El representante de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García Campos, exigió a las autoridades que cumplan con su responsabilidad de buscar a los desaparecidos y que combatan la impunidad.
En su pronunciamiento miembros del Colectivo Memoria Verdad y Justicia, dijeron que están por celebrar el 10 de mayo Día de las Madres, “lleno de lágrimas y agonía, donde saldremos a marchar en la Ciudad de México, en lo que llamamos marcha nacional de madres buscadoras, donde vamos a recordar que “no somos botín político, nuestra principal necesidad es encontrar a nuestros seres queridos”.
La tarde del sábado en el Zócalo de la ciudad los integrantes del colectivo Memoria, Verdad y Justicia hicieron una caminata en la explanada de la plaza Juan Álvarez, y luego montaron una exposición fotográfica en el kiosco.
Explicó el funcionario que la desaparición forzada es una mancha que ha estado presente en Guerrero por décadas y “en la oficina hemos visto con preocupación el afán de subestimar una problemática que existe y que se hacen visibles en plazas públicas”.
“Para nosotros es fundamental que la obligación de buscar a las personas, independiente de la causa, es una obligación que recae en las autoridades en su conjunto”, dijo y por ello el llamado a la población a sensibilizarse, que sea empática, “nadie está exento en un país con más de 116 mil personas reconocidas como desaparecidas de enfrentar una circunstancia”.
Abundó que la desaparición en México se identifica en 2006, que el país adoptó un modelo de seguridad de carácter militarizado que no solamente ha sido incapaz de contrarrestar la violencia, sino que ha disparado las graves violaciones a los derechos humanos.
“Ese paradigma militarizado de la seguridad se mantiene vigente hasta la fecha, e incluso una militarización que se ha expandido a otros ámbitos de la vida pública, alterando las relaciones cívico-militares, de tal forma 2006 que marca ese punto lastimoso se mantiene hasta hoy vigente, y a eso hay que agregar que la desaparición de personas es una conducta continua, permanente que no cesa, que se actualiza momento a momento”, indicó.
Detalló que ese 97 por ciento de las desapariciones registradas y reconocidas en México se generaron a partir del 2006 con ese modelo de seguridad que tendría alterarse y revertirse de manera gradual, ordenada para garantizar la seguridad de las personas.
García Campos dijo que con más trabajo al Ejército, trae otros desafíos en “término de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, para nosotros es fundamental que se materialice ese regreso gradual, obviamente nadie está planteando un regreso abrupto, desordenado, de las fuerzas armadas en tareas de seguridad”.
Precisó que México vivirá el proceso electoral más “complejo” más grande en la historia del país, y es momento que todas las fuerzas políticas trasciendan de la reyerta a la propuesta específica, tangible, transformadora, porque las familias han sido enfáticas de que ellas “no son botín político, por el contrario, son víctimas que merecen ser escuchadas”.
Consideró que un proceso electoral siempre abre nuevas oportunidades y se tiene que mantener la esperanza de que se estarán adoptando las políticas de Estado, “cuando refería la fecha de 2006 eso demuestra que lo mismo da una administración u otra, el problema perdura y lo que se necesita es un compromiso de Estado de todos los actores políticos, no sólo los federales, también los estatales y municipales”.
“Alentamos de una manera muy puntual a todos los candidatos o candidatas para que formulen compromisos serios, tangibles, respetuosos que partan de la escucha para que las víctimas encuentran la respuesta que se les ha negado”, declaró.
Los integrantes del colectivo Memoria, Verdad y Justicia conmemoran dos años haciendo memoria para que “no crezca el olvido” y en su pronunciamiento que leyeron recordaron que son 25 meses haciendo actividades en busca de sus seres queridos.
Dijeron que están inconformes porque las autoridades no hacen nada por buscar a sus seres queridos y que hacen las actividades en el Zócalo como una “forma de resistir ante la impunidad, ante la inacción, omisión y negligencia del Estado mexicano en la protección de nuestros derechos humanos”.
En el pronunciamiento que leyeron detallaron: “hace dos años decidimos ser actoras de nuestro destino, y hacer todo lo posible por visibilizar algunas de las problemáticas que pasamos las familias acapulqueñas para buscar a nuestros seres queridos”.
Sostuvieron que no quieren que nadie más sufra porque es “inhumano que nos hagan sufrir de esta forma, primero ante la zozobra de nuestra seguridad, luego por tener una hija o hijo desaparecido”.
La representante del colectivo, Socorro Gil, dijo que la principal necesidad es encontrar a sus seres queridos y “nadie tiene propuestas para buscarles, para prevenir este crimen atroz, no permitimos que nos usen en campañas, no somos de ningún partido, no hacemos campaña en pro ni en contra de ellos, sólo queremos encontrar a nuestros seres queridos”.
