Trabajadores del Cobach agremiados al Sutcobach en el bloqueo que instalaron durante dos días en la avenida Benito Juárez, frente a las oficinas centrales del subsistema, para exigir pagos de finiquitos y prestaciones Foto: Jesús Eduardo Guerrero /?Archivo
Lourdes Chávez / Brenda Escobar
Chilpancingo / Zihuatanejo
El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) concluyó la madrugada de este jueves su paro de labores y el bloqueo de la avenida Juárez, en Chilpancingo, después de dos días de protesta, con la firma de una minuta con la dirección general y autoridades estatales.
En consulta telefónica, el secretario general, José Antonio Salvador López, informó que la mesa de negociación comenzó a las 7:30 de la noche del miercoles y terminó a las 4:45 de la mañana del jueves.
Añadió que antes de la reunión, el secretario general de Gobierno, Marcial Ludwig Reynoso Núñez, le dijo vía telefónica que la instrucción de las autoridades era atender las demandas acordadas, para no arriesgarlos una noche más en la manifestación, tras el asesinato el miércoles del dirigente social, Bruno Plácido Valerio.
Indicó que estuvieron en la reunión el director general del Cobach, Jesús Villanueva Vega; el subsecretario de Egresos, Pedro Torres González; la directora de Control de Presupuesto de Organismos Paraestatales y el encargado de la nómina de los OPD, José Morlet.
Destacó que entre los acuerdos está la atención, en un 95 por ciento, de la demanda del pago a jubilados que ya recibieron una parte por un monto total, de 4 millones de pesos, y para el 26 de este mes, se espera la cobertura de casi 19 millones de pesos.
También se cubrirá el pago del estímulo a la puntualidad, por alrededor de 10.5 millones de pesos; el pago de eficiencia académica, por unos 3 millones; el retroactivo de recategorización de docentes, por un millón 120 mil pesos; la beca del programa Sefi, equivalente a 600 mil pesos, para el fortalecimiento al salario, que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Indicó que les informaron que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ya presentó la iniciativa al Congreso local, para que se aprueben 3.5 millones de pesos para este fin.
Añadió que después buscarán a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Yoloczin Domínguez Serna, y al diputado a Obsvaldo Ríos, para que los apoyen.
Sobre otro de los acuerdos, señaló que a partir de los días 30 y 31 de octubre se revisarán los cambios escalafornarios para trabajadores administrativos.
Regresan a clases en Costa Grande
Este jueves, los alumnos del Cobach de los planteles Petatlán, El Coacoyul, Pantla y Petacalco, en Costa Grande, regresaron a las aulas, luego de que los maestros del Sutcobach y del Sitcobach levantaran su paro laboral.
Los maestros y trabajadores administrativos pararon labores desde el martes de esta semana, para exigir mejoras salariales y laborales, y regresaron a trabajar este jueves, luego de que fueron informados por sus dirigentes que las negociaciones con el gobierno estatal llegaron a acuerdos satisfactorios.
Sobre los acuerdos, los maestros consultados coincidieron en señalar que éstos serán dados a conocer durante el transcurso de este viernes.
Alrededor de mil 200 alumnos de estos cuatro planteles regresaron a clases.
Las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) condenaron ayer en un comunicado “el crimen atroz”, que se cometió en contra del fundador de esa institución comunitaria y de la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio y exigieron su oportuno esclarecimiento.
Informaron que este 19 de octubre se reunieron las cinco casas de justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco del municipio de Malinaltepec, Zitlaltepec del municipio de Metlatónoc, El Paraíso del municipio de Ayutla y Caxitepec-Las Juntas, municipio de Acatepec para analizar “la situación de violencia que prevalece en nuestro estado”.
Informaron que, en esa reunión, “reivindicamos el aporte al Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria que realizó en su momento el compañero indígena na’ savi Bruno Plácido Valerio, quien formó parte de este Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación que se creó en 1995”.
Las autoridades de la CRAC exponen en su documento: “Nuestro Sistema ha sido una respuesta ante la ineficacia del sistema de seguridad y justicia del estado, donde lamentablemente en lugar de revertir los crímenes que se han suscitado contra la población en general y en contra de los defensores y luchadores sociales en particular, vemos el fracaso de este sistema del Estado, por lo que exigimos el respeto a nuestro sistema comunitario que ha hecho frente a esta situación”.
