La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino, opinó que los movimientos sociales y la represión en la etapa reciente incluidos en los nuevos libros de texto, se cuenta de forma “parcial” porque no se señala a los militares como responsables de ciertos hechos y en otros a los responsables intelectuales.
Desde su punto de vista, no se trata sólo de que se incluya en los libros las represiones, masacres y asesinatos recientes, sino que también se haga justicia en todos los casos y se diga quiénes son los perpetradores, así como que se les lleve ante la ley.
Pero reconoció que el hecho de que estos episodios de la represión estén en los nuevos libros, “es importante, porque las nuevas generaciones deben conocer la historia reciente de México, sus movimientos sociales y la represión que se dio para acallar su lucha”.
Agregó que también sería importante que, si se está incluyendo la guerra de baja intensidad en los años de 1970 con sus más de 500 desaparecidos, con la desaparición de los normalistas, la masacre de Aguas Blancas y la masacre de El Charco, se debe decir que en algunos casos fue el Ejército el responsable.
Mesino Mesino agregó que en las masacres de El Charco y la de Aguas Blancas, la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y los más de 500 desaparecidos, principalmente en el municipio de Atoyac, después del movimiento del profesor Lucio Cabañas Barrientos, los perpetradores fueron miembros del Ejército.
En el caso de la masacre del vado de Aguas Blancas recordó que quien orientó y armó la masacre fue, con todo el apoyo del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, Arturo Acosta Chaparro, un general retirado del Ejército, quien también estuvo involucrado en la represión de la década de 1970.
“Entonces, sí a la historia, pero también se debe decir quiénes fueron los perpetradores y deben incluirse en la historia de México. La historia hay que decirla real y completa”, exigió.
La dirigente de la OCSS declaró que, desde su punto de vista, se está contando una historia parcial porque todas esas masacres estuvieron dirigidas desde el Estado y no fueron aisladas y en el caso de la masacre del vado de Aguas Blancas, fueron dirigidas por la policía y ordenadas por un ahora ex gobernador y un militar en retiro.
Añadió que desde la represión de los años de 1970 fue el Estado quien, para acallar, aplastar y desmovilizar la guerrilla de Lucio Cabañas utilizó al Ejército.
También se refirió a imprecisiones, pues dijo que en el texto del libro se cuenta que cuando fue la masacre de los campesinos de la OCSS en el vado de Aguas Blancas, iban a “participar en una concentración en la que pedirían la presentación con vida de unos de sus compañeros que estaban detenidos, e intentaban llegar al Palacio Municipal de Atoyac”.
Pero recordó que iban a pedir la presentación de su compañero desaparecido, Gilberto Romero Vázquez.
“Yo creo que para escribir la historia hay que ser precisos y conocer los hechos reales. El compañero Gilberto fue desaparecido el 24 de mayo de 1995 y la organización protestaba para su presentación, pero también por el cumplimiento de demandas de insumos y obras que estaban pendientes”.
Mesino declaró que la derecha en México “está enfurecida” porque se están incluyendo estos episodios de la historia en los libros, “pero este nuevo gobierno está omitiendo, a fin de cuentas, los nombres de los perpetradores que cometieron las masacres, las desapariciones y la represión”.
Dijo que se omite que en todas estas masacres el responsable fue el Estado, para acallar la protesta social.
Denunció que actualmente se está viviendo una situación ingobernable y se está llegando a un estado de excepción, “porque no tenemos gobierno, pues ¿a quién te diriges si los responsables de las desapariciones, robos, secuestros son los perpetradores del pasado? Por eso estamos viviendo una situación crítica”.
Para la dirigente de la OCSS no se trata sólo de que se incluya en los libros las represiones, masacres y asesinatos recientes, sino que también se haga justicia y se digan quiénes son los perpetradores y se les juzgue.
Añadió que actualmente, el gobierno está rebasado por la violencia debido a la impunidad en que quedaron los responsables de la violencia del pasado. “Por eso, ahora vivimos una situación caótica y peor, nunca un movimiento guerrillero secuestro, quemó, desapareció como lo están haciendo ahora los grupos delictivos con el apoyo del gobierno”, denunció.
