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El crimen se infiltró en las autodefensas, dice AMLO del asesinato de Bruno

Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas

El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.

 

 

La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo

Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.

Investiga el crimen, dice la Fiscalía

La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.

“No podemos tener un policía en cada
esquina”: secretario de seguridad Pública

Jacob Morales Antonio

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.

 

Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD

Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad

Daniel Velázquez

Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.

Informe

El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.

Bruno Plácido fue fundador de la CRAC y de la autodefensa que ocupó Ayutla en 2013

El dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido y el coordinador del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la Policía Ciudadana, Ernesto Gallardo, también asesinado, encabezan una asamblea en Tierra Colorada el 24 de noviembre de 2013, en los albores de la organización Foto: Archivo de El Sur

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El controvertido, temerario y a veces atrabancado dirigente indígena Bruno Plácido Valerio fue fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en 1995, de la que por diferencias con el entonces coordinador Pablo Guzmán Hernández, salió en el 2010 para crear el 24 de enero del 2011 la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social.
La organización surgió exclusivamente para la gestoría social y la defensa de los usuarios de la Comisión federal de Electricidad (CFE) en la región de la Montaña, que se quejaban de las altas tarifas de la paraestatal.
Sin embargo, el 6 enero del 2013, Plácido Valerio se convirtió en el líder del primer grupo de autodefensa en Guerrero, cuando irrumpió en la cabecera municipal de Ayutla con aproximadamente 500 indígenas y mestizos armados, para enfrentar al crimen organizado que, según dijo Bruno entonces, cometía secuestros, levantaba y cobraba cuotas a los comerciantes y transportistas de la región.
El dirigente indígena denominó al grupo de civiles armados Policía Ciudadana de la UPOEG y la uniformó con playeras verdes similares a las de la Policía Comunitaria de la CRAC, la diferencia eran las siglas SSyJC (Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana) que regía a la autodefensa de la UPOEG.
Plácido Valerio, indígena na’ savi de 54 años nació el 4 de marzo de 1969 en Azoyú, donde estudió hasta la secundaria. Después, a los 24 años, tras contraer matrimonio, se fue a vivir a algún lugar de la región de la Montaña.
En 1993 llegó a radicar a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán. En una entrevista para El Sur contó que era diciembre y traía una camioneta “y algo de dinero” para instalar una tienda de abarrotes, lo que le sirvió para darse cuenta, dijo, de que la gente de la región no sólo era pobre, sino explotada y robada por los delincuentes.
Fue así que se involucró con otras autoridades agrarias y municipales de la región de la Montaña y la Costa Chica, entre ellos el Padre Mario Campos, para fundar la Policía Comunitaria de la CRAC.
Por su activismo, Plácido Valerio fue detenido y torturado durante dos días en el gobierno del priista René Juárez Cisneros junto con el padre Mario Campos y otras autoridades de la CRAC.
El dirigente indígena se convirtió en uno de los más polémicos y controvertidos dirigentes del movimiento social en Guerrero a partir de que formó la Policía de la UPOEG y su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana en enero del 2013, primero en Ayutla y después se amplió a 12 municipios de la región de la Costa Chica e incluso llegó en el 2014 y 2015 al Valle del Ocotito y hasta Petaquillas, municipio de Chilpancingo.
Sin embargo, en el 2016 surgió una división y un grupo de dirigentes encabezados por Salvador Alanís, ahora líder de la Policía Comunitaria de Tlacotepec, a la que se señala de tener vínculos con el grupo delictivo de los Tlacos, constituyeron el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y desplazó a la UPOEG que después sólo recuperó el control en El Ocotito.
Plácido Valerio fue señalado en su momento de que fortaleció a la UPOEG a partir del 2012 con el respaldo del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.

La retención de militares en El Pericón

Encabezada por Plácido Valerio, desde su fundación la Policía Ciudadana se vio involucrada en acciones temerarias.
En agosto de 2013 miembros de la UPOEG y policías ciudadanos armados retuvieron durante dos días en El Pericón, municipio de Ayutla, a 100 militares en respuesta a la detención y el desarme por los soldados de cinco miembros de la autodefensa.
También retuvieron durante tres horas a funcionarios de primer nivel del gobierno del estado y federal que habían ido a negociar la liberación de los soldados. Ellos fueron el entonces secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo; el procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera y el operador político del gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ernesto Aguirre.
Además, al delegado de la entonces PGR Salvador Anaya del Carmen y al delegado de Gobernación federal Juan Salgado Brito. La liberación de los militares y de los funcionarios ocurrió hasta que se convino una reunión de la dirigencia de la UPOEG con el gobernador Aguirre Rivero.
El 18 de mayo 2014, policías ciudadanos de la UPOEG atacaron al convoy de la entonces alcaldesa panista de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, en uno de los retenes de la autodefensa en esa cabecera municipal, lo que derivó en un enfrentamiento y dos de los escoltas de la presidenta resultaron heridos.

El 7 de mayo del 2022, elementos de la Marina fueron retenidos y amenazados por integrantes de la autodefensa. “La verdad pensábamos manearlo y colgarte del puente carnal, pero por el presidente municipal (Lincer Casiano Clemente) que es nuestro amigo y de nuestra banda, vamos a dejar esto así·, le dijo al mando de los militares el comandante de la UPOEG Jesús Calleja, Chucho Calleja.
El jefe de la Policía Ciudadana fue detenido el 28 de junio con seis de sus elementos, después de un enfrentamiento con militares y efectivos de la Guardia Nacional que participaron en la detención.
La detención del jefe de la autodefensa, generó bloqueos en diferentes puntos de Acapulco y la carretera hacia la Costa Chica.

El declive de la Policía Ciudadana

El 3 de agosto del 2022, integrantes de la policía de la UPOEG atacaron a balazos a la caravana del ahora ex vicefiscal Ramón Celaya Gamboa, cuando se desplazaba en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca, cerca de Tres Palos en Acapulco, dejando como saldo dos presuntos agresores heridos, uno de ellos que murió dos días después y otros tres detenidos.
A partir de entonces la Policía Ciudadana de Plácido Valerio marcó su declive, semanas después fue replegada del corredor desde Acapulco hasta Marquelia donde mantenía el control.
El 9 de agosto, Plácido Valerio fue detenido en Chilpancingo por agentes ministeriales por robo específico y daños, hechos que habían ocurrido desde el 2016 en Tlapa por un conflicto agrario entre comuneros de Zitlaltepec, municipio de Malinaltepec, y Buenavista, de San Luis Acatlán, donde Plácido Valerio había fungido como comisariado de Bienes Comunales. El dirigente social fue liberado bajo fianza dos días después.
El 17 de noviembre del año pasado, cuatro coordinadores de la organización, Octavio Maganda Gallardo, Angélica Cruz López, Antonio Mejía Villa y Diego González Lorenzo desaparecieron al salir de una asamblea en Acapulco en la que habían asumido el cargo y hasta la fecha sigue sin saberse de su paradero.
Plácido Valerio había declarado que en el último año al menos 40 coordinadores, comandantes regionales y de ruta de la Policía Ciudadana habían sido asesinados o desaparecidos para descabezar, replegar y desaparecer a la organización desde el Gobierno estatal y desde la Fiscalía General del Estado, ahora encabezada por militares.
En reiteradas ocasiones denunció en los últimos meses que las autoridades estatales y federales habían iniciado una persecución en contra de la organización social en vez de actuar en contra del crimen organizado.
El 13 de julio pasado, el activista encabezó una asamblea en la comunidad de La Unión, municipio de Ayutla, a donde asistieron 80 autoridades de la Costa Chica que acordaron reactivar a la Policía Ciudadana de la UPOEG, “ante el avance de los grupos delictivos en las comunidades indígenas”.
El acuerdo se tomó tras un enfrentamiento una semana antes en Buenavista de Allende, municipio de Tecoanapa, que dejó un saldo de ocho muertos; cuatro miembros de la Policía Ciudadana y cuatro presuntos integrantes del crimen organizado.
Apenas el domingo pasado otro de los fundadores de la UPOEG, Carlos González Olivar, originario de San Marcos, fue asesinado frente a su familia cerca del mercado de esa cabecera municipal.
El dirigente victimado ya se había retirado de la agrupación y recientemente había salido de la cárcel acusado por el delito de homicidio, que según sus compañeros, no cometió.
Con el asesinato de Plácido Valerio, ocurrido la tarde de ayer, quedó descabezada y desarticulada totalmente la organización y su grupo de autodefensa.
Plácido Valerio contaba con medidas de seguridad; una camioneta blindada y el resguardo de una patrulla de policías estatales a partir del atentado que sufrió el empresario de Chilpancingo Pioquinto Damián Huato el 28 de enero del 2014, en el que murió la nuera del empresario, Laura Rosas Brito, en tanto que Damián Huato y su hijo resultaron heridos cerca de El Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo.
El atentado ocurrió después de que regresaban de una reunión en El Ocotito en la que Damián Huato y Plácido Valerio señalaron al entonces alcalde Mario Moreno Arcos de tener vínculos con los grupos delictivos que operaban en Chilpancingo y en el Valle del Ocotito.
Sin embargo, las medidas de seguridad con las que contaba el ahora finado se las retiró la Secretaría de Seguridad Pública estatal al inicio del actual Gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, informaron ayer fuentes de la agrupación.

