Asesinan a tres mujeres y un hombre en fiesta en San Andrés Playa Encantada

Dos de los cuerpos de las cuatro personas asesinadas en el restaurante Playa Aventura donde se ofrecía una fiesta Foto: Tomada de Redes Sociales

Redacción

Tres mujeres y un hombre fueron asesinados a balazos en una fiesta, en el poblado de San Andrés Playa Encantada, colindante con Barra Vieja.
El crimen fue reportado después de las 8 de la noche, a un costado de la carretera a Barra Vieja, informaron policías ministeriales.
El reporte policiaco indica que hombres armados irrumpieron en el restaurante Playa Aventura donde se efectuaba una fiesta.
Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco, encontrado varios casquillos percutidos de diferentes calibres.
El Ministerio Público sector Costa Azul abrió una carpeta de investigación por el crimen.
El hecho generó un fuerte despliegue policiaco de los tres órdenes de gobierno, encabezado por fuerzas federales.
Después de las diligencias, los cadáveres en calidad de desconocidos fueron trasladados a las instalaciones del Semefo.
Con este caso suman 15 muertos en lo que va del mes, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con el recuento de El Sur.
En un boletín de prensa, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se investigan los hechos ocurridos en Barra Vieja, donde fueron localizados los cuerpos de tres mujeres y un hombre sin vida.
Añadió que al lugar acudieron agentes ministeriales así como peritos, quienes hicieron las diligencias iniciales y el levantamiento de indicios, con el propósito de recabar información que permita el esclarecimiento de los hechos.

Acuerda Cecop marchar en la capital para exigir justicia por el asesinato de su vocero

 

Ramón Gracida Gómez

En la asamblea de ayer del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) se convocó a marchar el 24 de abril en Chilpancingo para exigir justicia a un año del asesinato de su vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, criticó a las autoridades por no detener al responsable del crimen contra el líder comunitario, quien fue atacado a balazos en la playa Icacos, donde trabajaba, el 18 de abril de 2025 y murió en el hospital siete días después.
Ayer estaba previsto el encuentro en el embarcadero El Fraile del Cecop con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), pero las autoridades no llegaron a la cita.
El objetivo es que las dependencias municipal y federal gestora del agua, informaran de los proyectos en diversas comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec para abastecer de agua a sus vecinos.
La construcción de pozos de agua en las localidades de Cacahuatepec, San Pedro Cacahuatepec y El Carrizo es producto del acuerdo entre el Cecop y los gobiernos municipal y federal para permitir el avance de la obra de los tres pozos radiales en la ribera del río Papagayo, frente a la comunidad de Aguacaliente.
Los pozos radiales son una obra millonaria que forma parte de la reconstrucción de Acapulco tras los huracanes Otis y John que promueve la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Ayer también se iba a informar del proyecto de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg) en Salsipuedes, obra acordada desde diciembre de 2024 tras la toma de las instalaciones del sistema Papagayo II ubicadas en Salsipuedes por parte de sus vecinos para exigir, entre otras demandas, el acceso al agua, y que hasta el mes pasado se les informó por primera vez del avance de las obras.
Este domingo, vecinos de Parotillas, donde la bomba de agua se quemó, Los Ilamos y Rancho las Marías, informaron a sus compañeros las visitas de la CAPAMA para avanzar en los proyectos que dieron a conocer los funcionarios municipales el 22 de febrero pasado. La CAPAMA también visitó hace unos días las comunidades El Carrizo y Garrapatas, puntualizaron los habitantes.
Pese a los avances, no obstante, vecinos de El Cantón denunciaron que no sirve una de las dos bombas de agua ubicadas en Cacahuatepec y que surten a ambas localidades y también a Huamuchitos, entonces el abastecimiento de agua sigue siendo intermitente.
En la asamblea que se llevó a cabo a las 12 de la tarde y a la que acudieron unos 40 campesinos, también se habló de la necesidad que otras comunidades con problemas de abastecimiento de agua sean incluidas en los proyectos que ejecuta la CAPAMA, como son Amatillo, El Bejuco, Las Chanecas y Tasajeras.
Por primera vez, un grupo de campesinos de Pochotlaxco acudió a la asamblea del Cecop para unirse a la lucha por la defensa del territorio y el acceso al agua del río Papagayo que siguen abanderando los campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.

 

Asesinan a pareja en su casa a balazos en la Fuerza Aérea, a un costado de la 27 Zona Militar

Una pareja fue asesinada a balazos adentro de una casa en la colonia Fuerza Área, a un costado de la 27 Zona Militar, ubicada en Pie de la Cuesta.
El crimen fue reportado a las 10 de la noche en la avenida Fuerza Área, cerca del cuartel de la Guardia Nacional, informaron policías ministeriales.
Mediante una llamada de emergencia, agentes fueron alertados de detonaciones de arma de fuego.
El reporte policiaco indica que hombres armados irrumpieron en la casa de un nivel y sin mediar palabras les dispararon a sus víctimas.
Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco encontraron varios casquillos percutidos de pistola calibre .09 milímetros.
El Ministerio Público sector Jardín abrió una carpeta de investigación por el crimen.
El hecho generó un fuerte despliegue policiaco de efectivos del Ejército y Guardia Nacional.
Después de las diligencias, los cadáveres de la mujer y el hombre fueron trasladados a las instalaciones del Semefo.
Con este caso suman 22 muertos en lo que va del año, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con el recuento de El Sur. (Redacción).