Mesino Mesino reprochó que en este gobierno hay una agenda pendiente en materia de derechos humanos y de justicia, en casos como el asesinato del diputado local del PRD, Armando Chavarría Barrera, y de los dirigentes sociales Ranferi Hernández Acevedo, su hermana Rocío Mesino y Luis Olivares, todos que quedaron en la impunidad.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, afirmó que las fichas que se conocieron en las que el Ejército señala a defensores de derechos humanos y líderes de organizaciones sociales son sólo de seguimiento y “no para reprimir a los movimientos” como ocurría cuando gobernaban “los Figueroa”.
Se le preguntó por teléfono sobre el espionaje contra representantes de movimientos sociales que realiza el Ejército que fue evidenciado por documentos de las filtraciones del grupo Guacamaya.
De inicio el dirigente respondió que se reservaría declarar al respecto porque “es un tema de seguridad nacional”, sin embargo, de inmediato señaló que “creo que es un tema de seguimiento nada más, no es un espionaje para reprimir o perseguir”.
Jacinto González dijo que “desde que llegó Andrés Manuel López Obrador no realiza espionaje para represión”. Abundó que el fortalecimiento del Ejército en este gobierno no es peligroso porque el presidente López Obrador no tiene antecedentes de haber ordenado represiones.
“El Ejército no se mueve sin que los civiles le den órdenes, todas las represiones que han sucedido son a partir de órdenes de los civiles en el poder”, y consideró que mientras sean representantes de Morena los que estén “al mando no creo que sea riesgoso, antes los que daban la orden eran los Figueroa, hoy ya cambiaron las cosas, hay compañeros que están al frente y que dudo que algún día den la orden de reprimir al pueblo”.
Ya fue notificado por el IEPC de la queja del PRD
González Varona también informó que ya fue notificado sobre la queja que presentó la dirigencia estatal del PRD ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en contra del CEE de Morena por la presunta campaña de “calumnias y desprestigio”, y que le otorgó cinco días para contestar este recurso el cual dijo que se vence el 26.
Entre lo solicitado por la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD al IEPC están las medidas cautelares para que “se detenga la campaña de difamación”. Sin embargo, en la notificación que recibió el morenista “se reserva, hasta que haya una investigación profunda, de dictar medidas cautelares”.
Su cargo fue avalado por la militancia, responde
También se le preguntó por lo señalado por el ex diputado local Luis Enrique Ríos Saucedo en una conferencia con su equipo afín al diputado Pablo Amílcar Sandoval, en la que dijo que a González Varona le falta madurez política para ser dirigente de Morena. Respondió que fue electo “por unanimidad” como presidente del partido: “vieron que yo puedo representarlos bien, lo otro es una opinión personal, ojalá sigan abonando para que haya gobernabilidad y estabilidad en el movimiento”.
Del gabinete de Evelyn Salgado dijo que la gobernadora es la que evalúa el trabajo de sus colaboradores y que los señalamientos de Ríos de que faltan funcionarios sensibles y afines a “la 4T” es una opinión personal que “se respeta mucho”.
Afirmó también que no existe la figura de coordinador estatal de Comités Municipales que se atribuye Catalino Santibañez quien ha instalado 25 de esas instancias y que en Acapulco nombró al ex emecista y ex perredista Napoleón Astudillo Martínez. “Es más bien una agrupación que se pretende hacer al interior del movimiento y que está prohibida estatutariamente”, dijo.
Además recordó que Napoleón Astudillo no está afiliado al partido por lo que está impedido para ocupar un cargo de dirección. “Creo que le tomaron el pelo”, señaló.
No se acordó retirar la denuncia contra líder sindical, dice
Al también diputado local se le preguntó por el conflicto entre la administración del Congreso que encabeza Yoloczin Domínguez con el sindicato Sentimientos de la Nación, después de que el dirigente Fer-nando Martínez denunciara que no se ha cumplido ninguno de los acuerdos a los que el 3 de marzo llegaron con el senador Félix Salgado.
Jacinto González dijo que a su oficina le comisionaron a Alondra Reza Arzola, uno de los tres trabajadores despedidos, y está en el proceso de adscripción.
Pero de los otros dos trabajadores, Ramón Núñez Campos quien es chofer del vehículo que ofrece el servicio de transporte al personal, y el secretario general Fernando Mar-tínez, que ahora laboran en la oficina del diputado Joaquín Badillo, también morenista, dijo que desconoce su situación, pero precisó que en los acuerdos no estaba el retirar la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General del Estado contra el dirigente del sindicato.