“El 10 de mayo para nosotras no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Hoy más que nunca esperamos ese abrazo que quedó pendiente”, dijo.
En el zócalo de Acapulco, frente al Muro de la Memoria, el representante de la oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Alan García, llamó a los candidatos a cualquier puesto a que hagan propuestas específicas para derrotar la desaparición forzada que hoy lastima a las familias, y reprobó la militarización de la seguridad pública. En la imagen escucha el mensaje de Socorro Gil, madre del joven desaparecido Jonathan Guadalupe Romero Gil, después de la misa por el segundo aniversario del colectivo Memoria, Verdad y Justicia Foto: Carlos Carbajal
Pide funcionario de la ONU a candidatos hacer propuestas sobre desaparición forzada
El representante de la oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos asiste a un acto por los dos años del Muro de la Memoria ubicado en el Zócalo
Karina Contreras
El representante de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alán García Campos, hizo un llamado a los candidatos a cualquier puesto de elección que se comprometan con propuestas específicas para derrotar la desaparición forzada que hoy lastima a las familias.
Indicó que el llamado es a modificar las políticas de seguridad, particularmente el carácter militarizado de la seguridad pública, donde más del 97 por ciento de las desapariciones en este país se han dado desde que México adoptó un modelo de seguridad militarizado en el 2006 y es un modelo que “continúa no solamente alterando la relación cívico-militar, sino también se ha expandido a otros ámbitos de la vida pública”.
Es importante decir que todavía se requiere seguir “insistiendo en una política pública sostenida para materializar las más de 80 recomendaciones que se elaboró contra la desaparición forzada”.
El funcionario estuvo en un acto por los dos años del Muro de la Memoria, ubicado en el Zócalo, donde hay decenas de rostros de personas desaparecidas, donde dijo que México va a pasar por un proceso electoral donde los candidatos deben abrir su corazón y escuchar el clamor de las familias, pero sobre todo que se comprometan con promesas específicas en el tema de las desapariciones.
Dijo que el tema de las desapariciones cala en lo más profundo y no sólo en las madres, sino en todas las personas que “buscamos la verdad y la justicia, la memoria y la reparación integral y las garantías de la no repetición”.
Señaló que son más de 116 mil personas desaparecidas y “estamos hablando de una práctica generalizada lamentablemente en el país. En el estado de Guerrero lastimosamente tiene un pasado muy profundo, ciertamente de dolor y sufrimiento, pero también de muchísima dignidad por parte de las familias que buscan a sus tesoros, a sus familias en la reivindicación de, efectivamente, mantener viva la memoria como este muro, pero también en la exigencia de justicia hacia los responsables”.
Añadió: “Sabemos que si no hay justicia, si no hay combate a la impunidad, la desaparición seguirá reproduciéndose en el país”.
Indicó el representante de la ONU que no se debe confundir que “se trata de un anhelo de venganza, se trata de que quienes cometieron esta conducta atroz estén ante la justicia. Se trata de develar una verdad que en ocasiones pretende subestimarse, en ocasiones pretende mitigarse, estamos hablando de más de 100 mil personas oficialmente reconocidas como desaparecidas”.
Destacó que son vidas humanas y los rostros que “aquí vemos reflejados en el muro nos recuerdan justamente a las personas que hoy no están presentes y que fue sustraída y precisamente en un espacio público y por eso tiene que visibilizarse en esos espacios”.
El representante de la ONU indicó que son miles los desaparecidos y se aproxima el cierre de una administración y donde dijo que hay algunos avances, pero también se tienen que señalar aquellos puntos donde se requieren pasos decididos y rematar con el tema de desaparición de personas.
Comentó que las elecciones marcan “renovar perspectivas, cuadros, políticas públicas, renovar funcionarios y eso me parece fundamental”.
Destacó que es importante que el gobierno haya permitido la visita del Comité contra Desaparición Forzada de la ONU, que estuvo también en Guerrero, luego que desde 2013 pidió visitar el país y finalmente se dio la voluntad política para que ésa visita se concretizara.
Añadió que el comité recomendó al Estado mexicano una política de prevención de la erradicación de las desapariciones, “partiendo del reconocimiento que éstas no son un tema del pasado, sino que siguen ocurriendo y es una conducta permanente, en tanto no se esclarezca el paradero”.
El sacerdote de la Iglesia Anglicana, Arturo Carrasco, durante la misa pidió por las familias que tienen una persona desaparecida e hizo un llamado a la ciudadanía a no ser indolentes e indiferentes.