 

Matan a un fundador de la UPOEG en el mercado de San Marcos; ya no estaba en la organización

 

Carlos González Olivar acababa de salir de prisión y fue asesinado frente a su esposa y algunos de sus familiares el domingo

Uno de los fundadores de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Carlos González Olivar fue asesinado la noche del domingo en el mercado de San Marcos, informaron ayer miembros de esa organización.
El dirigente social, quien ya se había retirado de la agrupación y del activismo por un padecimiento de diabetes y luego de un encarcelamiento del que acababa de salir libre, fue asesinado frente a su esposa y algunos de sus familiares a las 7 y media de la tarde del domingo.
González Olivar de 54 años había sido acusado de un asesinato “que no cometió”, recordaron miembros de la UPOEG, quienes dijeron que tenía apenas meses de haber salido libre.
Además de haber sido uno de los fundadores de la UPOEG, en el 2015 fue candidato a la alcaldía de San Marcos por el Partido Humanista, ya desaparecido.
Fuentes de la agrupación a la que perteneció informaron que cuando se encontraba con su familia llegaron gentes de un grupo armado y lo asesinaron.
En la noche el dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapa (Cipog-EZ), Jesús Placido Galindo responsabilizó de la muerte al gobierno del estado, dijo que las autoridades saben cómo y dónde operan los grupos armados en Guerrero, y no actúan para contenerlos o eliminarlos.
Dijo que Carlos Olivar fue un luchador social y defensor de derechos humanos en la entidad.
Mencionó que desde el 2012 y 2013 “alzó la voz y las manos para defender a los hermanos afromexicanos”, cuando se levantaron los grupos de autodefensa en la Costa Chica para defender a los pueblos de los grupos delictivos.
Informó que tenía menos de un mes de que había salido libre después de casi un año de haber estado en la cárcel, acusado por el delito de homicidio que no cometió, “y que le fue fabricado por el gobierno municipal de San Marcos”.
Informó que desde el año pasado cuando los gobiernos federal y estatal desmantelaron la UPOEG en la región de la Costa Chica, él se había retirado de la agrupación, además de que padecía de diabetes.
“Nosotros repudiamos esos actos cometidos por grupos del crimen organizado que son tolerados por el gobierno”, señaló.
Demandó justicia y que el crimen se esclarezca, además de que se investigue al alcalde perredista de San Marcos, Tomás Hernández Palma y a sus funcionarios del área de seguridad “porque ellos saben cómo se mueve la delincuencia y no hacen nada”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

 

Acuerda la UPOEG reactivarse en toda la Costa Chica ante el avance de los grupos delictivos

Asistentes a la asamblea de este domingo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en la comunidad de La Unión, municipio de Ayutla, votan para reactivarse ante “el avance de los grupos delictivos en las comunidades” Foto: El Sur

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acordó en una asamblea ayer en la comunidad de La Unión, municipio de Ayutla, reactivarse ante “el avance de los grupos delictivos en las comunidades” y luego del enfrentamiento ocurrido la semana pasada en Buenavista de Allende, municipio de Tecoanapa.
También acordó movilizarse el 9 de agosto en Chilpancingo para exigir a los tres órdenes de gobierno respeto a la organización y coordinación en materia de seguridad y justicia.
En declaraciones por teléfono, el dirigente de la organización, Bruno Plácido Valerio, informó que asistieron a la asamblea 80 autoridades de los municipios de la Costa Chica, que acordaron reactivar el sistema de las policías de la UPOEG “para hacer frente a la violencia e inseguridad”.
Dijo que acordaron iniciar asambleas en todos los municipios de la Costa Chica donde tiene presencia la organización para irla reactivando en los pueblos donde se habían replegado.
“El acuerdo es que la UPOEG va a entrar en todos los municipios y pueblos en donde se le requiera”, informó, aunque aclaró que esto no será de inmediato, sino que será un proceso.
Pero por lo pronto añadió que se reactivará en Tecoanapa y en Ayutla.
En Buenavista, municipio de Tecoanapa, la semana pasada policías de la UPOEG se enfrentaron con integrantes de un grupo delictivo con resultado de ocho muertos: cuatro de la UPOEG y cuatro del grupo delictivo, además de cuatro heridos; tres de la UPOEG y una mujer que circunstancialmente pasaba por el lugar del enfrentamiento.
“Nos vamos a ir reactivando donde la gente lo vaya pidiendo y vaya asimilando el problema de la violencia”, explicó el dirigente de la UPOEG.
Informó que las autoridades de las comunidades que se reunieron pidieron a la dirigencia de la organización que exija al gobierno respeto al sistema comunitario, y que en todo caso haya coordinación, “porque no podemos seguir viviendo perseguidos, mientras los grupos delictivos van penetrando en los pueblos indígenas”.
La Policía Ciudadana de la UPOEG comenzó a replegarse en los pueblos de la Costa Chica en julio del año pasado después de la detención de ocho de sus miembros, entre ellos el comandante de Marquelia Jesús Calleja, El Chucho.
Esa detención derivó en otras, además de enfrentamientos con elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en la carretera de Acapulco a Marquelia y en noviembre se dio la desaparición en Acapulco de cuatro de sus integrantes, entre ellos el coordinador Octavo Maganda Gallardo.
“Nos persiguieron, (el gobierno) y detuvieron a los compañeros porque decían que éramos nosotros los generadores de la violencia, por eso nos replegamos, y ya ven el problema de la violencia no se ha resuelto, va creciendo en nuestros pueblos, entonces vamos a volver a reactivarnos”, advirtió Plácido Valerio.
Informó que también acordaron participar en una movilización el 9 de agosto en Chilpancingo, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, para manifestar su postura con respecto a la defensa de los de los derechos de los pueblos en materia de seguridad.
“Se aprobó la movilización para manifestar nuestra inconformidad y se dará a conocer nuestro manifiesto para exigir respeto del Estado a las comunidades y al derecho que tenemos como pueblos indígenas”.