Dirigentes sociales y defensores de derechos humanos consideraron como espionaje el seguimiento que hace el Ejército a las organizaciones del movimiento social. Condenaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tolere y justifique como “inteligencia” el hostigamiento, criminalización y persecución al movimiento social.
También, consideraron que con ese espionaje se atenta contra la vida de los activistas, al colocarlos en un estado de vulnerabilidad y en riesgo de ser agredidos en un régimen militarizado, donde para el Ejército “su mayor enemigo” es el movimiento social.
Como informó El Sur, de acuerdo con documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que son parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, en los que se revela el seguimiento del Ejército a grupos de movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los personajes que destaca en los documentos filtrados son la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), así como los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
Las políticas de constrainsurgencia, el origen del espionaje militar: Abel Barrera
Consultado al respecto vía telefónica, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lamentó que el papel desempeñado por el Ejército durante décadas sea de espionaje, dentro de políticas de contrainsurgencia que se instalaron en Guerrero y en el país, para proteger intereses políticos y económicos de la clase en el poder, y sobre todo para desmovilizar, desarticular y criminalizar al movimiento social, a los luchadores sociales, a defensores de derechos humanos, a periodistas críticos, lo que atenta contra el mismo Estado de derecho.
Sostuvo que con este espionaje se cataloga a sectores de la población trabajadora que lucha desde abajo y defiende sus derechos como enemigos del régimen, como personas incómodas o disruptoras que atentan contra la legalidad y la verdad. Afirmó que con esos documentos se observa a un Ejército que viola derechos humanos en un contexto donde aún no han rendido cuentas por los crímenes de la guerra sucia de los años 70 en Guerrero, cuando se instaló “la contrainsurgencia”, época en que se torturó, desapareció y ejecutó a líderes y activistas sociales con total impunidad.
Expuso que ahora esa actuación continúa y sigue reeditándose esa guerra sucia en trabajos de espionaje y de contrainsurgencia, para poner en el blanco o en la mirilla a activista sociales y defensores de derechos humanos, a quienes el Estado busca desactivar, contener, reprimir y “en ciertas circunstancias atentar contra la vida misma, como ha pasado con las ejecuciones de activistas, como ha pasado con las represiones”.
Consideró que las consecuencias de que el gobierno espíe a los defensores de derechos humanos mediante el Ejército, pone en riesgo su vida porque los coloca no sólo simbólicamente sino en términos reales como personas no gratas para el grupo en el poder, y una amenaza al status quo. Aseguró que vivimos en un régimen donde el Ejército está por encima del Estado de derecho y de las autoridades civiles, es decir, “es un régimen militarizado” que atenta contras los parámetros jurídicos que nos rigen como país.
Dijo que el espionaje “habla mal de un sistema democrático, porque en lugar de fortalecer las instituciones civiles y las instancias de seguridad civil, se está robusteciendo el poder militar”, y sostuvo que el seguimiento que hace el Ejército no es legítimo porque hay instituciones e instancias que se encargan de autorizar esas investigaciones, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes darían las órdenes para interceptar llamadas, por ello, señaló que el
Ejército no está por encima de las instancias civiles, y es lo que agrava la situación porque actúan como si fueran autónomos, como “un Estado dentro del Estado”.
Expuso que es grave que se catalogue como delincuentes a las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, al ser espiados se les compara como si fueran delincuentes, cuando su lucha es digna, pero se les coloca contra el paredón, “en verdad es muy grave en las circunstancias políticas que estamos viviendo cuando se le está dando todo el poder al Ejército”.
Exigió al presidente López Obrador que regrese a sus cuarteles a los militares, porque no pueden estar por encima de la Constitución y se deben apegar a las normas, “no puede seguir siendo el Ejército de los años 70, haciendo espionaje para reprimir, no puede catalogar a personas que están en la lucha social como si fueran delincuentes”.
Afirmó que el presidente de la República debe tomar en cuenta el reclamo de las víctimas, de las organizaciones sociales y civiles, de los organismos de derechos humanos; y aseveró que se debe replantear la política de seguridad, porque el Ejército en Tamaulipas ya ejecutó a cinco personas, y con el espionaje que se está haciendo desde 2019 “preocupa a la sociedad en general y a quienes nos sentimos agraviados por este espionaje”.
