Francisco Magaña

Atoyac

Familiares de la directora de la microzona Zihuatanejo, La Unión, Petatlán, Papanoa y Petacalco, desaparecida y asesinada por un empleado del IMSS, Adela Rivas Obé y el comité de víctimas de atención de justicia para su caso, denunciaron en conferencia de prensa que la Fiscalía General de la República (FGR) busca vincular a la víctima con grupos delictivos de la región de la Costa Grande, en lugar de investigar el delito de desaparición forzada.
Apenas el 9 de marzo se publicó en estas páginas que la FGR se niega a investigar el robo de medicinas especializadas que investigaba por órdenes superiores Rivas Obé cuando fue desaparecida, una línea de investigación en la que han insistido los familiares después de que fue asesinada.
Los familiares dijeron que no se han seguido esas líneas de investigación con dependencias nacionales e internacionales como la DEA, y que se ocultó que esa línea se abrió en el 2023.
Sin embargo, hace unas semanas se informó a la familia que la FGR desconoce esa línea de investigación y no se entregaron a los familiares los expedientes de investigación, incluso en el 2021 se intentó cerrar el caso sin tomar en cuenta la desaparición forzada.
Con esto, advirtieron activistas y familiares, se está revictimizando a la doctora que hoy no puede defenderse, ni siquiera a la familia se le ha informado que la vinculan con criminales, y al asesino, quien tuvo que haber tenido cómplices para cometer este delito de lesa humanidad de desaparición forzada y feminicidio, no se le investigan sus vínculos.
El hijo de la doctora Adela, Darío Bolívar Rojas consideró que hay incoherencias y revictimizacion de las autoridades.
Expuso que es “ilógico de la propia Fiscalía de la República teniendo dentro de su investigación a la doctora Adela Rivas Obé como víctima de desaparición forzada, un grave delito que implica graves violaciones a los derechos humanos, ahora comience su indagatoria investigando a la doctora con vínculos con la delincuencia, cuando hasta el momento nosotros con el propio expediente de Fiscalía podemos decir que no hay ningún oficio que se haya girado para buscar esa misma información (contra el asesino): a ver si el asesino de la doctora pertenece a una red criminal de la delincuencia o red dentro del IMSS para robarse el medicamento controlado, no hay oficios para investigar al asesino que ya está sentenciado, que ya no podemos mencionarlo como presunto homicida”.
Los familiares señalaron que ha habido encubrimiento y falta de acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero sí hay apoyo para el asesino, buscando que el caso sea un juicio breve sin que se den las líneas de investigación, además de que se pretende vincular a la doctora con hechos criminales.

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El hijo de la víctima de feminicidio Adela Rivas Obé, Bolívar Dario Rojas Rivas, denunció el robo de medicamentos controlados en la farmacia de una clínica del IMSS en Petacalco, señaló la omisión de la federación para investigar y sancionar el delito que motivó la desaparición, tortura y posterior asesinato en 2016 de la directora de micro zona en la región de la Costa Grande del instituto, y advirtió que no parará hasta encontrar justicia para su mamá.
Dijo que según las investigaciones oficiales y de la familia que hay detrás del robo de “cien mil pesos al mes de medicamentos controlados en la clínica de Petacalco”, que documentó  Rivas Obé, puede haber una red criminal.
Mencionó que los medicamentos controlados robados no son de fácil acceso para la población, están bajo la jurisdicción de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en México (Cofepris) que restringe la distribución al público, porque sus ingredientes activos pueden ser utilizados para fabricar otro tipo de psicotrópicos y estupefacientes.
“No creemos la versión de que solamente hay un autor intelectual y material de este crimen”, expuso.
En conferencia de prensa, momentos antes de la presentación de la denuncia en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chilpancingo, dijo que esta línea de acceso a la justicia fue sugerida por autoridades federales, responsables de seguir de oficio este delito.
Explicó que la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, que ha dado seguimiento al caso, se declaró incompetente porque el delito sale de su jurisdicción, pese a que la dependencia conoce la investigación que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) en Guerrero, donde se comprobó que el móvil del delito fue el robo de medicamentos y concluyó en una sentencia por homicidio calificado.
Expuso que el robo de medicamentos adquiridos con recursos del erario público es un delito del orden federal, sin embargo, la fiscalía especializada y la oficina de la Presidencia de la República, donde han presentado sus peticiones, sugirieron presentar esta denuncia en la delegación de la FGR en Guerrero.
“Pueden ver cóomo las víctimas tenemos que estar batallando para transitar ese largo y difícil camino por  la justicia, con nuestros medios, y bajo nuestro propio riesgo, porque las autoridades federales no hacen el trabajo que les corresponde. No les importa ni nuestra integridad, ni nuestros casos, simplemente somos necesarios cada cierto tiempo, cuando hay elecciones”.
Aunque sabe que exigir investigación por el robo de medicamentos que existe en el sector salud, implica riesgos, afirmó que con su familia están decididos a luchar hasta las últimas consecuencias por justicia plena en el  homicidio, la tortura, la desaparición y por robo de medicamentos que derivó en todos los delitos contra la doctora Rivas Obé.
“Nosotros les estamos contando desde hace nueve años a diferentes autoridades que hay robo de medicamentos, presentando oficios, no nos hacen caso, me imagino que por esta misma razón, este delito tampoco se denuncia”, dijo.
Rojas Rivas reconoció el acompañamiento de luchadores sociales, en este caso de la activista feminista María Reyna Aguilar, que lo acompañó a la diligencia.

