El policía vial Samuel Ojéndiz Reséndiz fue liberado luego de ser detenido por policías ministeriales, como respuesta a la protesta de sus familiares y compañeros de trabajo, y porque no hubo delito que perseguir.
El agente vial salió de los separados de la Policía Ministerial sector central, en la Fiscalía Regional de Acapulco, el miércoles por la tarde-noche.
Mientras que un video difundido por los policías viales, se observa que el agente vial sale uniformado de la Fiscalía, junto a su esposa, que iba en silla de ruedas.
Uno de los familiares expresó que los agentes ministeriales privaron de la libertad al agente vial Samuel Ojéndiz por dos días, de manera “ilegal”.
Añadió que quedó en libertad porque “es inocente y no hay delito que perseguir”.
Indicó que si no lo dejaban en libertad el miércoles, iban a protestar este jueves afuera de la Marina, donde se llevó a cabo la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Todo fue justicia. No fue buena voluntad de la Fiscal, nunca dejamos de luchar por su libertad”, puntualizó.
El lunes pasado, agentes ministeriales y el equipo élite de seguridad de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, detuvo al policía vial afuera de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, porque Samuel Ojéndiz miró “feo” a la funcionaria.
De acuerdo con la información recabada, el agente vial fue detenido por “resistencia de funcionarios públicos” y la Fiscalía General del Estado no emitió información alguna del caso. (Argenis Salmerón).
Soldados del Ejército resguardan a elementos que reparan una camioneta que es parte del convoy en los reco-rridos que se hacen a vuelta de rueda por la cabecera municipal Coyuca de Catalán Foto: Israel Flores
Israel Flores
Tierra Caliente
La vigilancia que se mantiene en la región Tierra Caliente, desde el pasado lunes, como parte del incremento de efectivos del Ejército, Guardia Nacional y policías ministeriales se realiza principalmente en las comunidades, con filtros de revisión constantes, pero sin que aún se conozca de detenidos.
El plan de prevención comienza sus recorridos muy de mañana. La mayoría de los cuerpos policiacos y del Ejército se encuentran distribuidos, cubriendo los nueve municipios de la región.
Es la primera vez que se despliega una vigilancia preventiva de esta magnitud en Tierra Caliente, pues por lo general, la presencia policíaca se incrementa sólo en uno o dos municipios.
En el año 2016, un programa de seguridad con cerca de 500 elementos llegó a Ciudad Altamirano, tras el anuncio de amenazas al presidente Ambrocio Soto Duarte, quien fue asesinado seis meses después, cuando disminuyó la presencia policiaca.
Mientras que en 2022 fueron hasta 300 efectivos, en San Miguel Totolapan, tras el asesinato del presidente municipal y de su equipo. Del mismo modo, la presencia fue disminuyendo hasta quedar solamente un grupo.
De forma que esta es la primera vez en que se observa la presencia de elementos de seguridad cubriendo la mayor parte de Tierra Caliente.
También se mantienen los recorridos por parte de un grupo especial, conformado por militares, guardias nacionales y policías ministeriales, que encabeza la fiscal general Sandra Luz Valdovinos Salmerón. El grupo comenzó recorriendo y peinando toda la cabecera municipal de Coyuca de Catalán.
Además de las patrullas en color blanco, sin logotipos, que utiliza la policía ministerial y en las que viaja también la fiscal, van camionetas con logotipos de Redpack, sin que se conozca el motivo por el cual está integrada al recorrido. Este mismo grupo cuenta con patrullas de la Guardia Nacional y del Ejército.
Sin embargo, hasta el momento, no hay reportes de personas detenidas o aseguramientos.
Los recorridos son constantes del Ejército y de la Guardia Nacional. Los grupos parten de las instalaciones del 34 batallón hacia las comunidades.
Los diferentes grupos, por las mañanas paran en algunas tiendas, a comer, y saturan las áreas de comida, también las farmacias, que reportan un incremento de ventas. También las tiendas de abarrotes y de comida rápida.
Por otro lado, la temperatura se ha mantenido sobre los 36 grados centígrados, en Ciudad Altamirano, que pese a no ser la temperatura más alta del año, va acompañada con una humedad por encima del 60 por ciento, provocando un calor sofocante en las tardes.
Esta condición climática ha provocado problemas con algunas patrullas, que se han quedado paradas en el camino y han requerido apoyo mecánico. Se ha observado a algunas patrullas del Ejército siendo remolcadas hasta las instalaciones militares, pues los recorridos se realizan a vuelta de rueda y los vehículos se calientan.
Las que también muestran saturación de clientes son las sucursales del Banco del Bienestar, pues los militares pasan a sacar dinero los mismos días en que también los adultos mayores cobran.
Alrededor de la vigilaqncia se han corrido falsos rumores de bloqueos del transporte público. Por ejemplo, se había informado de bloqueos en el municipio de Ajuchitlán, los cuales fueron desmentidos por los mismos transportistas, en los puentes tampoco hubo ningún bloqueo del lado de Tlapehuala ni de Coyuca de Catalán, así como la carretera a Iguala estuvo completamente abierta.