Dijo a los candidatos que los desaparecidos no son un “botín político” y llamó para poder armonizar la paz con justicia y dignidad en todo el país.
Dijo que las madres que buscan a sus hijos son las “maestras de la fe” y se les reconoce su búsqueda de sus tesoros en los cerros.
Manifestó que a pesar de la adversidad, a pesar de la negligencia de las autoridades y la negligencia de la mayoría del pueblo, siguen buscando a sus familiares hasta encontrarlos.
Comentó que las personas no son sólo una cifra, sino son “nuestros familiares”.
Las madres manifestaron que hay indiferencia de las autoridades para buscar a sus familiares.
Los diputados de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, no sólo dejaron plantados el martes a los representantes de colectivos de víctimas de desaparecidos, sino también al coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Alan García Campos, y al asesor forense del Comité Internacional de la Cruz Roja, Arturo Gerardo Cervantes Arróniz.
Los representantes de esos organismos internacionales participaron ese día con los colectivos en una mesa técnica con miras a perfeccionar la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición Forzada, que sigue congelada, y también esperaban reunirse con los diputados de la Jucopo, informó el presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro.
El martes, los representantes de los colectivos Los Otros Desaparecidos de Iguala, Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, el Colectivo Siempre Vivos de Chilapa y del Colectivo Lupita Rodríguez, de Chilpancingo, denunciaron que los diputados de la Jucopo los dejaron plantados en una reunión agendada para avanzar en la iniciativa de Ley de Desaparición Forzada. No precisaron que también estuvieron esperando en la reunión Alan García Campos y Arturo Gerardo Cervantes Arróniz, con quienes se habían reunido antes en una mesa técnica.
En declaraciones por teléfono, el presidente del colectivo Siempre Vivos, Díaz Navarro, informó que la reunión no se terminó porque cuando fueron a ver a los diputados de la Jucopo que suponían se encontraban sesionando, ya no estaban y decidieron suspender la mesa porque el objetivo era que estuvieran presentes “los diputados que realmente deciden”.
Informó que en la reunión previa con los representantes de la ONU y de la Cruz Roja Internacional propusieron la necesidad de crear en Guerrero un Centro de Identificación Humana como ya existe en algunos estados del país, y tomando en cuenta que Guerrero es una de las entidades con un grave problema de desaparición de personas.
“En ello se avanzó bastante en cuanto a los detalles, pero nuestra prioridad es que se apruebe la ley de desaparición de personas a la que le hemos estado dando seguimiento desde hace un año y que está atorada en el Congreso y ya vemos muy difícil que salga en las próximas sesiones”, dijo Diaz Navarro.
Recriminó que hay renuencia de los diputados, principalmente de los de Morena, para que se apruebe esa ley, “con el argumento de que ‘para que queremos una ley local si ya hay una ley nacional’, pero nosotros decimos que entonces si ya hay un Congreso federal para qué tenemos un Congreso local”.
Diaz Navarro lamentó la postura de los diputados porque Guerrero es uno de los estados que tiene un gran número de desaparecidos y ha sido, para mal, pionero en estas cuestiones desde la guerra sucia, desde la desaparición de Rosendo Radilla en 1974.
Reprochó que a diferencia de la mayoría de los estados que ya tienen su ley armonizada con la federal, en Guerrero no hay voluntad para aprobar esta que sería una herramienta jurídica para las familias que tienen desaparecidos.
Informó que tanto Alan García Campos como Arturo Gerardo Cervantes Arróniz apoyan la propuesta de los colectivos e incluso han venido trabajando con ellos en reuniones anteriores para el perfeccionamiento de la iniciativa de ley, en la que no quieren avanzar los diputados.
“La presencia de Alan García nos ha dado una gran fortaleza, tiene una gran experiencia porque ha dado acompañamiento a varios estados proporcionándoles asesoría técnica para que se legisle en materia de desaparición de personas”, explicó Navarro.
Sin embargo, añadió que fue lamentable que hasta él y Cervantes Arróniz, de la Cruz Roja Internacional, hayan sido plantados por los diputados de la Jucopo: “ellos han estado pendientes del desarrollo de la iniciativa y ellos mismos lamentaron que los diputados no tengan esa sensibilidad para subir a pleno y llevar a votación el proyecto que ya se tiene casi terminado”.
Informó que en la mesa técnica estuvieron también los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, Leticia Castro Díaz, Nora Velázquez Martínez, Osvaldo Ríos Manrique y Alfredo Sánchez Esquivel.