El homicidio de la doctora, referen-te de impunidad: Marina Reyna

En la conferencia de prensa, Reyna Aguilar confirmó que directamente el IMSS debió presentar la denuncia por el robo de medicamentos porque es su competencia, pero no lo hizo.
Advirtió del riesgo de que en la delegación de la FGR tampoco quieran tomar el caso, “sería muy lamentable, porque este delito que dio origen a los crímenes contra la doctora del IMSS, puede ocurrir en cualquier lado, habla de la impunidad que hay en el estado”.
Aclaró que será observadora de que la denuncia tenga un seguimiento adecuado y se castigue este hecho que propició el homicidio de la doctora Rivas Obé.
En este sentido, informó que la comisionada estatal de Atención a Víctimas de Guerrero, Enedina Medrano Serrano, ofreció asignar un asesor jurídico estatal para el acompañamiento de la demanda de robo de medicamentos en la FGR, que debido a que el asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) federal, asignado para el acompañamiento de las víctimas indirectas del caso, también ha sido omiso.
Rojas Rivas explicó que, como parte de las gestiones que han realizado de manera reciente ante en la federación, lograron a través de la presidencia de la república, la reapertura del caso de desaparición forzada de la doctora Adela en la FGR, presentado originalmente en 2016.Sin embargo, el delito de robo de medicamentos, que constituye el móvil del asesinato, señalado claramente, nunca ha sido investigado formalmente.
Añadió que ante el centro del CEAV federal con sede en Acapulco, el 28 de mayo pasado, denunciaron que el asesor jurídico asignado, Julio César Baez Olivo,  fue omiso y negligencia,  durante seis meses de una etapa crítica del juicio de investigación complementaria de la desaparición forzada de su mamá.
Desde esa fecha solicitaron urgente otro asesor jurídico federal con capacidad técnica y compromiso con los derechos de las víctimas. Aunque no ha realizado el cambio de asesor, denunció que se ausentó de una reunión en FGR, dejando a las víctimas a la deriva.
“Ya no sabemos a qué autoridades acudir, aquí está la queja del asesor jurídico omiso desde mayo, y no hacen nada”.
Bolívar Dario Rojas recordó que el feminicida, Arturo Cuellar Bravo está sentenciado a 38 años de prisión sólo por homicidio calificado de su mamá, no por los otros delitos, como el robo de medicamentos que ayer presentó en su contra.
Asimismo señaló como responsable del delito al entonces delegado del IMSS José Luis Ávila Sánchez que negó el robo de medicamento y trató de socavar la autoridad ministerial de ese momento, a cargo del fiscal Xavier Olea, que señaló la línea de investigación en el asesinato de la doctora.
Pidió que se investigue además a quien era la jefa inmediata de su mamá, María Teresa Ríos Martínez, quién dio la orden de investigar el desabasto de medicamentos controlados, sin advertirle que era provocado por una sustracción ilegal.
Aclaró que los medicamentos controlados no son de fácil acceso para la población, están bajo la jurisdicci n de cofepris que restringe la distribución al público porque sus ingredientes activos pueden ser utilizados para fabricar otro tipo de psicotrópicos y estupefacientes
“No creemos la versión de que solamente hay un autor intelectual y material de este crimen, Una cadena de psicotrópicos que considera cien mil pesos mensuales como robo dentro del IMSS, no puede tener un solo autor, y es lo que vamos a denunciar en este día”.
Señaló que el agresor trabajó como encargado de la farmacia de la clínica de Petacalco de de 2011 a 2016, cuando fueron descubierto”.