Recordaron que Bruno Plácido participó en la CRAC-PC hasta el año 2011, “fecha en que creó la UPOEG, organización de la que él mismo fue líder y creada para responder a las necesidades relacionadas con las altas tarifas eléctricas, y que no correspondían al mandato de la CRAC-PC”.
Explicaron que ello propició que en el 2013, en el municipio de Ayutla, cuando convocó a realizar operativos de seguridad con grupos de autodefensa, “siguió su propio rumbo al margen de la CRAC-PC y marcó la diferencia con nuestro sistema de justicia, cuestión que en su momento hicimos pública, ya que la CRAC-PC es un sistema integral de prevención, investigación, impartición de justicia y reeducación basado en las asambleas comunitarias”.
Las cinco casas de justicia de la CRAC, plantean que a pesar de estas diferencias, “condenamos y lamentamos el crimen atroz cometido en contra de defensores de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, líderes comunitarios e indígenas y gestores sociales como lo fue Bruno Plácido Valerio, así como también el asesinato en contra de su chofer quien lo acompañaba en el momento de los hechos”.
La CRAC exigió mediante su escrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) que realice una investigación pronta, exhaustiva e imparcial para el esclarecimiento de los hechos, y se detenga a los responsables y no haya impunidad, para que exista justicia.
La agrupación con la que estaba distanciada el dirigente de la UPOEG y su organización, envió sus “más sinceras condolencias y solidaridad para su familia y amistades” del dirigente indígena asesinado.
El senador Manuel Añorve Baños calificó el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, como “un hecho muy lamentable”.
Y señaló que debe haber “más coordinación” entre la policía e instituciones de seguridad pública de los gobiernos municipal, estatal y federal, y que espera que pronto haya por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) resultados de la investigación.
Consultado después de asistir a una reunión del grupo Cuicalli en Chilpancingo, ahí el priista dijo que es “muy lamentable todo lo que ha venido sucediendo en Chilpancingo”.
Después señaló que no solo es el caso de Chilpancingo, sino que las policías municipales de todo el país “están muy raquíticas”, por lo que retomó la propuesta de Xóchitl Gálvez Ruiz en su presupuesto alterno que plantea que “bajen 20 mil millones de pesos a todos los municipios para fortalecer a las policías municipales que se han quedado atrás, abandonadas”.
Cuando un reportero preguntó su postura respecto a la tensión que existe entre el PRI y el PRD por el respeto a un acuerdo para que el perredista Evodio Velázquez Aguirre encabece la fórmula al Senado, Manuel Añorve respondió incluyéndose entre los posibles aspirantes: “voy a tomar determinaciones de mis valoraciones cuando salga la convocatoria, para lo que ya falta poco”.
Dijo que la definición de candidaturas les corresponde a las dirigencias nacionales de los partidos que integran el Frente Amplio por México (FAM).
Cuando se insistió sobre el supuesto acuerdo suscrito por el PRI y el PRD en 2021, Añorve Baños respondió: “no voy a entrar en dimes y diretes, ni me corresponde, ni siquiera fui testigo, ni siquiera conocí, sólo por los medios de comunicación”.
En la reunión con el grupo Cuicalli el senador aseguró que en la elección de 2024 Morena no logrará mantener la mayoría en el Congreso de la Unión, porque ya no estará en la boleta el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Añorve Baños habló en esta reunión ampliamente sobre sus iniciativas presentadas en el Senado, de la contención que dijo ha realizado el PRI, PRD y PAN a propuestas del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
Añorve Baños dijo que espera que antes de que concluya el sexenio se realice en Guerrero una obra de impacto para que Guerrero no sea solo “nota roja nacional, lo digo con respeto, pero es cierto, yo he sido responsable con el gobierno del estado, con los municipales, pero no me puedo quedar callado en algo que nos está rebasando, y que se requiere mayor coordinación en materia de seguridad pública” entre los tres niveles de gobierno.
Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas
El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo
Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.
Investiga el crimen, dice la Fiscalía
La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.
“No podemos tener un policía en cada esquina”: secretario de seguridad Pública
Jacob Morales Antonio
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD
Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad
Daniel Velázquez
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
El cuerpo del fundador hace una década de las autodefensas en la Costa Chica de Guerrero que luego se extendieron a otros estados del país, Bruno Plácido Valerio, yace en una de las entradas al edificio principal de la Secretaría de Salud en Chilpancingo Foto: El Sur
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo, afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud estatal.