Guardia y ofrenda floral en honor del presidente de la Comisión de Gobierno en la 59 Legislatura del Congreso del Estado, Armando Chavarría Barrera. En la imagen, la viuda Martha Idalia Obezo Cázarez, de lFNL Jesús Camargo; del colectivo de familiares de personas desaparecidas “Lupita Rodriguez”, Bladina Diéguez; la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Norma Mesino; la viuda de la masacre de El Charco Eustilia Ramírez, y el hijo del diputado asesinado, Oswaldo Chavarría Obezo Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Martha Obezo Cázares, viuda del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado asesinado, Armando Chavarría Barrera, sostuvo que el asesinato de su esposo fue cometido por policías ministeriales que utilizaron “armas de cargo” y que los autores intelectuales ahora son “cadáveres políticos”, a quienes calificó como “unos infelices amargados”.
Este domingo, la familia, amigos y compañeros de partido de Chavarría Barrera realizaron una jornada de actividades, para conmemorar el 14 aniversario luctuoso del asesinato de quien fue la cabeza del Congreso local en la 59 legislatura.
En el busto de Armando Chavarría, colocado en una de las entradas principales al edificio del Congreso local, demandaron justicia y que termine la impunidad en este caso, con lonas con la imagen de quien fuera el presidente de la entonces Comisión de Gobierno.
La viuda en su mensaje reconoció “la lucha tenaz del colectivo de víctimas de Chilpancingo, Lupita Rodríguez Narciso, que nos acompaña ahora”, también agradeció a perredistas y trabajadores del Congreso que asistieron.
Fueron ministeriales
Recordó que cuando su marido “fue ejecutado extrajudicialmente” era cabeza del Poder Legislativo, y que los “perpetradores” del asesinato “quisieran vernos en un interminable vía crucis, en llanto siempre. Pero la vida de Armando no merece ser conmemorada así, su muerte menos, quienes se atrevieron a cancelar un proyecto de vida y de lucha, sabían lo que hacían, calcularon bien, midieron el costo, y el beneficio, lo que arriesgaban y lo que ganaban”.
Explicó que Guerrero “tristemente es representante nacional de las grandes atrocidades, de ese flagelo que nos carcome como sociedad, que es la impunidad. Lo hicieron, calcularon, midieron los autores intelectuales, y lo hicieron, utilizaron esbirros, que no fueron esbirros, ni matones improvisados, pues eran policías ministeriales con armas de cargo. Eso logramos saber”.
Entonces soltó que “los perpetradores” todavía “quisieran estar en cargos públicos. Que no crean que vamos a perdonar, que vamos a olvidar, que vamos a perdonar. Jamás. No nos conocían, no sabían quienes éramos”.
Martha Obezo dijo que no importan los años que tengan que pasar o “si se nos va la vida en eso”, que continuará exigiendo justicia por este asesinato.
A los asesinos intelectuales y materiales, les dijo que “no estén tan campantes, creyendo que se van a ir de esta vida sin ser juzgados. La historia, por supuesto, ya los tiene en el basurero y son cadáveres políticos. No hay más que voltear a verlos, para ver que el dinero no les basta, son unos infelices amargados”.
Dijo que “desde el poder se haya querido minimizar, incluso hasta lastimar, pulverizar, desprestigiar la memoria de Armando”.
En ese sentido Martha Obezo dijo que para que un crimen de Estado ocurra “confluyen muchos intereses de altísimo nivel y no creo que debiera dejarse nada más en el contexto local, en que fue nada más el círculo cercano. Puede ser que sí, pero difícilmente pudo ser ignorado un atentado de ese tamaño, de esa prominencia, sin que se enteraran, sin que participaran personajes de muy alto nivel, y lo hacen sabiendo que garantizan al menos dos cosas: inmunidad e impunidad, que nadie los toque y que nunca se conozca la verdad histórica”.
Recordó también que tras el asesinato de su esposo, pidieron al Congreso del Estado que decretaran el 20 de agosto como día de duelo en el estado y se izara la bandera a media asta, “en señal de duelo por el magnicidio”, y fue hasta julio de 2017, cuando la 61 legislatura aprobó un acuerdo para que se incluyera en el calendario cívico del gobierno estatal la fecha del asesinato de Armando Chavarría.
Dijo que a pesar de que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, “el gobernador de turno”, dijo en referencia al priista Héctor Astudillo Flores, “sencillamente lo ignoró, hizo caso omiso. Eso dice mucho de lo que ocurre, de lo que pasa con los poderes en el estado”.
En el acto, la integrante de Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino, dijo que en Guerrero “vivimos un estado en el que hay impunidad, no hay justicia, no hay seguridad para los ciudadanos y menos para los que defendemos los derechos humanos”. Recordó los asesinatos de sus hermanos Rocío y Miguel Ángel.
Una representante del colectivo Lupita Rodríguez Narciso, demandó a los diputados presentes y al Congreso local la aprobación de la ley de desaparición forzada en el estado y un centro de identificación humana.
También demandaron justicia Esustolia Castro Ramírez y otras representantes de las viudas de la masacre cometida en El Charco, en Ayutla de los Libres, al representante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Jesús Camargo Ornelas.