 

Debido a omisiones en una respuesta a un escrito enviado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde se señala el delito de robo de medicamentos, se presentará una queja ante la Fiscalía General de la República (FGR) en relación con la desaparición y feminicidio de la doctora Adela Rivas Obé.
En entrevista para El Sur, el hijo de la doctora Rivas Obé, Bolívar Darío Rojas Rivas informó que se mandó un oficio al Órgano Interno de Control del IMSS, del cual desde el pasado 2 de octubre no se entregó respuesta.
“Nos habían solicitado información de nueva cuenta que vinculara el robo de medicamentos con el asesinato de mi mamá, a la vez que detalláramos ahí quiénes eran los que estaban beneficiándose de parte de este robo de medicamentos, quiénes lo estaban llevando a cabo y que se presentaran otra serie de documentos que ellos nos estaban solicitando. Estos documentos los entrego yo el 2 de octubre en tiempo y forma y hasta la fecha no han mandado acuse de recibo”, dijo.
Agregó que por dicha omisión y ante lo que considera encubrimiento, tiene previsto interponer una denuncia ante la FGR por la falta de respuesta del Órgano Interno de Control en la acusación de robo de medicamentos, mismo que investigaba la doctora Rivas en la clínica de Petacalco, antes de ser asesinada.
“Nosotros estamos previendo hacer una denuncia en la FGR ante este intento de encubrimiento por parte del Órgano Interno de Control, dado que ya se ha notificado en dos ocasiones que se le envió la información, y ellos no han contestado de vuelta, por lo tanto están cayendo en una omisión de la diligencia y esa situación la vamos a denunciar a la Federación, dado que el robo de medicamentos es un delito federal, porque los medicamentos son comprados con recursos públicos”, explicó Rojas.
Rojas Rivas comentó que de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, se indicó que la queja fuera turnada a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de llevar a cabo una mesa interinstitucional para verificar la correcta labor de los funcionarios.
Agregó que se tiene programada una audiencia el 3 de noviembre para el seguimiento de la investigación del asesinato de Adela Rivas en 2016, luego de que fuera encomendada a investigar robo de medicamentos en la clínica de Petacalco, y antes de entregar su reporte, fue asesinada.
“Nosotros esperamos que los nuevos jueces del sistema judicial federal se apeguen a la ley y a derecho para que se le haga justicia al caso de mi mamá, y se les enjuicie con todo el peso de la ley a los responsables”, comentó. (Juan Luis Altamirano / Ciudad de México).

Redacción

El hijo de la doctora Adela Rivas Obé, desaparecida por un empleado de gobierno y luego víctima de feminicidio, Bolívar Darío Rojas Rivas presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control del IMSS por presunto encubrimiento en robo de medicamentos controlados en una clínica del IMSS de Petacalco, municipio de La Unión, el cual fue el móvil del crimen en 2016, según la sentencia por homicidio calificado en contra del agresor.
En entrevista telefónica Bolívar afirmó que en la denuncia se anexaron oficios y documentos elaborados por funcionarios del IMSS que prueban un encubrimiento institucional en torno al robo de medicamentos controlados en la clínica del IMSS de Petacalco, una investigación que la doctora Adela realizó por instrucción de sus superiores al detectarse movimientos irregulares en el área de farmacia.
“Estamos realizando esta entrega de oficios y documentales a petición del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social (OIC-IMSS), Oficina Regional Número 8, cuyo titular Jaime Cruz Lucatero, con la intervención de los auditores Francisco Galeana López y Manuel González Martínez, impusieron otro plazo perentorio de 10 días para presentar información respecto al robo de medicamentos que fue ordenado investigar a la doctora Adela por su jefa inmediata, la doctora María Teresa Díaz Martínez, Coordinadora Médica Auxiliar de Primer Nivel de Atención del IMSS en Guerrero”, contó.
Dicho requerimiento fue formulado a partir del expediente administrativo 8163/2025/CDAC/IMSS/DE2355, derivado de una denuncia presentada por la familia de la doctora Adela Rivas en Palacio Nacional, misma que -por instrucción presidencial- dio origen a la apertura de la investigación correspondiente.
“El Órgano Interno de Control solicitó en un plazo perentorio y revictimizante de 10 días hábiles, la entrega de informes y evidencia sobre los hechos vinculados a la investigación de la desaparición forzada de mi madre, así como sobre el robo sistemático de medicamentos en el IMSS-Guerrero”, mencionó.
“Los documentos que hoy se entregan son oficiales, generados de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y se remiten al citado OIC Regional Número 8, con el propósito de que se determinen las responsabilidades administrativas derivadas del encubrimiento y la corrupción al interior del IMSS, ahí se señalan de manera expresa los nombres, cargos y actuaciones de los funcionarios cuya conducta es materia de denuncia”, agregó.
Dijo que los funcionarios de la delegación estatal del IMSS, César Augusto Añorve Baños (hermano del senador del PRI, Manuel Añorve Baños), jefe de Servicios Administrativos y Juan Manuel Guerrero Gutiérrez, jefe de Servicios Jurídicos, enviaron oficios al Ministerio Público, primero, indicando que no existían videograbaciones en las clínicas de Petatlán, La Unión y Petacalco.
Sin embargo, la Subdelegación del IMSS en Zihuatanejo sí remitió una lista de asistencia de la última reunión en la que se vio con vida a la doctora Adela, con videos de la Clínica No. 8, donde se realizó la reunión de trabajo el 22 de septiembre de 2016.
Posteriormente, Añorve Baños envió un nuevo oficio en el que reconoció la existencia de cámaras de videovigilancia y remitió tres discos con los supuestos registros solicitados. No obstante, tras el peritaje practicado por la FECS-FGE, se determinó que uno de los discos no correspondía a la fecha, otro estaba dañado y la evidencia “se perdió”, y sólo uno contenía grabaciones parciales del horario requerido, contó.
Ante ello, el Ministerio Público emitió un exhorto al entonces delegado estatal del IMSS, José Luis Ávila Sánchez, y advirtió medidas de apremio contra los servidores públicos involucrados por la manipulación y obstaculiación de una investigación de carácter penal, relató.
“En consecuencia, el OIC está obligado legalmente a dar vista inmediata a las autoridades competentes, pues de no hacerlo incurriría en un encubrimiento activo y en una omisión de denuncia frente a hechos delictivos de carácter federal”, expuso el hijo de la víctima.
Rojas Rivas comentó que tenían programada una audiencia para el 26 de septiembre pasado, la cual le informaron que sería aplazada hasta principios de noviembre. De igual forma aseguró que se mantendrán con la exigencia de justicia en el caso de asesinato de la doctora Adela Rivas.