El ataque se dio cerca de las 5 de la tarde, cuando Bruno Plácido salió del lugar y dos hombres que llegaron en una motocicleta le dispararon en la cabeza. También, mataron a su chofer Abad Ruiz García, que lo acompañaba.
Plácido Valerio quedó tirado boca abajo en la rampa para minusválidos que se encuentra a 2 metros de la salida principal de la Secretaría de Salud. Vestía camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y zapatos negros.
Su acompañante quedó tirado boca arriba a 5 metros de distancia del dirigente indígena, entre la rampa y la banqueta que da a la avenida Ruffo Figueroa.
La ambulancia llegó 10 minutos más tarde, pero los dos cuerpos ya se encontraban sin vida.
Una fuente de la Fiscalía del Estado informó que en el lugar quedaron al menos 15 casquillos percutidos de calibre 380.
En las oficinas se encontraban pocos trabajadores, que abandonaron el lugar luego de escuchar los balazos. La zona fue acordonada por policías estatales, que pusieron una cinta amarilla desde el estacionamiento hasta la avenida que fue cerrada.
Al hecho llegaron más tarde los peritos de la Fiscalía que realizaron las diligencias, mientras que la Policía Ministerial tapó con sus patrullas el lugar para evitar que reporteros tomaran graficas.
El cuerpo de Bruno Plácido Valerio fue levantado a las 6:15 y subido a la camioneta del Servicio Médico Forense. El de su compañero fue levantado 20 minutos antes y depositado en el mismo vehículo.
Abad Ruiz era chofer del dirigente de la UPOEG desde hace 5 años y también eran originarios de la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán en la Costa Chica del estado.
Una fuente de Salud reveló que Bruno Plácido llegó una hora antes a las oficinas, para solicitar una audiencia con la secretaria, Aidé Ibarez Castro, que se encontraba en reunión y el dirigente optó por esperar.
La versión es que Plácido Valerio salió del lugar y en ese momento fue atacado.
Dos horas antes salió en una fotografía en la página Web de El Sur, donde se encontraba en el centro comercial en el que fue asesinado el trabajador activo de la Secretaría de Salud y químico, Hugo Miguel Morales Sánchez, quien también vestía camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y zapatos negros.
Bruno Plácido Valerio fue fundador y promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) hasta el año 2010 que se dividió y fundó la UPOEG, una organización que luchó contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los cobros justos de luz en las comunidades de Costa Chica y Montaña.
En 2013 fundó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), que en enero del 2013 levantó en armas a 5 mil pobladores para expulsar de la Costa Chica hasta Petaquillas al grupo delincuencial de Los Rojos.
Un familiar cercano comentó a El Sur que Bruno Plácido “estaba amenazado prácticamente por todos los grupos de la delincuencia”, en especial por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos que son los que pelean las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla donde sigue habiendo presencia de policías de la UPOEG a los que les pretenden quitar su territorio.
El cuerpo de Bruno Plácido Valerio será llevado a su pueblo natal Buenavista, donde será sepultado.
El dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido y el coordinador del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la Policía Ciudadana, Ernesto Gallardo, también asesinado, encabezan una asamblea en Tierra Colorada el 24 de noviembre de 2013, en los albores de la organización Foto: Archivo de El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El controvertido, temerario y a veces atrabancado dirigente indígena Bruno Plácido Valerio fue fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en 1995, de la que por diferencias con el entonces coordinador Pablo Guzmán Hernández, salió en el 2010 para crear el 24 de enero del 2011 la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social.
La organización surgió exclusivamente para la gestoría social y la defensa de los usuarios de la Comisión federal de Electricidad (CFE) en la región de la Montaña, que se quejaban de las altas tarifas de la paraestatal.
Sin embargo, el 6 enero del 2013, Plácido Valerio se convirtió en el líder del primer grupo de autodefensa en Guerrero, cuando irrumpió en la cabecera municipal de Ayutla con aproximadamente 500 indígenas y mestizos armados, para enfrentar al crimen organizado que, según dijo Bruno entonces, cometía secuestros, levantaba y cobraba cuotas a los comerciantes y transportistas de la región.
