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Designar a un coronel en la FGE evidencia entrega de la seguridad a militares: activistas

Zacarias Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que el nombramiento del coronel Zipacná Jesús Torres Ojeda como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), evidencia que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda está sometida por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), y por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Agregó que ello es “un mal augurio” porque nuevamente habrá una descoordinación entre el gobierno del estado y la Fiscalía como la hubo con la ex fiscal, la teniente Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y lamentó que no se haya escuchado la opinión de los activistas sociales.
Por su parte, el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), exhortó al nuevo fiscal a que se conduzca con sensibilidad y perspectiva de derechos humanos “de acuerdo al contexto de cada caso, bajo los principios de eficacia, honradez, imparcialidad, objetividad, profesionalismo”.

Los militares no han dado resultados: Tlachinollan

Abel Barrera Hernández declaró por teléfono que a pesar de que ya se vio que los militares no dan resultados, como fue el caso de la ex fiscal Valdovinos Salmerón, “lamentablemente vemos que se sigue dejando que sean ellos, los militares, los que se encarguen de investigar los delitos”.
Indicó que estas decisiones están pensadas en un control de daños “y que la gobernadora se supedita a los dictados tanto del Ejército, que quiere tomar el control de las instituciones de seguridad y de investigación de los delitos, como del Ejecutivo Federal.
El defensor de derechos humanos expresó que ya se normalizó que el secretario de la Defensa, el general Cresencio Sandoval, tenga injerencia en los asuntos de índole civil y que sean ellos los que estén tomando el control de estas instancias “para mal, porque hubo por lo menos un tiempo de prueba y se debieron notar algunos cambios favorables, pero no los hubo”.
Barrera Hernández denunció que los mandos militares en las áreas de seguridad y justicia han dejado un gran rezago en las carpetas de investigación y un reclamo de las familias de las víctimas, “hay un déficit de procuración de justicia alarmante, hay un foco rojo en Guerrero”.
También criticó que no se esté atendiendo la opinión de quienes están cerca de la protección de los derechos humanos, de las víctimas y de las familias que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos, como son los organismos civiles, “aquí en Guerrero somos cero a la izquierda, no existimos como actores que tenemos un compromiso, una opinión, un diagnóstico de lo que es el problema grave de procuración de justicia y de la investigación de los delitos graves”.
Denunció que en la entidad no se atiende a la sociedad civil y a las organizaciones sociales, a las barras de abogados “y a todos los que estamos trabajando del lado de las víctimas, gana más la vía militar, la visión del Ejército, la perspectiva de la seguridad pensada en el control de las instituciones y se derrota a la vía civil y ciudadana, así como a la perspectiva de derechos humanos”.
Insistió que los mandos militares han dejado a la Fiscalía con un gran descrédito porque los trabajos de investigación no han podido revertir la impunidad que prevalece en la entidad.
“Han dejado a una institución cerrada, que no escucha a las víctimas, se actúa de manera déspota, poco sensible, sin ese sentido de respeto a la dignidad de quienes sufren las agresiones de parte de los perpetradores de los delitos.
Denunció que hay señalamientos contra personas tanto de la delincuencia como de grupos que tienen influencias, que son intocables “y que forman parte de estructuras que están intactas”.
Barrera Hernández, dijo que con los mandos militares se ha convertido a la Fiscalía en una institución que ha enfocado sus baterías contra los luchadores sociales, defensores, estudiantes y contra la población que protesta, “con ellos sí pone mucho empeño”.
Denunció que todos estos actores son monitoreados y son mal vistos y contra ellos focaliza sus investigaciones.
En cambio, hay un enorme rezago de carpetas de investigación y no se han judicializado a quienes han atentado contra la vida, como pasó con el estudiante de la normal de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta, “que hasta se les escapó el principal perpetrador”.
También dijo que es increíble que no se haya llevado a la justicia a los feminicidas, a pesar de que hay señalamientos directos y datos precisos de dónde se ubican y cómo actúan, “no hay una estrategia clara de cómo dar con el paradero de los responsables para ejercer las órdenes de aprehensión, todo que a medias”.
El director de Tlachinollan declaró que los mandos militares en las áreas civiles han dejado una gran deuda con el pueblo de Guerrero en cuanto a procuración de justicia.
“Por ello insistió que es un mal augurio que nuevamente se nombre a un militar, porque sabemos que no conoce el trabajo con víctimas, porque no solo se requiere tener algún título sobre derechos humanos, se necesita haber trabajado como defensor de derechos humanos, porque eso te da una perspectiva diferente de cómo atender los delitos graves y de alto impacto y como escuchar a las víctimas”.
Pero reprochó que lo que se ha visto hasta ahora con los militares en las áreas de seguridad y justicia es un desprecio a las víctimas, a las que se les vuelve a victimizar diciendo que por culpa de ellos tuvieron ese destino fatal, “se mancilla la memoria de las víctimas, por los mismos que investigan y las mismas autoridades hacen eso, en lugar de irse contra los perpetradores.

Espera el Centro Minerva Bello que el nuevo fiscal respete los derechos humanos

Por su parte, en un comunicado, el Centro Minerva Bello manifestó que “le preocupa la militarización de las instituciones encargadas de la procuración de seguridad y justicia.
Pero que aun así y ante los cambios y nombramientos en los órganos de procuración de justicia “somos respetuosos de ello, esperando que los cambios se acompañen con la sensibilidad, progresividad y respeto de los derechos humanos”.
Agregó que ante el nombramiento del coronel Torres Ojeda, como titular de la FGE, “le exhortamos para que se conduzca con sensibilidad y perspectiva de derechos humanos de acuerdo al contexto de cada caso, bajo los principios de eficacia, honradez, imparcialidad, objetividad, profesionalismo”.
Pidieron que su gestión frente a la institución investigadora, “procure la transparencia para con las víctimas en su proceso de investigación”.
Pidió que las funciones de investigar y perseguir el delito se acompañen con estrategias integrales, con personal especializado en materia, técnica, legal y científica, con la finalidad de que las victimas accedan a la verdad y a la justicia, garantizando el respeto a los derechos humanos y a la debida reparación integral del daño de víctimas y ofendidos.
“Como centro de derechos humanos nos mantendremos firmes en nuestra demanda de procuración de justicia efectiva”, anunció.
El organismo añadió que Torres Ojeda tiene una gran responsabilidad al asumir el compromiso “de esta alta encomienda y de rendir cuentas claras en los procesos de investigación que dejó su antecesora”.
El Centro Minerva Bello reiteró su compromiso con la agenda de derechos humanos, y advirtió que continuará alzando la voz y “monitoreando de cerca los procesos de investigación de las víctimas y familiares, exigiendo el cumplimiento de los estándares más altos en materia de derechos humanos”.

