asesinato de una pareja de profesores a “pseudoperiodistas”, por presuntamente generar violencia en las redes sociales.
En las declaraciones del empresario, en las que además advirtió que no sería extraño que en los siguientes días pueda haber más homicidios como “resultado de hablar mal de los compañeros (trabajadores en las redes sociales)”, adjudicó todo lo que pasa en su municipio a los “pseudoperiodistas”, que, según él, “están generando violencias, desestabilidad (sic) y confusión social”.
En el comunicado difundido el domingo, la oficina para México y Centroamérica de la ONG, rechaza las declaraciones estigmatizantes realizadas por el alcalde taxqueño Figueroa Mundo, en contra de periodistas y comunicadores locales.
“El funcionario público, además de generalizar a la prensa como ‘pseudoperiodistas’, responsabiliza a quienes documentan los hechos de violencia por el secuestro de 12 trabajadores de limpieza en el municipio”, advierte la organización.
Detalla que en varias entrevistas para medios nacionales que concedió el edil, “realizó conjeturas en donde señaló que periodistas han generado desestabilidad en el municipio, con la finalidad de generar desconcierto en la sociedad”.
Advierte que este tipo de actos por parte de las autoridades, en particular del presidente municipal de Taxco, vulneran el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y tiene un efecto inhibitorio para la prensa.
Asimismo, Artículo 19 recuerda que las declaraciones del servidor público se dan en el contexto de que el mes pasado tres periodistas de Taxco y junto con familiares de ellos, fueron privados de la libertad durante una semana por presuntos criminales, además de la agresión a balazos en contra de otros cuatro en Chilpancingo.
La organización internacional exige al alcalde Mario Figueroa Mundo “abstenerse de discursos y acciones que estigmatizan y criminalizan la labor de las y los periodistas”, y puntualiza que las autoridades deben cuidar que sus declaraciones no estigmaticen la labor periodística dado a su rol público y el nivel de influencia que tienen en la ciudadanía.
De acuerdo con la organización, Guerrero se mantiene como una de las entidades con más agresiones contra la prensa, pues tan sólo en el primer semestre del 2023 documentaron 15 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, entre ellos, el homicidio de Nelson Matus que se mantiene impune.
“En este contexto de violencia continúa contra la prensa, y en un año con hechos particularmente violentos en el estado de Guerrero, es menester de las autoridades generar un ambiente que propicie la cobertura periodística, particularmente de hechos de seguridad que son de relevancia pública”, indica la ONG.
También indica que la Comisión Interamericana ha reiterado que en su responsabilidad del Estado se encuentra el “adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas y que no los exponga a un mayor riesgo, así como reconocer de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.
Hasta la tarde de ayer el edil Mario Figueroa no había dado respuesta o postura ante este exhorto, por el contrario, mediante sus redes sociales compartió videos y fotografías celebrando su cumpleaños en la sede del Ayuntamiento donde algunos subordinados, amigos y simpatizantes le llevaron música de viento, y en el Palacio Municipal festejó partiendo pasteles, tomando chocolate y comiendo tamales con sus allegados.
Siguen desaparecidos los 12 trabajadores
A una semana de la privación de la libertad y desaparición de 12 funcionarios, empleados del gobierno taxqueño y familiares, todos trabajadores del Relleno Sanitario y la Unidad de Transferencia de desechos, se desconoce su paradero.
Hasta el cierre de esta edición la Fiscalía General del Estado (FGE), no había actualizado información de los dispositivos de búsqueda para localizar a estas personas, y de acuerdo con el último comunicado, se informó que los operativos conjuntos con Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal, se habían ampliado al municipio vecino de Tetipac, zona en la que también opera la célula del grupo delictivo La Familia Michoacana, a la que se le han atribuido diversos hechos delictivos.
Los trabajadores privados de la libertad y desaparecidos entre el 23 y el 26 de diciembre son: Marcela de Jesús Valladares Jacobo, de 37 años, Hannia Montserrat Salgado Salas, de 20 años, Wendy Alejandra Salas Gutiérrez y la directora del Relleno Sanitario, Anabel Gutiérrez, aunque de ésta última no se ha emitido boletín de búsqueda.