El dirigente indígena denominó al grupo de civiles armados Policía Ciudadana de la UPOEG y la uniformó con playeras verdes similares a las de la Policía Comunitaria de la CRAC, la diferencia eran las siglas SSyJC (Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana) que regía a la autodefensa de la UPOEG.
Plácido Valerio, indígena na’ savi de 54 años nació el 4 de marzo de 1969 en Azoyú, donde estudió hasta la secundaria. Después, a los 24 años, tras contraer matrimonio, se fue a vivir a algún lugar de la región de la Montaña.
En 1993 llegó a radicar a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán. En una entrevista para El Sur contó que era diciembre y traía una camioneta “y algo de dinero” para instalar una tienda de abarrotes, lo que le sirvió para darse cuenta, dijo, de que la gente de la región no sólo era pobre, sino explotada y robada por los delincuentes.
Fue así que se involucró con otras autoridades agrarias y municipales de la región de la Montaña y la Costa Chica, entre ellos el Padre Mario Campos, para fundar la Policía Comunitaria de la CRAC.
Por su activismo, Plácido Valerio fue detenido y torturado durante dos días en el gobierno del priista René Juárez Cisneros junto con el padre Mario Campos y otras autoridades de la CRAC.
El dirigente indígena se convirtió en uno de los más polémicos y controvertidos dirigentes del movimiento social en Guerrero a partir de que formó la Policía de la UPOEG y su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana en enero del 2013, primero en Ayutla y después se amplió a 12 municipios de la región de la Costa Chica e incluso llegó en el 2014 y 2015 al Valle del Ocotito y hasta Petaquillas, municipio de Chilpancingo.
Sin embargo, en el 2016 surgió una división y un grupo de dirigentes encabezados por Salvador Alanís, ahora líder de la Policía Comunitaria de Tlacotepec, a la que se señala de tener vínculos con el grupo delictivo de los Tlacos, constituyeron el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y desplazó a la UPOEG que después sólo recuperó el control en El Ocotito.
Plácido Valerio fue señalado en su momento de que fortaleció a la UPOEG a partir del 2012 con el respaldo del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
La retención de militares en El Pericón
Encabezada por Plácido Valerio, desde su fundación la Policía Ciudadana se vio involucrada en acciones temerarias.
En agosto de 2013 miembros de la UPOEG y policías ciudadanos armados retuvieron durante dos días en El Pericón, municipio de Ayutla, a 100 militares en respuesta a la detención y el desarme por los soldados de cinco miembros de la autodefensa.
También retuvieron durante tres horas a funcionarios de primer nivel del gobierno del estado y federal que habían ido a negociar la liberación de los soldados. Ellos fueron el entonces secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo; el procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera y el operador político del gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ernesto Aguirre.
Además, al delegado de la entonces PGR Salvador Anaya del Carmen y al delegado de Gobernación federal Juan Salgado Brito. La liberación de los militares y de los funcionarios ocurrió hasta que se convino una reunión de la dirigencia de la UPOEG con el gobernador Aguirre Rivero.
El 18 de mayo 2014, policías ciudadanos de la UPOEG atacaron al convoy de la entonces alcaldesa panista de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, en uno de los retenes de la autodefensa en esa cabecera municipal, lo que derivó en un enfrentamiento y dos de los escoltas de la presidenta resultaron heridos.
El 7 de mayo del 2022, elementos de la Marina fueron retenidos y amenazados por integrantes de la autodefensa. “La verdad pensábamos manearlo y colgarte del puente carnal, pero por el presidente municipal (Lincer Casiano Clemente) que es nuestro amigo y de nuestra banda, vamos a dejar esto así·, le dijo al mando de los militares el comandante de la UPOEG Jesús Calleja, Chucho Calleja.
El jefe de la Policía Ciudadana fue detenido el 28 de junio con seis de sus elementos, después de un enfrentamiento con militares y efectivos de la Guardia Nacional que participaron en la detención.
La detención del jefe de la autodefensa, generó bloqueos en diferentes puntos de Acapulco y la carretera hacia la Costa Chica.
El declive de la Policía Ciudadana
El 3 de agosto del 2022, integrantes de la policía de la UPOEG atacaron a balazos a la caravana del ahora ex vicefiscal Ramón Celaya Gamboa, cuando se desplazaba en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca, cerca de Tres Palos en Acapulco, dejando como saldo dos presuntos agresores heridos, uno de ellos que murió dos días después y otros tres detenidos.