Una labor ideologizada: Vidulfo Rosales
El abogado también del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, comentó que el espionaje que hace el Ejército es un acto de criminalización, de persecución contra los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, que demuestra que tenemos un Ejército “con una mirada contrainsurgente, ideologizado, que toma posición política e ideológica que coloca como su mayor enemigo al movimiento social”.
Sostuvo que los informes dados a conocer por el grupo Guacamaya, ilustran que los militares están preocupados por la movilización social y no por la actividad delictiva, al no tener una radiografía de los grupos criminales que operan en el estado y de la violencia que despliegan. Mencionó que el 90 por ciento del espionaje que se realiza es contra los movimientos sociales.
Destacó que a pesar de que el presidente López Obrador es contrario a ese tipo de acciones, y de no reprimir y hostigar a los movimientos sociales, el Ejército hace lo contrario, lo que es tolerado por el mandatario, y resulta preocupante. Además, cuestionó que los datos que tiene la Sedena son torpes, imprecisos, subjetivos y genéricos, que además, se presentan como una verdad incuestionable.
De acuerdo con Rosales Sierra, las consecuencias de esta criminalización colocan en vulnerabilidad y en riesgo de ser agredidos a los que ejercen la defensa de los derechos humanos, “los enemigos históricos que tiene el movimiento social en Guerrero aprovechan estas circunstancias para agredirnos, golpearnos”.
Mencionó que este tipo de espionaje es lo mismo que ocurría en gobiernos pasados y lamentó que el actual gobierno lo tolere y lo justifique como “inteligencia”, cuestionó si “los defensores de derechos humanos y los movimientos sociales somos un riesgo o una amenaza”.
Aseguró que es injustificable lo que a todas luces es hostigamiento, criminalización y persecución por parte del Ejército, y exigió al presidente de la República que cese esa persecución al movimiento social y que los militares se dediquen a las tareas de seguridad nacional a las que los facultaron.
Infiltran movilizaciones: Héctor Torres
El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, opinó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene muy buenas ideas e intenciones, pero la gente que está trabajando o colaborando en su administración formó parte de otros partidos y hoy el espionaje es parte de sus prácticas para poder tener estabilidad como ellos quieren.
Sostuvo que la CETEG ha experimentado en diferentes momentos ese espionaje, especialmente en Chilpancingo, cuando en sus movilizaciones se filtran personas que venden cócteles, chicharrones o palomitas, pero que son parte de Gobernación y es gente que va a vigilar, aunado a las “intervención en nuestros teléfonos”, por ello se dijo poco sorprendido de que esta administración esté haciendo lo mismo mediante el Ejército.
Según Torres Solano, las consecuencias de esta persecución a los movimientos sociales que realiza el Ejército terminan con “abrir las carpetas de investigación y posteriormente liberar órdenes de aprensión (contra los líderes sociales o defensores de derechos humanos), para tener más evidencia, para saber y tener controlado al pueblo, lo están haciendo pues de esta forma (espiando)”.
Reprobó la acción de los militares y resaltó que el pueblo es obligado a movilizarse, a bloquear carreteras porque no lo estás atendiendo, “gobierne quien gobierne se tiene que defender la protesta, nosotros reprochamos y reprobamos rotundamente el actuar del Ejecutivo federal hacia todas las organizaciones que ha estado espiando”.
Exigió al mandatario federal que deje de perseguir a las organizaciones sociales, y ejemplificó que en su caso tiene una carpeta de investigación en su contra que lo obligó a ampararse, de lo contrario dijo, las organizaciones no permitirán “que sean atropellados más compañeros o estén hostigando a más compañeros” que podría provocar grandes movilizaciones.
En lugar de esclarecer el caso de los 43, se persigue a padres: Melitón Ortega
Otro de los perseguidos en los documentos de la Sedena, el vocero de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega, aseveró que hoy se mantiene al Ejército sobre los movimientos sociales en Guerrero y el país, y se busca desaparecer, encarcelar y terminar con ellos, consideró que es grave porque además no se han esclarecido muchas actuaciones del Ejército.
Lamentó la criminalización para con las madres y los padres de los 43, pues en el lugar de esclarecer los ataques y la desaparición de sus hijos se les persigue, y el propio Ejército no ha entregado evidencia y niega toda la información que han solicitado.