No se localiza a víctimas ni se reparan daños, reclaman familiares; piden reunión con AMLO

El dirigente de la OCSS, Hilario Mesino, comparte su testimonio de la represión que vivió su familia desde los años setentas. A la izquierda, Abel Barrera y Rocío Culebro Foto: Ramón Gracida Gómez

Ramón Gracida Gómez

Atoyac

Alrededor de 100 familiares de desaparecidos de la guerra sucia compartieron ayer su enojo y tristeza por la falta de resultados en la localización de sus familiares y en la reparación de daños, durante los Diálogos por la Verdad de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965-1990.
Relataron conmovidos hasta las lágrimas las vidas truncadas porque eran bebés o niños cuando sus padres fueron sustraídos por el Ejército y la pobreza que padecieron. Señalaron que los adultos mayores se están muriendo porque están enfermos y no reciben una buena atención a su salud, y exigieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que atienda sus demandas.
El comisionado del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad, Abel Barrera Hernández, indicó que Atoyac “es el corazón de la resistencia, de la digna rebeldía de hombres y mujeres del campo que alzaron su voz y empuñaron el arma para acabar con esos cacicazgos, para acabar con esa represión de un Ejército malhechor”.
Dijo que este municipio “tiene mucho que ver con esta nueva historia nacional y estatal de que en verdad haya justicia, de que en verdad se respeten los derechos humanos, de que en verdad haya castigo a los responsables, de que en verdad toda la política esté centrada en la atención digna a las víctimas”.
“Todavía no hemos podido que la agenda de ustedes como víctimas esté en el centro de la agenda pública, ha costado mucho trabajo, las inercias y los intereses económicos y de otra índole los han desplazado, los han relegado, han postergado sus demandas”.
Explicó que este evento de Diálogos por la Verdad se llevó a cabo en Atoyac porque muchos de los familiares de las comunidades no pudieron asistir al acto similar que tuvo lugar en Chilpancingo en diciembre de 2022.
Mencionó que las futuras recomendaciones y propuestas del Mecanismo para la Verdad tienen como fin “evidenciar que todavía se mantiene esta práctica de la impunidad, hay esa continuidad en las formas en como se sigue violentando los derechos humanos”.
“La misma militarización es preocupante porque se sigue vulnerando la dignidad de los ciudadanos y que, además, no está dando resultados por este ambiente de violencia y de inseguridad que prevalece aquí en Guerrero. Y siguen siendo los ciudadanos y ciudadanas de a pie los que están en la primera fila para poder denunciar las tropelías que siguen cometiendo autoridades civiles y militares”.
El oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Andrés Díaz, dijo que “reconocer los hechos por parte de las autoridades que violentaron derechos humanos es reconocer la propia historia” y esto es necesario para iniciar un “camino de justicia”.
Señaló que se sigue arrastrando la impunidad de las violaciones de los derechos humanos, pero la verdad y la memoria “son el camino para prevenir esas violaciones graves a los derechos humanos, esa verdad y esa memoria no es para arraigarse únicamente en la violencia, en una violencia continua”.
Indicó que el 2024 es crucial “para tener pasos hacia una justicia sanadora, una justicia que ayude a sanar estas heridas; y hacia una reparación del daño, pero que sea una reparación responsable”.
Dijo que estos Diálogos deben conducir “a una fase, a un lugar de no violencia en el país porque hoy en día, las condiciones no han cambiado mucho o se han transformado, pero no han dejado de ser violentas”.
Andrés Díaz aseveró que Atoyac “es un pueblo, una ciudad, una sociedad muy importante para la historia de este país y muy importante también para conocer y para entender las causas, la lucha, para entender también por qué se violentó tanto”.
La integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, Rocío Culebro Bahena, fungió como moderadora de los Diálogos, el último por la veda electoral y que se llevó a cabo en la Casa Jaguar, un salón abierto que está cerca de la Ciudad de los Servicios, sede del Ayuntamiento de Atoyac. Empezó a las 10 de la mañana, duró cinco horas y se escucharon más de 20 testimonios.
María Argüello Vázquez, esposa del desaparecido Prisciliano Medina Mojica e hija del también desaparecido Francisco Argüello, reivindicó su militancia guerrillera a los 16 años y demandó una ayuda económica porque todos sus compañeros no tienen atención de su salud, “están muriendo de viejos, de hambre, de enfermedades y no nos están dando resultados”.
El dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y hermano de Alberto Mesino, desaparecido el 18 de junio de 1974 en el ejido de Agua Fría, Hilario Mesino, reivindicó la lucha por sus familiares, “no vamos a claudicar mientras tengamos un soplo de vida”.
Recordó que su mamá luchó junto con Rosario Ibarra de Piedra por la presentación de su hijo y vendió “todo lo que teníamos, hasta las tierras, vendió las vacas, los burros, para ir a buscarlo a donde fuera”, les prometieron localizarlo, pero nunca sucedió y quedaron en la “miseria”.
Leonor Ruiz Serafín, hija de Juventino Ruiz Santiago, desaparecido el 16 de agosto de 1974 por militares en la comunidad de San Martín de las Flores y trasladado al cuartel militar del municipio. Su madre, ahora enferma, estaba embarazada del hermano de Leonor, quien dijo con voz cortada que su padre “era el sustento de la familia, nos quedamos desamparadas”.
Joel Chávez Díaz, hijo del desaparecido Artemio Chávez Villa en San Francisco del Tibor el 23 de octubre de 1974, empezó a trabajar desde los 7 años en el campo porque era el hijo mayor de cuatro y ninguno pudo terminar la primaria. “Nadie más que nosotros vamos a sentir ese dolor porque solamente nosotros lo vivimos”.
Cuestionó que López Obrador ya se va y viene otro gobierno, “¿y qué vamos a esperar o qué está esperando el gobierno? ¿Seguir engañándonos? ¿Seguir dándonos atole con el dedo? ¿Qué sigue después de hoy?”.
Rubén Rojas Dionisio, hermano de Israel Romero Dionisio, detenido en 1974 a los 14 años, propuso crear una comisión de familiares y con la ayuda de la Comisión de la Verdad, hablar con el mandatario federal, a quien apoyaron para que llegara la Presidencia y “es un buen presidente, pero le tiene miedo a los guachos porque ellos no se andan con jugadas. Van a dar un golpe de Estado si él no les abre la puerta a su gobierno”.
El integrante de la extinta Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad), Nicomedes Fuentes, secundó la propuesta de unir la lucha de las víctimas; el docente de la preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en Atoyac, Wilibardo Rojas, propuso acercar la información de la guerra sucia a los jóvenes; y la feminista Rosa María Gómez Saavedra planteó la necesidad de una clínica de salud mental en Atoyac para atender a las víctimas de la guerra sucia.
Abel Barrera se comprometió después de los testimonios a hacer llegar al subsecretario de Derechos Humanos la demanda de reunirse con el presidente de México, “no crean que tenemos acceso a las autoridades, eso es muy difícil”.