A partir de entonces la Policía Ciudadana de Plácido Valerio marcó su declive, semanas después fue replegada del corredor desde Acapulco hasta Marquelia donde mantenía el control.
El 9 de agosto, Plácido Valerio fue detenido en Chilpancingo por agentes ministeriales por robo específico y daños, hechos que habían ocurrido desde el 2016 en Tlapa por un conflicto agrario entre comuneros de Zitlaltepec, municipio de Malinaltepec, y Buenavista, de San Luis Acatlán, donde Plácido Valerio había fungido como comisariado de Bienes Comunales. El dirigente social fue liberado bajo fianza dos días después.
El 17 de noviembre del año pasado, cuatro coordinadores de la organización, Octavio Maganda Gallardo, Angélica Cruz López, Antonio Mejía Villa y Diego González Lorenzo desaparecieron al salir de una asamblea en Acapulco en la que habían asumido el cargo y hasta la fecha sigue sin saberse de su paradero.
Plácido Valerio había declarado que en el último año al menos 40 coordinadores, comandantes regionales y de ruta de la Policía Ciudadana habían sido asesinados o desaparecidos para descabezar, replegar y desaparecer a la organización desde el Gobierno estatal y desde la Fiscalía General del Estado, ahora encabezada por militares.
En reiteradas ocasiones denunció en los últimos meses que las autoridades estatales y federales habían iniciado una persecución en contra de la organización social en vez de actuar en contra del crimen organizado.
El 13 de julio pasado, el activista encabezó una asamblea en la comunidad de La Unión, municipio de Ayutla, a donde asistieron 80 autoridades de la Costa Chica que acordaron reactivar a la Policía Ciudadana de la UPOEG, “ante el avance de los grupos delictivos en las comunidades indígenas”.
El acuerdo se tomó tras un enfrentamiento una semana antes en Buenavista de Allende, municipio de Tecoanapa, que dejó un saldo de ocho muertos; cuatro miembros de la Policía Ciudadana y cuatro presuntos integrantes del crimen organizado.
Apenas el domingo pasado otro de los fundadores de la UPOEG, Carlos González Olivar, originario de San Marcos, fue asesinado frente a su familia cerca del mercado de esa cabecera municipal.
El dirigente victimado ya se había retirado de la agrupación y recientemente había salido de la cárcel acusado por el delito de homicidio, que según sus compañeros, no cometió.
Con el asesinato de Plácido Valerio, ocurrido la tarde de ayer, quedó descabezada y desarticulada totalmente la organización y su grupo de autodefensa.
Plácido Valerio contaba con medidas de seguridad; una camioneta blindada y el resguardo de una patrulla de policías estatales a partir del atentado que sufrió el empresario de Chilpancingo Pioquinto Damián Huato el 28 de enero del 2014, en el que murió la nuera del empresario, Laura Rosas Brito, en tanto que Damián Huato y su hijo resultaron heridos cerca de El Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo.
El atentado ocurrió después de que regresaban de una reunión en El Ocotito en la que Damián Huato y Plácido Valerio señalaron al entonces alcalde Mario Moreno Arcos de tener vínculos con los grupos delictivos que operaban en Chilpancingo y en el Valle del Ocotito.
Sin embargo, las medidas de seguridad con las que contaba el ahora finado se las retiró la Secretaría de Seguridad Pública estatal al inicio del actual Gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, informaron ayer fuentes de la agrupación.
La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acordó movilizarse en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que validó la consulta indígena y las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas realizadas por el Congreso local el año pasado.
El dirigente de la agrupación, Bruno Plácido Valerio, declaró por teléfono que se reunieron 60 pueblos de Ayutla y Tecoanapa, en Atocutla, y con ello iniciaron las asambleas comunitarias para determinar las acciones en contra de la consulta que supuestamente realizó el Congreso local para las reformas en materia indígena.
En su fallo emitido el 5 de junio, la SCJN avaló la consulta realizada en mayo del año pasado y la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, en la que se suprimen derechos de los pueblos indígenas, como las policías comunitarias y el sistema de seguridad y justicia de los pueblos indígenas.