Opinó que las consecuencias de este espionaje, tarde o temprano terminará con una acción penal en contra de su movimiento o de los representantes, o incluso de los propios padres de familia, lo que consideró grave, para quienes dijo, solamente han luchado para exigir el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
Melitón Ortega manifestó que la “inteligencia militar” que argumenta el presidente de la República parece que busca acabar con la inconformidad, las protestas y todas las denuncias de los movimientos sociales, y recomendó que el gobierno federal debería enfocarse en los orígenes de los problemas o atacar las raíces de tanta violencia que hay en el país.
La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.
Los reportes de la vigilancia
Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.
Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército
De acuerdo con documentos confidenciales obtenidos por el grupo Guacamaya, la Sedena mantiene desplegados “pelotones de información”, que vigilan movimientos sociales y políticos, y a defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos. Militares reportaron actividades de Abel Barrera, Vidulfo Rosales, Melitón Ortega… El propósito es trasmitir al alto mando “información relevante” para darla al “mando supremo” en las “reuniones diarias de Palacio Nacional”
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena
Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.
Los reportes de la vigilancia
Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.
En Guerrero no se van a permitir más ni persecución política ni represión, promete Evelyn
Va la gobernadora a la Codehum y entrega vehículos y computadoras
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó vehículos y equipo de cómputo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
En su mensaje, la gobernadora sostuvo que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se va a permitir la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas.
Añadió que los vehículos y equipos de cómputo permitirán expandir y fortalecer las acciones de la Comisión, para brindar “puntual y esmerada atención”.
Afirmó que “la Cuarta transformación no tiene colores y más allá de los partidos políticos, se trata de romper con los estereotipos y paradigmas para avanzar en sociedad”.
En redes sociales se dio cuenta de la visita de la gobernadora, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Velázquez, y la presidenta de la mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, entre otros funcionarios.
En un boletín la Codehum informa que la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, recibió a la gobernadora en las instalaciones. Los vehículos y equipos de cómputo tienen un costo de 1.6 millones de pesos. Dijo que la gobernadora también participó en la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
La presidenta de la Codehum destacó el apoyo y compromiso de la mandataria con el respeto a los derechos humanos. “La gobernadora es, sin duda alguna, una gran aliada en la labor que el constituyente permanente, al reformar el artículo primero de la carta Constitucional, encargó a todas y todos los servidores públicos de la Nación, que es velar por los valores elementales de las personas… estamos convencidas de que la vigencia de los derechos humanos solo es posible con personas comprometidas, como la maestra Evelyn Salgado Pineda”.
Estuvieron también en esta entrega la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el secretario Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, e integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo.
El ex gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez, en la conferencia que dio a alumnos del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero Foto : Carlos Carbajal
Aurora Harrison
El ex gobernador Rogelio Ortega Martínez sostuvo que las manifestaciones de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa siguen representando un “foco rojo” y que los movimientos sociales deben ser atendidos por el gobierno, de manera permanente, para evitar bloqueos a las carreteras que afecten la movilidad.
El sábado, durante su conferencia magistral Gobernabilidad y gobernanza en tiempos de crisis, una experiencia práctica, que impartió a estudiantes del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA), el ex gobernador dijo: “Sostengo que a los movimientos sociales hay que atenderlos de manera permanente, para diferenciar entre un movimiento antisistémico”, que debe ser atendido, para construir acuerdos de paz.
Afirmó que Ayotzinapa sigue representando un “foco rojo” y que debe tener un “marcaje personal y cuidado”, porque es un movimiento persistente, que no es antisistémico, porque sus demandas son posibles de resolver a tiempo.
En su ponencia, en la que se apoyó con diapositivas, hizo una reseña de como fue invitado a ser gobernador interino, luego de la salida de Ángel Aguirre Rivero por la crisis de gobernabilidad debida a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Recordó que tuvo una conversación con Ángel Aguirre la noche previa a su toma de protesta, el 26 de octubre, y le dijo que las manifestaciones por la desaparición de los 43 normalistas “no se van a resolver. Yo te voy ayudar”, que se lo llevará de “muertito”, pero intervino el gobierno federal.
Dio a conocer que se reunió con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien le preguntó sobre la situación en Guerrero y cómo se iba a restablecer la gobernabilidad. Dijo que le respondió que “estaba de la chingada” y que agotaría el diálogo con los normalistas, con los que se reunió en una de sus primeras acciones de gobierno.
