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Señala el director de Tlachinollan lentitud en la investigación del asesinato de Suástegui

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A un mes de la muerte del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, las investigaciones transcurren lentas y la Fiscalía General del Estado (FGE) está más a la expectativa de lo que la familia pueda aportar, que en ahondar en las líneas de investigación, informó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
“Vemos que todavía no logra (la FGE) allegarse de mayores pruebas para impulsar las líneas de investigación que se tienen como hipótesis”, indicó el director del organismo que da acompañamiento a la familia del dirigente social asesinado.
El 25 de mayo se cumplió un mes de la muerte de Suástegui Muñoz derivado del ataque a balazos que sufrió el 18 de mayo en la playa Icacos donde resultó herido.
Consultado por teléfono, Barrera Hernández informó que la agresión que sufrió el activista fue básicamente por su trabajo como defensor de la tierra y del río Papagayo y habló de las líneas que deben seguirse.
Recordó que el ahora finado tenía una clara postura en favor de la protección de los terrenos comunales de Cacahuatepec, donde se confrontó con empresarios gravilleros del río Papagayo que se han instalado de manera ilegal y contra quienes peleó todo el tiempo Suástegui Muñoz para que se respetaran los bienes comunales.
Dijo que, sin embargo, “pesan más los intereses económicos pues los gravilleros siguen encorralando los terrenos para seguir dragando el río y explotando los recursos pétreos”.
Propuso que ésta sea una línea de investigación por la confrontación que tuvo con los empresarios gravilleros y los grupos políticos locales con los que estaban coludidos.
Añadió que también se debe revisar la colusión que hay de estos grupos (de gravilleros y políticos) con el crimen organizado, “es decir, no hablamos solamente de un actor sino de un conjunto de actores que tienen intereses económicos, delincuenciales y políticos que se han mezclado en esta región del río Papagayo y de Acapulco”.
Otra de las líneas, agregó, es su lucha que dio por el reordenamiento de las playas para que quedaran en manos de los trabajadores y prestadores de servicios que son gente de las colonias y que han trabajado por muchos años en las playas.
En este caso dijo que también afectó intereses “de otra índole en términos económicos porque de lo que se busca es afianzar un proyecto que reordene el paisaje de las playas pero también que asegure el trabajo de los prestadores de servicios con permisos como los tenía Marco Antonio.
Abel agregó que esta línea también tiene que investigarse porque hubo varias ocasiones que llegaron a amenazarlo o a quitarlo del lugar donde estaba y en una ocasión lo siguieron en una motocicleta y él mismo vio que eran personas que iban a agredirlo.
Otro asunto que también debe ser línea de investigación, agregó el activista de derechos humanos, fueron las denuncias, protestas y señalamientos que hizo por la desaparición de su hermano Vicente.
“Yo creo que todos estos elementos relacionados con el trabajo de Marco como defensor comunitario, deben de tomarse en cuenta en la investigación”, y pidió que la FGE analice todas estas líneas que el defensor dejó en la entrevista que le hicieron en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para evaluar las medidas cautelaras que solicitó en febrero pasado.
Barrera Hernández declaró que por las actividades que llevó a cabo el dirigente del Cecop hubo varios incidentes y amenazas en su contra “y podemos decir que todos fueron porque estaba defendiendo las playas para los trabajadores y las tierras para los campesinos y comuneros”.
Añadió que espera que la FGE haya abundado en las indagatorias relacionados con cuando menos estas tres líneas, “porque si no hay nada sería muy lamentable que a 30 días del asesinato de Marco la Fiscalía esté todavía con nulos avances y hablaría de la ineficacia del sistema de administración de justicia, de la lentitud y el burocratismo con lo que se mueve, así como del desinterés que hay por esclarecer los crímenes, sobre todo cuando hablamos de defensores comunitarios”.
El director de Tlachinollan denunció que al parecer el avance de las investigaciones es lento y no se ve que sea expedita o inmediata como para que la familia de Marco Antonio sienta que hay protección y compromiso.
Añadió que si sigue esa inercia será lamentable porque las investigaciones para que tengan resultados necesitan acciones inmediatas para allegarse de pruebas de lo que más se pueda tener del lugar donde sucedieron los hechos, “porque si no, en la medida de que transcurre el tiempo se diluyen las pruebas y los testimonios porque se pierden muchos datos que son definitivos para ubicar al o a los responsables”.

Informe confirma la ineficacia de los militares en tareas de seguridad, señalan defensores

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La militarización en las áreas de seguridad no ha dado resultados porque no están preparados para ello; sólo resguardan a las instituciones del Estado y a sus funcionarios, así como a las empresas extractivitas extranjeras. Además, están infiltrados por el crimen organizado, opinaron por separado el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández, y la directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra.
El martes se dio a conocer el reporte de México Evalúa denominado: La otra militarización: Fuerzas Armadas al frente de instituciones estatales de seguridad pública en México, 2011- 2024 que indica que la designación de miembros del Ejército o la Marina como secretarios de seguridad pública en diversos estados del país no ha garantizado la contención de la violencia.
El mismo estudio revela que Guerrero es uno de los estados en los que más ha predominado el nombramiento de militares como secretarios de seguridad pública.
Consultado por teléfono, el director de Tlachinollan, Barrera Hernández, declaró que los militares no dan resultados debido a que no están preparados para dar seguridad a la población, sino que tienen más preparación contra la insurgencia, a pesar de que en el actual gobierno se diga lo contrario.
Explicó que los militares y los marinos, ven a los ciudadanos como a un enemigo al que hay que combatir y vencer y no al que hay que cuidar.
“El problema está en que a los militares y a los marinos, los han formado en la escuela de la contrainsurgencia, a pesar de que se diga que ya es otro Ejército, sin embargo la formación que han tenido desde hace décadas y sobre todo la perspectiva que se han formado es de que el ciudadano es un peligro, es un enemigo, es un adversario”, indicó Barrera Hernández, quien ha dado seguimiento al problema de la violencia en la entidad.
Además, indicó que los militares y marinos creen que su obligación y responsabilidad es resguardar a los funcionarios y no a la población.
“Tienen otra perspectiva, suponen que no están obligados a proteger a la población, a los ciudadanos comunes, sino que su papel es la vigilancia de la gente que representa al gobierno al que pertenecen”.
En su opinión, se debe fortalecer a las policías estatales y locales para garantizar la seguridad de la población, porque son los que conocen el territorio, las calles, las zonas donde operan los grupos criminales, a los que conocen y saben quiénes son.
Reconoció que las policías también están corrompidas y vinculadas con los grupos delictivos, “pero ello no quiere decir que la solución es el Ejército o la Marina, sino que se debe buscar una solución a este problema, y la solución no es militarizando las áreas de seguridad pública”, indicó.
En su opinión, el reporte de México Evalúa comprueba el fracaso de la política militarista de este gobierno y es un indicativo de que debe dar marcha atrás para atender y resolver el problema de la violencia.