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, habla en la presentación del informe 28 de Tlachinollan, ayer en Chilpancingo; lo acompañan el coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU, Alan García Campos y el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz Foto: El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó ayer su informe 28 títulado 43: El naufragio por la verdad, ante la presencia del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Guillermo Fernández Maldonado Castro, quien destacó la importancia del documento porque dijo que Tlachinollan “es uno de los organismos más importantes de derechos humanos en el país y un referente obligado en Guerrero”.
La presentación del texto fue en un salón Capri del hotel Paradise Inn de Chilpancingo, donde estuvieron representantes de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, colectivos, víctimas directas e indirectas de desapariciones, ejecuciones, y desplazamientos por la violencia en la entidad.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, expuso que este informe se presenta en medio del grave problema de la violencia e inseguridad que hay en el estado, así como el debilitamiento de las instituciones de seguridad, “por no decir repliegue”, que impide que se garantice seguridad a la población.
En las distintas intervenciones se denunció que el actual gobierno no ha roto el pacto de impunidad que hay con los grupos delictivos y se insistió en la colusión de las autoridades con el crimen organizado, situación que evidencia que “aquí no hay ley, porque el que manda es el crimen organizado”, dijo Diana Hernández, hija del asesinado luchador social, Ranferi Hernández Acevedo.
Estuvieron en el presídium Maldonado Castro; el coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado, Alan García Campos; el abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra; el dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, Marco Antonio Suástegui; la hija del luchador social asesinado, Ranferi Hernández, Diana Hernández; el presidente del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina; la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales; el representante de las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Mario García, un representante de ese plantel y una representante de jornaleros agrícolas.
Guillermo Fernández Maldonado, hizo una reseña de todos los temas que incluye el informe de Tlachinollan y elogió el trabajo realizado por el equipo del organismo.
“Pocas son las organizaciones de la sociedad civil en México que presentan año con año un informe de actividades” y dijo que este es sólo uno de los aspectos “positivos” que distingue a Tlachinollan.
Opinó que el informe “es una radiografía exhaustiva y comprometida con lo que acontece en Guerrero” y que Tlachinollan realiza una “infatigable labor de acompañamiento a las víctimas de las dolencias; a los pueblos indígenas, a las personas afromexicanas, a los jornaleros agrícolas, a las personas desaparecidas, a las mujeres discriminadas y a los demás grupos que viven una situación especial de vulnerabilidad”.
Agregó que el informe “desnuda las heridas abiertas provocadas por la violencia y el impacto desgarrador del accionar del crimen organizado, la colusión de la criminalidad de algunas autoridades, las consecuencias negativas de una estrategia errada de militarización de la seguridad pública, la expoliación de los recursos de las comunidades, la rapacidad de algunos proyectos, entre otras fuentes de violencia que corresponde al Estado atender como principal garante de los derechos humanos”.
Destacó que entre los temas resalta el caso Ayotzinapa; “la resistencia de las familias, su infatigable lucha por mantener viva la exigencia de justicia, su capacidad de movilización y de denuncia valiente y constante en distintos espacios públicos”.
Destacó la apuesta de los padres por mantener vivo el diálogo que permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables “de un acto de barbarie y ultrajante para la conciencia de toda la humanidad”.
Se disputan 22 grupos el control de los presupuestos municipales
En la presentación del informe, el director de Tlachinollan, Abel Barrera, habló de la violencia, de la grave criminalidad y de la crisis de seguridad que se vive en Guerrero.
Ante el representante del Alto Comisionado de la ONU, dijo que en Guerrero hay en las siete regiones más de 22 grupos de la delincuencia organizada que están usurpando el poder, en términos del control territorial y de su presencia en los poderes municipales, “donde les han cedido espacios y presupuesto los presidentes”.
Sintetizó: “Estamos ante una situación difícil”, y explicó que lo que está ocurriendo en las últimas semanas en la entidad ya no viene en el informe, “los grupos del crimen organizado están tomando el control de ciertos giros comerciales, como el gas en Zihuatanejo, los productos básicos en Atoyac, y en Tierra Caliente “varios presidentes municipales han cedido el control a la delincuencia organizada”.
“En la Tierra Caliente, el crimen organizado se están peleando los presupuestos para tener el control ante una población inerme”,
Dijo que San Miguel Totolapan es el caso más emblemático “de la impunidad y del poder impune del crimen organizado”.
También habló de Chilpancingo, donde, manifestó, hay una disputa desde hace varios meses entre los grupos de la delincuencia, igual que en Tierra Colorada, donde recientemente hubo un despliegue de la Guardia Nacional.
De Acapulco, informó que apenas el lunes le dijeron que “hay un gran número de grupos que se están disputando palmo a palmo las playas”.