El 12 de junio en conferencia de prensa la dirigencia estatal de la UPOEG anunció que realizaría asambleas en los pueblos indígenas donde tiene presencia para determinar las acciones a seguir en contra del fallo de la Suprema Corte.
Plácido Valerio informó que ayer se realizó la primera de estas asambleas en la que participaron autoridades comunitarias de 60 pueblos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa y acordaron acciones jurídicas y políticas para exigir el cumplimiento de los tratados internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT).
Refirió que no se cumplió con la consulta a los pueblos indígenas para la aprobación de las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas que aprobó el Congreso local y validó la Suprema Corte.
En cuanto a las acciones políticas, los pueblos van a nombrar en cada una de las comunidades un comité en defensa de la consulta y el desarrollo de las comunidades.
Informó que a partir de ayer comenzarían a nombrar los comités en los pueblos y sus integrantes van a trabajar en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en las leyes internacionales y en la propia Constitución Política federal.
El abogado Ricardo Beltrán Verdusco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, quien asistió a la asamblea y se hará cargo de atender la ruta jurídica, anunció que van a recurrir a los organismos internacionales como a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por violación al Convenio 169 de la OIT, para hacer valer el derecho de los pueblos indígenas.
Explicó que en este convenio se establecen los derechos culturales de los pueblos indígenas y que en la realización de la consulta se debieron haber atendido los usos y costumbres, así como la lengua de las comunidades indígenas a las que va dirigida dicha ley, aspecto que no se atendió en la consulta ni en la ley que fue aprobada, dijo.
El abogado declaró que el Congreso local no cumplió con la formalidad que establece dicho Convenio, y sin embargo fue avalado por la SCJN, “y eso es lo vamos a combatir ante la CIDH, porque hubo muchas omisiones”.
“Nosotros vamos a apoyar en todo lo que se refiere al aspecto jurídico y vamos a recurrir a las instancias que correspondan bajo el esquema que nosotros vamos a definir”.
Informó que van a hacer valer el derecho que corresponde a los pueblos originarios porque “a todas luces, así como han expuesto la situación, son actos violatorios a los derechos humanos y a los derechos de las comunidades indígenas que hace alusión el Convenio 169.
“El principal argumento será la violación a la norma 169 en el que se prevé que las consultas deben ser culturalmente adecuadas, “y si no la hicieron de acuerdo a sus usos y costumbres, respetando su lengua, con una información precisa y de buena fe, se violó la norma y aun así fue avalada por la misma SCJN”, insistió.
Dijo que el convenio 169 es una protección importante para las comunidades indígenas y si la autoridad no la acata, es violatorio de los derechos humanos, “y en este caso, si el organismo internacional resuelve que se atienda este asunto, tendría que reponerse el procedimiento y realizar la consulta como corresponde, y como lo establece el convenio 169”.
El 23 de enero el comandante de la autodefensa de la UPOEG en Ocotito, José Deivy Barrientos Salazar, durante su mensaje en el noveno aniversario de la creacio?n de su policía Foto: Lenin Ocampo Torres
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
El líder comunitario del Ocotito e integrante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), José Deivy Barrientos Salazar fue detenido en el estado de Puebla.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que el comandante de la UPOEG fue detenido cuando circulaba por la carretera federal Puebla-Tehuacán, a bordo de un vehículo Mercedes Benz C350.
“Al hacerle una revisión encontraron 62 bolsas de aparente cristal, un arma de fuego calibre .380 milímetros abastecida con seis cartuchos útiles (sin los permisos correspondientes), así como 5 mil 500 pesos en efectivo”, según el boletín.
La SSP menciona que José B. es “identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal” y su detención se dio luego de “labores de investigación, inteligencia y la coordinación con autoridades del estado de Guerrero y la Secretaría de Marina”.
Al momento de la detención estaba acompañado de una mujer identificada como Betzaira Monserrat L. y ambos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.
El boletín indica que de “acuerdo con el análisis de información, el detenido está relacionado con diversos hechos delictivos en el estado de Guerrero y tenía vínculos con el grupo criminal de Los Ardillos”.
José Deivy Barrientos fue fundador junto a Salvador Alanís Trujillo de la autodefensa en el valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, que se armó para combatir al grupo delictivo de Los Rojos y se unió en enero del 2014 a la UPOEG.
