Se cumplen 10 días de la desaparición en el río Balsas de los pescadores de Mezcala

Después de diez días de la desaparición de tres pescadores de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, continúan los pescadores sin poder salir a trabajar para llevar el sustento a sus familias. Al menos 50 lanchas se encuentran varadas en el embarcadero de Mezcala Foto: Lenin Ocampo Torres

Lenin Ocampo Torres

Chilpancingo

En Mezcala, municipio de Eduardo Neri, siguen sin aparecer desde hace una semana tres pescadores y sin trabajar sus compañeros, que han dejado varadas unas 50 lanchas que no han salido por la inseguridad que se vive en el río Balsas, donde grupos del crimen pelean el control pesquero y minero.
El domingo 16 de julio desaparecieron Ángel Cabrera Ávalos, de 35 años; su hijo Ángel Esauly Cabrera García, de 16 años; Juan Carlos Catalán Silva, de 19 y Guadalupe Bautista Astudillo, de 30 años, cuando fueron a pescar a las 8 de la mañana río abajo, a la barranca El Cangrejo, que se encuentra a 40 minutos de Mezcala y no regresaron.
El miércoles 19 de julio apareció golpeado Ángel Esauly, el joven fue dejado por sus captores en la carretera federal Iguala-Chilpancingo, antes de llegar al crucero de Atzala, que comunica con la comunidad Nuevo Balsas, municipio de Cocula, y es la entrada a una de las minas canadienses más importantes que operan en México: Media Luna.
Desde ese día, más de 50 pescadores pararon sus labores, para ayudar con la búsqueda de sus tres compañeros, que aún no encuentran las autoridades.
Los familiares y pescadores tomaron como base El Embarcadero, donde dan de comer a las personas que les ayudan en la búsqueda y esperan en ese lugar que sus desaparecidos regresen con bien.
En la exploración, los pescadores viajan río abajo arriesgando su vida, en una zona donde hay una guerra que no es de ellos, pues es por el control de la región rica en minerales.
“Se han perdido muchas horas de trabajo. Ahorita, por las lluvias, pues tenemos que ir río abajo para poder traer pescados o langostinos, de eso sacamos nuestro día y con eso llevamos dinero a la casa”, dice un pescador, que aprovecha el paro para limpiar el motor de su lancha.
Los pescadores, en una semana, han perdido al menos 300 mil pesos y muchos lugares se han quedado esperando la producción pesquera, que llega a los mercados de Chilpancingo, Iguala, Cuernavaca y la Central de Abasto, en Ciudad de México.
“Ahora no sabemos que hacer, la verdad tenemos miedo de mover nuestras lanchas y nos pase algo. Es una situación que nunca se había vivido, creo nunca habíamos parado (la producción por la inseguridad). Ahora, en tiempos de corrientes, pues tenemos que buscar lugares amplios donde se pueda pescar, pero ya no es recomendable porque no tenemos garantías. Tampoco sabemos que nos puede pasar”, expresó otro de los pescadores.
En medio de esta guerra de los grupos de la delincuencia, quedaron indefensos los pobladores, que constantemente han denunciado su situación, pero las autoridades estatales no les han hecho caso.
“Aquí llegan a ayudarnos con la búsqueda por tierra (la Policía Ministerial y el Ejército), nosotros vamos con miedo en las lanchas. Ya les dijimos que nos acompañen por el río, pero ellos burlonamente nos dicen que no saben nadar, entonces, aquí se requiere que nos ayude la Marina, que son los que tienen el equipo adecuado para andar en el agua”, comentó uno de los pescadores con más experiencia, pero por seguridad no dio su nombre.
“Nosotros sólo le pedimos al presidente y a la gobernadora que nos ayuden, que vean lo que pasa en estos lados de la tierra. Nosotros no creemos en los abrazos y no balazos, porque pues nuestra situación es difícil, sólo le pedimos que realmente nos ayuden a seguir trabajando”, finalizó.
Desde enero, Los Tlacos y La Familia Michoacana se pelean el corredor minero y pesquero en el Río Balsas, un bastión importante, donde está la hidroeléctrica de El Caracol y las minas en Cuetzala del Progreso, Nuevo Balsas y Carrizalillo.