Enfrentamientos, extorsiones, incendios y ejecuciones de criminales en Chilpancingo y Zihuatanejo en 2022

Una mujer abraza el cuerpo de un asesinado luego de que sicarios atacaron una granja de pollos en Petaquillas, donde mataron a seis personas el 11 de junio pasado Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

En 2022 destacó la disputa por el control del territorio entre los grupos delictivos Los Tlacos y Los Ardillos en Chilpancingo, y en Zihuatanejo la población padeció la extorsión a transportistas y comercios por los grupos delictivos, y en la Costa Chica hubo enfrentamientos de integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) con efectivos del Ejército y la Guardia Nacional.
En su primer año completo de gobierno, Evelyn Salgado Pineda y su gabinete, públicamente afirmaron que ante los diferentes hechos de violencia no cambiarían su estrategia y política de seguridad, y la acción más visible para combatirlos fue reforzar con más agentes del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal las zonas en conflicto.
Como lo informó El Sur en junio, la ola de violencia que se registró este 2022 en la zona Centro se acentuó por el enfrentamiento entre los grupos delictivos Los Tlacos y Los Ardillos, que se disputan el control del territorio en Chilpancingo, pugna que comenzó con el asesinato el 31 de mayo de líder de la Unión de Transportistas y Organizaciones del Estado de Guerrero, Francisco García Marroquín.
El 6 de junio fue asesinado en los pasillos del mercado Central de la capital el principal distribuidor de pollos, Tomás, de 35 años. A estos dos hombres se les relacionaba cercanos con el grupo de Los Tlacos, y en respuesta, el grupo de la sierra incendió el 1 de julio un camión de la ruta Chilpancingo-Colotlipa con bombas molotov, pero también fueron incendiadas Urvan de las rutas de Colotlipa, Tlacotepec y Chilapa.
Además, en las colonias cercanas a Petaquillas no se permitió la entrada de taxis del servicio colectivo, lo que provocó que al menos dos semanas se suspendiera el servicio de transporte hacia al sur de la ciudad.
El 9 de junio un repartidor de pollo fue ejecutado a balazos dentro de su camioneta en la entrada del estacionamiento del mercado Central, el hombre de 35 años era originario de Petaquillas.
Esta disputa entre los grupos se visibilizó por el control de la venta y distribución de pollo en la capital, el 11 de junio hombres armados atacaron una granja en la localidad de Petaquillas, donde fueron asesinados cinco hombres y una niña de 12 años. Era la principal distribuidora de este producto en la ciudad.
La disputa dejó la primera quincena de junio al menos 12 personas ejecutadas a balazos en Chilpancingo, entre vendedores, trabajadores y choferes de las camionetas distribuidoras de pollo, que provocó que se dejara de surtir el alimento durante cuatro días en el mercado Central de la capital, los gobiernos estatal y federal establecieron recorridos de militares y policías del estado en el lugar para dar seguridad.
Según el director de Comercio Municipal de Chilpancingo, Santiago René Linares, la venta del pollo se restableció en la ciudad luego de que los gobiernos municipal y estatal acordaron dar seguridad a la llegada del producto en el mercado, y una empresa también del sur de la ciudad, rumbo a Petaquillas, es la que se quedó a cargo de abastecer entre el 70 y 80 por ciento de este producto al mercado.
Ante estas ejecuciones en la capital, el obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza declaró a la prensa que había un tercer grupo que buscaba apoderarse de Chilpancingo, y aunque no mencionó el nombre afirmó que antes había sido aliado de Los Tlacos.
Según Rangel Mendoza dialogó con los líderes de ambos grupos, Los Ardillos y Los Tlacos, quienes le habían dicho que sus pactos seguían vigentes para mantener estable el territorio, pero a pesar de eso la violencia continuó.
En octubre, Salvador Rangel contó a El Sur que la violencia seguía en aumento y no se resolvería porque el gobierno “vendió” el estado al crimen organizado, y es la delincuencia organizada la que ahora no sólo cobra derecho de piso, sino que se encarga de la venta de los productos de primera necesidad en varias regiones de Guerrero.
Otro conflicto que se destacó este año en la zona Centro fue la retención de un grupo de 30 militares y agentes de la Policía Ministerial que incursionaron en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, el 16 de febrero, señalado por organizaciones sociales como el bastión del grupo delictivo Los Ardillos, los pobladores de la cabecera municipal no permitieron que se retiraran durante cinco horas y los liberaron hasta que autoridades militares y del gobierno del estado acordaron que ya no intervendrían en la zona sin avisarles previamente de los cateos y recorridos.
El 7 de junio vecinos de la comunidad de Petaquillas y su grupo de autodefensa retuvieron durante nueve horas a 25 agentes del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, e incluso a cuatro funcionarios del gobierno del estado, demandaron que su grupo de guardias civiles instalaran un retén en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco.
Los retenidos fueron liberados con el acuerdo de las autoridades militares y civiles con los pobladores de que el Ejército no ingresaría a la comunidad y dejaría libre el corredor Petaquillas-Quechultenango, y que la seguridad en esa área estaría a cargo de la autodefensa o guardia comunitaria, también conocida como Policía Comunitaria.

Contra tortilleros y transportistas en Zihuatanejo

A pesar de que la morenista Evelyn Salgado Pineda mencionó reiteradamente que las playas guerrerenses debían destacar entre los mejores destinos turísticos del país, Zihuatanejo vivió varias etapas de inseguridad, principalmente en los sectores empresariales.
El 2 de junio de 2022 una docena de tortillerías cerraron debido a que los propietarios fueron amenazados presuntamente por la delincuencia organizada, el transporte fue restringido en todas las rutas urbanas y suburbanas, y motivó que varios planteles educativos suspendieran las clases.
Un mes después, el 5 de julio el transporte público en la modalidad de Urvan y taxis fue restringido por las amenazas que recibieron los choferes de grupos de la delincuencia organizada por negarse a pagar el cobro de cuota.
El problema se agravó el 6 de julio cuando la empresa transportista Dos Costas suspendió el servicio hacia Petatlán, La Unión y Vallecitos de Zaragoza en las sierra de Zihuatanejo, debido a que fue asesinado a balazos uno de sus choferes en el centro de esa ciudad, a pesar de que ese día autoridades estatales y federales se reunieron con los transportistas para garantizarles seguridad.
El 15 de julio se reanudó el transporte público, pero los permisionarios señalaron que pudieron trabajar luego de acordar el pago de un dinero a quienes los tenían amenazados, a pesar que las autoridades habían reforzado los recorridos con agentes de las policías Estatal y Municipal.
En agosto se dio el cierre de varios establecimientos de distribución de materiales y ferreterías por la inseguridad, aunque el secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Méndez Gómez afirmó públicamente que no habían recibido denuncias de extorsiones del ramo de la construcción.
El asunto no trascendió hasta que el 19 de septiembre de 2022 cerca de 18 tiendas de conveniencia de una franquicia cerraron también porque eran extorsionados con el cobro de cuota por grupos de la delincuencia organizada.
Incluso en una sucursal de esta franquicia ubicada en la plaza Kioto, un hombre que exigía la “cuota mensual” –y los empleados al negarse a entregar el dinero– hirió de un balazo a una de las trabajadoras, lo que orilló a los ejecutivos de las tiendas a cerrar todas las sucursales hasta que hubiera condiciones de seguridad.
El 20 de septiembre la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que ocho personas fueron detenidas en Zihuatanejo vinculadas por el delito de extorsión y relacionadas al cierre de las tiendas de conveniencia, aunque fue hasta el 23 de septiembre cuando las sucursales reabrieron.
Ante los diferentes hechos de violencia que se registraron en Zihuatanejo, desde el 2 de septiembre la Secretaría de Marina tomó el mando de la Dirección Municipal de Seguridad Pública por instrucción del gobierno federal, por lo que los marinos coordinan los recorridos de prevención del delito junto a los policías municipales, estatales y de la Guardia Nacional.
A pesar de esta nueva coordinación de los tres niveles de gobierno, el 21 de noviembre se difundió en redes sociales un video en el que se observa a un hombre incendiar con una bomba molotov una tortillería en Zihuatanejo, en represalia porque los empresarios se negaban a pagar las cuotas a los grupos de la delincuencia, aunque el hecho había ocurrido el 10 de noviembre.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó en un boletín que el agresor fue detenido el mismo día que incendió el negocio y confirmó el atentado contra la tortillería. Añadió que el hombre se dedicaba a “vigilar, llevar comunicados de amenazas, efectuar disparos y quema de establecimientos”.
Otro hecho que destacó a nivel nacional, ocurrió el 24 de noviembre, también se conoció por el video de la cámara de seguridad de la tortillería Dos Hermanos, que captó cuando un hombre disparó un arma de fuego sin decir palabras al interior del establecimiento e hirió de bala a una trabajadora. La Fiscalía sólo informó que investigaría la agresión, pero hasta el momento no hay más detenidos por extorsiones a los empresarios.