Los militares, vinculados al crimen

Teodomira Rosales Sierra dijo que se ha constatado que en las zonas militarizadas es más alta la violencia “porque los militares están vinculados con el crimen organizado”.
Explicó que el plan militarista del presidente Andrés Manuel López Obrador para resolver el problema de la violencia y la inseguridad en el país “es un plan fallido”.
Destacó que el ejemplo es Guerrero, donde aunque está lleno de militares es una de las entidades donde la violencia no cesa y, por el contrario, va en aumento; “todos los días hay homicidios, feminicidios, desaparecidos, el reclutamiento de jóvenes por los grupos delictivos está a flor de piel. Además de que se incrementaron los secuestros y la extorsión”.
La activista reprochó: “¿De qué nos ha servido tanta inteligencia, si casi en las puertas de las casas donde hay militares están asesinando?. Por eso, insisto, el de López Obrador es un plan fallido”.
Rosales Sierra lamentó que el presidente haya destinado muchos recursos para militarizar el país, supuestamente con la intención de resolver el problema de la violencia y la inseguridad y no haya servido de nada.
“La verdad es una lástima que ese dinero que se ha destinado a los militares solamente se esté tirando prácticamente a la basura, puesto que no se ve que repercuta en la solución de la inseguridad”.
Recordó que desde el inicio del actual sexenio de López Obrador los organismos de derechos humanos se manifestaron en contra de militarizar la seguridad pública y que propusieron que se hiciera una depuración de las policías estatales y municipales, además de fortalecerlas y reforzarlas.
Recordó que también rechazaron que se colocaran militares en la Fiscalía General del Estado (FGE), y, en todo caso, colocar como titulares a civiles, además de hacer una limpia general del personal.
Porque dijo que también ahí hay vínculos de funcionarios con el crimen organizado y por eso no se investigan los delitos y muchos casos quedan en la impunidad, “entonces si no cambian esas piezas que están mal van a contagiar a las demás”.
De acuerdo a la directora del Centro Morelos, la pandemia del Covid “fue un buen pretexto” para el actual gobierno para que se ampliaran los territorios que controlan los grupos criminales, a pesar de la militarización.
“En Guerrero hay amplias zonas como la Sierra y la Montaña, donde antes de la pandemia no había grupos criminales pero ahora se fortalecieron y la violencia está altísima”.
Dijo que a pesar de que los resultados de los militares y la Guardia Nacional han sido nulos, el presidente “ha predicado” en el extranjero de que los militares y la Guardia Nacional están limpiando el país de los grupos criminales, “que están haciendo un buen trabajo, que hay disminución de delitos, que se respetan los derechos humanos y que hay garantías de seguridad para los ciudadanos, cuando eso es mentira”.
Explicó que hay países y empresas extranjeras que aportan recursos para combatir la inseguridad y la violencia en México, sobre todo en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas y en donde López Obrador entregó la seguridad a los militares.
Añadió que lo lamentable es que en amplias zonas de esos estados por la violencia no se está garantizando los derechos de la gente. Tampoco se les garantiza el derecho a la salud.
Añadió que el presidente está asegurando en el extranjero que los militares dan resultados, “cuando es todo lo contrario, Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los estados con más violencia provocada por el crimen organizado”.
Explicó que la falta de resultados de los militares es porque están infiltrados por los grupos delictivos y sólo resguardan los bienes del Estado, a funcionarios y a las empresas, pero dejan vulnerables a la mayoría de los ciudadanos.

Nadie atiende a las familias indígenas que ya van hacia el norte, reclama Abel Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, reclamó la ayuda de las autoridades de los tres órdenes de gobierno a las familias indígenas jornaleras, que comenzaron a salir sin el apoyo ni la vigilancia por parte del gobierno.
Durante el programa La Palabra que Ayuda, que transmite Tlachinollan todos los miércoles, Barrera Hernández dijo que es preocupante la situación de las familias migrantes, que salen a trabajar a los campos agrícolas de los estados del norte del país.
Informó que unas mil personas, entre niños, hombres y mujeres mayores, están saliendo de los municipios más pobres de la Montaña, como Cochoapa, Metlatónoc, Alcozauca, Copanatoyac, Acatepec y Tlacoapa, para trabajar a los campos agrícolas.
“Familias enteras se van por un mes, dos o tres meses, dependiendo de su situación, y tienen que pagar el autobús y no les dan boletos. Si hay un accidente o se descompone, nadie responde por ellos, vemos que las autoridades no monitorean cómo salen estas familias”, denunció.
Agregó que tampoco hay médicos y enfermeras que los atiendan, sobre todo a los niños que se van.
Informó que Tlachinollan documentó que sólo en mayo salieron 411 niños indígenas, sin que se verificara cómo estaban en cuanto a su estado de salud.
De acuerdo con el activista en materia de derechos humanos, hay una total falta de coordinación por parte de las autoridades, “nadie se responsabiliza de la seguridad, de la vida, de proteger los derechos laborales de las familias que se van en total indefensión”.
Barrera Hernández consideró que es muy importante que se atienda a este sector de la población.
Indicó que en estos días empieza a crecer el número de las familias migrantes, que tan sólo este miécoles había 90 personas en el Consejo de Jornaleros Agrícolas de Tlapa, que esperaban salir a los campos agrícolas. Contó que salieron dos autobuses llenos de jornaleros.
“Podemos decir que diariamente salen de uno a dos camiones diarios con indígenas, en su mayoría pobres, que no saben leer, con sus niños; o madres soleteras, que se van a los campos agrícolas con sus hijos”.
El director de Tlachinollan insistió en que estas familias se van totalmente abandonadas, ante la falta de oportunidades en sus comunidades, “hemos insistido que tiene que haber una política pública que atienda a la población jornalera”.
Indicó que la población jornalera no solamente es pobre, como hay muchas familias en la Montaña, sino que no tienen tierras, “son familias que no tienen vivienda, es decir, son los pobres de entre los pobres, que salen de los municipios más pobres, donde se dan los matrimonios infantiles porque siguen abandonadas las niñas y los niños”.
Indicó que en estos municipios siguen los matrimonios forzados porque no hay autoridad que atienda el problema, debido a que todos los funcionarios están en Chilpancingo, desde donde quieren resolver los asuntos, “en verdad, es algo muy grave”.
Barrera Hernández denunció que a pesar de que se supone hay un equipo gubernamental para atender los casos de mujeres indígenas en la región, “vemos que las autoridades relacionadas con estos temas, como la Secretaría de la Mujer, no tienen presencia importante en esa región para protegerlas”.
Informó que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña se siguen documentando casos de violencia, de matrimonios forzados o de mujeres que temen agresiones, así como feminicidios, por la violencia que se ejerce contra ellas.
“Vemos que no hay ningún programa que se avoque a atender los casos, sobre todo en las comunidades donde hay más violencia, donde siguen los matrimonios forzados. Todo se quiere hacer desde la capital del estado, desde las cabeceras municipales. Todo el mundo delega funciones a empleados menores, para que hagan el trabajo en terreno, en fin, está muy burocratizado el trabajo”.
Explicó que en estas condiciones, lo que ha dicho la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de que Guerrero es un santuario para las mujeres, “en realidad está muy lejos de ese sueño. En verdad, las mujeres viven una prisión en sus casas y comunidades por toda esta violencia que viven”.
El defensor de derechos humanos opinó que es urgente la atención de las niñas, sobre todo en la comunidad Joya Real, municipio de Cochoapa, y en todas las comunidades donde hay niñas que no estudian, que se están yendo trabajar a los campos agrícolas, “sus padres están pensando en que, las que lograron terminar la primaria, se casen”.
Barrera Hernández expuso que tiene que haber alertas para la niñez indígena, pero que el problema no se está atendiendo como debiera ser.

