Familiares y amigos de la doctora Adela Rivas Obé desaparecida el 22 de septiembre de 2016 y hallada asesinada el 11 de octubre cuando investigaba el robo de medicamentos en la clínica del IMSS en Petacalco será recordada en un homenaje en el que además exigirán justicia y que no se reduzca la condena a su feminicida como ha solicitado.
En conferencia de prensa su esposo Willivaldo Rojas Arellano acompañado de Mario Valdez Lucena señalaron que es importante recordar esta fecha para evitar que se sigan registrando feminicidios.
Por ello adelantaron que el próximo sábado 23 de septiembre colocaran una ofrenda floral en el obelisco a Lucio Cabañas Barrientos y también harán el análisis del libro en honor a Adela Rivas Obé en su casa ubicada en la colonia Palmeras en la ciudad de Atoyac.
Reseñaron que Rivas Obé fue fundadora del PRD en Atoyac, luchó por la democracia y que su muerte fue por ser honesta.
Invitaron a que su aniversario valga para reunir aquellos que estuvieron junto ella y quizás estén en otros partidos.
Valdez Lucena dijo que tienen que unirse porque los logros que las mujeres han conseguido a base de mucho esfuerzo, de mucha lucha se deben hacer valer.
Exhorto a no permitir que el feminicida de Adela Rivas quede libre, “no debe salir libre nunca, se le debe castigar con todo el peso de la ley con todo el rigor”.
Demandó justicia para Adela Rivas y exigió que no se abra el mínimo resquicio para reducir la condena al feminicida “ya está juzgado, sentenciado y tiene que purgar para que no se vuelvan a dar estos hechos tan deleznables, debe de ser por la vida de todas y todos los humanos pero tratándose de mujeres, primero las mujeres”. (Francisco Magaña / Atoyac)
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A 7 años del asesinato de Adela Rivas no se ha investigado el robo de medicinas en el IMSS
Maribel Gutiérrez
El IMSS no ha respondido a la petición de que denuncie y se investigue el robo de medicinas en la farmacia de su clínica en Petacalco, que motivó el asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, hace siete años.
La petición ha sido hecha por la familia de la víctima por diversos medios, y desde febrero de este año, en una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras tanto, documentos relacionados con el caso, que guarda el hijo de la víctima, Bolívar Darío Rojas Rivas, fueron presuntamente sustraídos de su computadora, que fue hackeada el 19 de julio pasado, según la denuncia que presentó en la Fiscalía General del Estado (FGE) el 5 de agosto.
Bolívar Rojas teme que se haga mal uso de esa información, porque a partir de la fecha señalada perdió el acceso a la documentación que guarda en sus equipos electrónicos, así como a otros documentos oficiales de él y de su familia, textos de trabajos académicos que realiza como estudiante de maestría en la UAG y otros textos de su autoría, manifestó en entrevista.
Intervención a su computadora
Ante el agente del Ministerio Público de la FGE, en la Unidad de Atención Temprana, se abrió la carpeta de investigación 120 302 102 002 550 508 23, con la formal querella o denuncia que presentó Bolívar Darío Rojas Rivas por el delito de falsificación o alteración de documento o similar tecnológico, cometido en su agravio y en contra de quien resulte imputado.
Narra que entre el 16 y el 19 de julio, a las 7 de la mañana, mientras mantenía comunicación con su familia por su teléfono celular y su computadora, estos aparatos fueron intervenidos.
Declara que su información personal, correos electrónicos, documentos personales y familiares, datos de su cuenta bancaria, del SAT, de sus cuentas en redes sociales, correos electrónicos, tesis de maestría en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados-Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) en Acapulco de la UAG, “fueron extraídos mediante un hackeo”.
Destaca en su denuncia entre los materiales extraídos “oficios confidenciales del caso de justicia de la doctora Adela Rivas Obé, generados en diversas dependencias e instituciones del Estado mexicano (FGR, FGE-Guerrero, Tribunal de Justicia de Guerrero, tribunal federal, y Segob”.
Precisa que desde el 19 de julio perdió acceso mediante sus contraseñas a siete correos electrónicos, algunos de los cuales pertenecían a su mamá –la doctora desaparecida y asesinada el 22 de septiembre de 2016– y otros a él, y otro abierto específicamente para el movimiento por la demanda de justicia por el crimen contra la doctora Adela Rivas Obé.
Lo mismo ocurrió con sus cuentas en redes sociales, a las que no pudo acceder desde la fecha señalada.
En la denuncia ante el MP plantea: “Hasta la fecha de este oficio mi información personal y familiar sigue tomada y temo que se le pueda dar mal uso, poniendo en riesgo mi seguridad e integridad y la de mi familia”.
Y explica: “Por esta razón hago esta denuncia para proteger mis datos personales y familiares, además de deslindar cualquier uso indebido que se le pueda dar a la información sensible y confidencial que me fue robada, por lo que solicito se investiguen los presentes hechos, se realice la reparación del daño y en su momento oportuno se dé con quien resulte imputado”.
La denuncia se presentó ante el agente del MP del fuero común, adscrito a la Unidad de Atención Temprana 1, Sector Garita, Distrito Judicial de Tabares, licenciado Miguel Ángel López Pérez, el 5 de agosto de 2023 a las 15:20 horas.
El denunciante espera alguna indicación o información del MP sobre el seguimiento a su declaración, pero hasta ayer no se había dado algún avance.
El IMSS no denunció, y el robo sigue impune
La doctora Adela Rivas Obé, directora de Microzona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue desaparecida el 22 de septiembre de 2016, después de que estuvo en una reunión de trabajo en la clínica 8 de esa institución en Zihuatanejo, y 20 días después, el 11 de octubre, su cuerpo apareció sin vida en un predio cerca de la playa Majahua en ese municipio.
Desde el siguiente día a su desaparición, se supo que la doctora Adela Rivas, por orden de sus superiores en el IMSS, estaba investigando el desabasto de medicamentos en la farmacia de la clínica de Petacalco, una de las cuatro que estaban bajo su dirección como parte de la Microzona compuesta además por las de Papanoa, Petatlán y La Unión.
El 23 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Edgar Arturo Cuéllar Bravo, encargado de la farmacia de Petacalco, como responsable del crimen, y el 5 de octubre de 2018 fue condenado a 38 años de prisión por el delito de homicidio calificado.
En el expediente de la causa penal constan las pruebas del robo de medicinas que motivó la desaparición y el asesinato de la doctora y la detención del responsable. Pero el IMSS nunca denunció este robo, y sigue impune.
La familia de la doctora, en particular su hijo Bolívar Darío Rojas Rivas, ha pedido desde comienzos de este año, que el IMSS denuncie este delito y se investigue.