Mencionó que le propuso al entonces presidente que se abrieran los cuarteles y que los normalistas entraran acompañados, que se abrieran todas las líneas de investigación y que atendiera a una comisión, para que de esa manera se pudiera evitar la violencia hacia dependencias gubernamentales, partidos políticos y bloqueos carreteros.
Destacó que logró la liberación de ayuntamientos que estaban tomados por organizaciones sociales. Por otra parte, dijo que intervino para que aquellos presos políticos tuvieran derecho a un debido proceso y que fueran liberados, pues citó que algunos estaban en cárceles federales y no tenían delitos de ese tipo.
En declaraciones posteriores, Ortega Martínez dijo: “Tengo muy ubicado y debería de tenerlo el actual gobierno de la maestra Evelyn, e incluso los gobiernos municipales, que deben tener unos comisionados que atiendan los focos rojos, los temas de conflictividad para que podamos estar monitoreando y atender sus peticiones, sus demandas, en un diálogo franco, abierto, constructivo (…) antes que estalle el conflicto y la protesta salga a la calle”.
Abundó sobre los movimientos sociales que plantean demandas posibles de resolver, que “mi reclamo es por qué se les atiende cuando ya se da el conflicto, por qué se les atiende cuando ya está el bloqueo. Si se puede resolver antes, si estamos permanentemente monitoreando la ruta, sus repertorios, los periodos y los tiempos en que viene la exigencia de su plaza”.
Consideró que los bloqueos que se han dado en la Autopista del Sol pueden evitarse y no se tendría que llegar a los desalojos, recordó que cuando le tocó gobernar, tuvo que dialogar de manera constante con los manifestantes a quienes les hacía la pregunta “¿quiénes los acostumbro a ustedes a andar haciendo bloqueos?”.
“Prefiero que vayan a la oficina con el funcionario o funcionaria que les toca atenderlos y ahí tomen la oficina. Ahí reténgalos, hasta que les resuelva o se establezca la mesa de acuerdo y diálogo, pero no anden ocasionando esos problemas a la población. A la autoridad la presionan porque dicen que no los escuchan, que las puertas están cerradas, ‘ni me ven, ni me oyen’, entonces con esto a ver si no me ven y no me oyen”.
Recordó que la experiencia que le dejó ser gobernador interino es que los conflictos deben ser atendidos antes de que estallen, “ir quitándoles esa costumbre de que la autoridad atiende solamente cuando ya está la crisis, los plantones, los bloqueos. Creo que se puede atender y resolver antes”.
Sobre si la política interna del gobierno estatal no funciona par evitar movilizaciones, declaró: “Creo que hace falta mayor atención al conflicto, atender antes de que haga crisis y tener permanentemente diálogo con los actores, que los conocemos y se conocen sus demandas, sus repertorios. Los que hacen año con año y las movilizaciones y sus demandas”.
Opinó que al actual gobierno le hace falta convicción, “para ser demócrata, hay que creer en la democracia y el diálogo por delante y la búsqueda de acuerdos institucionales siempre, antes de que estalle. Monitoreo permanente, las 24 horas atendiendo”.
“Cuando se tiene vocación de servicio, sensibilidad para atender la demanda, si no hay necesidad de maestros, entonces que me digan porqué hay nueve normales públicas en el estado de Guerrero y 18 particulares, si no hacen falta maestros en Guerrero”.
El equipo de producción Libre Films coordina la filmación del largometraje La Misma Sangre con la familia Mesino de la OCSS, en el Zócalo de Atoyac.Foto: Francisco Magaña
La productora Libre Films graba en Atoyac y otras partes del estado el largometraje La Misma Sangre, que aborda los movimientos sociales en el país con la historia de la familia Mesino Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), quienes han sufrido de represión, asesinatos, encarcelamientos y hostigamiento.
En conferencia de prensa en el Zócalo de Atoyac el equipo de producción encabezado por el productor Miguel Ángel Sánchez, informó que el proyecto está respaldado por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).
Dijo que buscan dar luz a circunstancias “muy delicadas que han pasado en el estado y sobre todo darle seguimiento a la familia Mesino, que ha sido una familia muy importante en la lucha social para el estado”.