Exigen justicia para Marco Suástegui en el XV aniversario del STOOAEG

Karina Contreras

En el 15 aniversario del Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero (STOOAEG), sindicato independiente en CAPAMA, agremiados de éste exigieron justicia por el asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, ocurrido en abril de este año.
Uno de los oradores señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) no tiene ni un avance en las investigaciones de los hechos por lo que “exigimos el esclarecimiento del crimen y exigimos justicia”. En la asamblea que se llevó a cabo en el hotel del Magisterio, en la calle Hornitos de la avenida Costera, el STOOAEG, que dirige José Martín Martínez, entregó post mortem la presea Juan R. Escudero al dirigente del Cecop, por su solidaridad con los movimientos sociales y a nombre de éste y su familia los recibió su prima Maricela Navidad Dorantes.
En las participaciones de los asistentes recordaron a Suástegui como un luchador que apoyó las causas sociales y si hoy “viviera con nosotros estuviera”. Dijeron que entendía claro que las luchas aisladas no conducían a nada y que se debía tener una vinculación; que siempre estuvo en los momentos más duros de los movimientos y “siempre dispuesto a rifársela con nosotros y jamás nos pidió nada por el apoyo”.
Uno de ellos indicó que fueron aliados y que Marco Suástegui fue un aliado sincero hasta el último momento y “ese era un rasgo de su personalidad”.
La ex alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, dijo que la lucha social no ha sido fácil porque ha costado muchas vidas durante décadas en el país. Gente que ha luchado por años y siguen esperando que llegue la justicia.
Recordó que en su gobierno hubo mucha resistencia de su propia gente, sin embargo se apoyó con todo al STOOAEG porque conoce a José Martín Martínez desde hace muchos años y siempre lo ha admirado como compañeros de lucha. Román Ocampo dijo que cuando se aprobó el antimonumento a los 43 normalisas en el Cabildo, algunos integrantes de Morena se opusieron y estaban en contra porque “cómo en la Costera iba a ponerse el antimonumento que afectaba al turismo y pusieron una serie de argumentos tan absurdos”.
Recordó que les respondió: “Es precisamente lo que queremos, que se vea, que quede en la memoria colectiva la desaparición de los jóvenes”. Incluso morenistas dijeron que lo llevaran a alguna colonia, pero no en la Costera porque eso dañaba la imagen de Acapulco y señaló: “Si venimos de un movimiento de lucha, democrático, progresista, revolucionario y a la hora de gobernar tenemos esa mentalidad, imagínense pobre pueblo, pobre sociedad”.
Dijo que reconocía la lucha de los movimientos y que no tienen que ser aislados y Marco Antonio Suástegui tenía muy claro que se tenía que ir hermanados porque era la única manera de que los movimientos sociales progresaran y, por eso, los llamó a seguir unidos.
El dirigente José Martín Martínez dijo que las organizaciones y los movimientos necesitan vincularse.
Destacó que se está pensando en un encuentro de organizaciones con la finalidad de empezar a trabajar en una organización en la defensa colectiva de los derechos de cada una, pero con respeto a la autonomía de cada una. Indicó que es necesario y es algo que se estaba construyendo con Marco Antonio Suástegui, pero “no nos alcanzó el tiempo, pero estábamos en esa ruta de que las luchas aisladas traen muy pocos dividendos y urge en Guerrero retomar la lucha bien organizada, estructurada, que lleve a cada una de las organizaciones a resolver sus principales demandas”.
También los asistentes guardaron un minuto de silencio y otro de aplausos por Marco Antonio Suástegui, así como por el dirigente de la Unidad Popular Emiliano Zapata, Arturo Hernández Cardona; el miembro fundador del Colectivo Contra la Tortura e Impunidad, Bertoldo Martínez Cruz; el dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán y por todos los luchadores sociales que ya no están debido a la “herencia y legado que nos han dejado”.

Asesinan a otro taxista el sábado en La Laja; suman ocho en dos semanas consecutivas

Otro taxista fue asesinado a balazos el sábado pasado en la colonia La Laja, ubicada en el anfiteatro de la ciudad.
En dos semanas consecutivas van ocho choferes del trasporte público asesinados a balazos.
El crimen fue reportado a las 11:15 de la mañana del sábado en la calle Guadalupe Victoria, informaron policías ministeriales.
El reporte policiaco indica que hombres armados persiguieron a su víctima y al darle alcance le dispararon.
Después de las diligencias, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Semefo.
Con este caso suman 369 muertos en lo que va del año, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con el recuento de El Sur.

Detienen a un hombre en posesión de droga

Ayer la Fiscalía General del Estado informó que se detuvo en flagrancia delictiva a un hombre identificado como Juan, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en colonia Pasó Limonero.
En comunicado la FGE, explicó que la detención se llevó a cabo cuando el imputado fue sorprendido con 39 dosis de cristal.
Aprehenden a El Oso, presunto líder del grupo delictivo CIDA

El presunto líder del grupo delictivo Càrtel Independiente de Acapulco (CIDA), Gonzalo alias Roque, o El Oso, fue detenido en una acción conjunta de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Guarida Nacional y Secretaría de Marina, así como la Policía del Estado.
El sábado, la FGE informó que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Gonzalo y/o Roque alias El Oso, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en agravio de Remigio y Francisco en Acapulco.
Añadió que de acuerdo con los actos de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 28 de agosto de este año, en la avenida Vicente Guerrero, esquina con andador Los Almendros.
Afirmó que las investigaciones ministeriales establecen que Gonzalo y/o Roque es identificado como objetivo prioritario y presunto líder de la “célula delictiva autodenominada CIDA”, con influencia en las colonias La Venta y Moctezuma, y considerado generador de violencia en Acapulco. (Redacción).

