El diputado federal del PAN y aspirante presidencial por el Frente Amplio por México, Santiago Creel Miranda, se presenta en la conferencia de prensa que ofreció en las oficinas del partido en Acapulco; lo acompañan, el diputado federal Guillermo Huerta, el presidente estatal Eloy Salmerón, la diputada federal Yesenia Galarza Castro, y el presidente del PAN en Acapulco Atilano Lagunas Foto: Carlos Carbajal
Aurora Harrison
Al informar que pasó a la tercera etapa del proceso por el coordinador del Frente Amplio por México (FAM), el aspirante y diputado federal panista Santiago Creel Miranda, informó que México y Guerrero requieren orden para que la violencia no se incremente y precisó que la “impunidad es la madre de la violencia”.
El sábado, en conferencia de prensa en las oficinas del PAN en Acapulco, en donde estuvo acompañado de diputados federales y los dirigentes estatal y municipal, Creel Miranda consideró que quien esté vinculado con grupos delictivos no debe gobernar y debe seguir un procedimiento, en el que se determine si tiene o no responsabilidad.
Además, condenó que hayan encontrado bombas en las oficinas del PRI en Chilpancingo y dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe investigar ese caso.
En su intervención, antes de las preguntas y respuestas, el aspirante lamentó que México tenga 230 municipios con problemas de violencia. Recordó que cuando fue secretario de Gobernación, en el periodo de Vicente Fox, “no llegaba ni a 12, ninguna carretera, ninguna región, ningún pueblo, en ningún centro turístico había violencia”.
Agregó que ha convocado, en varias ocasiones, al presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar de la estrategia de seguridad, “abrazos, no balazos, el dejar ser y dejar pasar que está desbordado, incendiando el país, está ensangrentando el país”.
“Tengo experiencia, como ninguno, para recuperar la paz del país, para reconciliarlo y para reconstruir sus instituciones. Por eso quiero ser coordinador del Frente Amplio por México”, puntualizó y mencionó que Guerrero tiene una “situación grave de violencia”.
En Guerrero, indicó, la violencia es similar a la de otros estados del país, como Colima, Michoacán, Zacatecas, Morelos, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, “es un problema nacional, porque el crimen organizado no respeta fronteras. No es que esté solamente en Guerrero y no es que los grupos estén aquí, sino que están expandidos por toda la República”.
Consideró que en la entidad se requieren mesas de diálogo con productores del campo, para crear un programa de transición de amapola y coca por algo que esté dentro de la legalidad, “no como un arreglo falso, un arreglo de corto plazo, un arreglo para quitarse de manera inmediata un problema. Así no se van a solucionar las cosas”.
Abundó que “una mesa de diálogo, primero con quienes son los más afectados de las distintas regiones, porque cada región tiene una problemática especifica, no es una regla para todos, es ir solucionando región por región, revisar a todas las autoridades, porque si el ejemplo no empieza por las autoridades no hay nada. Hay que buscar deslindar responsabilidades, no podemos seguir con impunidad, porque la impunidad es la madre de la violencia. El no aplicar la ley es la madre de todo eso y con López Obrador esto no se va a solucionar, porque para él la ley no es la ley”.
“Este presidente no dialoga impone, este presidente no escucha, este presidente a la gente que le dice lo que no quiere oír, lo excluye, lo insulta y la descalifica. Por eso quiero llegar hacer el coordinador del Frente Amplio por México y, por supuesto, combatir la corrupción donde se encuentre, empezando por las altas esferas, porque ha sido una decepción López Obrador, ha decepcionado a mucha gente que le dio la confianza y voto por él. Yo, que era opositor, les confieso que cuando llegó le di el beneficio de la duda, ha agravado todos los rubros de la vida pública de cómo estaban antes, su gobierno es un desastre”.
Sobre los videos de alcaldes, en referencia a la presidenta de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con el líder de un grupo del crimen organizado, respondió: “Quien esté inmiscuido o vinculado a delitos, no debe de gobernar y debe seguírsele un procedimiento. Es procedimiento, si hay culpabilidad debe haber una sanción e ir a la cárcel”, aunque aclaró: “No soy quien para decir qué persona debe ir o no, porque ni soy juez, tampoco soy ministerio público”.