El enfrentamiento contra la UPOEG

También este año se registraron varios enfrentamientos entre la UPOEG e instituciones de seguridad, lo que provocó en Acapulco y la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional varios bloqueos viales.
El 13 de mayo, choferes de diferentes modalidades del transporte público y comerciantes bloquearon seis horas las principales vialidades de Acapulco para denunciar abusos del Ejército y la Marina.
Sin embargo, el motivo de los bloqueos se debió a un enfrentamiento en el pueblo de Altos de Ventura, municipio de San Marcos, entre policías de la UPOEG y efectivos del Ejército, por el cateo a una casa de un grupo presumiblemente del crimen organizado.
El 28 de junio de este año fueron detenidos otros siete integrantes de la UPOEG, entre ellos Jesús Clemente Calleja, el comandante Calleja, debido a una agresión a fuerzas de seguridad en las inmediaciones de Marquelia.
Incluso el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que la UPOEG tenía nexos con el grupo delictivo Los Rusos, que tiene presencia en Acapulco.
El 9 de agosto el líder de UPOEG, Bruno Plácido Valerio fue detenido en Chilpancingo por robo específico y daños en agravio de diversas víctimas, ocurridos en Tlapa en 2016, denuncias que ya habían prescrito y por lo que fue liberado horas después.
A pesar del diálogo del líder de la UPOEG con el gobierno del estado para una depuración de la organización, el 23 de septiembre policías estatales detuvieron en Cruz Grande al comandante de la UPOEG, José Manuel Lorenzo Hernández, El Chato, y al policía de la organización, Wilibaldo Villanueva.
Debido al desarme de los policías comunitarios de la UPOEG, transportistas bloquearon –obligados según contaron a la prensa– en tres zonas de la Costera en Acapulco.
El gobierno del estado sostuvo el diálogo principalmente con el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, incluso se reunieron en Ayutla el 3 de julio, donde se planteó la depuración y credencialización de la organización ante los señalamientos de que fue infiltrada por grupos delictivos, pero ante los diversos enfrentamientos ocurridos la relación se estancó, la depuración y credencialización también, y Plácido Valerio consideró que este año fue de persecución y desestabilización a la UPOEG por parte del gobierno del estado.

 

Atacan con rifles de asalto un puesto de control de la nueva policía de la UPOEG en Petatlán

 

Policías de la UPOEG fueron atacados la madrugada de este miércoles por hombres armados; no se reportaron muertos ni heridos. En la gráfica, la vivienda en la que mantenían el puesto de control que fue baleado, en la colonia El Olivo, cerca de la Dirección Municipal de Seguridad Pública . Foto: Brenda Escobar

La madrugada de este miércoles hombres armados con uniformes y cascos militares atacaron con fusiles AR-15 y AK-47 un puesto de control de los policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que el lunes de esta semana tomaron la Dirección de Seguridad Pública de Petatlán y desarmaron a 46 policías preventivos municipales.
Este jueves la autodefensa platicará con el presidente municipal perredista, Esteban Cárdenas Santana, “y a lo mejor, todavía no lo decidimos, le vamos a entregar las instalaciones de Seguridad Pública para que los policías municipales regresen a sus funciones, nada más nos pondremos de acuerdo en cambiar los mandos medios y estamos pidiendo ya al Ejército, a la Marina o a la Policía del Estado que si nos pueden mandar mandos de parte de ellos, no nos interesa a nosotros ser policías ciudadanos, lo que nos interesa es la paz, pero ya no hallamos qué más hacer, por eso hemos hecho lo que hemos hecho”.
Según el vocero de la Policía Ciudadana de la Costa Grande y la Sierra adherida a la UPOEG, Víctor Espino Cortés, el ataque ocurrió a las 4:30 de la madrugada, en la calle principal de la colonia El Olivo, a unos 200 metros de la Dirección de Seguridad Pública.
En el lugar quedaron al menos 36 casquillos percutidos para fusiles de asalto AR-15 y AK-47, y de acuerdo a Espino Cortés no hubo heridos ni muertos, solamente la vivienda en obra negra en la que se encontraban sus compañeros que repelieron el ataque quedó con balazos.
Dijo que luego del ataque dieron aviso al Ministerio Público del fuero común pero les dijeron que no era su competencia ir a hacer la diligencia, “que le tocaba al Ministerio Público federal”, y agregó que horas más tarde se acercaron militares del 75 Batallón de Infantería con sede en Petatlán sólo para tomar nota.
De esta agresión el vocero manifestó que ya habían informado con anterioridad a las corporaciones policiacas estatales y federales que estaban siendo amenazados por el grupo de la delincuencia organizada que impera en esa zona, sin embargo se dolió que desde la tarde del martes los militares del 75 Batallón quitaron los retenes que tenían cerca de ellos, lo que los hizo sentir en estado de indefensión.
Agregó que luego de lo ocurrido, determinaron que no tendrán retenes en ese tramo de la carretera, “ya lo decidimos, que eso no funciona, vigilaremos y a lo mejor si vemos un carro muy sospechoso no lo vamos a dejar pasar, lo vamos a detener, pero esperamos la compresión de la población, que no queremos afectar, queremos que nos apoyen, queremos vivir en paz, es lo que queremos realmente”.
Ante la pregunta Espino Cortés no descartó que en cualquier momento se dé otra agresión similar, “porque sabemos que están muy molestos por haber tomado Seguridad Pública, que era desde aquí donde se les informaba de todo, las amenazas nos siguen llegando y por eso pedimos que si el gobierno no quiere que nosotros nos defendamos entonces que ya hagan algo y que detengan al líder de ese grupo para que haya paz en la sierra de Petatlán”.
También se dolió de que “por una parte el gobernador Héctor Astudillo declara en los medios de comunicación que hay diálogo con nosotros, que están dialogando con nosotros y por otra parte nos cancelan la reunión que hoy (ayer) miércoles íbamos a tener con el subsecretario estatal de Gobierno para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, quien se comprometió a que nos regresarían las armas que le quitaron a nuestros compañeros en El Camalotito, cuando se enfrentaron a un grupo criminal.
“También quedó de que iba a estar en Santa Rosa un módulo del Registro Civil para que se atendieran a todas las personas que por una u otra razón se quedaron sin sus documentos importantes como el acta de nacimiento o de matrimonio, pero tampoco llegó nadie”.
Indicó que las declaraciones del gobernador “es su forma de defenderse, de hacerse a un lado, pero deberíamos seguir con las negociaciones, sus funcionarios deberían siquiera contestarnos el teléfono, decirnos por qué se cancela la mesa de diálogo o qué vamos a seguir haciendo, ya lo hemos dicho muchas veces, no somos enemigos del gobierno ni del gobernador, nosotros estamos en la mayor disposición de seguir en las pláticas, hemos tenido acuerdos que no se han hecho, principalmente que nos regresen las armas”.
“El trato que hicimos para levantar el paro del domingo 9 fue que nos iban a regresar las armas (que decomisó el Ejército el domingo tras el enfrentamiento) y no nos han dado solución, nuestros compañeros nos están hablando que en cualquier rato pueden ser masacrados, porque ya que no tienen el respaldo del gobierno, siquiera que les regresen sus armas”.
El vocero aseguró que lo que menos quieren es perjudicar a terceros volviendo a bloquear la carretera nacional, por lo que van a seguir esperando, “vamos a apelar a la conciencia del gobernador, creo que le hemos demostrado que lo que menos nos interesa es afectar a otras personas, lo que pasa es que ya no hayamos qué hacer y el hecho está en que la delincuencia organizada está a lo que está y por eso se hace lo que se hace, y la prueba está en el ataque de esta madrugada a nuestros compañeros, por eso le pedimos que nos devuelvan nuestras armas, esa gente trae armas más potentes ¿y cómo quiere el señor gobernador que el pueblo se defienda?”.
“A lo mejor legalmente tiene la razón en el sentido de que nosotros como policías ciudadanos comunitarios no podemos hacernos cargo de la seguridad pública del municipio de Petatlán, pero por otro lado no tenemos alternativa, no tenemos otra forma, ¿cómo pues le hacemos?, él tiene mucho tiempo ya con el problema de inseguridad aquí y no lo ha resuelto, el pueblo se cansa oiga, también estamos cansados de estar aquí desvelándonos noche con noche, nuestros ranchos, nuestras familias están solas”.
Pidió al gobernador “que se venga con nosotros para que sienta lo que sentimos nosotros, no queremos imponer la ley ni nada de eso, pero no hayamos resultados, ya no hayamos qué hacer, o que se comprometa a agarrar al cabecilla de ese grupo y nosotros nos retiramos, así de fácil está, que tome las riendas, pero que lo haga verdaderamente y nosotros nos retiramos, mientras no lo hagan desgraciadamente nosotros tenemos que defendernos”.
A pregunta expresa Espino Cortés aseveró que no se pueden retirar de la Dirección de Seguridad Pública hasta que los gobiernos federal, estatal y municipal garanticen que los policías que integrarán esta corporación “sean honestos, estén aptos para portar armas y tengan aprobados sus exámenes de control y confianza para que la ciudadanía sepamos que estamos ante policías que le van a servir al pueblo y no a la delincuencia orgnizada, si nosotros nos salimos sin que se haya establecido así va a haber matazón de gente aquí en la cabecera”.
“Lo único que hemos pedido y seguimos pidiendo es que el gobierno enfrente a este grupo de la delincuencia organizada que ha hecho tantos males allá arriba en la sierra, les hemos dicho que estamos en la mejor disposición de cooperar con ellos para enseñarles brechas y caminos por donde andan para que los localicen y los detengan o que de lo contrario, entonces que nos dejen defendernos. El gobernador habla de nuestras armas, sólo podemos decir que dependiendo de la gravedad de la enfermedad así debe de ser el remedio, no podemos enfrentar a estos hombres delincuenciales con las armas que nos permite la Constitución, si así lo hiciéramos el gobierno será responsable de las bajas que podamos tener”.
“Le seguimos diciendo al gobernador que no somos sus enemigos, que somos gente de pueblo, de rancho, tenemos familias por las que tenemos que luchar, lo llamamos a que busquemos la mejor solución y estamos en ese camino, lo que queremos es paz, lo que al final de cuentas perseguimos es paz, que nos garantice en nuestras comunidades que va a haber paz, si hoy no vino Martín Maldonado sus motivos habrá de tener, todos somos humanos  y a veces no nos alcanzamos, pero que venga, que nos atiendan aunque sea los teléfonos, que nos atiendan”.
La presencia de los miembros de la UPOEG en la cabecera municipal de Petatlán no ha impedido que continúen de manera cotidiana las actividades de la población, a excepción de la escuela primaria Club de Leones que está cerca de donde en la madrugada de este miércoles ocurrió el enfrentamiento y suspendió clases.