Inicia en Ayutla operativo de seguridad con más de 600 elementos estatales y federales

Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en un filtro de revisión a la salida de Ayutla Foto: José Luis de la Cruz

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal, realizaron un aparatoso operativo en el municipio de Ayutla en el que participan unos 600 elementos.
Antes, la operación Costa Chica Segura se presentó en las instalaciones del 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande, a tres días de la reunión del subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, con autoridades municipales de Ayutla.
En un boletín de prensa el gobierno estatal informó que “el arranque” estuvo encabezado por el comandante de la IX Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez, el subsecretario Rodríguez Cisneros y la concejal de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta, Elizabeth Calixto Leyva.
De acuerdo con un video de la presentación de las fuerzas federales y estatales que participarán en la operación, entre las armas que utilizarán hay calibre 50, además de que se apoyarán con drones, vehículos blindados y unidades caninas.
Las fuerzas de la operación interinstitucional Costa Chica Segura, se informó, se desplegará principalmente en Ayutla, y se dijo que fue un acuerdo de la reunión de Rodríguez Cisneros con los concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios municipales de las localidades donde opera la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Esa reunión se realizó después de la emboscada ocurrida el 16 de agosto cerca de El Cortijo, en Ayutla, donde de acuerdo con la dirigencia de la UPOEG fueron asesinados 12 policías ciudadanos y siete quedaron heridos.
Además, el domingo pasado la misma organización informó y compartió fotografías de su incursión en tres localidades: Lagunillas, de Ayutla, así como El Refugio y Colotepec de Tecoanapa, donde acordaron integrar a su policía ciudadana.
La UPOEG ha denunciado que en esas comunidades pretende ingresar el grupo delictivo de Los Ardillos ha señalado al mismo grupo como el responsable del ataque a los policías ciudadanos en El Cortijo.

Se busca que impere la legalidad: Rodríguez Cisneros

En declaraciones a los medios de comunicación después de la presentación de la operación, Rodríguez Cisneros informó que el propósito es “generar estabilidad, que impere la legalidad y que todos se sometan al imperio de la ley para contribuir a la paz en esta región”.
Explicó que las acciones en materia de seguridad se evalúan todos los días en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y que las acciones son resultado “de este trabajo coordinado en la mesa”.
Llamó a los concejales y a los comisarios municipales y delegados de los pueblos “a que entiendan que estas acciones son en beneficio de la sociedad y que no obstruyan la labor que se está realizando para salvaguardar la integridad física de las personas”.
Pidió su colaboración y participación porque “es importante, sobre todo para que quienes son autoridad estén de este lado, de lado de la ley, que contribuyan y colaboren a restablecer el tejido social en este proceso de construcción de la gobernabilidad”.
Le pidió a la coordinadora de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta municipal que sea portavoz con los comisarios de que independientemente del sistema en el que ellos se rigen, “hacia el exterior todos estamos obligados a cumplir la ley”.
Agregó: “El operativo va dirigido a todos aquellos que estén actuando fuera de la ley trátese de quien se trate, no trabajamos a favor ni en contra de nadie, no es una acción contra nadie, es una acción en favor de la sociedad, en este caso de la Costa Chica, y vamos a seguir trabajando de forma coordinada”.
Con respecto a los avances de las investigaciones relacionadas con la emboscada a los policías ciudadanos de la UPOEG el 16 de agosto pasado, dijo que lo informará la FGE, que es la que está “perfeccionando sus investigaciones”.
En el boletín de prensa, el gobierno del estado informó que el objetivo de la operación es “fortalecer la seguridad, la gobernabilidad y la paz social en la región Costa Chica.
Explicó que el Operativo Interinstitucional Costa Chica Segura, lo organiza el gobierno del estado en coordinación con las fuerzas armadas.
Agregó que durante el arranque de la operación, el subsecretario Rodríguez Cisneros destacó que esta acción “responde a los acuerdos establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, y como parte de una respuesta de atención integral a la región de la Costa Chica, reforzando el trabajo conjunto con municipios, fuerzas armadas y comunidades para proteger la integridad de la población”.
En el comunicado se dijo que el funcionario llamó a las autoridades municipales a cumplir su papel como primeros respondientes en la prevención del delito, “manteniendo diálogo y coordinación con comisarios y delegados”.
Asimismo, exhortó a canalizar de manera institucional cualquier inconformidad o queja contra los cuerpos de seguridad.