Asimismo, Fernando Antonio Alemán Gutiérrez, de 47 años, y su hijo, Fernando Antonio Alemán Montenegro, de 20 años; además, los hermanos Diego Geovanny, Alan Rubén y Brayan Alexis Sainz Morales, de 18 y 22 años. También el jefe de la Unidad de Transferencia de Residuos Sólidos, Tomás Heladio Bustos Hernández, de 68 años, José Carlos Hernández Ávila, de 43 años y Fermín Alberto Sainz Avilés, de 22 años.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), respondió mediante un comunicado al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus señalamientos a la organización en su actuar en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Aseguraron que en la conferencia de prensa matutina de este lunes se generó “desinformación y se tergiversó la realidad” sobre el papel del Centro, razón por la que presentaron diez aclaraciones al respecto.
En un primer punto, indicaron que respecto a la sentencia aludida por López Obrador en la que se liberó a presuntos responsables al demostrar tortura, señalaron que el Consejo de la Judicatura Federal “ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dadas las irregularidades detectadas”.
Como segunda acotación indican que la investigación que derivó en la llamada Verdad Histórica, “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal”, además de que no hay investigación en los actos de tortura.
“En estos juicios de amparo en revisión, los padres y las madres de familias de los normalistas desaparecidos no fueron parte procesal y sus representantes, incluyendo al Centro Prodh, no se apersonaron ni promovieron en el mismo. Los juicios fueron directamente iniciados por los acusados”, aclararon.
Como cuarto apéndice señalaron que en 2018, el Centro Prodh señaló que la sentencia confirmó que la verdad en el caso Ayotzinapa “no está dicha” y que se incurrieron en “múltiples irregularidades durante la investigación”.
“Académicos, organismos de derechos humanos y otros actores políticos, incluso personas que después se integraron al actual gobierno federal, saludaron la resolución dado que confirmaba que la versión oficial sobre el destino de los normalistas fue construida con prueba ilegal” señalan en el quinto numeral.
En el sexto punto indicaron que tras la resolución de las instancias correspondientes, pruebas reunidas por la Subprocuraduría Especiali-zada en Delincuencia Organizada (SEIDO), fueron invalidadas al estar relacionadas con “detenciones arbitrarias y actos de tortura”.
La séptima aclaración indica que el Centro ha buscado para que ninguna persona torturada sea juzgada en el país basándose en pruebas ilícitas, acorde a lo establecido en los derechos humanos.
“Ni el Centro Prodh, ni ninguna de las organizaciones que representan a los padres y a las madres, promovimos ninguna solicitud para que fueran dejados libres, ni representamos legalmente a los acusados, ni estuvimos detrás de la sentencia, como se ha dicho en las conferencias presidenciales. Sugerir que incurrimos en prevaricato o conflicto de interés es falso”, destacaron.
Sobre la participación de Mario Patrón en el Centro Prodh, la octava aclaración afirma que se caracterizó por trabajar con la “más absoluta honestidad” y que las decisiones del Centro no son unipersonales.
“Afirmar que el Centro Prodh y otras organizaciones no permiten que las víctimas en este caso, o en otros, hablen con otros actores políticos y/o con medios de comunicación no sólo es falso, sino que también supone negar la propia agencia de las víctimas sobre sus procesos y luchas. Los padres de Ayotzinapa deciden sus propias estrategias y caminos; las organizaciones solamente les aconsejamos y acompañamos”, indicaron en la novena aclaración.
Como último punto indicaron que el Centro se mantendrá con su labor de defensa de los derechos humanos y señalaron que el Ejército no ha entregado información relevante para el caso.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), respondió que los cuestionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su participación en el caso Ayotzinapa son falsos, una reacción a que no ha callado sus señalamientos al Ejército y confirman que apoya la llamada “verdad histórica” que tanto critica.
Mediante un comunicado de prensa, el prestigioso colectivo resaltó que en su conferencia de prensa de este jueves, el presidente dedicó 20 minutos a hacer señalamientos con información falsa.
“Lamentamos las descalificaciones genéricas e injustas a nuestro trabajo de más de 35 años en la defensa de los derechos humanos en México. Sin duda obedecen a que no hemos callado nuestros señalamientos sobre la persistencia en el presente de la impunidad, la violencia y el encubrimiento al Ejército” en el caso Ayotzinapa, subrayó.