 

Clama ayuda al gobernador la Policía Ciudadana de la Costa Grande, “no somos sus enemigos”, dice

 

Una manta colocada por los integrantes de la Policía Ciudadana de la Costa Grande, en la entrada a Santa Rosa, municipio de Tecpan .Foto: Brenda Escobar

Uno de los dirigentes de la Policía Ciudadana de la Costa Grande y Sierra de Guerrero adherida a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, (UPOEG), Víctor Espino Cortés respondió al gobernador Héctor Astudillo Flores que bien sabe cómo está la situación en la zona y quién asesinó en una emboscada a los seis policías estatales en Las Mesillas.
A nombre de la Policía Ciudadana que públicamente se dio a conocer el lunes de esta semana contra un grupo de la delincuencia organizada que impera en esa zona, informó que la nueva corporación está conformada por vecinos de 36 de 52 comunidades del municipio de Petatlán y por los ejidos El Durazno y San Antonio de las Tejas, del municipio de Coyuca de Catalán, de la región Tierra Caliente.
Víctor Espino aseguró que, “ha sido precisamente para que el gobernador voltee sus ojos a la sierra de Petatlán y Tierra Caliente, no somos sus enemigos ni buscamos confrontarnos con el gobierno, lo que queremos es que ya haya paz en toda esta zona”.
“Por eso es la creación de nosotros, por no tener un choque con el gobierno, porque no encontramos ya alternativas, no hay, no hay quién nos defienda, no pueden aquí abajo oiga, los delincuentes viven al pie del cuartel (de militares ubicado en la cabecera municipal de Petatlán) y no estoy diciendo que sea corrupto el gobierno, no, lo que pasa es que no tiene la capacidad”, consideró.
Aseveró que “ha sido rebasado el gobernador, él sabe, él es gobierno, él sabe qué es lo que pasa. En mi caso creo que sí sabe quién soy, que me investigue realmente quién soy yo, he sido comisario municipal ya dos veces, comisariado ejidal una vez, presidente de una cadena productiva forestal que ya tiene mucho tiempo, he sido promotor educativo, doy cursos de educación inicial, o sea, si la gente nos pone al frente es por algo, porque no nos gustan las injusticias”.
“Ya nos tocó oiga, ni modo, alguien tiene que hacerlo y queremos decirle al gobernador que no estamos en contra de él, en cuanto él nos garantice la seguridad de ir a nuestros ranchos, de poder trabajar para nuestras familias, en ese momento nosotros nos hacemos a un lado, no vamos a ser policías comunitarios todo el tiempo, no nos interesa. A mí me interesa mi familia y mi ranchito, mis aguacates, soy aguacatero y se lo puedo comprobar al gobernador cuando guste, lo llevo y le hago la mejor salsa de aguacate de aquí de la región”.
Agregó que “ya que el gobierno no nos ayuda con nada que de perdida no deje defender ya que no puede defendernos, no le estamos pidiendo más, tenemos que defender lo poquito que nos queda, lo que hemos logrado nosotros, estamos abandonados completamente en todas las cuestiones”.
Dijo que coincide con el gobernador en el sentido de que defienden intereses muy locales, “pues porque de cierta forma cada uno de los que formamos la Policía Ciudadana Comunitaria tiene sus propios problemas, yo tengo el mío personal, si le pregunta a aquél señor él tiene el de él, cada quien tiene sus problemas, claro que al final de cuenta sí son personales pero nos estamos uniendo para defendernos porque vemos que nos está afectando, nos agarran a balazos y al ratito le toca a otro y siguen con el otro”.
“Hay dos tipos de gente, la gente de trabajo que tiene familia, que tiene sus bienes, lo poquito o mucho, y la gente que no tiene nada, que no le gusta trabajar, ese es el verdadero problema, nosotros nos dedicamos a trabajar, dormimos cansados, a gusto, no tenemos tiempo de andar pensando en otras cosas y la gente mañosa pues esa anda viendo qué anda haciendo uno, porque a eso se dedican, porque también comen, desgraciadamente tienen boquita y tienen que comer, tienen familia también y desgraciadamente nosotros somos los afectados, los que nos duele son los niños y las mujeres”.
“Tampoco estamos creando la Policía Ciudadana para ir a hacer matazones, no, sólo queremos que el gobierno voltee los ojos, de una u otra forma esto ha servido pa’ que el gobierno arriende a ver, que haya una comunicación, que nos conozcan, que sepan que aquí estamos, que hay familias completas de la sierra desplazadas, que tenemos nuestras tierras que nos han costado años de trabajo y están abandonadas, las casas nos las quitaron, nos tumbaros las tejas, las láminas”.
“Invitamos al gobernador a hacer un recorrido por la sierra, pa’ que nos conozca porque realmente no sabe quiénes somos, y no es nuestro enemigo, no vamos en contra del Ejército ni de la Marina, lo único es que ya no pueden, esa es la verdad, los tienen bien cuidados. Lo que pedimos es que el gobernador nos regrese la paz a nuestros pueblos para poder regresar a nuestras vidas, es lo único que estamos pidiendo”, insistió.

Vecinos agraviados acuden a denunciar

Este miércoles mientras los policías ciudadanos permanecían apostados en la entrada principal de la comunidad Santa Rosa de Lima, por el otro lado frente a la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, militares, marinos y policías federales de Caminos vigilaban sin obstruir la circulación vehicular.
Según los civiles armados, los agentes federales acudieron en apoyo a los dos módulos móviles, uno integrado por el Ministerio Público del fuero común y del fuero federal, y otro por funcionarios de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional, que acudieron a Santa Rosa para integrar las denuncias de las personas que han sido agraviadas por la delincuencia organizada.
Además para hacer el trámite de recuperación de documentos agrarios como lo acordaron el martes, cuando se reunieron con autoridades estatales y federales.
Ambos módulos se ubicaron en la escuela primaria de la comunidad a donde fueron llegando vecinos de distintas comunidades de la sierra de Petatlán, que desde agosto de este año han sufrido asesinatos de sus familiares y robo de ganado, de sus viviendas y de sus tierras por hombres armados.
La constante común este martes de quienes se acercaron a denunciar fueron las lágrimas, “por tantos abusos que hemos vivido”, mientras esperaban sentados que les tocara su turno.