Patrullajes, puestos de control y actividades preventivas

Durante el banderazo del operativo se informó que más de 600 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, “entre otras instituciones”, participarán en patrullajes, puestos de control y actividades preventivas, siempre en apego a la normatividad y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Se informó que también asistieron al arranque del operativo el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledezma Ozuna; el fiscal general del Estado, Zapacna Jesús Torres Ojeda; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán y mandos de la Guardia Nacional.
Se informó en el mismo comunicado que en el evento el general Zapata Pérez exhortó a presidentes municipales, comisarios y autoridades locales a sumarse al esfuerzo interinstitucional, garantizando una coordinación permanente con la Guardia Nacional y el Ejército, bajo el respeto a los derechos humanos y a los usos y costumbres de las comunidades.
A su vez, el secretario de Seguridad Pública, Ledezma Ozuna, convocó a los municipios a profesionalizar y certificar a sus cuerpos policiales, con el fin de brindar un servicio confiable, cercano a la ciudadanía y orientado a consolidar la paz y la estabilidad en la Costa Chica.
Después de su presentación, las fuerzas federales y estatales recorrieron la carretera Cruz Grande-Tierra Colorada, pasaron Ayutla, realizaron una breve parada en El Cortijo, se siguieron a Tecoanapa, y se establecieron en Chacalapa, municipio de Juan R. Escuedero.
Esta no es la primera vez que los gobiernos federal y estatal anuncian de manera ostentosa un operativo de tal magnitud.
El 5 de octubre del 2024, el entonces comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Jorge Pedro Nieto, anunció el despliegue de batallones de tropas convencionales, unidades de fuerzas especiales y agentes de la Guardia Nacional, así como helicópteros “y demás medios tecnológicos”, en los municipios de Quechultenango y Chilapa y parte de Chilpancingo.
El objetivo, se dijo, era la búsqueda de 17 personas de la comunidad de Chautipan, municipio de Chilpancingo, desaparecidas entre el 21 y 27 de octubre en El Epazote, municipio de Chilapa de Álvarez y en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
Entonces, el comandante de la 35 Zona Militar informó que la Sedena dispuso el envío de manera inmediata de más de 400 militares para contribuir con las autoridades locales en la búsqueda de las 17 personas desaparecidas, entre ellas cinco menores de edad y dos mujeres.
Al día siguiente, aparecieron descuartizados 11 de los 17 cadáveres en la caja de una camioneta al sur de Chilpancingo, a unos 500 metros de la FGE, y aún siguen desaparecidas seis personas.
Sin embargo, del operativo anunciado nunca se volvió a hablar más, y los familiares de las personas que siguen desaparecidas informaron que después del hallazgo de los 11 cuerpos las autoridades suspendieron las búsquedas.

 

Inicia operativo en Ayutla con más de 600 elementos

Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal forman parte de la Operación Costa Chica Segura que arrancó ayer, 12 días después de la emboscada ocu-rrida el sábado 16 de agosto en la que fueron asesinados 12 policías ciudadanos de la UPOEG Foto: El Sur

Inicia en Ayutla operativo de seguridad con más de 600 elementos estatales y federales

Fue un acuerdo de la reunión del subsecretario de Gobierno Francisco Rodríguez con concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios donde opera la UPOEG, tras el asesinato de 12 policías ciudadanos en una emboscada, se informa en un comunicado estatal

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal, realizaron un aparatoso operativo en el municipio de Ayutla en el que participan unos 600 elementos.
Antes, la operación Costa Chica Segura se presentó en las instalaciones del 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande, a tres días de la reunión del subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, con autoridades municipales de Ayutla.
En un boletín de prensa el gobierno estatal informó que “el arranque” estuvo encabezado por el comandante de la IX Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez, el subsecretario Rodríguez Cisneros y la concejal de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta, Elizabeth Calixto Leyva.
De acuerdo con un video de la presentación de las fuerzas federales y estatales que participarán en la operación, entre las armas que utilizarán hay calibre 50, además de que se apoyarán con drones, vehículos blindados y unidades caninas.
Las fuerzas de la operación interinstitucional Costa Chica Segura, se informó, se desplegará principalmente en Ayutla, y se dijo que fue un acuerdo de la reunión de Rodríguez Cisneros con los concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios municipales de las localidades donde opera la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Esa reunión se realizó después de la emboscada ocurrida el 16 de agosto cerca de El Cortijo, en Ayutla, donde de acuerdo con la dirigencia de la UPOEG fueron asesinados 12 policías ciudadanos y siete quedaron heridos.
Además, el domingo pasado la misma organización informó y compartió fotografías de su incursión en tres localidades: Lagunillas, de Ayutla, así como El Refugio y Colotepec de Tecoanapa, donde acordaron integrar a su policía ciudadana.
La UPOEG ha denunciado que en esas comunidades pretende ingresar el grupo delictivo de Los Ardillos ha señalado al mismo grupo como el responsable del ataque a los policías ciudadanos en El Cortijo.