Advirtió que “la cancha va estar dispareja” y que él sabe jugar en cualquier situación, por ello no hará llamados “ingenuos” a sus competidores, que no se van a respetar, “quieren jugar, vamos a jugar. Simplemente vamos a reforzar las rodilleras, y afinar bien los tacos para enfrentar a este gobierno (federal) autoritario”.
De la inconformidad del PRD, porque no pasó a la tercera ronda ninguno de sus aspirantes, respondió que el presidente nacional de ese partido, Jesús Zambrano, ya dijo que se reintegran al FAM y “estamos en una misma línea”.
“Soy el primero que le di la bienvenida a Xóchitl Gálvez, es una gran aportación al proceso. Pero recuerden ustedes que es el Frente Amplio por México, estamos haciendo algo nuevo, estamos construyendo los tres partidos históricos los que hemos creado las instituciones de este país y vamos a un gobierno de coalición. Todos los talentos se van aprovechar, porque vamos a gobernar con un gobierno de coalición”, indicó.
Del hallazgo de dos bombas en la sede del PRI de Guerrero, en Chilpancingo, el panista condenó el hecho y añadió que la FGE debe investigar para hallar a quienes colocaron los artefactos, porque reiteró: “La impunidad es la madre de la violencia”.
Acompañaron a Santiago Creel los diputados federales del PAN, Aníbal Calles Morales y Guillermo Huerta; la diputada federal Yesenia Galarza Castro y los dirigentes estatal y municipal de ese partido, Eloy Salmerón Díaz y Atilano Lagunas, respectivamente.
El vocal de la Comisión de Minería del Congreso del Estado, Olaguer Hernández Flores, dijo que desconoce la información dada a conocer por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) sobre el control de grupos delictivos en las zonas mineras, que sólo conoce la información oficial de que no han tenido esos problemas.
El diputado priista fue consultado por teléfono sobre lo señalado por Rema, que desde el inicio de la operación del complejo Los Filos-Bermejal, en Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, en 2007, el territorio fue controlado por Los Rojos, después por los Guerreros Unidos y ahora por Los Tlacos; también por lo declarado por el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, quien admitió que hay “intereses económicos muy fuertes” de grupos delictivos para controlar estas zonas.
Al respecto, Olaguer Hernández dijo que solamente conoce lo declarado por “las directivas de las mineras sobre esta situación, de que no han tenido ellos antecedentes, es lo que alcancé a observar en sus declaraciones (…) es la única información oficial que tengo”.
Las declaraciones fueron breves, porque el diputado argumentó que viajaba por carretera y se perdió la comunicación.
El diputado priista informó que en la Comisión de Minería no “hemos tenido recientemente sesión” y a pesar de este contexto, comentó que esperan reunirse hasta “regresando al periodo ordinario, y ya tendríamos nosotros una postura”.
En ese sentido dijo que “lamentablemente hay sucesos que nosotros quisiéramos que no ocurrieran, que no se dieran, toda vez que alteran la vida de un ciudadano, una familia, una región. Lamento los hechos ocurridos” y dijo esperar que sean encontrados con vida los pescadores desaparecidos en Mezcala.
Al diputado se le preguntó si entonces el Congreso local o en específico esta comisión, no tienen ninguna información del control y cobro de cuotas de estos grupos delincuenciales durante los últimos 16 años, pero la comunicación se empezó a cortar y sólo se alcanzó a escuchar “eso no lo sé”.
También se buscó al presidente de la Comisión de Minería, el morenista Andrés Guevara Cárdenas, quien por mensaje de texto comentó que estaba en un lugar sin señal de celular y que el internet era inestable por una fuerte lluvia.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, admitió que por “intereses económicos muy fuertes”, grupos delictivos quieren controlar las zonas mineras del estado.
Agregó que, derivado de ello, el gobierno estatal se está coordinando con las mineras que operan en la entidad, para darles garantías durante el desarrollo de su actividad económica.
El funcionario estatal declaró esto a medios de comunicación este jueves, después de la colocación de la primera piedra de las instalaciones de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, a un costado del Parque Industrial El Ocotito.