Retoman grupos de la delincuencia los vacíos de poder que deja la autoridad: Abel Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, opinó que es grave lo que pasó el lunes en Chilpancingo, cuando irrumpieron violentamente campesinos de varios municipios, porque indica que hay vacíos de poder que están retomado los grupos delincuenciales.
Entrevistado por teléfono, dijo que la frase de que “hay gobierno y gobernadora”, que viene diciendo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, es sólo para las redes sociales, porque en los hechos no están nutridas de resultados tangibles.
Abel Barrera declaró que los campesinos de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec han experimentado el racismo, el despotismo, la discriminación y la falta de obras públicas de parte de las autoridades, y ante la ausencia de éstas son presa fácil de los intereses de la delincuencia.
“Quiere decir que la gente está encontrando en otros actores la respuesta, la atención, el apoyo y el acompañamiento que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no les están dando”.
En contraparte, dijo, el gobierno está dilapidando dinero en gastos suntuosos en lugar de canalizarlos a los lugares más abandonados donde hay ausencia de obra pública, y todo eso ha colapsado el sistema político.
Alertó que después de que las comunidades irrumpieron el lunes en Chilpancingo, lo van a seguir haciendo con el apoyo de estos grupos porque hay un colapso del sistema político en el estado, “independientemente de qué partido sea, la gente, al final de cuentas, lo que quiere es que le resuelvan sus problemas, pero ya vio que no le está respondiendo ningún partido”.
Añadió que es evidente que el aparato burocrático sigue siendo el mismo elefante que no caminaba antes y que no funciona ahora “y esto está descomponiendo el escenario político en Guerrero, aparte de que hay impunidad, corrupción y no está funcionando el sistema de justicia como debería de ser”.
Explicó que en este panorama sombrío ahora “los grupos violentos” tienen atrapados a los pueblos aunque pongan en riesgo su vida y, sobre todo, el ejercicio público de las libertades y los derechos fundamentales.
Insistió que lo que se vio el lunes en Chilpancingo es que la gente busca canales de interlocución con las autoridades, porque en Guerrero hasta la fecha no los hay, o no son eficaces “ahora es más difícil tener acceso a una reunión con la gobernadora, también las reuniones con el secretario de Gobierno son muy complicadas y la gente tiene que recurrir a acciones como la del lunes.
“Aquí se atiende a las personas cuando se manifiestan públicamente, cuando visibilizan su caso, cuando bloquean la carretera día y noche, como pasa en la Montaña”.
En tanto que los funcionarios que se ofrecen al dialogo no tienen incidencia para resolver los problemas, “es decir, se aplica una política racista y discriminatoria, ese es el problema, hay un descuido total y la gente no encuentra interlocución”.
El director de Tlachinollan explicó que el respaldo que los pueblos dieron al grupo delictivo que los convocó el lunes, indica que estos grupos no sólo dan su dinero para subsidiar campañas, sino que al mismo tiempo trabaja con las comunidades para fortalecer su presencia y legitimidad en los gobiernos municipales.
“Ante la descomposición de la clase política, ahora hay una recomposición de actores de la delincuencia que está reposicionándose en estos territorios”.
Dijo que el control territorial que tienen esos grupos no sólo es tener gente que cuida entradas y salidas de los pueblos y los patrulla, sino que ahora es control poblacional, “tienen ascendencia en las comunidades y a través de su llamado a la comunidad se junta porque ya tienen alianzas, migas y empieza a haber una estructura, hay un consejo de autoridades, hay representantes, consejo de comisarios”.
Explicó que ya se empieza a ver una estructura en estas comunidades en relación a una agenda pública, que tiene que ver con los servicios básicos, con carreteras, “y tiene una implicación, hilos que son finos y cortantes que tienen que ver con los intereses de la delincuencia”.
Ante esta pérdida de poder del gobierno, Abel Barrera dijo que afirmaciones como la que hace la gobernadora de que “hay gobierno y gobernadora”, sólo son frases hechas para las redes sociales, “pero no son frases nutridas de resultados tangibles y programas concretos”.
“No vemos hasta la fecha un programa en el estado que demuestre que hay gobierno, no hay un modelo de seguridad que tome en cuenta a la población para que sea parte del proceso de seguridad ciudadana, los servicios públicos están colapsados, la atención a los colonos, a las madres de familia, a los colectivos de víctimas, a los estudiantes, a los normalistas, a los padres de familia que requieren maestros, ahí es donde vemos que no cuadra la frase con los hechos”.
Dijo que la gente quiere resultados, hechos, acciones, presupuesto, obras, “eso sí tendría sustancia y consistencia, pero una frase para las redes sociales queda, en los hechos, como una voz en el desierto”.

Abren un comedor la UPN y el INPI en Tlapa para becar a 78 universitarios de la Montaña

Antonia Ramírez Marcelino

Tlapa

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) abrieron un comedor universitario para becar con la alimentación a 78 estudiantes indígenas, provenientes de los municipios de la Montaña.
Explicaron que el comedor universitario llevará el nombre del docente y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, por ser el pionero y fundador de la carrera licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral, adscrito a la UPN-Ajusco de Ciudad de México.
La directora de la universidad, María Luisa Santiago Jiménez, dio la bienvenida a las autoridades presentes y dijo a los estudiantes que el comedor representa una oportunidad para que los jóvenes ya no se preocupen por lo que van a comer y que se dediquen a estudiar, porque el almuerzo y la comida ya estaba garantizada.
Dijo que el comedor llevará el nombre de Abel Barrera porque fue el proyecto original, es para reconocerlo como docente que ha contribuido con la educación y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, aunque en lo administrativo tuvieron que registrarlo como Códice Azoyú.
En su turno, Abel Barrera explicó que la licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral es un modelo educativo distinto y único al tecnológico o escuelas de media superior, como el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio (CBTIS) 178 o el Centro de Estudios de Bachillerato (Cbach) 7/2 Ignacio Comonfort Ríos, y la Preparatoria 11 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Porque es una escuela que educa a los futuros profesionistas y a valorar la sabiduría de sus ancestros, que el compromiso que tiene es regresar a sus comunidades para asesorarlos, para servir al pueblo, no para aprovecharse.
Recordó que para la aprobación de la universidad fue a base de una lucha que se hizo en conjunto con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), de marchar constantes para que les construyeran sus edificios.
Incluso hasta por recomendación del entonteces relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para los derechos humanos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en la UPN-Ajusco.
Dijo que la apertura del comedor lo estaban esperando desde hace dos años, porque se tiene garantizar la educación de los estudiantes indígenas.
Se quejó de que en este gobierno, de Evelyn Salgado Pineda, la UPN no ha recibido ni un centavo, no reciben por parte del estado ni un presupuesto, se ha ido sosteniendo con el pago de las inscripciones de los estudiantes.
La presidente estudiantil, Emilia Ramírez Luna, proveniente de la comunidad de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, dijo que ese apoyo les va servir mucho porque en su mayoría viene de pueblos que apenas les alcanza para pagar la rentas, que eso ayudará a que no deserten y culminen su carrera universitaria.
El delegado del INPI, Manuel Vázquez Quintero, explicó que las becas son para 78 estudiantes, pero el próximo año hará lo posible para incrementar para 100 becas, porque ya hay un expediente, siempre y cuando la escuela los renueve.
Agregó que el personal del INPI estará verificando que funcione y el recurso destinado sea para lo que es, con total transparencia.
Advirtió a los alumnos que si no cumplen con la normatividad ese comedor se puede mover a otra escuela. Los conminó a que lo aprovechen, para que las próximas generaciones puedan gozar de esos beneficios.
El evento se desarrolló en el auditorio del plantel y también estuvo el subsecretario de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Panfilo Sánchez Almazán, docentes y cerca de 80 alumnos.

Con el espionaje, el Ejército los hostiga, criminaliza, persigue y los pone en riesgo, dicen agraviados

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Dirigentes sociales y defensores de derechos humanos consideraron como espionaje el seguimiento que hace el Ejército a las organizaciones del movimiento social. Condenaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tolere y justifique como “inteligencia” el hostigamiento, criminalización y persecución al movimiento social.
También, consideraron que con ese espionaje se atenta contra la vida de los activistas, al colocarlos en un estado de vulnerabilidad y en riesgo de ser agredidos en un régimen militarizado, donde para el Ejército “su mayor enemigo” es el movimiento social.
Como informó El Sur, de acuerdo con documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que son parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, en los que se revela el seguimiento del Ejército a grupos de movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los personajes que destaca en los documentos filtrados son la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), así como los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.