Se busca que impere la legalidad: Rodríguez Cisneros

En declaraciones a los medios de comunicación después de la presentación de la operación, Rodríguez Cisneros informó que el propósito es “generar estabilidad, que impere la legalidad y que todos se sometan al imperio de la ley para contribuir a la paz en esta región”.
Explicó que las acciones en materia de seguridad se evalúan todos los días en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y que las acciones son resultado “de este trabajo coordinado en la mesa”.
Llamó a los concejales y a los comisarios municipales y delegados de los pueblos “a que entiendan que estas acciones son en beneficio de la sociedad y que no obstruyan la labor que se está realizando para salvaguardar la integridad física de las personas”.
Pidió su colaboración y participación porque “es importante, sobre todo para que quienes son autoridad estén de este lado, de lado de la ley, que contribuyan y colaboren a restablecer el tejido social en este proceso de construcción de la gobernabilidad”.
Le pidió a la coordinadora de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta municipal que sea portavoz con los comisarios de que independientemente del sistema en el que ellos se rigen, “hacia el exterior todos estamos obligados a cumplir la ley”.
Agregó: “El operativo va dirigido a todos aquellos que estén actuando fuera de la ley trátese de quien se trate, no trabajamos a favor ni en contra de nadie, no es una acción contra nadie, es una acción en favor de la sociedad, en este caso de la Costa Chica, y vamos a seguir trabajando de forma coordinada”.
Con respecto a los avances de las investigaciones relacionadas con la emboscada a los policías ciudadanos de la UPOEG el 16 de agosto pasado, dijo que lo informará la FGE, que es la que está “perfeccionando sus investigaciones”.
En el boletín de prensa, el gobierno del estado informó que el objetivo de la operación es “fortalecer la seguridad, la gobernabilidad y la paz social en la región Costa Chica.
Explicó que el Operativo Interinstitucional Costa Chica Segura, lo organiza el gobierno del estado en coordinación con las fuerzas armadas.
Agregó que durante el arranque de la operación, el subsecretario Rodríguez Cisneros destacó que esta acción “responde a los acuerdos establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, y como parte de una respuesta de atención integral a la región de la Costa Chica, reforzando el trabajo conjunto con municipios, fuerzas armadas y comunidades para proteger la integridad de la población”.
En el comunicado se dijo que el funcionario llamó a las autoridades municipales a cumplir su papel como primeros respondientes en la prevención del delito, “manteniendo diálogo y coordinación con comisarios y delegados”.
Asimismo, exhortó a canalizar de manera institucional cualquier inconformidad o queja contra los cuerpos de seguridad.

Patrullajes, puestos de control y actividades preventivas

Durante el banderazo del operativo se informó que más de 600 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, “entre otras instituciones”, participarán en patrullajes, puestos de control y actividades preventivas, siempre en apego a la normatividad y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Se informó que también asistieron al arranque del operativo el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledezma Ozuna; el fiscal general del Estado, Zapacna Jesús Torres Ojeda; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán y mandos de la Guardia Nacional.
Se informó en el mismo comunicado que en el evento el general Zapata Pérez exhortó a presidentes municipales, comisarios y autoridades locales a sumarse al esfuerzo interinstitucional, garantizando una coordinación permanente con la Guardia Nacional y el Ejército, bajo el respeto a los derechos humanos y a los usos y costumbres de las comunidades.
A su vez, el secretario de Seguridad Pública, Ledezma Ozuna, convocó a los municipios a profesionalizar y certificar a sus cuerpos policiales, con el fin de brindar un servicio confiable, cercano a la ciudadanía y orientado a consolidar la paz y la estabilidad en la Costa Chica.
Después de su presentación, las fuerzas federales y estatales recorrieron la carretera Cruz Grande-Tierra Colorada, pasaron Ayutla, realizaron una breve parada en El Cortijo, se siguieron a Tecoanapa, y se establecieron en Chacalapa, municipio de Juan R. Escuedero.
Esta no es la primera vez que los gobiernos federal y estatal anuncian de manera ostentosa un operativo de tal magnitud.
El 5 de octubre del 2024, el entonces comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Jorge Pedro Nieto, anunció el despliegue de batallones de tropas convencionales, unidades de fuerzas especiales y agentes de la Guardia Nacional, así como helicópteros “y demás medios tecnológicos”, en los municipios de Quechultenango y Chilapa y parte de Chilpancingo.
El objetivo, se dijo, era la búsqueda de 17 personas de la comunidad de Chautipan, municipio de Chilpancingo, desaparecidas entre el 21 y 27 de octubre en El Epazote, municipio de Chilapa de Álvarez y en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
Entonces, el comandante de la 35 Zona Militar informó que la Sedena dispuso el envío de manera inmediata de más de 400 militares para contribuir con las autoridades locales en la búsqueda de las 17 personas desaparecidas, entre ellas cinco menores de edad y dos mujeres.
Al día siguiente, aparecieron descuartizados 11 de los 17 cadáveres en la caja de una camioneta al sur de Chilpancingo, a unos 500 metros de la FGE, y aún siguen desaparecidas seis personas.
Sin embargo, del operativo anunciado nunca se volvió a hablar más, y los familiares de las personas que siguen desaparecidas informaron que después del hallazgo de los 11 cuerpos las autoridades suspendieron las búsquedas.

