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A 7 años del asesinato de Adela Rivas no se ha investigado el robo de medicinas en el IMSS

Maribel Gutiérrez

La médica cirujana Adela Rivas Obé, con una paciente cuando laboraba en el Hospital Vicente Guerrero de Acapulco Foto: Cortesía de Bolívar Rojas Rivas

El IMSS no ha respondido a la petición de que denuncie y se investigue el robo de medicinas en la farmacia de su clínica en Petacalco, que motivó el asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, hace siete años.
La petición ha sido hecha por la familia de la víctima por diversos medios, y desde febrero de este año, en una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras tanto, documentos relacionados con el caso, que guarda el hijo de la víctima, Bolívar Darío Rojas Rivas, fueron presuntamente sustraídos de su computadora, que fue hackeada el 19 de julio pasado, según la denuncia que presentó en la Fiscalía General del Estado (FGE) el 5 de agosto.
Bolívar Rojas teme que se haga mal uso de esa información, porque a partir de la fecha señalada perdió el acceso a la documentación que guarda en sus equipos electrónicos, así como a otros documentos oficiales de él y de su familia, textos de trabajos académicos que realiza como estudiante de maestría en la UAG y otros textos de su autoría, manifestó en entrevista.

Intervención a su computadora

Ante el agente del Ministerio Público de la FGE, en la Unidad de Atención Temprana, se abrió la carpeta de investigación 120 302 102 002 550 508 23, con la formal querella o denuncia que presentó Bolívar Darío Rojas Rivas por el delito de falsificación o alteración de documento o similar tecnológico, cometido en su agravio y en contra de quien resulte imputado.
Narra que entre el 16 y el 19 de julio, a las 7 de la mañana, mientras mantenía comunicación con su familia por su teléfono celular y su computadora, estos aparatos fueron intervenidos.
Declara que su información personal, correos electrónicos, documentos personales y familiares, datos de su cuenta bancaria, del SAT, de sus cuentas en redes sociales, correos electrónicos, tesis de maestría en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados-Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) en Acapulco de la UAG, “fueron extraídos mediante un hackeo”.
Destaca en su denuncia entre los materiales extraídos “oficios confidenciales del caso de justicia de la doctora Adela Rivas Obé, generados en diversas dependencias e instituciones del Estado mexicano (FGR, FGE-Guerrero, Tribunal de Justicia de Guerrero, tribunal federal, y Segob”.
Precisa que desde el 19 de julio perdió acceso mediante sus contraseñas a siete correos electrónicos, algunos de los cuales pertenecían a su mamá –la doctora desaparecida y asesinada el 22 de septiembre de 2016– y otros a él, y otro abierto específicamente para el movimiento por la demanda de justicia por el crimen contra la doctora Adela Rivas Obé.
Lo mismo ocurrió con sus cuentas en redes sociales, a las que no pudo acceder desde la fecha señalada.
En la denuncia ante el MP plantea: “Hasta la fecha de este oficio mi información personal y familiar sigue tomada y temo que se le pueda dar mal uso, poniendo en riesgo mi seguridad e integridad y la de mi familia”.
Y explica: “Por esta razón hago esta denuncia para proteger mis datos personales y familiares, además de deslindar cualquier uso indebido que se le pueda dar a la información sensible y confidencial que me fue robada, por lo que solicito se investiguen los presentes hechos, se realice la reparación del daño y en su momento oportuno se dé con quien resulte imputado”.
La denuncia se presentó ante el agente del MP del fuero común, adscrito a la Unidad de Atención Temprana 1, Sector Garita, Distrito Judicial de Tabares, licenciado Miguel Ángel López Pérez, el 5 de agosto de 2023 a las 15:20 horas.
El denunciante espera alguna indicación o información del MP sobre el seguimiento a su declaración, pero hasta ayer no se había dado algún avance.

El IMSS no denunció, y el robo sigue impune

La doctora Adela Rivas Obé, directora de Microzona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue desaparecida el 22 de septiembre de 2016, después de que estuvo en una reunión de trabajo en la clínica 8 de esa institución en Zihuatanejo, y 20 días después, el 11 de octubre, su cuerpo apareció sin vida en un predio cerca de la playa Majahua en ese municipio.
Desde el siguiente día a su desaparición, se supo que la doctora Adela Rivas, por orden de sus superiores en el IMSS, estaba investigando el desabasto de medicamentos en la farmacia de la clínica de Petacalco, una de las cuatro que estaban bajo su dirección como parte de la Microzona compuesta además por las de Papanoa, Petatlán y La Unión.
El 23 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Edgar Arturo Cuéllar Bravo, encargado de la farmacia de Petacalco, como responsable del crimen, y el 5 de octubre de 2018 fue condenado a 38 años de prisión por el delito de homicidio calificado.
En el expediente de la causa penal constan las pruebas del robo de medicinas que motivó la desaparición y el asesinato de la doctora y la detención del responsable. Pero el IMSS nunca denunció este robo, y sigue impune.
La familia de la doctora, en particular su hijo Bolívar Darío Rojas Rivas, ha pedido desde comienzos de este año, que el IMSS denuncie este delito y se investigue.
Entre las acciones emprendidas para ese fin está la presencia de Bolívar Rojas Rivas en el Palacio Nacional el 13 de febrero, para hacer llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador una carta en la que expone el caso, y sobre el robo de medicinas señala: “La investigación de la Fiscalía de Guerrero reveló que el homicida sustraía material médico, pruebas de VIH, fórmulas de leche en polvo para bebés, medicamentos y otros insumos. El material robado era vendido en redes sociales y trascendió que el desfalco cometido en contra del IMSS superaba los 200 mil pesos mensuales”.
Agrega: “Las autoridades del IMSS de aquel momento negaron públicamente el robo de medicinas y eso fue utilizado por la defensa del imputado para burlar su responsabilidad ante la ley”.
Después, el 28 de marzo, el hijo de la doctora entregó a la comitiva de López Obrador, durante una visita a Acapulco, el mismo documento. Además, expuso sus peticiones a la delegada del IMSS en Guerrero, Josefina Estrada Martínez, que se puso en contacto con él en Acapulco para conocer el problema.
Como resultado de la carta al presidente, Bolívar Rojas recibió una respuesta del fiscal titular adscrito a la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Héctor Baranda Tello, el 14 de abril de 2023.
El fiscal plantea que se debe investigar la información generada como consecuencia del robo de medicamentos e insumos “todas vez que el patrimonio del IMSS es adquirido con dinero público, es decir, con dinero proveniente del erario”, y sugiere al hijo de la víctima aportar elementos de prueba. También sugiere presentar una denuncia administrativa.
El funcionario considera que en el delito de homicidio de la doctora Adela Rivas no hay impunidad, pues el responsable ya está condenado a 38 años de prisión. Pero acepta que sí está impune el delito de robo: “no se advierte que la impunidad prevalezca, aun cuando pudiera usted tener razón, sólo en lo relativo al robo de medicamentos e insumos del IMSS, situación de robo que se sugiere que por ser de naturaleza federal, surte la competencia de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor)”.
El fiscal informó que el 26 de mayo turnó la documentación del caso proporcionada por la familia a la mencionada Fecor.
Después de más de tres meses, la familia de la víctima desconoce si este trámite ha tenido algún efecto.