Las políticas de constrainsurgencia, el origen del espionaje militar: Abel Barrera

Consultado al respecto vía telefónica, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lamentó que el papel desempeñado por el Ejército durante décadas sea de espionaje, dentro de políticas de contrainsurgencia que se instalaron en Guerrero y en el país, para proteger intereses políticos y económicos de la clase en el poder, y sobre todo para desmovilizar, desarticular y criminalizar al movimiento social, a los luchadores sociales, a defensores de derechos humanos, a periodistas críticos, lo que atenta contra el mismo Estado de derecho.
Sostuvo que con este espionaje se cataloga a sectores de la población trabajadora que lucha desde abajo y defiende sus derechos como enemigos del régimen, como personas incómodas o disruptoras que atentan contra la legalidad y la verdad. Afirmó que con esos documentos se observa a un Ejército que viola derechos humanos en un contexto donde aún no han rendido cuentas por los crímenes de la guerra sucia de los años 70 en Guerrero, cuando se instaló “la contrainsurgencia”, época en que se torturó, desapareció y ejecutó a líderes y activistas sociales con total impunidad.
Expuso que ahora esa actuación continúa y sigue reeditándose esa guerra sucia en trabajos de espionaje y de contrainsurgencia, para poner en el blanco o en la mirilla a activista sociales y defensores de derechos humanos, a quienes el Estado busca desactivar, contener, reprimir y “en ciertas circunstancias atentar contra la vida misma, como ha pasado con las ejecuciones de activistas, como ha pasado con las represiones”.
Consideró que las consecuencias de que el gobierno espíe a los defensores de derechos humanos mediante el Ejército, pone en riesgo su vida porque los coloca no sólo simbólicamente sino en términos reales como personas no gratas para el grupo en el poder, y una amenaza al status quo. Aseguró que vivimos en un régimen donde el Ejército está por encima del Estado de derecho y de las autoridades civiles, es decir, “es un régimen militarizado” que atenta contras los parámetros jurídicos que nos rigen como país.
Dijo que el espionaje “habla mal de un sistema democrático, porque en lugar de fortalecer las instituciones civiles y las instancias de seguridad civil, se está robusteciendo el poder militar”, y sostuvo que el seguimiento que hace el Ejército no es legítimo porque hay instituciones e instancias que se encargan de autorizar esas investigaciones, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes darían las órdenes para interceptar llamadas, por ello, señaló que el

Ejército no está por encima de las instancias civiles, y es lo que agrava la situación porque actúan como si fueran autónomos, como “un Estado dentro del Estado”.
Expuso que es grave que se catalogue como delincuentes a las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, al ser espiados se les compara como si fueran delincuentes, cuando su lucha es digna, pero se les coloca contra el paredón, “en verdad es muy grave en las circunstancias políticas que estamos viviendo cuando se le está dando todo el poder al Ejército”.
Exigió al presidente López Obrador que regrese a sus cuarteles a los militares, porque no pueden estar por encima de la Constitución y se deben apegar a las normas, “no puede seguir siendo el Ejército de los años 70, haciendo espionaje para reprimir, no puede catalogar a personas que están en la lucha social como si fueran delincuentes”.
Afirmó que el presidente de la República debe tomar en cuenta el reclamo de las víctimas, de las organizaciones sociales y civiles, de los organismos de derechos humanos; y aseveró que se debe replantear la política de seguridad, porque el Ejército en Tamaulipas ya ejecutó a cinco personas, y con el espionaje que se está haciendo desde 2019 “preocupa a la sociedad en general y a quienes nos sentimos agraviados por este espionaje”.

Una labor ideologizada: Vidulfo Rosales

El abogado también del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, comentó que el espionaje que hace el Ejército es un acto de criminalización, de persecución contra los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, que demuestra que tenemos un Ejército “con una mirada contrainsurgente, ideologizado, que toma posición política e ideológica que coloca como su mayor enemigo al movimiento social”.
Sostuvo que los informes dados a conocer por el grupo Guacamaya, ilustran que los militares están preocupados por la movilización social y no por la actividad delictiva, al no tener una radiografía de los grupos criminales que operan en el estado y de la violencia que despliegan. Mencionó que el 90 por ciento del espionaje que se realiza es contra los movimientos sociales.
Destacó que a pesar de que el presidente López Obrador es contrario a ese tipo de acciones, y de no reprimir y hostigar a los movimientos sociales, el Ejército hace lo contrario, lo que es tolerado por el mandatario, y resulta preocupante. Además, cuestionó que los datos que tiene la Sedena son torpes, imprecisos, subjetivos y genéricos, que además, se presentan como una verdad incuestionable.
De acuerdo con Rosales Sierra, las consecuencias de esta criminalización colocan en vulnerabilidad y en riesgo de ser agredidos a los que ejercen la defensa de los derechos humanos, “los enemigos históricos que tiene el movimiento social en Guerrero aprovechan estas circunstancias para agredirnos, golpearnos”.
Mencionó que este tipo de espionaje es lo mismo que ocurría en gobiernos pasados y lamentó que el actual gobierno lo tolere y lo justifique como “inteligencia”, cuestionó si “los defensores de derechos humanos y los movimientos sociales somos un riesgo o una amenaza”.
Aseguró que es injustificable lo que a todas luces es hostigamiento, criminalización y persecución por parte del Ejército, y exigió al presidente de la República que cese esa persecución al movimiento social y que los militares se dediquen a las tareas de seguridad nacional a las que los facultaron.

Infiltran movilizaciones: Héctor Torres

El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, opinó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene muy buenas ideas e intenciones, pero la gente que está trabajando o colaborando en su administración formó parte de otros partidos y hoy el espionaje es parte de sus prácticas para poder tener estabilidad como ellos quieren.
Sostuvo que la CETEG ha experimentado en diferentes momentos ese espionaje, especialmente en Chilpancingo, cuando en sus movilizaciones se filtran personas que venden cócteles, chicharrones o palomitas, pero que son parte de Gobernación y es gente que va a vigilar, aunado a las “intervención en nuestros teléfonos”, por ello se dijo poco sorprendido de que esta administración esté haciendo lo mismo mediante el Ejército.
Según Torres Solano, las consecuencias de esta persecución a los movimientos sociales que realiza el Ejército terminan con “abrir las carpetas de investigación y posteriormente liberar órdenes de aprensión (contra los líderes sociales o defensores de derechos humanos), para tener más evidencia, para saber y tener controlado al pueblo, lo están haciendo pues de esta forma (espiando)”.
Reprobó la acción de los militares y resaltó que el pueblo es obligado a movilizarse, a bloquear carreteras porque no lo estás atendiendo, “gobierne quien gobierne se tiene que defender la protesta, nosotros reprochamos y reprobamos rotundamente el actuar del Ejecutivo federal hacia todas las organizaciones que ha estado espiando”.
Exigió al mandatario federal que deje de perseguir a las organizaciones sociales, y ejemplificó que en su caso tiene una carpeta de investigación en su contra que lo obligó a ampararse, de lo contrario dijo, las organizaciones no permitirán “que sean atropellados más compañeros o estén hostigando a más compañeros” que podría provocar grandes movilizaciones.

En lugar de esclarecer el caso de los 43, se persigue a padres: Melitón Ortega

Otro de los perseguidos en los documentos de la Sedena, el vocero de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega, aseveró que hoy se mantiene al Ejército sobre los movimientos sociales en Guerrero y el país, y se busca desaparecer, encarcelar y terminar con ellos, consideró que es grave porque además no se han esclarecido muchas actuaciones del Ejército.
Lamentó la criminalización para con las madres y los padres de los 43, pues en el lugar de esclarecer los ataques y la desaparición de sus hijos se les persigue, y el propio Ejército no ha entregado evidencia y niega toda la información que han solicitado.
Opinó que las consecuencias de este espionaje, tarde o temprano terminará con una acción penal en contra de su movimiento o de los representantes, o incluso de los propios padres de familia, lo que consideró grave, para quienes dijo, solamente han luchado para exigir el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
Melitón Ortega manifestó que la “inteligencia militar” que argumenta el presidente de la República parece que busca acabar con la inconformidad, las protestas y todas las denuncias de los movimientos sociales, y recomendó que el gobierno federal debería enfocarse en los orígenes de los problemas o atacar las raíces de tanta violencia que hay en el país.