 

Niega el director de la secundaria técnica de Zumpango que hostigue a los maestros

El director de la secundaria técnica Felipe Sánchez, en el municipio de Eduardo Neri (Zumpango), Eugenio Alcocer García, desmintió las acusaciones que hizo un grupo de docentes, que pide su destitución por hostigamiento laboral, y que el pasado martes cerró dos oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
En conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), en Chilpancingo, el director en compañía de trabajadores de la secundaria, señaló que son siete maestros los que se manifestaron y cerraron el Departamento de Escuelas Secundarias Técnicas y la Dirección de Educación Secundaria, con argumentos “falsos y mentirosos”.
Detalló que maestros y padres de familia acordaron exigir el regreso total a clases presenciales de los alumnos, los cinco días de la semana, pero los docentes no se presentaron a sus labores.
Por lo anterior, precisó que exigieron a las autoridades educativas las medidas pertinentes para que los maestros cumplan con la función que les corresponde y devenguen su salario.
“Los docentes no quieren entrar a sus trabajos y cumplir con sus obligaciones que marca la normatividad, tengo las pruebas y los documentos que se les hicieron llegar”, sostuvo el director.
Precisó que ese fue el motivo por el cual los maestros se movilizaron el martes, también dio a conocer que el docente de historia no cumple con sus funciones en la escuela y ha desatendido a los alumnos.
Eugenio Alcocer aseveró que ha actuado en apego a sus funciones directivas y ha procedido en contra de algunos maestros, que se niegan a realizar las labores que les competen.
El director y los maestros hicieron un llamado a las autoridades de la SEG, para que solucionen el problema. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

Con un bloqueo frente a la Codehum becarios de la STPS exigen sus pagos

Becarios del programa Bécate, de la Secretaría del Trabajo del estado, acompañados de integrantes de la organización Trabajando con Honestidad Por El Ciudadano Que Menos Tiene AC (Tocmet) de Zumpango, municipio de Eduardo Neri, bloquearon unas tres horas la avenida Benito Juárez en el Centro de Chilpancingo, para exigir el pago del beneficio que se les adeuda desde abril a 25 trabajadores.
Desde las 9 de la mañana, unos 20 manifestantes se instalaron en la avenida Benito Juárez, esquina con la calle Galo Soberón y Parra, frente a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), para bloquear de manera total el paso vehicular; además, portaban pancartas en las que se leía, “Exigimos que presenten a las personas responsables del conflicto que han maquilado esta mentira para favorecer sus intereses personales como la señor Nancy Vega López y el señor Guerrero de Contraloría y los cómplices de este complot”.
El becario Felipe Sámano Solís declaró que los 25 beneficiaros del programa Bécate acudieron a un curso durante marzo que duró ocho horas diarias, para capacitarse como supervisores de distintas empresas, por lo que recibirían una compensación de 2 mil pesos para cada uno, lo que suma un total de 50 mil pesos.
Dijo que el pago de beca debió hacerse la primera semana de abril, pero las autoridades les informaron a los becarios que la dependencia atravesaba por una auditoría, por lo que no podrían hacer el pago según lo acordado.
Señaló que los becarios son desempleados y que se les prometió que trabajar en las empresas en las que tomaron su capacitación, pero no recibieron ni el apoyo ni el empleo que esperaban.
A las 11 de la mañana, llegó el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, quien dialogó con los manifestantes para convencerlos de que el bloqueo fuera intermitente y no total, de manera que se restableciera la circulación en la avenida que es una de las principales en la capital.
Tras el diálogo, una comisión de los manifestantes se reunió con Navarrete Magdaleno, quien estableció una mesa de trabajo con el titular de la Secretaría del Trabajo, Oscar Rangel Miravete, quien se comprometió a pagarles los siguientes días.
Tras el acuerdo, la circulación en la avenida Benito Juárez se restableció de manera normal y los manifestantes se retiraron después del mediodía.

Se enfrentan a balazos hombres armados en Xochipala, Zumpango

Minutos antes de las 10 de la noche de ayer se reportó al número de emergencia 911 una fuerte balacera en la calle principal de la comunidad de Xochipala, municipio de Eduardo Neri (Zumpango).
Según el reporte policiaco, el enfrentamiento ocurrió en la calle principal de la población, pasando la secundaria Heliodoro Castillo.
Pero también se hace referencia al entronque conocido como Casa Verde, en la carretera que va rumbo a Filo de Caballos, como otro lugar del enfrentamiento.