Pruebas que investigó la Fiscalía de Guerrero

Entre la funciones que la doctora Adela Rivas tenía como directora de Microzona del IMSS estaba revisar el abasto de medicinas. Por eso, ella fue enviada a Petacalco a investigar el desabasto. Y descubrió que el desabasto era por robo.
En el expediente por el delito de homicidio calificado contra el sentenciado como culpable, Edgar Arturo Cuéllar Bravo, constan pruebas de ese delito recabadas por la Fiscalía de Guerrero.
Testigos declaran que dos días antes de que fuera desaparecida, la doctora acudió a la clínica de Petacalco, y entre los asuntos que trató estaba el problema de las medicinas. La vieron hablando con el encargado de la farmacia.
Entre las declaraciones aparece la del médico Agustín Balboa Miranda, a quien ella le comentó que se disponía a arreglar problema en la farmacia. Y el mismo testigo habla de falta de medicamentos controlados.
Aparecen también capturas de pantalla, una del 23 de abril de 2015, que muestran que el inculpado por homicidio, administrador de la farmacia, por medio de su cuenta en redes sociales ofrecía al público leche en polvo NAN 1 y NAN 2, que es un alimento para bebé, a 50 pesos la lata, cuando en las farmacias comerciales costaba unos 80 pesos. También aparecen ofertas del alimento para niños Enfamil Premium 2, a un costo de 100 pesos.
Según la investigación de la Fiscalía, personal del almacén del IMSS detectó que existía un faltante en esa farmacia de medicamentos de transcripción o controlados, y que existía un excedente de lácteos.
También descubrió que el administrador de la farmacia, no ingresaba las peticiones de medicinas ni los reportes al sistema de farmacia.
A pesar de esta información, los altos funcionarios del IMSS en el estado no se interesaron por esclarecer el robo.
Bolívar Rojas Rivas señala que cuatro funcionarios del IMSS declararon que no había robo, entre ellos la doctora María Teresa Díaz, que era la jefa de Adela Rivas Obé.
En diversos medios de comunicación se publicaron declaraciones del entonces delegado del IMSS en Guerrero, José Luis Ávila, que dice que no había robo.
El 20 de octubre de 2016, el periódico Milenio publicó una declaración de José Luis Ávila, que dijo que no existía ninguna denuncia o expediente sobre el robo de medicamentos en la farmacia del IMSS.
La Fiscalía de Guerrero ya había informado que una de las líneas de investigación sobre el asesinato de la doctora era que investigaba el robo.
Después el delegado declaró que la doctora no estaba investigando el robo.
Bolívar Rojas declaró que es irresponsable que el delegado diga que la doctora no investigaba robo de medicinas, “ella dio su vida por el IMSS y el IMSS le da la espalda”, reprocha.
El 16 de diciembre había nuevo delegado del IMSS en Guerrero, Reyes Betancourt Linares, declaró que el robo de medicinas como móvil del crimen “es una presunción que no se ha confirmado”.
Hasta el momento, a siete años del crimen, el IMSS como institución, y ningún alto funcionario o funcionaria mostró interés en que se atendiera la exigencia de la familia, de denunciar e investigar el robo de medicinas, porque busca la justicia y no sólo una parte.

 

Busca el condenado por asesinato de Adela Rivas reducir la pena, denuncia la familia

 

Maribel Gutiérrez

Hace siete años, la doctora Adela Rivas Obé, directora de cuatro clínicas del IMSS en la Costa Grande, fue asesinada cuando investigaba el robo de medicamentos en la de Petacalco. Por este crimen, perpetrado el 22 de septiembre de 2016, se encuentra en prisión Edgar Arturo Cuéllar Bravo, condenado a 38 años, luego de que se comprobó su culpabilidad en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía, ventaja y traición.
Fue sentenciado el 5 de octubre de 2018. Pero actualmente promueve un recurso legal para que se le reduzca la condena.
No es la única vía por la que el autor busca evadir el castigo conforme a la ley del crimen que fue de relevancia en la opinión pública y causó indignación pues la doctora fue asesinada porque cumplía con su deber al descubrir el robo de medicinas en el IMSS cometido por el encargado de la farmacia que debía cuidarlas; es decir, se puso en riesgo y perdió la vida por defender a la institución.
La condena que le fue impuesta corresponde sólo al delito de homicidio calificado. Pero el sentenciado no ha sido juzgado por otros delitos que se cometieron contra la doctora: desaparición, feminicidio y tortura, es decir por los golpes y tormentos a los que fue sometida.
También ha evadido la investigación y enjuiciamiento por el robo de medicinas al IMSS.
El 5 de octubre de 2018 Edgar Arturo Cuéllar Bravo fue condenado a 38 años de prisión; se encuentra en el penal de Zihuatanejo.
En 2022 demandó reabrir el juicio en busca de cambiar la sentencia condenatoria, y un juez resolvió en contra.
En fecha reciente, en el domicilio del hijo de la doctora Adela Rivas, Bolívar Darío Rojas Rivas, en la ciudad de Atoyac, fue entregada una notificación del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Tecpan de Galeana.
La cédula que se entregó, fechada el 17 de julio de 2023, es una notificación del 10 de julio, de la jueza de Control y Enjuiciamiento Penal Patricia Lozano Hernández, en relación con el expediente en contra de Edgar Arturo Cuéllar Bravo por el delito de homicidio calificado, en agravio de Adela Rivas Obé.
El documento no dice cuál es el motivo del exhorto. Pero el padre de Bolívar Rojas Rivas, Wilivaldo Rojas Arellano, que recibió el documento, preguntó al notificador, licenciado Francisco Pino Osorio, y éste le informó que el detenido promueve la reducción de la condena de 38 años de prisión.
El homicidio calificado de Adela Rivas es ya cosa juzgada, irrebatible, indiscutible e inmodificable.
En entrevista, Wilivaldo Rojas Arellano manifestó: “Como familia pedimos respeto a la condena”, que está sustentada en diversas pruebas.
Esa condena que el autor del asesinato purga en Zihuatanejo es sólo por el delito de homicidio calificado. Pero la familia de la víctima, y quien aparece en la cédula de notificación como ofendido, Bolívar Darío Rojas Rivas, exigen que se le juzgue también por los delitos que no han sido considerados y en consecuencia que se aumente la condena.