Enseguida dijo que el informe de Tlachinollan es el “termómetro de un estado convulso”. Donde, añadió, por un lado hay una población que resiste bloqueando carreteras y calles para que las autoridades cumplan, “como está pasando con los colectivos de la guerra sucia que piden la reparación de daños y han ido hasta Palacio Nacional y no han sido atendidos”.
También mencionó la movilización del domingo cuando víctimas de las violaciones a los derechos humanos de la guerra sucia protestaron en las puertas de la 35 Zona Militar para exigir que abran los archivos, pero que la respuesta fue “desconcertante”; porque en lugar de acompañar a los colectivos, en su mayoría personas mayores, madres, hijas esposas, dentro de las instalaciones había policías antimotines para proteger las instalaciones.
Barrera se quejó: “vemos a una clase política distraída en otros asuntos, alejada de las demandas básicas. Han abandonado, sobre todo, a los sectores de la Montaña, de la Sierra, de la zona Centro, de los colonos, de la gente de Acapulco que exige lo básico; agua potable educación, salud, trabajo”.
Explicó que la gente se organiza para esas peticiones porque los programas federales son insuficientes, “el techo presupuestal que debe llegar a Guerrero es insuficiente, por eso los jóvenes se están yendo a Nueva York a trabajar, por eso las familias se están quedando abandonadas”.
Informó que más 22 mil jornaleras y jornaleros han salido de la Montaña y de la Costa Chica para ir a buscar trabajo a los campos agrícolas de Sinaloa en condiciones de semi esclavitud, sin ningún apoyo, porque no hay ningún programa para proteger a la población jornalera. “Hay un abandono institucional a los sectores más depauperados en nuestro estado”.
Habló, también, de la situación de las mujeres indígenas y no indígenas, que viven una situación grave; “se han incrementado los feminicidios, las muertes maternas en la Montaña, la violencia contra las niñas y el problema de la venta de niñas lamentablemente ha crecido por el abandono de las autoridades”.
Además, dijo que las madres solteras son víctimas de violencia y de discriminación en sus comunidades, pues no tienen trabajo, y no tienen acceso a la justicia porque se les estigmatiza y criminaliza.
Denunció que hay municipios como Cochoapa y Metlatónoc donde las mujeres que se atreven a solicitar el apoyo de las autoridades municipales las obligan a regresar con sus esposos después de que sufrieron violencia y, de paso, les cobran por el acta que levantan para supuestamente conciliarlos.
“No hay realmente una política gubernamental que este del lado de las mujeres protegiéndolas”, denunció Barrera Hernández.
Agregó que otro problema grave en Guerrero es el de los desplazados de los que hay alrededor de 22 mil personas que han abandonado sus comunidades por la violencia.
Mencionó el caso de los desplazados de Chichihualco de los que hubo una representación, dijo que han resistido porque se han organizado y han tenido que ir a Palacio Nacional y a Gobernación para hacerse visibles pero que el Senado no ha intervenido para que haya una ley que los proteja.
“En Guerrero el problema de los desplazados es un foco rojo”, y que por eso vino la relatora el año pasado para verificar y constar el problema.
Vidulfo Rosales, por su parte, expresó que en un gobierno democrático la primera tarea que debería hacer es establecer una agenda clara para dar respuesta al problema de la violencia, y las ejecuciones de los defensores de derechos humanos; “hubo decenas tan solo en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero”.
Explicó que si bien no ocurrieron en este gobierno, “el actual tendría la responsabilidad de retomar el problema de los asesinatos de los defensores para su esclarecimiento y justicia, pero no estamos teniendo absolutamente nada, no hay la mínima preocupación”, denunció.
Reprochó que no se ven acciones concretas en términos de justicia para los defensores asesinados.
Y se preguntó: “qué está haciendo este gobierno, cuál es la agenda que está trazando, cuáles son las primeras acciones tendientes a resolver el problema de violencia. Nada, sólo pasarelas, frivolidades, acciones fatuas y no se está tocando la grave problemática que estamos viviendo en materia de derechos humanos.
El momento más sensible se percibió cuando habló el dirigente del Cecop, Marco Antonio Suastegui.
“Llévese este informe y su contenido, lleno de dolor y de sufrimiento, pero también lleno de esperanza. Para nosotros; las víctimas indirectas y directas es muy difícil poder leerlo y adéntranos, porque lo que ahí está escrito es lo que estamos viviendo los familiares de desplazados, de desaparecidos, de asesinados, de encarcelados, de perseguidos. La realidad en Guerrero es muy cruda”, le dijo al representante del Alto Comisionado.