Es posible que Chilpancingo deposite su basura en el tiradero de Zumpango, dice el alcalde Higuera

 

Es posible que Chilpancingo deposite su basura en el tiradero de Eduardo Neri (Zumpango), para acelerar su clausura y conjuntamente construir un centro de disposición final y tratamiento de residuos sólidos, que cumpla con la norma ambiental 083 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó el alcalde de Zumpango, Pablo Higuera Fuentes.
El 27 de octubre, el alcalde de Zumpango, el perredista Pablo Higuera Fuentes informó que comenzaría una serie de reuniones con el alcalde capitalino, con el fin de solucionar el problema del tratamiento de la basura que cada municipio debe tener y que no se está ejecutando.
Consultado telefónicamente, Higuera Fuentes informó sobre los avances en las reuniones privadas que ha tenido con el alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena; dijo que tendrán una nueva reunión para determinar qué predio podrían utilizar para el proyecto, y que en Zumpango tiene disponible el terreno donde se ubica su basurero, y que Leyva Mena le informó que tiene el municipio una opción cerca de la comunidad de Petaquillas. Sin embargo, comentó que también se tienen que tramitar los permisos ambientales.
Dijo que a su municipio han acudido técnicos de empresas privadas de Yucatán, Morelia y Toluca, a ofrecer sus servicios en el proceso de clausura que tomaría unos seis meses ejecutar.
Los técnicos le dijeron que para clausurar su tiradero deben depositar más basura, porque es necesario un proceso de compactación, y entonces cabría la posibilidad de recibir basura de Chilpancingo, comunicó Higuera Fuentes, y agregó que antes de hacerlo tienen que hacer algún convenio, para evitar la contaminación del ecosistema.
El costo de este proceso sería de unos 9 millones de pesos que tendrían que gestionar con el gobierno del estado y ver si habría posibilidad de ejecutarlo este año.
Abundó que platicó con el alcalde de Tixtla, el también perredista Hossein Nabor Guillén, quien le dijo que le interesaría conocer el proyecto.

 

 

Convoca Leyva Mena al alcalde de Tixtla a trabajar para concretar el basurero en Matlalapa

El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena convocó al presidente municipal de Tixtla, Hossein Nabor Guillén a que trabaje para concretar la construcción del basurero en Matlalapa.
Leyva Mena consideró que se debe de politizar, pero no partidizar la discusión, e indicó que hicieron una campaña informativa para sumar a los ciudadanos a que participen en la decisión de la construcción del basurero y dijo que, “frases como, ‘vamos a radicalizar’, no caben en una agenda de gobierno”.
Fue invitado a la sesión semanal de la Asociación Civil Acapulco (Grupo Aca) donde dijo que el 95 por ciento de los asesinatos en Chilpancingo están vinculados a la delincuencia organizada, como también fueron, al parecer, los ataques a tres viviendas la madrugada y mañana de ayer.
En declaraciones a reporteros, luego de que el alcalde de Tixtla dijo que el basurero de Matlalapa “se puede convertir en un problema social” y que se defenderán desde el punto de vista social y legal, Leyva Mena convocó al Nabor Guillén a operar para que sucedan las cosas, que sea un tema de gobierno.
“Si nos ponemos en un plan de que no suceda, será complicado que podamos alinear el interés de su municipio, de Eduardo Neri y de Chilpancingo, con el interés de la mayoría que, de alguna manera quiere una solución, si nos ponemos en un área radical no vamos a poder solucionar las cosas” expuso el alcalde capitalino.
Leyva Mena dijo que detrás de la negativa del Cabildo de Tixtla, “hay una mano que mece la cuna, y creo que es muy visible”. Dijo que el diálogo se debe politizar, “porque es el debate público, de la cosa pública, partidizarlo no; eso es lo que yo creo que tenemos que hacer”. Añadió que se debe incluir en el debate a los académicos, expertos en la materia, y que no sea entre políticos.
En su intervención en el Grupo Aca, el alcalde de Chilpancinco relató a los acasocios el proceso para la construcción del relleno sanitario en Matlalapa, que se detuvo luego que el Cabildo de Tixtla voto en contra del proyecto.
Indicó que “faltó operación política”, y por eso están haciendo una campaña para informar a la población sobre la obra, “no es un tema personal, sino de gobierno”, declaró.
La ex candidata a alcaldesa de Acapulco, Digna Marroquín le preguntó a Leyva Mena qué consejo le daría a su par de Acapulco, Evodio Velázquez, a lo que el alcalde capitalino respondió que “gobernar es un arte”, que cada quien tiene su estilo, y que no es fácil, y le recomendó no perderse en la coyuntura y tener muy claro qué se quiere para Acapulco.