La desaparición de la doctora durante 20 días puede quedar impune

El 22 de septiembre de 2016 desapareció la doctora Adela Rivas Obé, de 52 años de edad. Su familia presentó la denuncia en la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía.
Estuvo desaparecida hasta el 11 de octubre de ese año, cuando fue hallada sin vida.
En febrero de 2023, seis años y 5 meses después, la Fiscalía pidió la vinculación a proceso por el delito de desaparición del ya condenado por homicidio. Y el juez la concedió, pero el Tribunal Colegiado la revocó. La familia de la víctima se inconformó mediante un amparo y actualmente se espera la resolución, para saber si se juzga al imputado también por desaparición.
La doctora Adela Rivas tenía 25 años trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y para entonces tenía el cargo de directora de Microzona de esa institución, que consistía en la dirección de cuatro clínicas de la región Costa Grande: Papanoa, Petatlán, La Unión y Petacalco.
Adela Rivas Obé, nacida en Atoyac, era conocida en el medio político, porque desde muy joven participó como activista y como dirigente en los movimientos por la defensa de los derechos sociales y políticos de la población, y fue representante del PRD de entonces en los organismos electorales y regidora de Salud en el trienio 1999-2002. En Atoyac y otras ciudades de la Costa Grande era conocida por su profesión, doctora Adela Rivas.
Cuando fue desaparecida se desplazaba constantemente por las cuatro ciudades costeñas para atender su trabajo en el IMSS. De lunes a viernes vivía en un pequeño departamento en Petatlán, y cuando descansaba usualmente tenía tiempo para pasar el fin de semana con sus dos hijos, estudiantes universitarios, en un departamento en Acapulco: Bolívar Darío y Emiliano Rojas Rivas.
El 22 de septiembre de 2016 los jóvenes esperaban a su mamá, pero no llegó. Al día siguiente, acompañados por su papá, el profesor universitario y dirigente social y político de izquierda en Atoyac, Wilivaldo Rojas Arellano, fueron a buscarla a Petatlán, pero ahí tampoco llegó, y se trasladaron a Zihuatanejo a buscarla.
Supieron que se le vio por última vez en la clínica del IMSS de Zihuatanejo, la número 8, donde acudió a una reunión de trabajo. Obtuvieron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la clínica.
En las imágenes aparece con su bolsa y unos documentos en la mano, vestida con el uniforme del IMSS: blusa amarillo claro con el emblema de la institución impreso en el pecho y pantalón azul marino, zapatos de tacón ancho café, e iba peinada con el cabello recogido.
Se ve que entró a la clínica a las 12:03 y salió a las 12:40. En la noche, el mismo 23 de septiembre, Bolívar Rojas Rivas acudió a presentar la denuncia por desaparición a las 21:00 horas a la Fiscalía Antisecuestros en Acapulco. Antes, en la tarde, la familia dio una conferencia de prensa en Atoyac para dar a conocer la desaparición de la doctora Adela Rivas.
En su estancia en Zihuatanejo, la familia habló con la jefa de la doctora, la directora de las directoras de las Microzonas del IMSS, María Teresa Díaz Mendoza, y con la directora de la Microzona de Tierra Caliente, que les informaron que la médica desaparecida estaba investigando un desabasto de medicamentos controlados en Petacalco y La Unión.
Desde ese momento la familia tuvo el apoyo de otros familiares, compañeros y vecinos, y se dedicaron a buscarla.
Participaron en marchas y conferencias de prensa y difundieron la última imagen captada por la cámara de vigilancia de la clínica del IMSS; en una manta que encabezó una manifestación en Atoyac, y en otras en Acapulco, preguntaban “¿la has visto?”.
El 11 de octubre, el cuerpo de una mujer fue hallado abandonado en un predio en la playa Majahua de Zihuatanejo.
Con exámenes de ADN la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que el cuerpo era el de la doctora Adela Rivas Obé, y señaló que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico provocado por un objeto contundente, que fue una piedra. La Fiscalía de Guerrero cambió en el expediente de la investigación el delito de secuestro por homicidio calificado. Desde el primer día de la desaparición, Bolívar Darío y la familia habían presentado una denuncia por desaparición en la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía.
El 24 de octubre del mismo 2016 la Fiscalía estatal detuvo al responsable del asesinato, que también era trabajador del IMSS, encargado de farmacia de la clínica 27 de Petacalco, en donde Adela Rivas estaba investigando el desabasto de medicamentos y había descubierto que éste se debía al robo.

Nueva vinculación a proceso

Pasaron más de seis años sin que avanzara en la FGR la investigación por la desaparición de la doctora Adela Rivas Obé. En febrero de este año, la Fiscalía federal pidió la vinculación a proceso por el delito de desaparición forzada, y se abrió la causa penal 6/2023.
El 10 de febrero de 2023 se iniciaron las audiencias.
El 21 de febrero de 2023 el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del centro de justicia penal federal en el estado de Guerrero con residencia en Acapulco, en funciones de juez de control en la causa penal 6/2023, vinculó a proceso a Edgar Arturo Cuéllar Bravo.
El juez consideró válidos los fundamentos que presentó la Fiscalía para probar que el imputado desapareció a la víctima, desde el 22 de septiembre hasta el 11 de octubre de 2016.
Según las investigaciones de la Fiscalía, a las 13:18 del 22 de septiembre de 2016, el imputado llamó a su celular a la víctima; en ese momento ambos celulares se localizaron en las inmediaciones de la tienda Sams Club en Zihuatanejo, y a las 15:19 se localizaron en las inmediaciones de la playa Majahua. En esas dos horas, la víctima fue desaparecida, y permaneció desaparecida hasta el 11 de octubre cuando se encontró el cadáver al lado de un basurero en dicha playa.
El cuerpo fue hallado oculto entre la maleza, en una zona aledaña a la playa, en un lugar despoblado, intransitado.
La Fiscalía también estableció que la víctima fue encerrada en la cajuela del automóvil del imputado. En esa cajuela, una inspección el 22 de octubre de 2016, se encontró un arete de bolita de color amarillo, que es el par del que se encontró al lado del cuerpo. Además, el hijo de la víctima reconoció ambos aretes como los que ella usaba.
Es decir, hubo un ocultamiento del destino, suerte y paradero de la víctima, desde el momento en que fue trasladada en el vehículo en la cajuela y posteriormente se ocultó el cuerpo entre la maleza en un basurero cerca de la playa Majahua, en un lugar despoblado, escondido y aíslado.
Además, en la investigación que realizó la Fiscalía de Guerrero y que dio como resultado la condena del imputado por homicidio calificado, aparecen otros elementos que prueban la desaparición.
Una es la destrucción de objetos que pudieran identificar a la víctima, como la quema de la blusa con el emblema del IMSS y los documentos que ella llevaba el día de su desaparición, así como su bolsa de mano. Según la investigación, los objetos fueron incinerados en un lugar escondido, de difícil acceso, a un lado del río Balsas.
El 24 de febrero de 2023 el Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Acapulco recibió el recurso de apelación del imputado contra su vinculación a proceso por el delito de desaparición.
El magistrado ponente presentó un proyecto que ratificaba la vinculación a proceso, pero los otros dos magistrados por mayoría la revocaron.
Los magistrados argumentan, entre otros preceptos, que no se puede juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos, y que el imputado ya fue juzgado y está condenado por homicidio calificado.
En contra de esta visión, se argumenta que la desaparición es un hecho distinto al homicidio.
Además, en la resolución del toca penal 140/2023 se establece que esta resolución inhibe una nueva persecución penal al imputado por los mismos hechos.
El 24 de julio, el hijo de la víctima, Bolívar Darío Rojas Rivas, por medio del representante legal de la familia, el abogado comisionado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), presentó un amparo para inconformarse por la desvinculación a proceso del imputado.
Así, un tribual deberá resolver si procede el juicio por la desaparición de que fue víctima la doctora Adela Rivas Obé durante 20 días.