Antes de la ofrenda en el Congreso, se realizó una misa en el panteón, después de la cual Obezo Cázares dijo que “esto no es una lucha unipersonal, no es el deseo de convertir a Armando en santo o mártir después de muerto. Tampoco borrar los errores, que los tuvo, es en todo caso, reconocer su trayectoria de lucha y convertirla y darle sentido”.
Contó que cuando sepultó a su esposo, en ese lugar prometió que iniciaría “una lucha por justicia, por verdad, para construir la memoria histórica y que no quedara en el olvido este crimen atroz que descabezó al poder Legislativo, el poder que representa la voluntad popular”.
Por la tarde se realizó un conversatorio, llamado A 14 años de impunidad, en el que se proyectó un video sobre momentos de la vida de Chavarría Barrera, entre ellos, los últimos discursos y declaraciones del entonces presidente del poder Legislativo.
Se presentó un fragmento de una intervención de Chavarría, el 30 de enero de 2009, en Iguala, en el que mencionó: “¿Cómo va a creer el estado de Guerrero en la alternancia, cuando el Estado no tiene capacidad para cumplir con su obligación primaria, resguardar la integridad patrimonial y personal de sus gobernados? Nunca, como ahora, la sociedad había estado tan inerte frente a la delincuencia. Nunca, como ahora, el Estado de Derecho había estado tan cuestionado. La creciente ola de inseguridad puede provocar que una parte de la sociedad clame por un estado autoritario y la única manera de cerrarle el paso a esta tentación, es fortalecer la democracia, reconocer a la ley y a las instituciones públicas, como garantes de la gobernabilidad”.
En el conversatorio se habló de como algunos de los asistentes conocieron a Armando Chavarría y lo que representó en sus vidas. Participaron el ex guerrillero Nicomedes Fuentes García, Jesús Camargo Ornelas y Abel López Rosas.
La integrante de la OCSS, Norma Mesino, dijo que Armando Chavarría fue víctima de “la política de mentes perversas, que creen que ganan asesinando a su oponente político, esa es la política de la mayoría de los gobiernos”.
Aprovechó para criticar a la “revuelta de la ultraderecha recalcitrante sobre los libros, les molesta que en los libros se escriba la historia”, dijo que está de acuerdo con que en los libros de texto se informe de estos hechos y masacres, pero “también se debe de escribir quienes fueron los perpetradores. El Ejército (…) ha sido los responsable de la desaparición de mucha gente de izquierda”.
La integrante de OCSS dijo que en Guerrero “vivimos un estado en el que hay impunidad, no hay justicia, no hay seguridad para los ciudadanos y menos para los que defendemos los derechos humanos”.
Al acto en el Congreso acudieron los diputados Raymundo García Gutiérrez, Patricia Doroteo Calderón y Jennyfer García Lucena, también representantes de las dirigencias estatal y municipal del PRD, así como representantes de organizaciones sociales.
Ayer en a tarde, trabajadores inflan las llantas ponchadas de los camiones materialistas con los que bloquearon la circulación de vehículos desde el viernes 28 Foto: Israel Flores
Israel Flores
Ciudad Altamirano
Este lunes por la tarde quedó liberada la circulación en las carreteras de Tierra Caliente, después de 72 horas, en donde los alcaldes de la mayoría de los municipios de la región se sumaron a la protesta en contra de la Fiscalía del Estado.
Aproximadamente a las 5:30 de la tarde se anunció la liberación de las carreteras en todos los puntos donde había cierres.
La apertura de las vías de comunicación ocurrió después de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció que este martes tendrá una reunión con los presidentes municipales inconformes para sostener un diálogo y tomar acuerdos acerca de sus protestas.
El bloqueo de las carreteras comenzó el pasado viernes aproximadamente a las 3 de la tarde cuando la Fiscalía del Estado ingresó a una bodega en la localidad de Tierra Blanca, perteneciente al municipio de Pungarabato, para sacar unos vehículos y decomisarlos, los cuales una semana antes ya había verificado mediante una inspección en la misma bodega y que de acuerdo un reporte oficial de la Secretaría de seguridad pública eran 30, 25 de ellos de colección y ninguno contaba con reporte de robo.
A partir de ese momento los transportistas comenzaron a tomar las carreteras. Los bloqueos ocurrieron primero en Ciudad Altamirano, bloqueando el puente que va a Coyuca de catalán, el puente que va hacia Michoacán, y en Santa Bárbara, en la entrada del aeropuerto que se convirtió en la base de la policía ministerial y la Guardia Nacional, pues en este lugar metieron bajo resguardo los vehículos decomisados y debido a los bloqueos convirtieron al aeropuerto en su base de acción.
Hubo bloqueos a 2 kilómetros del aeropuerto, sobre la carretera 51 que va a Iguala. También otro en el poblado de Morelita, del municipio de Tlapehuala, y uno más en la cabecera municipal y en la localidad de Poliutla. Cerraron a Arcelia a la altura del cbta y otro más en la glorieta de Zapata. Reportaron un en el crucero de Acapetlahuaya en donde para cerrar los carriles echaron dos camiones de tepetate.
Sobre la carretera 134 también bloquearon en San José municipio de Cutzamala y en el poblado de Tupatarillo. También había sobre la carretera que va hacia Tlalchapa en la localidad de Las Querendas, población de donde es originario el senador Félix Salgado Macedonio. Y un en el pueblo del Chucumpún municipio de Tlalchapa.