Luego de diferencias con el líder estatal de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, Alanís Trujillo fundó en noviembre del 2015 el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Gue-rrero (FUSDEG) y el segundo al mando era Deivy Barrientos.
En noviembre del 2016 el FUSDEG sufre una división y Deivy Barrientos se vuelve a unir a la UPOEG para desplazar al grupo que encabezaba Salvador Alanís, quien posteriormente en el 2018 fundó la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo.
En agosto del año pasado fue asesinado en Chilpancingo Fredid Román Román y sus familiares señalaron como autor intelectual al comandante Deivy, quien posteriormente en una conferencia de prensa negó haber participado en el asesinato del periodista.
La última aparición pública de José Deivy Barrientos fue el 23 de enero, cuando encabezó la marcha del noveno aniversario de la UPOEG en el Ocotito.
Este año sí se llevará a cabo la credencialización de la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), para depurar y transparentar su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, indicó el dirigente indígena, Bruno Plácido Valerio.
Consultado en la Secretaría General de Gobierno donde estuvo acompañado por delegados y representantes de la organización, indicó que se reunieron con el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, para restablecer el diálogo sobre los lineamientos de coordinación a fin de que gobierno y comunidades tengan control del sistema.
Recordó que a mediados del año pasado había avances para iniciar el proceso de la credencialización pero la Fiscalía General del Estado (FGE) “llegó con otra visión y comenzaron los problemas”, dijo en referencia la ejecución de órdenes de aprehensión contra policías comunitarios desde agosto pasado, incluido él quien fue detenido en la capital y enviado al penal de Tlapa acusado de robo en 2016 en esta ciudad, aunque fue liberado 24 horas después porque prescribieron los delitos.
Placido Valerio señaló que en la Secretaría General de Gobierno están retomando la mesa de trabajo para “identificar, clarificar y transparentar quiénes son los que integran el sistema comunitario”.
Estimó que la credencialización va a permitir la regulación e identificación de sus integrantes en cada comunidad.
“Lo que estamos construyendo ahora es poner sentido en la seguridad y después abordar diferentes temas de trabajo, porque también hay una omisión del gobierno estatal y del Congreso del Estado, que no ha aprobado la ley de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos”. (Lourdes Chávez / Chilpancingo.).
El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio denunció este martes que los gobiernos federal y estatal recrudecieron, “posiblemente con un grupo de la delincuencia organizada”, sus acciones para desmantelar a esta agrupación que opera en el corredor de Acapulco a la Costa Chica.
Expuso como argumento la detención del comandante José Manuel Lorenzo Hernández, El Chato, y el policía de la misma organización, Wilibaldo Villanueva, de quienes, dijo, no se les han podido comprobar ningún delito pero que siguen detenidos; uno en Acapulco y otro en Ometepec.
En declaraciones por teléfono, también denunció que en las operaciones de la Policía Estatal contra la UPOEG, participan civiles vestidos de negro encapuchados y que sospechan que son miembros de algún grupo delictivo.
El dirigente social declaró que son estos los que han participado en los cateos, detenciones, torturas y amenazas a los miembros de la UPOEG para que abandonen la agrupación.
De los casos del comandante de la UPOEG José Manuel Lorenzo Hernández, El Chato, y el policía Wilibaldo Villanueva, detenidos el viernes y a quienes se refirió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de ayer, informó que el primero fue liberado por la Fiscalía General de la República (FGR) por falta de pruebas de que portaba armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Añadió que, sin embargo, cuando salía el sábado fue reaprehendido por el delito de homicidio que cometió “en defensa propia” en su función como miembro de la policía de la UPOEG y fue trasladado al penal de Ometepec.
En tanto que el policía Wilibaldo Villanueva, a quien acusan de portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y posesión de droga, está recluido en el penal de Acapulco.
En el caso de José Manuel Lorenzo dijo que “primero lo liberaron porque no había una orden de aprehensión en su contra, ni orden de cateo, ni información real del delito que había cometido, nomás se fueron por informaciones de la calle”, dijo.
Agregó que después cuando salía de las instalaciones de la FGR en Acapulco, fue reaprehendido por la Fiscalía General del Estado (FGE), supuestamente por un homicidio cometido en el 2015 y 2016, “pero el homicidio fue en defensa legítima contra un secuestrador”, aseguró Bruno.