 

Niega ayuda el gobierno federal para el caso de la doctora Adela Rivas, se queja la familia

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El hijo de la doctora Adela Rivas Obé –asesinada en 2016 cuando investigada robo de medicamentos en el IMSS–, Bolívar Darío Rojas Rivas, denunció que después de que exigió en la Ciudad de México en febrero pasado ante el gobierno federal apoyo jurídico, casi 15 días después le respondieron por correo electrónico que no le podían ayudar y que busque por su cuenta la asesoría que necesita, afirmó que con esto el Estado los deja a la familia de la víctima en total indefensión.
También, informó que el homicida de su madre, Edgar Arturo Cuéllar Bravo, que está sentenciado a 38 años de prisión, ha interpuesto tres amaparos para que se reponga su procedimiento y sea liberado, debido a que el IMSS no ha reconocido que lo que investigaba la doctora Rivas Obé era un robo de medicamentos, que fue el motivo por el que la asesinó, y temen que se revierta la sentencia y vuelvan a enfrentar todas las anomalías con los jueces.
Además, exigen que se añadan cuatro delitos más al homicida: feminicidio, tortura, desaparición y el robo de medicamento, y exigen al IMSS que reconozca dicho delito.
Como lo informó El Sur el 14 y 15 de febrero pasado, Bolívar Darío Rojas Rivas se presentó frente a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, o con algún funcionario del gobierno federal, a fin de informarle la situación del crimen contra la doctora Adela Rivas Obé, quien desapareció el 22 de septiembre de 2016 después de acudir al IMSS en Zihuatanejo y su cuerpo fue hallado el 11 de octubre del mismo año en la playa La Majahua, en ese puerto.
Ayer, consultado vía telefónica, Bolívar Darío contó que tras haber estado tres días en la Ciudad de México para exigir al presidente de la República que atienda el asesinato de Adela Rivas, debido a que las circunstancias de su asesinato involucran al IMSS, pues era trabajadora del instituto cuando ocurrió el crimen e investigaba el robo de medicinas, y su asesino, Edgar Arturo Cuéllar, quien fungía como encargado de farmacia.
Relató que en la capital del país, fueron recibidos por encargados de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, quienes los reunieron con otros dos funcionarios de la Unidad de Atención al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, y otros dos representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Manifestó que los cuatro funcionarios tomaron notas y les dijeron que los contactarían y enlazarían con el área de Asesoría Jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que recibieran apoyo, que es lo que necesitan porque ya no tuvieron contacto con la asesoría jurídica de Guerrero desde que se dictó sentencia en septiembre de 2018.
Reprochó que aquellos cuatro funcionarios con los que se reunieron, actualmente no les responden ni por llamadas ni mensajes en los números telefónicos que les dieron, y la única respuesta que obtuvieron fue mediante un correo electrónico el lunes 27 de febrero, por personal de la Unidad de Atención al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, en el que le dijeron que no podían darles acompañamiento ni asesoría jurídica, tampoco tenían la capacidad de gestionar una reunión ni enlazarlos con otros funcionarios y sólo les sugirieron buscar por su cuenta dicha asesoría.
“Entiendo con este correo electrónico que se están lavando las manos, ¿qué clase de apoyo es? Porque solamente nos están diciendo vayan y busquen, cuando a nosotros nos dijeron ‘vamos a estar en contacto con ustedes’, ‘nosotros los vamos a enlazar’, y obviamente no lo han hecho”, sostuvo.
Bolívar Rojas contó que aunado al nulo acompañamiento del gobierno federal, a mediados de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó a los familiares que se llevaría a cabo una audiencia en un tribunal local de Guerrero para dictar una orden de aprehensión contra el homicida de Adela Rivas Obé, por el delito de desaparición, siete años después de ser hallada asesinada.
Afirmó que los familiares desconocen qué se dijo en esa audiencia, porque además, les avisaron con media hora de anticipación de que se realizara, y les preguntaron si querían entrar a la reunión virtual, y aunque no lo hicieron, como familiares preguntaron si después podían obtener copia de la audiencia, y la respuesta de la FGR es que la solicitaran con su asesor jurídico, cuando justo es lo que no tienen y el Estado tampoco se los ha facilitado.
Señaló que a pesar de que ya se dictó sentencia de 38 años de cárcel por el delito de homicidio calificado, tras revisar la carpeta de investigación, la familia considera que hay otros cuatro delitos que se le puede fincar al sentenciado, porque el cuerpo fue hallado en un paraje abandonado, con huellas de tortura, el rostro destruido, lo que implica para ellos, que hubo violencia de género, además, le quitaron sus prendas “con la intención de que no fuese identificada”.
El crimen atroz y violento, señala Bolívar Rojas entra en los parámetros de feminicidio, delito que buscan sea fincado a Edgar Arturo, pues reclaman que al haberlo tipificado sólo como homicidio y no como feminicidio, marca una diferencia de 15 años menos a los que pudo haber sido sentenciado.
Sostiene que también pretenden que se añada el delito de desaparición, por el que la FGR pidió que se abriera un nuevo proceso y se dictó nueva orden de aprehensión al sentenciado, así como el delito de tortura, porque de acuerdo con la carpeta de investigación el cuerpo fue arrastrado 25 metros, además de la zaña y las características de cómo fue asesinada y que había una intención de desaparecerla.
Sin embargo, un delito más que buscan se impute es el “robo de medicamento”, que no se consideró en la acusación que hizo en su momento la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, “estamos exigiendo que se aclare si hubo robo de medicamentos o no”, y eso le corresponde al IMSS denunciarlo, porque recordó que Adela Rivas fue asesinada por “la acción de defender los medicamentos” y eso está en el expediente de la Fiscalía.
Argumentó que como familia seguirán buscando que el caso de Adela Rivas lo atienda el presidente López Obrador, porque creen en su discurso de que se acabó la corrupción en su administración, aunque reprochó que en los pocos casos que se logra justicia, y en uno de los estados más marginados y más violentos, aún no hay una justicia integral.

Por su valentía en defensa de la salud del pueblo, recuerdan a la doctora Adela Rivas en Atoyac

A cinco años del asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, sus hijos Emiliano y Bolívar Rojas Rivas y el padre de ellos, Wilibaldo Rojas Arellano, hicieron un homenaje en el obelisco a Lucio Cabañas Foto: Francisco Magaña

A cinco años del asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, el homicida pretende ampararse y no cumplir su condena de 38 años por feminicidio, informaron sus hijos, Bolívar y Emiliano Rojas Rivas, con su padre Wilibaldo Rojas Arellano, en un homenaje que realizaron en el obelisco a Lucio Cabañas.
Manifestaron que Adela Rivas se destacó por su valentía en bien de la población y de la salud de los guerrerenses, y en su cargo como directora de una clínica del IMSS defendió a la institución y a los derechohabientes, y por eso fue víctima.
El acto se llevó a cabo con un arreglo floral y música alusiva al movimiento social en el municipio de Atoyac.
Los familiares señalaron que a pesar de que el imputado Edgar Arturo N, fue sentenciado, sigue apelando a recursos para poder reducir su sentencia de 38 años de prisión por este feminicidio.
Denunciaron que el sentenciado por feminicidio busca que se le pueda dejar en libertad, y piden a las autoridades que no permitan que este caso quede en la impunidad.
Agradecieron que las autoridades hayan atendido la demanda de justicia y castigo al responsable del asesinato de la doctora, después de las manifestaciones que realizaron diversos sectores como médicos, magisterio y asociaciones civiles para que no quedará en la impunidad este crimen.
La familia pide que también en los casos de otras mujeres que han sido asesinadas se les dé seguimiento y condenen a los agresores. (Francisco Magaña / Atoyac).