Entre las acciones emprendidas para ese fin está la presencia de Bolívar Rojas Rivas en el Palacio Nacional el 13 de febrero, para hacer llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador una carta en la que expone el caso, y sobre el robo de medicinas señala: “La investigación de la Fiscalía de Guerrero reveló que el homicida sustraía material médico, pruebas de VIH, fórmulas de leche en polvo para bebés, medicamentos y otros insumos. El material robado era vendido en redes sociales y trascendió que el desfalco cometido en contra del IMSS superaba los 200 mil pesos mensuales”.
Agrega: “Las autoridades del IMSS de aquel momento negaron públicamente el robo de medicinas y eso fue utilizado por la defensa del imputado para burlar su responsabilidad ante la ley”.
Después, el 28 de marzo, el hijo de la doctora entregó a la comitiva de López Obrador, durante una visita a Acapulco, el mismo documento. Además, expuso sus peticiones a la delegada del IMSS en Guerrero, Josefina Estrada Martínez, que se puso en contacto con él en Acapulco para conocer el problema.
Como resultado de la carta al presidente, Bolívar Rojas recibió una respuesta del fiscal titular adscrito a la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Héctor Baranda Tello, el 14 de abril de 2023.
El fiscal plantea que se debe investigar la información generada como consecuencia del robo de medicamentos e insumos “todas vez que el patrimonio del IMSS es adquirido con dinero público, es decir, con dinero proveniente del erario”, y sugiere al hijo de la víctima aportar elementos de prueba. También sugiere presentar una denuncia administrativa.
El funcionario considera que en el delito de homicidio de la doctora Adela Rivas no hay impunidad, pues el responsable ya está condenado a 38 años de prisión. Pero acepta que sí está impune el delito de robo: “no se advierte que la impunidad prevalezca, aun cuando pudiera usted tener razón, sólo en lo relativo al robo de medicamentos e insumos del IMSS, situación de robo que se sugiere que por ser de naturaleza federal, surte la competencia de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor)”.
El fiscal informó que el 26 de mayo turnó la documentación del caso proporcionada por la familia a la mencionada Fecor.
Después de más de tres meses, la familia de la víctima desconoce si este trámite ha tenido algún efecto.
Pruebas que investigó la Fiscalía de Guerrero
Entre la funciones que la doctora Adela Rivas tenía como directora de Microzona del IMSS estaba revisar el abasto de medicinas. Por eso, ella fue enviada a Petacalco a investigar el desabasto. Y descubrió que el desabasto era por robo.
En el expediente por el delito de homicidio calificado contra el sentenciado como culpable, Edgar Arturo Cuéllar Bravo, constan pruebas de ese delito recabadas por la Fiscalía de Guerrero.
Testigos declaran que dos días antes de que fuera desaparecida, la doctora acudió a la clínica de Petacalco, y entre los asuntos que trató estaba el problema de las medicinas. La vieron hablando con el encargado de la farmacia.
Entre las declaraciones aparece la del médico Agustín Balboa Miranda, a quien ella le comentó que se disponía a arreglar problema en la farmacia. Y el mismo testigo habla de falta de medicamentos controlados.
Aparecen también capturas de pantalla, una del 23 de abril de 2015, que muestran que el inculpado por homicidio, administrador de la farmacia, por medio de su cuenta en redes sociales ofrecía al público leche en polvo NAN 1 y NAN 2, que es un alimento para bebé, a 50 pesos la lata, cuando en las farmacias comerciales costaba unos 80 pesos. También aparecen ofertas del alimento para niños Enfamil Premium 2, a un costo de 100 pesos.
Según la investigación de la Fiscalía, personal del almacén del IMSS detectó que existía un faltante en esa farmacia de medicamentos de transcripción o controlados, y que existía un excedente de lácteos.
También descubrió que el administrador de la farmacia, no ingresaba las peticiones de medicinas ni los reportes al sistema de farmacia.
A pesar de esta información, los altos funcionarios del IMSS en el estado no se interesaron por esclarecer el robo.
Bolívar Rojas Rivas señala que cuatro funcionarios del IMSS declararon que no había robo, entre ellos la doctora María Teresa Díaz, que era la jefa de Adela Rivas Obé.
En diversos medios de comunicación se publicaron declaraciones del entonces delegado del IMSS en Guerrero, José Luis Ávila, que dice que no había robo.
El 20 de octubre de 2016, el periódico Milenio publicó una declaración de José Luis Ávila, que dijo que no existía ninguna denuncia o expediente sobre el robo de medicamentos en la farmacia del IMSS.
La Fiscalía de Guerrero ya había informado que una de las líneas de investigación sobre el asesinato de la doctora era que investigaba el robo.
Después el delegado declaró que la doctora no estaba investigando el robo.
Bolívar Rojas declaró que es irresponsable que el delegado diga que la doctora no investigaba robo de medicinas, “ella dio su vida por el IMSS y el IMSS le da la espalda”, reprocha.
El 16 de diciembre había nuevo delegado del IMSS en Guerrero, Reyes Betancourt Linares, declaró que el robo de medicinas como móvil del crimen “es una presunción que no se ha confirmado”.
Hasta el momento, a siete años del crimen, el IMSS como institución, y ningún alto funcionario o funcionaria mostró interés en que se atendiera la exigencia de la familia, de denunciar e investigar el robo de medicinas, porque busca la justicia y no sólo una parte.
Se harán diligencias hoy y mañana del caso de la doctora Adela Rivas en la FGR, informa un hijo
Ramón Gracida Gómez
Este jueves y viernes se harán diligencias que forman parte del juicio que promovió la Fiscalía General de la República (FGR) a principios de este año por la desaparición de la doctora del IMSS, Adela Rivas Obé.
Uno de los hijos de la víctima, Darío Bolívar Rojas Rivas reclamó que este proceso contra el ya sentenciado por homicidio calificado de su madre, haya iniciado casi siete años después de que fue desaparecida en Zihuatanejo el 22 de septiembre de 2016, luego asesinada y después encontrada sin vida el 11 de octubre del mismo año.
Está pendiente que se investigue el robo de medicamentos y dijo que ya agotó todas las instituciones posibles para que investiguen este delito, particularmente el IMSS, y denunció la “mala fe” de funcionarios que han querido dar “carpetazo” al caso de su madre.
En declaraciones Darío Rojas contó que fue citado para participar en las diligencias de esta semana, que se van a realizar en oficinas de la FGR.
También comentó que las audiencias del juicio se retomarán hasta finales de agosto porque el acusado metió un amparo en la audiencia del 21 de junio, como informó este periódico dos días después, y obtuvo una prórroga de dos meses de investigación complementaria.
Rememoró que en los primeros días de febrero de este año fue avisado de que iniciaba el juicio por la desaparición de Adela Rivas Obé.