De igual forma agregó que “so-bre el caso Ayotzinapa, precisamos que lo dicho en la conferencia es falso. Nuestra labor, junto con otras organizaciones respetadas de la sociedad civil, ha sido defender los intereses y derechos de las familias, poniendo a las víctimas al centro”.
Destacó que esta postura de defensa “nos ha llevado a denunciar la existencia de la tortura en la investigación inicial que llevó a la Verdad Histórica, que paradójicamente, es la que hoy respalda el presidente de la República en sus dichos”.
Aclaró que no han puesto ningún recurso contra el nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, y que sí señalaron, y lo seguirán haciendo, que el procedimiento mediante el cual fue designada no fue el adecuado.
Reiteró que lamenta las “falsedades y descalificaciones” que son especialmente graves por venir directamente del presidente de la República, y subrayó que continuará su labor apartidista con el pleno respaldo de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús y se guía por los estándares internacionales de defensa de los derechos humanos.
Rechazan jesuitas señalamientos
La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús expresó su rechazo a los comentarios del presidente contra el Centro Prodh.
En un comunicado, indicó que el Prodh es la voz autorizada de los jesuitas para hablar de los derechos humanos en el país y recordó que por 35 años “ha desempeñado su labor con un alto grado de profesionalismo, siempre del lado de las víctimas. Su esencia no ha cambiado”.
“Rechazamos enfáticamente las descalificaciones injustas hacia su valiosa labor”, subrayó y extendió su respaldo a Mario Patrón y a Santiago Aguirre, los últimos dos directores laicos del Centro.
Hizo un llamado a todas las autoridades del país a generar un clima propicio y de respeto hacia las personas defensoras de derechos humanos.
“La Compañía de Jesús apuesta al diálogo y no a la descalificación”, insistió. (Victor Osorio / Agencia Reforma / Ciudad de México).
Las fumarolas de la termoeléctrica Plutarco Elías Calles de Petacalco vistas de la comunidad, el pasado 10 de octubre Foto: El Sur / Archivo
Brenda Escobar
Zihuatanejo
El coordinador de Comunicación Corporativa, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luis Bravo Navarro, a través de un comunicado rechazó los señalamientos en contra de la termoeléctrica Plutarco Elías Calles, ubicada en Petacalco, municipio de La Unión, hechos por la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Bravo Navarro en el boletín asevera que “las acusaciones que el texto hace sobre los daños o riesgos a la salud de la población, son falsas”.
El 18 de octubre pasado, en su sitio oficial, la mencionada asociación civil publicó un trabajo periodístico, firmado por dos de sus reporteras, titulado: “Contamina CFE 17 veces por encima de norma de salud; la consecuencia: muerte por cáncer”, en el que da cuenta de los resultados del estudio a la calidad del aire que del 20 de abril al 21 de mayo de este año llevó a cabo el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y que publicó El Sur en su edición del 9 de octubre pasado.
La publicación de MCCI asegura textualmente que el estudio que llevaron a cabo los especialistas del INECC, “tomó como referencia y fuente de información el reportaje ‘La carboeléctrica que produce muerte’, publicado en julio de 2022 por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”.
De ahí que el coordinador de Comunicación, Luis Bravo, a través de un texto difundido este viernes y dirigido a la opinión pública, asevera que esta publicación desprestigia a la CFE, “el 18 de octubre de 2023, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que se define como una asociación civil sin fines de lucro, aparentemente comprometida con la consolidación del estado de derecho en México, publicó en su sitio web el reportaje ‘Contamina CFE 17 veces por encima de norma de salud; la consecuencia: muerte por cáncer’, que fue dado a conocer originalmente el 6 de julio de 2022 bajo otro título”.
Bravo Navarro asegura que “el texto desprestigia a la central termométrica Presidente Plutarco Elías Calles, sin fundamentar científicamente sus afirmaciones”.
“La descarga de agua residual utilizada para el sistema de enfriamiento de la central de Petacalco cumple con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, los términos y condicionantes de las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como con la NOM-001-SEMARNAT, vigente relativa a las descargas de agua”.