El 95 por ciento de los asesinatos en la capital están vinculados a la delincuencia organizada, insiste

Uno de los acasocios le preguntó si era seguro caminar en Chilpancingo, a lo que el alcalde respondió que el 95 por ciento de los asesinatos están “íntimamente relacionadas con el crimen organizado”.
De si las casas atacadas a balazos la madrugada y mañana de ayer están vinculadas con la delincuencia organizada, el alcalde asintió y dijo creer que, “son fenómenos, son fotografías de cómo tradicionalmente opera la delincuencia organizada”.
Sobre la inseguridad en la capital del estado, Leyva Mena comentó que se requieren 70 millones de pesos para instalar las 14 mil luminarias del alumbrado público que faltan, que hubo un recorte presupuestal del 30 por ciento, y que 70 de los 150 millones de pesos del ramo 33 que le entregarán al municipio se irán a obras de agua potable, que junto con la inversión estatal y federal sumarán 240 millones de pesos.
De los grupos de policías ciudadanas en El Ocotito y Petaquillas, el alcalde expuso a los acasocios que son toleradas porque se generó un vacío de autoridad por años, y de alguna manera tiene sustento al ser legitimadas por la población. Sin embargo, no tienen elementos suficientes para reconocerlos como autoridad, y son un problema porque investigan, imparten justicia y privan de la libertad.
En relación con la declaración del coordinador del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís de que hubo irregularidades en las votaciones para policías comunitarios y consejeros en El Ocotito, dijo que, “a nadie le gusta perder”, y recordó que en la elección participó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y que “fue un proceso inédito que no se había hecho en el país”.
Añadió, “los espacios vacíos han provocado que la existencia de policías comunitarias que no están reglamentadas los haga caer en excesos; necesitamos empezar a poner un límite”.

El gobierno capitalino tiene la propiedad del predio para el basurero en Tixtla, dice Leyva Mena

El alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena dijo que su gobierno tiene el título de propiedad del terreno de Matlalapa donde se planea construir un basurero, así como el acta del Cabildo anterior que aprobó por unanimidad su construcción, y los convenios y acuerdos firmados entre los alcaldes y el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.
“Lo que quiero es que tengan toda la información para que pueda decidir sobre este asunto, y no sea sólo el Cabildo”, puntualizó.
Consultado minutos antes del acto conmemorativo del 234 aniversario del natalicio de Vicente Guerrero, Leyva Mena dijo que está enterado, por medios de comunicación, que no continúa el proyecto de la nueva planta de tratamiento de residuos solidos porque el Cabildo de Tixtla no lo aprueba, y que les hará llegar las carpetas de información y los informes de los expertos.
Sobre las declaraciones del comisario de Matlalapa, recordó que después de la visita al relleno sanitario de Nuevo León, le compartió que estaba consciente de la posibilidad de que el proyecto pudiera prosperar.
“Me pedían que la empresa viniera para explicarles, se había iniciado una mesa de obas, ya estábamos en esa ruta, no entiendo”, reprochó.
Leyva Mena señaló que el proyecto debe ser conocido por todo el pueblo de Tixtla, ya que, aseguró, generará 50 empleos directos, además de electricidad gratuita para la comunidad de Matlalapa.
Insistió que la concesión generará un impacto en obras para la comunidad, así como la solución del problema de 30 años que tiene Tixtla con su basurero a cielo abierto.
“Impulsa el tránsito en un corredor de actividades comerciales, porque ahí vamos a tener la planta tratadora de residuos sólidos, va a hacer que esté un rastro y también una central de abasto; si este tipo de situaciones se complica, tenemos que hacer una búsqueda de otras opciones, y Tixtla se quedará con su problema… del tiradero”, agregó.
Comentó que, de momento, la solución del problema de la basura es solicitarle ayuda al municipio de Eduardo Neri para que reciba la mitad de los desechos que genera la capital, pagando por el servicio de apoyo, que no será permanente ni continuo.