La denuncia de este delito la presentaron sus familiares en la Ciudad de México inmediatamente después de que dejaron de tener contacto con la directora de microzona, en septiembre de 2016.
Las autoridades le pidieron que estuviera presente o se conectara vía internet a la audiencia que comenzaría cuatro días después de que le hablaran, y consistiría en la vinculación a proceso de Édgar Arturo Cuéllar Bravo, ya sentenciado por homicidio calificado en septiembre de 2018. No asistió a la audiencia porque lo consideró “inutil”, ya que de todos modos el acusado ya estaba en la cárcel.
Darío Rojas precisó que el juicio de desaparición es una de los caminos que está tomando el caso de su mamá este año, pero la familia quiere que el ya sentenciado por el asesinato de Rivas Obé también sea juzgado por robo de medicamentos, feminicidio y tortura.
Recordó que la razón por la que Rivas Obé fue desaparecida y asesinada es precisamente por la investigación que realizaba la doctora sobre la falta de medicamentos en la farmacia de la unidad médica de Petacalco, una de las cuatro que tenía bajo su supervisión como directora de micro zona en la Costa Grande del IMSS.
El intercambio de oficios por la denuncia del robo de medicamentos
Motivado por el inicio del juicio por desaparición de su mamá, Darío Rojas se presentó el 13 de febrero a Palacio Nacional, donde la Dirección General de Atención Ciudadana le recibió un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que expone un recuento de la desaparición y asesinato de Rivas Obé, y le pide justicia para esclarecer el caso.
Después se reunió con funcionarios de la Unidad de Atención al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación (Segob) y otro par de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), pero tampoco tuvo resultados, por lo que volvió a entregar su carta a la comitiva del presidente durante su visita a Acapulco el 28 de marzo.
Darío Rojas recibió posteriormente un documento con fecha del 14 de abril, en el que el fiscal adscrito a la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la FGR, Héctor Baranda Tello, responde a su carta enviada a López Obrador.
Le dice que “debe ser elaborada una denuncia que debe dirigirse al ámbito administrativo, que está representado por el órgano interno de control del IMSS, con la finalidad de instrumentar un proceso administrativo disciplinario, en el que sean sancionados los servidores públicos implicados en la sustracción de insumos de la institución, tales como aquel que usted denomina ‘cobarde asesino’ del que omitió anotar su nombre”.
Darío Rojas le contesta con otro documento fechado el 15 de mayo en el que le reitera su solicitud de ayuda para el caso de Rivas Obé, quien acudió a la clínica número 27 del IMSS de la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión, “por indicaciones de sus jefes jerárquicos del IMSS ya que le ordenaron ‘supervisar un desabasto de medicinas controladas’, que posteriormente mi madre en deber de sus funciones descubrió que se trataba en realidad de un robo mensual de medicinas y no de un desabasto”.
Con base en la Ley General de Víctimas, Darío Rojas le pide al fiscal Baranda Tello que lo considere como víctima del delito y que nuevamente le notifique de sus sugerencias sobre el caso de la doctora Rivas Obé, con un “lenguaje sencillo y claro, sin tecnicismos ni lugar a ambigüedades”.
Con fecha del 26 de mayo, Baranda Tello vuelve a responder a Darío Rojas con un documento, en el que dice que la dirección que representa no puede “intervenir en carpetas de investigación que se están trabajando en otras Fiscalías”, y menciona las carpetas de la FGR y la de Zihuatanejo.
Le remarca que “NADIE PUEDE SER JUZGADO DOS VECES POR LOS MISMOS HECHOS”, y cita la solicitud de Darío Rojas a López Obrador de que “tenemos preocupación de que el caso quede en la impunidad y el olvido”.
Esto “contraviene”, según el fiscal Baranda Tello, a la afirmación de la carta de Darío Rojas dirigida a él de que “el asesino sólo está sentenciado por el delito de homicidio clasificado a 38 años de prisión”.
“Luego entonces, no se advierte que la IMPUNIDAD prevalezca aun cuando pudiera tener razón, sólo en lo relativo al robo de medicamentos e insumos del IMSS; situación de robo que se sugiere que por ser de naturaleza federal, surte la competencia de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), razón por la cual le informamos que mediante Folio CEDAC-291277-2023-05-4 de fecha 26/5/23, la documentación e información que bien tuvo hacernos llegar fue turnada en copia simple a la Fiscalía en mención”, agrega el documento. La carta concluye con el anuncio de “dar por terminada la comunicación por este medio”.
Después Darío Rojas le responde con otro documento con fecha el 23 de junio, y le dice que a pesar de que el robo de medicamentos se sigue por oficio, “éste sigue en la impunidad aun cuando quedó al descubierto desde el 14 de abril”, fecha del primer documento de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Por último le reprocha “la mala fe” de sus oficios.
Darío Rojas comentó que también recibió una respuesta de la Fecor mediante un correo electrónico, en la que le dice que no puede realizar nada porque sus peticiones están dirigidas a la dirección de la FGR, sin mencionar todos los demás datos que aporta Darío Rojas del robo de medicamentos. “No sé las intenciones de la Fecor, ni sabía que existía”, dijo.
A pesar de que aún espera una respuesta de la dirección de la FGR, Darío Rojas consideró que este intercambio de oficios con esta institución lo revictimiza porque le piden aportar pruebas, “yo no soy funcionario público, yo no soy trabajador del IMSS”, además de que es una “falta de respeto a la memoria de mi madre” y pretenden dar “carpetazo”.
Darío Rojas recalcó que es militante del movimiento obradorista, pero reprochó que estos funcionarios, que son un “remanente del viejo régimen que aún quedan dentro del gobierno, permanezcan ahí sin ser juzgados, señalados y ni estén haciendo sus funciones”.
Juzgan ahora por la desaparición de la doctora Adela Rivas al sentenciado por su asesinato
Ramón Gracida Gómez
Este miércoles inició la audiencia del juicio por la desaparición de la médica Adela Rivas Obé en contra de Édgar Arturo Cuéllar Bravo, quien fue sentenciado en septiembre de 2018 por el homicidio de la doctora.
Darío Bolívar Rojas Rivas, uno de los hijos de la doctora informó que la denuncia por desaparición fue realizada por la familia de Adela Rivas Obé desde septiembre de 2016 en la Ciudad de México, ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), y fue hasta este año que la Fiscalía General de la República (FGR) reactivó el caso, y acusa a Cuéllar Bravo de ese delito.
Es una denuncia aparte de la que los familiares realizaron por el secuestro de la doctora en Guerrero a pocos días de su desaparición el 22 de septiembre de aquel año.