Explica que “en materia de emisiones a la atmósfera, las unidades de generación de la central de Petacalco cumplen la NOM-085-SEMARNAT-2011 donde se establecen los niveles máximos permisibles de emisiones de Partículas Suspendidas Totales (PST), monóxido de carbono (CO), bióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx)”.
“Además, la central cuenta con estaciones de monitoreo de calidad del aire que operan de manera continua. La información generada se entrega mensualmente a la Profepa”, asegura.
Enseguida, en el comunicado, Luis Bravo sostiene que “la central de Petacalco revisa continuamente la combustión con el objetivo de controlar las emisiones; algunas de estas acciones son las siguientes: caracterización de la combustión donde se ajustan operativos a las unidades de generación bajo protocolos nacionales e internacionales; mejora de la combustión y eficiencia de las unidades generadoras (limpieza a los equipos de combustión y los elementos de presión del generador de vapor)”.
También la “ejecución del programa anual de mantenimiento a los equipos principales y auxiliares de las unidades de generación, así como a los componentes del sistema de quemadores, para recuperar las condiciones operativas para la adecuada combustión”.
En el boletín se precisa que “las acusaciones que el texto hace sobre los daños o riesgos a la salud de la población son falsas; la central de Petacalco no ha recibido ningún documento oficial en el que se notifique el inicio de un proceso administrativo o de alguna otra índole en contra de la CFE, relacionado con este tema”, concluye.
El director de la secundaria técnica Felipe Sánchez, en el municipio de Eduardo Neri (Zumpango), Eugenio Alcocer García, desmintió las acusaciones que hizo un grupo de docentes, que pide su destitución por hostigamiento laboral, y que el pasado martes cerró dos oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
En conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), en Chilpancingo, el director en compañía de trabajadores de la secundaria, señaló que son siete maestros los que se manifestaron y cerraron el Departamento de Escuelas Secundarias Técnicas y la Dirección de Educación Secundaria, con argumentos “falsos y mentirosos”.
Detalló que maestros y padres de familia acordaron exigir el regreso total a clases presenciales de los alumnos, los cinco días de la semana, pero los docentes no se presentaron a sus labores.
Por lo anterior, precisó que exigieron a las autoridades educativas las medidas pertinentes para que los maestros cumplan con la función que les corresponde y devenguen su salario.
“Los docentes no quieren entrar a sus trabajos y cumplir con sus obligaciones que marca la normatividad, tengo las pruebas y los documentos que se les hicieron llegar”, sostuvo el director.
Precisó que ese fue el motivo por el cual los maestros se movilizaron el martes, también dio a conocer que el docente de historia no cumple con sus funciones en la escuela y ha desatendido a los alumnos.
Eugenio Alcocer aseveró que ha actuado en apego a sus funciones directivas y ha procedido en contra de algunos maestros, que se niegan a realizar las labores que les competen.
El director y los maestros hicieron un llamado a las autoridades de la SEG, para que solucionen el problema. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, flanqueado por el secretario de Organización, Jonathan Márquez Aguilar; la secretaria general, Yesenia Salgado Xinol; el secretario de Pueblos Indígenas, Abel Bruno Arriaga; y el secretario de Comunicación, Emmanuel Gutiérrez Andraca Foto: Emiliano Tizapa Lucena
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, afirmó que hay gobiernos municipales como Pungarabato y Chilapa en los que se puede ver la infiltración de la delincuencia, y donde Morena “no puede ganar elecciones por la delincuencia, pero sí el PRI, el PAN y el PRD”.
Aseguró que donde gobiernan estos partidos de oposición “es imposible hacer política, aunque somos nosotros ahora el partido oficial, porque es evidente que puede haber protección”.
Ayer, en conferencia de prensa en las oficinas de Morena, en Chilpancingo, González Varona respaldó nuevamente a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, debido a la nota que publicó el lunes el periódico Reforma, que señala que bajo el gobierno de la morenista, la Familia Michoacana (FM) expandió su control del territorio en la entidad, y que cita el comunicado sin firma emitido por habitantes de Ajuchitlán del Progreso, Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan –que El Sur publicó el 21 de febrero– con el que la acusan de proteger al grupo criminal.