Designar a un coronel en la FGE evidencia entrega de la seguridad a militares: activistas

Zacarias Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que el nombramiento del coronel Zipacná Jesús Torres Ojeda como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), evidencia que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda está sometida por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), y por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Agregó que ello es “un mal augurio” porque nuevamente habrá una descoordinación entre el gobierno del estado y la Fiscalía como la hubo con la ex fiscal, la teniente Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y lamentó que no se haya escuchado la opinión de los activistas sociales.
Por su parte, el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), exhortó al nuevo fiscal a que se conduzca con sensibilidad y perspectiva de derechos humanos “de acuerdo al contexto de cada caso, bajo los principios de eficacia, honradez, imparcialidad, objetividad, profesionalismo”.

Los militares no han dado resultados: Tlachinollan

Abel Barrera Hernández declaró por teléfono que a pesar de que ya se vio que los militares no dan resultados, como fue el caso de la ex fiscal Valdovinos Salmerón, “lamentablemente vemos que se sigue dejando que sean ellos, los militares, los que se encarguen de investigar los delitos”.
Indicó que estas decisiones están pensadas en un control de daños “y que la gobernadora se supedita a los dictados tanto del Ejército, que quiere tomar el control de las instituciones de seguridad y de investigación de los delitos, como del Ejecutivo Federal.
El defensor de derechos humanos expresó que ya se normalizó que el secretario de la Defensa, el general Cresencio Sandoval, tenga injerencia en los asuntos de índole civil y que sean ellos los que estén tomando el control de estas instancias “para mal, porque hubo por lo menos un tiempo de prueba y se debieron notar algunos cambios favorables, pero no los hubo”.
Barrera Hernández denunció que los mandos militares en las áreas de seguridad y justicia han dejado un gran rezago en las carpetas de investigación y un reclamo de las familias de las víctimas, “hay un déficit de procuración de justicia alarmante, hay un foco rojo en Guerrero”.
También criticó que no se esté atendiendo la opinión de quienes están cerca de la protección de los derechos humanos, de las víctimas y de las familias que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos, como son los organismos civiles, “aquí en Guerrero somos cero a la izquierda, no existimos como actores que tenemos un compromiso, una opinión, un diagnóstico de lo que es el problema grave de procuración de justicia y de la investigación de los delitos graves”.
Denunció que en la entidad no se atiende a la sociedad civil y a las organizaciones sociales, a las barras de abogados “y a todos los que estamos trabajando del lado de las víctimas, gana más la vía militar, la visión del Ejército, la perspectiva de la seguridad pensada en el control de las instituciones y se derrota a la vía civil y ciudadana, así como a la perspectiva de derechos humanos”.
Insistió que los mandos militares han dejado a la Fiscalía con un gran descrédito porque los trabajos de investigación no han podido revertir la impunidad que prevalece en la entidad.
“Han dejado a una institución cerrada, que no escucha a las víctimas, se actúa de manera déspota, poco sensible, sin ese sentido de respeto a la dignidad de quienes sufren las agresiones de parte de los perpetradores de los delitos.
Denunció que hay señalamientos contra personas tanto de la delincuencia como de grupos que tienen influencias, que son intocables “y que forman parte de estructuras que están intactas”.
Barrera Hernández, dijo que con los mandos militares se ha convertido a la Fiscalía en una institución que ha enfocado sus baterías contra los luchadores sociales, defensores, estudiantes y contra la población que protesta, “con ellos sí pone mucho empeño”.
Denunció que todos estos actores son monitoreados y son mal vistos y contra ellos focaliza sus investigaciones.
En cambio, hay un enorme rezago de carpetas de investigación y no se han judicializado a quienes han atentado contra la vida, como pasó con el estudiante de la normal de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta, “que hasta se les escapó el principal perpetrador”.
También dijo que es increíble que no se haya llevado a la justicia a los feminicidas, a pesar de que hay señalamientos directos y datos precisos de dónde se ubican y cómo actúan, “no hay una estrategia clara de cómo dar con el paradero de los responsables para ejercer las órdenes de aprehensión, todo que a medias”.
El director de Tlachinollan declaró que los mandos militares en las áreas civiles han dejado una gran deuda con el pueblo de Guerrero en cuanto a procuración de justicia.
“Por ello insistió que es un mal augurio que nuevamente se nombre a un militar, porque sabemos que no conoce el trabajo con víctimas, porque no solo se requiere tener algún título sobre derechos humanos, se necesita haber trabajado como defensor de derechos humanos, porque eso te da una perspectiva diferente de cómo atender los delitos graves y de alto impacto y como escuchar a las víctimas”.
Pero reprochó que lo que se ha visto hasta ahora con los militares en las áreas de seguridad y justicia es un desprecio a las víctimas, a las que se les vuelve a victimizar diciendo que por culpa de ellos tuvieron ese destino fatal, “se mancilla la memoria de las víctimas, por los mismos que investigan y las mismas autoridades hacen eso, en lugar de irse contra los perpetradores.

Espera el Centro Minerva Bello que el nuevo fiscal respete los derechos humanos

Por su parte, en un comunicado, el Centro Minerva Bello manifestó que “le preocupa la militarización de las instituciones encargadas de la procuración de seguridad y justicia.
Pero que aun así y ante los cambios y nombramientos en los órganos de procuración de justicia “somos respetuosos de ello, esperando que los cambios se acompañen con la sensibilidad, progresividad y respeto de los derechos humanos”.
Agregó que ante el nombramiento del coronel Torres Ojeda, como titular de la FGE, “le exhortamos para que se conduzca con sensibilidad y perspectiva de derechos humanos de acuerdo al contexto de cada caso, bajo los principios de eficacia, honradez, imparcialidad, objetividad, profesionalismo”.
Pidieron que su gestión frente a la institución investigadora, “procure la transparencia para con las víctimas en su proceso de investigación”.
Pidió que las funciones de investigar y perseguir el delito se acompañen con estrategias integrales, con personal especializado en materia, técnica, legal y científica, con la finalidad de que las victimas accedan a la verdad y a la justicia, garantizando el respeto a los derechos humanos y a la debida reparación integral del daño de víctimas y ofendidos.
“Como centro de derechos humanos nos mantendremos firmes en nuestra demanda de procuración de justicia efectiva”, anunció.
El organismo añadió que Torres Ojeda tiene una gran responsabilidad al asumir el compromiso “de esta alta encomienda y de rendir cuentas claras en los procesos de investigación que dejó su antecesora”.
El Centro Minerva Bello reiteró su compromiso con la agenda de derechos humanos, y advirtió que continuará alzando la voz y “monitoreando de cerca los procesos de investigación de las víctimas y familiares, exigiendo el cumplimiento de los estándares más altos en materia de derechos humanos”.