El director Ángel Linares quien conoció a la activista asesinada Rocío Mesino hace seis años en la grabación del cortometraje Montañas Invisibles, proyecto respaldado por la escuela de cine de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Expuso que se siente motivado y feliz de haber conocido a la familia que lo hizo sentir como en casa, “y de ahí nació una relación muy bonita que se ha mantenido a lo largo de los años, de quienes he aprendido de su vida, ejemplo lucha, de su forma de enfrentarse con tanta esperanza y convicción para mejorar la situación del país, ejemplo que le han pasado a sus hijos”.
Informó que el proyecto nació después del asesinato de Rocío Mesino, “y junto con mis compañeros comenzamos a tener la necesidad de hacer una película que relatara la historia de la lucha de la familia, hasta después de cuatro años que logramos tener el respaldo del Instituto Nacional de Cinematografía, fue una ruta de desarrollo bastante amplia”.
Abundó que el proyecto ha estado con varios espacios de producción en distintos países como Cuba y España.
Manifestó que el proyecto nació en el gobierno del PRI, “pensábamos que era un proyecto que no iba ver el apoyo por el tabú, que no se iba poder levantar pero logramos tener la solidez de una historia que decidieron que debería ser contada y hoy tiene otro contexto, de refuerzo de la memoria histórica, que sea un recordatoria que no podemos quitar la llaga del estado de Guerrero y de la historia que se ha contado”.
Norma Mesino consideró que el objetivo de esta producción es visibilizar el movimiento social en Guerrero con la producción Libre Films del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Ciudad de México.
Dijo que la productora está desde hace varios meses en la cabecera municipal, así como en diversos puntos del estado donde han dado seguimiento a la cotidianidad de la familia Mesino, “se levanta desde la cinco, seis de la mañana para tener ya todo preparado y terminan a veces hasta las 9 de la noche”.
Dijo que con este documental donde los protagonistas son su familia, “es importante reconocer la labor de estos jóvenes para contar y compartir nuestra vida, nuestra lucha, porque como organización hemos sido criminalizados, acusados de secuestradores, a Miguel Ángel lo asesinaron y decían que era un traficante, violador, asesino, robavacas, sin comprobarle nada”.
A Rocío Mesino dijo que la tildaron de secuestradora, con muchos expedientes de asesinatos “y eso precisamente la Fiscalía creó un expediente para finalizar una lucha que no le convenía al gobierno”.
Dijo que el proyecto no viene a limpiar la imagen de su familia porque no ha hecho nada en contra de la ley, “todo con el derecho ciudadano a sentir, el derecho a manifestarse, que están en la constitución, nosotros no los vulneramos, ejercemos esos derechos y hoy que se conozca porque mucha gente quizás esté confundida porque en la prensa oficial han hecho un trabajo que convence a millones de una manera en que la prensa oficial ha criminalizado la lucha”.
Manifestó que no hay mucha organizaciones sociales, ni muchas familias que han sufrido lo mismo que ellos como persecución, asesinato, hostigamiento, desaparición, “nosotros somos una parte de esa gran familia que ha sufrido y perdido hasta cuatro hijos, como las madres de los 43, más de 500 madres invisibilizadas y les desaparecieron a sus esposos y no había derechos humanos o prensa que dijera que el Ejército está deteniendo o torturando, secuestrando como lo hizo en tantas parte, El Quemado, Río Chiquito donde se vistieron de civil y masacraron, hoy más que nunca tenemos que visibilizar esas luchas”.
Hilario Mesino dijo que para ellos es algo muy bueno porque tienen la oportunidad de expresarse y recordar en cada parte del municipio lo que han vivido, cómo inició la lucha para que haya democracia verdadera y no se sigan violando los derechos humanos.
Mencionó que fueron a hacer una grabación donde contrastaron los grandes hoteles y la pobreza que hay en Acapulco, “que no se conoce a nivel nacional ni internacional donde dicen que no hay pobreza, que se está combatiendo y es mentira, vemos que hay gente muy pobre con casitas tapadas con lonas y cartones, sufre de hambre, no pueden llevar a sus hijos a la escuela o universidad”.
“A los jóvenes que logran tener una carrera los deja el gobierno en manos del crimen, en las drogas por falta de empleo después de graduarse, el gobierno en vez de apoyarnos a los que luchamos nos hostiga, a nosotros nos acusaron de zapatistas porque les dejamos un saludo cuando se crearon y de ahí comenzaron asesinar a nuestra gente, nos metieron a la cárcel, esta película va a servir para que el pueblo se dé cuenta cómo es la organización”.