En un principio el gobierno del Estado había revelado que este bloqueo era producto de la presión de la delincuencia organizada hacia los transportistas. Unas horas más tarde los alcaldes de cada uno de estos municipios confirmaron que encabezaban las protestas y que incluso formaban parte de los grupos manifestantes que se quedaron a dormir en las calles haciendo guardia las 24 horas durante los tres días.
Estas protestas se sumaron de Cutzamala de Pinzón, Mayté Lucero Arce Jaimes; de Arcelia, Bulmaro Torres; de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario; de Tlapehuala, José Luis Antúnez y de Ajuchitlán del Progreso, Víctor Hugo Vega, de filiación priista. De Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz, morenista, además de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios; de Coyuca de Catalán Eusebio Echeverría Tabares, perredista.
En el caso de Fredy Vázquez Palacios, se hizo cargo del bloqueo en San José Poliutla con gente de San Miguel Totolapan, y en Ajuchitlán hubo cierres temporales, donde estuvo el presidente Hugo Vega, en las colindancias con Tlapehuala.
Mediante mensajes en video y por escrito, se sumaron los diputados, Elzy Camacho Pineda, Adolfo Torales Catalán, y Reynel Rodríguez Muñoz.
Los presidentes denunciaron que la protesta era contra la policía ministerial por allanamientos de morada que estaba realizando en el municipio de Pungarabato, además por los constantes atropellos a los campesinos en los filtros de revisión, a los transportistas, y por las extorsiones desde los ministerios públicos.
En Santa Bárbara, en la entrada del aeropuerto, los transportistas reportaron al personal de la fiscalía que llegó con 15 patrullas y los ministeriales para abrir paso aventaron los camiones pesados contra los taxis y a otros les poncharon las llantas con navaja. El hecho fue grabado por los mismos taxistas.
También en Tupatarillo municipio de Cutzamala, llegó personal de la Guardia Nacional a intentar abrir con dos patrullas. Rompieron los cristales a los vehículos y con navaja poncharon las llantas. Luego siguieron al puente San José pero debido a que había camiones pesados no pudieron avanzar y regresaron.
En Coyuca de Catalán dos patrullas del Ejército rompieron los cristales de dos autobuses atravesados del lado de Altamirano, luego llegaron a Coyuca donde intentaron mover los taxis y camiones, pero el ex alcalde de Pungarabato y actual tesorero de Coyuca, Daniel Basulto de Nova, los encaró y llamó a la gente a impedir el movimiento de vehículos, y con unas 100 personas los militares se retiraron y regresaron por su camino.
No habían sostenido diálogo con nadie del gobierno del estado hasta este lunes, cuando tuvieron el mensaje de parte de la gobernadora para establecer una mesa de diálogo hasta este martes en las instalaciones del 34 batallón en Altamirano para lo cual pidieron que se abrirán las carreteras.
Cerca de las 6 de la tarde comenzaron abrir todos los bloqueos. Los presidentes municipales anunciaron la liberación de estos espacios informando que el motivo de la apertura es porque habían logrado un acuerdo para mantener el diálogo con el gobierno del Estado acerca de la inconformidad.
El presidente municipal de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría, fue el primero en anunciar que se abría el puente y el retiro del bloqueo. Agradeció a todos los transportistas y dijo que gracias a su colaboración se está logrando un diálogo con el gobierno del Estado.
También el presidente de Pungarabato agradeció la colaboración de los comerciantes y profesionistas que estaban en el bloqueo así como a un grupo de maestros que llegó por la tarde a dar su respaldo al movimiento y dijo qué gracias a la participación de todos se buscará por la vía del diálogo solucionar el conflicto .
También la presidenta municipal de Tlalchapa Amalia Mora dio un mensaje al momento de abrir la circulación y expresó que esperan que surjan cosas buenas y para el municipio de Tlalchapa: “desde aquí le decimos a la gobernadora que el diálogo es lo que siempre debe de prevalecer nosotros, aquí en Tlalchapa estamos buscando lo mejor para la gente y el día de mañana esperamos que esta plática sirva para toda la región y fueron cuatro días aquí pero creo que eso es para el bien de todos nosotros y muchas gracias a todos los sectores”.
Un trabajador de la Cruz Roja fue asaltado y le quitaron 34 mil 500 pesos, tras salir de la sucursal bancaria Santander ubicada en Multiplaza Las Palmas, en la zona Diamante.
El atraco ocurrió a las 1:15 de la tarde y fue reportado hasta las 2:10 de la tarde, en el bulevar de Las Naciones y calle Simón Bolívar, informaron policías ministeriales.
La versión policiaca señala que tres hombres armados, a bordo de un automóvil, interceptaron al trabajador de Cruz Roja cuando salía de la sucursal bancaria.
Luego, los pistoleros subieron al trabajador de la Cruz Roja al automóvil blanco, Chevrolet Corsa con cristales polarizados, y le quitaron 34 mil 500 pesos en efectivo.
Se supo que al trabajador lo bajaron en un puente de aguas negras, más adelante, por la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio.
El trabajador de la Cruz Roja dijo a los policías que uno de los pistoleros vestía playera roja con cuadros y otros agresor vestía playera blanca, traía cubrebocas y gorra negra.