 

Hallaron un arete de la doctora Adela Rivas en un carro del acusado, informan ministeriales

 

En el juicio oral que se le sigue a Edgar Arturo, acusado del asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, policías ministeriales informaron que encontraron un arete de la víctima en un vehículo del imputado, y un testigo afirmó que lo vio quemar cosas que resultaron ser de la mujer asesinada.
En su testimonio a la agente ministerial Aidé Catalán Moreno quien explicó que al tener identificado el número telefónico que usaba el imputado se ingresó a Facebook y arrojó una cuenta a nombre Ed Juve donde promocionaba la venta de leche Nan I, Nan II y Enfamin a precios más bajos que en las farmacias de patente, además del servicio para la liberación de documentos a desertores de las fuerzas armadas. En el perfil de esa cuenta estaba la foto del acusado.
Dijo que el 13 de octubre de 2016 acudieron a la clínica del IMSS de Petacalco donde le preguntaron al médico de turno cómo le podían hacer para obtener un seguro para una empleada doméstica, el médico contestó que ese trámite solamente podía hacerse en el puerto de Zihuatanejo.
Los agentes se quedaron y vieron llegar a Edgar Arturo en un coche Mazda rojo de modelo reciente, de cuya cajuela extrajo un CPU, a él también le preguntaron si ahí podrían dar de alta en el seguro a una empleada doméstica, a lo que contestó que sí, pero que volvieran a las 8 de la mañana del día siguiente para darles los requisitos.
La agente le preguntó con quien debía dirigirse y les contestó que con Edgar Arturo y les proporcionó el número telefónico que ellos estaban investigando, que resultó estar a nombre de su madre Perla Janet Cuellar.
Después de un rato el investigado salió de la clínica, los agentes lo siguieron y vieron que se dirigió al puerto de Lázaro Cárdenas y en la avenida de Los Girasoles cambió de coche por otro Mazda negro de modelo reciente.
La agente dijo que en un oficio firmado por Benjamina Reyes Vergara se percató que Edgar Arturo no había asistido el 22 de septiembre de 2016 a la clínica porque estaba de comisión en Zihuatanejo.
Además de acuerdo con la geolocalización de los teléfonos celulares el indiciado se encontraba cerca de la víctima, en las inmediaciones de la tienda Sam’s Club.
Después el teléfono de la doctora fue apagado en la carretera de Zihuatanejo a Ixtapa. Las llamadas que se dieron después fueron vinculadas al buzón. Por eso es claro que la última comunicación fue con Edgar Arturo, quien después de eso ya no intentó llamar la víctima.

Al acusado lo vieron quemar las pertenencias de la víctima

La agente comentó que en el Mazda rojo se encontró un arete de la doctora asesinada. Además la testigo Guadalupe Hinojosa González le dijo a los agentes que Edgar Arturo le pedía que le echara la mano con la doctora y siempre le preguntaba su ubicación, el 22 de septiembre le preguntó si vendría al puerto de Zihuatanejo.
Agregó que al indagar el sueldo que tiene un trabajador del IMSS de la categoría de Edgar Arturo resultó que es de 5 a 6 mil pesos quincenales, pero su estilo de vida y propiedades no corresponden a sus ingresos.
Un testigo dijo que vio a un hombre de las características de Edgar Arturo que estaba quemando cosas, entre las que estaban las llaves de la casa de la doctora Adela Rivas.
Concluyó que la última conexión del teléfono de la doctora coincide con las coordenadas del número que traía el indiciado, por eso señaló que Edgar Arturo es el asesino de la doctora porque fue descubierto en el robo de medicamentos.
El agente ministerial Héctor Galicia Domínguez informó que el 11 de octubre de 2016 a las 12:36 horas fue en compañía de otros agentes y de la perito Erika Plancarte Baños a un basurero por el rumbo de Ixtapa donde encontraron el cuerpo de la mujer. En una segunda inspección al día siguiente se encontró cabello, un maxilar y un arete redondo corrugado, había huellas de arrastre del cuerpo y una piedra como de 8 kilogramos de forma ovalada.
Expuso que un testigo de nombre Efraín Rosas Portillo dijo que en las inmediaciones de la planta tratadora de aguas residuales de El Naranjito, municipio de la Unión Guerrero pasando Petacalco, el 23 de septiembre había visto a un individuo que correspondía a las característica del acusado quemando varios objetos. Al ir al lugar encontraron un cable USB, una memoria quemada, dos juegos de llaves, una lámpara Tasco y 24 pesos en monedas.
Aclaró que el testigo acudió al agente del Ministerio Público después de que vio en la noticias que habían detenido a Edgar Arturo, y lo identificó como el que quemó las pertenencias después de bajarse de un Mazda rojo.
El agente ministerial señaló que la señora Yazmín de Petatlán había visto el 20 de septiembre distraída a la doctora, como a las 9:30 de la noche de ese día llegaba donde rentaba y mientras hablaba acaloradamente por teléfono no podía abrir la reja. Luego el 21 por la mañana se le escuchó hablar en su cuarto, al parecer por teléfono.
El 21 de diciembre de 2016 probaron las llaves encontradas en El Naranjito y se encontró que una abría el portón de la casa donde rentaba la doctora en Petatlán, la otra ya no abrió el cuarto porque la dueña de la casa cambió la chapa.

Investigaba la falta de medicamentos en la clínica de Petacalco

En su declaración el hijo de la víctima, Emiliano Rojas Rivas comentó que el 11 de septiembre entró al cuarto de su madre en Acapulco y encontró sobre la cama muchos documentos y le preguntó de qué eran, ella le contestó que eran de un faltante de medicamentos en la clínica de Petacalco.
La Fiscalía mostró a Emiliano dos aretes que reconoció como propiedad de su madre. Uno de esos fue encontrado donde estaban los restos de la doctora y otro en un coche Mazda rojo propiedad del acusado.
Emiliano comentó que la lámpara marca Tasco encontrada en El Naranjito también era de su madre, la reconoció porque compraron tres iguales.
A la hora de redactar esta nota solamente faltaba que la Fiscalía presentara las imágenes de la entrada y salida de la doctora a la clínica del IMSS de Zihuatanejo aquel 22 de septiembre de 2016. Más tarde continuaría la audiencia con la presentación de los testigos de la defensa.

 

Piden activistas en Atoyac que no sea liberado el detenido por asesinato de la doctora Adela Rivas

 