Testimonios de ejecuciones

Los policías ciudadanos llegaron acompañando a cuatro familiares de la comunidad La Botella, Petatlán, “se salieron caminando muy en la madrugada a escondidas de aquellos (los delincuentes), nosotros los fuimos a encontrar en una camioneta para que vinieran a poner su demanda”.
Según el testimonio la semana pasada los delincuentes “les cayeron a su casa, se sacaron al jefe de la familia, lo maniataron, lo sacaron al patio y delante de estas personas que están aquí lo mataron a balazos frente a ellos, todo para que se salgan y dejen sus tierras”.
Mientras un policía ciudadano platicaba el hecho los agraviados se mantenían con la cabeza agachada, llorando en silencio.
Casi detrás de ellos llegó un matrimonio de edad avanzada, ella llevaba en sus manos un folder, él cargaba un pequeño retrato de su único hijo, “esa gente se los mató, lo destazaron y lo fueron a tirar ahí por El Tuzal, era una persona que no andaba en nada malo y lo mataron”, contó otro, mientras ambos señores se enjugaban las lágrimas.
“Han hecho mucho daño, han agraviado a muchas familias, eso es lo que queremos que vea el gobierno, que sepa que en las comunidades La Botella, El Parazal, Roblar, Cuajinicuilar, La Calera, El Infiernillo y una parte de El Zapotillal ya están abandonadas, la gente se salió por miedo a que los maten, se han salido sólo con lo que tienen puesto porque aunque duele dejar las casas, las tierras, el poco o mucho patrimonio que uno ha trabajado, es más importante conservar la vida”, platicó otro civil armado.
Agregó que los habitantes de las localidades de Petatlán que desde octubre no tienen posibilidades de conseguir alimentos, medicinas, educación y transporte son Barranca del Bálsamo, La Florida, Zapotillos, Carrecilleras, La Morena, El Camalote, Camalotito, Humedades, Rancho Nuevo, Puerto de la Trampa, El Nogal, entre otras, “nosotros sabemos que esa gente tiene amenazado al administrador del almacén de Diconsa, que está en la comunidad San Jeronimito, por eso no sube ningún camión de Diconsa a surtir a las comunidades, nos están matando de hambre”.
Pidió que la Policía Estatal escolte a los camiones de Diconsa, “para que puedan surtir las tiendas Conasupo de esos pueblos, se trata de un asunto de humanidad, no tenemos doctores ni medicinas, los centros de salud están cerrados desde que empezó toda esta inseguridad, algunos maestros que estaban acá abajo y ya no subieron y hay maestros que estaban allá arriba y no se han podido bajar, pero no hay clases en las escuelas, no hay transporte, a las camionetas de pasajeros ya no las dejaron subir, no todas las familias tienen modo de tener una camioneta o una cuatrimoto, entonces no hay manera de que se bajen, además de que todos los caminos están en malas condiciones, algunos intransitables”.

Entran a Tlapa policías de la UPOEG y de la CRAC de los Pueblos Fundadores ante la violencia

 

Policías ciudadanos de la UPOEG y comunitarios de la fracción de la CRAC?de los Pueblos Fundadores llegaron ayer a Tlapa y dijeron que se harán cargo de la seguridad .Foto: Carmen González Benicio

Policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) de Chilapa y José Joaquín de Herrera, y la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) entraron a Tlapa para hacerse cargo de la seguridad ante la ola de secuestros, extorsiones, desapariciones, violaciones, amenazas y asesinatos ocurridos en los últimos meses.
El caso que más llamó la atención fue la desaparición del alcalde electo del municipio de Cochoapa el Grande, el na’ savi Daniel Esteban González de quien no se sabe nada desde el 2 de septiembre, cuando salió de una reunión de un restaurante de la comunidad de Atlamajac.
Aunque antes de esa denuncia desaparecieron el 22 de agosto tres mujeres, madre, hija y nieta vecinas de Atlamajac del municipio de Tlapa, y una mujer que tras ser privada de su libertad fue encontrada muerta y semienterrada cerca del basurero municipal.
Hay otros ciudadanos que se buscan desde las redes sociales como el titular de la agencia del Ministerio Público en Justicia para Adolescentes de Tlapa, Rosendo Acevedo García, levantado el 6 de septiembre cuando hombres armados lo bajaron del taxi ruta Chilapa-Tlapa, en Atlixtac, o el abogado Álvaro Rendón Ávila y los homicidios continuos en la ciudad y región en los últimos dos meses.
El comandante regional de Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Costa Chica, Esteban Ramos Gallardo dijo que venían a apoyar a la CRAC-PC-PF, promovida por Cirino Plácido Valerio, hermano del fundador de la UPOEG Bruno Plácido Valerio.
Dijo que no estaban en contra del gobierno y que acudieron ante la invitación de familiares de las personas secuestradas y buscarían establecer un cuartel, si la población está de acuerdo, pero es necesario que se acerquen y apoyen “si la gente no respalda no podemos quedarnos”.
Los policías comunitarios dijeron que era una operación conjunta entre la CRAC de los Pueblos Fundadores Montaña Baja y la UPOEG, y que lo hicieron para atender las solicitudes de ciudadanos y autoridades “para frenar el infierno en que la delincuencia ha convertido la histórica ciudad”.
En un documento dicen que conocen casos de personas amenazadas por la delincuencia y que ya no hay paz ni se cree en la justicia por los pobladores de Tlapa, ya sean campesinos, maestros, estudiantes, transportistas o empresarios, “nadie está seguro y las autoridades no han logrado brindar seguridad ni justicia”.
Convocaron a los ciudadanos a organizarse y activar asambleas comunitarias, de barrio y una regional para ponerle un alto definitivo a la delincuencia y la inseguridad.

Intervienen “para detener el horror que vive la población”

Los policías comunitarios pidieron a los gobiernos municipal, estatal y federal que respeten la organización de los pueblos, que está apegada a los artículos 2, 9, y 13 de la Constitución Mexicana, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que apegados a sus usos y costumbres acordaron en asambleas intervenir, “por principios humanitarios en la ciudad de Tlapa para detener el horror que vive la población por la delincuencia tolerada en el municipio”.
Agregan que la CRAC-PC-PF es un sistema comunitario creado hace más de 20 años, y la UPOEG hace cinco que opera porque ningún gobierno los atiende, no se frenaba a la delincuencia y ningún juzgado hizo justicia, y por eso tomaron el arma más poderosa: la organización contra la delincuencia.
Ramos Gallardo mencionó que son como 4 mil 800 integrantes, pero es mucho gasto y por eso sólo llegó un grupo.
Comentó que llegaron ante la petición de familiares de un secuestrado que pidió apoyo de la Costa, “la verdad una se cansa de que te estén secuestrando, extorsionando y esa persona es de la Costa y fue a pedir ayuda, porque el gobierno, los antisecuestros quieren trabajar a su modo, y nosotros trabajamos con la ciudadanía que sabe quiénes son los delincuentes”.
“No venimos a hacer menos a nadie, ni a las policías ni al gobierno, nos fueron a pedir el apoyo porque uno de los secuestrados es de la Costa, es para un bien común en contra de la delincuencia, no estamos en contra de ningún gobierno, hemos trabajado con antisecuestros y hemos agarrado a secuestradores”, remarcó.
Agregó que tenían acciones para la noche con los más de 200 policías comunitarios que llegaron, y que si se ameritaban más los llamarían.
Vía telefónica un integrante de la CRAC-PC de la comunidad de Tototepec de este municipio informó que tienen operaciones en conjunto con las policías comunitarias de Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Huamuxtitlán, Olinalá y Ahuacuotzingo para buscar al presidente electo Daniel Esteban y a otras personas reportadas desaparecidas.
Dijo que la CRAC-PC de Tototepec está encargada de vigilar la zona de la carretera Tlapa-Marquelia a la Barranca Honda, donde hace más de un año encontraron cuerpos y osamentas.