Añadió que los delincuentes huyeron rumbo a la clínica de Llano Largo y dejaron al trabajador de la Cruz Roja, quien salió ileso.
Ante esta situación, hubo un fuerte despliegue policiaco de soldados, guardias nacionales, policías estatales y municipales.
Después, policías de los tres órdenes de gobierno organizaron un despliegue de búsqueda de los agresores, sin tener éxito. (Redacción).
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz Hernández, indicó que la reactivación de las órdenes de aprehensión contra ejidatarios del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), es una respuesta a la exigencia de la presentación con vida de Vicente Suástegui Muñoz, desaparecido el 5 de agosto de 2021.
En declaraciones por teléfono, el abogado indicó que las dos detenciones que hicieron los policías ministeriales, en la comunidad de Huamuchito, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, son parte de una estrategia de persecución contra los dirigentes sociales.
Dijo que la fiscalía está ejecutando las órdenes de aprehensión, para evitar que éstas prescriban y sigan activas, “lo que quiere la Fiscalía es interrumpir la prescripción de las denuncias, y mantener las órdenes activas”.
Agregó: “Esa es la política de la Fiscalía, con el pretexto de que hay cuatro personas desaparecidas de la UPOEG, y bajo esa bandera, se están metiendo a las comunidades de Cacahuatepec para realizar búsquedas y ejecutar las órdenes de aprehensión”.
El abogado sostuvo que hay una persecución a los movimientos sociales, “es una mentira que exista un gobierno de izquierda, que mantiene el diálogo con las organizaciones. No es cierto, con este panorama se vislumbran las agresiones”.
Señaló que la fiscalía está respondiendo con la reactivación de estas órdenes de aprehensión, ante la exigencia de resultados en las investigaciones y búsquedas de Vicente Suástegui, hermano del vocero del movimiento, Marco Antonio. “La Fiscalía no acelera el ritmo para investigar y no hay avances, esto es como que siente el Estado que se le presiona por el tema de Vicente, y pues en respuesta dice ‘tú tampoco eres una palomita blanca’”.
Recordó que hay 50 órdenes de aprehensión por delitos que no alcanzan fianza, como tentativa de homicidio y robo, cometido contra el empresario gravillero Humberto Marín, y que son denuncias de 2014 y 2015, del viejo sistema penal acusatorio.
Indicó que la estrategia de la organización es la defensa en los tribunales y la notificación de la persecución a organismo internacionales, de la detención y encarcelamiento de dos de los comuneros del Cecop, en el penal de Las Cruces, detenidos el 1 de diciembre con lujo de violencia.
Peritos de la Fiscalía General del estado recogen casquillos en las calles Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo de la colonia San isidro El Sur
Redacción
Hombres armados atacaron a balazos a agentes de la Policía Ministerial en la colonia San Isidro Labrador, el saldo es de tres heridos, dos de ellos policías.
El hecho violento fue reportado a las 3 de la tarde, en la calle Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo, cerca de la cancha multiusos, informaron policías ministeriales.
La versión policiaca indica que hombres armados atacaron a balazos a los agentes de la ministerial durante recorridos de seguridad que realizaban por la colonia mencionada.
Otra versión policiaca señala que hombres armados emboscaron a los agentes durante los patrullajes de seguridad por la zona.
Como saldo de la refriega de disparos, dos agentes ministeriales quedaron heridos, así como el líder de la célula criminal de esa zona.
Los agentes ministeriales pertenecen a la agencia de narcomenudeo que depende de la Fiscalía Regional de Acapulco, quienes iban a bordo de un automóvil Nissan Versa azul.
Los agentes ministeriales se llaman Luis y Juan, mientras que el líder de la célula criminal fue identificado como El Tata, de acuerdo con policías estatales.
Los tres lesionados fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja y después trasladados a un hospital cercano.
Se supo que el líder de la célula criminal está en calidad de detenido, con resguardo policiaco en el hospital.
Por los múltiples disparos hubo un fuerte despliegue de soldados, Guardia Nacional y policías municipales. Durante las diligencias fue cerrada la calle.
Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco encontraron varios casquillos percutidos, de diferentes calibres, dispersos en la vialidad.
La colonia San Isidro Labrador está ubicada entre Pie de la Cuesta y El Pedregoso, en la zona poniente de la ciudad.
En este mes, en la colonia San Isidro Labrador hubo diferentes hechos de violencia, entre muertos y heridos, ahora un enfrentamiento.
Un herido en Costa Azul
Por otro lado, un hombre herido a balazos y con huellas de tortura fue encontrado en la colonia Balcones de Costa Azul.
El hallazgo fue reportado minutos antes de las 9 de la mañana, en la calle Flavio Rivero, informaron policías ministeriales.
La versión policiaca afirma que hombres armados arrojaron el hombre herido, desde un automóvil en movimiento.
Policías encontraron a un hombre de unos 40 años con disparos en la cabeza, atado de pies y manos.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre herido y se llevaron a un hospital cercano.
En el juicio oral que se le sigue a Edgar Arturo, acusado del asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, policías ministeriales informaron que encontraron un arete de la víctima en un vehículo del imputado, y un testigo afirmó que lo vio quemar cosas que resultaron ser de la mujer asesinada.