Buscan impunidad para militares marchas a favor del Ejército, advierte Abel Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, opinó que la “exaltación” del Ejército mexicano por parte de grupos de personas que se manifestaron en su favor el domingo pasado, busca impunidad.
En tanto, el presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, informó que esas movilizaciones son una reacción a las que han realizado los familiares de víctimas del Ejército que piden justicia por sus asesinados y desaparecidos durante la llamada Guerra sucia.
El representante de las víctimas añadió que esperan que no con ello se busque una salida para la impunidad de los militares responsables.
En entrevista por teléfono, Barrera explicó que las movilizaciones del domingo son parte de la postura que tiene el gobierno federal de “enaltecer al Ejército”, haciendo abstracción de la histórica y cruenta violencia que han vivido los guerrerenses por parte de las fuerzar armadas a través de las desapariciones forzadas, ejecuciones y torturas.
Añadió que ahora que los militares tienen facultades no sólo en tareas de seguridad pública, sino como un actor político, así como en obras emblemáticas “se le quiere colocar en un nicho, como un instituto inmaculado y sacarlo de la historia de las atrocidades que ha cometido”.
Para el defensor de derechos humanos, “existe una tendencia a querer glorificar al Ejército para irlo colocando como un actor político ante el debilitamiento de las instituciones del Estado, que, dijo, deben estar fuertes y debe haber una institucionalidad basada en el derecho, en la razón, y en el respeto a los derechos humanos, no tanto en la fuerza”.
Añadió que los militares siempre van a tratar como enemigos y adversarios a los ciudadanos porque están entrenado para vencer a quien considera su enemigo y usar la fuerza de forma letal, como ha pasado en los diferentes episodios en los que ha violentado los derechos humanos.
Barrera Hernández declaró que es preocupante que no se esté considerando esta naturaleza, “que define al Ejército como un actor armado del Estado y que está llamado a actuar en tiempos de defender a la patria, de proteger las fronteras y enfrentar las amenazas externas”
Sin embargo, insistió que ahora ha sido colocado para enfrentar al enemigo interno, “y, sobre todo, en Guerrero esta estrategia de contrainsurgencia que se sigue aplicando, el enemigo interno viene siendo el luchador social, el periodista crítico, el defensor de derechos humanos, los movimientos sociales y los movimientos de víctimas”.
Agregó que eso es así porque ese es el libreto de la guerra; “los planes de contrainsurgencia que se aplicaron y que se siguen reproduciendo a lo largo de los años, independientemente que sea guerra contra el narcotráfico, es una guerra al final de cuentas”.
Explicó que esto quiere decir que se cataloga al ciudadano como un peligro; “es como ver en quien protesta, en quien levanta la voz, como un adversario al que hay que contener, acallar y hasta aniquilar como ha pasado”.
Al respecto, Barrera Hernández opinó que estamos ante un escenario poco propicio para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, porque los vacíos de estas instituciones, ya sea la Fiscalía General, la
Secretaría de Seguridad Pública, los cargos estratégicos relacionados con el cuidado de las fronteras, aeropuertos o los programas del Bienestar, los están cubriendo las fuerzas armadas, sobre todo en los estados más vulnerables como Guerrero, “en detrimento de las instituciones y corporaciones civiles que deben fortalecerse”.
Barrera Hernández añadió que por ello ahora “hasta manifestaciones a favor del Ejército hay para pedir impunidad, para pedir que liberen a los militares que están siendo señalados como los que cometieron las ejecuciones en Tamaulipas”.
“Ahora estamos volviendo al pasado, en lugar de que los militares estén a disposición del Ministerio Público civil, están ante la Procuraduría de Justicia Militar y se supone que los cambios que se han dado en la Constitución son para proteger los derechos humanos de la población civil y juzgar a los militares en la jurisdicción civil.
Para Barrera Hernández esto es una situación que preocupa, “porque estamos en un ambiente de crispación social, de polarización política, y donde la tentación del uso de la fuerza está a la vuelta de la esquina, en el sentido de que la institucionalidad no está robusta en términos de que las autoridades civiles no están preparadas para hacer frente a grandes desafíos que existen en términos de seguridad, de paz, de justicia y verdad.
Insistió que hay un gran vacío y ese lo están cubriendo las fuerzas castrenses con su presencia, con sus acciones cruentas y “es un peligro para nuestro país desde la perspectiva de los derechos humanos”.

El Ejército se molesta con demandas de familias de víctimas

Octaviano Serrano, declaró por su parte que hay gente del Ejército que le molesta que los colectivos se manifiesten buscando justicia.
Recordó que en el caso de Guerrero, el 19 de febrero, Día del Ejército, se manifestaron para exigir justicia en favor de más de mil víctimas de desapariciones forzadas, asesinatos, tortura, personas encarceladas injustamente y víctimas de violaciones sexuales.
El representante de un grupo de víctimas de la Guerra sucia, añadió que no descarta que la movilización del domingo en defensa de los militares haya sido como reacción a las movilizaciones que han realizado las víctimas en los cuarteles desde el año pasado.
“Como que les molesta y se sienten mal que marchemos en contra del Ejército, como la protesta que realizamos el 19 de febrero para exigir justicia, cuando hasta nos pusieron enfrente a los antimotines, como si fuéramos delincuentes”.
Añadió que es esa la causa; “les molesta que uno marche, pero nuestra marcha es de exigencia de justicia”.

Datos sobre pobreza en Guerrero revelan el fracaso de programas sociales: Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que indican que en Guerrero el 66.4% de la población está en situación de pobreza y el 25.5 por ciento en pobreza extrema, se reflejan en el incremento de la migración en los últimos años en la Montaña y muestran que los programas sociales no han dado los resultados como se quisiera, declaró el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Dijo que por la falta de ingresos se ha incrementado mucho el número de familias que emigran a los campos agrícolas; “se ha jornalerizado mas la vida comunitaria porque la gente de las comunidades no encuentran una actividad económica que les permita sobrevivir durante todo el año en sus”, explicó el defensor de derechos humanos.
Afirmó que lo que producen no les alcanza porque en esa región, la mayoría son pequeños agricultores que no rebasan los tres cuartos de hectáreas para sembrar maíz, y cosechan 300 o 400 kilos, lo que es insuficiente para una familia de seis o siete miembros.
Además, explicó que no solamente tienen que consumir maíz y frijol, sino que tienen que consumir otros productos, por lo menos arroz, o algo de chile “y para eso tienen que acceder al mercado, pero los precios de la canasta básica se han duplicado y ya no les alcanza para comprar otros alimentos”, dijo.
Añadió que por ello, “necesariamente”, casi todas las familias se concierten en jornaleras porque ya no pueden completar sus gastos estando en sus comunidades.
Dijo que, sobre todo, porque ahora hay una nueva generación de matrimonios jóvenes que ya no tienen tierra para sembrar, y no aspiran a tener parcelas para sembrar dentro de su comunidad y únicamente les queda emigrar como jornaleros.