 

Retienen en Juan R. Escudero 12 horas a agentes de la Guardia Nacional que catearon casas

Habitantes de la localidad de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero rodean una de las camionetas de la Guardia Nacional que retuvieran en la carretera que conduce a la cabecera municipal Tierra Colorada, luego de que elementos de esta corporación irrumpieron en varias casas durante la madrugada de este viernes. A la derecha, soldados del Ejercito y agentes de la Guardia Nacional que llegaron después al lugar Fotos: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Tlayolapa, Juan R. Escudero

Vecinos de comunidades del oriente de Juan R. Escudero y transportistas de Tierra Colorada, retuvieron durante 12 horas a unos 40 agentes de la Guardia Nacional; esto, a unos cinco minutos de la localidad de Tlayolapa, donde en la madrugada la corporación militar irrumpió en sus viviendas.
Los afectados denunciaron que los militares abrieron a golpes de mazo las puertas para entrar a las casas, al parecer seleccionadas al azar en unas seis manzanas del centro del poblado, para exigir la entrega de armas y droga que supuestamente buscaban entre la ropa bruscamente, pero se llevaron dinero, relojes, electrodomésticos, y tomaron mercancía de tiendas de abarrotes.
Una joven señaló que trataron de asfixiarla con una bolsa en la cabeza en cuatro ocasiones, y cuando casi se desmaya y cayó al suelo, la golpearon en la cara y le jalaban el pelo para que dijera dónde estaban los hombres de la casa, porque sólo había mujeres y niños, y para que desbloqueara un celular con que él se había alumbrado.

Vidrios de ventanas que rompieran efectivos de la Guardia Nacional en distintos cuartos de una casa que allanaron durante la madrugada del viernes en la localidad de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero t Foto: Jesús Eduardo Guerrero

La agredieron no obstanter que explicó que la lámpara del aparato telefónico se encendía con el movimiento y no conocía la clave porque el celular era de su hija, quien se había ido a Tierra Colorada; incluso, abrió la vivienda para que pasaran cuando comenzaron a golpear su puerta.
Explicó que vive con su familia en Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R Escudero, y acudió a Tlayolapa el día anterior a una fiesta de baby shower, y pasó ahí la noche. Este viernes continuaban repartiendo el pastel a algunos niños, y en la pared seguía el adorno de globos azules y blancos.
Una persona mencionó que preguntaron por El Oso. Llamó la atención porque en una versión extraoficial, señala que buscaban a Benito Sánchez Millán, apodado como El Oso, implicado en el asesinato de 12 policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en El Cortijo, en el municipio de Ayutla de los Libres, el 16 de agosto.
Alrededor de las 4 de la tarde llegó el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, de quien se exigía la presencia para levantar el bloqueo con el que se impedía la salida de los agentes de la Guardia Nacional retenidos.
En total eran siete camionetas de la Guardia con su personal, de cinco a seis agentes por vehículo, los que habrían participado en el operativo, según los pobladores.
Llegaron siete camionetas de la Secretaría de la Defensa Nacional y una de la Policía Estatal, que se instalaron a poco metros de distancia y pretendieron entablar un diálogo desde temprano. Además de personal de la Dirección de Gobernación y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codehum).
Sin embargo, el asesor de los comisarios de la zona, Daniel Rosas Martínez, recomendó a los pobladores esperar a mandos del Ejército o funcionarios estatales con poder de decisión.
Por la noche, el subsecretario Rodríguez Cisneros informó que en la comisaría de Tlayolapa se realizó una mesa de trabajo con el acuerdo de que la Fiscalía General del Estado (FGE) enviará hoy una mesa del Ministerio Público móvil para recibir las denuncias de los pobladores. A las 6:30 de la tarde salieron de la comunidad  con los agentes retenidos.
De las denuncias de robos, incursión en las viviendas, abusos y tortura, dijo que si  hay agravios, los cuidados deben presentar las denuncias para que todo se procese conforme a la ley.
Aseguró que desconocía si buscaban a alguien en particular en el pueblo, y que la Guardia Nacional tiene su Órgano Interno de Control (OIC) para evaluar y sancionar las actuaciones de sus agentes.
Enfatizó el compromiso del gobierno del estado de mantener la gobernabilidad y atender de manera responsable las demandas de la ciudadanía, con canales de diálogo abierto con todas las comunidades.
Refrendó el compromiso del gobierno del estado con la gobernabilidad y la atención responsable de las demandas ciudadanas, y que se mantienen abiertos los canales de comunicación, como vía para resolver diferencias y atender las inquietudes de la población.
Indicó que en la mesa estuvieron, el vicefiscal de Prevención y seguimiento de la FGE, Luis Antonio Arizmendi Álvarez; el segundo visitador general de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (Codehum), Fernando Esteban Ramírez; la directora general de Vinculación con Instituciones y la Sociedad Civil de la Codehum, Lilia Taquillo López y el visitador adjunto Armando Ramírez Cuevas, así como los comisarios de El Terrero, Tlayolapa, Michapa, y San José el Puente, de la zona .