Integrantes de organizaciones sociales y de mujeres del municipio de Atoyac se congregaron en el obelisco a Lucio Cabañas de esta ciudad para demandar que no sea liberado el detenido por el asesinato de la doctora del IMSS, Adela Rivas Obé quien tenía a su cargo las clínicas de Petatlán, Papanoa, La Unión y Petacalco.
En el lugar estuvo el hijo de la doctora, Bolívar Rojas Rivas y su padre Willivaldo Rojas Arellano. Ahí la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino informó que la Red Nacional de Defensoras presentó el caso verbalmente en una reunión el viernes ante el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores, Michael Frost, y señaló que le entregarán más información en los próximos días.
En la manifestación las activistas señalaron que hay indicios de que el imputado podría quedar libre con el nuevo sistema de justicia penal y denunciaron que a casi un año y siete meses del asesinato no hay una sentencia a lo que consideraron como un feminicidio.
La ex síndica del Ayuntamiento de Atoyac, Guadalupe Galeana dio lectura a un poema publicado en el libro Adela Rivas Obé, Heroína de la Honestidad, luego señaló que la víctima era directora de las cuatro clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Costa Grande pero antes fue regidora de Salud en Atoyac y fue luchadora social. “La doctora fue una mujer que ante distintas instancias reclamó justicia para otros, por eso las mujeres de Atoyac están exigiendo justicia para ella”, declaró.
Denunció que “a estas alturas el gobierno, la Procuraduría no dan visos de que este asunto concluya, todo está a favor del criminal, ya basta de que tantas mujeres estemos asechadas y nos tengan contra la pared”, dijo.
En su intervención, Norma Mesino exigió que se haga justicia por Adela Rivas, “ella alzó la voz siempre, la recordamos como una activista social, una defensora de derechos y por tal motivo nosotras exigimos que su caso  no quede en la impunidad, que nadie se quede callado cuando haya una atrocidad como la que se dio con la doctora Adela”.
Exigió que se castigue a los culpables de este atroz crimen y que se considere como feminicidio ya que el caso está catalogado jurídicamente como homicidio calificado.
Informó que estuvo junto con otras ocho defensoras de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos con el Alto Comisionado para la Defensa de Mujeres Defensoras, “toqué el caso de Adela para colocarlo también dentro de la Red Nacional de Defensoras como un caso al que le vamos a dar seguimiento, que no quede en la impunidad, vamos enviar toda la información y la documentación de este caso para que sea arropado por la Red Nacional de Defensoras, vamos a enviar toda la información para que la Red lo retome y de igual manera haremos entrega a  Michael Frost del libro donde  se recoge el testimonio y la vida de Adela”.
Por su parte, la profesora Ángeles Santiago Dionisio señaló que el crimen de la doctora tiene aterrorizados a todos por la manera tan cruel como se cometió, “no queremos que quede igual como cientos de asesinatos como el de Rocío Mesino que a la fecha no se ha hecho justicia, esto lo hacemos para que no pase más, tantos asesinatos en contra de las mujeres, Adela fue honesta y que la hayan matado tan despiadada y vilmente no se puede perdonar, que se cumpla y se haga justicia”.
Después, la coordinadora del Consejo Ciudadano para la Reactivación del Desarrollo Sustentable de la Costa Grande (Credescog), Rosa Ruth Pérez dijo que están en solidaridad con la familia de la doctora Adela Rivas para exigir justicia porque ella fue asesinada porque fue honesta y buscaba que el IMSS funcionara con legalidad.
La también maestra Juany Guzmán declaró que como ama de casa, madre de familia y profesionista exige justicia para una gran mujer que fue víctima de este crimen atroz.
Adelantó que en vísperas del Día Internacional de la Mujer se van organizar como sociedad para exigir justicia para todas las mujeres asesinadas en Atoyac y en Guerrero.
Por su parte, el hijo de la doctora Adela Rivas, Bolívar Rojas Rivas recordó que su madre desapareció el jueves 22 de septiembre del 2016 cuando hacía parte de su jornada laboral en la clínica 8 del IMSS de Zihuatanejo, señaló que ella tendría que estar el viernes 24 de septiembre en Acapulco pero no llegó.
Abundó que su familia investigó y en unos videos se ve a su mamá que sale de dicha clínica y después de eso le pierden el rastro —hasta el 11 de octubre cuando su cuerpo fue hallado en la playa la Majahua en Zihuatanejo— “desde entonces nosotros no hemos encontrado justicia, desde ese momento (del) 2016 a la fecha hemos estado luchando contra un sistema lento, un sistema parcial que se supone que sería para agilizar los procedimientos, porque para eso entró el nuevo sistema de justicia penal, sin embargo en nuestro caso no es así”.
Comparó el caso de su mamá con el de la luchadora social asesinada, Rocío Mesino Mesino donde a la fecha no hay ningún detenido, y declaró, “en el caso de mi mamá donde sí hay un detenido la justicia ha sido lenta, lenta en un sistema que se supone que iba agilizar las cosas”.
Informó que el sábado le notificaron que se resolvió un amparo a favor de la familia, relató que “nos habían excluido pruebas que indicaban que había un asesino y (señalaban) que el asesino era el que está ahora detenido, pruebas que el juez de Zihuatanejo había desechado”, sin embargo la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Atención a Victimas (CEAV) apelaron la decisión y “gracias a Dios ayer se resuelve a favor de nosotros”. Agregó que los indicios que fueron aceptados se van a presentar en la audiencia de juicio.
Pidió que no se les deje solos, además solicitó a las autoridades estatales y a las instancias impartidoras de justicia que actúen conforme a la ley.
Remarcó que desde el 2016 han estado luchando porque se aplique la justicia, “vamos a casi dos años y es una lucha desgastante, entonces le volvemos a reiterar gobierno, si esta persona queda libre se dará una luz verde y un mensaje a aquellos que piensan asesinar a mujeres para que lo sigan haciendo, pero si queda detenido va ser una señal para que digan ¡Ya basta! Ya basta de tanta impunidad, ya basta de tanta masacre, de feminicidios, homicidios también de hombres ¡Ya basta! Guerrero necesita justicia, necesita una verdadera justicia y completa, porque no nada más vale que agarren al culpable y lo detengan dos o tres años  y después salga en libertad”.
Por último lamentó que el caso de su mamá no esté catalogado como feminicidio ya que según lo que ha investigado la pena máxima que el inculpado puede alcanzar por el delito de homicidio calificado son 50 años, y exigió que “eso es lo que queremos, que quede los 50 años por haber matado a mi madre por hacer las cosas bien, él (el inculpado) estaba robando, ella lo descubrió y por eso hizo eso”.
Según las declaraciones hechas anteriormente por los familiares de la doctora Adela Rivas Obé, ella detectó un desfalco de medicamentos en la clínica de Petacalco, municipio de La Unión, que es una de las cuatro que tenía bajo su mando. El encargado de farmacia de dicha clínica identificado como Édgar A fue acusado por la Fiscalía de ser el presunto asesino de la doctora porque ella iba a reportarlo por el robo ante las autoridades del IMSS. Los familiares en repetidas ocasiones han declarado que lo único que piden es justicia por el asesinato de Adela Rivas, y que no están interesados en el problema del robo de medicinas.

 

 

Piden familiares y amigos que no sea liberado el detenido por el asesinato de la doctora Adela Rivas