El Sur informó el 20 de marzo pasado que Cuéllar Bravo fue vinculado a proceso por el delito de desaparición en contra de Adela Rivas Obé con un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo que terminó este miércoles.
Darío Rojas contó que el martes de la presente semana un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) le habló por teléfono para informarle de la audiencia de este miércoles, y que el imputado ha interpuesto dos amparos para alargar el proceso y no se le juzgue por el delito de desaparición.
De acuerdo con Darío Rojas, el primer amparo consiste en contra de la vinculación a proceso de Cuéllar Bravo argumentando que no se le puede juzgar por el delito de desaparición. El segundo recurso legal fue interpuesto porque el imputado cambió de defensoría pública a abogados privados, y éstos necesitan más tiempo para sus alegaciones.
Sin embargo, el hijo de la doctora reclamó que no tiene la información completa sobre el nuevo juicio que está iniciando, y pidió que las instituciones responsables se comuniquen con la familia para tener más elementos respecto al caso de la médica.
“Han pasado 24 horas en las que yo no sé qué se dijo en esa audiencia y tampoco sé si se ampliaron dos meses de investigación complementaria. Ya revisé mi correo y no me ha llegado nada”, declaró Darío Rojas.
Los agentes de la FGR le han sugerido presentarse al juicio, pero no sabe dónde se llevó a cabo la audiencia, aunque Cuéllar Bravo está encarcelado en Zihuatanejo.
Durante la entrevista, Darío Rojas resaltó que después de que entregó un documento que resume el caso de su madre al convoy del presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Acapulco el 28 de marzo pasado, recibió en abril un oficio de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad de la FGR vía correo electrónico, pidiéndole información tan básica como el nombre del asesino de su mamá o dar pruebas del delito.
Darío Rojas le contestó con otro documento en mayo con un amplio relato del caso y la FGR le volvió a responder que no cuenta con las facultades de iniciar carpetas de investigación, es decir, “quieren dar carpetazo”, dijo el hijo de la médica Rivas Obé.
Declaró que seguirá buscando a las autoridades para que su caso “no quede en el olvido”, en el contexto de que el robo de medicamentos se mantiene, como se vio en el hospital de El Quemado. También se quejó de que el IMSS no ha respondido a sus peticiones de la investigación de este delito.
Darío Rojas ha reactivado en los últimos meses las protestas por el caso de su madre debido a que el robo de medicamentos no fue incluido en la sentencia. Otros tres delitos: tortura, feminicidio y desaparición, tampoco fueron considerados, hasta ahora el último de ellos.
Adela Rivas Obé era directora de micro zona en la Costa Grande del IMSS, a cargo de las unidades médicas de Papanoa, Petacalco, La Unión y Petatlán, y su base estaba en la clínica 15 del IMSS en esta última ciudad. El 11 de octubre de 2016 sus restos fueron hallados en un barranco en la playa Majahua de Zihuatanejo, y el 23 de octubre Édgar Arturo Cuéllar Bravo fue aprehendido en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Después de dos años de un largo proceso marcado por las protestas sociales para exigir justicia, la negativa del IMSS a reconocer el robo de medicamentos que investigaba Rivas Obé en la clínica de Petacalco y los amparos que ganó Cuéllar Bravo, trabajador de esa clínica, para aplazar su enjuiciamiento, el 28 de septiembre de 2018 el Tribunal de Enjuiciamiento Penal de Zihuatanejo resolvió imponer a Cuéllar Bravo 38 años de cárcel por homicidio calificado.
Sin respuesta, la petición que entregó a comitiva de AMLO ni de la delegada del IMSS: Bolívar Rojas
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
El hijo de la médica cirujano Adela Rivas Obé, Bolívar Darío Rojas Rivas denunció que a más de 20 días de entregar documentos a la comitiva del presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Acapulco, y de dialogar con la delegada del IMSS en Guerrero, Josefina Estrada Martínez, ninguna autoridad federal o estatal lo ha vuelto a contactar para darle seguimiento a su denuncia.
Reiteró que su exigencia es que el IMSS reconozca y denuncie el robo de medicamento que su madre investigaba, motivo por el que fue asesinada en 2016.
Ayer, vía telefónica, Rojas Rivas afirmó que luego de que entregó a mediados de febrero en Palacio Nacional un documento para que el presidente conozca el caso de su madre, que fue asesinada porque investigaba el robo de medicamentos, mismo que entregó el 28 de marzo al convoy donde se trasladaba el mandatario federal en su visita en Acapulco, no lo han contactado, en este caso, “correspondería a la federación porque estoy haciendo la solicitud de audiencia con el presidente para poder señalarle todas las anormalidades”.
Tampoco ha vuelto a contactar a la delegada del IMSS de Guerrero, Josefina Estrada Martínez, quien ese mismo 28 de marzo le aseguró que estaba pendiente de sus declaraciones ante los medios de comunicación, “y que su interés era atender el caso de mi mamá y de escuchar sus exigencias”.
Precisó que su principal exigencia al IMSS es que no solamente reconozca el robo de medicamentos que ya está asentado en la carpeta de investigación por el homicidio de su madre, que negó en el 2016 el anterior delegado, y ahora es necesario saber “cuánto era lo que se estaba robando (el asesino de su madre), desde cuándo se estaba robando, qué medicamentos estaban robando, porque la investigación que se hace por el homicidio de mi mamá, y para poder denunciar el robo de medicamentos el único facultado para ello es el instituto”.
Expuso que es necesario que se investigue aún sobre el robo, porque no se sabe cuánto estaban robando el ahora sentenciado, y precisó que en la carpeta de investigación trasciende que el robo de medicamentos en un mes ascendía aproximadamente a más de 100 mil pesos.
“Es un aproximado de un solo mes de lo que descubrió mi mamá que se estaban robando, entonces la exigencia hacia el IMSS es el reconocimiento del robo, la investigación de cuánto estaba robando y la denuncia, porque es muy importante ya que la sentencia que tiene el ahora detenido solamente es por el homicidio calificado”, comentó.
Manifestó que es necesario porque así el procesado respondería por todas las agravantes que le corresponden, y reclamó que la actual delegada prometió no darles la espalda como lo hizo siempre el IMSS, “desde el primer momento en que mi mamá desaparece hasta ahora, el IMSS no solamente nos ha dado la espalda, sino que nos ha puesto el pie en esta búsqueda de justicia”.
Insistió en que la declaración que hizo en 2016 el entonces delegado del IMSS, José Luis Ávila Sánchez les perjudicó porque la defensa del asesino, Edgar Arturo Cuéllar Bravo, utilizó el argumento para decir que si no había un robo de medicamentos y el IMSS estaba diciendo que no, por lo tanto, mi mamá no estaba investigando un robo y no era la causa del homicidio.