Informó que en la zona minera de Mezcala, donde desde el domingo desaparecieron cuatro pescadores, uno de ellos liberado el miércoles y siguen sin aparecer tres, “convergen” dos grupos delictivos: Los Tlacos y La Familia Michoacana, pero declaró que aún no saben si fue algún grupo armado el que privó a los hombres de su libertad.
“Se siguen realizando las búsquedas desde ayer (miércoles), ya se incorporó el Ejército, la Policía Estatal, Policía Ministerial y un helicóptero. Hoy van a continuar y se esperan más resultados”, informó el funcionario.
A pregunta expresa, declaró que en esa zona “convergen” Los Tlacos y La Familia Michoacana, pero que no saben si alguno de los dos grupos se llevó a los pescadores.
–¿Han identificado intereses de los grupos delictivos por controlar esas zonas mineras?–se le preguntó.
–Sí, claro, son intereses económicos muy fuertes. Sin embargo, hemos trabajado con las mineras para que tengan garantías en el desarrollo de su actividad económica.
Aseguró que las mineras que operan en el estado no han denunciado el cobro de cuota, “no nos han manifestado nada de eso, hemos dialogado con ellos (con los representantes de las mineras) y en su momento les hemos preguntado y nos han dicho que no han tenido ninguna extorsión o algún intento de cobro de piso, nada de eso”, afirmó Reynoso Núñez.
A pesar de su afirmación, de que hay “intereses económicos muy fuertes” de los grupos delictivos que quieren controlar las zonas mineras del estado, aseguró: “Con las mineras no ha habido problemas, hasta ahorita. Con ellos tenemos comunicación fluida, no se han presentado mayores incidentes, tenemos comunicación de manera permanente”.
Según el encargado de la política interna del gobierno estatal, “hay garantías para que operen con normalidad, siempre hay diálogo permanente con ellos y se van atendiendo las necesidades de seguridad de la zona”.
Hay jaloneos políticos
en el caso Norma Otilia
El secretario de Gobierno opinó que será el resultado de las investigaciones que se realizan a la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, lo que determine si hay motivaciones políticas atrás de quienes demandan que pida licencia, como lo ha denunciado ella.
El secretario Reynoso Núñez ha sugerido a la alcaldesa que valore la posibilidad de solicitar licencia al cargo, por las investigaciones en su contra debido a los videos que se difundieron, en los que aparece platicando con el líder delictivo de Los Ardillos, Celso Ortega, y por señalamientos en su contra en una cartulina que apareció el 24 de junio junto con siete cuerpos desmembrados.
–Usted ha sugerido a la alcaldesa de Chilpancingo que reflexione sobre la solicitud de licencia, y ella se ha quejado de que son intereses políticos los que la presionan para que renuncie, ¿hay intereses políticos de quienes piden que se vaya?
–Ella ha manifestado su postura. Nosotros hemos manifestado la nuestra y hay una investigación en proceso, y tendrán que ser las investigaciones las que determinen la situación jurídica de la presidenta municipal y de todos aquellos quienes están siendo investigados.
Luego dijo: “La situación se prestará a que haya jaloneos políticos, sin embargo, creo que lo importante es hacer cumplir la ley y que se hagan las investigaciones correspondientes”.
La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.
Los reportes de la vigilancia
Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.
Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército
De acuerdo con documentos confidenciales obtenidos por el grupo Guacamaya, la Sedena mantiene desplegados “pelotones de información”, que vigilan movimientos sociales y políticos, y a defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos. Militares reportaron actividades de Abel Barrera, Vidulfo Rosales, Melitón Ortega… El propósito es trasmitir al alto mando “información relevante” para darla al “mando supremo” en las “reuniones diarias de Palacio Nacional”
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena
Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.
Los reportes de la vigilancia
Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.
En Guerrero no se van a permitir más ni persecución política ni represión, promete Evelyn
Va la gobernadora a la Codehum y entrega vehículos y computadoras
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó vehículos y equipo de cómputo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
En su mensaje, la gobernadora sostuvo que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se va a permitir la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas.