Sostuvo que es año preelectoral y que los partidos de oposición están frustrados, y tienden a deteriorarse y difuminarse, además, dijo que la publicación de Reforma era una ofensa al pueblo de Guerrero, porque fue un intento de difamar y desestabilizar un gobierno que ha confrontado a grupos de la delincuencia, que fueron empoderados en sexenios pasados y que siguen empoderando “en regiones de nuestro estado”.
Aseguró que la delincuencia permea en los ayuntamientos, y que se “puede ver la infiltración de la delincuencia en ciertos municipios de la región (Tierra Caliente), les voy a dar un ejemplo bien claro donde Morena no puede ganar elecciones por la delincuencia, pero sí el PRI, el PAN y el PRD, ellos si ganan”.
Sostuvo que estos partidos tienen pactos con la delincuencia, mientras que Morena, aseguró, su pacto es con el pueblo.
“La delincuencia creció con Calderón”
El líder de Morena aseguró que “los hechos de violencia que han sucedido en las regiones es un movimiento natural de este grupo de criminales, que con mucho esfuerzo la gobernadora y el gobierno de México han combatido”.
Aseveró que al grupo delictivo de La Familia michoacana fue replegado de la Tierra Caliente a la Sierra y Costa Grande, aunque es un problema de décadas que se recrudeció “con la infiltración cuando ganó el Partido de la Agencia de los Narcos –como nombró en lugar de decir Partido Acción Nacional–, que sirvió como agencia de colocación de los narcos en la Secretaría de Seguridad Pública”, en relación con el ex secretario de seguridad recién sentenciado en Estados Unidos, Genaro García Luna, en el sexenio de Felipe Calderón.
Sostuvo que en la administración de Calderón Hinojosa “la delincuencia se apoderó de todos los territorios” y con la operación llamada Rápido y furioso entraron miles de armas a nuestro país para esos grupos criminales, “encabezados por su ex secretario de Seguridad Pública, (Genaro) García Luna, que tienen armamento más sofisticado que las propias policías estatales y policías municipales”.
Se le preguntó qué ayuntamientos del PRI, PAN y PRD tienen vínculos con la delincuencia organizada específicamente, pero dijo que no podía señalarlo porque no era agencia de seguridad, pero sí podía decir que donde gobiernan es donde más álgida está la violencia, la infiltración, las extorsiones y los enfrentamientos.
Mencionó que en Ciudad Altamirano, cabecera del municipio de Pungarabato, no han dejado gobernar a Morena, y mencionó el caso de la candidata en 2021 por Morena a la alcaldía, Francisca Baltazar Bravo, quien “fue amenazada, la secuestraron y la tuvimos que sacar (junto a su familia) a la Ciudad de México, y ganó el PRI ahí, porque no la dejaron que hiciera campaña, ¿y por qué creen? Yo nada más se los dejo ahí, ya las agencias de seguridad pública nacional se encargarán de investigar”.
Manifestó que donde gobiernan los partidos del PRI, PRD y PAN “es donde es imposible hacer política, aunque somos nosotros ahora el partido oficial, porque es evidente que puede haber protección”.
Defiende a gobiernos municipales de Morena
Se le dijo que Acapulco también tiene problemas con inseguridad y gobierna Morena, pero respondió que ahí hay bandas delictivas que son perpetuadas por las colindancias del municipio, “Acapulco no se visualiza como la Tierra Caliente y la Sierra, es la diferencia, que allá existen grupos”.
Resumió que las causas de la violencia en Acapulco y el apogeo de la Familia michoacana, que argumentó Reforma, se debe a los operativos, y en el último caso “los delincuentes corren hacia la Sierra, hacia Petatlán”, mientras que en Acapulco registra violencia por los operativos que se hacen en la Costa Chica y el Valle del Ocotito, y provoca que los “delincuentes estén caminando hacia el puerto”.
Se le preguntó si hay más municipios como en Pungarabato o Chilapa donde no ganen al PRD o PRI y crean que se deba a los nexos con el crimen, expuso “que solo en Chilapa que es eternamente dirigido por caciques regionales”.
Se le dijo que en Tlalchapa, también la familia Mora Eguiluz ha gobernado por varios periodos y ahora están en Morena. Jacinto González Varona afirmó que “en Tlalchapa yo no he conocido de violencia en ese municipio, ahí está pacificado, no es como Arcelia, no es como Altamirano, no es como Coyuca de Catalán, en Zirándaro”.