 

Avala Bruno Plácido la iniciativa sobre la amapola; advierte que no resolverá la violencia

El líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio avaló la iniciativa de los diputados locales para la legalización de la amapola, aunque dijo que no resolverá el problema de la violencia.
En un audio proporcionado tras una ponencia en la Barra de Abogados de Acapulco, Plócido Valerio expone que van a esperar a los nuevos diputados electos para modificar y revisar la Ley 701 de derechos y cultura indígena.
Explicó que la aprobación de la iniciativa en el Congreso del Estado para la legalización de la amapola con uso medicinal, será “un pequeño aporte para pacificar el estado, pero no resolverá todo el clima de violencia”.
Aseveró que la delincuencia organizada tiene distintas vertientes como el secuestro, extorsión, lavado de dinero, entre otros, por lo que la legalización de un solo enervante no contribuirá mucho.
“Es un aporte mínimo al cambio que se está buscando, yo creo que es válida la legalización, pero no significa que ya con un palomazo se vaya a resolver la violencia”, recalcó.
Agregó que con la legalización también deben ser previstos mayores apoyos al campo, con la finalidad de que los productores logren dar un valor agregado a su producto y mejore la economía local, sin que tengan que recurrir a intermediarios que aminoran las ganancias para el sector.
Sugirió a los senadores atender la legalización y que la aprueben, y que en caso de concretarse pueda tener una reglamentación que tome en cuenta la drogadicción como un tema de salud pública.
Por otro lado, dijo que el Estado no ha sido capaz de resolver algunos delitos en el nuevo sistema penal acusatorio.
El viernes, la Comisión Permanente del Congreso del Estado citó de manera urgente a los 46 diputados locales para aprobar la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 de los tres poderes del estado, así como el nombramiento del fiscal anticorrupción, además de presentar y votar seis iniciativas de ley en un tercer periodo de sesiones extraordinario que se agotó este viernes.
También aprobó la iniciativa de ley sobre la legalización del cultivo de la amapola con fines medicinales, que el Congreso de Guerrero enviará al Senado para su análisis, discusión y en su caso aprobación definitiva.

 

Impiden en la Costera un bloqueo de choferes; era de “la maña”, dice el gobierno

Impiden bloqueo de transportistas en la  Costera; los obligó “la maña”, dice el gobierno

Detienen a seis choferes del transporte público y remolcan camiones y camionetas tipo Urvan a un corralón privado

Redacción

Policías de los tres órdenes de gobierno encabezados por el director de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado Palacios, detuvieron a seis choferes del trasporte público y remolcaron camiones y camionetas tipo urvan para disuadir un bloqueo en la glorieta de La Diana, en la avenida Costera.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, afirmó que los choferes del transporte público que bloquearon la avenida Costera dijeron que fueron convocados por “la maña” bajo amenazas.
A las 11 de la mañana choferes de camionetas tipo urvan y camiones urbanos comenzaron a concentrarse en la glorieta de La Diana Cazadora, sin querer hacer declaraciones a reporteros sobre el motivo de su protesta.
Al lugar llegaron marinos, militares, gendarmes, el encargado de despacho de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado Palacios; el director de la Policía Vial, Rafael Rivas Valdés; y el asesor en Seguridad de la Presidencia Municipal, Manuel Flores Sonduk, quienes encabezaron la operación de retiro de los camiones con los que presuntamente se bloquearía la principal avenida de Acapulco.
Los agentes encabezados por Maldonado Palacios ordenaron retirar un camión urbano de la ruta Costera mediante una grúa, ante esta situación, algunos choferes decidieron retirarse y fueron retenidos para aclarar su presencia en la zona turística.
Incluso, en el despliegue policiaco en la zona turística hubo un camión del Ejército llamado “rinoceronte” para evitar el bloqueo de los camiones.
Luego, las camionetas tipo urvan de la ruta Infovanit Alta Progreso bloquearon 10 minutos un carril en dirección a la Base Naval, frente al hotel Emporio.
Posteriormente, los agentes encabezados por el Ejército y Marina invitaron a los choferes a que se retiraran porque cometían el delito de ataque a las vías de la comunicación y les advirtieron que serían infraccionados y los camiones remolcados.
Los seis detenidos fueron trasladados a la Secretaría de Seguridad Pública, mientras que los dos camiones y cuatro camionetas tipo urvan fueron enviados a un corralón privado.
Los camiones fueron de la ruta Costera, mientras que las camionetas tipo urvan de los trayectos Ex campo de Tiro, Potrerillo, Infonavit Alta Progreso y Fovissste.
Tras la advertencia de las autoridades, los choferes del transporte público se retiraron hasta las 12:30 de la tarde, sin embargo minutos después presuntos comerciantes informales llegaron y se concentraron en distintos puntos de la glorieta de La Diana.
Por tanto, los policías de los tres órdenes de gobierno continuaron concentrados hasta las 2 de la tarde para evitar un bloqueo de los comerciantes informales.
Unos 50 minutos después de retirar a los choferes, los policías localizaron una manta a un costado del restaurante Vips, en avenida Universidad que se podía leer: “La ciudanía en general, está harta de la violencia en Acapulco con el apoyo de líderes comerciantes y transportistas”.
Y agregaba: “exigimos la detención de los personajes que nos tienen aterrorizados a todo el puerto de Acapulco”. Al parecer esta manta iba a ser mostrada en el presunto bloqueo.
En un boletín de prensa, el vocero del GCG, Roberto Álvarez Heredia, afirmó que los choferes del transporte público que bloquearon la avenida Costera dijeron que fueron convocados por “la maña” bajo amenazas.
El funcionario del estado indicó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno impidieron el bloqueo en una operación conjunta. Indicó que los choferes dijeron a los policías que fueron convocados “por la maña y venimos bajo amenazas, por lo que no conocemos el motivo del bloqueo”.
Agregó que el GCG no tolerará que se impida la circulación vehicular en la principal avenida de Acapulco y reiteró su disposición al diálogo, “siempre y cuando se respete la ley”.
En declaraciones a reporteros, el secretario general del Ayuntamiento de Acapulco, Octavio Olea Apátiga, informó que hubo seis camiones remitidos al corralón y el mismo número de choferes detenidos por pretender bloquear la avenida Costera.
Añadió que en una operación conjunta de los tres órdenes de gobierno, se impidió que vehículos del transporte público bloquearan en ambos sentidos la avenida Costera en la Diana.
El funcionario municipal detalló que se encontró un grupo de choferes del servicio público que pretendía bloquear las vías de circulación, por lo que se activaron los protocolos del Grupo de Coordinación Acapulco.
Agregó que ya se están haciendo las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar quién mandó a bloquear la avenida Costera.
Olea Apátiga indicó que el gobierno de Acapulco es respetuoso a la libertad de expresión, pero aseguró que no se permitirá que con estas acciones se afecte a la ciudadanía y a los turistas que visitan el puerto durante el periodo vacacional.

 

Se enfrentan hombres armados frente al mercado de la Progreso con la Gendarmería

Asesinan a un taxista con torniquete en el poblado de La Testaruda. Queman un automóvil en la colonia Barranca de La Laja y un taxi en la unidad habitacional Adolfo López Mateos