No se localiza a víctimas ni se reparan daños, reclaman familiares; piden reunión con AMLO

El dirigente de la OCSS, Hilario Mesino, comparte su testimonio de la represión que vivió su familia desde los años setentas. A la izquierda, Abel Barrera y Rocío Culebro Foto: Ramón Gracida Gómez

Ramón Gracida Gómez

Atoyac

Alrededor de 100 familiares de desaparecidos de la guerra sucia compartieron ayer su enojo y tristeza por la falta de resultados en la localización de sus familiares y en la reparación de daños, durante los Diálogos por la Verdad de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965-1990.
Relataron conmovidos hasta las lágrimas las vidas truncadas porque eran bebés o niños cuando sus padres fueron sustraídos por el Ejército y la pobreza que padecieron. Señalaron que los adultos mayores se están muriendo porque están enfermos y no reciben una buena atención a su salud, y exigieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que atienda sus demandas.
El comisionado del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad, Abel Barrera Hernández, indicó que Atoyac “es el corazón de la resistencia, de la digna rebeldía de hombres y mujeres del campo que alzaron su voz y empuñaron el arma para acabar con esos cacicazgos, para acabar con esa represión de un Ejército malhechor”.
Dijo que este municipio “tiene mucho que ver con esta nueva historia nacional y estatal de que en verdad haya justicia, de que en verdad se respeten los derechos humanos, de que en verdad haya castigo a los responsables, de que en verdad toda la política esté centrada en la atención digna a las víctimas”.
“Todavía no hemos podido que la agenda de ustedes como víctimas esté en el centro de la agenda pública, ha costado mucho trabajo, las inercias y los intereses económicos y de otra índole los han desplazado, los han relegado, han postergado sus demandas”.
Explicó que este evento de Diálogos por la Verdad se llevó a cabo en Atoyac porque muchos de los familiares de las comunidades no pudieron asistir al acto similar que tuvo lugar en Chilpancingo en diciembre de 2022.
Mencionó que las futuras recomendaciones y propuestas del Mecanismo para la Verdad tienen como fin “evidenciar que todavía se mantiene esta práctica de la impunidad, hay esa continuidad en las formas en como se sigue violentando los derechos humanos”.
“La misma militarización es preocupante porque se sigue vulnerando la dignidad de los ciudadanos y que, además, no está dando resultados por este ambiente de violencia y de inseguridad que prevalece aquí en Guerrero. Y siguen siendo los ciudadanos y ciudadanas de a pie los que están en la primera fila para poder denunciar las tropelías que siguen cometiendo autoridades civiles y militares”.
El oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Andrés Díaz, dijo que “reconocer los hechos por parte de las autoridades que violentaron derechos humanos es reconocer la propia historia” y esto es necesario para iniciar un “camino de justicia”.
Señaló que se sigue arrastrando la impunidad de las violaciones de los derechos humanos, pero la verdad y la memoria “son el camino para prevenir esas violaciones graves a los derechos humanos, esa verdad y esa memoria no es para arraigarse únicamente en la violencia, en una violencia continua”.
Indicó que el 2024 es crucial “para tener pasos hacia una justicia sanadora, una justicia que ayude a sanar estas heridas; y hacia una reparación del daño, pero que sea una reparación responsable”.
Dijo que estos Diálogos deben conducir “a una fase, a un lugar de no violencia en el país porque hoy en día, las condiciones no han cambiado mucho o se han transformado, pero no han dejado de ser violentas”.
Andrés Díaz aseveró que Atoyac “es un pueblo, una ciudad, una sociedad muy importante para la historia de este país y muy importante también para conocer y para entender las causas, la lucha, para entender también por qué se violentó tanto”.
La integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, Rocío Culebro Bahena, fungió como moderadora de los Diálogos, el último por la veda electoral y que se llevó a cabo en la Casa Jaguar, un salón abierto que está cerca de la Ciudad de los Servicios, sede del Ayuntamiento de Atoyac. Empezó a las 10 de la mañana, duró cinco horas y se escucharon más de 20 testimonios.
María Argüello Vázquez, esposa del desaparecido Prisciliano Medina Mojica e hija del también desaparecido Francisco Argüello, reivindicó su militancia guerrillera a los 16 años y demandó una ayuda económica porque todos sus compañeros no tienen atención de su salud, “están muriendo de viejos, de hambre, de enfermedades y no nos están dando resultados”.
El dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y hermano de Alberto Mesino, desaparecido el 18 de junio de 1974 en el ejido de Agua Fría, Hilario Mesino, reivindicó la lucha por sus familiares, “no vamos a claudicar mientras tengamos un soplo de vida”.
Recordó que su mamá luchó junto con Rosario Ibarra de Piedra por la presentación de su hijo y vendió “todo lo que teníamos, hasta las tierras, vendió las vacas, los burros, para ir a buscarlo a donde fuera”, les prometieron localizarlo, pero nunca sucedió y quedaron en la “miseria”.
Leonor Ruiz Serafín, hija de Juventino Ruiz Santiago, desaparecido el 16 de agosto de 1974 por militares en la comunidad de San Martín de las Flores y trasladado al cuartel militar del municipio. Su madre, ahora enferma, estaba embarazada del hermano de Leonor, quien dijo con voz cortada que su padre “era el sustento de la familia, nos quedamos desamparadas”.
Joel Chávez Díaz, hijo del desaparecido Artemio Chávez Villa en San Francisco del Tibor el 23 de octubre de 1974, empezó a trabajar desde los 7 años en el campo porque era el hijo mayor de cuatro y ninguno pudo terminar la primaria. “Nadie más que nosotros vamos a sentir ese dolor porque solamente nosotros lo vivimos”.
Cuestionó que López Obrador ya se va y viene otro gobierno, “¿y qué vamos a esperar o qué está esperando el gobierno? ¿Seguir engañándonos? ¿Seguir dándonos atole con el dedo? ¿Qué sigue después de hoy?”.
Rubén Rojas Dionisio, hermano de Israel Romero Dionisio, detenido en 1974 a los 14 años, propuso crear una comisión de familiares y con la ayuda de la Comisión de la Verdad, hablar con el mandatario federal, a quien apoyaron para que llegara la Presidencia y “es un buen presidente, pero le tiene miedo a los guachos porque ellos no se andan con jugadas. Van a dar un golpe de Estado si él no les abre la puerta a su gobierno”.
El integrante de la extinta Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad), Nicomedes Fuentes, secundó la propuesta de unir la lucha de las víctimas; el docente de la preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en Atoyac, Wilibardo Rojas, propuso acercar la información de la guerra sucia a los jóvenes; y la feminista Rosa María Gómez Saavedra planteó la necesidad de una clínica de salud mental en Atoyac para atender a las víctimas de la guerra sucia.
Abel Barrera se comprometió después de los testimonios a hacer llegar al subsecretario de Derechos Humanos la demanda de reunirse con el presidente de México, “no crean que tenemos acceso a las autoridades, eso es muy difícil”.