Se desplegaron el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, afirma
En un boletín de prensa la FGE dice que José Manuel fue detenido por homicidio en agravio de José N ocurrido en enero del 2016 en Acapulco.
Plácido Valerio aclaró que independientemente de estas detenciones ocurridas el viernes, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, han desplegado operaciones desde Acapulco hasta Ometepec para desmantelar a la UPOEG.
Dijo que las fuerzas federales y la Policía Estatal han incurrido en allanamientos, saqueos, detenciones, torturas y amenazas, en contra de miembros de la agrupación para que la abandonen.
Aseguró que por estas violaciones a los derechos humanos ya están presentando quejas ante las comisiones nacional y estatal de derechos humanos.
“De ahí (de las dos primeras detenciones) se están agarrando para la persecución”, denunció, y agregó que detuvieron el domingo a otro miembro de la UPOEG en Marquelia, a quien golpearon, sometieron y torturaron y lo dejaron libre a condición de que abandonara la organización.
Aseguró que también por ese caso ayer estaban presentando la queja ante las comisiones nacional y estatal de derechos humanos.
“No nomás se están yendo contra los que cometen delitos, sino que van contra todos y están dejando mensajes a la gente, les dicen que tienen que retirarse de la UPOEG”, denunció el dirigente.
Agregó que el hostigamiento es para desarticular a la organización y que, por ejemplo, en la base de Copala entraron y se llevaron un tanque de gas y todas las cosas, “es un saqueo lo que están haciendo”.
Declaró que les pidió a los miembros de la organización que temporalmente se replegaran y que esto las autoridades “ya lo están entendiendo como que nos tienen sometidos y se están posesionando del territorio”.
Dijo que los policías estatales, acompañados del Ejército y de la Guardia Nacional están dejando mensajes a la gente de la UPOEG, “por ejemplo llegaron a la comandancia de Marquelia y dejaron una pinta que dice: esto que les sirva y vamos contra todos”.
Criticó que esto no es el proceder que debe de tener una corporación policiaca, y que da a entender que se están haciendo acompañar por integrantes de algún grupo delictivo.
Aseguro que la gente de la UPOEG ha visto que entre los policías estatales van gentes vestidas de negro y encapuchadas, y son los que hacen la pintas y dejan los mensajes a los miembros de la UPOEG.
“Esto solamente lo hacen los grupos de la delincuencia organizada cuando quieren apoderarse de algún territorio, y eso es lo que nos está preocupando, que puede ser un grupo de la delincuencia organizada que se alió con la Policía Estatal para hacernos a un lado justificándose que son la autoridad”, dijo.
Contó que ocurrió otro caso, el de Atilano, El Tigre, quien vive con su mamá enferma en Marquelia, “tiene unas vaquitas y ya le cayeron tres veces, “lo hincaron, lo golpearon, lo esposaron, le robaron 8 mil pesos que tenía y volvieron a regresar y le exigieron que se deslindara de la UPOEG, no están actuando como autoridad”.
Plácido Valerio informó que independientemente de las quejas que están presentando ante las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, por estos hechos están esperando que “cometan más errores, que abusen más para que con eso procedamos, la gente está analizando acudir a los organismos internacionales de derechos humanos”.
Insistió: “La gente se pregunta: por qué la Policía Estatal se está haciendo acompañar por gente vestida de negro y encapuchada, cuando se supone que deben ir con el uniforme de la Policía Estatal y se deben transportar en patrullas blancas”.
Reiteró que las sospechas de que hay gente del crimen organizado infiltrada en la Policía Estatal en estos operativos es la pinta que dejaron en la comandancia de la UPOEG de Marquelia, el mensaje que le dejaron a El Tigre y el saqueo que hicieron en la base de la UPOEG de Copala. En este caso dijo que los ejidatarios ya se organizaron y el domingo pasado acordaron que ya no van a permitir que entre la Policía Estatal a su ejido.
Explicó que si de verdad fueran contra los delincuentes de la organización, hubieran agarrado sólo a los que supuestamente están vinculados con la delincuencia, pero denunció que se están yendo contra toda la gente de la organización.
“Aquí hay una persecución declarada, se pretende desarticular y justificar que se actúa en contra de la delincuencia, pero no nos están probando nada. No hay prueba de los delitos”, aseguró.