Aprueban más de 30 pueblos de la sierra su adhesión a la UPOEG contra la inseguridad

 

En asamblea, autoridades y representantes de más de 30 pueblos de la sierra de los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Chilpancingo y Eduardo Neri, aprobaron su adhesión a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). En otros 50, la agrupación ya venía trabajando desde finales del año pasado.
La intención es que en todos estos pueblos operen, igualmente, el sistema de seguridad y justicia y la Policía Ciudadana que depende de la UPOEG para combatir la inseguridad y la violencia que asola a las comunidades, dijeron los pobladores en la reunión que fue encabezada por el promotor estatal de la agrupación, Bruno Plácido Valerio.
La reunión comenzó a la 1 de la tarde en Chicahuales, comunidad del municipio de Chilpancingo, a donde asistieron unos 300 vecinos de las comunidades interesadas en incorporarse.
Bruno Plácido Valerio dijo que la intención es buscar la unidad de estas comunidades y ofrecerles la solidaridad de las regiones Montaña, Costa Chica y Centro, donde ya opera la organización y su sistema de seguridad y justicia, pues, según denunciaron los asistentes, este territorio y sus localidades han sido marginados por las autoridades y mantiene altos niveles de violencia, ante las bandas del crimen organizado que se disputan la zona y la droga que se cultiva aquí.
Plácido Valerio dijo que la intención es lograr mediante la unidad de los pueblos la solución a viejos problemas que se viven aquí, como la falta de caminos, médicos, maestros, servicios públicos e inseguridad.
Sin embargo, para los comisarios y habitantes de las comunidades que asistieron a la reunión, lo prioritario en estos momentos es resolver el problema de la violencia, ocasionado por las bandas del crimen organizado que irrumpen en los pueblos a ejecutar, levantar y a amenazar a los habitantes.

Las comunidades que asisten a la asamblea

El encuentro fue en la falda de un cerro acondicionado a propósito, en la entrada de la comunidad.
Asistieron Heriberto Romero Adame, de la comunidad de Izotepec; Eduardo González Dimas, de La Guitarra; Reyna Marcelo Oláis, de La Vuelta del Sur; Felipe Solano Cruz, representante del comisario municipal de Los Bajos; José Rodríguez Nieto, representante de la comunidad de Balsamar; Fermina Guzmán Dimas, comisaria de la comunidad de Pueblo Viejo; Saturnino Castro Leyva, de la comunidad de Tierra Colorada; José Natividad Sacristán Millán, representante del comisario de la comunidad de Chautipan; el comisario de la comunidad de Jaleaca, José Nieto Romero; el representante de los Bienes Comunales de la misma comunidad, Fermín Luna Zepeda; el representante de la comunidad de Toro Muerto, Guillermo Sandoval; el comisario de Campo de Aviación, Crescencio Pacheco González; representantes de la comunidad de Tepozonalco, Manuel Valdez González y Héctor Carachure Flores; representante de la comunidad de El Naranjo, Adrián Vélez Maldonado; el representante de la comunidad de La Felicidad, Juan Esteban Barragán; y el comisario de Camotla La Torre, Pablo León Martínez.
También estuvieron el comisario de La Laguna, Irineo Castro Silverio; el comisario de Tres Cruces, Antonio Zúñiga Maldonado, el comisario de Acahuizotla, Guillermo Vázquez Nava, quien a su vez es coordinador en Chilpancingo de la UPOEG. Asistió también el consejero municipal de Chilpancingo, Juan Nava Cabañas.
Fueron recibidos por el comisario de la comunidad de Chicahuales, Manuel Catalán Moreno.
Plácido Valerio llegó a esta comunidad acompañado de unos 50 policías ciudadanos de la UPOEG, quienes se trasladaron armados desde el Valle del Ocotito para ofrecer su respaldo y la solidaridad a estos pueblos de la sierra; también acompañó al dirigente estatal de la UPOEG, el abogado de la agrupación, Manuel Vázquez Quintero.
El dirigente de la UPOEG, Plácido Valerio dijo que la agrupación y su sistema de seguridad y justicia ciudadana no viene a imponerse en estos pueblos, sino que son los habitantes quienes deben organizarse para resolver sus propios problemas, uno de ellos el de la violencia y la inseguridad.
Dijo que los pueblos de las regiones Montaña, Costa Chica y Centro que ya están organizados y cuentan con sus policías ciudadanas, solamente acudieron para ofrecerles el respaldo y la solidaridad, además de contarles su experiencia de organización, para que los pueblos de la sierra también se organicen, si así lo quieren.
Por su parte, Vázquez Quintero contó la experiencia de la agrupación que se conformó en 2011 en las regiones de la Montaña y Costa Chica, para resolver el problema de los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y luego, en enero del 2013, el surgimiento de la Policía Ciudadana en Ayutla, que después se amplió a la región Centro del estado, para resolver el grave problema de la violencia en esas mismas regiones.
Al final, por unanimidad, los asistentes aprobaron adherirse a la UPOEG y conformar sus policías ciudadanas en cada uno de los pueblos; para ello, nombrarán a un representante por pueblo que acudirá a una reunión interna a recibir una explicación de cómo y cuál es la estructura de la UPOEG. Esta segunda reunión será el lunes en Chilpancingo.