La comunidad

Cuando se conoció de la protesta en Tlayolapa, los pobladores advirtieron que iban a bloquear la Autopista del Sol, a la altura de Tierra Colorada.
Esta vía de cuota fue cerrada por cinco horas el pasado 5 de julio, por transportistas y vecinos de comunidades de la zona rural de Acapulco, con el abogado Daniel Rosas Martínez, como asesor. Y el 11 de agostonpobladores de la sierra de Chilpancingo cerraron la carretera todo el día en el valle de Ocotito, a unos minutos de Tierra Colorada.
El comisario de Tlayolapa exigía la devolución inmediata de lo que se llevaron. Los pobladores afectados pidieron reservar sus nombres. No lo dijeron, pero en la región operan grupos armados. Antes, el municipio fue zona de influencia de la policía comunitaria del UPOEG.
En Tlayolapa hay 908 habitantes, de acuerdo con el censo de 2020 del INEGI, y muchas casas vacías. Los vecinos explicaron que muchas personas se fueron por empleo a San Diego, California en Estados Unidos, o Arkanas, Alabama y Maryland, además de la migración interna a distintas ciudades, y profesionistas que radican en otros lugares pero construyeron casas para volver en vacaciones o en las fiestas.
Señalaron el caso de dos hermanos, maestros, cuyas casas están juntas y fueron allanadas por la GN. Indicaron que rompieron la entrada principal con un mazo, quebraron los cristales de la vivienda contigua.
No saben cuántos agentes llegaron con exactitud. Estimaron que llegaron en más de 30 camionetas. Incluso antes de las 3 de la mañana, en la oscuridad comenzaron a escuchar por todos lados los golpes de mazo y cristales cayendo.
Un campesino, adulto mayor, con su esposa, nuera y nietos, indicó que salió a hablar con los uniformados armados cuando llamaron a su casa, mostró su identificación y le dijeron que iban a hacer una revisión. Les dio el paso por la circunstancia, y observó cómo lanzaban sus ropas al piso. Como el cuarto de su hijo estaba cerrado, lo abrieron por la fuerza para revisarlo también.
Doña Juana denunció que se llevaron 25 mil pesos de su ropero, 10 mil pesos de las fichas de Telcel, que no son suyos, y 15 mil pesos de la tienda de abarrotes y de su papelería, más cuatro relojes que tenía a la venta. También tomaron refrescos sin pagar.
En otra casa, una mujer que llegó de vacaciones con su familia, indicó que de la casa de sus suegros, a donde llegaron, se robaron dos relojes, 450 pesos de su monedero, y su celular. Aclaró que abrieron las recámaras para que no golpearan todas puertas: “entraron, vaciaron mochilas, voltearon el colchón, y preguntaban que en dónde estaban las armas”.
Otros vecinos indicaron que hace cinco meses, en abril, la Guardia hizo lo mismo. Llegaron en la madrugada, irrumpieron en las viviendas y se llevaron a siete personas detenidas, entre ellos un joven que acababa de llegar de Estados Unidos, sólo porque tenía tatuajes.
Consideraron que si permitían esta segunda acción, las autoridades iban a seguir regresando a tratar de detener a las personas, sin ordenes de cateo, con abusos y tortura.
Señalaron además los golpes en el portón de un depósito de cervezas, donde también entraron, así como en la bodega del centro de Salud, donde ingresaron. Aclararon que dejaron la instalación abierta, pero a medio día ya estaba cerrada, tal vez por los integrantes del comité
Desde la calle se observó que en una vivienda deshabitada. Dejaron los botes de plástico que se usaban para guardar ropa, con las prendas tiradas en el patio y la puerta de la casa abierta.
Señalaron que la GN se retiró como a las 5 de la mañana, antes del amanecer, cuando los vecinos salieron y les dieron alcance a un grupo que se quedó varado, porque al parecer se les descompuso una camioneta que habían chocado en la comunidad, en una esquina. Con apoyos de otras localidades cerraron el paso a Tierra Colorada desde ese momento, hasta las 6 de la tarde que llegaron a acuerdos con el gobierno estatal.

 

Señala el abogado de Tlachinollan la falta de avances de la FGE en el caso del vocero del Cecop

Ramón Gracida Gómez

Desde hace un mes testigos del asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, aportaron datos a la Fiscalía General del Estado (FGE), hay “varias” líneas de investigación, pero no se tienen avances, denunció el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz.
Consultado ayer después de su participación en el aniversario del Cecop en la que hizo mención de este problema, el abogado de Tlachinollan señaló que “primero la Fiscalía decía que no tenía pues como la entrevista por parte de la esposa y demás testigos, ya se hicieron las entrevistas, ya se aportó esa información a la Fiscalía”.
No obstante, “a pesar de haber aportado todos esos datos, no tenemos todavía avances, no sabemos de los responsables, no sabemos quiénes son, cómo fueron, cuál fue el móvil, no se tiene”.
En el embarcadero de El Fraile, Tlachinollan pidió que la FGE haga su trabajo, “ya tiene la información, ya tiene lo que necesitaba por parte de la familia, ahora le corresponde a la Fiscalía poder agotar los medios de investigación establecidos”.
Téliz informó que hace aproximadamente un mes se llevó a cabo la entrevista de la familia y precisó que en la carpeta de investigación “no existen cámaras o videos sobre el móvil del asesinato, cómo fue realmente la escena del crimen, lógicamente ya se aportó la información de cómo sucedió, pero esos datos son los que hacen falta”.
De la falta de investigaciones de la FGE se intuye que “no quieren accionar sobre las personas responsables, no sabemos ahí cómo sea esta situación, sabemos que es un tema delicado, pero nosotros como Centro de Derechos Humanos, la familia, exigimos que se haga la investigación”.
Se le mencionó el comunicado de Tlachinollan y más de 100 organizaciones emitido un día después del atentado el 18 de abril en el que se afirma que las autoridades tienen un mapeo de los grupos delictivos “y no hacen nada para desmantelarlos. No es casual que el grupo delictivo que desapareció a Vicente Iván Suástegui Muñoz sea el mismo que lo agredió”.
El abogado señaló que las investigaciones no sólo deben tomar en cuenta “esa línea de investigación, sino también su actuar como defensor de derechos humanos, hay varias líneas de investigación, lógicamente la familia ha aportado en todas estas líneas información y ya será la propia Fiscalía quien nos dé la información correspondiente”.
A dos meses del crimen en junio pasado, Tlachinollan, familiares de Suástegui Muñoz y el Cecop pidieron que la investigación del asesinato fuera atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) “ante la manifiesta dilación de las autoridades de Guerrero”.