En el municipio de Tlalchapa, ubicado en Tierra Caliente, en el periodo 2015-2018 gobernó Amalia Mora Eguiluz –hermana de la actual secretaria de Formación Política de Morena, Celeste Mora Eguiluz, y ex secretaria del Migrante en el estado– por la coalición PRD-PT; en 2018-2021 gobernó su padre, Martín Mora Aguirre, por el PRD; y en el 2021-2024, ganó otra hermana, Tania Mora Eguiluz, por Morena.
Ayer, el dirigente estatal de Morena precisó que en el caso de Zirándaro, el ex alcalde Gregorio Portillo Mendoza, a los cuatro días de ser candidato a la alcaldía en 2018 lo sacaron del municipio “porque no pactó (con el crimen organizado), hicieron campaña de manera virtual, la gente de la cabecera estaba cansada del crimen y le dio el voto, porque las comunidades las perdimos (en votos)”.
“Protegido por Seguridad Pública federal tomó protesta y no lo dejaban gobernar y ustedes han documentado toda esa parte, donde el presidente (municipal) le pedía auxilio al gobernador en turno (Héctor Astudillo Flores) porque no lo dejaban gobernar”.
–¿Entonces la alcaldesa que ganó en 2021 (Tania Pacheco Duarte) sí pactó?
–La alcaldesa que ganó, ganó también porque el presidente hizo un buen trabajo, no permitió que se infiltrara y por eso repite Morena en Zirándaro, no se viven actos tan violentos como se vive en Coyuca de Catalán, en San Miguel Totolapan, en Arcelia, nada más revisen la diferencia que existe entre los municipios que gobernamos y que gobiernan ellos.
–Pero hubo un video donde se difundió una caravana del Cartel Jalisco Nueva Generación en su municipio de Zirándaro -, se le comentó.
–¿Pero está ella? Yo no puedo decir que ella estaba ahí, porque no la vi.
A pregunta de un reportero, sobre la propuesta que la vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, quien declaró que se analizaba solicitar la desaparición de poderes en Guerrero porque el estado está controlado por el crimen organizado, Jacinto González respondió que “es una propuesta muy exagerada, porque ni siquiera hay ingobernabilidad en nuestro estado”.
El director de la primaria Ignacio Manuel Altamirano, Anselmo Espíritu Viveros, negó las acusaciones que le hicieron padres y dijo que esto es por la insistencia de la presidenta del comité, que quiere ingresar a un conserje, lo cual “no se lo voy a permitir”.
Señaló que en la escuela, ubicada en la colonia Arroyo Seco, ya están hartos de que la presidente del comité de padres de familia “siempre abuse de su autoridad”, y dijo que esta persona trabaja en el Ayuntamiento y no es válido que se aproveche de su puesto para crean conflictos. Explicó el director que “la señora está incomoda porque no le permito que entre a trabajar en la intendencia una de sus más allegadas, y no se lo voy a permitir”.
En conferencia de prensa en la escuela, el director en compañía de maestros, dijo que no le ha llegado ninguna notificación de que está separado del cargo. Respondió a los señalamientos que le hicieron algunos padres, por medio de la presidenta del comité de padres, Érika Vera, acusándolo de ser el responsable de que la matrícula haya bajado.
La semana pasada, los inconformes cerraron con candados ambas entradas y colocaron pancartas, para demandar la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y que las autoridades educativas hagan caso a sus demandas, donde acusaron que la biblioteca está cerrada y el director no deja que los alumnos consulten ahí, que no se usan las butacas nuevas ni la sala de cómputo.
Espíritu Viveros dijo que la presidenta del comité, ha estado mintiendo en sus señalamientos y que las personas que la siguen “son acarreados que no vienen por su voluntad”.
Indicó que la conferencia de prensa tenía el objetivo de limpiar su nombre, porque “se está jugando mi reputación” y que hace responsable a la presidente del comité de padres de familia de lo que le pueda pasar.
Se quejó de que el jefe de sector, Felipe de la Cruz, acudió a la escuela pero nada más habló con ese grupo de padres, porque “ni siquiera tuvo la intención de dialogar con nosotros” y señaló que lo que hay es un “favoritismo, por lo que invito a nuestras autoridades inmediatas a que vengan a ver la situación, pero con apego a derecho”.