Con largas pausas, voz quebrada y con ojos húmedos, habló de la desaparición de su hermano Vicente y de la negligencia de las autoridades para atender el caso. Mencionó que hay cuatro detenidos pero no por la intervención de las autoridades, sino por la presión de los familiares “con el riesgo de nuestras propias vidas para perseguir a estos criminales que hoy están coludidos con el Ejército y la Marina”.
Denunció que el mismo gobierno le está dando entrada a los grupos de la delincuencia en la zona de Cacahuatepec porque para las autoridades del pasado y actuales representa un gran negocio.
“Nada ha cambiado, al contrario, las cosas siguen empeorando”, denunció.
La tasa nacional de homicidios se queda corta con la registrada en Chilapa, y detrás de esas cifras hay una historia de dramatismo y ruptura que se refleja en las miradas de los familiares de la víctimas, expuso ayer en esta ciudad el oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Alan García Campos.
Indicó que los asesinatos y desapariciones no son fatalidades naturales, sino conductas humanas que gozan de la complicidad de las autoridades pero que se pueden erradicar.
Recomendó a las autoridades aceptar el problema y sus circunstancias, revertir, suprimir y erradicar el modelo de seguridad policiaco y militar así como que el Estado mexicano, sobre todo los gobiernos locales, adopten marcos regulatorios internacionales en materia de derechos humanos.
Ayer alrededor de las 11 de la mañana en el centro de la ciudad fue el primero de dos días del Foro Nacional para la implementación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, ante la Ley 701 del Estado de Guerrero.
El foro fue organizado por el colectivo Siempre Vivos, coordinado por el profesor José Díaz Navarro quien propuso una mesa de trabajo entre autoridades, representantes de los organismos de derechos humanos y las víctimas para que los dos días del foro salgan resultados.
No llegaron colectivos invitados de Veracruz, Michoacán, Coahuila y Morelos por temor a la inseguridad, informó José Díaz.
Participó el vicecoordinador de Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), Rey Yañez quien explicó el procedimiento para la identificación de las víctimas, y reveló que de diciembre de 2016 a la fecha cuenta con 2 mil 315 perfiles en la base de datos de genética.
El oficial del Alto Comisionado de la ONU-DH, Alan García Campos dijo que se ha demostrado que en Chilapa se vive una tragedia.
“Una vivencia cotidiana para muchos y muchas de ustedes, están cargando sobre sus hombros una tragedia”.
Dijo que el Estado debe garantizar la justicia, la verdad y la reparación del daño para evitar que las familias enfrenten circunstancias catastróficas como las que padecen en Chilapa, Zitlala y sus alrededores.
Indicó que en México hay una crisis en materia de derechos humanos pero la que enfrentan las comunidades de Chilapa han transcendido a nivel internacional, pues son un epicentro del dramatismo aunado a la corrupción y la ausencia del Estado, que socavan los tratados internacionales de derechos humanos.
“Las desapariciones, ejecuciones y torturas son totalmente inadmisibles bajo los estándares internacionales de derechos humanos, y no pueden justificarse por ninguna circunstancia”, señaló.
El oficial de la ONU-DH dijo que para un país que no está en un conflicto armado o en guerra, las cifras oficiales de homicidios son escalofriantes.
En 2017, añadió, se registró a nivel nacional la mayor tasa de homicidios con un promedio al día de 80 personas privadas de la vida, “esta cifra en un municipio como Chilapa se queda corta. De ese tamaño es el dramatismo al que se enfrenta México”.
“Detrás de estas cifras hay una historia de dramatismo, de ruptura, las historias que empezamos a identificar en los ojos, en las miradas de ustedes”, dijo.
Agregó que la impunidad en el país es del 96 al 98 por ciento en los delitos denunciados, con lo que advirtió que en un contexto en el que no hay castigo se repite el ciclo de violencia.
Comentó que las autoridades tienen la obligación de prevenir, pero cuando ya son cometidos los delitos la obligación es investigar, perseguir, enjuiciar y castigar a todas las personas que participaron y la sanción debe ser apropiada a la gravedad de la conducta. “El castigo debe corresponder al daño y a la lesión cometida”.
Además de reparar de manera integral y adecuada a las víctimas, para aminorar el cambio de vida que padecen.
Saludó el proyecto de la Ley de Desaparición Forzada y conminó a hacerlo con organismos de la sociedad civil, de derechos humanos y familiares de las víctimas, además de que posteriormente los congresos locales se apropien de las leyes sin que se desentiendan como, dijo, regularmente sucede.