Familiares y amigos de la doctora Adela Rivas Obé pidieron a las autoridades no dejar en libertad al imputado, Edgar Arturo por su asesinato, y consideraron que hacerlo sería enviar un mensaje de que en Guerrero se puede matar a una mujer sin tener un castigo, y señalaron que es del único caso de feminicidio en que hay un detenido por el crimen.
También hicieron una cadena de oración en el Zócalo de Acapulco para pedir que no haya más homicidios en Guerrero ni familias que tengan que sufrir el asesinato de un familiar en manos de “mentes perversas”.
En conferencia de prensa en el Zócalo, los familiares colgaron una manta en la que exigien justicia para la doctora Adela Rivas Obé.
El esposo de la doctora, Willi-baldo Rojas Arellano, pidió en nombre de la familia que se dé la “máxima pena para el sujeto que está preso y le quitó la vida de una manera muy sádica”, a quien la Fiscalía General del Estado (FGE) señala como responsable del asesinato.
Su hijo, Bolívar Darío Rojas Rivas demandó “justicia completa” y no a medias, y explicó que la familia teme que aunque haya pruebas que inculpen al detenido a éste se le exonere y salga libre.
Llamó a las autoridades a que se haga justicia en el único caso de feminicidio en que se tiene un detenido, “no pueden dejar libre a un feminicida, porque si lo dejan libre es un mensaje para todos aquellos que matan mujeres, es dar luz verde para que hagan y sigan cometiendo esos delitos, es decirles háganlo, hay impunidad, no se hace justicia” enfatizó.
Rojas Rivas dijo que las autoridades no quieren seguir el caso de robo de medicamentos que su madre investigaba, ni quiénes ni para dónde eran, pero que a la familia eso no le interesa, que lo que quiere es que el caso no quede impune.
“Nos preocupa que por omisión de las autoridades, por falta de voluntad, el detenido salga libre, está detenido mas no sentenciado”, consideró que si se deja en libertad al detenido por el homicidio de la doctora, Guerrero “va a ser un polvorín de muchas muertes más, entonces el gobierno debe de ser muy fuerte y muy capaz para todos aquellos que piensan hacer actos en contra de otras personas”.
Recordó que su madre desapareció el 22 de septiembre del 2016, que quien es acusado por el asesinato, según la Fiscalía la citó en un lugar de Zihuatanejo donde la golpeó, después la abandonó en un lugar desolado, le destruyó el rostro, le quitó sus objetos personales y el uniforme que llevaba puesto para evitar que fuera reconocida.
Agradeció que este caso sea de los pocos en que han encontrado el cuerpo de su familiar luego de que ha desaparecido, aunque enfatizó que no deberían de seguir ocurriendo hechos similares en el estado.
La hermana de Adela Rivas, María Angelina Rivas Obé solicitó al gobernador Héctor Astudillo y al fiscal, Javier Olea, que pongan atención en el caso porque se acerca la última audiencia, y con base en las pruebas debe quedar detenido quien está preso por el asesinato.
Consideró que de quedar detenido, la familia tendrá la tranquilidad de que no hará más daño y pagará “un poco lo que hizo” al asesinar a Adela Rivas, además de que si la sentencia se da en ese sentido, sería un “parte aguas para que las demás personas que hayan perdido familiares se acerquen a las autoridades a solicitar apoyo, como nosotros lo hicimos y nos lo han dado”.
La amiga de Rivas Obé, María de los Ángeles Santiago Dionicio dijo que es “indignante el asesinato tan cruel” que le hicieron a la doctora y pidió que se haga justicia, que se castigue conforme a la ley. “Que se ponga un alto a tantos asesinatos que ha habido, que tanto pregonó este gobierno que iba a haber un gobierno de orden y paz, y Guerrero parece un cementerio, de tantos muertos y fosas clandestinas que existen”.
El amigo de la familia, el abogado Rómulo Reza Hurtado pidió que se asignen tres jueces que sean de “comprobada probidad y honorabilidad” porque en el nuevo sistema que se está aplicando “se cometen muchos errores” y se requiere que las pruebas que se presenten sean revisadas con objetividad.
Aseguró que con el homicidio de la doctora “los médicos están muy agraviados por los especialistas que han sido asesinados, y nadie quiere venir a cubrirlos a Guerrero”, pues prefieren ganar menos en otros estados y con el cambio del hospital general de Acapulco a El Quemado renunciaron especialistas y otros se jubilaron por la inseguridad.
Después los familiares y amigos hicieron una cadena de oración para pedir que se haga justicia por la doctora, así como en otros feminicidios, y que no sigan ocurriendo hechos similares en el estado.

 

El juez que lleva el caso del asesinato de la doctora Adela Rivas favorece al acusado, denuncia la familia


El juez Vicente Guerrero Campos que lleva el caso del asesinato de la doctora Adela Rivas Obé ha mantenido una actitud de “coadyuvancia” con la defensa del presunto homicida, denunció la familia de la doctora en la presentación del libro Adela Rivas Obé, heroína de la honestidad, del autor Wilivaldo Rojas Arellano.
La presentación se llevó a cabo en un salón del hotel Las Hamacas, y el ex esposo de la doctora Adela Rivas, Wilivaldo Rojas, señaló que el anterior delegado del IMSS, José Luis Ávila Sánchez, a quien no mencionó por su nombre, “tiene mucho que ver en la muerte de la doctora Adela, él dio la orden, indebidamente de que fuera la doctora a investigar ese robo, ellos le llaman faltante de medicamentos”, pues debió mandar al área jurídica del IMSS a hacer esa investigación.
También criticó que las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) quisieron hacer parecer el caso como un crimen pasional. Se dolió del asesinato tan atroz del que fue víctima la doctora pues la dejaron sin manos, sin pies y sin rostro, lo que entienden como un mensaje.
Adela Rivas Obé era directora de microzona del IMSS en la Costa Grande y tenía a su cargo las clínicas de Petacalco, La Unión, Petatlán y Papanoa. Desapareció el 22 de septiembre de 2016 de la clínica 8 del IMSS en Zihuatanejo luego de salir de una reunión oficial y cuando investigaba el robo de medicamentos de la farmacia de la clínica del IMSS de Petacalco.
El cuerpo sin vida de la doctora fue hallado el 11 de octubre en un barranco en Playa Majahua en Zihuatanejo. El 23 de octubre, la FGE informó la detención en Michoacán del presunto homicida.

El juez defiende al acusado

Después, Bolívar Rojas, hijo de Adela Rivas, informó que el acusado por el asesinato de su madre fue trasladado el miércoles o el jueves a Acapulco por orden del director del penal de Zihuatanejo pero ahora el juez Vicente Guerrero, ha pedido que sea devuelto a la cárcel de Zihuatanejo con el argumento de que fue un traslado ilegal y dio un plazo de 72 horas para que se acate su orden.
Señaló que en la cárcel de Zihuatanejo, seguramente el acusado ha comprado privilegios y por eso piden que sea regresado a ese penal, en cambio la familia Rojas Rivas cada vez que hay una audiencia tienen que hacer un viaje de cuatro horas y transitar por la región de la Costa Grande donde persiste el problema de la inseguridad y cuestionó que si lo que el gobierno quiere es que les suceda algo a la familia y señale como responsables a la delincuencia organizada.
Abundó que el presunto homicida que tenía el cargo de supervisor de farmacia en el IMSS llevaba un estilo de vida que no correspondía con sus ingresos, pues posee dos vehículos y un departamento de lujo, lo que evidencia que se dedicaba al robo de medicamentos, posiblemente solapado por sus familiares que también trabajan en clínicas del IMSS.
Indicó que el fiscal que representa a la familia es continuamente amonestado por el juez y en cambio la defensa del presunto homicida recibe un trato distinto “¿dónde está la justicia? Quiero que se le haga un exigencia muy fuerte a ese juez Vicente Guerrero Campos que no está haciendo las cosas con rectitud”.
Bolívar Rojas indicó que con el traslado del acusado a Acapulco, posiblemente se cambie al juez lo que daría certeza de imparcialidad en el caso, pero está la duda sobre si el acusado permanecerá en Acapulco o será devuelto al penal de Zihuatanejo.
Añadió que durante el año que lleva preso el acusado por el asesinato de la doctora no parece que esté encarcelado pues siempre está en una actitud relajada, cuando las personas que son encarceladas pierden peso y lucen demacradas.
Ejemplificó que el fiscal que representa a los familiares de la víctima fue sancionado por el juez porque no entregó en el plazo establecido un video, pero el problema fue que la defensa del acusado redactó mal el documento en tres ocasiones y el juez lo aceptó sin refutarlo. Indicó que sin que la defensa del presunto homicida pidiera un minuto específico de un video que se ha ofrecido como prueba por parte del fiscal que representa a la familia Rojas Rivas, el juez pidió que se entregara a la defensa del presunto homicida un fragmento específico del video.
También pidió que se haga justicia por el caso de la reportera de El Sur Brenda Escobar, que fue acosada por los familiares del presunto homicida y el caso sigue impune.
Reprochó que se vea como un consuelo el haber encontrado el cuerpo de su madre sin vida, sostuvo que es un infortunio, y una desgracia ser honesto en un lugar como Guerrero porque eso cuesta la vida.
Reprochó que con todos los cuerpos de seguridad que hay en la entidad, fue un pepenador quien encontró el cuerpo sin vida de su madre.
La activista Rosa María Gómez Saavedra convocó a que la indignación por el caso se  convierta en acciones permanentes para evitar que el caso se vuelva a repetir.
Demandó que ya no quieren cifras, sino justicia para los casos de feminicidios y que no se permita la impunidad.