Alicia Mesino destacó que su organización es para luchar por los pobres, “y por eso nos organizamos, nadie nos enseñó, con esta película la gente podrá ver que no andamos haciendo males, así como yo he sufrido por los asesinatos de mis hijos yo sigo adelante, no tengo miedo, esperemos que el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador vea por los que estamos en la sierra y los muchachos que andan en las drogas porque no hay trabajo, que los padres les inculquen la lucha”.
Aceptó que viven con temor, pero van por la lucha de que se liberen los jóvenes y no se dejan aplastar por la televisión y los celulares.
Una nueva corriente surgió dentro de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se llama Fuerza de Innovación Académica AC (FIA) y será presidida por Julio César Cortés Jaimes. En su conformación, anunciaron que será solidaria con los movimientos sociales y exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos en septiembre de 2014.
La presentación formal de la organización se llevó a cabo en el auditorio de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la UAG, y el dirigente estatal, Julio César Cortés Jaimes comentó que se tienen que generar proyectos para vincularlos con los más necesitados para aminorar los efectos de la crisis económica.
Indicó que el tener un título ya no garantiza un trabajo, pues la crisis se va asentado y con ello se reducen los espacios para generar empleos.
Dijo que con esa organización los egresados de la UAG podrán hacer sus propios proyectos productivos, programas de emprendimiento sociales, y es lo que se está proponiendo, y “nuestros egresados se pueden incorporar al campo laboral”.
Indicó que al menos el 42 por ciento de los egresados de la UAG no están laborando en lo que estudiaron, sólo el 20 por ciento lo hace, y el 38 por ciento es auxiliar de su carrera.
Cortes Jaimes informó que la organización forma parte de Grupo Universidad por Guerrero, y “estamos apoyando firmemente el proyecto de Javier Saldaña, es nuestro candidato en el próximo proceso… y estamos respetando los tiempos”.
Según el dirigente, tienen presencia en todo el estado, y desplegarán toda su fuerza para apoyar a Saldaña y consolidar a la UAG como una de las universidades más importantes del país e impulsar el proyecto de internacionalización.
El candidato a senador de la coalición Por el Bien de Todos, Lázaro Mazón Alonso descartó que los movimientos sociales que se han presentado en el país, entre ellos en Guerrero, puedan afectar la elección del 2 de julio, aunque consideró que “tal vez” existan algunas personas infiltradas que pretenden desestabilizar al gobierno.
El ex alcalde de Iguala, junto con el candidato a diputado federal por el distrito 04, Ramón Almonte Borja se reunieron con unos 25 estudiantes de unidades académicas de la UAG, coordinadores juveniles de Nueva Izquierda en el salón Calli a quienes dieron a conocer sus propuestas.
Asimismo, consideró que la senadora panista Luis María Calderón tiene buen sentido del humor y está “un poquito desesperada” al decir que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo “quisiera ser de otro partido” porque en Guerrero la coalición Por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia) ganará todas las candidaturas.
Señaló que el candidato presidencial panista, Felipe Calderón Hinojosa cuando mucho obtendrá unos ocho puntos de la votación porque no tiene presencia y que su hermana busca “desestabilizarnos, Zeferino ha competido como candidato externo pero está más vinculado al perredismo” y afirmó que respetan al gobernador y que éste los ayuda con el trabajo que hace.
A pregunta expresa descartó que el enfrentamiento entre policías y pobladores de San Salvador Atenco y los diversos movimientos sociales repercutan en la elección federal y dijo que ésta seguirá adelante porque siempre que hay un proceso electoral “hay un brote de inconformidad aquí y otro brote acá”.
Acerca de si en Guerrero podrían ocurrir ese tipo de acontecimientos luego de que varias organizaciones sociales respondieron al llamado del delegado Zero, Mazón opinó: “Probablemente haya algunos grupos infiltrados en causar algún problema al gobierno, quizá, no voy a asegurarlo, puede ser que haya algo”.
Dijo que siempre habrá quienes van a tratar de desestabilizar a un gobierno, estatal, municipal, “ya fui presidente municipal ya más o menos conozco, hay personas que siempre están buscando cómo crear conflictos a un gobierno; que es posible que anden una o dos personas pero no los grupos que hacen manifestaciones”.
Sin embargo, descartó que en los 50 días que faltan para la elección se presente “un conflicto gravísimo que pudiera afectarnos”.