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Por segunda ocasión, el homicida de la doctora Adela Rivas Obé, Édgar Arturo Cuéllar Bravo fue vinculado a proceso por desaparición forzada, en su carácter de funcionario público, como administrador de la farmacia de la clínica 27 del IMSS en la localidad de Petacalco, municipio de La Unión, cuando perpetró el crimen en septiembre de 2016.
El hijo de la víctima, Bolívar Darío Rojas Rivas, recordó que el 20 de marzo de 2023, Cuéllar Bravo fue vinculado a proceso por la desaparición forzada de Adela Rivas Obé, pero obtuvo la libertad inmediata tras un amparo, porque un juez consideró que era suficiente la condena de 38 años de prisión por el asesinato de la doctora, por el delito de homicidio calificado en el fuero común.
Con un recurso de apelación, la familia logró la reposición total del procedimiento y el 10 de julio pasado, se volvió a declarar la vinculación a proceso por desaparición forzada. Para llegar a ese fallo, el Ministerio Público federal de la Fiscalía General de la República investigó el caso y presentó las pruebas de las agravantes del caso, que evidencian la violencia, la intención de desaparecerla o que los restos no fueran reconocidos si se encontraba el cuerpo.
Estimó que a mediados de noviembre continuarán las audiencias del juicio.
Indicó que la denuncia por desaparición forzada de la doctora se realizó en 2016, ante la entonces Procuraduría General de la República, ahora FGR, donde fue relegada durante casi siete años hasta que la familia exigió el seguimiento.
“Nosotros comenzamos a buscar a mi mamá con vida, pidiendo que se tocaran el corazón (para que, quien la llevó, la devolviera a salvo), y el asesino que pretendía seguir laborando en el IMSS, buscaba la manera de cubrir sus pasos porque sabía que era investigado por el robo de medicamentos”.
Del caso, Rojas Rivas explicó que Cuéllar Bravo era subordinado de la doctora Adela Rivas Obé, y contaba con habilidades para alterar el sistema de cómputo y robar medicamentos del propio sistema del IMSS, porque fue cabo del área de inteligencia e informática del Ejército.
En tanto, la doctora Rivas era directora de Microzona del IMSS, a cargo de las clínicas de Petatlán, Papanoa, La Unión (cabecera municipal) y Petacalco, de la Costa Grande.
Como antecedentes del caso, dijo que a mediados de septiembre del 2016 la doctora fue llamada a una reunión en la delegación del IMSS en Acapulco, por su jefa inmediata María Teresa Díaz Martínez.
En la reunión privada, Díaz Martínez le dijo a Rivas Obé que en la clínica de Petacalco había aumentado de manera excesiva el consumo de medicamentos, particularmente medicamentos controlados, y le ordenó ir a Petacalco para hacer una investigación.
Así, el lunes 19 de septiembre, Rivas Obé comenzó la investigación y el jueves 22 de septiembre, cuando se preparaba para llevar sus hallazgos a la delegación del IMSS en Acapulco, fue interceptada y desaparecida.
Con la investigación interna, Rivas iba a señalar que Cuéllar Bravo metía recetas médicas alteradas o falsas al sistema digital de la farmacia del IMSS, para robar los medicamentos.
Incluso indicó que la doctora Rivas ya había comentado con otro subalterno que el monto robado por Edgar Cuéllar Bravo era de unos 100 mil pesos mensuales, entre medicamentos controlados, medicina general e insumos.
Además, que el modo de operación también fue comprobado por agentes encubiertos de la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro (FECS) del estado, quienes en la búsqueda con vida de la doctora, dieron seguimiento a Cuéllar Bravo una semana.
“En esa investigación de seguimiento, captaron en video a Édgar Arturo llevándose el sistema de cómputo de la farmacia y lo subía en su vehículo Mazda 3, luego de un tiempo devolvía el sistema de cómputo de la farmacia”.