En su testimonio a la agente ministerial Aidé Catalán Moreno quien explicó que al tener identificado el número telefónico que usaba el imputado se ingresó a Facebook y arrojó una cuenta a nombre Ed Juve donde promocionaba la venta de leche Nan I, Nan II y Enfamin a precios más bajos que en las farmacias de patente, además del servicio para la liberación de documentos a desertores de las fuerzas armadas. En el perfil de esa cuenta estaba la foto del acusado.
Dijo que el 13 de octubre de 2016 acudieron a la clínica del IMSS de Petacalco donde le preguntaron al médico de turno cómo le podían hacer para obtener un seguro para una empleada doméstica, el médico contestó que ese trámite solamente podía hacerse en el puerto de Zihuatanejo.
Los agentes se quedaron y vieron llegar a Edgar Arturo en un coche Mazda rojo de modelo reciente, de cuya cajuela extrajo un CPU, a él también le preguntaron si ahí podrían dar de alta en el seguro a una empleada doméstica, a lo que contestó que sí, pero que volvieran a las 8 de la mañana del día siguiente para darles los requisitos.
La agente le preguntó con quien debía dirigirse y les contestó que con Edgar Arturo y les proporcionó el número telefónico que ellos estaban investigando, que resultó estar a nombre de su madre Perla Janet Cuellar.
Después de un rato el investigado salió de la clínica, los agentes lo siguieron y vieron que se dirigió al puerto de Lázaro Cárdenas y en la avenida de Los Girasoles cambió de coche por otro Mazda negro de modelo reciente.
La agente dijo que en un oficio firmado por Benjamina Reyes Vergara se percató que Edgar Arturo no había asistido el 22 de septiembre de 2016 a la clínica porque estaba de comisión en Zihuatanejo.
Además de acuerdo con la geolocalización de los teléfonos celulares el indiciado se encontraba cerca de la víctima, en las inmediaciones de la tienda Sam’s Club.
Después el teléfono de la doctora fue apagado en la carretera de Zihuatanejo a Ixtapa. Las llamadas que se dieron después fueron vinculadas al buzón. Por eso es claro que la última comunicación fue con Edgar Arturo, quien después de eso ya no intentó llamar la víctima.
Al acusado lo vieron quemar las pertenencias de la víctima
La agente comentó que en el Mazda rojo se encontró un arete de la doctora asesinada. Además la testigo Guadalupe Hinojosa González le dijo a los agentes que Edgar Arturo le pedía que le echara la mano con la doctora y siempre le preguntaba su ubicación, el 22 de septiembre le preguntó si vendría al puerto de Zihuatanejo.
Agregó que al indagar el sueldo que tiene un trabajador del IMSS de la categoría de Edgar Arturo resultó que es de 5 a 6 mil pesos quincenales, pero su estilo de vida y propiedades no corresponden a sus ingresos.
Un testigo dijo que vio a un hombre de las características de Edgar Arturo que estaba quemando cosas, entre las que estaban las llaves de la casa de la doctora Adela Rivas.
Concluyó que la última conexión del teléfono de la doctora coincide con las coordenadas del número que traía el indiciado, por eso señaló que Edgar Arturo es el asesino de la doctora porque fue descubierto en el robo de medicamentos.
El agente ministerial Héctor Galicia Domínguez informó que el 11 de octubre de 2016 a las 12:36 horas fue en compañía de otros agentes y de la perito Erika Plancarte Baños a un basurero por el rumbo de Ixtapa donde encontraron el cuerpo de la mujer. En una segunda inspección al día siguiente se encontró cabello, un maxilar y un arete redondo corrugado, había huellas de arrastre del cuerpo y una piedra como de 8 kilogramos de forma ovalada.
Expuso que un testigo de nombre Efraín Rosas Portillo dijo que en las inmediaciones de la planta tratadora de aguas residuales de El Naranjito, municipio de la Unión Guerrero pasando Petacalco, el 23 de septiembre había visto a un individuo que correspondía a las característica del acusado quemando varios objetos. Al ir al lugar encontraron un cable USB, una memoria quemada, dos juegos de llaves, una lámpara Tasco y 24 pesos en monedas.
Aclaró que el testigo acudió al agente del Ministerio Público después de que vio en la noticias que habían detenido a Edgar Arturo, y lo identificó como el que quemó las pertenencias después de bajarse de un Mazda rojo.
El agente ministerial señaló que la señora Yazmín de Petatlán había visto el 20 de septiembre distraída a la doctora, como a las 9:30 de la noche de ese día llegaba donde rentaba y mientras hablaba acaloradamente por teléfono no podía abrir la reja. Luego el 21 por la mañana se le escuchó hablar en su cuarto, al parecer por teléfono.
El 21 de diciembre de 2016 probaron las llaves encontradas en El Naranjito y se encontró que una abría el portón de la casa donde rentaba la doctora en Petatlán, la otra ya no abrió el cuarto porque la dueña de la casa cambió la chapa.
Investigaba la falta de medicamentos en la clínica de Petacalco
En su declaración el hijo de la víctima, Emiliano Rojas Rivas comentó que el 11 de septiembre entró al cuarto de su madre en Acapulco y encontró sobre la cama muchos documentos y le preguntó de qué eran, ella le contestó que eran de un faltante de medicamentos en la clínica de Petacalco.