Añadió que los vehículos y equipos de cómputo permitirán expandir y fortalecer las acciones de la Comisión, para brindar “puntual y esmerada atención”.
Afirmó que “la Cuarta transformación no tiene colores y más allá de los partidos políticos, se trata de romper con los estereotipos y paradigmas para avanzar en sociedad”.
En redes sociales se dio cuenta de la visita de la gobernadora, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Velázquez, y la presidenta de la mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, entre otros funcionarios.
En un boletín la Codehum informa que la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, recibió a la gobernadora en las instalaciones. Los vehículos y equipos de cómputo tienen un costo de 1.6 millones de pesos. Dijo que la gobernadora también participó en la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
La presidenta de la Codehum destacó el apoyo y compromiso de la mandataria con el respeto a los derechos humanos. “La gobernadora es, sin duda alguna, una gran aliada en la labor que el constituyente permanente, al reformar el artículo primero de la carta Constitucional, encargó a todas y todos los servidores públicos de la Nación, que es velar por los valores elementales de las personas… estamos convencidas de que la vigencia de los derechos humanos solo es posible con personas comprometidas, como la maestra Evelyn Salgado Pineda”.
Estuvieron también en esta entrega la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el secretario Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, e integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo.
Una mujer abraza el cuerpo de un asesinado luego de que sicarios atacaron una granja de pollos en Petaquillas, donde mataron a seis personas el 11 de junio pasado Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
En 2022 destacó la disputa por el control del territorio entre los grupos delictivos Los Tlacos y Los Ardillos en Chilpancingo, y en Zihuatanejo la población padeció la extorsión a transportistas y comercios por los grupos delictivos, y en la Costa Chica hubo enfrentamientos de integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) con efectivos del Ejército y la Guardia Nacional.
En su primer año completo de gobierno, Evelyn Salgado Pineda y su gabinete, públicamente afirmaron que ante los diferentes hechos de violencia no cambiarían su estrategia y política de seguridad, y la acción más visible para combatirlos fue reforzar con más agentes del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal las zonas en conflicto.
Como lo informó El Sur en junio, la ola de violencia que se registró este 2022 en la zona Centro se acentuó por el enfrentamiento entre los grupos delictivos Los Tlacos y Los Ardillos, que se disputan el control del territorio en Chilpancingo, pugna que comenzó con el asesinato el 31 de mayo de líder de la Unión de Transportistas y Organizaciones del Estado de Guerrero, Francisco García Marroquín.
El 6 de junio fue asesinado en los pasillos del mercado Central de la capital el principal distribuidor de pollos, Tomás, de 35 años. A estos dos hombres se les relacionaba cercanos con el grupo de Los Tlacos, y en respuesta, el grupo de la sierra incendió el 1 de julio un camión de la ruta Chilpancingo-Colotlipa con bombas molotov, pero también fueron incendiadas Urvan de las rutas de Colotlipa, Tlacotepec y Chilapa.
Además, en las colonias cercanas a Petaquillas no se permitió la entrada de taxis del servicio colectivo, lo que provocó que al menos dos semanas se suspendiera el servicio de transporte hacia al sur de la ciudad.
El 9 de junio un repartidor de pollo fue ejecutado a balazos dentro de su camioneta en la entrada del estacionamiento del mercado Central, el hombre de 35 años era originario de Petaquillas.
Esta disputa entre los grupos se visibilizó por el control de la venta y distribución de pollo en la capital, el 11 de junio hombres armados atacaron una granja en la localidad de Petaquillas, donde fueron asesinados cinco hombres y una niña de 12 años. Era la principal distribuidora de este producto en la ciudad.
La disputa dejó la primera quincena de junio al menos 12 personas ejecutadas a balazos en Chilpancingo, entre vendedores, trabajadores y choferes de las camionetas distribuidoras de pollo, que provocó que se dejara de surtir el alimento durante cuatro días en el mercado Central de la capital, los gobiernos estatal y federal establecieron recorridos de militares y policías del estado en el lugar para dar seguridad.