Retoman grupos de la delincuencia los vacíos de poder que deja la autoridad: Abel Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, opinó que es grave lo que pasó el lunes en Chilpancingo, cuando irrumpieron violentamente campesinos de varios municipios, porque indica que hay vacíos de poder que están retomado los grupos delincuenciales.
Entrevistado por teléfono, dijo que la frase de que “hay gobierno y gobernadora”, que viene diciendo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, es sólo para las redes sociales, porque en los hechos no están nutridas de resultados tangibles.
Abel Barrera declaró que los campesinos de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec han experimentado el racismo, el despotismo, la discriminación y la falta de obras públicas de parte de las autoridades, y ante la ausencia de éstas son presa fácil de los intereses de la delincuencia.
“Quiere decir que la gente está encontrando en otros actores la respuesta, la atención, el apoyo y el acompañamiento que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no les están dando”.
En contraparte, dijo, el gobierno está dilapidando dinero en gastos suntuosos en lugar de canalizarlos a los lugares más abandonados donde hay ausencia de obra pública, y todo eso ha colapsado el sistema político.
Alertó que después de que las comunidades irrumpieron el lunes en Chilpancingo, lo van a seguir haciendo con el apoyo de estos grupos porque hay un colapso del sistema político en el estado, “independientemente de qué partido sea, la gente, al final de cuentas, lo que quiere es que le resuelvan sus problemas, pero ya vio que no le está respondiendo ningún partido”.
Añadió que es evidente que el aparato burocrático sigue siendo el mismo elefante que no caminaba antes y que no funciona ahora “y esto está descomponiendo el escenario político en Guerrero, aparte de que hay impunidad, corrupción y no está funcionando el sistema de justicia como debería de ser”.
Explicó que en este panorama sombrío ahora “los grupos violentos” tienen atrapados a los pueblos aunque pongan en riesgo su vida y, sobre todo, el ejercicio público de las libertades y los derechos fundamentales.
Insistió que lo que se vio el lunes en Chilpancingo es que la gente busca canales de interlocución con las autoridades, porque en Guerrero hasta la fecha no los hay, o no son eficaces “ahora es más difícil tener acceso a una reunión con la gobernadora, también las reuniones con el secretario de Gobierno son muy complicadas y la gente tiene que recurrir a acciones como la del lunes.
“Aquí se atiende a las personas cuando se manifiestan públicamente, cuando visibilizan su caso, cuando bloquean la carretera día y noche, como pasa en la Montaña”.
En tanto que los funcionarios que se ofrecen al dialogo no tienen incidencia para resolver los problemas, “es decir, se aplica una política racista y discriminatoria, ese es el problema, hay un descuido total y la gente no encuentra interlocución”.
El director de Tlachinollan explicó que el respaldo que los pueblos dieron al grupo delictivo que los convocó el lunes, indica que estos grupos no sólo dan su dinero para subsidiar campañas, sino que al mismo tiempo trabaja con las comunidades para fortalecer su presencia y legitimidad en los gobiernos municipales.
“Ante la descomposición de la clase política, ahora hay una recomposición de actores de la delincuencia que está reposicionándose en estos territorios”.
Dijo que el control territorial que tienen esos grupos no sólo es tener gente que cuida entradas y salidas de los pueblos y los patrulla, sino que ahora es control poblacional, “tienen ascendencia en las comunidades y a través de su llamado a la comunidad se junta porque ya tienen alianzas, migas y empieza a haber una estructura, hay un consejo de autoridades, hay representantes, consejo de comisarios”.
Explicó que ya se empieza a ver una estructura en estas comunidades en relación a una agenda pública, que tiene que ver con los servicios básicos, con carreteras, “y tiene una implicación, hilos que son finos y cortantes que tienen que ver con los intereses de la delincuencia”.
Ante esta pérdida de poder del gobierno, Abel Barrera dijo que afirmaciones como la que hace la gobernadora de que “hay gobierno y gobernadora”, sólo son frases hechas para las redes sociales, “pero no son frases nutridas de resultados tangibles y programas concretos”.
“No vemos hasta la fecha un programa en el estado que demuestre que hay gobierno, no hay un modelo de seguridad que tome en cuenta a la población para que sea parte del proceso de seguridad ciudadana, los servicios públicos están colapsados, la atención a los colonos, a las madres de familia, a los colectivos de víctimas, a los estudiantes, a los normalistas, a los padres de familia que requieren maestros, ahí es donde vemos que no cuadra la frase con los hechos”.
Dijo que la gente quiere resultados, hechos, acciones, presupuesto, obras, “eso sí tendría sustancia y consistencia, pero una frase para las redes sociales queda, en los hechos, como una voz en el desierto”.

Abren un comedor la UPN y el INPI en Tlapa para becar a 78 universitarios de la Montaña

Antonia Ramírez Marcelino

Tlapa

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) abrieron un comedor universitario para becar con la alimentación a 78 estudiantes indígenas, provenientes de los municipios de la Montaña.
Explicaron que el comedor universitario llevará el nombre del docente y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, por ser el pionero y fundador de la carrera licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral, adscrito a la UPN-Ajusco de Ciudad de México.
La directora de la universidad, María Luisa Santiago Jiménez, dio la bienvenida a las autoridades presentes y dijo a los estudiantes que el comedor representa una oportunidad para que los jóvenes ya no se preocupen por lo que van a comer y que se dediquen a estudiar, porque el almuerzo y la comida ya estaba garantizada.
Dijo que el comedor llevará el nombre de Abel Barrera porque fue el proyecto original, es para reconocerlo como docente que ha contribuido con la educación y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, aunque en lo administrativo tuvieron que registrarlo como Códice Azoyú.
En su turno, Abel Barrera explicó que la licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral es un modelo educativo distinto y único al tecnológico o escuelas de media superior, como el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio (CBTIS) 178 o el Centro de Estudios de Bachillerato (Cbach) 7/2 Ignacio Comonfort Ríos, y la Preparatoria 11 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Porque es una escuela que educa a los futuros profesionistas y a valorar la sabiduría de sus ancestros, que el compromiso que tiene es regresar a sus comunidades para asesorarlos, para servir al pueblo, no para aprovecharse.
Recordó que para la aprobación de la universidad fue a base de una lucha que se hizo en conjunto con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), de marchar constantes para que les construyeran sus edificios.
Incluso hasta por recomendación del entonteces relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para los derechos humanos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en la UPN-Ajusco.
Dijo que la apertura del comedor lo estaban esperando desde hace dos años, porque se tiene garantizar la educación de los estudiantes indígenas.
Se quejó de que en este gobierno, de Evelyn Salgado Pineda, la UPN no ha recibido ni un centavo, no reciben por parte del estado ni un presupuesto, se ha ido sosteniendo con el pago de las inscripciones de los estudiantes.
La presidente estudiantil, Emilia Ramírez Luna, proveniente de la comunidad de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, dijo que ese apoyo les va servir mucho porque en su mayoría viene de pueblos que apenas les alcanza para pagar la rentas, que eso ayudará a que no deserten y culminen su carrera universitaria.
El delegado del INPI, Manuel Vázquez Quintero, explicó que las becas son para 78 estudiantes, pero el próximo año hará lo posible para incrementar para 100 becas, porque ya hay un expediente, siempre y cuando la escuela los renueve.
Agregó que el personal del INPI estará verificando que funcione y el recurso destinado sea para lo que es, con total transparencia.
Advirtió a los alumnos que si no cumplen con la normatividad ese comedor se puede mover a otra escuela. Los conminó a que lo aprovechen, para que las próximas generaciones puedan gozar de esos beneficios.
El evento se desarrolló en el auditorio del plantel y también estuvo el subsecretario de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Panfilo Sánchez Almazán, docentes y cerca de 80 alumnos.