Mientras, la docente del 5 año B, Elizabeth Alvarado, señaló que hay peticiones ridículas de los padres, como las computadoras, pues “ya tienen muchos años que las trajeron y ya están obsoletas. No sirven. La biblioteca se tiene en la parte de atrás y esta llena de maleza, donde se han encontrado alacranes que ponen en riesgo a los niños”.
La docente dijo que antes de pedir la salida del director, lo que los padres deben de hacer es una jornada de limpieza a las áreas. Señaló que el comité pidió una cooperación de 150 pesos por padres de familia, como cuota, y se preguntó que dónde esta el dinero y porqué no se aplica ese recurso para limpiar las áreas enmontadas.
Durante la conferencia llegaron algunos padres que piden la salida del director y se confrontaron verbalmente con los que lo apoyan. El alboroto generado causó temor en algunos menores, que estaban tomando su clase de educación física.
El delegado de Transporte, Jesús Cuevas, revisa habla con pasajeros en una operación para evitar el alza en las tarifas Foto: Argenis Salmerón
Argenis Salmerón
El delegado de Transporte en Acapulco, Jesús Cuevas Ramírez, dijo que atenderá a los permisionarios de la ruta Fovissste-Caleta, y aseguró que no tiene ninguna queja, luego de cinco días de que suspendieron el servicio obligados por las extorsiones del crimen organizado.
En declaraciones a reporteros, luego de un operativo de revisión en la avenida Costera para evitar el alza del pasaje, el funcionario estatal dijo que “no es verdad” que los inspectores salgan a pedir dinero a los choferes como lo señaló el dirigente de transportistas Jesús Catalán Martínez.
Sobre el paro de las camionetas Urvan de la ruta Fovissste-Caleta, Cuevas Ramírez respondió que desconocía que tengan suspendido el servicio por la inseguridad.
“No tengo ninguna queja, de ningún líder transportista, de que tengan prohibido circular esa ruta. Vamos a hacer lo propio, vamos a hablar con los líderes para conocer el tema”, puntualizó.
De la queja contra los inspectores, expresó: “Primero que nada, aquí está el trabajo. Creo que los inspectores trabajaron duro, día y noche, por ejemplo, cuando fue el problema del Didi, entonces ahí se vio la transparencia de los trabajadores”.
Añadió que también este martes salieron a trabajar los inspectores, para evitar el alza del pasaje, “con todo respeto a nuestros amigos líderes, no es verdad. Yo creo que para tener una queja, lo tiene que hacer con base”.
Después de las 10 de la mañana, los inspectores se concentraron en el Asta Bandera, avenida Costera, y después en el avenida Diego Hurtado de Mendoza, frente al Edificio Inteligente.
Cuevas Ramírez le preguntó a los pasajeros de taxis colectivos y de camionetas Urvan cuánto están cobrando los choferes del transporte público.
Los usuarios respondieron que en el caso de taxi colectivo 20 pesos y la urvan 10 pesos, el funcionario les recalcó que no está autorizado el aumento de la tarifa y que hagan su denuncia en caso de anomalías.
Añadió que la multa por aumento del pasaje es de mil 400 pesos. Los inspectores revisaron la documentación de los choferes, como licencia de manejo, permiso y tarjetón.
El funcionario estatal dijo que la revisión para evitar el alza del pasaje fue por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Añadió que las revisiones de Transporte en la temporada de vacaciones decembrinas, serán en dos turnos, en la mañana y tarde-noche, de manera aleatoria.
Explicó que los inspectores trabajarán de 8 de la mañana a 3 de la tarde y el otro grupo de 3 de la tarde a las 10 de la noche, para evitar el aumento en el pasaje, y pidió a los choferes que tengan la documentación correspondiente, además de estar uniformados y rotulados los automóviles.
Afirmó que la tarifa autorizada del taxi colectivo es de 20 pesos y el camión y camioneta urvan 10 pesos. Precisó que en caso de alterar el pasaje, se procederá a sancionar y si hay reincidencia, se encerrará a los vehículos.
Indicó que no hay quejas, hasta este martes en la oficina, por algún aumento en el pasaje y que tampoco llevan multas por subir el pasaje de manera no establecida.