Grabaron a Edgar Arturo Cuéllar persiguiendo a la doctora Adela

El jueves 22 de septiembre de 2016, las cámaras de seguridad de la clínica del IMSS de Zihuatanejo grabaron a Edgar Arturo Cuéllar Bravo persiguiendo a la doctora Adela, ocultándose entre los pacientes de la clínica para no ser descubierto por ella, indicó Bolívar Darío Rojas Rivas.
Con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, de la Fiscalía de Guerrero, se estableció que ese mismo día Cuéllar Bravo interceptó e inmovilizó violentamente a Adela Rivas, la subió a la cajuela de su vehículo Mazda 3, se dirigió a la periferia de Zihuatanejo, y ahí se desvió hacia una brecha en playa La Majahua.
En medio de un terreno baldío, Cuéllar Bravo bajó a la doctora, la arrastró hasta un barranco, ahí le arrebató la vida con una piedra de gran tamaño, luego la despojó de sus objetos personales, incluida su bolsa y su blusa bordada con su nombre y categoría en el IMSS, además de tener el logo bordado de la institución y la nomenclatura Instituto Mexicano del Seguro Social.
El viernes 23 de septiembre comenzó la búsqueda en vida de la doctora; el sábado 24, encontraron que las pertenencias de la doctora estaban intactas en su oficina, en Petatlán, incluida su maleta de viaje con la documentación de la investigación que realizó en la clínica 27 de Petacalco, recuperada por sus familiares.
El guardia de seguridad de la clínica de Petatlán les dijo que la doctora no había llegado de Zihuatanejo por su maleta.
Además, en el restaurante donde la doctora solía acudir les informaron que mencionó que iba a ir a Zihuatanejo y después pasaría a comer ahí, para luego recoger sus pertenencias de la oficina y trasladarse a Acapulco.
Después de semanas de búsqueda, manifestaciones por su presentación con vida, el 11 de octubre de ese año en una barranca de la playa Majahua se encontraron los restos de una mujer, y el 17 el mismo mes, por medio de exámenes de ADN, se confirmó que correspondían a Adela Rivas Obé.
Bolívar Darío Rojas Rivas aclaró que en el juicio de desaparición forzada no se van a presentar los elementos de cargo que condujeron a sentencia por homicidio calificado, de un testigo que lo observó quemando objetos personales de su mamá, ni las grabaciones de la cámara de seguridad del IMSS, donde se observa al agresor, seguir a la doctora, en las últimas imágenes que se le vio con vida.
Ahora, su hijo informó que realizan las estrategias para buscar la justicia integral, y evitar que el Poder Judicial de la Federación favorezca al acusado de desaparición forzada, porque ya se mostró comprometido, por la sentencia de amparo que se emitió a su favor.
Informó que están realizando reuniones familiares, con el Ministerio Público federal, asesores jurídicos, con acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Estimó que después de que el 11 de julio se obtuvo la revinculación a proceso por el delito de desaparición forzada, se dieron cuatro meses de investigación complementaria, y probablemente las audiencias reanuden a mediados de noviembre.
Subrayó que el caso tiene aristas que no han sido consideradas, con los que se pueden establecer otros delitos como robo de medicamentos de las clínicas del IMSS, tortura y feminicidio.