Con el espionaje, el Ejército los hostiga, criminaliza, persigue y los pone en riesgo, dicen agraviados

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Dirigentes sociales y defensores de derechos humanos consideraron como espionaje el seguimiento que hace el Ejército a las organizaciones del movimiento social. Condenaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tolere y justifique como “inteligencia” el hostigamiento, criminalización y persecución al movimiento social.
También, consideraron que con ese espionaje se atenta contra la vida de los activistas, al colocarlos en un estado de vulnerabilidad y en riesgo de ser agredidos en un régimen militarizado, donde para el Ejército “su mayor enemigo” es el movimiento social.
Como informó El Sur, de acuerdo con documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que son parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, en los que se revela el seguimiento del Ejército a grupos de movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los personajes que destaca en los documentos filtrados son la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), así como los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.

Las políticas de constrainsurgencia, el origen del espionaje militar: Abel Barrera

Consultado al respecto vía telefónica, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lamentó que el papel desempeñado por el Ejército durante décadas sea de espionaje, dentro de políticas de contrainsurgencia que se instalaron en Guerrero y en el país, para proteger intereses políticos y económicos de la clase en el poder, y sobre todo para desmovilizar, desarticular y criminalizar al movimiento social, a los luchadores sociales, a defensores de derechos humanos, a periodistas críticos, lo que atenta contra el mismo Estado de derecho.
Sostuvo que con este espionaje se cataloga a sectores de la población trabajadora que lucha desde abajo y defiende sus derechos como enemigos del régimen, como personas incómodas o disruptoras que atentan contra la legalidad y la verdad. Afirmó que con esos documentos se observa a un Ejército que viola derechos humanos en un contexto donde aún no han rendido cuentas por los crímenes de la guerra sucia de los años 70 en Guerrero, cuando se instaló “la contrainsurgencia”, época en que se torturó, desapareció y ejecutó a líderes y activistas sociales con total impunidad.
Expuso que ahora esa actuación continúa y sigue reeditándose esa guerra sucia en trabajos de espionaje y de contrainsurgencia, para poner en el blanco o en la mirilla a activista sociales y defensores de derechos humanos, a quienes el Estado busca desactivar, contener, reprimir y “en ciertas circunstancias atentar contra la vida misma, como ha pasado con las ejecuciones de activistas, como ha pasado con las represiones”.
Consideró que las consecuencias de que el gobierno espíe a los defensores de derechos humanos mediante el Ejército, pone en riesgo su vida porque los coloca no sólo simbólicamente sino en términos reales como personas no gratas para el grupo en el poder, y una amenaza al status quo. Aseguró que vivimos en un régimen donde el Ejército está por encima del Estado de derecho y de las autoridades civiles, es decir, “es un régimen militarizado” que atenta contras los parámetros jurídicos que nos rigen como país.
Dijo que el espionaje “habla mal de un sistema democrático, porque en lugar de fortalecer las instituciones civiles y las instancias de seguridad civil, se está robusteciendo el poder militar”, y sostuvo que el seguimiento que hace el Ejército no es legítimo porque hay instituciones e instancias que se encargan de autorizar esas investigaciones, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes darían las órdenes para interceptar llamadas, por ello, señaló que el

Ejército no está por encima de las instancias civiles, y es lo que agrava la situación porque actúan como si fueran autónomos, como “un Estado dentro del Estado”.
Expuso que es grave que se catalogue como delincuentes a las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, al ser espiados se les compara como si fueran delincuentes, cuando su lucha es digna, pero se les coloca contra el paredón, “en verdad es muy grave en las circunstancias políticas que estamos viviendo cuando se le está dando todo el poder al Ejército”.
Exigió al presidente López Obrador que regrese a sus cuarteles a los militares, porque no pueden estar por encima de la Constitución y se deben apegar a las normas, “no puede seguir siendo el Ejército de los años 70, haciendo espionaje para reprimir, no puede catalogar a personas que están en la lucha social como si fueran delincuentes”.
Afirmó que el presidente de la República debe tomar en cuenta el reclamo de las víctimas, de las organizaciones sociales y civiles, de los organismos de derechos humanos; y aseveró que se debe replantear la política de seguridad, porque el Ejército en Tamaulipas ya ejecutó a cinco personas, y con el espionaje que se está haciendo desde 2019 “preocupa a la sociedad en general y a quienes nos sentimos agraviados por este espionaje”.

Una labor ideologizada: Vidulfo Rosales

El abogado también del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, comentó que el espionaje que hace el Ejército es un acto de criminalización, de persecución contra los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, que demuestra que tenemos un Ejército “con una mirada contrainsurgente, ideologizado, que toma posición política e ideológica que coloca como su mayor enemigo al movimiento social”.
Sostuvo que los informes dados a conocer por el grupo Guacamaya, ilustran que los militares están preocupados por la movilización social y no por la actividad delictiva, al no tener una radiografía de los grupos criminales que operan en el estado y de la violencia que despliegan. Mencionó que el 90 por ciento del espionaje que se realiza es contra los movimientos sociales.
Destacó que a pesar de que el presidente López Obrador es contrario a ese tipo de acciones, y de no reprimir y hostigar a los movimientos sociales, el Ejército hace lo contrario, lo que es tolerado por el mandatario, y resulta preocupante. Además, cuestionó que los datos que tiene la Sedena son torpes, imprecisos, subjetivos y genéricos, que además, se presentan como una verdad incuestionable.
De acuerdo con Rosales Sierra, las consecuencias de esta criminalización colocan en vulnerabilidad y en riesgo de ser agredidos a los que ejercen la defensa de los derechos humanos, “los enemigos históricos que tiene el movimiento social en Guerrero aprovechan estas circunstancias para agredirnos, golpearnos”.
Mencionó que este tipo de espionaje es lo mismo que ocurría en gobiernos pasados y lamentó que el actual gobierno lo tolere y lo justifique como “inteligencia”, cuestionó si “los defensores de derechos humanos y los movimientos sociales somos un riesgo o una amenaza”.
Aseguró que es injustificable lo que a todas luces es hostigamiento, criminalización y persecución por parte del Ejército, y exigió al presidente de la República que cese esa persecución al movimiento social y que los militares se dediquen a las tareas de seguridad nacional a las que los facultaron.

