Maribel Gutiérrez

El IMSS no ha respondido a la petición de que denuncie y se investigue el robo de medicinas en la farmacia de su clínica en Petacalco, que motivó el asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, hace siete años.
La petición ha sido hecha por la familia de la víctima por diversos medios, y desde febrero de este año, en una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras tanto, documentos relacionados con el caso, que guarda el hijo de la víctima, Bolívar Darío Rojas Rivas, fueron presuntamente sustraídos de su computadora, que fue hackeada el 19 de julio pasado, según la denuncia que presentó en la Fiscalía General del Estado (FGE) el 5 de agosto.
Bolívar Rojas teme que se haga mal uso de esa información, porque a partir de la fecha señalada perdió el acceso a la documentación que guarda en sus equipos electrónicos, así como a otros documentos oficiales de él y de su familia, textos de trabajos académicos que realiza como estudiante de maestría en la UAG y otros textos de su autoría, manifestó en entrevista.

Intervención a su computadora

Ante el agente del Ministerio Público de la FGE, en la Unidad de Atención Temprana, se abrió la carpeta de investigación 120 302 102 002 550 508 23, con la formal querella o denuncia que presentó Bolívar Darío Rojas Rivas por el delito de falsificación o alteración de documento o similar tecnológico, cometido en su agravio y en contra de quien resulte imputado.
Narra que entre el 16 y el 19 de julio, a las 7 de la mañana, mientras mantenía comunicación con su familia por su teléfono celular y su computadora, estos aparatos fueron intervenidos.
Declara que su información personal, correos electrónicos, documentos personales y familiares, datos de su cuenta bancaria, del SAT, de sus cuentas en redes sociales, correos electrónicos, tesis de maestría en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados-Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) en Acapulco de la UAG, “fueron extraídos mediante un hackeo”.
Destaca en su denuncia entre los materiales extraídos “oficios confidenciales del caso de justicia de la doctora Adela Rivas Obé, generados en diversas dependencias e instituciones del Estado mexicano (FGR, FGE-Guerrero, Tribunal de Justicia de Guerrero, tribunal federal, y Segob”.
Precisa que desde el 19 de julio perdió acceso mediante sus contraseñas a siete correos electrónicos, algunos de los cuales pertenecían a su mamá –la doctora desaparecida y asesinada el 22 de septiembre de 2016– y otros a él, y otro abierto específicamente para el movimiento por la demanda de justicia por el crimen contra la doctora Adela Rivas Obé.
Lo mismo ocurrió con sus cuentas en redes sociales, a las que no pudo acceder desde la fecha señalada.
En la denuncia ante el MP plantea: “Hasta la fecha de este oficio mi información personal y familiar sigue tomada y temo que se le pueda dar mal uso, poniendo en riesgo mi seguridad e integridad y la de mi familia”.
Y explica: “Por esta razón hago esta denuncia para proteger mis datos personales y familiares, además de deslindar cualquier uso indebido que se le pueda dar a la información sensible y confidencial que me fue robada, por lo que solicito se investiguen los presentes hechos, se realice la reparación del daño y en su momento oportuno se dé con quien resulte imputado”.
La denuncia se presentó ante el agente del MP del fuero común, adscrito a la Unidad de Atención Temprana 1, Sector Garita, Distrito Judicial de Tabares, licenciado Miguel Ángel López Pérez, el 5 de agosto de 2023 a las 15:20 horas.
El denunciante espera alguna indicación o información del MP sobre el seguimiento a su declaración, pero hasta ayer no se había dado algún avance.