Según el director de Comercio Municipal de Chilpancingo, Santiago René Linares, la venta del pollo se restableció en la ciudad luego de que los gobiernos municipal y estatal acordaron dar seguridad a la llegada del producto en el mercado, y una empresa también del sur de la ciudad, rumbo a Petaquillas, es la que se quedó a cargo de abastecer entre el 70 y 80 por ciento de este producto al mercado.
Ante estas ejecuciones en la capital, el obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza declaró a la prensa que había un tercer grupo que buscaba apoderarse de Chilpancingo, y aunque no mencionó el nombre afirmó que antes había sido aliado de Los Tlacos.
Según Rangel Mendoza dialogó con los líderes de ambos grupos, Los Ardillos y Los Tlacos, quienes le habían dicho que sus pactos seguían vigentes para mantener estable el territorio, pero a pesar de eso la violencia continuó.
En octubre, Salvador Rangel contó a El Sur que la violencia seguía en aumento y no se resolvería porque el gobierno “vendió” el estado al crimen organizado, y es la delincuencia organizada la que ahora no sólo cobra derecho de piso, sino que se encarga de la venta de los productos de primera necesidad en varias regiones de Guerrero.
Otro conflicto que se destacó este año en la zona Centro fue la retención de un grupo de 30 militares y agentes de la Policía Ministerial que incursionaron en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, el 16 de febrero, señalado por organizaciones sociales como el bastión del grupo delictivo Los Ardillos, los pobladores de la cabecera municipal no permitieron que se retiraran durante cinco horas y los liberaron hasta que autoridades militares y del gobierno del estado acordaron que ya no intervendrían en la zona sin avisarles previamente de los cateos y recorridos.
El 7 de junio vecinos de la comunidad de Petaquillas y su grupo de autodefensa retuvieron durante nueve horas a 25 agentes del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, e incluso a cuatro funcionarios del gobierno del estado, demandaron que su grupo de guardias civiles instalaran un retén en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco.
Los retenidos fueron liberados con el acuerdo de las autoridades militares y civiles con los pobladores de que el Ejército no ingresaría a la comunidad y dejaría libre el corredor Petaquillas-Quechultenango, y que la seguridad en esa área estaría a cargo de la autodefensa o guardia comunitaria, también conocida como Policía Comunitaria.
Contra tortilleros y transportistas en Zihuatanejo
A pesar de que la morenista Evelyn Salgado Pineda mencionó reiteradamente que las playas guerrerenses debían destacar entre los mejores destinos turísticos del país, Zihuatanejo vivió varias etapas de inseguridad, principalmente en los sectores empresariales.
El 2 de junio de 2022 una docena de tortillerías cerraron debido a que los propietarios fueron amenazados presuntamente por la delincuencia organizada, el transporte fue restringido en todas las rutas urbanas y suburbanas, y motivó que varios planteles educativos suspendieran las clases.
Un mes después, el 5 de julio el transporte público en la modalidad de Urvan y taxis fue restringido por las amenazas que recibieron los choferes de grupos de la delincuencia organizada por negarse a pagar el cobro de cuota.
El problema se agravó el 6 de julio cuando la empresa transportista Dos Costas suspendió el servicio hacia Petatlán, La Unión y Vallecitos de Zaragoza en las sierra de Zihuatanejo, debido a que fue asesinado a balazos uno de sus choferes en el centro de esa ciudad, a pesar de que ese día autoridades estatales y federales se reunieron con los transportistas para garantizarles seguridad.
El 15 de julio se reanudó el transporte público, pero los permisionarios señalaron que pudieron trabajar luego de acordar el pago de un dinero a quienes los tenían amenazados, a pesar que las autoridades habían reforzado los recorridos con agentes de las policías Estatal y Municipal.
En agosto se dio el cierre de varios establecimientos de distribución de materiales y ferreterías por la inseguridad, aunque el secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Méndez Gómez afirmó públicamente que no habían recibido denuncias de extorsiones del ramo de la construcción.
El asunto no trascendió hasta que el 19 de septiembre de 2022 cerca de 18 tiendas de conveniencia de una franquicia cerraron también porque eran extorsionados con el cobro de cuota por grupos de la delincuencia organizada.