Infiltran movilizaciones: Héctor Torres

El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, opinó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene muy buenas ideas e intenciones, pero la gente que está trabajando o colaborando en su administración formó parte de otros partidos y hoy el espionaje es parte de sus prácticas para poder tener estabilidad como ellos quieren.
Sostuvo que la CETEG ha experimentado en diferentes momentos ese espionaje, especialmente en Chilpancingo, cuando en sus movilizaciones se filtran personas que venden cócteles, chicharrones o palomitas, pero que son parte de Gobernación y es gente que va a vigilar, aunado a las “intervención en nuestros teléfonos”, por ello se dijo poco sorprendido de que esta administración esté haciendo lo mismo mediante el Ejército.
Según Torres Solano, las consecuencias de esta persecución a los movimientos sociales que realiza el Ejército terminan con “abrir las carpetas de investigación y posteriormente liberar órdenes de aprensión (contra los líderes sociales o defensores de derechos humanos), para tener más evidencia, para saber y tener controlado al pueblo, lo están haciendo pues de esta forma (espiando)”.
Reprobó la acción de los militares y resaltó que el pueblo es obligado a movilizarse, a bloquear carreteras porque no lo estás atendiendo, “gobierne quien gobierne se tiene que defender la protesta, nosotros reprochamos y reprobamos rotundamente el actuar del Ejecutivo federal hacia todas las organizaciones que ha estado espiando”.
Exigió al mandatario federal que deje de perseguir a las organizaciones sociales, y ejemplificó que en su caso tiene una carpeta de investigación en su contra que lo obligó a ampararse, de lo contrario dijo, las organizaciones no permitirán “que sean atropellados más compañeros o estén hostigando a más compañeros” que podría provocar grandes movilizaciones.

En lugar de esclarecer el caso de los 43, se persigue a padres: Melitón Ortega

Otro de los perseguidos en los documentos de la Sedena, el vocero de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega, aseveró que hoy se mantiene al Ejército sobre los movimientos sociales en Guerrero y el país, y se busca desaparecer, encarcelar y terminar con ellos, consideró que es grave porque además no se han esclarecido muchas actuaciones del Ejército.
Lamentó la criminalización para con las madres y los padres de los 43, pues en el lugar de esclarecer los ataques y la desaparición de sus hijos se les persigue, y el propio Ejército no ha entregado evidencia y niega toda la información que han solicitado.
Opinó que las consecuencias de este espionaje, tarde o temprano terminará con una acción penal en contra de su movimiento o de los representantes, o incluso de los propios padres de familia, lo que consideró grave, para quienes dijo, solamente han luchado para exigir el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
Melitón Ortega manifestó que la “inteligencia militar” que argumenta el presidente de la República parece que busca acabar con la inconformidad, las protestas y todas las denuncias de los movimientos sociales, y recomendó que el gobierno federal debería enfocarse en los orígenes de los problemas o atacar las raíces de tanta violencia que hay en el país.

Buscan impunidad para militares marchas a favor del Ejército, advierte Abel Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, opinó que la “exaltación” del Ejército mexicano por parte de grupos de personas que se manifestaron en su favor el domingo pasado, busca impunidad.
En tanto, el presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, informó que esas movilizaciones son una reacción a las que han realizado los familiares de víctimas del Ejército que piden justicia por sus asesinados y desaparecidos durante la llamada Guerra sucia.
El representante de las víctimas añadió que esperan que no con ello se busque una salida para la impunidad de los militares responsables.
En entrevista por teléfono, Barrera explicó que las movilizaciones del domingo son parte de la postura que tiene el gobierno federal de “enaltecer al Ejército”, haciendo abstracción de la histórica y cruenta violencia que han vivido los guerrerenses por parte de las fuerzar armadas a través de las desapariciones forzadas, ejecuciones y torturas.
Añadió que ahora que los militares tienen facultades no sólo en tareas de seguridad pública, sino como un actor político, así como en obras emblemáticas “se le quiere colocar en un nicho, como un instituto inmaculado y sacarlo de la historia de las atrocidades que ha cometido”.
Para el defensor de derechos humanos, “existe una tendencia a querer glorificar al Ejército para irlo colocando como un actor político ante el debilitamiento de las instituciones del Estado, que, dijo, deben estar fuertes y debe haber una institucionalidad basada en el derecho, en la razón, y en el respeto a los derechos humanos, no tanto en la fuerza”.
Añadió que los militares siempre van a tratar como enemigos y adversarios a los ciudadanos porque están entrenado para vencer a quien considera su enemigo y usar la fuerza de forma letal, como ha pasado en los diferentes episodios en los que ha violentado los derechos humanos.
Barrera Hernández declaró que es preocupante que no se esté considerando esta naturaleza, “que define al Ejército como un actor armado del Estado y que está llamado a actuar en tiempos de defender a la patria, de proteger las fronteras y enfrentar las amenazas externas”
Sin embargo, insistió que ahora ha sido colocado para enfrentar al enemigo interno, “y, sobre todo, en Guerrero esta estrategia de contrainsurgencia que se sigue aplicando, el enemigo interno viene siendo el luchador social, el periodista crítico, el defensor de derechos humanos, los movimientos sociales y los movimientos de víctimas”.
Agregó que eso es así porque ese es el libreto de la guerra; “los planes de contrainsurgencia que se aplicaron y que se siguen reproduciendo a lo largo de los años, independientemente que sea guerra contra el narcotráfico, es una guerra al final de cuentas”.
Explicó que esto quiere decir que se cataloga al ciudadano como un peligro; “es como ver en quien protesta, en quien levanta la voz, como un adversario al que hay que contener, acallar y hasta aniquilar como ha pasado”.
Al respecto, Barrera Hernández opinó que estamos ante un escenario poco propicio para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, porque los vacíos de estas instituciones, ya sea la Fiscalía General, la
Secretaría de Seguridad Pública, los cargos estratégicos relacionados con el cuidado de las fronteras, aeropuertos o los programas del Bienestar, los están cubriendo las fuerzas armadas, sobre todo en los estados más vulnerables como Guerrero, “en detrimento de las instituciones y corporaciones civiles que deben fortalecerse”.
Barrera Hernández añadió que por ello ahora “hasta manifestaciones a favor del Ejército hay para pedir impunidad, para pedir que liberen a los militares que están siendo señalados como los que cometieron las ejecuciones en Tamaulipas”.
“Ahora estamos volviendo al pasado, en lugar de que los militares estén a disposición del Ministerio Público civil, están ante la Procuraduría de Justicia Militar y se supone que los cambios que se han dado en la Constitución son para proteger los derechos humanos de la población civil y juzgar a los militares en la jurisdicción civil.
Para Barrera Hernández esto es una situación que preocupa, “porque estamos en un ambiente de crispación social, de polarización política, y donde la tentación del uso de la fuerza está a la vuelta de la esquina, en el sentido de que la institucionalidad no está robusta en términos de que las autoridades civiles no están preparadas para hacer frente a grandes desafíos que existen en términos de seguridad, de paz, de justicia y verdad.
Insistió que hay un gran vacío y ese lo están cubriendo las fuerzas castrenses con su presencia, con sus acciones cruentas y “es un peligro para nuestro país desde la perspectiva de los derechos humanos”.

El Ejército se molesta con demandas de familias de víctimas

Octaviano Serrano, declaró por su parte que hay gente del Ejército que le molesta que los colectivos se manifiesten buscando justicia.
Recordó que en el caso de Guerrero, el 19 de febrero, Día del Ejército, se manifestaron para exigir justicia en favor de más de mil víctimas de desapariciones forzadas, asesinatos, tortura, personas encarceladas injustamente y víctimas de violaciones sexuales.
El representante de un grupo de víctimas de la Guerra sucia, añadió que no descarta que la movilización del domingo en defensa de los militares haya sido como reacción a las movilizaciones que han realizado las víctimas en los cuarteles desde el año pasado.
“Como que les molesta y se sienten mal que marchemos en contra del Ejército, como la protesta que realizamos el 19 de febrero para exigir justicia, cuando hasta nos pusieron enfrente a los antimotines, como si fuéramos delincuentes”.
Añadió que es esa la causa; “les molesta que uno marche, pero nuestra marcha es de exigencia de justicia”.