La Fiscalía mostró a Emiliano dos aretes que reconoció como propiedad de su madre. Uno de esos fue encontrado donde estaban los restos de la doctora y otro en un coche Mazda rojo propiedad del acusado.
Emiliano comentó que la lámpara marca Tasco encontrada en El Naranjito también era de su madre, la reconoció porque compraron tres iguales.
A la hora de redactar esta nota solamente faltaba que la Fiscalía presentara las imágenes de la entrada y salida de la doctora a la clínica del IMSS de Zihuatanejo aquel 22 de septiembre de 2016. Más tarde continuaría la audiencia con la presentación de los testigos de la defensa.
Una mujer de 26 años fue hallada muerta la tarde de ayer adentro de su casa en la colonia PPG, al norte de Iguala, con un impacto de bala entre el cuello y la clavícula derecha, y una pistola calibre 380 en la mano; y en hechos distintos, la mañana fue colgada una narcomanta, en el barrio de la Florida, de Taxco, contra agentes de la Policía Ministerial a los que acusan de apoyar a miembros de la delincuencia organizada.
De acuerdo con información de fuentes policiacas, ayer a las 4:50 de la tarde fue reportado al número de emergencias 911 el hallazgo del cuerpo de una mujer ejecutada a balazos en una vivienda de la calle Azucena, de la colonia PPG, ubicada cerca de la Universidad Tecnológica, al norte de la ciudad.
Al lugar llegaron policías municipales y estatales, y soldados del Ejército. Sobre un colchón que estaba en el piso en una habitación dentro de una casa de concreto, fue hallado el cuerpo de una mujer de 26 años, identificada como Teresa por su hermana.
De acuerdo con la información policiaca, la mujer tenía un impacto de bala entre el cuello y la clavícula derecha. Su cuerpo estaba boca arriba y en la mano derecha, extendida hacia el colchón al nivel del hombro, tenía una pistola tipo escuadra calibre 380.
La primera versión que se dio es que la mujer, madre de cuatro hijos, presuntamente se suicidó. En el lugar fue hallado un casquillo percutido del calibre de la pistola.
Después de las diligencias, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para sus estudios.
Narcomanta en Taxco
Alrededor de las 11 de la mañana de ayer fue hallada una narcomanta colgada en una reja del callejón del Olvido, del barrio La Florida, paralelo a la carretera federal México-Acapulco, en avenida de Los Plateros, de la cabecera municipal de Taxco, en la salida hacia Cuernavaca.
“Miren pinches ministeriales (…) sigan apoyando a esa gente mugrosa que no sale al topón y los manda a ustedes … ya nadie los quiere mugrosos, vamos por toda tu gente Mario Zagal. Atte. CDG. L4, L5, L6. Taxco al servicio del Señor del Sombrero”, se leía en el texto que fue decomisado por policías municipales de Taxco y puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público. (Alejandro Guerrero / Iguala).
Agentes federales y ministeriales coludidos con propietarios de dos empresas de grúas de Chilpancingo establecieron una red de complicidad para extorsionar a los automovilistas de la capital y foráneos que vienen a realizar gestiones, las denuncias al respecto han sido de varias víctimas.
Algunos de los que han sido extorsionados explicaron que con el argumento de que el vehículo tiene reporte de robo o de accidente, los agentes solicitan el servicio de las grúas para retirar los vehículos de donde estén estacionados, incluso del interior de estacionamientos comerciales.
Después de las aclaraciones, los propietarios de los vehículos tienen que pagar de 9 a 10 mil pesos para que les liberaren su unidad y 3 mil de éstos corresponden por “comisión” al o a los agentes que pidieron el servicio.
Las denuncias al respecto aumentaron en las últimas dos semanas y algunas de las víctimas han tomado videos en los que se confirma la actuación tanto de agentes de la Policía Federal como de la Ministerial ordenando el retiro de vehículos, aun cuando éstos se encuentran en estacionamientos comerciales.
El viernes pasado, agentes de la Policía Federal de la patrulla 10804, llegaron a la colonia 16 de Septiembre, ubicada al poniente de la capital, de donde se llevaron el vehículo Seat, tipo Córdoba negro.
El propietario contó que los vecinos le dijeron que los agentes llegaron e inspeccionaron el carro y en seguida, vía radio, solicitaron una grúa y la que llegó fue de la empresa Jr’s placas 38-AF -18 en la que comenzaron a subir el Seat.
En eso llegó él y al escuchar el argumento de los agentes les aclaró que es el único dueño del carro, y que lo compró de agencia. El dueño ofreció mostrarles la documentación en regla para comprobarles que la unidad no es robada.
Sin embargo los agentes desatendieron sus argumentos y entonces les dijo que si había alguna irregularidad que en todo caso se lo llevaran detenido a él.
En el video se observa a los agentes federales portando armas largas terciadas en la espalda e ignorando las súplicas del automovilista. A unos 10 metros el vehículo ya se encuentra en la plataforma de la grúa.