Incluso en una sucursal de esta franquicia ubicada en la plaza Kioto, un hombre que exigía la “cuota mensual” –y los empleados al negarse a entregar el dinero– hirió de un balazo a una de las trabajadoras, lo que orilló a los ejecutivos de las tiendas a cerrar todas las sucursales hasta que hubiera condiciones de seguridad.
El 20 de septiembre la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que ocho personas fueron detenidas en Zihuatanejo vinculadas por el delito de extorsión y relacionadas al cierre de las tiendas de conveniencia, aunque fue hasta el 23 de septiembre cuando las sucursales reabrieron.
Ante los diferentes hechos de violencia que se registraron en Zihuatanejo, desde el 2 de septiembre la Secretaría de Marina tomó el mando de la Dirección Municipal de Seguridad Pública por instrucción del gobierno federal, por lo que los marinos coordinan los recorridos de prevención del delito junto a los policías municipales, estatales y de la Guardia Nacional.
A pesar de esta nueva coordinación de los tres niveles de gobierno, el 21 de noviembre se difundió en redes sociales un video en el que se observa a un hombre incendiar con una bomba molotov una tortillería en Zihuatanejo, en represalia porque los empresarios se negaban a pagar las cuotas a los grupos de la delincuencia, aunque el hecho había ocurrido el 10 de noviembre.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó en un boletín que el agresor fue detenido el mismo día que incendió el negocio y confirmó el atentado contra la tortillería. Añadió que el hombre se dedicaba a “vigilar, llevar comunicados de amenazas, efectuar disparos y quema de establecimientos”.
Otro hecho que destacó a nivel nacional, ocurrió el 24 de noviembre, también se conoció por el video de la cámara de seguridad de la tortillería Dos Hermanos, que captó cuando un hombre disparó un arma de fuego sin decir palabras al interior del establecimiento e hirió de bala a una trabajadora. La Fiscalía sólo informó que investigaría la agresión, pero hasta el momento no hay más detenidos por extorsiones a los empresarios.
El enfrentamiento contra la UPOEG
También este año se registraron varios enfrentamientos entre la UPOEG e instituciones de seguridad, lo que provocó en Acapulco y la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional varios bloqueos viales.
El 13 de mayo, choferes de diferentes modalidades del transporte público y comerciantes bloquearon seis horas las principales vialidades de Acapulco para denunciar abusos del Ejército y la Marina.
Sin embargo, el motivo de los bloqueos se debió a un enfrentamiento en el pueblo de Altos de Ventura, municipio de San Marcos, entre policías de la UPOEG y efectivos del Ejército, por el cateo a una casa de un grupo presumiblemente del crimen organizado.
El 28 de junio de este año fueron detenidos otros siete integrantes de la UPOEG, entre ellos Jesús Clemente Calleja, el comandante Calleja, debido a una agresión a fuerzas de seguridad en las inmediaciones de Marquelia.
Incluso el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que la UPOEG tenía nexos con el grupo delictivo Los Rusos, que tiene presencia en Acapulco.
El 9 de agosto el líder de UPOEG, Bruno Plácido Valerio fue detenido en Chilpancingo por robo específico y daños en agravio de diversas víctimas, ocurridos en Tlapa en 2016, denuncias que ya habían prescrito y por lo que fue liberado horas después.
A pesar del diálogo del líder de la UPOEG con el gobierno del estado para una depuración de la organización, el 23 de septiembre policías estatales detuvieron en Cruz Grande al comandante de la UPOEG, José Manuel Lorenzo Hernández, El Chato, y al policía de la organización, Wilibaldo Villanueva.
Debido al desarme de los policías comunitarios de la UPOEG, transportistas bloquearon –obligados según contaron a la prensa– en tres zonas de la Costera en Acapulco.
El gobierno del estado sostuvo el diálogo principalmente con el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, incluso se reunieron en Ayutla el 3 de julio, donde se planteó la depuración y credencialización de la organización ante los señalamientos de que fue infiltrada por grupos delictivos, pero ante los diversos enfrentamientos ocurridos la relación se estancó, la depuración y credencialización también, y Plácido Valerio consideró que este año fue de persecución y desestabilización a la UPOEG por parte del gobierno del estado.