Redacción

Un taxista asesinado con torniquete, un enfrentamiento a balazos entre gendarmes y hombres armados, además de dos automóviles incendiados fueron ayer los hechos de violencia en Acapulco.
Un taxista fue asesinado con torniquete en el poblado de La Testaruda, ubicado pasando el río de La Sabana.
El hallazgo fue reportado a las 9:30 de la mañana en un predio abandonado rodeado de maleza, informaron los policías.
Los agentes por medio de una llamada de emergencia localizaron a un hombre asesinado con torniquete y golpes contusos. Cerca del cuerpo había un taxi rojo con blanco de la marca Chevrolet tipo Corsa abandonado entre la maleza, al parecer del taxista.
La víctima se llamó Juan Carlos, de acuerdo con los primeros reportes de la Policía Ministerial. Con esta víctima van nueve en este mes y suman 521 homicidios en el año, donde presuntamente estuvo involucrado el crimen organizado, según un recuento de El Sur.
En otro caso, hombres armados se enfrentaron a balazos con policías de la Gendarmería frente al mercado de la céntrica colonia Progreso.
El hecho violento ocurrió a las 2:30 de la tarde en la calle Durango, se prolongó hacia la calle Tabasco. Los gendarmes entraron a un billar para buscar a los agresores.
Las primeras versiones indican que luego del enfrentamiento los policías detuvieron a dos agresores, incluso aseguraron un automóvil tipo Jetta con reporte de robo, aunque no se pudo corroborar esta información.
Se observó al menos tres casquillos útiles y uno percutido de un arma calibre .45 en una de las calles.
El caso es manejado con mucho hermetismo y las autoridades correspondientes no emitieron alguna información.
Por otro lado, hombres armados quemaron un automóvil en la colonia Barranca de La Laja, ubicada en el anfiteatro de la ciudad.
El siniestro fue reportado a las 3 de la madrugada en la calle Luis Echeverría, informaron las autoridades policiacas.
La versión de los policías indica que hombres armados rociaron gasolina al automóvil y después le prendieron fuego.
Los bomberos municipales sofocaron el fuego y reportaron que no hubo víctimas.
Además, un taxi azul con blanco fue incendiado en la unidad habitacional Adolfo López Mateos.
El siniestro fue reportado a las 7:42 de la noche en la calle Benito Juárez, cerca de la calzada Pie de la Cuesta, informaron los bomberos.
Los policías informaron que el taxi azul tipo Volkswagen fue quemado intencionalmente por personas armadas.
Al parecer, el taxista fue interceptado y lo bajaron del automóvil del transporte público para quemarlo.
Con este caso suman 102 automóviles incendiados durante el año, presuntamente relacionados con el crimen organizado, según un recuento de El Sur.

Enfrentamiento en San Jeronimito, Petatlán, deja tres civiles muertos y tres policías heridos

Los agentes estatales fueron atendidos y están fuera de peligro, informa el vocero Roberto Álvarez

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Tres civiles muertos y tres policías estatales heridos dejaron dos enfrentamientos ocurridos en la comunidad de San Jeronimito, municipio de Petatlán en la carretera hacia Zihuatanejo, en la región Costa Grande.
En un comunicado el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia informó que agentes de la Policía Estatal patrullaban las inmediaciones del poblado de San Jeronimito, cuando fueron agredidos en dos ocasiones por dos grupos que se trasladaban en dos camionetas particulares.
Detalló que el enfrentamiento dejó tres policías heridos de bala y tres agresores muertos, así como el decomiso de dos armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, una granada de fragmentación, un vehículo con reporte de robo y trajes con camuflaje.
El reporte indica que a las 9:05 de la mañana policías estatales en coordinación con ministeriales al transitar por una brecha de terracería vieron dos vehículos, uno blanco y otro gris, a bordo iban hombres fuertemente armados quienes al notar la presencia de las unidades policiacas les dispararon con armas de fuego.
El informe agrega que se repelió la agresión y los policías mataron a un hombre que vestía playera azul, pantalón café, una pechera verde pixeleada, quien portaba un fusil de asalto Ak-47 o Cuerno de Chivo, cuatro cargadores metálicos, 12 cartuchos calibre .50 y una camioneta Nissan Xtrail, matrícula NDU5019 con reporte de robo de fecha 18 de junio, mientras que el otro vehículo logró escapar.
Se comunicó que de la unidad abandonada se bajaron tres hombres armados y se metieron en una casa aparentemente abandonada, mientras que los policías estatales al seguirles el rastro, a unos 600 metros, fueron nuevamente agredidos a balazos y al repeler la agresión asesinaron a otros dos presuntos delincuentes.
En el lugar fue hallado un fusil de asalto AK-47 y una granada de mano o de fragmentación, mientras que otros dos agresores se dieron a la fuga.
En la segunda agresión armada resultaron heridos de bala tres agentes de la Policía Estatal Región Costa Grande. Uno tiene una herida en el pecho del lado izquierdo, otro tiene lesiones por esquirlas del lado izquierdo de la cara y el tercero por esquirlas en la cabeza, mientras que la patrulla de la Policía Estatal tiene cinco impactos de arma de fuego. Los agentes policiales fueron atendidos médicamente y reportados fuera de peligro.
En el comunicado se informó que a las 10:20 de la mañana al lugar acudió el agente del Ministerio Público del Fuero Común, peritos en criminalística y la Policía Investigadora Ministerial para el levantamiento de los cuerpos y su traslado a una funeraria habilitada como Servicio Médico Forense.
En la región Costa Grande son comunes los ataques a las corporaciones policiacas. El 17 de abril hombres armados atacaron a balazos a policías estatales en la comunidad de Coacoyul en Zihuatanejo donde 10 civiles armados murieron y un policía ministerial resultó herido.
Ese día seis policías estatales fallecieron luego de ser emboscados en la comunidad Las Mesillas en la sierra de ese municipio.
Ocho días después un perito de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) resultó herido en un ataque a balazos en el que fueron levantados agentes de la dependencia en los límites de los municipios de Petatlán y Zihuatanejo.
El 23 de abril un civil muerto fue el saldo de un enfrentamiento entre policías estatales y hombres armados en la comunidad de Las Banquetas, municipio de Petatlán.
El 29 de marzo, un policía estatal resultó herido de bala en un enfrentamiento con civiles armados en la comunidad de Los Achotes, en ese municipio.

Dos hombres y una mujer detenidos en Chilpancingo

Policías estatales detuvieron en Chilpancingo a dos hombres y a una mujer que portaban armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, probable mariguana y un vehículo.
En un comunicado se informó que la noche del viernes en recorridos de seguridad y vigilancia sobre el antiguo libramiento a Tixtla cerca de la colonia Los Ángeles y El Encanto, los policías observaron a un hombre recargado del lado del conductor en un vehículo Jetta rojo, quien portaba un arma de fuego y discutía con otro hombre y una mujer.
Al notar la presencia de los uniformados las tres personas abordaron la unidad motriz y aceleraron la marcha con la intención de darse a la fuga, según la misiva.
Los agentes solicitaron al conductor detener la marcha pero no hizo caso, por lo que los detuvieron. Uno dijo llamarse Alfredo de 34 años quien era el conductor y llevaba fajada en la cintura un arma de fuego tipo escuadra con un cargador abastecido con 15 cartuchos útiles.
También detuvieron a Felipe de 27 años, traía también fajada en la cintura un arma de fuego tipo escuadra calibre .38 Súper, con un cargador abastecido con 9 cartuchos útiles, en la bolsa izquierda del pantalón le encontraron dos cargadores con ocho cartuchos útiles.
En tanto a Yolanda de 20 años, que viajaba en el asiento trasero del vehículo, le fueron localizados en el interior de una mochila rosa seis bolsas de plástico transparente con yerba seca con las características propias de la marihuana, con un peso total aproximado de 40 gramos.
Los detenidos, las armas de fuego, cargadores y cartuchos, la probable mariguana y el vehículo fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Federación en las instalaciones de la PGR de Chilpancingo.

Ejecutan a un ex comandante de la UPOEG en Acahuizotla, Chilpancingo

Lenin Ocampo y María Avilez

Chilpancingo

Un ex comandante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y fundador del grupo del poblado de Acahuizotla –que se desintegró hace aproximadamente un año-, fue asesinado a balazos este sábado en esa comunidad del municipio de Chilpancingo.
Fuentes de esa organización indicaron que hombres armados lo atacaron en la calle cerca del centro de la comunidad, y sus familiares se llevaron el cuerpo.
La versión de la UPOEG dice que el hombre identificado como Félix no vivía en el poblado desde hace unos dos años, y que hace dos días llegó a visitar a algunos familiares.
Según información policiaca a las 12 del día se avisó al número de emergencias 911 que hombres armados a bordo de tres camionetas ingresaron a esa comunidad y asesinaron a Félix de 37 años afuera de su casa.
Al lugar llegaron policías estatales y soldados del Ejército, quienes desplegaron una operación en busca de los responsables pero no dieron con ellos.
En el lugar del crimen se hallaron casquillos percutidos calibre .9 milímetros y para fusil de asalto AR-15. El cuerpo de la víctima fue llevado por sus familiares a su casa.