De la investigación que inició la Fiscalía General de la República (FGR) en febrero contra Cuéllar Bravo, por el delito de desaparición, comentó que se dieron cuatro meses de investigación complementaria, pero de la primera audiencia que se celebró, el 14 de febrero, aún no le han entregado los videos.
Informó que el pasado miércoles 12 de abril acudió a la sede del poder Judicial en Acapulco, porque mediante un oficio solicitó que le entreguen una copia de los videos de audiencia, “me interesa saber esto porque evidentemente nosotros como víctimas indirectas, queremos que se le sentencie con todas las agravantes que cometió el asesino, no solamente que le arrebató la vida a mi mamá, sino por secuestro, la torturó, ultrajó su cuerpo con una piedra y también él estaba haciendo un robo de medicinas”.
Afirmó que en junio terminaría el plazo de investigación complementaria y vendrán los alegatos para saber si se le sentencia o no por desaparición.
Llamó a las autoridades del IMSS a que no sean apáticas e insensibles, a que atiendan el caso de su madre, “nosotros estamos exigiendo lo justo por el caso de mi mamá, no estoy exigiendo otra cosa que no esté ya dentro de la carpeta de investigación que elaboró la Fiscalía General del Estado, creo que hay posibilidad de llevar una Cuarta Transformación en Guerrero y se debe de iniciar como dice el presidente dando justicia, porque solamente con ella podemos encontrar la paz en el estado”.
Exigió a las autoridades correspondientes que lo reciban, atiendan y escuchen su solicitud y se proceda conforme a la ley, agregó que seguirá buscando la forma para que el IMSS proceda, porque solamente intenta lavarse las manos y eximirse de toda responsabilidad.
Niega ayuda el gobierno federal para el caso de la doctora Adela Rivas, se queja la familia
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
El hijo de la doctora Adela Rivas Obé –asesinada en 2016 cuando investigada robo de medicamentos en el IMSS–, Bolívar Darío Rojas Rivas, denunció que después de que exigió en la Ciudad de México en febrero pasado ante el gobierno federal apoyo jurídico, casi 15 días después le respondieron por correo electrónico que no le podían ayudar y que busque por su cuenta la asesoría que necesita, afirmó que con esto el Estado los deja a la familia de la víctima en total indefensión.
También, informó que el homicida de su madre, Edgar Arturo Cuéllar Bravo, que está sentenciado a 38 años de prisión, ha interpuesto tres amaparos para que se reponga su procedimiento y sea liberado, debido a que el IMSS no ha reconocido que lo que investigaba la doctora Rivas Obé era un robo de medicamentos, que fue el motivo por el que la asesinó, y temen que se revierta la sentencia y vuelvan a enfrentar todas las anomalías con los jueces.
Además, exigen que se añadan cuatro delitos más al homicida: feminicidio, tortura, desaparición y el robo de medicamento, y exigen al IMSS que reconozca dicho delito.
Como lo informó El Sur el 14 y 15 de febrero pasado, Bolívar Darío Rojas Rivas se presentó frente a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, o con algún funcionario del gobierno federal, a fin de informarle la situación del crimen contra la doctora Adela Rivas Obé, quien desapareció el 22 de septiembre de 2016 después de acudir al IMSS en Zihuatanejo y su cuerpo fue hallado el 11 de octubre del mismo año en la playa La Majahua, en ese puerto.
Ayer, consultado vía telefónica, Bolívar Darío contó que tras haber estado tres días en la Ciudad de México para exigir al presidente de la República que atienda el asesinato de Adela Rivas, debido a que las circunstancias de su asesinato involucran al IMSS, pues era trabajadora del instituto cuando ocurrió el crimen e investigaba el robo de medicinas, y su asesino, Edgar Arturo Cuéllar, quien fungía como encargado de farmacia.
Relató que en la capital del país, fueron recibidos por encargados de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, quienes los reunieron con otros dos funcionarios de la Unidad de Atención al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, y otros dos representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Manifestó que los cuatro funcionarios tomaron notas y les dijeron que los contactarían y enlazarían con el área de Asesoría Jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que recibieran apoyo, que es lo que necesitan porque ya no tuvieron contacto con la asesoría jurídica de Guerrero desde que se dictó sentencia en septiembre de 2018.
Reprochó que aquellos cuatro funcionarios con los que se reunieron, actualmente no les responden ni por llamadas ni mensajes en los números telefónicos que les dieron, y la única respuesta que obtuvieron fue mediante un correo electrónico el lunes 27 de febrero, por personal de la Unidad de Atención al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, en el que le dijeron que no podían darles acompañamiento ni asesoría jurídica, tampoco tenían la capacidad de gestionar una reunión ni enlazarlos con otros funcionarios y sólo les sugirieron buscar por su cuenta dicha asesoría.
“Entiendo con este correo electrónico que se están lavando las manos, ¿qué clase de apoyo es? Porque solamente nos están diciendo vayan y busquen, cuando a nosotros nos dijeron ‘vamos a estar en contacto con ustedes’, ‘nosotros los vamos a enlazar’, y obviamente no lo han hecho”, sostuvo.
Bolívar Rojas contó que aunado al nulo acompañamiento del gobierno federal, a mediados de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó a los familiares que se llevaría a cabo una audiencia en un tribunal local de Guerrero para dictar una orden de aprehensión contra el homicida de Adela Rivas Obé, por el delito de desaparición, siete años después de ser hallada asesinada.
Afirmó que los familiares desconocen qué se dijo en esa audiencia, porque además, les avisaron con media hora de anticipación de que se realizara, y les preguntaron si querían entrar a la reunión virtual, y aunque no lo hicieron, como familiares preguntaron si después podían obtener copia de la audiencia, y la respuesta de la FGR es que la solicitaran con su asesor jurídico, cuando justo es lo que no tienen y el Estado tampoco se los ha facilitado.
Señaló que a pesar de que ya se dictó sentencia de 38 años de cárcel por el delito de homicidio calificado, tras revisar la carpeta de investigación, la familia considera que hay otros cuatro delitos que se le puede fincar al sentenciado, porque el cuerpo fue hallado en un paraje abandonado, con huellas de tortura, el rostro destruido, lo que implica para ellos, que hubo violencia de género, además, le quitaron sus prendas “con la intención de que no fuese identificada”.
El crimen atroz y violento, señala Bolívar Rojas entra en los parámetros de feminicidio, delito que buscan sea fincado a Edgar Arturo, pues reclaman que al haberlo tipificado sólo como homicidio y no como feminicidio, marca una diferencia de 15 años menos a los que pudo haber sido sentenciado.