Jóvenes familias emigran a Nueva York

“Regularmente los jóvenes están buscando como conseguir 200 mil pesos para emigrar a Nueva York”, dijo el director de Tlachinollan, quien da acompañamiento a las comunidades indígenas de la Montaña.
Agregó que hay más de 15 mil jóvenes hombres y mujeres que están trabajando en Nueva York, o Nueva Jersey ya sea en el campo o en la ciudad como meseros o cocineros en los restaurantes “y son los que mandan regularmente cinco mil pesos al mes y ayudan a sostener a sus familias para la compra de medicinas, alimentos, ropa y gastos varios que tienen sus mamás y papas”.
Dijo que esto pasa porque los programas federales no están resolviendo el problema de la pobreza y que el que más les apoya es el de Sembrando Vida pero no todos están inclusos en ese programa porque necesitan ciertos requisitos, uno de ellos el número de hectáreas que deben tener para reforestar.
Explicó que en tanto que los programas más pequeños, como el de apoyo a la producción no rebasa los dos mil pesos al mes, tampoco son la panacea como se ha querido ver.
“Esto da pie a que aparezcan estas estadísticas (del Coneval) que muestran la radiografía y que indican que la pobreza no ha podido ser abatida como se quisiera”, que, más bien, la gente en la Montaña prefiere irse como jornaleros
Detalló que es la causa del incremento, pues Tlachinollan ha registrado hasta 22 mil personas que emigran cada año, cuando antes la cifra era de 10 mil, lo que indica que las cifras se han duplicado.
En verdad, en la Montaña los programas sociales no están siendo un espacio para encontrar mejores condiciones de vida, “al contrario, están convirtiendo un territorio donde la gente está siendo expulsada por falta de opciones productivas”.
Añadió que los programas federales a muchas familias no les llegan en la Montaña porque no están registradas, debido a que seis meses del año están fuera de su tierra y no los encuentran para incluirlos a las listas de beneficiarios.

La inflación diluye apoyos

Además, insistió que los resultados (de los programas sociales) son insuficientes, porque así como llega el apoyo para adultos mayores, por ejemplo, las medicinas, el huevo y todos los productos de la canasta básica se encarecen, “es decir, a pesar de que llega el apoyo, la gente sigue teniendo un déficit de sus ingresos, no les alcanza, porque se han duplicado los precios de la canasta básica”, por ejemplo, agregó que ahora el precio del huevo es ya inalcanzable para algunas familias.
Igual los precios de las medicinas “están incontrolables, diariamente suben, y lo que reciben los adultos mayores, por ejemplo, solo les alcanza para comprar su medicina, porque nadie les garantiza medicina gratuita, aquí, en la Montaña, el gran negocio de estos programas son para los consultaros médicos y las cadenas de farmacias porque la verdad son los que mejor venden, además de las tiendas Chedraui, ahí se va todo el dinero y no le alcanza para la gente”.
Detalló que al recibir los recursos de los programas, la gente ya no produce ni comercializa, “se conforman con el subsidio que les dan, pero este no le alcanza, es insuficiente porque todos los precios están caros y esto hace que el circulo de la pobreza siga reproduciendo más familias pobres y los hijos tengan que necesariamente buscar opciones y estas son, o la migración jornalera o la migración internacional.
“La gente está resolviendo el problema económico vía migración y son pocas gentes que dicen que con lo que llega de su pensión de adulto mayor, les alcanza siempre y cuando sea uno solo, “pero si tienes a la esposa o hijos, eso no alcanza”.
Insistió que ese es el problema, y que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se han incrementado los apoyos para los adultos, “hay una carrera con los precios y están ganando estos porque subieron el doble lo que hace que sean insuficientes los ingresos que llegan vía subsidios gubernamentales.
“Los programas sociales se han presentado como una panacea, pero en los hechos, para las familias no están siendo una solución al problema de la pobreza”.
Indicó que la prueba esta en las miles de familias que se van de jornaleras o de migrantes a Estados Unidos, y no dicen: “mejor me quedo a recibir el programa, porque saben que no les alcanza y mejor se van porque allá por lo menos les pagan un poquito más.

Quienes se quedan, sólo esperan remesas

Explicó que las familias que se quedan son las que de algún modo tienen asegurado el apoyo que les mandan sus hijos o familiares de Estados Unidos; “las que de algún modo tienen la remesa segura que son cinco o seis mil pesos que les llega mensualmente, con lo que más o menos la pasan”.
Agregó que otros que se quedan son los que trabajan como maestros, o los que tienen tienditas producto de los apoyos de la migración, o que tienen huertas de café e ingresos complementarios, “pero no estamos hablando de que viven desahogadamente, sino que apenas cruzan la raya de la sobrevivencia”.
Siguió: “Después de eso no hay más, porque el bosque o los bienes naturales son comunales y cuando llegan a vender madera, no pueden hacerlo individual, sino con las autoridades agrarias, que son las que hacen estas operaciones”.
Con respecto a los caminos artesanales, dijo que tampoco son una opción y hay quienes dicen que 200 pesos que les pagan al día no les resuelve el problema de la canasta básica, y que lo hacen más por compromiso comunitario, para tener un camino, pero no porque sea una opción para tener un ingreso adecuado.
Agregó que otro problema que vino a complicar la situación económica fue la disminución del precio de la amapola, que antes era un ingreso más pero ahora que ya no tiene precio, vino a generar una mayor crisis en los ingresos locales.

Se agrava la violencia ante el repliegue de las instituciones de seguridad: Tlachinollan

El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, habla en la presentación del informe 28 de Tlachinollan, ayer en Chilpancingo; lo acompañan el coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU, Alan García Campos y el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz Foto: El Sur

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó ayer su informe 28 títulado 43: El naufragio por la verdad, ante la presencia del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Guillermo Fernández Maldonado Castro, quien destacó la importancia del documento porque dijo que Tlachinollan “es uno de los organismos más importantes de derechos humanos en el país y un referente obligado en Guerrero”.
La presentación del texto fue en un salón Capri del hotel Paradise Inn de Chilpancingo, donde estuvieron representantes de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, colectivos, víctimas directas e indirectas de desapariciones, ejecuciones, y desplazamientos por la violencia en la entidad.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, expuso que este informe se presenta en medio del grave problema de la violencia e inseguridad que hay en el estado, así como el debilitamiento de las instituciones de seguridad, “por no decir repliegue”, que impide que se garantice seguridad a la población.
En las distintas intervenciones se denunció que el actual gobierno no ha roto el pacto de impunidad que hay con los grupos delictivos y se insistió en la colusión de las autoridades con el crimen organizado, situación que evidencia que “aquí no hay ley, porque el que manda es el crimen organizado”, dijo Diana Hernández, hija del asesinado luchador social, Ranferi Hernández Acevedo.
Estuvieron en el presídium Maldonado Castro; el coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado, Alan García Campos; el abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra; el dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, Marco Antonio Suástegui; la hija del luchador social asesinado, Ranferi Hernández, Diana Hernández; el presidente del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina; la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales; el representante de las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Mario García, un representante de ese plantel y una representante de jornaleros agrícolas.
Guillermo Fernández Maldonado, hizo una reseña de todos los temas que incluye el informe de Tlachinollan y elogió el trabajo realizado por el equipo del organismo.
“Pocas son las organizaciones de la sociedad civil en México que presentan año con año un informe de actividades” y dijo que este es sólo uno de los aspectos “positivos” que distingue a Tlachinollan.
Opinó que el informe “es una radiografía exhaustiva y comprometida con lo que acontece en Guerrero” y que Tlachinollan realiza una “infatigable labor de acompañamiento a las víctimas de las dolencias; a los pueblos indígenas, a las personas afromexicanas, a los jornaleros agrícolas, a las personas desaparecidas, a las mujeres discriminadas y a los demás grupos que viven una situación especial de vulnerabilidad”.
Agregó que el informe “desnuda las heridas abiertas provocadas por la violencia y el impacto desgarrador del accionar del crimen organizado, la colusión de la criminalidad de algunas autoridades, las consecuencias negativas de una estrategia errada de militarización de la seguridad pública, la expoliación de los recursos de las comunidades, la rapacidad de algunos proyectos, entre otras fuentes de violencia que corresponde al Estado atender como principal garante de los derechos humanos”.
Destacó que entre los temas resalta el caso Ayotzinapa; “la resistencia de las familias, su infatigable lucha por mantener viva la exigencia de justicia, su capacidad de movilización y de denuncia valiente y constante en distintos espacios públicos”.
Destacó la apuesta de los padres por mantener vivo el diálogo que permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables “de un acto de barbarie y ultrajante para la conciencia de toda la humanidad”.