Deslizó que el origen de la violencia es producto de conductas sociales y de la complicidad con autoridades, pero que se pueden erradicar.
“Las ejecuciones, asesinatos, desapariciones de las personas, no son fatalidades naturales ante las cuales el ser humano no tengan ningún recurso para enfrentarlos, no, estamos hablando de conductas humanas perpetradas desde la maldad pero que gozan lamentablemente, la complicidad entre muchas circunstancias, de las autoridades, que deben erradicarse.
“Y esta obligación (de erradicar) reposa en las autoridades, este estado de cosas puede transformarse porque estamos frente a conductas humanas y como cualquier conducta humana es susceptible de modificarse, de erradicarse”.
“Esto es justamente lo que se tiene que hacer, gobierno, sociedad civil, organismos internacionales: reformar nuestro empeño y conducta para transformar”, indicó.
Los elementos para construir una agenda, dijo, son reconocer el problema, modificar el modelo de seguridad pública e implementar los estándares internacionales de derechos humanos.
“Conocer el problema y sus dimensiones como paso indispensable para enfrentarlo, es fundamental que las autoridades acepten las circunstancias por las que pasa la sociedad”.
“Modificar el modelo de seguridad imperante y recientemente reforzado, de un modelo militar de seguridad a uno de seguridad ciudadano. La guerra contra las drogas, científicamente se demuestra que el paradigma no sólo no ha materializado lo concebido, sino que ha agravado la circunstancia crítica de violencia e inseguridad por la que atraviesa el país”.
“Es fundamental poder revertir ese modelo, suprimir, erradicarlo e instaurar un modelo de seguridad ciudadano que haga compatible el anhelo legítimo de la sociedad con la obligación que tiene el estado de proteger y respetar los derechos humanos”.
Además, Alan García Campos llamó a implementar modelos y marcos regulatorios compatibles con estándares internacionales de derechos humanos, “en México no existen algunos marcos regulatorios, por lo que se permite la violación de los derechos humanos”.
Por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) acudieron Román Jaimes Contreras, tercer visitador general y Adelaido Memije, visitador adjunto. Del gobierno del estado Luis Camacho Mancilla y del gobierno municipal, el secretario general del Ayuntamiento, Aldy Esteban.
El oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alan García Campos señaló que Guerrero representa “dos momentos lacerantes” de la desaparición forzada de personas: la guerra sucia y la actualidad, durante su participación en la Tercera Jornada del Estudiante Detenido Desaparecido en la Facultad de Filosofía y Letras.
Precisó que las diferencias de hace cuatro décadas con la fecha actual es que hace 40 años dos instancias federales ejercían la desaparición forzada como método de represión política, particularmente contra las disidencias de izquierda. Ahora se está perpetrando por una multiplicad de actores del Estado, incluso agentes de Tránsito y de Inmigración que han entregado a gente detenida a grupos de la delincuencia.
El funcionario participó como ponente en el segundo y último día de la jornada conmemorativa del Día del Estudiante que organiza el Colectivo Revueltas desde 2014, y coincidió con la denuncia de estudiantes de la escuela de Artes del asesinato de su compañero Raymundo Darwin Barrientos, ocurrido el día anterior.
García Campos expresó su conmoción por el homicidio dado que en su anterior visita a Guerrero, en el foro Las voces de la víctimas de un Estado fallido, hace dos semanas, conoció el asesinato de otro alumno de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jahaziel Gálvez.
En la conferencia señaló que “desgraciadamente” Guerrero expresa la síntesis de dos momentos lacerantes por la desaparición forzada, “una práctica que se cometió desde los años 70 (la década de 1970), que no ha sido atendida por el Estado y que ha permitido el resurgimiento de la misma con niveles particularmente consternadores”.
En el contexto de la guerra sucia se puede hablar de la desaparición forzada como método de represión política contra disidencias de izquierda que optaron por la lucha armada o por el ejercicio de las libertades democráticas, y como brazo ejecutor a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Dirección General de Seguridad, explicó.
Consideró que entonces la descentralización política bastó para que el método de control y temor “cesara en su intensidad”, pero fue insuficiente para que los actores responsables rindieran cuentas, se revelara la verdad de lo ocurrido y se hiciera la reparación del daño.
Ahora ya no son hechos exclusivos de la Sedena o de Gobernación, sino de una multiplicidad de actores estatales omisivos, en un contexto de mayor complejidad que en los años 70.
“Las autoridades que perpetran de manera directa la conducta o la cometen de manera indirecta por consentimiento o aquiescencia, hacen posible que actores privados sean los que cometan actos de aprehensión de las víctimas. Esta dualidad de autoridades indolentes que han dejado de atender la función primaria de ofrecer seguridad, se ha convertido en factor de permisibilidad para que actores privados realicen actos de desaparición”.