50 pueblos quieren incorporarse a la UPOEG, dice Bruno Plácido

Plácido Valerio informó que hay 50 pueblos de la sierra de los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Chilpancingo y Eduardo Neri que quieren incorporase a la UPOEG y conformar sus policías ciudadanas. Informó que, en otros 50 la agrupación ya venía trabajando a discreción desde finales del año pasado.
Dijo que su presencia ayer en este lugar fue solamente para ratificar los acuerdos que han tenido internamente cada uno de los pueblos interesados en adherirse a la UPOEG, y “construir toda una agenda de trabajo entre las comunidades y con las instituciones de gobierno para ir planteando los problemas de esta zona en una mesa de trabajo”.
En la reunión estuvieron los integrantes de la Unión de Comisarios por la Paz, Seguridad  y Desarrollo de la Sierra de Guerrero, de la que es presidente Ismael Cástulo Guzmán, que marcharon el 28 de abril pasado y bloquearon la Autopista del Sol hasta que fueron desalojados por policías federales y estatales, con un resultado de 71 detenidos.

Acuden a Zumpango policías federales, la SEIDO y la CNDH tras la denuncia de fosas y de que hay 53 desaparecidos

 

Agentes de la Policía Federal y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), así como la comisionada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Margarita López Pérez, acudieron al municipio de Eduardo Neri (Zumpango) para indagar sobre la búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas, luego de las denuncias de que hay 53 desaparecidos en ese municipio.
El coordinador general de la Policía Federal, Rafael Lomelí informó que acudieron a Zumpango con la comisionada de la CNDH Margarita López Pérez y agentes de la SEIDO, “quienes realizaron trabajos de campo, en una fosa clandestina en ese municipio”.
Fuentes oficinales de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que agentes de la Policía Federal y la SEIDO hicieron la búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas, “porque hay una denuncia de 53 desaparecidos en Zumpango”.
Dijeron que la mañana del miércoles encontraron una osamenta semienterrada en un predio cerca del Cerro de la Sirena, en las inmediaciones de la colonia Virgen de Juquila, al poniente de Zumpango.
Detallaron que la búsqueda inició a las 9 de la mañana y concluyó a las 2 de la tarde, pero que no participó la Fiscalía.

Policías federales agreden a tres fotorreporteros que cubrían la búsqueda de fosas

Agentes de la Policía Federal que se encargan de la vigilancia en Zumpango agredieron verbal y físicamente a tres reporteros a los que intentaron arrebatarles sus cámaras cuando realizaban su labor informativa sobre la búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas.
En un comunicado, los reporteros José Molina de la Cruz, de Agencia Periodística de Investigación (API); Alejandrino González, de Formato 35; y José de Jesús López, de Canal 10, se dirigieron al cerro La Sirena para documentar la búsqueda de fosas clandestinas a cargo de la Procuraduría General de la Republica (PGR), pero fueron recibidos por cuatro policías federales, quienes les impidieron el paso y les exigieron que se retiraran.
En el comunicado, explican que los tres reporteros tomaron algunas fotografías desde una distancia moderada, “lo que causó molestia a los elementos (policiacos) y comenzaron a gritar que se retiraran, por lo que los siguieron y les marcaron el alto, diciéndoles que les iban a quitar las cámaras fotográficas y de video”, detallan que un agente le quitó la gorra a uno de los comunicadores, “y lo golpeó en la cabeza”.