Buscan a Jhonatan Guadalupe Romero Gil en cerros de la Ampliación Simón Bolívar

Socorro Gil madre del joven desaparecido Jonathan Guadalupe Romero Gil, durante la búsqueda en los cerros que colindan con la colonia Ampliación Simón Bolívar Foto: Carlos Carbajal

Ramón Gracida Gómez

Jhonatan Guadalupe Romero Gil fue desaparecido el 5 de diciembre de 2018 por policías municipales y ayer familiares, activistas y autoridades realizaron acciones de prospección en los cerros de la marginada colonia Ampliación Simón Bolívar, de la zona suburbana de Acapulco, sin la presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), “omisa” a la solicitud de participación.
Por tercer día consecutivo, su madre Socorro Gil Guzmán lo buscó entre los matorrales de esta recóndita parte del municipio “porque nos dan puntos, nos mandan ubicaciones y mientras yo no encuentre a mi hijo, punto que me den, punto que tengo que descartar”, dijo a El Sur.
La colonia Ampliación Simón Bolívar se encuentra más arriba de la Emiliano Zapata, en el punto más lejano de la entrada a este segundo asentamiento por la calle 14, vía recta después convertida en un laberinto de curvas y subidas que dan muestra de la irregularidad de las viviendas precarias que pueblan esta parte de Acapulco.
El convoy de camionetas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), se introdujo por la calle en la que termina la ruta de camionetas pasajeras Zapata-Simón Bolívar y paró en un camino de terracería.
Salvo la presencia de unas cuantas personas que caminaban hacia el área pavimentada, las últimas casas de la colonia Ampliación Simón Bolívar, la mayoría de techos de lámina y con patios alambrados, parecían estar vacías, pero el área tiene antecedentes de hallazgos de restos humanos.
“Lo encontremos o no, nosotras tenemos que subir a descartar esos lugares, siempre pensando positivo, pensando que pues vamos a encontrar, a lo mejor no a mi hijo, pero alguien más”, explicó Gil Guzmán, quien ha estado acompañada durante la jornada por su hija Nadia, sus compañeras de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia que encabeza, familiares de desaparecidos de otros estados e integrantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta.
Esta es la segunda jornada de búsqueda en julio de Jhonatan Guadalupe a raíz de la presión de la Acción Urgente declarada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado mexicano, al que le requiere “continuar la indagatoria sobre el alegado involucramiento de los 9 policías miembros de la patrulla 388”.
La última vez que a la colectiva le fue autorizada una búsqueda fue en septiembre de 2023, cuando encontraron 17 cuerpos en el poblado de Carabalí, “no siempre corremos con la misma suerte de que los puntos sean certeros y que sean reales, no sabemos por qué la gente nos da puntos, por darlos o porque ya tiene mucho tiempo”.
Ayer, la primera crítica de Gil Guzmán a las autoridades presentes fue la “poca” seguridad provista por escasos integrantes de las instituciones del Estado mexicano enviados a resguardar el perímetro y la ausencia de la Secretaría de Marina (Semar).
Tampoco apareció la Unidad Canina de la FGE que fue solicitada y que fue tan necesitada para aquellos pozos de sondeo que fueron excavados con pico y pala por familiares, autoridades y activistas, entre ellos Bolívar Darío Rojas Rivas, quien busca justicia por el asesinato de su madre, la médica Adela Rivas Obé.
Específicamente en dos puntos se excavó más de un metro de profundidad porque la varilla que introducen para luego oler posibles rastros fétidos de restos humanos se hundía con facilidad, lo que daba a entender que la tierra fue removida por personas; al final se concluyó que pudieran ser inacabados pozos de agua.
“Yo sé que no soy la única que está buscando, que está en campo, tal vez hay más colectivos buscando, pero no se vale que se lleven los caninos a un solo lugar y que a nosotros no nos puedan prestar canino”.
El esfuerzo de sacar tierra, removerla y volver a meterla cuando se descarta el punto sospechoso de fosa clandestina, es mayúsculo y más en esta temporada de altas temperaturas, con un calor que no tuvo piedad para los participantes de la búsqueda de ayer.
Los 15 buscadores se dividieron en pequeños grupos para abarcar lo más posible el extenso terreno de matorrales que se avizoraba en el panorama; “la idea es limpiar este cerro”, dijo una integrante de la CNB a su compañero sin especificar los innumerables metros cuadrados de arduo trabajo en el porvenir.
La actividad de este miércoles empezó a las 10 de la mañana y terminó a la 1 de la tarde, fue el día más tranquilo de los tres, el lunes y el martes fueron “demasiados intensos, caminamos mucho, subimos hasta allá arriba al cerro y anduvimos descartando”, dijo Gil Guzmán antes de arengar a sus compañeras con la consigna: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.