Sostiene que también pretenden que se añada el delito de desaparición, por el que la FGR pidió que se abriera un nuevo proceso y se dictó nueva orden de aprehensión al sentenciado, así como el delito de tortura, porque de acuerdo con la carpeta de investigación el cuerpo fue arrastrado 25 metros, además de la zaña y las características de cómo fue asesinada y que había una intención de desaparecerla.
Sin embargo, un delito más que buscan se impute es el “robo de medicamento”, que no se consideró en la acusación que hizo en su momento la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, “estamos exigiendo que se aclare si hubo robo de medicamentos o no”, y eso le corresponde al IMSS denunciarlo, porque recordó que Adela Rivas fue asesinada por “la acción de defender los medicamentos” y eso está en el expediente de la Fiscalía.
Argumentó que como familia seguirán buscando que el caso de Adela Rivas lo atienda el presidente López Obrador, porque creen en su discurso de que se acabó la corrupción en su administración, aunque reprochó que en los pocos casos que se logra justicia, y en uno de los estados más marginados y más violentos, aún no hay una justicia integral.
El IMSS no denunció el robo que descubrió Adela Rivas, acusa hijo de la médica asesinada
Guillermo Rivera
El Sur / Ciudad de México
Hace un mes, familiares de la médica cirujana Adela Rivas Obé acudieron a Palacio Nacional con el propósito de exigir que se inicie un proceso por desaparición y que se investigue si hubo robo de medicamentos del IMSS, pues el descubrimiento de este hecho delictivo fue el motivo central del crimen.
Entre el 13 y 15 de febrero, Bolívar Darío Rojas Rivas, hijo de Adela Rivas, estuvo en Ciudad de México y acudió temprano a Palacio Nacional para buscar una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentarle directamente las inconsistencias en la investigación judicial a nivel estatal y federal, y exigir justicia por la desaparición y asesinato de su madre, quien se percató del robo de medicamentos en farmacias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero, donde trabajó durante 25 años.
El cuerpo de la médica fue encontrado en la playa Majahua del municipio de Zihuatanejo el 11 de octubre de 2016, después de que se reportara su desaparición 23 días antes, el 22 de septiembre de ese año.
Entrevistado por El Sur mientras se manifestaba en la Ciudad de México, Bolívar Rojas denunció que el proceso ha sido lento, a tal grado de que apenas unos días antes la Fiscalía General de la República (FGR) informó a la familia de la víctima que había girado una orden de aprehensión contra el asesino, Edgar Arturo Cuéllar Bravo, quien cumple una condena de 38 años por homicidio calificado.
Rivas Obé tenía 52 años cuando fue privada de la vida tras haber sido desaparecida. Era directora de microzona del IMSS, donde también ejerció como médica cirujana. Tenía a su cargo la supervisión de clínicas de Zihuatanejo, Petatlán y La Unión. Vigilaba el abastecimiento de medicamentos y el funcionamiento de los equipos.
Su hijo Bolívar cuenta que en el expediente de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) está documentado que, como parte de sus labores en el IMSS, a Rivas Obé se le encomendó investigar un posible desabasto de medicamentos en la clínica 27 de Petacalco, ubicada en el municipio de La Unión. Ella descubrió que la persona responsable del abastecimiento era la misma que se hacía cargo de la farmacia, donde había un consumo no justificado de medicamentos.
“Mi mamá removió del cargo al encargado, y él la asesinó a ella, según la investigación”, enfatiza Rojas. “La fiscalía investigó que el encargado de farmacia estaba sustrayendo los medicamentos. El lo negó, aprovechando una declaración del entonces delegado estatal del IMSS, José Luis Ávila Sánchez, sobre que no había ese robo”.
Debido a la lentitud de la FGR y por estar involucrado el IMSS, sintetiza Bolívar, “es importante que el presidente conozca los detalles del caso”. Esas declaraciones públicas del IMSS, agrega, fueron usadas por la defensa del imputado cuando argumentó que si no había robo, tampoco homicidio por ese motivo.
“Sin embargo, la fiscalía de Guerrero determinó que él, al verse descubierto, intentó persuadir a mi mamá de que no lo denunciara. Mi mamá no aceptó y la asesinó”.
El inculpado no tiene sentencia por feminicidio ni por robo de medicamentos ni por desaparición. Solamente por homicidio.
Robo por 100 mil
pesos mensuales
El 22 de septiembre de 2016 Rivas Obé se trasladó a Zihuatanejo. Al otro día tenía agendada una reunión en Acapulco para entregar los resultados de su investigación e informar que había removido a una persona de su puesto por anomalías.
Desde la mañana del 22, sin embargo, se perdió contacto con la médica. Desapareció. Al principio, indica Bolívar, se creyó que se trataba de un secuestro. “Bajo ese delito levantamos la denuncia (ante la Fiscalía de Guerrero), porque mi mamá no apareció durante 23 días”.
El 11 de octubre siguiente, en una playa de Zihuatanejo, “se halló el cadáver sin blusa, en la que tenía bordado su nombre y el del IMSS. (Le quitaron la prenda) con la intención de que no fuera reconocido el cuerpo. Le dejaron caer una piedra en el rostro y su cuerpo fue abandonado en una barranca para que no fuera encontrado”.
Al presunto responsable lo detuvieron un mes después de la desaparición, el 24 de octubre de 2016. “La Fiscalía estatal lo investigó: mi mamá lo retiró del cargo porque descubrió que había sustracción de medicamentos; por eso él cometió la acción de asesinarla”, relata Bolívar.
Un arete de Adela Rivas fue encontrado en la cajuela del vehículo del sujeto. En una oreja de ella estaba el otro. “Se presume que el cuerpo de mi mamá estuvo en esa cajuela. Primero la desapareció y no sabemos si hubo tortura. Por la saña al cometerse el asesinato, exigimos una investigación e imputación del delito de desaparición y el castigo correspondiente a esa persona”.
Durante su estancia en Ciudad de México, Bolívar manifestó estas inconsistencias y también que en 2016 la familia interpuso una denuncia en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por desaparición, además de la primera denuncia por secuestro que había hecho ante la Fiscalía estatal.
“En estos años hemos enfrentado los amparos de esta persona (el homicida). Tememos que por ese dinero mal habido pueda quedar en libertad, y que por la omisión del IMSS de no reconocer el robo pueda seguir alegando tal cosa, cuando la investigación de la Fiscalía de Guerrero arroja que sí lo hubo”, expresa.
Las indagaciones de la FGE, además, confirmaron que desde 2009 “él estaba sustrayendo alrededor de 100 mil pesos mensuales en medicamentos robados”.
Por la omisión del IMSS,
el lento actuar de la FGR
Apenas este febrero la FGR se comunicó con la familia para notificar que se pidió una orden de aprehensión contra el imputado por el delito de desaparición.