La presentación del libro

La presentación del libro se dio un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y en el presídium se colocó una foto de las hermanas Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana.
Asistieron los hijos de la víctima, Bolívar y Emiliano Rojas Rivas, y los hermanos Cecilia, Lilia y José de Jesús Rivas Obé.
También estuvieron líderes reconocidos de Ayotac como María de los Ángeles Santiago Dionicio, Desidor Silva Valle. También estuvieron las activista Rosa María Gómez Saavedra y Beatriz González Hurtado.
La presentación del libro consistió en recordar anécdotas, que llevaron a los familiares y amigos de la doctora a pasar de la risa, al llanto, a la indignación y concluyó en llamados a no permitir que los asesinatos de mujeres queden en la impunidad, se recordó el caso de la niña Diana Paulina de Chilapa encontrada sin vida el pasado martes después de permanecer 10 días desaparecida.
Como comentaristas del libro participaron la coordinador del Observatorio de Violencia contra las Mujeres Hanna Arendt, Rosa Icela Ojeda Rivera, el director del periódico El Sur Juan Angulo Osorio, la poetisa Frida Varinia.
Ojeda Rivera señaló que el asesinato de la doctora es un caso más de feminicidio y que el mismo va ligado a la palabra “justicia” que pone en entredicho a las actuales y pasadas autoridades y para que otras mujeres y niñas tengan mejor suerte.
En su turno, Juan Angulo señaló que “la causa por la que fue cruelmente asesinada no debe dejar indiferente a nadie”.
“La mataron porque hacía bien su trabajo, porque era responsable y honrada porque era una buena ciudadana”.
Expuso que el libro de la vida Rivas Obé muestra “episodios de las luchas democráticas en Atoyac y de su participación en el movimiento de defensa de la Universidad Autónoma de Guerrero”.
Señaló que los asesinatos de Adela Rivas, Rocío Mesino, Eva Alarcón y Martha Morales son ejemplos de mujeres que se enfrentaron a cacicazgos en la región de la Costa Grande. Recordó que de acuerdo con la cifras del Inegi en 2016 fueron asesinadas 21 mujeres cada mes en la entidad. “No dejemos que se quede en una estadística más, no permitamos que se imponga otra vez la impunidad”.
La poetisa Frida Varinia leyó un poema titulado Sin Palabras que se incluye en el libro, sobre  cómo una muerte violenta afecta el entorno y convoca a que el dolor se convierta en motor de protesta para cambiar la realidad.
María de los Ángeles Santiago, recordó que en la búsqueda de la doctora recurrieron a espiritistas y chiriperos para localizarla. Dijo que el actual gobierno no ha hecho nada contra la violencia en el estado.
La integrante de la Red de Incidencia, Seguimiento y Evaluación de la Alerta de Violencia de Género Delia Figueroa Salas reprochó que los gobiernos de Acapulco, Zihuatanejo, Ayutla, Chilpancingo, Iguala, Coyuca de Catalán, Ometepec y Tlapa no han emitido los protocolos de atención y prevención.

Temen familiares de la doctora Adela Rivas que no haya justicia; supieron que se ampliará el plazo del proceso

Este sábado se llevará a cabo una audiencia en la que se determinará la situación legal del acusado del asesinato de la ex funcionaria del IMSS, Édgar Arturo Cuéllar Bravo. Alargar el tiempo de la investigación complementaria representa una dilación del juicio, señalan

Familiares de la doctora asesinada en Zihuatanejo, Adela Rivas Obé, manifestaron su preocupación porque este sábado vence el plazo de la vinculación a proceso del presunto homicida y temen que no haya justicia, pues les informaron que se pretende ampliar el tiempo del proceso, a pesar de que la Fiscalía ha presentado diversas pruebas que no dejan duda de la culpabilidad del detenido.
Ayer se cumplieron cinco meses de la desaparición y asesinato de la doctora y su familia acudió a dejarle una ofrenda floral en el panteón donde están sepultados sus restos en Acapulco.
Sus familiares dieron a conocer su inquietud sobre el esclarecimiento del caso y pidieron justicia.
En declaraciones en la redacción de El Sur, el hijo de la doctora, Bolívar Darío Rojas Rivas pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al gobierno estatal mantener el interés y el apoyo a la familia como lo mostraron durante las diligencias que hicieron para buscar a la doctora cuando estuvo desaparecida.
“Confiamos en las autoridades encargadas del caso y también en las encargadas de impartir justicia, es momento de comprobar el orden y la paz que se prometió”.
Rojas Rivas convocó a demostrar la eficacia del Nuevo Sistema de Justicia Penal y probar que está del lado de las víctimas y asegurar a los ciudadanos que un delincuente no estará en las calles.
Añadió que el gobierno del estado, la Fiscalía y el Poder Judicial tienen los medios y la capacidad para dar la justicia que tanto se necesita en Guerrero.
De acuerdo al hijo de la doctora, este sábado se llevará a cabo una audiencia en la que se determinará la situación legal del acusado del homicidio de la doctora, Édgar Arturo Cuéllar Bravo, y lo que sabe la familia es que se ampliará el plazo de investigación complementaria, lo que representa una dilación en el proceso para conocer la sentencia del caso.
Por último, Rojas Rivas agradeció en nombre de su familia el apoyo que recibieron en la búsqueda de su madre e hizo un llamado para que juntos exijan justicia para este y otros casos que están pendientes en el estado.
Los hechos

Adela Rivas Obé era directora de microzona del IMSS en la Costa Grande y tenía a su cargo las clínicas de Petacalco, La Unión, Petatlán y Papanoa. El 25 de febrero vencerá el plazo para que el juez determine la situación legal del presunto homicida.
La doctora desapareció el 22 de septiembre del 2016 de la clínica 8 del IMSS en Zihuatanejo luego de salir de una reunión oficial y cuando investigaba el robo de medicamentos de la farmacia de la clínica del IMSS de Petacalco –de la cual estaba encargado el ahora detenido–.
El 24 de septiembre, en conferencia de prensa familiares dieron a conocer la desaparición de la doctora en la plaza cívica de Atoyac.
Familiares y amigos de la doctora organizaron marchas en Acapulco y Atoyac (de donde era originaria) para exigir su aparición con vida. También hicieron un ayuno masivo en la catedral del Zócalo de Acapulco y todos los días hacían cadenas de oración en ese municipio y en Atoyac.
Distintas organizaciones sociales y feministas mostraron su solidaridad a la familia y organizaron y participaron en distintas manifestaciones por la presentación con vida de la doctora.
El cuerpo sin vida de la doctora fue hallado el 11 de octubre en un barranco en Playa Majahua en Zihuatanejo. El 17 de octubre los restos de la doctora fueron identificados por la prueba de ADN y su familia los sepultó el 19 de octubre en Acapulco.
El 23 de octubre, la FGE informó la detención en el estado de Michoacán del presunto homicida, Édgar Arturo Cuéllar Bravo, y se determinó vincularlo a proceso durante cuatro meses para la investigación complementaria. En un comunicado la Procuraduría General de Justicia de Michoacán dio a conocer que el hombre de 31 años detenido en aquel estado era compañero de trabajo de la doctora y la asesinó porque lo descubrió robando medicamento para venderlo.