Se disputan 22 grupos el control de los presupuestos municipales

En la presentación del informe, el director de Tlachinollan, Abel Barrera, habló de la violencia, de la grave criminalidad y de la crisis de seguridad que se vive en Guerrero.
Ante el representante del Alto Comisionado de la ONU, dijo que en Guerrero hay en las siete regiones más de 22 grupos de la delincuencia organizada que están usurpando el poder, en términos del control territorial y de su presencia en los poderes municipales, “donde les han cedido espacios y presupuesto los presidentes”.
Sintetizó: “Estamos ante una situación difícil”, y explicó que lo que está ocurriendo en las últimas semanas en la entidad ya no viene en el informe, “los grupos del crimen organizado están tomando el control de ciertos giros comerciales, como el gas en Zihuatanejo, los productos básicos en Atoyac, y en Tierra Caliente “varios presidentes municipales han cedido el control a la delincuencia organizada”.
“En la Tierra Caliente, el crimen organizado se están peleando los presupuestos para tener el control ante una población inerme”,
Dijo que San Miguel Totolapan es el caso más emblemático “de la impunidad y del poder impune del crimen organizado”.
También habló de Chilpancingo, donde, manifestó, hay una disputa desde hace varios meses entre los grupos de la delincuencia, igual que en Tierra Colorada, donde recientemente hubo un despliegue de la Guardia Nacional.
De Acapulco, informó que apenas el lunes le dijeron que “hay un gran número de grupos que se están disputando palmo a palmo las playas”.
Enseguida dijo que el informe de Tlachinollan es el “termómetro de un estado convulso”. Donde, añadió, por un lado hay una población que resiste bloqueando carreteras y calles para que las autoridades cumplan, “como está pasando con los colectivos de la guerra sucia que piden la reparación de daños y han ido hasta Palacio Nacional y no han sido atendidos”.
También mencionó la movilización del domingo cuando víctimas de las violaciones a los derechos humanos de la guerra sucia protestaron en las puertas de la 35 Zona Militar para exigir que abran los archivos, pero que la respuesta fue “desconcertante”; porque en lugar de acompañar a los colectivos, en su mayoría personas mayores, madres, hijas esposas, dentro de las instalaciones había policías antimotines para proteger las instalaciones.
Barrera se quejó: “vemos a una clase política distraída en otros asuntos, alejada de las demandas básicas. Han abandonado, sobre todo, a los sectores de la Montaña, de la Sierra, de la zona Centro, de los colonos, de la gente de Acapulco que exige lo básico; agua potable educación, salud, trabajo”.
Explicó que la gente se organiza para esas peticiones porque los programas federales son insuficientes, “el techo presupuestal que debe llegar a Guerrero es insuficiente, por eso los jóvenes se están yendo a Nueva York a trabajar, por eso las familias se están quedando abandonadas”.
Informó que más 22 mil jornaleras y jornaleros han salido de la Montaña y de la Costa Chica para ir a buscar trabajo a los campos agrícolas de Sinaloa en condiciones de semi esclavitud, sin ningún apoyo, porque no hay ningún programa para proteger a la población jornalera. “Hay un abandono institucional a los sectores más depauperados en nuestro estado”.
Habló, también, de la situación de las mujeres indígenas y no indígenas, que viven una situación grave; “se han incrementado los feminicidios, las muertes maternas en la Montaña, la violencia contra las niñas y el problema de la venta de niñas lamentablemente ha crecido por el abandono de las autoridades”.
Además, dijo que las madres solteras son víctimas de violencia y de discriminación en sus comunidades, pues no tienen trabajo, y no tienen acceso a la justicia porque se les estigmatiza y criminaliza.
Denunció que hay municipios como Cochoapa y Metlatónoc donde las mujeres que se atreven a solicitar el apoyo de las autoridades municipales las obligan a regresar con sus esposos después de que sufrieron violencia y, de paso, les cobran por el acta que levantan para supuestamente conciliarlos.
“No hay realmente una política gubernamental que este del lado de las mujeres protegiéndolas”, denunció Barrera Hernández.
Agregó que otro problema grave en Guerrero es el de los desplazados de los que hay alrededor de 22 mil personas que han abandonado sus comunidades por la violencia.
Mencionó el caso de los desplazados de Chichihualco de los que hubo una representación, dijo que han resistido porque se han organizado y han tenido que ir a Palacio Nacional y a Gobernación para hacerse visibles pero que el Senado no ha intervenido para que haya una ley que los proteja.
“En Guerrero el problema de los desplazados es un foco rojo”, y que por eso vino la relatora el año pasado para verificar y constar el problema.
Vidulfo Rosales, por su parte, expresó que en un gobierno democrático la primera tarea que debería hacer es establecer una agenda clara para dar respuesta al problema de la violencia, y las ejecuciones de los defensores de derechos humanos; “hubo decenas tan solo en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero”.
Explicó que si bien no ocurrieron en este gobierno, “el actual tendría la responsabilidad de retomar el problema de los asesinatos de los defensores para su esclarecimiento y justicia, pero no estamos teniendo absolutamente nada, no hay la mínima preocupación”, denunció.
Reprochó que no se ven acciones concretas en términos de justicia para los defensores asesinados.
Y se preguntó: “qué está haciendo este gobierno, cuál es la agenda que está trazando, cuáles son las primeras acciones tendientes a resolver el problema de violencia. Nada, sólo pasarelas, frivolidades, acciones fatuas y no se está tocando la grave problemática que estamos viviendo en materia de derechos humanos.
El momento más sensible se percibió cuando habló el dirigente del Cecop, Marco Antonio Suastegui.
“Llévese este informe y su contenido, lleno de dolor y de sufrimiento, pero también lleno de esperanza. Para nosotros; las víctimas indirectas y directas es muy difícil poder leerlo y adéntranos, porque lo que ahí está escrito es lo que estamos viviendo los familiares de desplazados, de desaparecidos, de asesinados, de encarcelados, de perseguidos. La realidad en Guerrero es muy cruda”, le dijo al representante del Alto Comisionado.
Con largas pausas, voz quebrada y con ojos húmedos, habló de la desaparición de su hermano Vicente y de la negligencia de las autoridades para atender el caso. Mencionó que hay cuatro detenidos pero no por la intervención de las autoridades, sino por la presión de los familiares “con el riesgo de nuestras propias vidas para perseguir a estos criminales que hoy están coludidos con el Ejército y la Marina”.
Denunció que el mismo gobierno le está dando entrada a los grupos de la delincuencia en la zona de Cacahuatepec porque para las autoridades del pasado y actuales representa un gran negocio.
“Nada ha cambiado, al contrario, las cosas siguen empeorando”, denunció.