“Esto quiere decir –explica Bolívar Rojas– que si queda libre del proceso de homicidio debido a que él ha promovido amparos contra la sentencia, después tiene una orden de aprehensión por desaparición, pero apenas se giró hace algunos días”.
Lamenta, por otro lado, que transcurrieran más de seis años para que esto fuera posible. “La denuncia por desaparición se hizo en 2016. Que se haya tardado tanto (la orden de aprehensión) no va con la justicia pronta y expedita que ordena la Constitución”.
Es por ello que frente al Palacio Nacional se denunció el proceso lento del caso en la FGR. “Estuvimos en la Ciudad de México para indicar que no se ha dado respuesta pronta a la denuncia por la desaparición de mi mamá. Además, le preguntamos a la FGR sobre el robo de medicamentos que estaba haciendo esta persona, y que consta en la investigación de la Fiscalía de Guerrero. Lo que nos dijo es que no puede investigar el robo de medicamentos si el propio IMSS no denuncia”.
Bolívar menciona que una auditoría interna del IMSS concluyó que sí existía un “faltante de medicamento” en la clínica que Rivas investigaba, “pero que no podría ser considerado un robo”, según el propio Instituto.
Por un lado, acusa, “la FGR actúa de manera lenta”, y, por el otro, “el IMSS actúa de manera indolente, aunque mi mamá estuvo 25 años al pendiente de la institución, investigó el robo de medicinas y por eso fue asesinada”.
“Es por todo esto que exigimos que al imputado se le agregue el delito de desaparición, o en su caso el delito de feminicidio, porque el asesinato fue hecho con mucha saña, cuando se le arrebató la vida de esa manera. También pedimos que haya una investigación de robo de medicinas”.
Pide hijo de Adela Rivas en Palacio Nacional atención del gobierno federal a su caso
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El hijo de la doctora víctima de feminicidio en Zihuatanejo, Adela Rivas, Bolívar Darío Rojas Rivas se presentó este lunes frente a Palacio Nacional con el objetivo de dar conocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador de la situación en la investigación del crimen contra su madre.
Rojas Rivas llegó a las 7 de la mañana de este lunes a Palacio Nacional buscando entablar un diálogo con el presidente o con funcionarios federales, porque dijo que el imputado sólo fue procesado por homicidio calificado y no por desaparición forzada.
En entrevista dijo que el objetivo de asistir a Palacio Nacional, es contar con atención personal del presidente López Obrador o de integrantes del gabinete federal sobre el caso de su mamá.
“Nuestra intención aquí es ser escuchados por personal del gabinete de gobierno, solicitamos una audiencia para poder platicar con ellos el caso de mi mamá”, agregó.
Expuso que piden que se investigue la desaparición de 23 días de Adela Rivas, además de que al señalado e imputado por el homicidio de su madre, también se le juzgue por desaparición forzada.
“El delito de desaparición forzada por el cual levantamos una denuncia ante la Procuraduría General de la República, no ha sido escuchado ese reclamo, esa denuncia en la cual nosotros exigimos que se le sentencie al detenido y sentenciado por el asesinato de mi mamá, que también se le culpe y se le juzgue por la desaparición de 23 días, por la que él fue responsable en contra de mi mamá”, dijo Bolívar.
Precisó que su madre desapareció el 22 de septiembre de 2016 y fue el 11 de octubre de ese mismo año cuando un cuerpo fue encontrado en un predio de la playa Majahua, en el municipio de Zihuatanejo.
Añadió que posteriormente se hicieron exámenes genéticos entre el cuerpo encontrado y él, y que el 19 de octubre se le informó que los restos pertenecían a su madre.
Comentó que la causa de muerte de Adela Rivas fue traumatismo craneoencefálico, mismo que fue provocado por un objeto contundente. Aclaró que después de dicha revelación, la Fiscalía General del Estado de Guerrero cambió la carpeta de investigación, pasando de ser secuestro a homicidio calificado.
Recordó que su madre investigaba un caso de robo de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Dijo que la dependencia ha negado ese hurto y ha hecho caso omiso.
“Venimos aquí a exigir que el Instituto Mexicano del Seguro Social deje de darle la espalda a la familia, y responda ante el grave señalamiento que se le está haciendo de solapar un robo de medicamentos, que consta en la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y además, un robo de medicamentos que estaba investigando mi mamá”, expuso.
Rojas Rivas mencionó que el robo de medicamentos se daba en una de las clínicas que su madre tenía a su cargo, en el municipio de Zihuatanejo. Señaló que el homicida era el encargado de la farmacia de la clínica número 27 del IMSS, en el municipio de Petacalco.
Indicó que el Instituto nunca ha renocido el robo de medicamentos, por lo que al no darse esto el acusado ha podido promover amparos, afirmando que no existió el hurto y por tanto no se dio ningún homicidio.
“Desde el 2016 el imputado ha promovido amparos por la negativa del IMSS de reconocer el robo de medicamentos y eso lo usa para decir que si no hubo robo de medicamentos, por lo tanto no hubo un homicidio”, dijo Bolívar Darío.
Responsabilizó al poder Judicial de haber intentado “sabotear” la carpeta de investigación sobre el homicidio de su madre, reiterando que busca la atención del presidente López Obrador.
Momentos después de la llegada de Rojas Rivas acudió un contingente de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) con un mayor número de personas, por lo que Rojas decidió mantenerse hasta las 11 del día y dijo que hoy volvería.
Por su valentía en defensa de la salud del pueblo, recuerdan a la doctora Adela Rivas en Atoyac
A cinco años del asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, el homicida pretende ampararse y no cumplir su condena de 38 años por feminicidio, informaron sus hijos, Bolívar y Emiliano Rojas Rivas, con su padre Wilibaldo Rojas Arellano, en un homenaje que realizaron en el obelisco a Lucio Cabañas.
Manifestaron que Adela Rivas se destacó por su valentía en bien de la población y de la salud de los guerrerenses, y en su cargo como directora de una clínica del IMSS defendió a la institución y a los derechohabientes, y por eso fue víctima.
El acto se llevó a cabo con un arreglo floral y música alusiva al movimiento social en el municipio de Atoyac.
Los familiares señalaron que a pesar de que el imputado Edgar Arturo N, fue sentenciado, sigue apelando a recursos para poder reducir su sentencia de 38 años de prisión por este feminicidio.
Denunciaron que el sentenciado por feminicidio busca que se le pueda dejar en libertad, y piden a las autoridades que no permitan que este caso quede en la impunidad.
Agradecieron que las autoridades hayan atendido la demanda de justicia y castigo al responsable del asesinato de la doctora, después de las manifestaciones que realizaron diversos sectores como médicos, magisterio y asociaciones civiles para que no quedará en la impunidad este crimen.