El IMSS no denunció, y el robo sigue impune

La doctora Adela Rivas Obé, directora de Microzona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue desaparecida el 22 de septiembre de 2016, después de que estuvo en una reunión de trabajo en la clínica 8 de esa institución en Zihuatanejo, y 20 días después, el 11 de octubre, su cuerpo apareció sin vida en un predio cerca de la playa Majahua en ese municipio.
Desde el siguiente día a su desaparición, se supo que la doctora Adela Rivas, por orden de sus superiores en el IMSS, estaba investigando el desabasto de medicamentos en la farmacia de la clínica de Petacalco, una de las cuatro que estaban bajo su dirección como parte de la Microzona compuesta además por las de Papanoa, Petatlán y La Unión.
El 23 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Edgar Arturo Cuéllar Bravo, encargado de la farmacia de Petacalco, como responsable del crimen, y el 5 de octubre de 2018 fue condenado a 38 años de prisión por el delito de homicidio calificado.
En el expediente de la causa penal constan las pruebas del robo de medicinas que motivó la desaparición y el asesinato de la doctora y la detención del responsable. Pero el IMSS nunca denunció este robo, y sigue impune.
La familia de la doctora, en particular su hijo Bolívar Darío Rojas Rivas, ha pedido desde comienzos de este año, que el IMSS denuncie este delito y se investigue.
Entre las acciones emprendidas para ese fin está la presencia de Bolívar Rojas Rivas en el Palacio Nacional el 13 de febrero, para hacer llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador una carta en la que expone el caso, y sobre el robo de medicinas señala: “La investigación de la Fiscalía de Guerrero reveló que el homicida sustraía material médico, pruebas de VIH, fórmulas de leche en polvo para bebés, medicamentos y otros insumos. El material robado era vendido en redes sociales y trascendió que el desfalco cometido en contra del IMSS superaba los 200 mil pesos mensuales”.
Agrega: “Las autoridades del IMSS de aquel momento negaron públicamente el robo de medicinas y eso fue utilizado por la defensa del imputado para burlar su responsabilidad ante la ley”.
Después, el 28 de marzo, el hijo de la doctora entregó a la comitiva de López Obrador, durante una visita a Acapulco, el mismo documento. Además, expuso sus peticiones a la delegada del IMSS en Guerrero, Josefina Estrada Martínez, que se puso en contacto con él en Acapulco para conocer el problema.
Como resultado de la carta al presidente, Bolívar Rojas recibió una respuesta del fiscal titular adscrito a la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Héctor Baranda Tello, el 14 de abril de 2023.
El fiscal plantea que se debe investigar la información generada como consecuencia del robo de medicamentos e insumos “todas vez que el patrimonio del IMSS es adquirido con dinero público, es decir, con dinero proveniente del erario”, y sugiere al hijo de la víctima aportar elementos de prueba. También sugiere presentar una denuncia administrativa.
El funcionario considera que en el delito de homicidio de la doctora Adela Rivas no hay impunidad, pues el responsable ya está condenado a 38 años de prisión. Pero acepta que sí está impune el delito de robo: “no se advierte que la impunidad prevalezca, aun cuando pudiera usted tener razón, sólo en lo relativo al robo de medicamentos e insumos del IMSS, situación de robo que se sugiere que por ser de naturaleza federal, surte la competencia de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor)”.
El fiscal informó que el 26 de mayo turnó la documentación del caso proporcionada por la familia a la mencionada Fecor.
Después de más de tres meses, la familia de la víctima desconoce si este trámite ha tenido algún efecto.

Pruebas que investigó la Fiscalía de Guerrero

Entre la funciones que la doctora Adela Rivas tenía como directora de Microzona del IMSS estaba revisar el abasto de medicinas. Por eso, ella fue enviada a Petacalco a investigar el desabasto. Y descubrió que el desabasto era por robo.
En el expediente por el delito de homicidio calificado contra el sentenciado como culpable, Edgar Arturo Cuéllar Bravo, constan pruebas de ese delito recabadas por la Fiscalía de Guerrero.
Testigos declaran que dos días antes de que fuera desaparecida, la doctora acudió a la clínica de Petacalco, y entre los asuntos que trató estaba el problema de las medicinas. La vieron hablando con el encargado de la farmacia.
Entre las declaraciones aparece la del médico Agustín Balboa Miranda, a quien ella le comentó que se disponía a arreglar problema en la farmacia. Y el mismo testigo habla de falta de medicamentos controlados.
Aparecen también capturas de pantalla, una del 23 de abril de 2015, que muestran que el inculpado por homicidio, administrador de la farmacia, por medio de su cuenta en redes sociales ofrecía al público leche en polvo NAN 1 y NAN 2, que es un alimento para bebé, a 50 pesos la lata, cuando en las farmacias comerciales costaba unos 80 pesos. También aparecen ofertas del alimento para niños Enfamil Premium 2, a un costo de 100 pesos.
Según la investigación de la Fiscalía, personal del almacén del IMSS detectó que existía un faltante en esa farmacia de medicamentos de transcripción o controlados, y que existía un excedente de lácteos.
También descubrió que el administrador de la farmacia, no ingresaba las peticiones de medicinas ni los reportes al sistema de farmacia.
A pesar de esta información, los altos funcionarios del IMSS en el estado no se interesaron por esclarecer el robo.
Bolívar Rojas Rivas señala que cuatro funcionarios del IMSS declararon que no había robo, entre ellos la doctora María Teresa Díaz, que era la jefa de Adela Rivas Obé.
En diversos medios de comunicación se publicaron declaraciones del entonces delegado del IMSS en Guerrero, José Luis Ávila, que dice que no había robo.
El 20 de octubre de 2016, el periódico Milenio publicó una declaración de José Luis Ávila, que dijo que no existía ninguna denuncia o expediente sobre el robo de medicamentos en la farmacia del IMSS.
La Fiscalía de Guerrero ya había informado que una de las líneas de investigación sobre el asesinato de la doctora era que investigaba el robo.
Después el delegado declaró que la doctora no estaba investigando el robo.
Bolívar Rojas declaró que es irresponsable que el delegado diga que la doctora no investigaba robo de medicinas, “ella dio su vida por el IMSS y el IMSS le da la espalda”, reprocha.
El 16 de diciembre había nuevo delegado del IMSS en Guerrero, Reyes Betancourt Linares, declaró que el robo de medicinas como móvil del crimen “es una presunción que no se ha confirmado”.
Hasta el momento, a siete años del crimen, el IMSS como institución, y ningún alto funcionario o funcionaria mostró interés en que se atendiera la exigencia de la familia, de denunciar e investigar el robo de medicinas, porque busca la justicia y no sólo una parte.