Añadió que se estima que 30 por ciento de las desapariciones que ocurren en el país son niños y niñas, detenidos con distintos modos de operación. Como ejemplo señaló que hay registros de que agentes de Tránsito que entregan a personas a bandas de la delincuencia, y que agentes migratorios aprenden a migrantes centroamericanos a los que no se les vuelve ver, y que se presume son blancos de las redes de trata de personas.
Se necesitan respuestas estructurales ante la inoperancia del sistema de justicia
El oficial del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Alan García confirmó que Guerrero fue epicentro de la desaparición forzada y que el problema permanece y se extendió a otras entidades de la República, como un “brote endémico”.
Opinó que México precisa respuestas estructurales para resolver la inoperancia del sistema de justicia, para identificar a las personas que han sido desaparecidas y decir cuál fue su destino o paradero.
“En el caso de que hayan sido ultimadas que se verifique con mecanismos científicos la identidad, y que los restos sean de manera dignificada entregados a familiares, que se mantenga viva la memoria y se honre el legado de estas víctimas”.
Sin embargo, en el país las búsquedas “son fundamentalmente de escritorio” y en los servicios forenses “la ciencia está ausente”, denunció.
Advirtió que el Estado mexicano está jugando su reputación en la elaboración de una estrategia de cambios institucionales y normativos, “que aún no están a la altura del gran desafío”.
Destacó la contribución actores fundamentales en este proceso: las víctimas que reivindican sus demandas con protestas, organizaciones de la sociedad civil que promueven y entienden los derechos humanos, organismos internaciones que ya iniciaron un ciclo intenso de escrutinio y que han dado al Estado un catálogo amplio de recomendaciones para remontar el momento crítico que enfrenta, y la academia que está colocando sus saberes y conocimiento al servicio de la causa. En este último bloque colocó también a la población estudiantil.
Respaldo a los presos de la CRAC y a la universitaria Lucy Baltazar
A la actividad en Ciudad Universitaria acudieron también la esposa e hija del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, preso en el penal de Chilpancingo, para dar su testimonio de la lucha de los familiares desde la aprehensión del luchador social ocurrida el 6 de noviembre de 2013.
La señora Ausencia Honorato Vázquez dijo que antes de la detención de su esposo ella no conocía nada de la lucha social, pero a él siempre le gustó apoyar a los campesinos y a los maestros, gestionar apoyos al campo y servicios en su barrio El Fortín, en Tixtla.
Recordó que como promotor de la CRAC acudió a los pueblos a organizar a la gente, que se interesó en formar policías comunitarias porque cuando llamaban a las policías municipal o estatal por problemas en los pueblos nunca llegaban, no obstante fue detenido en una excesiva operación de la Policía Estatal en Tixtla.
Añadió que durante tres días no supo en dónde se encontraba recluido, hasta que recibió una llamada del penal federal de Miahuatlán, Oaxaca.
“Desde que lo conozco a él le ha gustado la lucha y eso no le gusta al gobierno”, denunció con sencillez.
La mamá de la estudiante Lucy Baltazar Miranda, la señora Hermininia Miranda pidió apoyo a la comunidad universitaria para conseguir la libertad de su hija, una joven detenida y trasladada a un penal de máxima seguridad a pocos días de concluir la licenciatura de Artes, en 2014, como alumna de excelencia de la UAG.
En un escrito leído por una joven a su lado, señaló el origen humilde de la universitaria, que trabajó desde pequeña para sostenerse y apoyar a sus hermanos menores, descargando fruta, elaborando alimentos, vendiendo discos y en últimas fechas, tomando fotografías.
Está detenida en el penal federal de Coatlán del Río en el Estado de México, y se sabe muy poco de su detención porque la familia no tiene información del caso.
Informó que buscaron apoyo en las instituciones estatales pero un caso de humanidad fue complemente politizado, y Lucy continúa escribiendo cartas, pintando cuadros, escribiendo poesía, “sigue dándole al arte como un método de resistencia, seguimos organizándonos para que lo que le ha pasado a ella no quede en olvidó”.
Uno de los organizadores de la Jornada del Estudiante Detenido Desaparecido recriminó que ayer habría verbenas en Ciudad Universitaria para celebrar con música y alcohol el día del estudiante, auspiciadas por los directivos y el rector Javier Saldaña Almazán, quien no se pronunció por la joven detenida ni por los estudiantes asesinados en días recientes. No obstante llevó a la prensa la denuncia del ataque a su camioneta.