Datos sobre pobreza en Guerrero revelan el fracaso de programas sociales: Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que indican que en Guerrero el 66.4% de la población está en situación de pobreza y el 25.5 por ciento en pobreza extrema, se reflejan en el incremento de la migración en los últimos años en la Montaña y muestran que los programas sociales no han dado los resultados como se quisiera, declaró el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Dijo que por la falta de ingresos se ha incrementado mucho el número de familias que emigran a los campos agrícolas; “se ha jornalerizado mas la vida comunitaria porque la gente de las comunidades no encuentran una actividad económica que les permita sobrevivir durante todo el año en sus”, explicó el defensor de derechos humanos.
Afirmó que lo que producen no les alcanza porque en esa región, la mayoría son pequeños agricultores que no rebasan los tres cuartos de hectáreas para sembrar maíz, y cosechan 300 o 400 kilos, lo que es insuficiente para una familia de seis o siete miembros.
Además, explicó que no solamente tienen que consumir maíz y frijol, sino que tienen que consumir otros productos, por lo menos arroz, o algo de chile “y para eso tienen que acceder al mercado, pero los precios de la canasta básica se han duplicado y ya no les alcanza para comprar otros alimentos”, dijo.
Añadió que por ello, “necesariamente”, casi todas las familias se concierten en jornaleras porque ya no pueden completar sus gastos estando en sus comunidades.
Dijo que, sobre todo, porque ahora hay una nueva generación de matrimonios jóvenes que ya no tienen tierra para sembrar, y no aspiran a tener parcelas para sembrar dentro de su comunidad y únicamente les queda emigrar como jornaleros.

Jóvenes familias emigran a Nueva York

“Regularmente los jóvenes están buscando como conseguir 200 mil pesos para emigrar a Nueva York”, dijo el director de Tlachinollan, quien da acompañamiento a las comunidades indígenas de la Montaña.
Agregó que hay más de 15 mil jóvenes hombres y mujeres que están trabajando en Nueva York, o Nueva Jersey ya sea en el campo o en la ciudad como meseros o cocineros en los restaurantes “y son los que mandan regularmente cinco mil pesos al mes y ayudan a sostener a sus familias para la compra de medicinas, alimentos, ropa y gastos varios que tienen sus mamás y papas”.
Dijo que esto pasa porque los programas federales no están resolviendo el problema de la pobreza y que el que más les apoya es el de Sembrando Vida pero no todos están inclusos en ese programa porque necesitan ciertos requisitos, uno de ellos el número de hectáreas que deben tener para reforestar.
Explicó que en tanto que los programas más pequeños, como el de apoyo a la producción no rebasa los dos mil pesos al mes, tampoco son la panacea como se ha querido ver.
“Esto da pie a que aparezcan estas estadísticas (del Coneval) que muestran la radiografía y que indican que la pobreza no ha podido ser abatida como se quisiera”, que, más bien, la gente en la Montaña prefiere irse como jornaleros
Detalló que es la causa del incremento, pues Tlachinollan ha registrado hasta 22 mil personas que emigran cada año, cuando antes la cifra era de 10 mil, lo que indica que las cifras se han duplicado.
En verdad, en la Montaña los programas sociales no están siendo un espacio para encontrar mejores condiciones de vida, “al contrario, están convirtiendo un territorio donde la gente está siendo expulsada por falta de opciones productivas”.
Añadió que los programas federales a muchas familias no les llegan en la Montaña porque no están registradas, debido a que seis meses del año están fuera de su tierra y no los encuentran para incluirlos a las listas de beneficiarios.

La inflación diluye apoyos

Además, insistió que los resultados (de los programas sociales) son insuficientes, porque así como llega el apoyo para adultos mayores, por ejemplo, las medicinas, el huevo y todos los productos de la canasta básica se encarecen, “es decir, a pesar de que llega el apoyo, la gente sigue teniendo un déficit de sus ingresos, no les alcanza, porque se han duplicado los precios de la canasta básica”, por ejemplo, agregó que ahora el precio del huevo es ya inalcanzable para algunas familias.
Igual los precios de las medicinas “están incontrolables, diariamente suben, y lo que reciben los adultos mayores, por ejemplo, solo les alcanza para comprar su medicina, porque nadie les garantiza medicina gratuita, aquí, en la Montaña, el gran negocio de estos programas son para los consultaros médicos y las cadenas de farmacias porque la verdad son los que mejor venden, además de las tiendas Chedraui, ahí se va todo el dinero y no le alcanza para la gente”.
Detalló que al recibir los recursos de los programas, la gente ya no produce ni comercializa, “se conforman con el subsidio que les dan, pero este no le alcanza, es insuficiente porque todos los precios están caros y esto hace que el circulo de la pobreza siga reproduciendo más familias pobres y los hijos tengan que necesariamente buscar opciones y estas son, o la migración jornalera o la migración internacional.
“La gente está resolviendo el problema económico vía migración y son pocas gentes que dicen que con lo que llega de su pensión de adulto mayor, les alcanza siempre y cuando sea uno solo, “pero si tienes a la esposa o hijos, eso no alcanza”.
Insistió que ese es el problema, y que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se han incrementado los apoyos para los adultos, “hay una carrera con los precios y están ganando estos porque subieron el doble lo que hace que sean insuficientes los ingresos que llegan vía subsidios gubernamentales.
“Los programas sociales se han presentado como una panacea, pero en los hechos, para las familias no están siendo una solución al problema de la pobreza”.
Indicó que la prueba esta en las miles de familias que se van de jornaleras o de migrantes a Estados Unidos, y no dicen: “mejor me quedo a recibir el programa, porque saben que no les alcanza y mejor se van porque allá por lo menos les pagan un poquito más.

Quienes se quedan, sólo esperan remesas

Explicó que las familias que se quedan son las que de algún modo tienen asegurado el apoyo que les mandan sus hijos o familiares de Estados Unidos; “las que de algún modo tienen la remesa segura que son cinco o seis mil pesos que les llega mensualmente, con lo que más o menos la pasan”.
Agregó que otros que se quedan son los que trabajan como maestros, o los que tienen tienditas producto de los apoyos de la migración, o que tienen huertas de café e ingresos complementarios, “pero no estamos hablando de que viven desahogadamente, sino que apenas cruzan la raya de la sobrevivencia”.
Siguió: “Después de eso no hay más, porque el bosque o los bienes naturales son comunales y cuando llegan a vender madera, no pueden hacerlo individual, sino con las autoridades agrarias, que son las que hacen estas operaciones”.
Con respecto a los caminos artesanales, dijo que tampoco son una opción y hay quienes dicen que 200 pesos que les pagan al día no les resuelve el problema de la canasta básica, y que lo hacen más por compromiso comunitario, para tener un camino, pero no porque sea una opción para tener un ingreso adecuado.
Agregó que otro problema que vino a complicar la situación económica fue la disminución del precio de la amapola, que antes era un ingreso más pero ahora que ya no tiene precio, vino a generar una mayor crisis en los ingresos locales.