Imposible, la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, resuelve otro tribunal

Es imposible crear la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, resuelve magistrado federal

Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la PGR

Agencia Reforma

Ciudad de México

Un magistrado federal resolvió ayer que es jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar, de nueva cuenta, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordeno la Constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala) y las facultades concedidas en la investigación de delitos a dicha comisión”, se lee en el acuerdo del tribunal unitario.
Lo anterior, en el amparo 121/2015 promovido por Patricio Reyes Landa, El Pato, uno de los presuntos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos procesados por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
La sentencia dictada por Pérez García puede ser impugnada mediante un recurso de inconformidad, que según el artículo 203 de la Ley de Amparo toca resolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El plazo para la inconformidad es de 15 días hábiles y podría ser promovida por abogados de Reyes Landa, si es que tienen interés en que se integre la Comisión, o por familiares de las víctimas.
Pérez García, un veterano de 24 años como juzgador federal no publicó su sentencia, pero la PGR y la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia habían advertido que las instrucciones del tribunal colegiado violan el artículo 102 de la Constitución, que reserva al Ministerio Público (MP) la facultad de investigar los delitos.
Lo anterior, ya que la Comisión de la Verdad y la Justicia estaría encabezada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que decidirían las líneas de investigación, con los agentes del MP y peritos de la PGR como meros auxiliares, debido a que consideró que esa autoridad no es imparcial.
Cuando la PGR presentó los incidentes de imposibilidad de cumplimiento la CNDH se sumó a ellos, pues el ombudsman tampoco está facultado constitucionalmente para indagar delitos y presentar acusaciones penales.
Las sentencias del tribunal colegiado son inusuales porque los amparos, de integrantes de Guerreros Unidos, sólo fueron promovidos para impugnar autos de formal prisión que se les dictaron por delincuencia organizada.
Pero los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Carlos Gálvez Sánchez y Juan Antonio Trejo fueron mucho más allá de la revisión de los autos de prisión, al desconocer toda la investigación de la PGR, ordenar la Comisión de la Verdad y girar instrucciones a múltiples dependencias del Ejecutivo y Legislativo que no fueron parte de los juicios.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación el presidente Luis María Aguilar dictó el 9 de julio un acuerdo en el que advirtió que, ante un eventual incumplimiento de las autoridades, los ministros estarían en posibilidad de revisar “qué consideraciones de la parte decisoria de una sentencia de amparo no son congruentes con la litis planteada, y no deben tomarse en cuenta para decidir sobre su debido cumplimiento”.

Impugnarán padres de los 43 la resolución; la decisión final será de la Suprema Corte: ONG

Las organizaciones que acompañan a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 impugnarán la resolución de un magistrado federal, que consideró jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad para investigar los ataques ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.
En un comunicado, Serapaz, Tlachinollan, Fundar y el Centro Prodh lamentaron la decisión del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial con sede en Reynosa, Tamaulipas, a cargo de Sabino Pérez García.
El magistrado declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR) que considera que no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“La decisión del magistrado Sabino Pérez García no es la última palabra, pues corresponderá a la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) pronunciarse en definitiva sobre la cuestión”, dicen las organizaciones, adelantando que impugnarán la resolución.
“La SCJN debe tener una aproximación imparcial del caso y sería en extremo preocupante que se alinee al ilegal proceder del gobierno federal en el caso Ayotzinapa”, agregó.
Para las organizaciones la decisión del magistrado lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso, la cual se había recuperado con la sentencia del Tribunal Colegiado.
“El acuerdo publicado el día de hoy (ayer) muestra que aún tenemos en México un poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder”, advierten.
También consideran que la negativa a la creación de la Comisión de la Verdad responde a una “acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto”, que interpuso más de 100 recursos y escritos jurídicos, “presentados por la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Federal e incluso la Cámara de Diputados”, plantean.
“Es decir, toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático”.
La respuesta de las organizaciones se da aunque la resolución no ha sido notificada a las víctimas. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Se utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso Ayotzinapa no se investigue: Abel Barrera

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que la resolución de un tribunal de Tamaulipas que declara la imposibilidad jurídica para la integración de una Comisión de la Verdad que investigue el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, confirma que el Ejecutivo federal utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso no se investigue, se aclare y mucho menos que se haga justicia.
Sin embargo, añadió que espera que la decisión final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revierta la resolución del magistrado Sabino Pérez García.
El magistrado Pérez García, del Tercer Tribunal Unitario de Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera que no puede cumplir la orden de crear la comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Consultado al término de la conferencia de prensa en la que organismos de derechos humanos pidieron que se confirme la sentencia que emitió el Juzgado Séptimo de Distrito en contra de dos de los militares que violaron a la indígena me phaa en 2002, Valentina Rosendo Cantú, luego de que estos apelaron la resolución de la juez, Barrera Hernández dijo que el magistrado Pérez García cedió a la presión del gobierno federal para proteger a los perpetradores.
“Lamentablemente no preveíamos este escenario y ahora resulta que el Tercer Tribunal Unitario se sometió a la presión del gobierno federal”, dijo el director de Tlachinollan, organismo que ha dado acompañamiento legal al caso de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala.
Dijo que tienen conocimiento de que se interpusieron más de 100 recursos de la presidencia de la República, de la Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal y de la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que ese Tribunal declarara la imposibilidad jurídica de crear la Comisión de la Verdad.
“Toda la fuerza del Estado se volcó, no para la búsqueda de los estudiantes como lo piden los papás de los desaparecidos, sino lo inédito y lo deleznable es que se juntaron todos para combatir la sentencia que había sido calificada como innovadora por parte del tribunal que asumió a cabalidad su función”, dijo.
Abel Barrera dijo que no es la última palabra la del magistrado, “nosotros consideramos que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que debe tener una postura imparcial del caso, y esperemos que sea la que dé su veredicto final y que se ajuste a las normas internacionales, “y tome en cuenta la sentencia tan valiente del Tribunal Colegiado”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Hay una decisión política para no resolver el caso Ayotzinapa: Amnistía Internacional

Las acciones jurídicas emprendidas por el gobierno federal contra la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa demuestran que existe una decisión política para no resolver el caso, consideró la organización Amnistía Internacional (AI).
Hoy al resolver un recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR), el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, resolvió que es jurídicamente imposible cumplir la sentencia que ordenaba crear la comisión.
Para Erika Guevara, directora para las américas de Amnistía Internacional, el gobierno federal ha hecho todo lo posible para impedir la creación de esa comisión.
“El gobierno tomó más de 100 acciones legales distintas ante los tribunales para impedir que se cumpliera esta resolución judicial”, comentó en un comunicado.
“Esto muestra que hay una decisión política de ocultar la verdad sobre la suerte de los 43 estudiantes”, señala.
Guevara menciona que el tribunal colegiado que ordenó la creación de la comisión consideró que esa era la única forma de salvar una investigación plagada de irregularidades y pruebas fabricadas.
“El gobierno debe de dejar de oponerse a la comisión de investigación especial y dedicar sus recursos y esfuerzos para cumplir adecuadamente esta medida”, llama. (Agencia Reforma / Ciudad de México).