La familia pide que también en los casos de otras mujeres que han sido asesinadas se les dé seguimiento y condenen a los agresores. (Francisco Magaña / Atoyac).
Ya es un año en busca de justicia para la doctora asesinada Adela Rivas; su hijo relata el proceso
A un año del asesinato de la doctora asesinada, Adela Rivas Obé, su hijo Bolívar Darío Rojas Rivas informó que la primera audiencia que estaba programada para el 7 de agosto fue pospuesta porque los testigos de la defensa no habían sido notificados, y el tribunal integrado por los jueces María Luisa Nava Gregorio, Sergio Guzmán Chávez y Edgardo Mendoza Falcón quien funge como presidente del jurado, difirieron la audiencia para el 11 de septiembre, a pesar de que los testigos de las víctimas sí estaban.
Posteriormente, el 11 de septiembre sí se celebró la audiencia pero únicamente se desahogaron las declaraciones de testigos del lado de la víctima, el primero fue del propio Bolívar, hijo mayor de la doctora Adela Rivas Obé, quien detalló que su mamá el 21 de septiembre de 2016 le mandó un mensaje informándole que había terminado muy tarde de trabajar porque acudió a la clínica del IMSS en Petacalco, porque estaba investigando una pérdida de medicamentos en la farmacia de esa clínica.
El hijo de la víctima agregó que su mamá le dijo que el jueves 22 de septiembre de 2016 llegaría a Acapulco porque tendría una reunión de trabajo el viernes 23 de septiembre en ese puerto.
Sin embargo, la doctora no llegó al puerto y se preocuparon él y sus familiares, pero esperaron a que llegara el viernes 23 de septiembre después de la reunión pero no sucedió, relató.
Agregó que el sábado 24 de septiembre de 2016 él, su papá y otros familiares acudieron a buscar a la doctora a Petatlán, donde tenía su base, y desde donde ella dirigía las demás clínicas que tenía a su cargo que eran las de Petatlán, Papanoa, La Unión y Petacalco. Al llegar ahí platicaron con la señora Ada Peñaloza quien le vendía comida a su mamá, ella les dijo que la doctora había pasado a desayunar temprano con ella y que en días anteriores le había comentado que andaba investigando un robo de medicamentos en la farmacia de Petacalco, por eso estaba supervisando la clínica de ese lugar.
Después los familiares se trasladaron a la ciudad de Zihuatanejo y en la clínica 8 del IMSS de dicho lugar observaron en los videos de las cámaras de seguridad que la doctora Adela Rivas Obé llegó a las instalaciones a las 12:03 del día, y salió a las 12:38 aproximadamente. En ese momento se ve a su mamá con vida por última vez. Ese mismo día presentaron la denuncia en la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro en Acapulco.
Agregó que entre finales de septiembre y principios de octubre de ese año la jefa inmediata de su mamá, María Teresa Díaz le dijo que ella le había ordenado checar un “faltante” de medicamentos en la clínica, y le proporcionó los nombres de los administradores de las tres clínicas que su mamá tenía a su cargo, en esa lista iba el nombre y teléfono de Édgar Arturo, el acusado de su asesinato.
Añadió que el 11 de octubre de 2016 se halló un cuerpo de una mujer en la playa La Majahua en Zihuatanejo, y acudieron a identificarlo pero debido al estado en que estaba no lo reconocieron. Entonces le tomaron muestras de ADN a él y a su tía Angelina Rivas y el 17 de ese mes la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los restos correspondían a la doctora Adela Rivas Obé.
Continuó: el 23 de octubre del 2016 les informaron que fue detenido el encargado de la clínica de Petacalco, Edgar Arturo, como presunto homicida de la doctora.
Dijo que estaba seguro que Edgar Arturo es el culpable porque un arete de su mamá fue hallado junto a sus restos y el otro estaba en la cajuela del imputado. Además un testigo vio cuando Edgar Arturo estaba quemando unas pertenencias de su mamá el 23 de septiembre, un día después de la desaparición de la doctora, y de acuerdo con los datos de telefonía celular, las coordenadas del asesino indican que estuvo cerca de la clínica número 8 del IMSS de Zihuatanejo el 22 de septiembre del 2016 en la hora que su mamá se encontraba en ese lugar, y que además que ese mismo día ambos equipos celulares se quedan sin señal justo en el camino que conduce a playa La Majahua, en Zihuatanejo.
De la audiencia de ayer Bolívar Dario comentó que se vertieron los alegatos de clausura, donde la familia de la doctora solicitó a los jueces encargados del caso que hagan justicia a casi dos años de su asesinato el 22 de septiembre de 2016.
Indicó que a dos días que se cumplan dos años del asesinato de su mamá los familiares piden a los jueces que hagan valer el estado de Derecho.
Dijo que “no se puede hacer historia sin hacer justicia, pero tampoco se puede hacer justicia sin hacer historia, a casi dos años de la partida de mi mamá queremos pedir a los jueces que hagan historia haciendo justicia, haciendo justicia a nuestra familia, y también a las demás familias que han sido afectadas por la inseguridad en el estado”.
“Se debe hacer justicia también por las familias que han sido agredidas por feminicidas, familias a quienes les han arrebatado hermanas, esposas e hijas, esas familias que también están buscando aún a sus seres queridos, se debe hacer justicia para que nos devuelvan la paz y la tranquilidad, les pedimos a los jueces que no dejen libre a un feminicida porque Guerrero necesita paz”, agregó.
Indicó que los jueces han escuchado las versiones de ambas partes y la defensa del imputado únicamente se dedicó a desacreditar la investigación del robo de medicamentos que su mamá hacía, pero en ningún momento presentó alguna prueba que refutara la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“No se presentó alguna prueba que indicara que el inculpado fuera inocente, al contrario, la defensa presentó a testigos del IMSS quienes sólo defendieron a la institución pero nunca señalaron de ninguna manera que el detenido fuera inocente”, expuso.
Agregó que “nosotros no buscamos aclarar si hubo un robo de medicamentos en el IMSS, lo único que queremos es justicia por el asesinato de mi mamá y ya se dieron a conocer pruebas contundentes indicando la culpabilidad del detenido”.
Dijo que el tribunal para resolver el caso está integrado por los jueces María Luisa Nava Gregorio, Sergio Guzmán Chávez y Edgardo Mendoza Falcón quien funge como presidente.
Reiteró que los tres jueces han actuado de manera profesional, imparcial y con apego a la ley. “Les pidió que en base a las pruebas presentadas y con respeto a la ley dicten sentencia en contra del asesino de mi mamá”.
Agradeció a los agentes e investigadores de la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro que testificaron en el juicio y expresó un agradecimiento especial a los ministerios públicos que están en la defensa jurídica del caso.