El dueño aseguró que los agentes hicieron una llamada al agente del Ministerio Público para avisarle que pondrían a disposición el vehículo por reporte de robo, pero cuando dieron los datos al Ministerio Público les dijeron que no les recibirían la unidad porque no tenía reporte y que no había delito que perseguir, pero los federales ordenaron al conductor de la grúa que se lo llevara al corralón.
El propietario se enteró después que se trata de un “negocio” de los agentes con las empresas de las grúas, pues sólo por el arrastre las tarifas van desde mil 500 hasta 3 mil pesos.
Asimismo, dependiendo el tiempo que permanezca la unidad en el corralón, el cobro total llega a ser hasta de 10 mil pesos, según automovilistas que fueron consultados a la salida de Grúas Alonso y Jr’s de la capital.
Consultados algunos de los trabajadores de las empresas, confirmaron que llegan de 5 a 6 vehículos diario por supuesto reporte de robo pero al final se comprueba que es falso.
El mismo procedimiento utilizaron agentes ministeriales en contra de los integrantes del comisariado de Bienes Comunales de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, encabezados por Miguel Santiago.
Miguel Santiago denunció que el martes pasado acudió a una reunión con el subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Fernando Jaimes Ferrel, para tratar el conflicto agrario que tienen con Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán.
Informó que los comisarios de varias comunidades dejaron estacionada la Urban en la que llegaron en el estacionamiento de la tienda Soriana ubicada a un costado del Palacio de Gobierno, cuando salieron después de las 4 de la tarde encontraron a agentes ministeriales que subían a una grúa su vehículo.
Los agentes argumentaron que recibieron el reporte de que esa unidad atropelló a una persona en Tixtla y que se la llevarían al corralón en lo que se realizaban las investigaciones.
Entonces se acercaron varios de los comisarios y les dijeron que era mentira, que no había ocurrido ningún accidente y pidieron saber quién estaba presentando la denuncia. Entonces los agentes cambiaron el argumento y dijeron que la Urban tenía reporte de robo.
Cuando los comisarios impidieron que la grúa saliera del estacionamiento, los agentes pidieron refuerzos por radio y enseguida llegaron dos patrullas con más ministeriales y otras dos de policías estatales, sólo así lograron que la grúa saliera con el vehículo.
Los agentes les dijeron a los comisarios que reclamaran su unidad en la Fiscalía, en donde finalmente se las entregaron hasta después de las 4 de la tarde de ayer, aunque por la presión que realizaron no pagaron el arrastre ni el pisaje por el tiempo que estuvo la Urban en el corralón.
Damián Campos Delgado, otro de los automovilistas que recuperó su vehículo el lunes, denunció que estos “abusos” cometidos por elementos de las policías Federal y Ministerial son constantes, “se están llevando los autos a los corralones bajo el pretexto de que son robados, pero es sólo para hacer negocio con los propietarios de las grúas, quienes cobran cantidades que llegan hasta los 10 mil pesos por la recuperación de los vehículos”, denunció.
De acuerdo con las denuncias de los automovilistas los elementos de las corporaciones policiacas actúan en “complicidad” con los propietarios de las grúas porque éstos les entregan comisiones de mil 500 hasta 3 mil pesos por cada vehículo que arrastran las grúas.
“En los últimos meses en Chilpancingo las policías Federal y Ministerial se han dedicado a levantar autos que están en la calle, con el supuesto de que tienen reporte de robo, después llaman a Grúas Alonso o Jr’s, que son las encargadas del arrastre de los vehículos, aseguró Campos Delgado, quien apenas este lunes recuperó su vehículo y pagó 9 mil pesos.
“Este es un verdadero negocio para las policías”, pues solamente ese día acudieron a recuperar sus vehículos cinco automovilistas que, igual que el de él, no tenían reporte de robo, como fue el argumento inicial de la Policía Federal, en algunos casos, y en otros la Ministerial.
Se quejó de que con este procedimiento se está afectando a decenas de automovilistas de Chilpancingo o foráneos por semana, “y en la mayoría de las ocasiones ni siquiera hay reporte de robo, los autos se los lleva la grúa sólo porque la policía se lo pidió”.
Acusó: “se trata de una red de corrupción que cada día crece y es más común”.
Según los automovilistas, los abusos comenzaron en febrero cuando llegaron los policías federales que vinieron supuestamente a reforzar la seguridad.
Antonio Santana, otro automovilista denunció que en algunas ocasiones los policías han alterado el Registro Público Vehicular (Repuve) para que demuestren mediante computadora el supuesto reporte de robo, “hay veces que te intimidan y te llegan a pedir hasta 50 mil pesos, según la marca del carro, o amenazan con detenerte”, aseguró.
“Estos federales sirven para dos cosas: para asaltar y robar a la población. Yo nunca he visto una acción de prevención de delitos, pero sí los he visto chuleando mujeres”, denunció.
Salvador Tornez, demandó por su parte la intervención del gobernador Héctor Astusillo Flores, “para que se frenen las acciones de estos mañosos que deberían mejor estar buscando a los delincuentes”.
Jorge Guzmán Martínez se quejó de que los policías federales no se dedican a dar seguridad, “ya le agarraron amor al negocio de los carros que no traen placas actuales en contubernio con autoridades y los dueños de las grúas”, denunció.
